El Universo .- Por el delito de obstrucción de la justicia la fiscal general, Diana Salazar, investiga al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y siete funcionarios más.   Dentro de la resolución para la destitución del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Walter Macías, decisión tomada con solo dos votos a favor dentro del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), se asegura que el magistrado incurrió en una infracción disciplinaria al “haber suscrito la providencia del 8 de febrero de 2023″ dentro del caso por delincuencia organizada conocido como Las Torres, “encontrándose suspendida la competencia (de Macías) para resolver”.   La infracción en la que se le atribuía responsabilidad a Macías está tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial. Esta norma señala que ante una infracción gravísima se le impondrá la sanción de destitución al servidor judicial que haya cometido la infracción disciplinaria de “vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia interna de los servidores de la Función Judicial”.   La destitución del cargo de juez nacional se resolvió, el 19 de agosto pasado, en una sesión extraordinaria en la que únicamente se pronunciaron con sus votos a favor de esa medida el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal del organismo Xavier Muñoz. Existe una inconsistencia respecto a los vocales que votaron en abstención. El CJ asegura que Maribel Barreno fue la única presente en la votación, mientras que Fausto Murillo dice que fueron tres los votos en abstención. Una denuncia de tipo administrativo interpuesta en marzo pasado por Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, sentenciado a siete años por delincuencia organizada e investigado por el delito de cohecho en el caso China CAMC, generó el expediente disciplinario que recomendó la destitución del magistrado que integraba la Sala Penal de la CNJ.   Macías fue el juez ponente en el Tribunal de Juzgamiento de una delincuencia organizada en la que la Fiscalía acusó como autores directos al excontralor subrogante Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. A Esteban Celi y otras ocho personas se las ubicó como colaboradoras de esta “organización criminal” que operó en instancias públicas, como la Contraloría General de Estado (CGE), la empresa pública Petroecuador y la secretaría de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno. Según la Fiscalía, el grupo estructurado se armó para cobrar sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos en instituciones públicas o desvanecer glosas en la CGE. En el caso Las Torres se buscaba obtener, a cambio de desvanecer una glosa y facilitar el pago de facturas, el 20 % de una factura de $ 20,3 millones que se debía pagar a la empresa privada Nolimit C. A. Por estos hechos ya existe un fallo de primera instancia. El excontralor Celi y Pablo Flores, al haber sido líderes de la agrupación, recibieron una pena de trece años y cuatro meses de cárcel; mientras que Esteban Celi y otras cinco personas fueron condenadas a siete años de cárcel cada una. Otros dos procesados, al haber sido funcionarios públicos, se les impuso la sentencia agravada de nueve años y cuatro meses, y a Martha Barrezueta, al ser cooperadora eficaz, se le definió la pena reducida de seis meses.   Más de dos meses les tomó al juez Macías y a los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa deliberar y dar a conocer la sentencia en el caso Las Torres. Esta audiencia de juicio se suspendió en diciembre de 2022 y se reinstaló para dar la resolución oral el 10 de febrero pasado.   En este punto las fechas empiezan a tener relevancia, en especial para las defensas de los procesados por delincuencia organizada, pues si en la resolución para destituir a Macías se habla de que él para el 8 de febrero pasado tenía suspendida su competencia en la causa, esa misma suspensión podría extrapolarse hasta el 10 de febrero siguiente, fecha en la que se reinstaló la audiencia y Walter Macías, como ponente del Tribunal, dio lectura al fallo unánime. Situaciones como estas que podrían usarse en una posible fase de apelación es lo que les hace pensar tanto a la Fiscalía General del Estado como al destituido juez Walter Macías que el objetivo de la sanción aupada por los votos a favor de Terán y Muñoz es finalmente lograr la impunidad dentro del caso Las Torres.   Al momento en este caso han presentado siete de los condenados los recursos horizontales de ampliación y aclaración a la sentencia notificada por escrito el 4 de julio pasado, luego que Macías recuperó la competencia al declararse violados sus derechos, vía acción de protección, y dejando sin efecto la suspensión de 90 días decidida por el CJ dentro del mismo expediente disciplinario. Aún no han sido respondidos los recursos de ampliación y aclaración.   Una vez que el Tribunal evalúe estos recursos, los sujetos procesales podrán en ese momento interponer el recurso vertical de apelación, el cual deberá ser conocido por un nuevo Tribunal, cuyos integrantes deberán ser sorteados.   Con los últimos hechos suscitados, varias defensas consultadas evalúan la posibilidad de usar esta resolución administrativa con la que se destituyó al juez Macías, para, en fase de apelación, pedir la nulidad de la sentencia de primer nivel.   Dentro del denominado caso Independencia Judicial, la fiscal general, Diana Salazar, estaría investigando una obstrucción de la justicia. Este delito, señaló la Fiscalía, se habría cometido en dos casos de connotación: Las Torres y Vocales, en el que el mismo Macías convocó a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de tráfico de influencias en el que son procesados los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno y el juez de Pichincha Vladimir Jhaya.   Salazar está a la espera de que se le defina una fecha en la que se dará una audiencia para formular cargos por obstrucción de la justicia contra Wilman Terán y otros siete funcionarios de la Judicatura. La causa