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Ecuador: julio 24, 2024

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Ecuador, julio 24, 2024
Ecuador Continental: 14:04
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Las prisiones en Ecuador: una mezcla de comodidades y lucha por la supervivencia

Las prisiones en Ecuador se han convertido en centros de operaciones del crimen organizado, con escapes de peligrosos líderes y altos niveles de violencia. El sistema penitenciario ha perdido el control, con más de 460 reclusos muertos desde 2021.  Ecuador ha enfrentado récords de incautación de drogas y homicidios en 2023, con 220 toneladas de drogas decomisadas y una alta tasa de homicidios. Las cárceles están dominadas por mafias y el terror se impone en su interior. Los líderes del crimen organizado dentro de las prisiones disfrutan de lujos, considerándose “Frankensteins del Estado” por su conexión con la inteligencia policial y el narcotráfico. La corrupción en el control de accesos ha debilitado el sistema carcelario. El sistema penitenciario enfrenta graves problemas, con ingresantes no vinculados al crimen organizado en riesgo de masacres o coacción para unirse a bandas. La justicia lenta y el hacinamiento agravan la situación, mientras miles de plazas faltan. Matanzas carcelarias involucran casos de negligencia que resultan en la muerte de personas con derecho a libertad. Las bandas cobran a presos y familias por “seguridad”, alimentando economías ilegales. Frente al creciente narcotráfico, el presidente ecuatoriano ha declarado un “conflicto armado interno”, desplegando militares y militarizando cárceles y barrios empobrecidos. Sin embargo, el uso de la fuerza militar ha sido criticado por abusos contra los presos, aumentando la violencia y afectando a la población. El plan del presidente de construir cárceles con una empresa específica ha suscitado preocupaciones sobre los derechos humanos de los presos.

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“Libre al fin, gracias a Dios”: los estadounidenses liberados por Venezuela vuelven a su país

El País .- Un gestor de hipotecas, exmilitares y un contratista corrupto se encuentran entre los estadounidenses que han vuelto tras la liberación de Alex Saab “Libre al fin, gracias a Dios todopoderoso”. Estas fueron algunas de las primeras palabras de Savoi Wright al aterrizar de vuelta a Estados Unidos la noche del miércoles. Es uno de los 10 liberados por el régimen de Nicolás Maduro a cambio de Alex Saab, uno de los hombres más cercanos al dirigente venezolano y su presunto testaferro. Wright, un californiano que llevaba detenido desde finales de octubre, llegó junto con otras seis personas a un aeropuerto de San Antonio. Uno de los retornados, Leonard Glenn Francis, no recuperará su libertad, pues enfrentará a la justicia estadounidense en un caso de sobornos a la Armada.   La familia de Wright, de 38 años, había logrado recaudar unos 25.000 dólares solicitando donativos en Gofundme. Savoi, un gestor de préstamos hipotecarios durante 15 años, “sin vínculos políticos de ningún tipo”, fue detenido en Venezuela el 24 de octubre. Por más de un mes, sus familiares no supieron donde estaba detenido. Su hermano lo describió como un alma libre que se había enamorado de Venezuela, un país al que viajaba frecuentemente, además de Colombia y Brasil. El dinero iba a ser utilizado en su defensa legal. La pesadilla de Wright duró 58 días. Para Luke Denman y Airan Berry fue mucho más larga. Los dos eran boinas verdes de las Fuerzas Especiales del Ejército. Fueron acusados en mayo de 2020 por el Gobierno venezolano de formar parte en la organización de un golpe de Estado junto a 60 mercenarios entrenados en Colombia y empleados por la firma de seguridad Silvercorp, de Florida. La fallida operación tuvo un nombre: Gedeón. Eyvin Hernández, un defensor público del condado de Los Ángeles, también se encuentra entre las personas liberadas este miércoles. El letrado estuvo encarcelado en el país sudamericano desde marzo del año pasado. “Por más de 21 meses soportó horribles condiciones, además de abuso”, aseguró la familia en un comunicado publicado en Facebook. “Es un regalo anticipado de Navidad para nosotros”, añadieron sus familiares, quienes agradecieron las gestiones de la Administración del presidente Joe Biden. Joseph Cristella, originario de Orlando (Florida), vivía en la República Dominicana, adonde se mudó porque encontró un trabajo. Allí se enamoró de una venezolana. Fue detenido en septiembre de 2022 por el Gobierno de Maduro cuando fue a visitar a su prometida a la frontera entre Colombia y Venezuela. Ha sido liberado esta semana. Al igual que Jerrel Kenemore, quien corrió con la misma suerte y fue detenido por autoridades venezolanas en la riesgosa zona limítrofe entre las dos naciones sudamericanas. “Estos individuos han perdido demasiado tiempo valioso lejos de sus seres amados, y sus familias han sufrido cada día de su ausencia. Estoy agradecido de que sus odiseas hayan terminado y que las familias estén completas nuevamente”, ha señalado Biden en un mensaje hecho público este miércoles. El presidente estadounidense dijo que seis de las personas que han retornado fueron detenidos injustamente. El Gordo Leonard se reencuentra con la Justicia El caso del Gordo Leonard se cuece aparte. Es con este apodo como conocen a Leonard Glenn Francis, el contratista del Ejército que abandonó su país como fugitivo después de un fraude de sobornos y ha vuelto esposado y con un mono anaranjado a encarar a una jueza federal por primera vez. Francis fue arrestado en San Diego hace casi una década. El empresario, quien llevaba su proceso en libertad, está acusado de ofrecer 500.000 dólares en sobornos a personal de la Marina para obtener contratos por 35 millones de dólares. El escándalo provocó la detención de una veintena de funcionarios de la Armada, a quienes había comprado organizando lujosas fiestas con alcohol, carne Kobe, habanos, entradas para conciertos y espectáculos. También ha sido organizado fiestas con prostitutas en Tailandia y Filipinas. Se declaró culpable en 2015. Vivía entonces en arresto domiciliario en una casa rentada. Los fiscales le perdieron la pista el año pasado, cuando su monitor de tobillo dejó de dar señales días antes de una vista judicial. Después huyó a México y Cuba. Fue detenido en septiembre de 2022 cuando estaba cerca de abordar un vuelo en Caracas, adonde llegó a pedir asilo con la esperanza que la rivalidad entre Venezuela y Estados Unidos evitara su extradición. La situación ha cambiado. El fugitivo ha comparecido este jueves en un tribunal federal de Miami. La jueza Jacqueline Becerra ha ordenado que vuelva al Oeste, a los tribunales del distrito Sur de California, donde seguirá su proceso. La Fiscalía, no obstante, ha anunciado que presentará más cargos en contra del empresario, quien tiene una flota de barcos, por intentar evitar la justicia.

