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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
Ecuador Continental: 22:59
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Llaman a juicio a 15 implicados en la “narcofiesta” de vía a la Costa

Una jueza de Garantías Penales llamó formalmente a juicio, a 15 de los detenidos el pasado 10 de mayo en una finca, situada en la Vía Guayaquil-Salinas, en posesión de cuantiosas armas, municiones y droga. Dentro del llamado “Caso Narcofiesta”, la Fiscalía General emitió dictamen acusatorio contra los 16 señalados, bajo cargos de tráfico ilícito de armas de fuego. La captura se produjo durante una ostentosa celebración, en la cual participaron más de 200 personas, incluyendo miembros y líderes de grupos de delincuencia organizada. Las imágenes captaron la gran cantidad de licor que hubo. En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y acogiendo parcialmente el pronunciamiento de la Fiscalía, la magistrada sobreseyó a uno de los detenidos, y aceptó conceder medidas sustitutivas a otros 3. Durante la diligencia se conocieron los informes de reconocimiento del lugar de los hechos, balística, microscopía electrónica de barrido, inspección ocular técnica; e indicios y evidencias recolectados por la Policía Judicial en el lugar del allanamiento, en especial pistolas, subametralladoras y otras armas, así como municiones y explosivos, teléfonos celulares, chalecos antibalas y radios de comunicaciones, que se encuentran ingresados en su respectiva cadena de custodia. La Fiscalía expresó su crítica a las medidas sustitutivas concedidas a varios de los implicados, que son señalados por la Policía como miembros y líderes de bandas criminales, y en el momento de su arresto tenía armas de fuego en su poder. Por tanto, apeló la decisión. En la “narcofiesta” se encontraron 46 armas de fuego, 208 celulares, dinero en efectivo, un chaleco antibalas, entre otras evidencias, que fueron ingresadas en cadena de custodia de la Policía Judicial.

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Fiscalía involucra a otras 13 personas en el “Caso Purga”

En una audiencia realizada la mañana de este martes, la Fiscalía General involucró a otras 13 personas en el llamado “Caso Purga”, que investiga una red de corrupción en la función judicial, con la participación de operadores políticos. Los nuevos implicados se suman a los otros 12, con lo cual serán 25 los encausados por el delito de delincuencia organizada. La diligencia debía realizarse el lunes, pero el juez de la causa, Javier de la Cadena, ordenó diferirla 24 horas, a fin de darle tiempo a los abogados de los involucrados a que estudien los expedientes. El principal acusado en el “Caso Purga” es el exasambleísta Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano. De acuerdo a la Fiscalía, él dirigía la red de corrupción formada en la Corte del Guayas, donde los jueces vendían sorteos y sentencias a cabecillas de bandas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Debido al mayor número de implicados, el juez dispuso la ampliación del periodo de instrucción fiscal, hasta fines del presente mes. Encabeza la lista de los 13 señalados Mercedes Villarreal, ex directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, acusada de archivar procesos disciplinarios contra varios jueces, incluida la ex presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo. También fueron involucrados Tatiana Villafuerte, asesora de Muentes en la Asamblea; Rubén Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura en Guayas; Hugo González, juez y ex presidente de la Corte del Guayas; José Poveda, exjuez, y detenido cuando pretendía salir del país; Andrés Chávez, ex asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE); Coronel Juan Riofrío, comandante de la misma unidad; Coronel Freddy Játiva, ex comandante del citado CIE; Andrea Patiño, jueza de Durán; Susana Batalla, funcionaria del área de sorteos de la Corte del Guayas; Jackeline Domínguez, coordinadora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en Guayas; Mirian Rodríguez, secretaria de la misma institución; y Silvia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. Algunos de los implicados favorecieron a Muentes en su causa contra el Banco del Pacífico. El exlegislador falsificó recibos de una deuda que mantenía con dicha institución, y después la demandó por supuesta afectación. Gracias a la red de corrupción, logró que le dictaran una indemnización por casi 4 millones de dólares, aunque no llegó a cobrarla.

