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Ecuador: marzo 17, 2025

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Ecuador, marzo 17, 2025
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Ecuador, marzo 17, 2025

El juez dicta 18 meses de prisión provisional para Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración

El expresidente de Perú, detenido hace una semana por el fallido golpe de Estado, seguirá en la cárcel en la que se encuentra Alberto Fujimori   Pedro Castillo sentenció su futuro cuando, por razones que aún son un misterio, intentó un autogolpe improvisado que acabó con su detención ese mismo día. El maestro de escuela rural aún tardará un tiempo en volver a su casa, en las montañas andinas donde decía que era feliz rodeado de vacas y campo. Un juez dictó este jueves 18 meses de prisión provisional para él, que se enfrenta a penas no menores de diez años por el delito de rebelión y conspiración. La decisión acaba también con la idea de viajar a México como asilado político. Ese fue el primer plan que Castillo puso en marcha el miércoles pasado cuando vio que su intentona golpista no conducía a ninguna parte.   Castillo está tan solo ya que hasta sus abogados no se presentaron a la audiencia de este jueves. En su lugar, se le asignó uno de oficio. El juez ha acogido la tesis de la fiscalía, que alertó también del riesgo de fuga. Huir fue lo que trató de hacer al verse acorralado. El Congreso que supuestamente había disuelto con su anuncio televisado a la nación hizo caso omiso a sus palabras. Los parlamentario continuaron la sesión y en un rato aprobaron su destitución. Todo el mundo le dio la espalda. La policía ordenó su detención y los escoltas que lo llevaban a la embajada de México para ponerse a salvo lo entregaron en una comisaría. Desde ese día duerme en una cárcel. La prisión provisional durará más que su mandato, una aventura fugaz de 17 meses que terminó de la forma más abrupta y desconcertante de todas. Castillo no fue capaz de tener un Gobierno estable, llegó a nombrar cinco gabinetes, y nunca tomó la iniciativa política. Su mandato fue la historia de una gestión a la deriva, sin ningún objetivo definido. El profesor que ganó la presidencia con la bandera del cambio y la promesa de gobernar para los pobres, como él, acabó inmolándose en la televisión con un golpe de Estado torpe que no tenía ningún apoyo.   La única persona que permaneció fiel al presidente hasta el final fue Aníbal Torres, para el que el juez ha desestimado la petición de la Fiscalía de prisión prosional. Torres fue la persona que se vio en todo momento al lado de Castillo desde su detención, entonces en calidad de abogado. Había sido su cuarto primer ministro, aunque renunció cuando la corrupción ya anegaba los pasillos del Palacio presidencial. Apenas dos días después del autogolpe, Torres anunció por Twitter su paso a la clandestinidad al saberse investigado. Ahora deberá permanecer en Lima y comparecer ante el juez el primer día de cada mes.   Su defensa había alegado esta mañana en la audiencia que su clandestinidad era una forma de hablar, pues el abogado, que ya tiene 79 años, estaba dispuesto a volver a dar clases en la universidad. La Fiscalía lo acusó a él incluso de haber escrito el texto que leyó Castillo. Aunque su defensa niega que supiera que eso iba a suceder. Dice que él llegó al Palacio y Castillo le anunció que iba a dar un mensaje a la nación. Torres, entonces, se retiró a otro lugar “a meditar” mientras el político trataba de convertirse en un autócrata al estilo de Alberto Fujimori.   Hoy el último dictador de Perú y el último presidente comparten la misma prisión, aunque aún no se han cruzado por los pasillos por la calidad de detenido que tenía hasta ahora Castillo. En los alrededores de la cárcel, durante todo el día se concentraron decenas de seguidores del maestro rural. Para ellos, es solo una víctima de un Congreso corrupto que nunca le dejó gobernar. Mientras el juez leyó su resolución, en una comparecencia que duró toda la tarde, los castillistas exigían su liberación.   En las calles de Lima las protestas también fueron mucho más numerosas que los días anteriores. Desde las regiones andinas del sur han ido llegando caravanas de manifestantes que vienen a la capital a manifestar su rechazo al nuevo Gobierno y la necesidad de un adelanto inmediato de elecciones. Eso da aliento a Castillo, que se sigue proclamando el presidente del país aunque su libertad se ve cada vez más lejana. Las protestas que comenzaron el mismo día de su detención suman ya 10 muertos en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Los dos últimos este mismo jueves, primer día del estado de emergencia que el Ejecutivo decretó en todo el país para tratar de recuperar una seguridad que cada vez parece más lejana. Fuente: El País

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La inflación argentina sube en noviembre menos de un 5% por primera vez en nueve meses

El 4,9% de subida del IPC registrado el mes pasado ralentiza la escalada de precios iniciada en marzo, aunque el interanual supera el 90%   Argentina celebra hasta las malas noticias. En medio de la fiebre mundialista, el 4,9% de subida del IPC registrado en noviembre ha perforado por lo bajo todas las previsiones, más cercanas al 6%. El dato ha sido un balón de oxígeno para el Gobierno de Alberto Fernández, que necesitaba con urgencia una ralentización de la inflación de cara al cierre del año. El interanual sigue de escándalo, en el 92,4%, y la suma desde enero es de 85,3%. Es el más alto de la región, después de Venezuela, pero a esta altura está claro que al menos no llegará al 100% cuando termine diciembre, como se esperaba. Así de mal está la economía argentina.   El 4,9% de inflación de noviembre es el más bajo desde marzo, cuando se disparó hasta el 6,7%. En julio, en medio de la tormenta que siguió a la renuncia del ministro Martín Guzmán, artífice del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en enero, el IPC trepó hasta el 7,4%. Y se mantuvo por encima del 6% hasta octubre. Para noviembre, el ministro de Economía, Sergio Massa, había prometido una cifra que empezaría “con un cinco”. Los analistas privados esperaban, sin embargo, un número por encima del seis. El 4,9% fue una sorpresa.   La subida estuvo apalancada por las subidas en el rubro “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, producto de la política de reducción de los subsidios estatales a la energía, un compromiso que el Gobierno asumió ante el FMI para reducir el rojo fiscal al 2,5% del PIB en 2022 y al 1,9% el año próximo. El respiro vino por el lado de los alimentos, que tras meses de estar por encima del promedio del IPC terminaron noviembre con una subida del 3,5%. Es un rubro que preocupa especialmente al Gobierno, por el impacto que tiene entre los más pobres.   Hacía allí concentró la artillería Massa, que a falta de una política antiinflacionaria que apunte a los problemas estructurales, negoció acuerdos de precios con todos los sectores posibles. Solo durante la última semana, firmó con empresas de alimentos y supermercados, telefonía celular, calzado y laboratorios. El ministro intenta que los aumentos se mantengan alrededor del 4% al menos hasta marzo. La moneda de cambio fue la promesa de que habrá dólares para pagar importaciones, el bien más escaso de la economía argentina. “Entramos en un proceso de descenso de la inflación”, dijo la vocera del presidente, Gabriela Cerruti. “No es una cuestión de números, lo notamos cuando vamos al supermercado”, agregó.   Para el ministro Massa bajar la inflación es un desafío económico, pero también electoral. Para que el peronismo tenga alguna posibilidad en las generales de 2023 deberá domar el índice. Fuente: El País

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El Mundial de Qatar desactiva el temido ‘efecto diciembre’ en Argentina

La clasificación a la selección de Messi a la final en Qatar apaga las protestas en un mes que concentra reclamos salariales y movilizaciones sociales.   Diciembre suele ser un mes complicado en Argentina. La historia comenzó en 2001, con la crisis del corralito. Cinco presidentes pasaron por la Casa Rosada tras la huida en helicóptero del presidente Fernando de la Rúa. La represión de las revueltas dejó entre el 19 y el 20 de diciembre 39 muertos, la mayor parte en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Desde entonces, los Gobiernos se preparan para sobrevivir a diciembre. El final de año alimenta el reclamo entre los más pobres y en las calles crecen las protestas; los sindicatos piden subidas salariales o bonos que compensen la inflación. 2022 es especialmente complicado para el Gobierno de Alberto Fernández: diciembre terminará con una inflación cercana al 100% y con casi cuatro de cada diez argentinos por debajo de la línea de pobreza. La alianza peronista en la Casa Rosada está fracturada y la política más influyente del país, Cristina Kirchner, fue condenada la semana pasada a seis años de cárcel por corrupción. Pero cuando arreciaba la tormenta, la selección argentina de fútbol llegó a la final del Mundial en Qatar.   En Argentina no se habla de otra cosa. El triunfo contra Croacia el martes organiza el debate público, las familias discuten donde verán el partido definitivo del domingo y los políticos hablan bajito para no llamar la atención. Es tanto el ruido que pocos se enteraron de que el presidente, Alberto Fernández, celebró este miércoles los tres años de su Administración y los 39 años del regreso a la democracia.   Lo hizo con un acto en los jardines de la Casa Rosada, donde ubicaron 1.000 sillas que estuvieron semivacías. La convocatoria fue evidencia de las divisiones que hay en la Casa Rosada. No hubo ministros kirchneristas; viajaron a Buenos Aires solo uno de los 23 gobernadores del país; apenas participaron los movimientos sociales que tienen cargos en el Gobierno. Faltaba, en resumen, el peronismo en sus distintas versiones, que son muchas. Fernández dio un largo discurso y al final prometió que asumirá la dirección de la campaña para las generales de 2023.   “Garantizo que voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza política, vamos a ganar unidos y por el bien de la Argentina”, dijo Fernández, el único orador de un evento que suele realizarse en la Plaza de Mayo en un ambiente festivo y oradores de todos los colores. El presidente no aclaró si irá por la reelección. Lleva meses coqueteando con la idea, aunque su popularidad está por los suelos. La decisión de Cristina Kirchner de no ser candidata a cargo alguno, como dijo tras su condena, agitó al peronismo, que ahora debe buscar un relevo de peso.   El nombre del presidente no figura al tope de las preferencias. Hay allí otros nombres, como el ministro de Economía, Sergio Massa -ausente en el acto de este miércoles- aunque su destino político está atado a la evolución de la inflación y la pobreza. Está también Eduardo de Pedro, el ministro de Interior que es ojo y oídos de Kirchner en el Gabinete. Y es de esperar que aparezca el nombre de algún gobernador, el reservorio tradicional de los candidatos del peronismo.   Mientras tanto, todos confían en el fútbol para mantener la paz social. Si Argentina sale finalmente campeona habrá días y días de festejos. Luego vendrán las fiestas de Navidad y Año Nuevo y en enero inicia la temporada alta de las vacaciones de verano. Para entonces ya habrá pasado el peligro. Si pierde, la resaca mundialista será menos efectiva, pero la estropada de la final será suficiente para llegar a enero sin demasiados sobresaltos.   Si eso no alcanzase, el Gobierno tiene lista una bala de plata. Hay en agenda un bono de fin de año para los asalariados de menores ingresos y otro para los millones de argentinos que cobran un plan social. Alcanzará a 4,4 millones de personas y servirá para calmar el malestar de los hogares más golpeados por la crisis. La combinación de Mundial y dinero extra es la vacuna argentina contra el efecto diciembre. Fuente: El País