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Tres personas, entre ellas dos presos, intentaron ingresar armas y otros objetos a la cárcel de Cotopaxi

Vistazo .- Tres personas fueron aprehendidas al ser sorprendidas cuando intentaban ingresar armas y demás objetos a la cárcel de Cotopaxi, este miércoles 20 de diciembre de 2023. En los exteriores del centro de privación de libertad N 1 en Latacunga, agentes de la Policía Nacional se percataron del hecho flagrante en el participaron tres sujetos, entre ellos dos personas privadas de la libertad (ppl). En la red social X, la Fiscalía detalló que los 2 PPL salieron de la prisión hasta la carretera aledaña, para tratar de ingresar armas, explosivos, licores y dinero. Asimismo, la institución anunció que en las próximas horas se definirá la situación jurídica de los detenidos. El artículo 275, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona el delito de ingreso de artículos prohibidos a un centro penitenciario con pena privativa de libertad de uno a tres años. Convertidas en centros de operaciones del narcotráfico, el control de los centros penitenciarios está en disputa entre bandas criminales. En varios operativos de control ha quedado en evidencia la violencia, pues en su interior se han hallado pistolas, fusiles y explosivos. Frente a la crisis carcelaria en Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa ha planteado la construcción de al menos seis cárceles de “mega máxima” y “máxima” seguridad, “con base en modelos exitosos de otros países”, entre los que se incluye México y El Salvador. Asimismo, el primer mandatario ha planteado deportar a unos 1.500 presos extranjeros que tengan condenas en firme de al menos cinco años, para que terminen de cumplir su pena en su país de origen.  

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Israel excarcela a 30 mujeres y niños palestinos tras liberación de 12 rehenes por Hamás

