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Ecuador: octubre 10, 2024

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Ecuador, octubre 10, 2024
Ecuador Continental: 03:53
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La frontera de México y Estados Unidos cierra uno de sus años más mortales

El País .- El número de muertes en el cruce terrestre más peligroso del mundo amenaza con superar los 560 fallecimientos documentados el año pasado El viaje al norte de una mujer de 20 años terminó de forma trágica en septiembre. Los agentes de la Patrulla Fronteriza la encontraron “boca abajo sobre la arena” a las 10.00 cerca de una autopista de Nuevo México. Los coyotes (los traficantes de personas) que la habían cruzado a Estados Unidos la habían abandonado la noche anterior. La mujer fue trasladada a un hospital, donde murió tres días después en el área de cuidados intensivos. En agosto, el intenso calor de Texas deshidrató a un hombre, ciudadano mexicano, hasta el punto de provocarle convulsiones y problemas para respirar. Falleció horas después. Un hondureño de 20 años se ahogó en el río Bravo en verano, cerca de donde las autoridades de Texas instalaron un polémico muro flotante de boyas para reducir el flujo de inmigrantes. Estas son solo algunas de las muertes de inmigrantes documentadas recientemente. Los sucesos son recogidos discretamente por la prensa local, muchas veces con muertos anónimos. Los cuerpos son difíciles de identificar porque los migrantes hacen el último tramo del viaje sin papeles. El chico ahogado en el río fue identificado por sus tatuajes. Su madre, quien aguardaba noticias en un albergue de México, fue quien los reconoció cuando agentes le mostraron fotografías. Estas historias llegan a cuentagotas, pero conforman un mar de víctimas en la frontera de México y Estados Unidos durante 2023, que amenaza con convertirse en uno de los más mortales. El sector de El Paso de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo aseguró hace algunas semanas que se habían registrado 148 muertes durante el año fiscal 2023, que va de octubre de 2022 al último día de septiembre de 2023. La cifra casi duplica los 71 fallecimientos en el año fiscal 2022, que ya había tenido un importante flujo migratorio. De acuerdo a las autoridades, la mayoría de las muertes ocurrieron entre mayo y septiembre, cuando se registran altas temperaturas en una inmensa zona semidesértica que se extiende desde El Paso, en el oeste de Texas, hasta los límites de nuevo México y Arizona. Las 148 muertes no suman las que se registran en otros sectores de vigilancia de la Patrulla Fronteriza, como son Tucson (Arizona), San Diego (California) y el del Valle del río, otra zona de Texas de intenso flujo migratorio. Ha sido un año cruento para un sector que documentó seis muertes en 2017. La crisis de 2023 ha dejado también un importante incremento en el número de mujeres fallecidas, con 84. En 2021, en cambio, fueron 35. Las cifras pueden aumentar, pues son preliminares. Los fallecimientos contabilizados en el sector de El Paso representan un considerable porcentaje respecto a los de 2021, las cifras oficiales más recientes. La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo informó aquel año de 560 muertes ocurridas en ese año fiscal en los más de 3.000 kilómetros de frontera común. Con más de 2,4 millones de encuentros registrados en 2023, el año ha fijado récords de cruces irregulares. El incremento del flujo migratorio ha provocado un tira y afloja entre Washington y México que los gobiernos discutirán este miércoles en una nueva reunión de alto nivel. La crisis ha generado también una preocupante situación humanitaria que sigue deteriorándose. La ONU calificó la ruta terrestre de México a Estados Unidos como la más mortal para los migrantes. Naciones Unidas afirmó que el año pasado 686 inmigrantes fallecieron o desaparecieron en su intento de llegar a la potencia de Norteamérica. Casi la mitad de estos fallecimientos están vinculados a cruces que utilizan caminos en los desiertos de Sonora y Chihuahua, rutas cada vez más peligrosas en un mundo cada vez más caliente. Cuando se suman las muertes de otros tramos, como el paso por la selva del Darién y rutas marítimas por el Caribe, la cifra se eleva a 1.457 muertos, para hacer de 2022 el año más mortal en los registros de la organización. La agencia internacional advierte de que el número real de víctimas puede ser superior. “El número de 2022 puede ser más alto de lo que sugiere la información disponible porque hacen falta datos oficiales, incluidos informes de los forenses de condados fronterizos de Texas y de la agencia mexicana encargada de búsqueda y rescate de desaparecidos”, afirmó en septiembre la Organización internacional para las migraciones (OIM). La Universidad de Texas coincidía en 2020 con la OIM, al afirmar que los datos en manos de la Patrulla Fronteriza estaban incompletos, pues no incluyen las muertes de quienes se ahogan en el río Bravo y cuyos cuerpos terminan del lado mexicano. El informe académico asegura que más de 3.200 migrantes han muerto intentando cruzar al sur de Texas desde 1990. A la espera de cifras oficiales más recientes, los antecedentes son preocupantes. A lo largo de 2022, el consulado de México en San Diego documentó 42 muertes de mexicanos que intentaban cruzar por Tijuana. Dos años antes, solo se habían registrado 16 en esa zona. Los accidentes y muertes crecieron en esa zona junto al muro fronterizo de Donald Trump. La muralla pasó en esa Administración de 5,1 metros de altura a 9,1, lo que disparó los ingresos hospitalarios por fracturas, lesiones y golpes. Ocho de cada 10 migrantes que llegaban al hospital culpaban a la obra trumpista.

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El 2023 cerrará con el mayor número de ecuatorianos detenidos en la frontera de EE.UU.

Primicias .- Entre enero y noviembre de 2023, un total de 107.848 migrantes ecuatorianos han sido detenidos en la frontera de México y Estados Unidos. La cifra duplica a la de todo el 2022. Las duras restricciones en la frontera de México y Estados Unidos no evitaron que miles de migrantes ecuatorianos intenten cruzar el muro durante 2023. Un total de 107.848 compatriotas fueron detenidos en ese territorio, entre enero y noviembre de este año. Así lo muestran las cifras de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. A falta del reporte de diciembre, 2023 ya es el año con el mayor número de ecuatorianos “encontrados” o detenidos. “Encuentros” es el término que usan las autoridades estadounidenses para referirse a las detenciones en sus fronteras. La cifra de este año casi duplica a la de 2022, que cerró con 58.297 migrantes ecuatorianos detenidos y supera al 2021, en el que se destapó la nueva crisis migratoria que vive Ecuador. En 2021, un total de 90.275 ecuatorianos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza. La mayoría de los “encuentros” ocurrieron antes de septiembre. Ese mes, México impuso nuevamente la visa a los ecuatorianos, debido al alto número de compatriotas que no retornaban. Pero esa medida logró frenar la migración por corto tiempo. Los primeros meses de 2022 hubo pocas detenciones, pero, con el paso del tiempo, las cifras volvieron a crecer de forma significativa. En mayo de 2023, Estados Unidos eliminó el Título 42, una ley implementada en el gobierno de Donald Trump, durante la pandemia, que permitía expulsar de inmediato a los migrantes. A partir de entonces, rige el Título 8, que tiene medidas más estrictas. El Título 8 es una de las medidas con las que el gobierno de Estados Unidos pretende frenar la migración. A pesar de la vigencia de esta ley, en el segundo semestre de 2023 es cuando más ecuatorianos han sido detenidos. Desde julio, las detenciones superan las 10.000 y han llegado a 15.000.