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El voto del sur que hizo presidente a Castillo aprieta al nuevo Gobierno de Perú

Dina Boluarte juró hace una semana como jefa del Estado hasta 2026, después anunció elecciones en 2024 y habla ya de diciembre de 2023.   El sur de Perú se niega a perder la única vez que ganó. Las protestas que exigen elecciones anticipadas y el cierre del Congreso aumentan en las regiones que hace un año y medio hicieron presidente a Pedro Castillo. La imagen de un Castillo triunfal, con los brazos en alto como un profeta, pone cara a las banderas que se ven en la calle. Para muchos se ha convertido ya en un mártir. El relato del golpe de Estado que nunca fue se ve desde este lado al revés: para ellos la víctima es el maestro rural. Víctimas de de las élites, del poder, del Congreso, de Lima. El Perú que la capital nunca había escuchado hasta las últimas elecciones ruge desde los Andes para negar al nuevo Gobierno de Dina Boluarte, a la que consideran una traidora, una vendida.   La nueva presidenta ha empezado a ser consciente de que el suyo será un Gobierno de transición, más breve de lo que pensó. Si hace una semana, apenas unas horas después del autogolpe fallido y detención del presidente, juraba su cargo como jefa del Estado hasta 2026, Boluarte ya sabe que no hay posibilidad de sobrevivir mucho tiempo en medio de la crisis abierta por su antecesor. A principios de esta semana planteó celebrar las presidenciales en abril de 2024, pero este miércoles ya ha hablado de diciembre de 2023. Los tiempos se acortan a medida que las protestas crecen.   Ocho días después del suicidio político de Castillo, hay ocho muertos en enfrentamientos entre manifestantes y policías, tres aeropuertos cerrados al tráfico y decenas de bloqueos de carreteras. Miles de personas amenazan con llegar a Lima para celebrar una gran protesta masiva, pero hasta ahora en la capital las marchas no son muy numerosas. Este miércoles, cientos de policías blindaban los edificios públicos y la céntrica plaza de San Martín. Había más uniformados que manifestantes. Estos se limitaron a rodear la plaza varias veces de forma pacífica gritando consignas como: “Dina asesina”. Su intención era llegar al Congreso, pero el contingente policial lo impidió. Para este jueves se esperan nuevas protestas y se ha anunciado un paro nacional.   En el sur la situación tiende más al caos. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en todo el país durante 30 días para que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad. Los manifestantes por ahora se niegan a dar marcha atrás. No quieren que este nuevo capítulo de la crisis política peruana se cierre con Castillo encarcelado y el resto siga igual. Quieren elecciones inmediatas y que todos los congresistas se vayan a su casa. El rechazo al Parlamento no es solo una cuestión regional, el 86% de los peruanos desconfía de él, según encuestas de noviembre, un rechazo mayor que el que suscitaba el propio Castillo.   En regiones como Cusco, hoy incendiada por las protestas, el 80% de los electores votaron por él en las elecciones pasadas. Veían en el maestro rural una persona como ellos, la primera oportunidad real de alcanzar el poder. Enfrente estaba Keiko Fujimori, representante de la más tradicional política limeña. Castillo malogró un año y medio de mandato en una crisis constante y nunca fue capaz de llevar la iniciativa política. Los casos de corrupción que lo señalaban a él o a gente de su entorno se multiplicaron hacia el final. El Congreso tampoco se lo puso nunca fácil. El día que decidió dar el autogolpe improvisado se enfrentaba a su tercera moción de censura.   La crisis de legitimidad política en Perú se ha agudizado, el descontento es generalizado. La mayoría de los ciudadanos ha optado por hacer su vida ajena a la crisis que ha hecho que en cinco años Perú haya tenido seis presidentes. El último comparte ahora prisión con el autócrata Alberto Fujimori. Castillo se enfrenta a penas que podrían llevarle cinco décadas a la cárcel, pero los últimos acontecimientos lo han envalentonado. Las protestas en el interior del país y los apoyos externos, como el de los presidentes de Colombia y México, lo animan. Desde la prisión se sigue proclamando el jefe del Estado. En las próximas horas, un juez decidirá si acepta la petición de la Fiscalía de 18 meses en prisión preventiva, un mes más que lo que duró su Gobierno. Fuente: El País

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Perú se asfixia entre la crisis de un mandato que nació débil y el caos de las protestas

La petición de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente por parte de la Fiscalía acaba con la esperanza del expresidente de quedar en libertad Este miércoles se cumple una semana desde que Pedro Castillo dio un mensaje a la nación, minutos antes del mediodía, con la voz entrecortada y las manos temblorosas, que puso fin a su estancia en el Palacio presidencial. Un autogolpe de Estado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de su gabinete ministerial, que se desinfló en tiempo récord. Un Gobierno de excepción y una disolución del Congreso de la República que no llegaron a consumarse y que acabaron con Castillo detenido y destronado, en un nuevo capítulo del rasgo más estable de la realidad peruana: la inestabilidad. Este miércoles, la Fiscalía se ha inclinado, como se esperaba, por pedir que el ya expresidente siga en prisión al pedir que se le impongan 18 meses de prisión preventiva, informó Efe. Castillo confiaba en quedar en libertad.   Aunque para diversos sectores de la sociedad civil la salida de Castillo representa nuevos aires para el país, siete días después Perú se asfixia entre la crisis de otro mandato que nació débil y una represión policial que ha acabado con la vida de seis personas que salieron a las calles a gritar su descontento. Cuatro horas después de que Pedro Castillo se pusiera la soga al cuello, la vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en la primera presidenta del Perú, pero ni siquiera haber roto paradigmas le ha significado una tregua en su intento de gobernar.   El último fin de semana, apenas unos días después de colocarse la banda presidencial, Boluarte se vio obligada a anunciar adelanto de elecciones generales para abril de 2024, tras una seguidilla de protestas a lo largo y ancho del Perú. El Ejecutivo ya presentó un proyecto de ley al respecto. ¿Es el plazo más razonable para frenar la convulsión social? Más allá de que está establecido que se requieren 270 días de anticipación desde la convocatoria hasta la realización de un nuevo proceso electoral, muchos peruanos demandan más que anuncios para apaciguar las aguas.   Pedro Castillo, el maestro rural que presidió el Perú durante aproximadamente un año y medio, permanece en detención preliminar desde entonces por el presunto delito de rebelión y conspiración. Pasa sus días en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en un cuarto estrecho, muy cerca de donde cumple condena, en un espacio mucho más amplio, el expresidente Alberto Fujimori, quien dio un golpe de Estado que sí se hizo efectivo treinta años atrás, en abril de 1992. Castillo, el presidente que casi nunca dejó su característico sombrero, fue detenido en la Prefectura de Lima por su propia escolta cuando se dirigía hacia la Embajada de México para pedir asilo político, según las declaraciones del canciller y del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El martes la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la petición de apelación que había presentado su defensa y que solicitaba la anulación de la detención preliminar que vence este miércoles minutos antes de las dos de la tarde. Las redes sociales del expresidente difundieron poco después las fotos de un mensaje manuscrito en el que el maestro rural se mostraba convencido de que quedaría en libertad y convocaba a sus seguidores a las puertas de la Dirección de Operaciones Especiales. “Mañana a las 1.42 pm saldré en libertad”, escribió en Twitter.   La Fiscalía se inclinó, en cambio, por solicitar 18 meses de prisión preventiva. El objetivo de esta petición es proteger la investigación en curso y aportar pruebas. Sobre el político no solo pesan los presuntos delitos de rebelión y conspiración, sino también la acusación constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de liderar una “organización criminal” desde dentro del Palacio de Gobierno con el propósito de amañar contratos valiéndose de su poder. Desde prisión, Castillo no ha sido autocrítico, sino más bien se ha victimizado: “No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la señora fiscal de la Nación, el presidente del Congreso y la señora Dina Boluarte [su sucesora]. Fuente: El País