Primicias .- Hamás liberó de forma a diez rehenes israelíes y dos tailandeses en el quinto día de tregua y de un acuerdo de intercambio de rehenes por presos con Israel. Israel liberó este martes a 15 mujeres y 15 niños encarcelados en prisiones israelíes tras la liberación por parte del grupo islamista Hamás de doce rehenes cautivos en Gaza, en el quinto día del acuerdo de intercambio de rehenes por presos, paralelo a un alto el fuego temporal. El Servicio de Prisiones de Israel confirmó la excarcelación de 30 presos palestinos, que se encontraban detenidos en distintas cárceles del país y que fueron liberados en la prisión de Ofer y el centro de detención de Jerusalén. “El Servicio de Prisiones concluye la quinta ronda de prisioneros en el marco de la operación para devolver a los secuestrados a sus hogares”, anunció un portavoz del organismo en un comunicado. El texto incluía un listado detallado de los liberados, entre los cuales hay 17 residentes de Jerusalén Este -5 mujeres y 12 menores- y 13 de distintas localidades de Cisjordania ocupada como Belén, Hebrón, Nablus y Ramala. Hamás libera a diez rehenes israelíes y dos tailandeses Este anuncio llega poco después de que el Ejército israelí comunicara que había recibido a 12 rehenes -10 mujeres israelíes y dos ciudadanos tailandeses- liberados por el grupo islamista Hamás. Los rehenes fueron entregados en la Franja de Gaza a la Cruz Roja, que los llevó primero a Egipto y luego los entregó a las tropas israelíes. Tras un chequeo médico inicial, los rehenes liberados fueron trasladados a hospitales israelíes para someterse a más pruebas y reencontrarse con sus familiares. Las liberaciones de hoy marcan el quinto día consecutivo de intercambio de rehenes por presos, en el marco de un acuerdo de alto el fuego temporal que entró en vigor el pasado viernes y que, tras acordarse ayer una prórroga de dos días, se extenderá hasta mañana. Desde el viernes, Hamás ha liberado a 60 rehenes israelíes como parte del acuerdo, además de otros 21 extranjeros, uno de ellos con doble ciudadanía ruso-israelí. Israel, por su parte, ha excarcelado a 180 presos palestinos, todos mujeres y niños, y se espera que mañana libere a 30 más. Mediadores del alto al fuego El pacto fue mediado por Egipto, Catar y Estados Unidos, que este martes continuaron las gestiones para prorrogar la tregua por algunos días más. Israel declaró la guerra a Hamás el 7 de octubre tras un ataque del grupo islamista, que incluyó el lanzamiento de más de 4.000 cohetes y la infiltración de unos 3.000 milicianos, que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a más de 240 en comunidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza. Las fuerzas aéreas, navales y terrestres de Israel han atacado desde entonces en el enclave palestino, donde ya suman más de 15.000 muertos, según autoridades palestinas, la mayoría niños y mujeres. Se estima que más de 7.000 personas están desaparecidas bajo los escombros.

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Dos privados de la libertad evaden seguridad en cárcel de Cotopaxi

El Universo .- Según estadísticas del Gobierno en ese centro de privación de la libertad hubo 3.895 detenidos hasta la tercera semana de julio. Dos personas privadas de la libertad (PPL) quienes estaban recluidos en la cárcel de Cotopaxi evadieron los filtros de seguridad este martes, 22 de agosto.   Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria dieron aviso inmediato a las entidades competentes y se activaron los protocolos de búsqueda por parte de las entidades de seguridad.   Esa entidad, que administra el sistema penitenciario, indicó que los presos estaban en el pabellón de mediana seguridad, pero por derecho a la privacidad personal y familiar no se especificó el tipo de delito por el que estaban recluidos.   Esta es la primera novedad que se registra en las cárceles tras el cambio de autoridades con la salida de Guillermo Rodríguez, un exoficial de la Policía y el ingreso de Luis Ordoñez Pinto, un exoficial de Fuerzas Armadas, experto en estrategia e inteligencia militar.   El Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi se encuentra en medio de la carretera que une Pichincha con Cotopaxi, en sus alrededores hay vegetación, pero también tiendas, restaurantes, una gasolinera y está alejada de conglomerados poblacionales. En esa cárcel, hay una capacidad instalada para recluir a 4.894 personas y hasta el 21 de julio hubo 3.895 presos tomando en cuenta estadísticas del SNAI.

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Ecuador, el país dónde los presos transmiten en vivo desde las cárceles