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Una nueva caravana migrante parte desde el sur de México en Navidad y avanza hacia la frontera con Estados Unidos

El País .- Miles de personas atraviesan el país pocos días antes de que en la capital se lleve a cabo una cumbre entre representantes de México y EE UU para abordar con urgencia el problema migratorio. Comenzaron su andanza la víspera de Navidad, mientras la mayoría de las familias mexicanas se preparaba para reunirse en sus casas al calor de una cena y una bebida. Una nueva caravana de personas migrantes partió la mañana del domingo de Tapachula, en el sureño Estado de Chiapas, y ya en Navidad seguía marchando con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos para cruzar. Las crónicas de los diarios y las agencias señalan que se trata de una multitud de alrededor de 8.000 personas procedentes principalmente de países de Centro y Sudamérica. Vienen familias completas y personas en solitario, mujeres con sus hijos, hombres jóvenes y adolescentes. Una nueva caravana de gente expulsada de sus países por la pobreza y la violencia intentando una mejor suerte en EE UU. Justo este miércoles se llevará a cabo una cumbre bilateral entre altos funcionarios de México y Estados Unidos para abordar otra vez estrategias de contención de la migración. Dos agendas, la de las autoridades y la de la gente necesitada, se cruzarán en el tiempo esta semana. Los migrantes han bautizado esta caravana como “Éxodo de la pobreza”. Lejos de sus hogares, estas personas hicieron una parada la noche del domingo en un parque y recibieron alguna comida de parte de iglesias y vecinos de Chiapas, según reporta la agencia AP, que ha añadido que elementos de la Guardia Nacional y la policía local han seguido el avance de la marcha sin intervenir. “Hemos caminado mucho. Honestamente, no sé cuántos kilómetros. Mi hija no puede caminar más. La cargo en mis brazos porque necesita descansar, tiene solo tres años, y no está bien, está enferma”, ha dicho un hombre procedente de Honduras a Reuters. “El presidente de Estados Unidos debería ayudarnos como migrantes. En realidad, varios de nosotros solo vamos a EE UU por cinco, seis, siete años y regresamos a nuestros países. Por esta razón, le pedimos a Joe Biden que nos ayude”, dijo a esa agencia otro hombre hondureño. Los flujos migratorios desde Centro y Sudamérica han sido extraordinarios y han prendido las alertas de las autoridades de México y Estados Unidos. Entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, la cifra de migrantes detenidos en los cruces fronterizos con EE UU creció un 31%, al pasar de 53.016 a 69.462 detenciones, de acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés). El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estimado que un tercio de los migrantes son mexicanos. Las respuestas de las autoridades de EE UU para contener los flujos migratorios han sido drásticas y han amenazado las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países. Una medida ha sido el cierre de tres puestos fronterizos por parte de Washington de forma unilateral. Otro ejemplo es la promulgación de una dura ley antimigrante por parte del Gobierno de Texas que permite a las autoridades locales detener y deportar a México a personas sin papeles. La Administración de López Obrador ha alzado la voz contra estas medidas y ha exigido que se replantee el enfoque con el que se aborda el fenómeno migratorio. El asunto ha escalado y ya ocupa un sitio prioritario en la agenda de la relación bilateral. La semana pasada, López Obrador y Biden sostuvieron una llamada oficial a solicitud del mandatario estadounidense para hablar del tema. En la comunicación, el Gobierno mexicano “insistió en la necesidad de reabrir a la brevedad los cruces fronterizos para garantizar los dinámicos flujos comerciales y potenciar la relación económica”, detalló en un comunicado. La Casa Blanca, por su parte, matizó “que se necesita con urgencia medidas de cumplimiento adicionales para que se puedan reabrir los puertos de entrada clave a través de nuestra frontera compartida”. Los jefes de Estado acordaron que una comitiva de altos vuelos de EE UU visitase México y sostuviese este miércoles una reunión con el presidente López Obrador. La delegación será encabezada por el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, y contará con la participación del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall. Es previsible que en ese encuentro se detallen las “medidas de cumplimiento adicionales” requeridas por Washington para ceder a la petición del Gobierno mexicano de que se reabran los puntos de paso en la frontera. La Administración de López Obrador ha mantenido una posición de rechazo a las políticas coercitivas para contener la migración, y ha demandado a Estados Unidos una mayor colaboración para resolver las causas estructurales que motivan la salida masiva de personas de sus países de origen y sus intentos por llegar a EE UU, aun con los enormes riesgos que significa atravesar México de manera ilegal. López Obrador ha ofrecido a los gobiernos de países expulsores —especialmente Venezuela, Honduras, Belice y Colombia— dirigir inversiones a esos territorios para financiar programas sociales y de trabajo. El Gobierno mexicano ha indicado que en la reunión bilateral del miércoles se insistirá a la delegación estadounidense en avanzar en esa agenda de soluciones estructurales. “No comprenden que uno tiene necesidad de salir adelante. ¿Por qué no nos pueden ayudar, dar la mano? Necesitamos apoyo de ellos [los gobiernos]”, declaraba a AP una mujer hondureña que iba en la caravana con un niño de siete años. “Esta travesía ha sido bien fuerte para nosotros los migrantes. Necesitamos ayuda de Migración y del gobierno, que se pongan la mano en el corazón y nos den un salvoconducto”, decía a la agencia una mujer venezolana. La multitud migrante seguirá su curso por territorio mexicano. Habrán avanzado cientos de kilómetros para cuando llegue Año Nuevo. Como ha ocurrido en esta Navidad, la festividad pasará ajena para ellos, de lado, como un camión raudo que rebasa indiferente.

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Miles de migrantes, a la intemperie en Eagle Pass en plena crisis migratoria entre México y EE UU

El País .- La ciudad texana retiene a unas 5.000 personas que esperan ser procesadas por las autoridades. Biden y López Obrador acuerdan endurecer el control en la frontera La crisis humanitaria que se vive día a día en la frontera entre México y Estados Unidos ha encontrado un nuevo foco. Miles de migrantes —entre 3.000 y 5.000 de acuerdo con estimaciones no oficiales— duermen a la intemperie este jueves en la ciudad texana de Eagle Pass, que conecta a través de un puente internacional con Piedras Negras, Coahuila, en el lado mexicano. El cruce es uno de los puntos calientes de la línea y, en los últimos días, ha visto aumentar el flujo de personas que tratan de llegar a EE UU. Las autoridades estadounidenses están concentrando en un terreno baldío a las afueras del municipio a los migrantes, que pasan la noche con el único abrigo de una manta térmica a la espera de ser procesados por los agentes fronterizos. La imagen, una estampa más de la desprotección y vulnerabilidad de la población migrante que viaja entre México y EE UU, llega el mismo día en que los presidentes de ambos países, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, han mantenido una llamada telefónica en la que han acordado endurecer el control en la frontera. El anuncio se produce después de que el mandatario mexicano reconociera un aumento inusual de cruces irregulares, que han crecido un 31%, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés). Una delegación encabezada por Antony Blinken, secretario de Estado en EE UU, visitará México en los próximos días para trazar una nueva estrategia de contención. La crisis migratoria tiene dos caras. Por un lado, las decisiones políticas tomadas entre ambos Ejecutivos, siempre orientadas a apretar el puño para repeler la migración. La estrategia no es nueva, responde a la tónica general de los últimos años, denunciada hasta la saciedad por vulnerar los derechos humanos de los migrantes por innumerables oenegés y organizaciones humanitarias. Del otro lado, están los rostros que sufren las medidas: más de 250.000 personas solo este diciembre —según CBP—, la mayoría originarios de Centroamérica, Sudamérica y el mismo México, que huyen de la pobreza, la desigualdad y la violencia estructural, para encontrarse en la frontera estadounidense con un muro de contención, además de un recorrido por territorio mexicano plagado de asaltos, violaciones, secuestros o abusos de poder de la policía. El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, ha calificado la situación de insostenible y acusa el total descontrol en el cruce fronterizo. Salinas ha denunciado repetidamente a la Administración Biden de “abandonar” la comunidad a su suerte. Este septiembre, declaró el Estado de emergencia después de la entrada de 5.000 migrantes. A finales de noviembre, bloqueó el paso de vehículos desde Piedras Negras, una medida que buscaba reasignar a los agentes de tráfico a tareas de control migratorio para descongestionar el flujo irregular. Este jueves, la circulación continuaba cortada en el Puente Internacional 1 y reducida a un carril en el Puente Internacional 2, con filas de coches de ocho kilómetros, de acuerdo con Univision. El municipio también suspendió el movimiento de trenes. El recorrido infernal de los migrantes por México Imágenes de hacinamiento como las que se ven este jueves en Texas se repiten cada pocas semanas en los puntos calientes de la frontera, desbordada por un flujo constante que no consigue frenar ninguna de las políticas oficiales. Los centros de detención de migrantes en EE UU se encuentran colapsados muy por encima de sus capacidades. Solo el del sector El Río, que incluye Eagle Pass, mantiene retenidos en estos momentos a 5.200 personas, un 256% por encima de sus capacidades, según el canal de televisión NewsNation. Entre Texas y Arizona suman al menos 18.500 migrantes arrestados. En la tarde del jueves, después de la llamada con López Obrador, Biden ha hecho un llamamiento en la red social X (antes Twitter). “Se necesitan urgentemente más medidas para reabrir los puertos de entrada claves en nuestra frontera compartida”, declaró el mandatario, presionado por el impacto de los cierres fronterizos en algunos sectores de la economía estadounidense —una erosión que también acusan los empresarios mexicanos—. Biden, que busca la reelección en 2024, llegó al cargo hace tres años con la intención de “humanizar” la gestión en la frontera. El discurso se contraponía al del anterior mandatario, Donald Trump, que criminalizó sistemáticamente los procesos migratorios. Biden se encontró, sin embargo, con una crisis de magnitudes inesperadas, y ha acabado endureciendo las medidas de Trump ante los fuertes ataques de la oposición y Estados como Texas, que recrudece las leyes antimigración cada poco. México, por su parte, se encuentra en un delicado equilibrio, obligado a maniobrar entre las exigencias estadounidenses de un control más férreo y las constantes denuncias de las asociaciones de derechos humanos por su trato a los migrantes. El Gobierno prometió una reforma humanizadora de la estrategia migratoria, después del incendio de una cárcel para extranjeros del Instituto Nacional de Migración (INM) en el que murieron 40 personas. Además de Blinken, varios funcionarios estadounidenses, como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, viajarán a México en los próximos días para reunirse con López Obrador y abordar el problema. Mientras tanto, ajenos a las conversaciones políticas, el flujo migratorio continúa creciendo en la frontera, a la espera de un hipotético visado o un despiste de las patrullas.