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Un paro armado del ELN y el Clan del Golfo amenazan los pilotos de paz

El recrudecimiento de la guerra en el Pacífico colombiano dificulta aterrizar el alivio humanitario que el Gobierno de Petro y los comandantes del ELN prometieron al cierre del primer ciclo de negociaciones.   El optimismo duró menos de 24 horas. En la mañana del lunes, el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN cerraban su primer ciclo de negociaciones de paz, en Caracas, anunciando alivios humanitarios para dos regiones rurales del litoral pacífico colombiano: el Bajo Calima y el Medio San Juan. La noticia fue bienvenida por miles de familias en estas dos zonas del país que han estado más de año y medio en el fuego cruzado entre el ELN y el grupo armado AGC, también conocido como Clan del Golfo. Muchas de esas familias han tenido que desplazarse a los cascos urbanos más cercanos, y con el anuncio de Caracas esperaban que empezara el retorno seguro hacia sus casas. Pero en menos de un día hubo un ataque mortal del Clan del Golfo en un municipio de la zona, y horas después el frente del ELN con presencia allí anunció un paro armado indefinido. El entusiasmo que llegó de Caracas se transformó rápidamente en escepticismo.   “¿De esta manera piensan que va a haber retorno seguro de población desplazada a sus comunidades? ¿De esta manera piensan lograr la paz total?”, pregunta el comunicado del frente Omar Gómez, del ELN, que anuncia un paro armado indefinido en esta zona del litoral pacífico a partir del jueves 15 de diciembre a las 6 la tarde. El frente lo publicó después de que el Clan del Golfo entrara en la noche del lunes a la comunidad de Negria y asesinara allí a un joven llamado Santiago Felipe Cáceres. Los guerrilleros dicen que el Estado es cómplice de esa muerte, señalando al Ejército de perseguirlos y de no combatir de la misma forma a los miembros del Clan del Golfo que cometieron el homicidio.   “¿De está manera es que piensan garantizar los alivios humanitarios para desescalonar el conflicto?”, añade el comunicado de este frente del ELN, aparentemente en contradicción con sus comandantes que negociaron en Caracas. El grupo dice que el paro armado es para “visibilizar lo que pasa en la región”.   Elizabeth Moreno es representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan y cuenta a EL PAÍS que los enfrentamientos entre los grupos armados en esa zona aumentaron a partir de agosto del 2021. Dice que Gobierno actual no ha explicado aún a las comunidades cómo frenar esta guerra tripartita entre el ELN, el Ejército, y las AGC.   “Desde 2021 se han desplazado cientos de personas, más de 800 familias, y ha habido asesinatos de niños indefensos, territorios minados que han dejado a muchas personas afros e indígenas lesionadas”, dice Moreno. “Anoche en el ataque de Negria las familias se resguardaron en casas de madera, y esta es una comunidad que ya se ha desplazado tres veces este año, y que siempre retorna pero sin garantías de seguridad. A mí me pareció muy placentero escuchar el anuncio de Caracas [sobre los posibles retornos], pero conociendo la situación de seguridad, la presencia de todos los grupos armados, solicitamos que se nos informe cómo será esa intervención en el territorio”.   Aunque al principio del Gobierno de Gustavo Petro el Clan del Golfo manifestó que quiere acogerse a la política de paz total, aún no es claro si va a entrar en un proceso de diálogos para someterse a la justicia ni si frenaría los ataques que lleva a cabo en zonas como el litoral Pacífico. Para lograr el regreso de familias en zonas como el Bajo Calima y el Medio San Juan, falta que definan cuál va a ser su papel.   Hay una dificultad adicional para los retornos humanitarios: las divisiones dentro del ELN. Esa guerrilla es mucho más descentralizada de lo que eran las antiguas FARC, y el comunicado del paro armado muestra una desconexión entre este frente en el pacífico colombiano y la comandancia del ELN negociando en Caracas. Es una distancia que “puede dificultar el acatamiento de lo que se acuerde”, dice a El PAÍS Mauricio Aguirre, alcalde encargado de Buenaventura, el municipio que contiene al bajo Calima.   Aguirre añade que el anuncio desde Caracas fue bienvenido en la zona, porque la crisis humanitaria del Bajo Calima también es dramática. En el casco urbano hay cientos de familias desplazadas, algunos hace más de un año. De acuerdo al alcalde, ha habido al menos 10 desplazamientos masivos desde el 2021 en el Bajo Calima, donde más de mil ciudadanos que abandonaron sus hogares por los combates entre AGC y ELN. El Gobierno no le ha aclarado aún a la alcaldía cómo piensa garantizar la seguridad en esas zonas para que las familias vuelvan a sus casas. “El componente de seguridad es el más fundamental, no podemos empezar los retornos sin eso”, dice el alcalde encargado.   Lorenzo González es uno de esos desplazados que lleva sobreviviendo en el casco urbano de Buenaventura desde noviembre de 2021. “Recibimos con mucha alegría la noticia de Caracas”, dice a El PAÍS este representante legal del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima. “Pero claro que me preocupa la contradicción del comunicado del ELN, porque si se anuncia unos alivios humanitarios, por un lado, en la mesa de negociación, y, por otro lado, se anuncia un paro armado, lo que yo siento es que no hay garantías para retornar”.   Varias personas consultadas para este artículo coinciden con que la guerra se recrudeció en esa zona del litoral Pacífico cuando entraron las AGC. Antes del acuerdo de paz del 2016, estas tierras donde se mueve el narcotráfico y la minería ilegal eran controladas por las FARC. Después de la desmovilización de esa guerrilla, el ELN entró a algunos de esos territorios. Y desde 2021 las AGC han arreciado sus ataques para controlar completamente la zona que va desde el casco urbanos de

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El escándalo de Odebrecht revive en Colombia

La imputación de delitos contra uno de los fiscales que ha investigado el caso reactiva un episodio que envuelve corrupción y poder Como si se tratara del nuevo episodio de una intrigante serie, el caso Odebrecht ha vuelto a aparecer en Colombia. Tiene las miradas puestas encima porque toca las fibras del poder. Tras seis años de su estallido, la Fiscalía General de la Nación imputa cargos contra una decena de nuevos presuntos involucrados. Entre ellos está Daniel Hernández, quien como fiscal investigó el pago de millonarias coimas por parte de la multinacional brasileña a cambio de contratos como el de la Ruta del Sol II –un tramo de la doble calzada que conecta al centro del país con la Costa Caribe–. Con ello, dio inicio a la “nueva temporada” de uno de los más grandes escándalos de corrupción en América Latina.   En un cara a cara con su propio funcionario, el organismo investigador le imputó a Hernández, de 44 años, los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigos. Según la Fiscalía, el abogado omitió darles trámite a siete órdenes de captura que él mismo solicitó en 2017 ante un juez, contra presuntos implicados en el entramado de corrupción que reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre ellos figuraban Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai, directivos de la constructora brasileña.   Según la Fiscalía, Hernández, quien lleva 18 años vinculado a la entidad, no registró las órdenes de captura en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones, un paso esencial para que se hicieran efectivas. “Tampoco pidió inmediatamente la expedición de notificación azul de Interpol para ubicar en otros países a los señores Marangoni, Ferracuti e Hideaki Sendai, en el entendido de que, para la fecha de los hechos, podrían haber salido de Colombia”, explicó el ente investigador en un comunicado.   Esta no es la única imputación contra Hernández. Hace apenas seis meses, en su condición de fiscal adscrito al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), habría intimidado en el búnker de la Fiscalía en Bogotá al exsenador Otto Bula, uno de los primeros condenados y principales testigos en el escándalo de Odebrecht. La Fiscalía dice tener pruebas de que quien fuera uno de sus más destacados investigadores buscaba favorecer a su antiguo jefe, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, y al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues le habría reprochado a Bula su intención de declarar contra ellos ante el FBI. La financiera Corficolombiana, filial del Grupo AVAL, el más grande conglomerado bancario del país y de propiedad de Sarmiento Angulo, formaba parte del consorcio liderado por la compañía brasileña que logró quedarse con la adjudicación de la Ruta del Sol II a cambio de sobornos, a finales de 2009.   “Usted doctor Hernández amenazó al ciudadano Otto Nicolás Bula, al advertirle que Néstor Humberto Martínez Neira y Sarmiento Angulo estaban preocupados y molestos por cuanto él estaba teniendo acertamientos con la justicia para hablar de ellos, situación que logró generar en el testigo mucho temor y miedo según el relato brindado a la Fiscalía”, leyó el fiscal Víctor Salcedo en la audiencia de imputación. Agregó que este hecho ocurrió mientras el testigo adelantaba conversaciones bajo confidencialidad con altos funcionarios de la Fiscalía y del FBI, y que “sin haber rendido aún ninguna declaración oficial, personas que podrían estar vinculadas tenían conocimiento pleno de lo que estaba pasando, lo cual evidenciaba el poder que manejaban”. Para entonces, Hernández no tenía ninguna relación procesal con Bula porque ya no tenía a cargo las investigaciones de Odebrecht.   El nombre del exfiscal general Néstor Humberto Martínez salió a relucir con fuerza en el escándalo de la firma brasileña en 2018, cuando Noticias Uno publicó grabaciones de 2015 en las que quedaba en evidencia que Martínez conocía de denuncias de pagos irregulares desde antes de que estallaran las revelaciones de Estados Unidos y de ser nombrado fiscal, en 2016. Martínez era uno de los abogados externos más relevantes del Grupo Aval para la época en la que el consorcio liderado por Odebrecht se quedó, gracias al pago de sobornos, con el contrato para la ejecución de la megaobra vial. A su llegada a la Fiscalía, Martínez se declaró impedido en algunas líneas de investigación, no en todas.   Las grabaciones salieron a la luz pública días después de la muerte de Jorge Enrique Pizano, quien aparecía en los audios como el interlocutor de Martínez. Pizano vigilaba el correcto manejo de los recursos como controller del proyecto y se había convertido en otro de los testigos clave. Según la Fiscalía, el deceso ocurrió por causas naturales. Apenas tres días después su hijo de 30 años, Alejandro Pizano, quien había viajado desde Barcelona a Bogotá para asistir al funeral, murió al ingerir agua de una botella que se encontraba en el escritorio de su padre. La bebida que había consumido contenía cianuro, según el dictamen de Medicina Legal. Antes de morir, Pizano padre habría alcanzado a entregar a las autoridades norteamericanas las pruebas que tenía sobre pagos irregulares, de acuerdo con un informe publicado por la revista Cambio el pasado 3 de diciembre.   En su momento, en medio de la tormenta política que desataron las grabaciones, la Corte Suprema de Justicia nombró un fiscal ad hoc para las investigaciones sobre Odebrecht, removiendo a Martínez de esa función. Ante los nuevos capítulos que han surgido, el exfiscal general denuncia un complot judicial. En una carta dirigida a Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, y a la fiscal Jamie Mickelson, delegada del Departamento de Justicia de ese país, alertó sobre supuestos ofrecimientos a terceros, entre ellos el investigado fiscal Hernández, para que declaren en su contra.   Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó los millonarios sobornos de Odebrecht en países de América Latina, entre ellos Colombia, donde los pagos habrían sumado 11 millones de dólares entre 2009 y 2014, se cuentan 18 condenas a nivel nacional, incluidas la de Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel

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Las oportunidades económicas llevan de vuelta la diplomacia a Caracas

Después del nombramiento de embajadores de Argentina y Colombia, España evalúa hacer lo mismo Los embajadores han vuelto este 2022 al palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela, a entregar sus credenciales. Cuatro años después de que la comunidad internacional marcara distancia con el Gobierno de Nicolás Maduro, reelecto en unos comicios cuya legitimidad está cuestionada, el panorama local ha cambiado, pero el geopolítico más aún en medio de una crisis del mercado energético por la guerra en Ucrania. En un pronóstico de recesión mundial, inflación y crisis enérgica, se abren las oportunidades económicas en el que fue un país petrolero. Venezuela ya no es el país de la escasez de alimentos y las expropiaciones, pero tampoco es uno boyante y con plenas garantías porque la sombra de la pobreza y de un sector productivo postrado sigue apareciendo en la foto. El restablecimiento de las relaciones con Colombia, tras la elección de Gustavo Petro, fue el punto de inflexión. Pero antes de esto, Argentina ya había sustituido al encargado de negocios de los tiempos del distanciamiento por un embajador en plenas funciones. A menos de seis meses de que el argentino Óscar Laborde presentara sus cartas credenciales en Miraflores, ya recibió en su casa a Maduro, a su esposa Cilia Flores y a su hijo Nicolás Ernesto para compartir un asado, según las fotografías que ha compartido en sus redes sociales. En Bruselas no hay consenso sobre el estatus diplomático hacia Venezuela, que en 2021 expulsó a su embajadora Isabel Brilhante. Pero algunos países han empezado a dar pasos. Portugal presentó ante Maduro nuevo embajador en marzo pasado en una muestra de intenciones de elevar el nivel de sus relaciones. Ese mismo mes, una delegación de alto nivel de Estados Unidos se reunió con el mandatario chavista, en un hito en el descongelamiento de las relaciones entre ambos países, que también ha abierto la compuerta con el resto de la comunidad internacional. España podría hacer lo mismo próximamente, según ha revelado EL PAÍS, cuando se evalúa elevar al Consejo de Ministros el nombramiento de un embajador. Sería una medida que ocurre justo después del regreso del Gobierno y la oposición a la negociación de México concretado hace unos días. Un nuevo escenario que podría servir de argumento después de que Francia terminara de precipitar el acercamiento cuando reunió hace unas semanas a los delegados de ambos sectores en París, con el apoyo de Colombia y Argentina. Desde 2020 no hay embajador español en Caracas. Jesús Silva cesó sus funciones luego de haber dado refugio en su residencia al opositor Leopoldo López. En dos años, Juan Fernández Trigo y Ramón Santos han fungido de encargados de negocios. “Luego de las reuniones entre la Casa Blanca y Maduro, Europa cree que es posible el levantamiento progresivo de sanciones, específicamente en el sector petrolero. Europa no se quiere quedar fuera de la fotografía, sobre todo ahora que Chevron tiene una licencia y para Estados Unidos será más difícil ponerle limitaciones a los negocios que quieran hacer empresas energéticas europeas en Venezuela”, apunta Mariano de Alba, especialista en Relaciones Internacionales y asesor senior del centro de análisis Crisis Group. “La situación está cambiando porque se abren oportunidades económicas de magnitud”. Los años de mayor conflictividad con el Gobierno de Maduro, tras el colapso del modelo del llamado socialismo bolivariano, han empujado finalmente a una distensión de los controles económicos. Esta apertura, sin embargo, no ha tenido correlato en lo político. No se han producido mayores avances en las garantías democráticas. Hay evidencias. Todavía hay más de un centenar de presos políticos, los informes de la Misión Independiente de Naciones Unidas documentan una estructura de persecución a la oposición y también el avance de la investigación en la Corte Penal Internacional. “Podría decirse ahora que las limitaciones de las sanciones ya no serán la principal piedra de tranca. Pero todavía hay cierta cautela no sobre que el Gobierno quiera respetar las garantías democráticas, sino las inversiones extranjeras”, apunta de Alba. La licencia dada a Chevron, aunque todavía tiene muchas restricciones y está limitada a seis meses, ha generado grandes expectativas sobre el hecho de que PDVSA pueda aumentar su producción, gracias a las inversiones que tiene que hacer la petrolera estadounidense para reactivar sus operaciones. Esto, en teoría, redundaría en mayores ingresos para el Gobierno de Maduro, que está dispuesto a hacer algunas concesiones que le permitan llegar a una situación económica más beneficiosa para las elecciones presidenciales de 2024. Eni y Repsol recibieron en junio pasado de parte del Departamento del Tesoro un aval para comerciar petróleo venezolano hacia Europa con el objetivo de cobrarse deudas de la estatal. Tras la firma de un acuerdo social en la mesa de negociaciones de México, en Caracas el ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, firmó los primeros contratos con Chevron. “Venezuela sigue de pie y abierta a la inversión internacional en este sector”, dijo el funcionario. Nuevamente, México se ha convertido en el pivote en que se apoyan los movimientos diplomáticos hacia Venezuela. “La única alternativa es que la negociación de México avance, los principales países de Occidente creen que el regreso a las negociaciones fue un paso a la dirección correcta, pero no es nada escrito en piedra, porque siguen las tensiones”, añade De Alba. Esta semana la petrolera estadounidense tomó el control de las instalaciones de Petropiar, en Barcelona, en el oriente del país, de donde sacará crudo para enviarlo a las refinerías de la compañía en el Golfo de México, según ha revelado la agencia Bloomberg. Las exportaciones de petróleo de Venezuela se mantienen por encima de los 600.000 barriles diarios, muy por debajo de los más de tres millones de barriles que alguna vez produjo. Pero la perspectiva es de reactivación. El modelo Petro La posición que ha mostrado Petro sobre Maduro es, para De Alba, la que empezará a liderar en la región. Tender los puentes, restablecer las relaciones para reactivar la economía y rechazar las sanciones internacionales, pero no de forma incondicional, sino con la

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El regalo de Navidad más caro para América Latina: inflación más altas tasas de interés