Primicias .- Con buena calidad y en vivo, los presos hacen publicaciones en redes sociales durante motines, protestas y en su vida diaria en las cárceles.   Solo durante la incursión policial y militar en la Penitenciaría del Litoral, que se realizó a finales de julio de 2023, las autoridades decomisaron más de 100 celulares a los presos. Y ese tipo de acciones ha sido una constante en los operativos para retomar el control en las cárceles ecuatorianas.   Según los datos oficiales, en 2023, Fuerzas Armadas (FF. AA.) han ingresado a 27 prisiones del país y se han decomisado cerca 1.200 teléfonos móviles, que se suman a los 2.370 incautados en 2022.   Pero, estos esfuerzos han sido insuficientes para incomunicar a los detenidos.   La última prisión intervenida fue la Cárcel Regional del Guayas. El operativo se ejcutó el sábado 12 de agosto de 2023. Desde ese sitio, la fuerza pública trasladó a Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros.   Ese traslado provocó que dos días después, el lunes 14 de agosto de 2023, los internos de la Regional protestaran desde los techos de la cárcel, pidiendo el regreso de ‘Fito’.   Y fueron los mismos presos quienes difundieron la protestas a través de videos que grabaron y publicaron en las redes sociales.   Esto no ha sido un hecho aislado, en redes sociales se han publicado incluso decenas de videos explícitos de las 14 masacres que ha habido en el sistema penitenciario ecuatoriano, desde 2021, y que han dejado 459 presos ejecutados.   Además, en estas mismas plataformas, los detenidos difunden videos de sus actividades cotidianas. Bailan, cantan, cocinan, se tatúan, se cortan el pelo.   Difícil control en las cárceles Más allá de los problemas de control para el ingreso de celulares a las cárceles del país, los centros han mostrado graves deficiencias para inhibir la señal móvil para los presos.   El 30 de julio de 2023, Jan Topic, candidato a la Presidencia de la República, en medio de un acto de promoción electoral instaló un inhibidor de señal en los exteriores de la Cárcel Regional del Guayas. Por varios minutos, los presos estuvieron incomunicados.   Sin embargo, esta acción no puede ser permanente. Una fuente del Gobierno explicó a PRIMICIAS que el problema de inhibir la señal es que la mayoría de las cárceles del país está en medio de espacios poblados.   Es el caso de la Penitenciaría del Litoral y la Regional del Guayas, que están en la Vía a Daule, junto a zonas residenciales e industriales.   Si los inhibidores de señal se instalan de manera permanente, explicó esta fuente, los efectos afectarían a todas las personas en un rango de 15 kilómetros. Lo que dificultaría, incluso, el acceso de miles de personas a los sistemas de emergencia del ECU-911.   Proceso en marcha Para contrarrestar el ingreso de artículos prohibidos a las prisiones, entre los que resaltan celulares, armas y drogas, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ha puesto en marcha un proceso de compra pública. El Gobierno busca adquirir equipos de seguridad para la detección de personas y objetos en las prisiones. Según el cálculo incluido en el informe de necesidad del proceso, esto son los equipos que se necesitan: Sin embargo, estos equipos no están disponibles entre los productores nacionales. Por lo que el proceso se finalizó sin éxito. Ahora, según la Ley de Compras Públicas, tendrá que comenzar una licitación a nivel internacional.

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Censo revela que 5.000 internos no tienen sentencia; Lasso concede indulto a 130 presas en vulnerabilidad

Vistazo .- El Presidente Guillermo Lasso presentó los resultados del primer censo penitenciario realizado en los 36 Centros de Privación de Libertad (CPL), a escala nacional. Además, anunció el indulto a 130 mujeres privadas de la libertad en condiciones de vulnerabilidad, mediante Decreto Ejecutivo No. 816. “Hicimos este censo porque era necesario para construir una política pública de rehabilitación social basada en el respeto a los derechos humanos”, aseveró el Primer Mandatario. De acuerdo con el Ejecutivo, las preguntas fueron diseñadas para investigar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad (PPL) y su situación legal; así como las expectativas de vida, y su valoración sobre las condiciones de infraestructura y servicios que brindan los CPL a escala nacional. Asimismo, ha señalado que el objetivo es tomar decisiones de acuerdo a la realidad del sistema penitenciario para humanizar, dignificar y transformarlo, pues “el hacinamiento, los hechos de violencia y la falta de un efectivo sistema de rehabilitación, es el resultado de décadas de abandono”, aseguró el Jefe de Estado. Tras la aplicación del censo se determinó que existen 31.321 PPL a nivel nacional: 93.7 % son hombres y el 6.3 % mujeres. Uno de los resultados a analizar es que 5.000 internos no tienen una sentencia. Por ello, el Jefe de Estado exhortó al sistema judicial a revisar los casos para dar una respuesta efectiva y ágil a las personas cuya situación jurídica no está resuelta. El levantamiento de datos estuvo liderado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre agosto y diciembre del 2022. Según detalló Roberto Castillo, Director Ejecutivo de esta entidad, el diseño del censo se realizó bajo estándares internacionales en mesas técnicas, con acompañamiento de la comunidad internacional y con un enfoque de derechos. 130 mujeres recuperan su libertad Respecto a los indultos presidenciales, el Presidente aseguró que son el resultado de un análisis de las mujeres privadas de la libertad que pertenecen a los grupos de atención prioritaria. “Dentro de este grupo hay mujeres que están en mayor vulneración y no solo ellas, también sus hijos”. Por ello, se realizó una revisión individual para indultar a mujeres que padecen enfermedades catastróficas, terminales o que viven con sus hijos menores de edad en los CPL. Esto, siempre que hayan cometido delitos menores y no tengan un proceso penal o pendiente en su contra. El director General del SNAI, Guillermo Rodríguez, informó que el indulto es una decisión técnica, responsable y con perspectiva de género que considera la discriminación histórica que ha condenado a las mujeres a contextos estructurales de exclusión: “Nos permite, bajo un principio de humanidad, reconocer los derechos de mujeres en condición de doble y triple vulnerabilidad”. El Gobierno Nacional realizará un seguimiento de cada caso, mediante el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para apoyar su reinserción a la sociedad. Por último, el Primer Mandatario señaló que pueden acceder a créditos en BanEcuador “a fin de que tengan una segunda oportunidad para trabajar y construir un mejor futuro para sus hijos, o en muchos casos para continuar sus estudios”.