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Rescatan a migrantes ecuatorianos en el mar Caribe

Primicias .- Un total de 25 migrantes ecuatorianos, venezolanos y colombianos viajaban en una embaración con destino a Centroamérica. Las autoridades colombianas rescataron a 25 migrantes ecuatorianos, venezolanos, y colombianos cuando viajaban en una embarcación en aguas del archipiélago de San Andrés, en el mar Caribe. La Armada Nacional de Colombia detalló este miércoles 20 de diciembre que la embarcación en la que viajaban estas personas fue interceptada por guardacostas. El grupo de migrantes rescatados está integrado por 11 venezolanos, nueve ecuatorianos y cinco colombianos, entre ellos había ocho menores de edad. Los rescatados fueron llevados a la Estación de Guardacostas de San Andrés para verificar su estado de salud. Luego, fueron puestos a disposición de funcionarios de Migración Colombia. Mientras que los menores de edad se entregaron a la Comisaría de Familia Departamental, agregó la Armada en un comunicado. El barco era conducido por dos isleños que pretendían llevar a los migrantes a Centroamérica a pesar de “las condiciones meteomarinas adversas propias de la época de fin de año”. Los dos tripulantes de la embarcación fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Uno de ellos era reincidente en este tipo de delitos. La ruta migratoria por el archipiélago de San Andrés se ha activado este año debido al gran número de personas que cruzan por la selva del Darién, que separa a Colombia de Panamá, que ya supera las 400.000 personas, y la peligrosidad de la travesía por esta densa y montañosa selva. Por ello, ha aumentado la cantidad de personas que intentan llegar desde las islas colombianas a los siete países centroamericanos que comparten costas, en un aumento también del tráfico de migrantes. #colombia #Embarcación #Migración #migrantes ecuatori

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Migrantes ecuatorianos malviven en el peligroso desierto de California

Primicias .- Los ecuatorianos están entre un numeroso grupo de migrantes que aguarda en campamentos improvisados hasta ser procesados por las autoridades de Estados Unidos. Cientos de migrantes que llegan a diario a la frontera sur de Estados Unidos se amontonan en campamentos improvisados en medio del desierto de California, plagado de serpientes y escorpiones. Activistas han definido a estos inéditos campamentos, que se ubican a los pies del muro entre Estados Unidos y México, como centros de detención a cielo abierto. En esas condiciones, los migrantes esperan por días para ser procesados por las autoridades migratorias, que dicen no tener capacidad institucional para ir más rápido. Cuando los migrantes llegan, reciben una banda marcada con el día de ingreso y “les dicen que se tienen que quedar aquí hasta que alguien los recoja“, contó una activista a la cadena internacional de noticias Univisión. Sólo en tres de estos asentamientos en Jacumba, una pequeña localidad en el suroeste de California, unos 800 migrantes aguardan a diario. Familias ecuatorianas llegan a los campamentos Entre los cientos de migrantes que llegan a ese desierto están los ecuatorianos. Uno de ellos relató a la cadena Univisión que fue extorsionado por un grupo delictivo y que eso lo llevó a migrar. A Carla, embarazada de ocho meses y que emprendió el viaje por miedo a la violencia y la crisis económica en Ecuador, le hace ilusión que su bebé tenga un mejor futuro si nace en Estados Unidos. “No quiero que sufra como yo. Yo he sufrido”, contó a la AFP, acurrucada con su esposo cerca de una hoguera. “Sé que voy a sufrir un poco más, pero sé que va a valer la pena”. Solo en octubre de 2023, 1.195 ecuatorianos fueron encontrados por la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego, California, según datos de la institución. De ese total, 411 ecuatorianos viajaban en grupos familiares. Además, hay un grupo de 50 menores no acompañados. En octubre, un total de 12.154 ecuatorianos han sido detenidos a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. Además de los ecuatorianos, la mayoría de los migrantes que acampan en Jacumba son chinos o turcos, pero también hay ciudadanos de Uzbekistán, Afganistán, Colombia y Perú. Sin agua, comida y baños Bajo un sol inclemente de día y temperaturas bajo cero de noche, adultos y niños se resguardan en tiendas maltrechas y arman hogueras con ramas y piedras que impregnan todo con olor a quemado. “Son advertidos de que si salen de estos campos serán deportados (…) Pero la patrulla fronteriza no les da comida, agua, refugio o asistencia médica”, dijo Pinheiro. La ONG Al Otro Lado, junto con otras organizaciones, les llevan alimentos, agua y cobijas, cargadores eléctricos y les brindan atención médica. Pero temen quedarse sin recursos pronto. Ni siquiera tenían acceso a baños. Ahora solo disponen de dos baños portátiles sucios. “La patrulla fronteriza nos dijo que esta es la nueva normalidad“, comentó a la AFP Erika Pinheiro, directora ejecutiva de la ONG Al Otro Lado. Pinheiro afirma que las autoridades los mantienen allí confinados mientras liberan espacio en los centros de procesamiento. Un adolescente de 13 años murió el sábado en un accidente, y los activistas temen que ocurran otras tragedias.

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México ordena suspender las deportaciones de migrantes por falta de presupuesto

El País.- El director del Instituto Nacional de Migración ordena interrumpir los traslados y devoluciones, de acuerdo con información de la agencia AP El Instituto Nacional de Migración (INM) ha ordenado suspender este mes las deportaciones de migrantes debido a “la falta de liquidez para cubrir los compromisos adquiridos”, señala un documento interno de la dependencia publicado por la agencia AP, que no se había divulgado de manera pública. Según la circular de Migración, la secretaría de Hacienda suspendió los pagos el mes de noviembre a causa de ajustes en el presupuesto para finales de año, lo que habría dejado al Instituto sin liquidez para cubrir los traslados y devoluciones de personas migrantes hasta el año que viene. La suspensión temporal de estas actividades significa que Migración no llevará a cabo ninguna deportación a los países de origen de las personas detenidas desde ningún punto del país. Esto incluye a la frontera con Estados Unidos, punto desde el que se suele trasladar a un gran número de personas al centro y sur del país, para descongestionar uno de los lugares donde más personas se congregan. “Con el fuerte recorte del presupuesto del INM durante el último mes del año, es probable que México dependa en mayor medida de la Guardia Nacional para la gestión de la migración, una misión para la que apenas están preparados”, indicó a AP, Adam Isacson, analista de inmigración de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Las deportaciones aumentaron durante octubre, justo después de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reactivara el retorno obligatorio de ciudadanos de Cuba y Venezuela. De enero a noviembre de 2023 se batió un récord en las solicitudes de asilo en el país. Casi 137.000 personas pidieron quedarse en México a la espera de poder cruzar a Estados Unidos. La cifra más alta registrada era 2021, cuando las peticiones de asilo no llegaron a las 130.000.