Los consumidores de esta parte del mundo se enfrentan a las fiestas más caras de los últimos años, pero la cena familiar y los regalos siguen siendo sagrados en la región; así se ajustarán los gastos navideños de los latinoamericanos Retumba como un eco por la región, pero ahora con esteroides: “Todo está carísimo”. Si el año pasado la inflación ya golpeaba la compra de gastos navideños, este año los latinoamericanos sufren, además, de altas tasas de interés que impactan en los préstamos e hipotecas. Para estas fiestas muchos se apretarán el cinturón y tendrán que sacrificar la compra de ropa nueva o intercambiar vuelos por viajes en autobús para priorizar la cena familiar y los regalos a sus seres queridos. En algunos países, se prevé que miles aumenten sus deudas de consumo: abusarán de la tarjeta de crédito o buscarán pagar a plazos, postergando la inevitable cuesta de enero. Muchos otros, los que no cuentan con el privilegio del “tarjetazo”, tendrán fiestas austeras Se espera que la inflación promedio en América Latina cierre el año en 11,2%, su nivel más alto desde 1992, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional. Algunos países ya superaron esa marca: en Colombia está en 12,5% y Chile en 13,3%. Desde hace más de un año que los bancos centrales iniciaron un ciclo de alzas en su tasa de interés, el indicador de referencia en contratos y créditos. En Brasil está en 13,75%, mientras que en Chile se sitúa en 11,25%: su nivel más alto en 24 años. En base a encuestas, la consultora Deloitte lleva tres años estudiando el consumo de los latinoamericanos durante la Navidad y, consistentemente, la cena de Nochebuena y los regalos aparecen como los gastos prioritarios. Es una marca distintiva de quienes habitan en esta región que el pago de deudas, los arreglos del hogar, la ropa, los viajes y hasta los productos electrónicos para uso propio sean gastos secundarios. Por lo tanto, serán los primeros en salir por la ventana este año. Los países que enfrentan la combinación más alta de inflación + tasas de interés elevadas, se preparan para adaptar sus tradiciones. México: patear el problema para enero Este año, y por primera vez, Mayra (36 años) y su pareja no viajarán fuera de Ciudad de México, donde viven, para pasar Navidad con sus familias. Su aguinaldo, como se le conoce al bono navideño en México, se destinará por completo al pago adelantado de su departamento, el cual compraron cuando las tasas de interés estaban bajas en 2020. Habitantes de la Ciudad de México realizan compras por la temporada navideña en el Centro Histórico.GLADYS SERRANO “Nosotros proyectamos pagar una hipoteca con una tasa de interés de 8,5% en ese momento, que para nosotros era muy viable”, cuenta Mayra, que trabaja como administradora y es del Estado sureño de Oaxaca,”pero las cosas empezaron a cambiar muy rápido”. Para contener la inflación, el Banco de México empezó a subir las tasas y ahora Mayra no encuentra una hipoteca con una tasa menor al 11%. “Prácticamente no compraremos nada de Navidad, solo lo más necesario”, comparte. El consumo en México sigue relativamente fuerte, dice Erick Calvillo, analista de la industria del consumo en Deloitte, porque los negocios están haciendo esfuerzos por no subir mucho sus precios durante las fiestas decembrinas. Pero, “para este último mes de 2022, podemos proyectar ansiedad en el comportamiento de los consumidores mexicanos”, dice Calvillo, “esto tiene como principal causa el estrés financiero”. De acuerdo con encuestas realizadas por la empresa, 48% de los mexicanos que dice sentir ansiedad lo atribuye a sus finanzas. De acuerdo con información de Oracle, empresa que administra bases de datos, casi un tercio de los mexicanos está preocupado porque no tendrán suficiente dinero para los regalos y la gran mayoría buscará oportunidades para pagar en plazos. “El mexicano gasta mucho en regalos, más que en otros países en Latinoamérica”, dice Calvillo. “Este año hay mucha presión inflacionaria, entonces las tiendas están batallando mucho para no subir precios pero sabemos que en enero van a subir precios. Eso va a afectar negativamente hacia adelante, y para mediados del próximo año se va a desacelerar mucho el consumo en México”. Brasil: a la costa pero en autobús Una de las tradiciones de la Nochevieja en Brasil es saltar siete olas en la playa e ir pidiendo un deseo para el nuevo año con cada una de ellas. Se espera que en esta ocasión muchos de los que se desplacen a la costa para dar la bienvenida a 2023 lo hagan en autobús, en vez de en avión, porque los billetes aéreos están entre “los villanos de la inflación: han subido un 52% en los últimos doce meses”, explica el economista André Braz, de la Fundación Getulio Vargas. Un hombre hace el cargo a su tarjeta en un comercio de São Paulo.LELA BELTRÃO Este analista especializado en inflación explica que la tendencia es que los brasileños gasten estas Navidades “algo más que las pasadas debido a la mejora de la actividad económica”. Detalla que la previsión es que el Producto Interno Bruto (PIB) cierre el año en casi un 3%, que “es mucho”, y el desempleo, que alcanzó el 12% un año atrás, ha caído al 8%. A ello hay que sumarle el impacto de la paga gubernamental que cada mes reciben 21 millones de pobres. Por eso, la amenaza de la inflación persiste. La primera economía de América Latina con una inflación que se ha moderado, pero aún es alta. La acumulada es del 6,4% tras cerrar el año pasado en un 10%. Para contenerla, el Banco Central mantiene la tasa de interés en 13,75% por tercer mes consecutivo tras las alzas sostenidas desde marzo de 2021, cuando estaba en mínimos (2%). “Independientemente del nivel de renta, el principal gasto de las familias será en comida”, dice Braz, seguido de los regalos, sobre todo ropa o aparatos electrónicos. La buena noticia es que lo esencial de los platos navideños más típicos en Brasil, como el

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La solicitud de Petro a la CIDH para proteger a Castillo no tiene cómo prosperar

El mandatario colombiano pide medidas cautelares en favor del expresidente peruano. El organismo de la OEA, sin embargo, declara que reconoce “la respuesta democrática” de las instituciones del país vecino El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha vuelto el jueves a mostrar su afinidad con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ha solicitado en sus redes sociales que el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) expida medidas cautelares “en favor” del exmandatario peruano Pedro Castillo, destituido el pasado miércoles. Además, ha afirmado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es “el gran pacto latinoamericano” que la región necesita para salir adelante. No obstante, el sistema interamericano de justicia no está en la misma sintonía: la CIDH había cuestionado antes el frustrado intento de Castillo de disolver el Congreso para mantenerse en el poder. Y había reconocido “la respuesta democrática” de las instituciones peruanas. En ningún momento expresó preocupación por los derechos potencialmente violados del expresidente. Petro conoce bien el sistema interamericano de justicia, encargado de promover el respeto de los derechos humanos por los países que integran la OEA. Recurrió a él en 2013 cuando la Procuraduría lo destituyó como alcalde de Bogotá por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo. La Corte IDH le dio la razón en 2020: declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la entidad implicada para destituir funcionarios electos por voto popular. El presidente presenta similitudes entre su caso, el de Castillo y los de otros líderes latinoamericanos. “Por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día”, declaró en redes sociales. El Legislativo peruano, según Petro, vulneró los derechos a “a elegir y ser elegido” y a tener un tribunal independiente. Y avanzó por una senda que revivieron los “golpes parlamentarios” que destituyeron al expresidente hondureño Manuel Zelaya en 2009 y al paraguayo Fernando Lugo en 2012. “Es el camino de la eliminación del contrincante, irrespetando las decisiones populares en las urnas. Ese es el camino que acabó con [Salvador] Allende y sumió las Américas en la dictadura”, agregó antes de señalar que Castillo “se equivocó” al disolver el Congreso. Pero los casos de Petro y de Castillo son distintos. La experta en derecho constitucional Catalina Botero remarca por teléfono que la Procuraduría es un organismo administrativo sin garantías de independencia o imparcialidad, mientras que el Congreso es una entidad política facultada para realizar un juicio político. Botero explica que la “pérdida de confianza” es una figura reconocida en la constitución peruana y que Castillo atentó contra el orden constitucional. “Aún si se hubiesen cumplido condiciones para revocar el Congreso, en ninguna parte se reconocen facultades para reorganizar el poder judicial”, comenta en referencia a otra de las medidas que llegó a anunciar el entonces presidente. Además, las decisiones de Castillo fueron consideradas como un golpe de Estado por toda la institucionalidad peruana: la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía. También por entidades internacionales, como la CIDH que las condenó como “contrarias al orden constitucional”. “La Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional”, se lee en su comunicado. En ninguna parte expresa preocupación por los derechos del exmandatario y ha preferido no pronunciarse sobre el mensaje de Petro, tras ser consultada por este periódico. En todo caso, el sistema interamericano de justicia no actúa a través de medidas preventivas. Walter Arévalo, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, comenta por teléfono que no se han vulnerado los derechos del expresidente peruano. “En un futuro procedimiento penal es que Castillo tiene derecho a una serie de garantías. Una medida cautelar se puede solicitar en ese momento, si las garantías se vulneran y se agotan las instancias pertinentes en Perú”, resalta. Más allá del caso de Castillo, Petro ha dicho que le apuesta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la gran solución para América Latina. Según sus mensajes en Twitter, es el gran pacto que necesita la región para avanzar en un “un camino pacífico, sólido y democrático”. En eso coincide Botero, aunque matiza: “Tiene que haber voluntad política de mantenerse fieles a esos principios, más allá de las ideologías”. Arévalo agrega que el sistema que construyó la región ya es eficiente jurídicamente. Para él, los Estados deben aumentar el financiamiento, pero no hay reformas significativas que sean necesarias. “Las instituciones peruanas saben que están siendo observadas y que la Comisión tiene competencia sobre el Perú. Van a estar atentos a cumplir”, comenta el profesor, que también es presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. La integridad física y los derechos de Castillo, que ha solicitado asilo político en México, no parecen estar en peligro. Fuente: El País

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Los frentes del ELN que podrían sabotear el proceso de paz: grupos llenos de díscolos y narcotraficantes