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Al menos mil cabecillas de pandillas han sido capturados, según autoridades de El Salvador

El Universo .- Ya son más de 68.500 personas, que son señaladas de pandilleros, las capturadas durante la medida de régimen de excepción. En el contexto de un régimen de excepción, implementado por el Ejecutivo del presidente Nayib Bukele, unos mil líderes de pandillas han sido capturados en El Salvador para “combatir” a las maras, según dijo el viernes el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. El funcionario señaló, durante el programa de entrevista Frente a Frente, que “aún falta la captura de más cabecillas”, ya que, indicó, “muchos de ellos han salido del territorio” salvadoreño.   Villatoro indicó que “estamos coordinando con Costa Rica, Belice, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos para poder traer a estos pandilleros”, pero no precisó si tienen conocimiento que a esos países hayan “huido” miembros de pandillas.   Agregó que ya son más de 68.500 personas, que son señaladas de pandilleros, las capturadas durante la medida de régimen de excepción, que ya cumplió un año de vigencia en el país.   Las autoridades atribuyen al régimen de excepción y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021. El ministro Villatoro aseguró recientemente en una entrevista con EFE que los cuerpos de Seguridad hacen un “trabajo responsable” en el contexto del régimen de excepción, “apegado al Estado de derecho” y “a las leyes”. No obstante, organizaciones humanitarias del país centroamericano registran hasta mediados de marzo al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.

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Uruguay triplica su cantidad de presos en 20 años y ya tiene la tasa más alta de Sudamérica