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Desarticulan a La Agencia, organización que llevaba ecuatorianos a EE.UU. por el Darién

Primicias .- Cinco militares, un funcionario de Migración de Colombia y otra veintena de personas fueron capturadas por presunto tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. La organización criminal se conoce como La Agencia. Según la Fiscalía colombiana, esta agrupación se encargaba de gestionar la salida irregular de ciudadanos colombianos, ecuatorianos y de otras nacionalidades rumbo a Australia, Canadá y Estados Unidos. Los uniformados vinculados a esta red son miembros activos de la Armada colombiana, señalados de “omitir” controles y de informar a los coyotes o traficantes sobre la ubicación de naves en patrullaje para facilitar el tránsito de las embarcaciones, precisó el ente investigador. De su lado, el funcionario de la autoridad migratoria es investigado por sellar pasaportes de extranjeros a cambio de dinero en un puesto de control cercano a la selva del Darién, la peligrosa frontera natural entre Colombia y Panamá. Los ecuatorianos se convirtieron en la segunda nacionalidad que atraviesa la peligrosa selva del Darién. En los primeros siete meses de 2023, 34.357 ecuatorianos atravesaron la frontera colombo-panameña. En total fueron capturadas 24 personas en ocho ciudades de Colombia, imputadas por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, cohecho, lavado de activos y uso de documentos falsos. El ‘trabajo de La Agencia Bautizada como La Agencia, la red ofrecía una ruta en lancha desde la caribeña isla de San Andrés (norte), cercana a Nicaragua, que recibe cerca de un millón de turistas al año. En poco más de un año 200 migrantes irregulares, entre “chinos, vietnamitas, ecuatorianos y venezolanos” han sido ubicados en aguas de San Andrés y Nicaragua, según la Fiscalía colombiana. Se trata de una ruta reciente y más costosa que les evita atravesar Panamá y Costa Rica. En redes sociales se han identificado publicaciones de supuestos coyotes que promocionan este trayecto. Según Migración, la red transportaba a los migrantes desde diferentes ciudades colombianas hasta San Andrés o el Golfo de Urabá, la última parada antes del Darién. Cientos de miles de caminantes llegan cada año a este punto bajo el control del Clan del Golfo, la mayor banda narco del país. Para cruzar hasta la línea fronteriza pagan desde USD 170 hasta 500, si se trata de una “ruta vip” que incluye transporte en mula, lancha y otras “comodidades”. “Las personas que salían por estas dos rutas eran esperadas en México” para continuar su travesía hasta la frontera con Estados Unidos, relató la Fiscalía colombiana.

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Chile expulsa a migrantes venezolanos a través de vuelos comerciales: esperan reagendar con Caracas la salida de más extranjeros en condición irregular

El Universo .-  Gobierno de Gabriel Boric espera acordar con el Ejecutivo venezolano las expulsiones administrativas. El Gobierno de Chile retomó la expulsión de extranjeros, entre ellos venezolanos, en condición irregular o con pasado delictivo. Hace una semana, el jueves 23 de noviembre de 2023, la ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, manifestó que un avión con 60 migrantes venezolanos expulsados de Chile no pudo despegar porque el Gobierno de Venezuela “no autorizó” la salida del vuelo y el aterrizaje en su territorio. Desde Caracas no hubo respuesta, al menos de manera pública. Y Chile adelantó que habría contactos diplomáticos para avanzar en el tema. Esta semana se conoció que algunos venezolanos fueron expulsados de suelo chileno al ser enviados en vuelos comerciales. Según la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), al menos 7,7 millones de venezolanos han migrado de su país y unos 444.000 se han establecido en Chile, reseñó un Yahoo News con datos de Reuters. A las declaraciones de Tohá se sumó el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve: “Se había corroborado su identidad, se había contratado el avión para expulsarlas (…) pero una sola decisión de la autoridad aeronáutica venezolana echó todo por tierra porque dijo, no, no los autorizo a volar a Venezuela”, divulgó la agencia Reuters citando el noticiero chileno 24 Horas. El mismo Monsalve, el 23 de noviembre, informaba que alista un viaje a Venezuela que espera poder concretar –dijo– antes del 15 de diciembre para llegar a acuerdos con el Gobierno de Nicolás Maduro en esta materia. “Se están haciendo todos los esfuerzos para reponer diálogos diplomáticos, tener conversaciones de seguridad, proponer acuerdos y reunirnos presencialmente con ellos “, precisó el subsecretario sobre el estado de las gestiones, publicó EFE. Medidas sobre migración irregular en Chile Días antes, el domingo 19 de noviembre, Monsalve hizo públicas nuevas medidas para “facilitar” las expulsiones de migrantes indocumentados. Esas giran en torno de “fortalecer las capacidades de control migratorio y de expulsión” y detalló –explicó EFE- que el Gobierno utilizará “una facultad que la Ley de Migraciones entrega al subsecretario del Interior de expulsar cuando se considere que hay riesgo para la seguridad interior”. Chile busca blindarse para frenar la inseguridad y por eso Monsalve señaló que se intentará modificar la facultad de la Policía de Investigaciones (PDI) para permitir a la PDI el ingreso al domicilio para detener a quien ya tiene una orden de expulsión decretada, y que el plazo de la apelación de quien será expulsado se reduzca de 10 a 5 días, continuó EFE. Vuelos comerciales y expulsión de venezolanos Es polémico el tema de la inseguridad en Chile. Según las autoridades, recordó la agencia informativa española, en las últimas semanas se han producido varios secuestros extorsivos y el ataque con una granada contra una policía, con personas extranjeras implicadas en todos los casos. Desde la oposición –publicó EFE hace una semana- “han advertido que si el Ejecutivo no expulsa antes de fin de año a 12.000 migrantes que ya tienen orden de expulsión, presentarán una acusación constitucional contra la titular de Interior”. En BíoBío, el lunes 27 de noviembre señalaron que, tras el impasse con el avión, “una de las dudas que dejó dicha circunstancia es qué pasaría con aquellos migrantes que tenían orden de expulsión vía administrativa”. Monsalve aclaró la situación: “Los que estaban en dependencias de la Policía de Investigaciones, algunos ya fueron subidos en vuelos comerciales” y otros se concretarían el mismo lunes. “Las que estaban detenidas son expulsadas en vuelos comerciales, ya fueron expulsadas”, explicó Manuel Monsalve. En El Nacional citaron unas declaraciones de una ministra vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo: “Las expulsiones administrativas están a la espera de poder reagendar los vuelos y en torno a eso se ha estado trabajando y esperamos que sea lo antes posible”. Vallejo dijo que “a través de la Cancillería hemos transmitido como Gobierno, con mucha fuerza, al canciller venezolano lo importante que es para nuestro país concretar las expulsiones”. Explicó a T13, a comienzos de semana, que de los 12 considerados para expulsiones administrativas, 4 ya fueron expulsados mientras que otras 4 personas están con su proceso pendiente por recursos de amparo. Ese medio chileno reseñó que “se compraron 13 pasajes para vuelos comerciales” que saldrían, esta semana, con destino a Venezuela. Todas las personas con orden de expulsión judicial, acotaban, “se mantienen privadas de libertad en distintos penales del país”.