La justicia colombiana identifica a grupos descontrolados de la guerrilla involucrados en el negocio de la cocaína que no cumplen con los altos al fuego Sus combatientes pelean por un sueldo y no por ideología. Amasan cantidades enormes de dinero con el tráfico de droga y la minería ilegal. Extorsionan a empresarios, políticos y mineros. No necesariamente obedecen las órdenes de la dirección nacional, se puede decir que casi actúan por libre. La justicia colombiana ha detectado el peligro que suponen seis frentes de guerra del ELN que podrían estar tentados a boicotear el proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro que se negocia estos días en Caracas. Un atentado, un secuestro de una autoridad importante o el incumplimiento del alto el fuego por parte de estas células anárquicas podrían poner en peligro el deseo de Petro acabar con la última guerrilla activa en Latinoamérica. No sería ninguna novedad, siete procesos de negociación anteriores han resultado un fracaso. Llegar a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, que no tiene una jerarquización tan vertical y castrense como las FARC, no resulta nada sencillo. La Unidad de Investigación de la JEP, un mecanismo de justicia que se creó en el anterior proceso de paz, ha alertado en un informe que se hará público el lunes de la existencia de estas facciones dentro de la guerrilla que, aparentemente, pueden no tener interés en dejar las armas. La guerra es su forma de vida. El ELN ha sido la organización armada ilegal que más se ha expandido en los últimos seis años, se explica en el documento. En 2016 ocupó partes del país que dejó vacías las FARC y de las que el Estado no supo o no pudo hacerse cargo. Y durante la pandemia de Covid-19 se reasentaron en lugares donde habían perdido influencia y allí sofisticaron sus métodos de control social. A su vez, pretendieron llevar la guerra a los núcleos urbanos con el aumento de milicias y el uso de explosivistas. De acuerdo al texto, la guerrilla ha tenido presencia en 186 municipios de Colombia; en 125 se ha impuesto de manera violenta con la población civil, en 60 ha combatido con las fuerzas públicas y en 87 se ha vinculado directamente con producción de coca o con la minería ilegal de oro. Ese es el ELN más peligroso, el que puede hacer saltar todo por los aires. “Los “spoilers” utilizarán todos sus recursos para evitar las salidas políticas a los conflictos armados en diferentes momentos de la negociación. Por ejemplo, al inicio, pueden propiciar rompimientos prematuros en la mesa de conversaciones y en las etapas finales, pueden persuadir y chantajear a una proporción significativa de las combatientes para que no se desmovilicen y decidan continuar en la ilegalidad armada”, señala el informe. El informe revela que son los frentes Camilo Torres, Che Guevara, José Antonio Galán, Manuel Hernández El Boche, Cimarrón y Domingo Laín. Grupos que operan en los departamentos de Arauca, Antioquia, Chocó, Cesar, Magdalena, Norte de Santander y Valle del Cauca. Los comandantes de estas subestructuras armadas no están completamente subordinadas a los mandos nacionales y pueden tener la tentación de no acatar las decisiones a las que lleguen los delegados en las mesas de Caracas. En la historia de Colombia, se lee en ese texto, ha sido una constante el surgimiento de disidencias de oposición a los acuerdos de paz. Hace seis años, por ejemplo, el guerrillero Iván Márquez, jefe negociador de las FARC y uno de los miembros más importantes en las conversaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Llegó a ser senador, pero perseguido todavía por la justicia y convencido de que el Estado le traicionaba, volvió a esconderse en la selva con un puñado de hombres armados. Hace unos meses sufrió un atentado cometido por unos mercenarios que querían cobrar la recompensa millonaria que hay por su cabeza, aquí y en Estados Unidos. No murió, pero ha perdido la vista de un ojo y tiene medio cuerpo paralizado, según fuentes de seguridad. Hay indicios de que ELN sigue librando una guerra territorial con otros grupos armados, pese a que la dirección esté negociando con el Gobierno. En los últimos tres meses, la guerrilla se ha enfrentado en municipios de cinco regiones distintas al Clan del Golfo, un grupo paramilitar dedicado al narcotráfico. El Clan del Golfo ha expresado en una carta a Petro que tiene intención de acogerse a la paz total, un mecanismo para desarmar y ofrecer ventajas carcelarias a criminales en activo. Sin embargo, las dos empresas criminales siguen levantados en armas y atacándose mutuamente. Lo mismo ocurre entre el ELN y las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, un guerrillero que, a diferencia de Márquez, nunca creyó en el proceso de paz —ahora también tienen intención de rendirse—. Los dos entes continúan matándose mutuamente, sobre todo en Arauca, una región fronteriza con Venezuela. El que domina esa zona controla el trasiego de droga y pozos petroleros. Una de sus ciudades, Saravena, tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. El ELN logró echar a las disidencias en los últimos tiempos, pero ellos no parecen rendirse. El informe recoge unas declaraciones de Antonio Medina, líder de una de las disidencias: “La idea es retomar Arauca y poner unos 300 muertos, antes de diciembre, entre jefes y colaboradores eleno”. La paz no será fácil de conseguir. Fuente: El País

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La inflación desbocada en México diluye el alza del salario mínimo para el próximo año

La escalada de precios ocasionará que el aumento del sueldo básico en términos reales para 2023 quede rebajado a casi a la mitad, apenas por encima del 11% La inflación ha sido el jugador más importante en el debate sobre el aumento al salario mínimo para 2023. El consenso entre el Gobierno de López Obrador y los sectores obrero y patronales resultó en un alza del 20% a partir del próximo año. Así, el sueldo básico pasará de 260 pesos a 312 en la frontera norte y en el resto del país el pago subirá de 172 a 207 pesos diarios. Sin embargo, analistas advierten de que aunque este incremento es favorable para los trabajadores formales con menos ingresos, la medida tendrá un efecto marginal debido a una escalada de precios a niveles del 8,14% —la inflación más elevada que se ha registrado en los últimos 20 años— lo que supone que en términos reales el aumento salarial será del 11,8%. De acuerdo con las cifras del Gobierno, el aumento beneficiará de manera directa a 6,4 millones de trabajadores formales. El presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Luis Munguía, reconoce que la inflación fue el tema medular de la mesa de discusión entre el Gobierno, el sector patronal y los sindicatos. El sector patronal pedía un aumento del 25%, mientras que la iniciativa privada pujaba por un alza del solo 15%. Al final, se consiguió como un punto medio el consenso del 20% de alza, precisamente, detalla Munguía, porque un alza demasiado agresiva de más podría provocar un efecto sobre las expectativas de inflación en los inversionistas, mientras que un incremento mínimo no alcanzaría a cubrir el aumento de precios en los alimentos. Según las cifras de la Conasami, este aumento tendrá un efecto en la inflación del 0,12%. Munguía, asegura que, en términos reales, el salario mínimo general ha recuperado 90% de su poder adquisitivo en los últimos cinco incrementos de esta Administración. En 2018 el sueldo básico era de 88 pesos diarios. “Este último incremento beneficia a todos porque empuja hacia arriba los tabuladores (de salarios), pero no se incrementa en la misma proporción en los que ganan más, de hecho, entre más ganan las personas, los incrementos son más bajos. El salario mínimo va a seguir subiendo de una manera sostenida, como ha venido ocurriendo a lo largo de este Gobierno, más no de una manera agresiva”, concluye el titular de la Conasami. Diego García Saucedo, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, explica que es un incremento en el camino correcto, más no suficiente. “Lo que no está a discusión es que tenemos uno de los salarios mínimos paupérrimos y se están haciendo esfuerzos muy loables de ambas partes, me refiero del sector obrero y patronal, son aumentos más agresivos basados en el hecho de que la inflación está muy fuerte”, menciona. El especialista reconoce que los costes laborales van a aumentar a partir del siguiente año y esto perjudicará principalmente a las micro y pequeñas empresas. “Ser formal se va haciendo más caro y a las cupulas empresariales se les olvida que no todos son sus agremiados, por supuesto, que va a implicar más dificultades para la formalidad”, señala. Ante esto, agrega García Saucedo, sugiere que el Gobierno implemente un programa de incentivos a favor de estos negocios. Manuel Fuentes, abogado laborista y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, precisa además que el aumento de salario mínimo no se traducirá en un alza generalizada de los salarios en el mercado laboral mexicano, la medida no es vinculante y prevé que muchas empresas darán la espalda a esta alza. “Este aumento es solo para unos cuantos y muchas veces se da sobre una política de simulación, porque en muchas ocasiones a los trabajadores supuestamente se les paga el salario mínimo para efectos del Seguro Social, pero reciben un sueldo real distinto”, matiza. Los especialistas laborales coinciden en que si bien esta alza salarial, que mensualmente equivaldrá a 9.360 pesos (489 dólares) en los Estados de la zona fronteriza y en 6.210 pesos (324 dólares) para el resto del país, México aún está rezagado respecto a sus pares internacionales. Por ejemplo, en Uruguay el sueldo básico es de 493 dólares, mientras que en Chile y Ecuador rebasa los 425 dólares. “Tenemos mucho trecho que recorrer, el punto medular reside en que haya un verdadero control inflacionario para que más allá de presumir un aumento agresivo, si no, lo único que estamos haciendo es encarecer la vida en general”, concluye García Saucedo. Fuente: El País