EL PAÍS .- Cuatro de cada 1.000 uruguayos están en la cárcel. Las drogas y el hacinamiento lastran el sistema punitivo nacional   La sólida estructura social y política que suele exhibir Uruguay se resquebraja en las áreas que conforman su sistema penitenciario. Con cuatro de cada 1.000 uruguayos en prisión, el país tiene la tasa de encarcelamiento más alta de América del Sur y se ubica en el puesto 12 a escala mundial. La población carcelaria se ha triplicado en las dos últimas décadas y crece a un ritmo de un 10% anual, provocando el colapso de parte del sistema, con altos niveles de hacinamiento y violencia interna, según lo refleja el informe de la oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.   De acuerdo con los datos oficiales, en 2002 Uruguay tenía aproximadamente 5.000 personas privadas de libertad. En 2022, eran casi 14.500. En el país hay 26 establecimientos penitenciarios, con un promedio de ocupación del 123% (123 personas cada 100 plazas), aunque ese porcentaje de hacinamiento crítico se dispara sobre todo en el área metropolitana de Montevideo. El informe detalla que solo un 10% del total de reclusos se encuentra en unidades que reúnen las condiciones y oportunidades de rehabilitación e integración social, un 56% no cuenta con suficientes oportunidades, mientras que un 34% pasa su reclusión en condiciones de “trato cruel, inhumano y degradante”.   “Uruguay tuvo un modelo penitenciario muy notable hasta la época previa a la dictadura (1973-1985). Las cárceles dependían del ministerio de Educación y tenían una guardia penitenciaria que actuaba con mecanismos preventivos de diálogo y reservaba la violencia para los casos extremos”, dice Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario. Señala que ese modelo fue desmoronándose hasta que fue intervenido por el Ministerio del Interior durante la dictadura y se mantuvo bajo su órbita en democracia. Según Petit, la explosión demográfica carcelaria se explica, en parte, por la aparición y circulación masiva de drogas como la pasta base de cocaína en los años 2000 y las consecuentes formas de exclusión social y criminalidad que esta trajo aparejada.   Dos décadas después, las cárceles uruguayas están superpobladas de jóvenes varones menores de 35 años (el 75% del total), condenados en su mayoría por delitos de hurto, tráfico o venta de estupefacientes y rapiña, con una trayectoria vital marcada por la deserción del sistema educativo y el consumo problemático de drogas. En ese sentido, un informe de ASSE –principal prestador público de salud- indica que las adicciones afectan al 80% de los reclusos, mientras que otro diagnóstico del ministerio de Educación muestra que el 53,5% de los ingresados en 2022 era analfabeto. “Se requiere una especie de unidad de cuidados intensivos para recuperar el tiempo perdido, sanar y transformar”, dice Petit.   Sin embargo, el informe muestra que las respuestas del sistema carcelario uruguayo son deficientes y la reclusión se convierte en un eslabón más de la violencia social que conlleva el delito. En 2021, hubo 224 reclusos heridos graves y otros 45 murieron de forma violenta. La reincidencia es del 60%. “Hay pocos programas, con bajos niveles de cobertura y poca capacidad para diseñar e implementar tratamientos individualizados que atiendan las causas del delito y busque modificarlas”, dice Ana Vigna, socióloga e investigadora especializada en sistema penitenciario. La consecuencia más obvia de esto, añade, es que Uruguay está hipotecando el potencial de generaciones de jóvenes, que no logran salir de un circuito dominado por la violencia, el delito y la cárcel.   Vista exterior de la cárcel de Santiago Vázquez, en Montevideo.ERNESTO RYAN (GETTY IMAGES) Dentro y fuera del sistema “Para sobrevivir, tenés que estar todo el día a prepo (con prepotencia). Prepo para comer, prepo para salir al patio, prepo para conseguir un colchón. Cuando salís a la calle, seguís en la misma: prepo, prepo y más prepo”, le comentó un joven recluso a Petit mientras el comisionado recorría un centro penitenciario. “Cuando miramos lo que pasa en el tejido social carcelario, también estamos viendo el mismo tejido relacional de aquellos barrios donde la violencia transformó los mecanismos para alcanzar objetivos”, dice Petit. Ese vivir deprisa, a prepo, busca tapar la angustia de un encierro sin oportunidades y está estrechamente ligado al consumo de drogas que afecta a la mayoría de los reclusos.   “Es fundamental empezar a desarrollar un programa de tratamiento de las adicciones en todo el sistema penitenciario”, remarca Petit. En 2022, solo 344 reclusos participaron en un programa para tratar el uso problemático de drogas, según datos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Los “efectos perversos” de estas condiciones de reclusión no solo se manifiestan en la dinámica cotidiana de los establecimientos carcelarios, acota Vigna, sino que los traspasa y golpea de lleno a la sociedad, sobre todo a las personas vinculadas afectivamente con los reclusos. “Sentimos que estamos pagando por un delito que no cometimos”, sostiene Gabriela Rodríguez, de Familias Presentes, asociación creada en 2022 por familiares de personas privadas de libertad en Uruguay.   Rodríguez sostiene que en varios centros los familiares hacen colas de tres o cuatro horas, con sol o lluvia, frío o calor, para acceder a las visitas, y en muchos casos deben desnudarse íntegramente durante el control por la falta de escáneres. “Es un nivel tremendo de invasión a la intimidad”, afirma. Además, explica que reciben muy poca información de sus familiares recluidos: si están sanos o heridos, si fueron trasladados de celda o de prisión. “Es incomprensible y nos genera sentimientos de mayor angustia e incertidumbre”, añade. Rodríguez se hace eco de la demanda extendida de programas estratégicos de rehabilitación, al tiempo que pide el fin de los encierros permanentes en las celdas, de 24 horas, que afecta a un número significativo de reclusos, incumpliendo las Reglas Mandela que estipulan un mínimo de una hora diaria al aire libre.   La situación de las mujeres En medio del “agotamiento estructural” que padece el sistema penitenciario, la población privada de libertad ha crecido a un ritmo sostenido de un 10% anual, aunque en el caso particular de las

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Por muerte culposa, agente de tránsito estará preso ocho meses y deberá pagar más de $ 19.000

EL UNIVERSO .- Según Fiscalía, un mal giro habría ocasionado el fallecimiento de un motociclista en 2021.   Bryan F., un agente metropolitano de tránsito de Quito, fue declarado culpable por la muerte culposa de una persona que se transportaba en una motocicleta.   El hecho ocurrió el 20 de noviembre del 2021 en la avenida Simón Bolívar.   Según Fiscalía, ese día, el agente, quien conducía una camioneta de la Empresa Metropolitana de Movilidad, realizó un giro para tratar de incorporarse a la circulación en el sentido contrario, maniobra que no completó, obstaculizando el carril de circulación por el que transitaba la víctima en su motocicleta.   Eso provocó que se impactara a gran velocidad con el automotor que conducía el agente de tránsito, lo que le causó la muerte.   Durante la audiencia de juicio, el fiscal Paúl Villarreal demostró que el conductor del vehículo municipal no tomó las medidas de seguridad vial, tendientes a evitar un accidente de tránsito, ya que giró en un lugar no habilitado para hacerlo, y que luego del accidente no brindó la atención a la víctima, que se encontraba tendida en la vía pública.   Se presentaron los testimonios de personas que presenciaron el hecho y describieron que la camioneta no tomó las medidas de seguridad necesarias para realizar el giro.   Hubo además informes de reconocimiento del lugar de los hechos y las pericias que determinaron las causas del accidente, el acta del levantamiento del cadáver, informe de autopsia.   En la sentencia se estableció una pena privativa de libertad de ocho meses, más la suspensión de su licencia de conducir por seis meses y el pago de $ 19.200 a los hijos de la víctima como reparación integral.   Además deberá pagar junto con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), de forma solidaria, $ 21.600 por concepto de reparación inmaterial.   También la presentación de disculpas públicas por parte del sentenciado y de la mencionada entidad.