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Ecuador se volvió un paso migratorio para ciudadanos asiáticos

Primicias .- Desde la Terminal de Carcelén, en Quito, salen a diario decenas de asiáticos hacia Tulcán, para continuar su viaje por tierra hacia América del Norte. En la sala de vacunación del Centro de Salud N°1, del Centro histórico de Quito, hay una nota con letras en mandarín pegada sobre una cartelera, que advierte a mujeres embarazas o lactantes que no pueden vacunarse contra la fiebre amarilla. Son las 9:30 del lunes 20 de noviembre y, afuera del consultorio, aguardan sentados al menos 10 personas de origen asiático, con mascarillas. Los últimos que van llegando esperan de pie, recostados sobre una pared de color amarillo, en la que se lee “sala de espera”. Un piso más arriba del área de vacunación, hay otras 20 personas de origen asiático, entre ellos una niña. Varios llevan consigo mochilas grandes y pesadas, e incluso pequeñas maletas de ruedas. Usan ropa cómoda y holgada, zapatillas deportivas, suéteres, chompas y gorras. Algunos cargan pasaporte en mano, pues en este piso entregan sus datos personales antes de ser vacunados. El traductor del celular es su medio de comunicación con el personal del lugar, quienes en ocasiones les responden con señas o, incluso, en español. El certificado de vacunación contra la fiebre amarilla es un requisito en algunos países de América Latina para ingresar a zonas de riesgo. En Colombia es exigido en algunos departamentos, mientras que en Panamá es recomendada para quienes visiten regiones como el Darién, un área selvática que a diario es atravesada por migrantes que buscan llegar hacia Estados Unidos. El 90% de las personas que llegan a diario a vacunarse contra la fiebre amarilla al Centro de Salud N°1, del Centro, son de origen asiático, en especial, chinos, cuenta una trabajadora, que prefirió reservar su nombre. A diario, el centro vacuna en promedio a unos 120 asiáticos, aunque hay días en que llegan a 200. La trabajadora dice que este flujo de personas de ese origen comenzó a verse desde hace unos seis meses. El centro abre a las 7:30, pero comienzan a llegar desde las 7:00 y meses atrás lo hacían a las 4:30. “Nos dicen que van hacia Colombia, otros a El Salvador o a Guatemala, y que en esos destinos les solicitan el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla”, comenta la trabajadora. En el sitio, hay cuatro personas dedicadas únicamente a atender a los asiáticos. Aunque desde hace dos meses, el carnet de vacunación es digital y pueden retirarlo en cualquier centro del Ministerio de Salud, los asiáticos continúan viniendo con mucha afluencia a este lugar, que anteriormente era unos de los que entregaba el certificado físico con validez internacional. En 2022, la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla en Ecuador se incrementó en 34%, con relación al año previo, llegando a 392.991 dosis o ciudadanos vacunados. Y en personas de 20 a 59 años, la cantidad de vacunados se triplicó, llegando a 127.558 personas. Mientras que, hasta octubre de 2023, se han inmunizado un total de 375.831 ciudadanos. Pero, solo entre los 15 y los 59 años de edad, las personas inmunizadas ya superan a todas las de 2022 en ese rango de edad, con 163.376 inmunizados, según el Ministerio de Salud. Aunque no es posible conocer la cantidad de vacunados por nacionalidad, las cifras dan cuenta de un incremento en la demanda de esta vacuna en jóvenes y adultos. Más chinos ingresan al país Entre enero y octubre de 2023 han ingresado a Ecuador 39.457 chinos, un incremento de casi 30.000 personas frente a iguales meses de 2022. Las salidas también se incrementaron, pero en menor medida, llegando a 19.458 chinos, según datos del Ministerio del Interior. Una de las razones de este incremento en las entradas es que ciudadanos de ese país están utilizando Ecuador como país de paso para emigrar hacia otros destinos, como Estados Unidos. La ventaja es que Ecuador no les exige visa de turismo para ingresar al país. La diferencia en la cantidad de chinos que llegan, con relación a los que salen cada mes, lo que se conoce como saldo migratorio, también revela que una parte estaría quedándose en el país o que retarda su partida hacia otro destino. Muy pocos vienen con planes de hacer turismo. El incremento en la entrada de chinos al país comenzó a verse desde mediados de 2022. Para el primer cuatrimestre de 2023, la nacionalidad con mayor incremento en el ingreso de sus ciudadanos a Ecuador fue la china. En mayo pasado, el subsecretario de migración de la Policía Nacional, coronel Fausto Iñiguez, confirmó a PRIMICIAS que los chinos estarían entre los grupos de extranjeros que ingresan al país con el fin de emigrar hacia Estados Unidos, casi siempre de manera riesgosa, “por vías irregulares”. Según un reportaje de la BBC, publicado en marzo de 2023, la solicitud de asilos de ciudadanos chinos pasó de 3.426 en 2011 a 87.599 solo en la primera mitad de 2022. Salen desde la Terminal de Carcelén La Terminal Terrestre de Carcelén, en el norte de Quito, es el punto de partida. Cada cierto tiempo llegan ciudadanos asiáticos que desean viajar hacia la ciudad de Tulcán, provincia de Carchi, para emprender su travesía hacia Norteamérica. Caminan con paso acelerado, sin perder tiempo, como quien desea salir pronto de un trámite. La mayoría llega en grupos de cinco o más personas. Pero también hay quienes parten solos. A las 8:15, del 11 de noviembre, un joven asiático compraba un pasaje en una taquilla de la terminal. No hablaba español, pero se valía del traductor de su celular para comunicarse con el vendedor. Llevaba puesto un calentador negro, chaqueta gris, zapatillas deportivos y una mochila en la espalda. Antes de cruzar hacia el lado de los autobuses, compró leche y agua para el camino, en un puesto de venta junto a los baños de la Terminal. A los pocos minutos, otros cuatro hombres asiáticos, tres jóvenes y otro de mayor edad, llegaron a la misma taquilla, a comprar pasajes hacia Tulcán. Dos cargaban mochilas en la espalda, uno llevaba una pequeña maleta de ruedas y, el cuarto, un pequeño maletín viajero cargado de un brazo. Compraron sus boletos y, sin perder tiempo, cruzaron por los torniquetes a tomar el autobús. Poco tiempo después, un grupo más grande, de unas seis personas asiáticas, entre ellas dos mujeres y una niña, también compró pasajes en otra taquilla.

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Solo 21.482 venezolanos en Ecuador tienen un empleo con afiliación al IESS