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Kirchner, a los jueces que la investigan: “Este tribunal es un pelotón de fusilamiento”

La vicepresidenta de Argentina lanza sus “últimas palabras” a días de la sentencia por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas durante su Gobierno. “Últimas palabras…”, dijo Cristina Fernández de Kirchner desde su despacho en el Senado, la mirada fija a la cámara. Se detuvo un segundo, sonrió y lanzó la frase que ya había pensado como titular: “Nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este tribunal: es un pelotón de fusilamiento”. La escuchaban los tres jueces federales que el día 6 de diciembre decidirán si es culpable o inocente de liderar una supuesta asociación ilícita montada en la Casa Rosada para defraudar al Estado. Los fiscales han pedido para Kirchner 12 años de cárcel y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “No es asociación ilícita un Gobierno elegido democráticamente tres veces”, dijo Kirchner, en referencia a la gestión de su marido, Néstor Kirchner (2003 -2007) y las dos etapas donde fue presidenta, entre 2007 y 2015. Kirchner habló menos de 20 minutos, lejos de los largos discursos que supo dar en el pasado cuando le tocó defenderse en el juicio. Su primera aparición fue el 2 de diciembre de 2019. Ya en aquella ocasión denunció que era víctima de un “partido judicial” que tenía la sentencia escrita. La intención, según la vicepresidenta, es sacarla de la carrera política y cargar contra el peronismo, el movimiento que representa. “¿En serio creen que mi Gobierno hizo un fraude contra la Administración pública?”, preguntó a los jueces del tribunal. “¿Mi Gobierno, el que le pagó al Fondo Monetario Internacional? ¿Nosotros estafamos al país, cuando las condiciones de vida eran muy superiores a las de ahora? Los que trajeron al FMI y endeudaron al país en 45.000 millones, dinero que no sabemos dónde está, no tienen problemas, están en Qatar mirando el Mundial”, dijo, en referencia al crédito que el organismo multilateral concedió como salvamento financiero a Mauricio Macri en 2018. “La sentencia está escrita, pero nunca pensé que estaría tan mal escrita”, disparó Kirchner. Y cargó una vez más contra los dos fiscales de la causa, Diego Luciani y Sergio Mola. Los acusó de lanzar mentiras e injurias durante los 20 días que duraron los alegatos de la acusación. Para reforzar la idea del pelotón de fusilamiento, recordó que 10 días después de la petición de condena en su contra, un hombre intentó asesinarla en su casa. “Pero la bala no salió”, recordó sobre ese intento de magnicidio. “12 días después de ese 1 de septiembre, Clarín nos regala esta tapa: ‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá’. Miren si no hay una identificación con esta causa. Durante la acusación se contaron cosas que no habían existido y se ocultaron otras. Y resulta ser que en los alegatos de la defensa se demostró que cada una de las cosas que habían sido acusación del fiscal no eran ciertas”, dijo Kirchner. Para completar su defensa, sus abogados subieron a las redes sociales un documento que titularon Las Veinte Mentiras de la Causa Vialidad. La suerte ya está echada para Kirchner. Han pasado dos años y medio desde el inicio del proceso y solo resta la sentencia, prevista para el 6 de diciembre. Si finalmente es condenada, no entrará en prisión, porque tiene fuero como vicepresidenta. Su eventual condena, en cualquier caso, iniciará un largo proceso de apelaciones que terminará en la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. Los fiscales acusan a Kirchner de montar una asociación ilícita durante sus dos Gobiernos, entre 2007 y 2015, para beneficiar a amigos del poder con millonarios contratos de obra pública a cambio de sobornos. Entre los acusados hay funcionarios sospechosos de cobrar y empresarios sospechosos de pagar. Según el argumento del fiscal Luciani, la expresidenta montó un aceitado mecanismo donde el empresario Lázaro Báez, condenado en 2021 a 12 años de cárcel por lavado de dinero, era el gran beneficiado con obras viales en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo en la Patagonia. Cristina Kichner dice sus «últimas palabras» ante los jueces que la investigan por presunta corrupción, este jueves, desde su despacho en el Senado argentino.HANDOUT (AFP) Luciani ha dicho que la vicepresidenta “no podía no saber” lo que sucedía bajo su mando. Y estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, la empresa de Báez, hasta entonces un ignoto empleado de banco que en pocos meses se convirtió en millonario. Como argumento del presunto fraude, la Fiscalía dijo que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado; mientras su fortuna se multiplicaba, celebraba una veintena de acuerdos comerciales privados con la familia Kirchner. El 23 de agosto, un día después de la solicitud de prisión presentada por Luciani, Kirchner se defendió de todas las acusaciones. Lo hizo, una vez más, mirando a una cámara montada en su despacho en el Congreso. Kirchner denunció en aquella declaración que la investigación que enfrenta es en realidad “contra todo el peronismo”, una “ficción” sin pruebas ni sustento jurídico. Colocó detrás de la jugada al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), representante de “aquellos que van por todo, por los salarios, los derechos de los trabajadores y los jubilados”. El peronismo cerró entonces filas alrededor de la vicepresidenta. Hubo marchas de desagravio y largas jornadas de vigilia frente al piso que ocupa en Recoleta, el barrio más acomodado de Buenos Aires. Las manifestaciones cesaron abruptamente la noche del 1 de septiembre, cuando intentaron asesinarla de un disparo en la cabeza. La vicepresidenta redujo entonces sus apariciones públicas. En la lista de acusados hay otras 12 personas. Está el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el hombre que manejaba el presupuesto de la obra pública. También Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, preso desde 2016 tras ser atrapado in fraganti cuando intentaba ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento. Kirchner sostiene que

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Venezuela anuncia un crecimiento económico de 18 puntos del PIB para 2022

Analistas y la Cepal calculan el incremento en la mitad, pero la economía da su primer salto después de haber sufrido siete años la contracción productiva más grave de su historia. Después de seis años de espectacular contracción, y un 2021 de estabilización en el foso, la economía venezolana ha crecido durante 2022. El Banco Central de Venezuela anunció que el Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 registrará un crecimiento de 18,70% y agregó que este es “el mayor de América Latina durante cuatro semestres seguidos”. Es la primera vez que se publican unas cifras oficiales después de que el Gobierno chavista se había negado a darlas durante los últimos años. El presidente Nicolás Maduro se felicitó por la circunstancia y afirmó que este resultado “es producto del esfuerzo del trabajo nacional, de la unión y la articulación”. Aunque nadie niega la recuperación, analistas y firmas independientes, e instituciones internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (Cepal), ubican la tasa de crecimiento de la economía nacional en un rango mucho menor. La mayoría de los economistas venezolanos la calculan del 9%, mientras la Cepal la ubica en un 10. Los expertos explican que la recuperación de la economía venezolana acusa los efectos de un rebote productivo luego de varios años de una caída libre que parecía indefinida en el tiempo y es, en buena medida, consecuencia de la reorientación estratégica del Gobierno bolivariano hacia los fundamentos de la economía de mercado y la búsqueda desesperada de capitales, vigente desde 2019. Asdrúbal Oliveros, economista y socio directivo de la firma Ecoanalítica, afirma que la recuperación de 2022, aunque evidente, “es bastante débil, desigual e insuficiente”. Sostiene que está muy asentada en el ámbito de la capital, y está fundamentada en la recuperación del comercio, en parte gracias a la medida de dolarizar parte de la economía. “Es un crecimiento focalizado en pocos sectores, unos nueve en total, principalmente alimentos, salud, cuidado personal, tecnología, empaques, medios, comercio, transporte. El aumento de la actividad productiva se ha concentrado en Caracas, el eje Lara-Portuguesa, o Lechería, con enormes diferencias en el ingreso”, añade. Oliveros considera que la circunstancia es producto del aumento de los ingresos del Gobierno, que según Ecoanalítica se han recuperado en un 90%, “y de la actividad del sector privado y del estímulo a las importaciones”. Las remesas de la diáspora son también protagonistas del aumento del ingreso nacional. “Hay un impulso fiscal producto del aumento de los ingresos petroleros, cuyo precio ha aumentado a causa de la guerra en Ucrania”, afirma José Manuel Puente, economista de la Universidad de Oxford y el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. “La pregunta es cuan sostenible, y de qué calidad es ese crecimiento”. “La verdad es que en Venezuela no se publican las cuentas nacionales, ni la balanza de pagos, ni la posición internacional de la inversión desde 2019″, observa Roland Balza, académico de la Universidad Católica Andrés Bello, quién afirma no desconocer la recuperación, pero se muestra dudoso sobre la magnitud de las cifras. “No hay información completa ni transparente. Desde 2016 no se publica el Presupuesto Nacional. Sin una información detallada es complicado tener estimaciones sobre el PIB, o lo que pueda ocurrir el año próximo”. Aunque las cifras ofrecidas tienen entusiasmado al Gobierno, los expertos consultados comentan que habrá que trabajar mucho, y durante varios años, para que el aparato productivo nacional retome su antigua fisonomía luego del derrumbe económico vigente en Venezuela desde 2014, cuando Maduro asumía funciones, y que concretaron un crack del 80% del PIB local en 2019. Las dificultades estructurales del servicio eléctrico le colocan un techo a la actividad industrial; sigue habiendo muchas áreas con una enorme desinversión, y la actividad petrolera, que en sus buenos tiempos podía producir hasta 3.500.000 barriles diarios de crudo, hoy apenas alcanza los 700.000. La escasez del crédito bancario sigue siendo un cuello de botella a resolver. Fuente: El País