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El jefe del Grupo Wagner aseguró que ya no reclutará presos para combatir en Ucrania

Infobae .- El fundador de la empresa rusa de mercenarios, Yevgueni Prigozhin, dijo que el alistamiento “ha concluido totalmente”. Estiman que cuatro de cada cinco reclutados en las cárceles murieron o están desaparecidos La compañía de mercenarios rusa Wagner ha dejado de reclutar presidiarios para combatir en Ucrania junto al Ejército de Rusia, declaró hoy su fundador, el empresario Yevgueni Prigozhin.   “Sí, efectivamente es así. El reclutamiento de reclusos por la compañía militar privada Wagner ha concluido totalmente”, afirmó Prigozhin en un comentario publicado en su canal de Telegram. El empresario, considerado próximo al presidente ruso, Vladimir Putin, contestó así una pregunta de un medio ruso, que señaló que muchos presos escriben que hace más de un mes Wagner no lleva a cabo reclutamiento en los penales.   “Todas las obligaciones ante aquellos que actualmente trabajan para nosotros se cumplen”, subrayó. Yevgeny Prigozhin (izquierda), jefe del grupo mercenario Wagner, atiende a Vladimir Putin (centro); durante una cena con académicos extranjeros y periodistas en el restaurante Cheval Blanc, en las instalaciones de un complejo ecuestre a las afueras de Moscú, Rusia, el 11 de noviembre de 2011. REUTERS/Misha Japaridze/Archivo Prigozhin ha reclutado a miles de presos, 35.000, según Rus Siadiaschi, organización que vela por los derechos de los presos para combatir en Ucrania, a los que prometió indultos.   Según Olga Romanova, directora de la ONG Rusia entre Rejas, fueron 50.000 los presos reclutados por el Grupo Wagner en las cárceles rusas para luchar en Ucrania. De estos, 40.000 están muertos o desaparecidos, y sólo 10.000 seguían combatiendo en la invasión de Putin.   “Nuestros datos muestran que, a finales de diciembre, entre 42.000 y 43.000 reclusos habían sido reclutados. A estas alturas, es probable que sean más de 50.000. De ese número, 10.000 están luchando ahora en el frente, porque el resto han muerto o han resultado heridos, o se han ausentado sin permiso, o han desertado, o se han rendido”, dijo Olga Romanova, en un vídeo publicado por el canal de YouTube My Russian Rights (Mis derechos rusos).   Visitantes vestidos con ropa de camuflaje militar en la entrada del “Centro Wagner PMC”, vinculado al empresario y fundador del grupo militar privado Wagner, Yevgeny Prigozhin, durante la apertura del bloque de oficinas durante el Día de la Unidad Nacional, en San Petersburgo, Rusia, el viernes 4 de noviembre de 2022. (AP Foto, Archivo) Romanova agregó que la deserción ha sido un problema para el Grupo Wagner desde el otoño boreal pasado. Algunos de los desertores regresan a Rusia completamente armados. El pasado diciembre, por ejemplo, un desertor de Wagner armado abrió fuego contra agentes de la policía local en Rostov.   La especialista dijo que Prigozhin no vigila a los soldados que desaparecen en combate por diferentes motivos, dándolos por muertos indiscriminadamente.

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Más de 300 femicidios hubo en Ecuador en el 2022, según organizaciones sociales; en 6 de cada 10 casos se usó arma de fuego