Primicias .- Se estima que en Ecuador existen 300.000 venezolanos, muchos laboran en la informalidad, sin contrato y sin afiliación al IESS. A junio de 2023, había 21.482 trabajadores venezolanos asegurados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Es una cifra de afiliados muy baja con relación al estimado de venezolanos que residen en el país. Tomando como referencia las entradas y salidas de venezolanos del país en los últimos cinco años, lo que se conoce como saldo migratorio, a octubre de 2023 había cerca de 300.000 venezolanos en el país. Son solo cifras referenciales, debido a que no todos los extranjeros registran sus entradas y salidas del país, por no contar con documentos actualizados. Por otro lado, el visualizador estadístico del Ministerio del Interior solo muestra datos a partir de 2017. De igual manera, no todos los venezolanos que residen en el país están en edad de trabajar, también hay niños y jóvenes. Pero las cifras evidencian que la gran mayoría de los venezolanos residentes en el país no laboran en el sector formal de la economía. Menos afiliados Y no solo eso, sino que la afiliación de los venezolanos al IESS viene cayendo. El registro de estos trabajadores asegurados ha tenido una disminución de 1.300 personas entre junio de 2023 y junio de 2021, según datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Para febrero de 2020, antes de la pandemia de Covid-2019, llegaron a haber 23.895 venezolanos con acceso a la seguridad social, siendo el momento de más alta afiliación de trabajadores de esa nacionalidad. Los venezolanos representan el 38% de los extranjeros afiliados al IESS. Y de los pocos que están en el mercado formal, 19.460 labora para el sector privado, mientras que 1.306 están en el público, según el INEC. En proceso de regularizarse José Loreto es un caraqueño de 31 años con cerca de dos años en Ecuador, que vende empanadas y café en calles del centro de Quito. Además, desde hace una semana ayuda a una tía a vender ropa en la calle para “redondear” sus ingresos. Al día, hace en promedio USD 15, dice que eso le alcanza para lo básico: comprar comida y pagar el alquiler de una habitación por USD 80. En Venezuela, Loreto se dedicaba a vender verduras en un mercado mayorista de una zona popular de Caracas. Salió hace tres años de su país por la inseguridad. Primero estuvo nueve meses en Medellín, Colombia. Pero, terminó en Ecuador atraído por el dólar. Ahora cree que “ha sido lo mismo que en Colombia, pero con diferente moneda”. Está en proceso de regularización, cuenta con permiso migratorio; pero aún no tiene visa de residente. Espera sacarla pronto para conseguir un empleo que le permita tener un sueldo seguro. Loreto desconocía sobre la existencia del IESS y los beneficios de los que podría gozar al estar afiliado. ¿Por qué ha caído la afiliación al IESS? El presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, Daniel Regalado, dice que la caída de venezolanos afiliados al IESS, es decir, los que están en el sector formal, se explica por varias razones. La principal es la salida de venezolanos de Ecuador en los últimos años. Regalado calcula que en los años más fuertes de la migración llegó a haber cerca de 475.000 venezolanas, pero cree que a la fecha estarían cerca de la mitad de esa cifra. Y aunque aún siguen ingresando, cada vez son menos. De hecho, según los datos del Ministerio del Interior, desde septiembre de 2019, antes de la pandemia, comenzó a ser mayor la salida de venezolanos que las entradas al país, cada mes. Entre las motivaciones por las que se van del país, según Regalado, están la xenofobia, la inestabilidad laboral, la inseguridad y, en general, la situación socioeconómica en Ecuador. La mayoría viaja a Estados Unidos, por vías irregulares. Otros regresan a su país, pero con planes de volver a emigrar a otros destinos como Europa, dice Regalado. Lento proceso de regularización El otro motivo de esta caída fue el cambio de visa con el cual los venezolanos podían permanecer temporalmente en el país, por razones humanitarias, y las demoras en el inicio del Registro de Permanencia Migratoria, habilitado por el Gobierno en 2022, explica Regalado. Anteriormente, los venezolanos podían solicitar una visa humanitaria, denominada VERHU, que tenía dos años de vigencia. Pero, una vez que caducaba la VERHU, muchas personas que no tenían los documentos al día o el dinero para solicitar una visa permanente quedaban en la irregularidad e incluso eran despedidas de sus trabajados, detalla el presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador. En septiembre de 2022, el Gobierno arrancó con retraso el Registro de Permanencia Migratoria, que le permitiría a los venezolanos y otros extranjeros contar con un certificado de registro migratorio y luego acceder a una visa. En principio, el proceso solo fue habilitado para los venezolanos que ingresaron de manera regular al país. Luego, en febrero de 2023, se abrió para los que ingresaron de forma irregular. Este proceso de regularización culminó el 15 de agosto. Con ese permiso migratorio, los venezolanos podían solicitar la Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (VIRTE), que tiene un costo de USD 50 y una vigencia de dos años. Y luego, sacar una cédula de extranjero. El plazo para solicitar esa visa se venció el 18 de agosto para quienes ingresaron de manera regular al país. Actualmente, solo pueden tramitarla los venezolanos que entraron de forma irregular y cuentan con el certificado de registro migratorio. Podrán hacerlo hasta el 5 de abril de 2024. Regalado aclara que la Visa VIRTE les permite laborar de manera regular, con contrato, pero cree que hay mucho desconocimiento de parte de los propios empleadores. “La mayoría de los venezolanos labora de manera independiente, son taxistas o tienen emprendimientos, porque en los trabajos que han tenido bajo relación de dependencia no han sido contratados, les pagan menos del básico y no tienen beneficios de ley”, comenta Regalado.

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Inmigrantes “duermen” frente a residencia del alcalde de Nueva York, Eric Adams

El Universo .- La ciudad de Nueva York enfrenta “una crisis humanitaria sin precedentes”, expresó un comunicado la oficina del alcalde. Un grupo de inmigrantes se tumbaron este jueves en el suelo, simulando dormir, frente a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, para advertir a su morador Eric Adams lo que pronto sucederá si la ciudad continúa con su política de eliminar el derecho al refugio que ha existido por cuatro décadas y deja en la calle a los´sin techo´. Los inmigrantes, que son parte de unas 120.000 personas de diversos países que han llegado a la ciudad en los últimos 18 meses, eran en su mayoría de África, y habían sido convocados por una coalición de organizaciones encabezadas por Comunidades Africanas Unidas y la Coalición del Inmigrante de Nueva York. “Si no vemos liderazgo por parte del alcalde con respecto a los recién llegados y el refugio, lo que veremos serán sacos de dormir aquí, gente durmiendo en el metro y en toda la ciudad”, advirtió el director ejecutivo de Comunidades Africanas, Amaha Kassa. Las organizaciones también criticaron la decisión de la Administración Adams de limitar a 30 días el tiempo que los inmigrantes pueden permanecer en los albergues creados en hoteles, carpas, y otras instalaciones. “El alcalde debe invertir en nuestras comunidades y fortalecer nuestra red de seguridad en lugar de atacar una ley que ha impedido que los neoyorquinos se queden en la calle”, afirmó por su parte, el director ejecutivo de la Coalición del Inmigrante, Murad Awawdeh. Adams ha dicho con insistencia que la llegada de miles de inmigrantes a la ciudad y la ley que obliga a darles refugio, ha drenado las arcas de la ciudad, que, aseguró, afrontará un déficit en 2024 de 2.000 millones de dólares. Para enfrentar esa crisis, Adams pidió a un tribunal que deje sin efecto el derecho al refugio y comenzó a limitar el derecho al refugio a un solo mes en el caso de los solteros. “Llevamos más de un año proponiendo soluciones humanas y que ahorran costes a nuestro sobrecargado sistema de albergues”, afirmó Awawdeh durante la conferencia de prensa, que se realizó en inglés, francés y español mientras los inmigrantes acampaban frente a la histórica residencia. Los grupos han propuesto además que se aumenten los fondos para asistencia legal para que inmigrantes puedan avanzar con sus solicitudes de asilo, y que las oficinas y hoteles que no están en uso sean convertidos en viviendas. Los inmigrantes portaban carteles con mensajes en árabe, inglés y español, como “alcalde Adams, proteja el derecho al albergue, protéjanos”, “Seguridad, dignidad, respeto” o “los inmigrantes son Nueva York”, mientras gritaban consignas al alcalde. Adams dio a conocer hoy que durante el año fiscal 2023 la ciudad ha invertido 1.450 millones de dólares para solventar la crisis humanitaria por la llegada de los inmigrantes y anunció recortes en el presupuesto a los servicios debido a esa situación, como ya había advertido.