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Fiscalía hace públicos informes periciales del “Caso Encuentro”

La Fiscalía General del Estado liberó el informe pericial de audios, videos y otros elementos, del denominado “Caso Encuentro”. El mismo investiga una presunta trama de delincuencia organizada. Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, este lunes, la fiscal, Diana Salazar, advirtió que los documentos serían publicados en la web de la institución, como ocurrió poco después. Salazar fue interrogada sobre el “Caso León de Troya”, que fue fusionado con el Encuentro. La fiscal explicó que, en el primero de los mencionados, no se pudo establecer tráfico de drogas. En cambio, en el segundo sí se revelaron tramas de corrupción en el sector público. Ante los cuestionamientos de la correísta Sofía Espín, Salazar la invitó a revisar personalmente el caso, y sacar sus propias conclusiones. El “Caso Encuentro” analiza una red de corrupción, liderada por el fallecido Rubén Cherres, y con la participación de Hernán Luque y Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Las pericias de interceptación y reportes de telecomunicaciones, establecen que hay conversaciones entre dos hombres, aún no identificados, que piden una reunión de contacto con el expresidente Rafael Correa, y que también afirman tener control de instituciones Todo eso consta en los documentos, expuestos en la web de la Fiscalía.

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Fiscalía pedirá 5,2 millones de reparación a favor del Estado por “Caso Metástasis”

De ser hallados culpables, los 52 procesados en el llamado “Caso Metástasis” no solo irían a prisión por un largo tiempo. La Fiscalía solicitará que, adicionalmente, se les imponga una reparación integral por el daño causado al Estado. Serían 5,2 millones de dólares, divididos proporcionalmente, lo que significa 100.000 dólares a cada uno. Adicionalmente, se les impondría una multa de 8.400 dólares, también a cada uno. De acuerdo a lo previsto, el 3 de junio próximo se instalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio respectiva, en la cual se debatirán nulidades procesales y se escuchará el dictamen fiscal contra los sospechosos. El “Caso Metástasis” determinó la existencia de una red criminal, liderada por el fallecido narcotraficante Leandro Norero, para obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada de fiscales, peritos, jueces y abogados en casos de interés. El propio expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, habría exigido a Norero 2 millones de dólares, por conceder un fallo de “habeas corpus” a uno de sus familiares. De acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, se aplicará una multa por el delito de delincuencia organizada, cuya pena de cárcel es de 7 a 10 años. Para garantizar el pago, se retendrán cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones que mantengan los procesados en el sistema financiero nacional, excepto aquellos valores que la Constitución y la ley tutelan. Asimismo, se les prohíbe enajenar bienes muebles e inmuebles, transferir, convertir, y enajenar o mover acciones y participaciones en el porcentaje que mantengan a su nombre El pedido de la Fiscalía debe ser resuelto por el juez nacional, Felipe Córdova.

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Asamblea Nacional expresa apoyo a la fiscal Diana Salazar

Con 74 votos a favor, el Parlamento aprobó una resolución en respaldo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. 46 legisladores votaron en contra del pronunciamiento, que aplaude la gestión de Salazar en el “Caso Metástasis”. Esos sufragios corresponden a la bancada de la Revolución Ciudadana, que promueve un tercer intento de destituir a la fiscal, a través de un juicio político en la misma Asamblea. La resolución a favor de Salazar fue propuesta por el bloque del movimiento CONSTRUYE. Más exactamente por el asambleísta Jorge Peñafiel. El legislador hizo un recuento de los hallazgos del Ministerio Público durante los allanamientos del 14 de diciembre. Según Jorge Peñafiel, “Diana Salazar está dando una lucha feroz en contra del crimen organizado. Estamos ante la debacle total de la Función judicial y en este momento se ha atestado un golpe sustancial al crimen organizado” Con la aprobación de la resolución, también se rechaza “todo intento de manipulación de la justicia, abuso del derecho o mal uso de las acciones constitucionales”.