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Cristina Kirchner pronunciará sus “últimas palabras” en un juicio por presunta corrupción

La vicepresidenta de Argentina enfrenta una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la llamada causa Vialidad. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, hará uso este martes de su derecho, como todo imputado judicial, a pronunciar unas “últimas palabras” en la causa que la investiga por presunta corrupción durante sus dos Gobiernos. Por decisión propia, estará sola en su despacho en el Congreso, sin el apoyo de sus abogados. Hablará a una cámara, como ya lo hizo en otras oportunidades, para rechazar cada una de las acusaciones. En agosto, el fiscal Pablo Luciani pidió contra ella 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si se cumplen los tiempos del proceso, Kirchner sabrá durante la segunda quincena de diciembre si los jueces la condenan o la absuelven. No irá presa, porque tiene fueros como vicepresidenta. Su eventual condena, en cualquier caso, iniciará un largo proceso de apelaciones que terminará en la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. Kirchner ha sostenido desde el inicio de juicio, hace dos años y medio, que toda la investigación en su contra es un montaje de la oposición y “el partido judicial” para encarcelarla. Los fiscales, en cambio, la acusan de montar una asociación ilícita durante sus dos Gobiernos, entre 2007 y 2015, para beneficiar a amigos del poder con millonarios contratos de obra pública a cambio de sobornos. Entre los acusados hay funcionarios acusados de cobrar sobornos y empresarios sospechados de pagarlos. “Mañana a las 9.30 en el juicio de Vialidad: ‘últimas palabras’. Así le dicen…”, publicó este lunes Kirchner en sus redes sociales. Confirmó así que haría uso de su derecho. Se la podrá seguir en directo por su canal de YouTube y por la transmisión del Tribunal Federal que la juzga. Hasta ahora, ha dicho sus “últimas palabras” el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien ya está preso por su responsabilidad en la llamada tragedia de Once, un accidente de ferrocarril que dejó 52 muertos el 22 de febrero de 2012. De Vido dijo que el juicio era una “persecución injusta”, en línea con lo que ha sostenido Kirchner. La causa Vialidad es la que más complica a Kirchner, y la que está más avanzada. Según el fiscal Luciani, la expresidenta era la jefa de una asociación ilícita destinada a enriquecer a sus miembros con dinero público. Según su argumento, Kirchner montó un aceitado mecanismo donde el empresario Lázaro Báez, hoy condenado a 12 años de cárcel por lavado de dinero, recibía a cambio de retornos contratos millonarios de obra pública en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo en la Patagonia. Luciani ha dicho que la vicepresidenta “no podía no saber” lo que sucedía bajo su mando. “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Los imputados, en una estricta separación de roles, sustrajeron frutos del erario en provecho particular, adoptando todas las medidas necesarias para hacerlos con impunidad y desactivando todos los mecanismos de control”, dijo en agosto, durante la lectura de su alegato. El fiscal estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, una empresa creada por Lázaro Báez, un ignoto empleado de banco que en pocos meses se convirtió en millonario. Como argumentos del presunto fraude, la fiscalía dijo que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado; mientras su fortuna se multiplicaba, celebrara una veintena de acuerdos comerciales privados con la familia Kirchner. El 23 de agosto, un día después del pedido de prisión presentado por Luciani, Kirchner se defendió de todas las acusaciones. Lo hizo, una vez más, mirando a una cámara montada en su despacho en el Congreso, como lo hará este martes. Kirchner denunció que la investigación que enfrenta es en realidad “contra todo el peronismo”, una “ficción” sin pruebas ni sustento jurídico. Colocó detrás de la jugada al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), representante de “aquellos que van por todo, por los salarios, los derechos de los trabajadores y los jubilados”. Dijo además que su condena ya estaba escrita desde antes del inicio de la investigación. El peronismo cerró entonces filas alrededor de la vicepresidenta. Hubo marchas de desagravio y largas jornadas de vigilia frente al piso que ocupa en Recoleta, el barrio más acomodado de Buenos Aires. Las manifestaciones cesaron abruptamente la noche del 1 de septiembre, cuando un hombre de 35 años llamado Fernando Sabag Morel gatilló dos veces su arma contra el rostro de Kirchner, sin que saliese la bala. La vicepresidenta redujo entonces sus apariciones públicas. En la lista de acusados hay otras 12 personas. Además del exministro De Vido y el empresario Lázaro Báez, está el exsecretario de Obras Públicas José López, preso desde 2016 tras ser atrapado in fraganti cuando intentaba ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento. Los jueces deberán ahora decidir si el fiscal ha probado que las decisiones de un Gobierno pueden considerarse fruto de una asociación ilícita, que por definición nace para delinquir. Fuente: El País

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El Gobierno de Colombia y el ELN acuerdan liberar secuestrados e incorporar a Brasil, México y Chile a la negociación

Las partes coinciden también en pedir a Estados Unidos, así como a España, Suecia, Suiza, y Alemania, que acompañen el proceso de paz En solo cuatro días encerrados en un hotel de Caracas, el Gobierno de Colombia y el ELN han acordado incorporar a Brasil, México y Chile como países garantes del proceso y pedir a Estados Unidos que acompañe la negociación de paz. El visto bueno de Washington supondría un espaldarazo a la discusión que se está celebrando en Venezuela, y de paso significaría un nuevo acercamiento, aunque sea indirecto, entre los presidentes Joe Biden y Nicolás Maduro. Las partes —según un comunicado leído por el general Carlos Martínez, que ejerce como mediador— también pedirán a España, Suecia, Suiza y Alemania que acompañen la negociación. Eso quiere decir que puede haber delegados de esos países que puedan intervenir en la discusión y ofrecer ayuda. Ahora mismo Noruega, Cuba, Venezuela y la Iglesia Católica son los garantes oficiales y los que tienen más peso. El tercer punto acordado es llegar a “alivios humanitarios”, lo que en la práctica supone liberar secuestrados y excarcelar a guerrilleros. Hasta ahora esto se ha llevado a cabo con absoluta discreción. El Gobierno ha sacado de prisión a tres exguerrilleros del ELN, uno de ellos involucrado en un atentado en un centro comercial de Bogotá, que se han incorporado directamente en la mesa de negociación. La Fiscalía Nacional, a petición de Petro, ha retirado la orden de busca y captura contra 17 dirigentes de la guerrilla. A la vez, sin hacer mucho ruido y sin apenas publicidad, el grupo armado ha liberado a varias personas que mantenía retenidas en campamentos en la selva. España tendrá un papel mucho más discreto de lo que pretendía su presidente, Pedro Sánchez. El socialista mantiene una muy buena relación con Petro, al que apoyó cuando era candidato y no contaba todavía con muchas adhesiones en el mundo. En una visita a Bogotá en agosto, Sánchez le pidió al nuevo presidente que incorporase Madrid como uno de los lugares en los que se podría discutir el desarme de la última guerrilla de Latinoamérica. Sin embargo, que España apoyase incluir al ELN en la lista de organizaciones terroristas de la UE ha dificultado su ingreso como país garante. En cambio, sí se ha reservado un papel más relevante para Biden, si es que acepta. Comunicado con los primeros tres acuerdos entre las delegaciones del Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELNCORTESÍA Los acuerdos se ejecutarán de inmediato, según había explicado el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. En cuanto se esté de acuerdo en algo, se aplicará. El miedo en este tipo de proceso es que la discusión se alargue y se tarden años en llevar a cabo lo acordado. Eso no va a pasar en esta mesa. Hay varios negociadores que tienen mucha experiencia en procesos anteriores, como el senador Iván Cepeda o el canciller Álvaro Leyva. Conocen todas las trampas y los escollos que pueden ralentizar una negociación como esta, por lo que les obsesiona ofrecer resultados concretos e inmediatos. La paz está en juego. El general Martínez subrayó que las discusiones se están celebrando en medio de un ambiente de confianza y optimismo. Al frente de los negociadores del Gobierno está Otty Patiño, un exguerrillero del M-19, el grupo armado en el que militó Petro. A su lado tiene a José Félix Lafaurie, presidentes de los ganaderos y representante del ala más derechista de Colombia. Ha sido la forma que ha ideado Petro para incorporar a la mesa de negociación a una parte del país que desconfía de los acuerdos de paz con las guerrillas y que hasta ahora ni siquiera reconocía la disolución de las FARC. Por los pasillos del hotel Humboldt, donde se lleva a cabo el diálogo, se ha visto charlar animadamente a Lafaurie con el jefe de negociadores del ELN, Pablo Beltrán. Una imagen insólita. El ELN lleva más de 60 años en la lucha armada. Seis presidentes antes que Petro negociaron con la organización sin mucho éxito. En el Gobierno se confía en que esta vez sea la definitiva. Que en el poder haya un presidente y una vicepresidenta de izquierdas facilita el entendimiento. Los dirigentes de la guerrilla aseguran que en Colombia se está produciendo un cambio tras la victoria de Petro del que ellos quieren formar parte. Los primeros acuerdos básicos ya se han alcanzado, ahora falta discutir asuntos de más profundidad, como la entrega de armas. Eso llevará bastante más tiempo. Fuente: El País  

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