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Estados Unidos anuncia los países elegibles para las visas de trabajo H-2A y H-2B

El Universo .-  Bolivia entró a la lista de países autorizados. Trabajar en Estados Unidos temporalmente es posible mediante las visas de trabajo H-2A y H-2B, designadas para empleos agrícolas y no agrícolas. En Latinoamérica, los ciudadanos de ocho países pueden acceder al permiso migratorio. Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras mantienen el permiso que ya les fue otorgado anteriormente por Estados Unidos, mientras que Bolivia entra a la lista este año. Para estos países se han reservado 20.000 visas, que permitirá a sus beneficiarios trabajar en diferentes industrias. “La asignación de visa suplementaria ayudará a abordar la necesidad de trabajadores estacionales u otros trabajadores temporales en áreas donde hay muy pocos trabajadores estadounidenses disponibles”, explica la página web de USCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. De acuerdo a esta entidad, los empleadores pueden reclutar a los trabajadores con las visas de trabajo siempre y cuando se demuestre que “no hay suficientes trabajadores estadounidenses que sean capaces, estén dispuestos, calificados y disponibles para realizar el trabajo temporal para el cual buscan un posible trabajador extranjero”. Los beneficiarios podrán residir y trabajar en Estados Unidos por un máximo de tres años, con este permiso. Para renovarlo, deben salir del país y estar al menos tres meses fuera para volver a pedir la visa de trabajo. Estos son todos los países elegibles para recibir las visas de trabajo Andorra Reino de Esuatini (Suazilandia) Madagascar Santa Lucía Argentina Fiyi Malta San Marino Australia Finlandia Islas Mauricio Serbia Austria Francia México Singapur Barbados Alemania Mónaco Eslovaquia Bélgica Grecia Mongolia* elegible para participar en el programa H-2B, pero no para el programa H-2A. Eslovenia Bolivia Granada Montenegro Islas Salomón Bosnia y Herzegovina Guatemala Mozambique Sudáfrica Brasil Haití Nauru Corea del Sur Brunéi Honduras Países Bajos España Bulgaria Hungría Nueva Zelanda San Vicente y las Granadinas Canadá Islandia Nicaragua Suecia Chile Irlanda Macedonia del Norte Suiza Colombia Israel Noruega Taiwán*** Costa Rica Italia Panamá Tailandia Croacia Jamaica Papúa Nueva Guinea Timor-Leste República de Chipre Japón Paraguay** elegible para participar en el programa H-2A, pero no para participar en el programa H-2B. Turquía Republica Checa Kiribati Perú Tuvalu Dinamarca Letonia Filipinas* elegible para participar en el programa H-2B, pero no son elegibles para el programa H-2A. Ucrania República Dominicana Liechtenstein Polonia Reino Unido Ecuador Lituania Portugal Uruguay El Salvador Luxemburgo Romania Vanuatu Estonia

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Venezuela trata de frenar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad

El País .- La Fiscalía de la corte rechaza los alegatos de los representantes de Maduro, que dicen no haber recibido el detalle de los delitos. Los jueces del TPI autorizaron la investigación ante la falta de avances judiciales en Caracas Los representantes legales del Gobierno de Venezuela se han opuesto este martes en la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) a que la Fiscalía de la institución reanude las investigaciones sobre abusos de los derechos humanos supuestamente cometidos en el país en 2017, y que pueden constituir crímenes contra la humanidad. Alegan no haber recibido información detallada por parte del fiscal, Karim Khan, sobre los delitos en cuestión, perpetrados durante las protestas antigubernamentales que se produjeron en el país sudamericano entre abril y julio de ese año y que causaron más de un centenar de muertos. La Fiscalía del TPI abrió una investigación formal en 2021 y firmó un acuerdo de colaboración con Maduro. Un año después, Caracas dijo que los jueces venezolanos estaban trabajando en el caso y, por lo tanto, el TPI debía retirarse porque solo puede actuar si el país en cuestión no puede o no quiere hacerlo por su cuenta. En 2022, sin embargo, el fiscal jefe, Karim Khan, pidió que se reanudaran las indagaciones ante la falta de avances en el país. Los delitos investigados incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, y fueron perpetrados durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en el país caribeño entre abril y julio de 2017. En ese periodo, el Tribunal Supremo había bloqueado las competencias de la Asamblea Nacional, que contaba mayoría opositora, y los venezolanos se lanzaron a la calle. Más de siete millones de ciudadanos han salido de su país desde 2015 huyendo de la crisis económica y la represión gubernamental, según Naciones Unidas. Al principio de la sesión de este martes, Ben Emmerson, uno de los abogados del Gobierno venezolano, aseguró que la Fiscalía “nunca señaló a funcionarios de alto rango sospechosos de alguno de los delitos que se pretenda investigar: no había edades, fechas o ubicaciones específicas de los incidentes, el colectivo o las personas responsables de los mismos”. Debido a que la información recibida era tan general, ha advertido de que “no se pudo responder de forma práctica como estaba previsto y era requerido”. En respuesta, la fiscal Nivedha Thiru dijo que su oficina no estaba obligada a entrar en detalles al principio de la investigación, pero los documentos remitidos a Caracas eran “específicos y suficientes para que el Estado [venezolano] conteste y el fiscal [del TPI] tenga flexibilidad para proteger a las víctimas y testigos dado el contexto”. Para reforzar sus argumentos, ha indicado que en las notificaciones remitidas a Caracas había “calendarios, el ámbito geográfico, el grupo de personas presuntamente responsables y el tipo de crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos”. A partir de ese momento, la sesión ha sido un continuo ir y venir de argumentos técnicos rebatidos por ambas partes, con especial énfasis rerspecto a la traducción al español de una serie de documentos considerados esenciales, pero desestimados. Venezuela hizo un envío en español para que fuesen tenidos en cuenta en lugar de hacerlo en francés o inglés, las lenguas de trabajo del TPI. El letrado Emmerson ha recordado que el español es una de las lenguas oficiales de este tribunal y “no es responsabilidad de Venezuela que la Corte ignorara la mayoría de las pruebas presentadas”. La Fiscalía ha respondido que Venezuela sabía que debía traducir esos escritos y que la Sala de Apelaciones no erró al no pedir la traducción, “porque los Estados deben aportar la información requerida en una de las lenguas en las que se trabaja”. Por otro lado, “la información sobre los cinco casos que Venezuela quiere que se admitan es muy limitada y poco específica y no permite al Tribunal señalar que las investigaciones nacionales avancen”. La apelación incluye a la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV en sus siglas en inglés), y su jefa, Paolina Massida, ha resumido así la postura de colectivo: “Les parece que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos”. Para sus representados, el contexto es esencial para definir un crimen contra la humanidad, “y si no se integra la investigación nacional no se puede decir que estén siendo analizados”. En septiembre de 2018, varios países pidieron al TPI la apertura de una investigación por supuestos crímenes contra la humanidad perpetrados en Venezuela desde febrero de 2014. El grupo estaba formado por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, y la solicitud iba acompañada de un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH). En ese escrito se documentaban los delitos que investiga la Fiscalía. La entonces fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, al frente de los exámenes preliminares de este caso, dijo en 2020 que existían “fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos que son competencia de esta corte”. En noviembre de 2021, un nuevo fiscal, Karim Khan, resolvió abrir una investigación para dirimir los crímenes que se hubieran podido cometer bajo el Gobierno de Maduro. Khan y Maduro firmaron un acuerdo de colaboración en Caracas, y el líder chavista advirtió de que “no compartimos la decisión, pero la respetamos”. Un año después, la Fiscalía recibió una solicitud venezolana para que la labor del TPI fuese aplazada en favor de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales. El principio de complementariedad, que convierte al tribunal en uno de último recurso si el país que puede ser investigado actúa por su cuenta, ha sido invocado también durante la apelación. “Venezuela, como Estado soberano, ya investiga y ha cooperado con el TPI”, ha afirmado el propio Emmerson. Desde 2017, unos 200 miembros de la policía y el Ejército han sido acusados y condenados por violaciones de los derechos humanos, según anunció el Gobierno venezolano el abril de 2022. Según la oposición, se hizo para evitar precisamente una investigación de la justicia internacional. En junio de 2023, y a la vista

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Impuestos inflados y cobros extraoficiales: Daniel Ortega hace negocios con los migrantes haitianos