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13 de años de cárcel para tres personas por secuestro extorsivo en Guayas

Ecuavisa .- Según la Fiscalía General, los procesados exigían USD 300 mil por el rescate de la víctima Tres personas fueron sentenciadas a 13 años de cárcel por el secuestro extorsivo a un ciudadano al que le exigían USD 300 mil, informó la Fiscalía General.   El investigador encargado del caso presentó a los jueces diez testimonios, entre los cuales constan los de agentes y aprehensores, además del reconocimiento del lugar, la denuncia presentada por el padre de la víctima y otras evidencias. El Tribunal de Garantías Penales acogió las pruebas y dictó sentencia condenatoria, en el grado de autores directos, contra Kevin B., Nelson M. y Andrea V. Los sentenció a 13 años de prisión y al pago de una multa de 60 salarios básicos unificados y, como reparación integral a la víctima, USD 12 000 por cada uno. ¿Cómo se dio el caso?   Según la Fiscalía, la víctima se encontraba reunida con la chica sentenciada –a la que frecuentaba– y otro de los procesados, quien afirmó ser primo de la mujer. “La víctima fue drogada con la bebida que degustaba, lo que facilitó a sus captores a cometer el delito, subiéndolo a un vehículo y trasladándolo a una vivienda ubicada a la entrada al cantón Nobol, donde lo agredieron y amordazaron“, indicó la entidad. Los secuestradores se contactaron con el padre del secuestrado, a quien le exigieron inicialmente USD 300 000 para dejarlo libre. Si se demoraba en la entrega de esa cantidad, ellos atentarían contra la vida del ciudadano.   Los familiares denunciaron en la Fiscalía y, luego de las investigaciones, lograron extraer información de los números de los celulares de los captores, ubicando el lugar donde estaba la víctima.   Después de permanecer cerca de cuatro días secuestrado, se realizó un operativo que permitió su liberación.  

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Cinco asambleístas rindieron versión por denuncia penal por el caso Cpccs

Virgilio Saquicela, Presidente de la Asamblea, acudió ayer con Marcela Holguín (correísmo) y Mireya Pazmiño (exPK) a la Fiscalía. Un total de Cinco asambleístas rindieron versión por denuncia penal por el caso Cpccs. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), estuvo en la diligencia en la Fiscalía General del Estado, en medio del receso legislativo este jueves 22 de diciembre del 2022. Lo hicieron para rendir su versión sobre la noticia criminis que presentaron en contra del ciudadano Manuel Vicente Párraga Quiroz, por haber interpuesto siete acciones de protección a favor de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que fue censurada y destituida por el Pleno. Investigación “La Fiscalía tiene que investigar y luego de su investigación determinar si existe la comisión de un delito y llamar al procedimiento judicial respectivo”, dijo Saquicela, quien requerió agilidad de este organismo frente a lo que calificó de “manipulación de la justicia”. Además de Saquicela, se presentaron las asambleístas del correísmo Marcela Holguín y Pamela Aguirre; el socialcristiano Esteban Torres; y Mireya Pazmiño, separada de la bancada de Pachakutik. Cuestionamientos Los legisladores cuestionaron que Párraga presentara siete acciones de protección con medidas cautelares entre las 15:18  y las 16:49 del 22 de noviembre del 2022 en el cantón La Concordia, de las cuales solo una fue admitida a trámite por el juez Ángel Lindao, quien anuló el juicio político a la mayoría del Cpccs. “De manera sospechosa se concedió la medida a las 22:38 del mismo día, teniendo como antecedente que todas las anteriores acciones planteadas después del análisis prolijo de los jueces constitucionales del cantón La Concordia fueron inadmitidas”, comentó Pazmiño. Versión del juez En la diligencia, los asambleístas solicitaron que también se requiera la versión del juez Lindao por tramitar esta acción de protección en un cantón alejado de Quito, en donde tiene la sede el Legislativo. Posible destitución A su vez, Saquicela rechazó que el magistrado amenazara con destituir a los legisladores por desacatar el fallo y alterar el orden democrático. “Rechazamos la pretensión insólita, ilegal, inconstitucional, inmoral, improcedente, de pretender la destitución de los legisladores”, puntualizó. El presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, dijo el miércoles pasado que no conoce al ciudadano que presentó las acciones de protección. Fuente: El Comercio

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