Tras un largo debate, que no estuvo exento de polémica y acusaciones, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) definió el reglamento, que regirá para el concurso del nuevo fiscal general. El documento establece que su objetivo principal, es que la futura autoridad, que debe reemplazar en abril a la fiscal saliente, Diana Salazar, “reafirme la confianza de los ciudadanos”. Leer también: Roces verbales en el CPCCS al tratar reglamento para concurso de nuevo fiscal Leer también: Presidente del CPCCS afirma que reglamento impedirá participar a «gente vinculada a las mafias» El reglamento ya no contempla prohibiciones para los candidatos que han sido destituidos de cargos públicos, o que participaron antes en concursos para esta función. En cambio, se mantienen las restricciones para quienes patrocinaron a implicados en 36 tipos de delitos vinculados al crimen organizado, dentro de los 10 últimos años. Plazos apretados Aprobar el reglamento es solo el primer paso del futuro concurso. El CPCCS debe todavía crear la veeduría ciudadana, la Comisión Ciudadana de Selección y el equipo técnico, que en la práctica se encargarán en conjunto de evaluar a los postulantes. La normativa establece los requisitos de los candidatos, y las causales para la descalificación, que podrá ser apelada. Requisitos y prohibiciones Podrán participar en el concurso todos los abogados, con un ejercicio mínimo de 10 años, sea de forma libre, en la judicatura o la docencia. No serán aceptados quienes tengan bienes o recursos en paraísos fiscales, propios o a través de su cónyuge; tener relación familiar o de afinidad con el CPCCS u otros organismos estatales; haber sufrido condena por delitos de violencia contra la mujer y otros; tener contratos con el Estado; estar en interdicción judicial; tener sentencia electoral que suspenda los derechos políticos; y tener obligaciones tributarias o con el sector público, o estar en mora con el IESS. Leer también: TCE destituye a los integrantes correístas del CPCCS Tampoco serán aceptados quienes adeuden pensiones alimenticias, los miembros de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, y quienes sean representantes de cultos religiosos. El proceso se dirimirá en seis fases, que serán públicas, y se transmitirán por las redes del CPCCS.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), fue escenario de un nuevo enfrentamiento verbal, esta vez entre los vocales Juan Esteban Guarderas y Augusto Verduga. La causa fue el proyecto de reglamento, que regirá para la elección del futuro fiscal general. El conflicto viene desde mayo, cuando el pleno del organismo le encargó a Verduga, que elabore el borrador del reglamento. El mismo fue enviado el 5 de julio a todos los consejeros, para que realicen las aportaciones que consideren convenientes. Este miércoles, durante la sesión, Verduga sugirió “optimizar” la revisión. Es decir, acelerar el trámite, ya que hasta entonces no había recibido sugerencia alguna en torno a su documento. Debido a la falta de respuestas, el consejero de la “Liga Azul”, vinculada al correísmo, urgió crear, en un plazo máximo de una semana, una “mesa técnica” que trate el tema. La iniciativa fue aprobada por la mayoría de los presentes. Pero el borrador también generó algunas críticas, en especial por omitir la práctica de la prueba oral, que existe prácticamente en todos los concursos de las autoridades de control. Para Guarderas, el borrador de Verduga “permitiría que haya narcopostulantes a la Fiscalía General del Estado”, y expresó su temor de que algún partido político quiera apropiarse del cargo. El aludido no tardó mucho en responder. Dijo que a su compañero le gusta llevar las propuestas al fango, que no descenderá al mismo, y que no va a permitir que “ningún mamarracho” le falte al respeto, Más a´pun porque Guarderas no ha enviado ningún aporte sobre el borrador. La controversial sesión fue el debut de la nueva consejera Jazmín Enríquez, quien reemplazará por el resto del periodo a Mishell Calvache. La misma renunció un día antes, para ser binomio de Jan Topic por el partido SUMA, en las próximas elecciones presidenciales.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) trabaja intensamente en el reglamento, que regirá para la designación del nuevo fiscal general de la Nación. El elegido debería posesionarse en abril del 2025. Será el reemplazo de la actual titular, Diana Salazar, quien de acuerdo a la Constitución, no puede optar por un nuevo periodo. Antiguamente, el funcionario era elegido por el CPCCS, en base a una terna enviada por el presidente de la República. Pero ahora debe existir un proceso de calificación abierto, con miras a que sea transparente. El primer paso es una convocatoria, que permite participar a cualquier jurista del país, siempre y cuando cumpla los requisitos. En especial tener amplia experiencia, y acreditar una trayectoria ética. Adicionalmente, los aspirantes deben presentar sus méritos, obtener los puntajes más altos en exámenes escritos orales, someterse a entrevistas públicas, y pasar por último la evaluación de un comité técnico. Precisamente para dejar establecidas las reglas, el CPCCS analiza los reglamentos anteriores, y en base a ellos determinará cuáles son los cambios que proceden. Las principales reformas apuntarían a permitir una mayor participación de observadores ciudadanos, que permitan mejorar la evaluación, y establecer que no existen conflictos ni presiones políticas.