El País .- El régimen sandinista ha encontrado en el éxodo masivo una forma de recabar efectivo al abrir las fronteras a decenas de miles de haitianos que usan Nicaragua como trampolín para llegar a Estados Unidos La pista del aeropuerto internacional de Managua, el Augusto C. Sandino, tuvo un mes de octubre intenso: en ella aterrizaron un promedio de 18 vuelos chárter al día provenientes, en su mayoría, de Haití. Vuelos cargados con miles de haitianos que usan Nicaragua como trampolín para llegar a Estados Unidos y evitar el brutal paso por la selva del Darién en Colombia y Panamá. Se trata de una oleada masiva en la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encontrado una manera eficaz de hacer negocios: ingresos por los aterrizajes de las aeronaves fletadas y una serie de cobros oficiales y extraoficiales a cada migrante; ganancias que se traducen en varios millones de dólares mensuales, de acuerdo con fuentes aeroportuarias y migratorias consultadas por EL PAÍS. Así como sucedió con los cubanos, Nicaragua no le exige visado de ingreso a los haitianos. Manuel Orozco, el experto migratorio del Diálogo Interamericano, señala en su más reciente informe que los datos de vuelos de agosto a octubre de 2023 apuntan a más de 260 aviones fletados que llegaron a Managua, es decir, alrededor de 30.000 haitianos. “Esto supone casi el 60% de todas las llegadas de haitianos a la frontera entre Estados Unidos y México. Algo similar ocurre con los vuelos de La Habana a Managua, que suman unos 50 vuelos mensuales durante 2023, es decir, 5.700 pasajeros de media al mes, el 40% del número de llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México”. El flanco más lucrativo del negocio migratorio de los Ortega-Murillo es el cobro de un impuesto de ingreso al país que imponen a los haitianos, pero que empezaron a aplicar también a los cubanos. Por norma general, todo extranjero al ingresar a Nicaragua “deberá cancelar un arancel turístico de 10 dólares americanos”. “Están exentos de dicho arancel los ciudadanos de los países del Convenio CA-4 (Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua)”, establece la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI). No obstante, a los migrantes les cobran entre 150 y 200 dólares de ingreso. Se trata de un cobro discrecional, coinciden dos fuentes allegadas al aeropuerto Augusto C. Sandino. El tablero de llegadas del aeropuerto Augusto C. Sandino muestra 16 vuelos provenientes de Puerto Príncipe (Haití), en un sólo día. “El funcionario migratorio decide cuánto cobrarles a los haitianos, pero suele ser entre 150 y 200 dólares. Esa gente viene desesperada por pasar a Estados Unidos y termina pagando ese dinero. Traen dinero porque muchos venden sus casas, pertenencias u otros familiares en Estados Unidos financian el viaje, entonces pagan para que no los detengan. Cuando pagan, a unos les dan un papel hecho a mano por el oficial migratorio en el que le dan cinco días para abandonar Nicaragua. En otros casos no les dan nada y a otros ni les sellan el ingreso en el pasaporte. Es todo discrecional y hasta se presta para corrupción entre los agentes porque todo es en efectivo”, insiste otra fuente cercana a Migración y Extranjería de Nicaragua. Si se hace el cálculo de 31.000 haitianos que han ingresado en las últimas semanas por un cobro promedio de 150 dólares por cada uno, el régimen de Ortega y Murillo agrega a sus arcas 4,65 millones de dólares. Impuesto de ‘salida sin salida’ Entre el viernes 20 y el domingo 22 de octubre aterrizaron en Managua 36 vuelos chárter procedentes de Haití, un país que lleva sumido en una grave crisis sociopolítica desde julio de 2021, cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su vivienda por un comando de mercenarios colombianos. Otra parte del negocio es el landing fee (tasa de aterrizaje) que se le cobra a las aerolíneas que aterrizan en el Augusto C. Sandino. Aterrizar un chárter cuesta entre 2.000 a 3.000 dólares, en función del tamaño de la aeronave y los servicios que se requieran del aeropuerto. Es decir, uso de manga para desembarcar, uso de escaleras, estibadores para descargar equipaje, recargo de combustible, uso de hangar, entre otros servicios. “A estos chárteres que están viniendo de Haití les cobran un promedio de 2.000 dólares, básico, porque no hay manejo de equipaje. La gente viene sólo con una mochila y se baja del avión. Además, el landing fee tiene que ver con el tamaño del avión. Los que vienen de Puerto Príncipe han sido, en su mayoría, pequeños: tipo Embraer 175. Caben en ellos entre 50 y 75 asientos”, explica la fuente asociada al negocio de los vuelos fletados. Si se toma en cuenta el promedio diario de 18 chárteres aterrizando en el Augusto C. Sandino desde Haití, República Dominicana e islas Providenciales, con un costo base de 2.000 dólares por landing fee, se trata de 36.000 dólares diarios. Es decir, aproximadamente unos 1,08 millones de dólares mensuales. Sin embargo, la estimación puede variar porque se siguen registrando vuelos chárter desde Cuba, así como otros tres provenientes de Kirguistán que pasaron por Bulgaria e hicieron escala en Managua en septiembre. Eran aviones más grandes: Airbus 330. Otro aspecto del negocio migratorio de los Ortega-Murillo es el impuesto de salida que imponen a los vuelos chárter, una decisión ejecutada con la llegada de los vuelos de Puerto Príncipe. El tributo se llama “Derecho de terminal para pasajeros salientes” y las fuentes ligadas a la industria aeronáutica catalogan como “improcedente”. Usualmente, ese impuesto se incluye en el precio de los tickets redondos, y es de 44,23 dólares. Cuando se trata de un pasaje de una sola vía, es decir de ingreso como el que compran los miles de migrantes, no solía cobrarse. “Han encontrado una nueva forma de sacar más dinero al cobrar el impuesto de salida a pesar que los chárteres regresan prácticamente vacíos. Es absurdo, porque la mayoría de esos pasajeros salen por tierra hacia Estados Unidos”, explica la fuente. Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) muestran esa diferencia entre embarques y desembarques durante 2022

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Miles de migrantes bloqueados en su camino hacia EE.UU. por protestas en Panamá

Primicias .- Organizaciones piden un corredor humanitario frente a esta situación en Panamá. Bloqueos de vías impiden los desplazamientos por carretera hacia la frontera norte con Costa Rica. Miles de migrantes en tránsito por Panamá en su ruta hacia Estados Unidos se encuentran varados por las protestas generalizadas en el país contra un polémico contrato minero, que se mantienen el 1 de noviembre de 2023. Los cortes de vías que impiden los desplazamientos por carretera hacia la frontera norte con Costa Rica. La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) reclamó este miércoles en un comunicado la necesidad de crear un “corredor humanitario” para los “más de 8.000 migrantes” que se encuentran retenidos en Panamá debido a las protestas de las últimas semanas en el país centroamericano. Entre esos migrantes, más de 5.000 están en los centros de recepción migratoria habilitados por el Gobierno panameño y en varios poblados situados en las proximidades de la selva del Darién, que hace de frontera entre Panamá y Colombia. Por allí pasan diariamente cientos de migrantes, víctimas a menudo de robos, violaciones, ataques de animales salvajes o subidas repentinas de ríos. Según datos de las autoridades panameñas, en lo que va de año han atravesado la selva más de 435.000 personas, superando ampliamente la cifra récord del año pasado de 248.000. “Solicitamos que se habilite un corredor humanitario. Las condiciones ya difíciles de agua, alimentación, albergue, seguridad y salud principalmente en Lajas Blancas y Bajo Chiquito (los dos centros de recepción migratoria) se agravarán con el represamiento”, afirmó el jefe de la misión Panamá-Colombia de MSF, Luis Eguíluz. Médicos Sin Fronteras proporcionó entre enero y septiembre en sus puestos de atención médica en Darién unas 47.000 consultas médicas y de enfermería, 2.100 consultas de salud mental, 13.500 curaciones y atendió 290 casos de violencia sexual, algo que subraya la gravedad del estado de los migrantes tras atravesar la selva. El Gobierno panameño proporciona a los migrantes autobuses, que deben costearse ellos mismos, para hacer el recorrido directo desde Darién hasta un centro de atención migratorio en Costa Rica, pero MSF advirtió que más de 3.000 migrantes “han visto interrumpido su paso en 50 autobuses” por los cortes de vías. Motivos de protestas en Panamá Panamá vive desde hace diez días protestas ininterrumpidas para reclamar la derogación de un contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals. Los detractores lo consideran dañino con el medioambiente y que afecta la soberanía del país, mientras el Gobierno defiende que establece ingresos mínimos de USD 375 millones al fisco, además de generar 9.300 empleos. La ley se debate ahora en el Parlamento, donde podría ser derogada si avanza en dos debates más, después de haber superado el martes el primero de los tres necesarios, lo que podría poner fin a la crisis.

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