Disputas de territorio entre bandas narcodelicitivas y alta prevalencia de criminalidad han sido, en algunos casos, el contexto de las muertes.   Dieciséis velas encendidas y colocadas en el piso, acompañadas de una cruz de madera y pintadas de lila, junto a rosas de diversos colores y el nombre de las mujeres víctimas de femicidio, fue la manera de representar el asesinato de mujeres en manos de sus parejas.   332 femicidios se habrían producido en Ecuador en 2022, según organizaciones sociales que forman parte de la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios. La cifra fue presentada este martes en Quito.   Aseguraron que es la cifra más alta desde 2014. Los datos son registrados a través de redes sociales y de casas de acogida para víctimas de violencia. Geraldina Guerra, presidenta de la fundación Aldea, indicó que, el año pasado, cada 26 horas una mujer fue víctima de femicidio.   Agregó que, en los dos últimos años, las condiciones y características en las que se dan esas muertes han variado, pues se dieron con mayor peligrosidad en contextos de economías criminales, disputas de territorio entre bandas narcodelicitivas, alta prevalencia de criminalidad y formas misóginas contra la vida y los cuerpos. De las 332 mujeres, al menos 48 reportaban antecedentes de violencia, 9 tenían boletas de auxilio, 16 mujeres fueron previamente víctimas de violencia sexual y 25 fueron reportadas como desaparecidas.   Además, 14 estaban embarazadas, y 4 de cada 10 eran madres. De los casos, al menos 311 eran ecuatorianas, 9 venezolanas, 5 colombianas y una peruana. 26 eran afrodescendientes, 14 indígenas y 276 mestizas.   De los culpables de femicidios, 3 intentaron suicidarse y hubo 22 suicidios.   Guayas, Manabí y Esmeraldas son las provincias donde se dio mayor cantidad de femicidios. En Guayaquil hubo 77 casos y Esmeraldas tuvo 19.   En seis de cada diez casos se usó un arma de fuego para asesinar a una mujer.   “Exigimos a las instancias competentes, tanto en el nivel nacional como en el nivel local, que generen acciones efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres, por lo menos en los cantones donde se registra mayor incidencia”, dijo. Hubo testimonios de madres sobre femicidios ocurridos el año pasado. Katherine Cuasquer se refirió a la muerte de su pequeña hija. Foto: El Universo Sonia Salamea, de Cuenca, madre de Cristina Palacios, contó que su hija fue asesinada en 2017 por un compañero de trabajo, quien tras varios meses de juicio fue condenado a 34 años y 8 meses de prisión.   Cuestionó que el asesino debería estar en la cárcel de Turi, pero habría sido llevado a la de Azogues tras haber recibido un habeas corpus.   Katherine Cuasquer, de Ibarra, era madre de Zoe, a quien —señaló— un policía le arrebató la vida. Tenía 7 meses.   Dos sicarios en una moto se acercaron y le dispararon, en abril del año pasado. Era su única hija. El responsable habría sido el padre de la niña. Hay cuatro involucrados. El juicio por este caso será el próximo 24 de enero.   Las familias y las organizaciones sociales hicieron pedidos al Gobierno para que se cumpla con la entrega de bonos por femicidio, así como las medidas de reparación.   Esto porque en 2022 hubo 245 casos de orfandad por causas de femicidio, según mencionó Mayra Tirira, de la fundación Surkuna.   En 2021 hubo 197 femicidios; en 2020, 118; en 2019, 106; en 2018, 88; y en 2017, 153, según cifras de organizaciones sociales. Fuente: El Universo

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La tensión entre Boric y la Corte Suprema chilena escala tras los indultos presidenciales

El mandatario aseguró que está convencido de la inocencia de uno de los 13 perdonados y los jueces le recuerdan que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales” La Corte Suprema chilena se reunió este martes en un pleno extraordinario y decidió responder al presidente, que ayer, desde el cambio de mando de Brasil, justificó uno de los 13 indultos que decretó el viernes, a un condenado por el caso del robo al banco Santander en 2013, Jorge Mateluna. “Atendidas las expresiones efectuadas por el presidente de la República, reproducidas en algunos medios de comunicación los días 1° y 2 de enero, en que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial afinado (caso Mateluna), la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece: ‘La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”, han indicado los jueces del máximo tribunal de Justicia.   Los magistrados de la Corte Suprema no han valorado la decisión del presidente de indultar a estas 13 personas condenadas, sino sus comentarios sobre las actuaciones de la Justicia en la justificación sobre el indulto a Mateluna, que fue integrante del FPMR (una organización de izquierda que buscaba por la vía armada derrotar a Augusto Pinochet, que se que fue extinguiendo con la democracia y solo algunos de sus agentes siguieron operativos con el pasar del tiempo). “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia”, opinó Boric. “Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”, agregó desde Brasilia.   La Suprema, que arrastra una molestia con el Gobierno por la forma en que ha llevado la fallida nominación del fiscal nacional –Chile lleva tres meses sin la máxima autoridad de esta institución en plena crisis de seguridad pública–, ha añadido que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.   Boric aseguró este lunes desde Brasil que el indulto a Mateluna no se justificó en una opinión personal, sino en la apreciación de varios conocidos juristas, como Davor Harasic, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.   Junto con los problemas de injerencia en otro poder del Estado, una de las críticas que se formulan con respecto a las palabras del presidente apuntan a que Harasic representó a Mateluna ante los tribunales superiores a través de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile y que, con la convicción de su inocencia y de lo mal que se habían ponderado las pruebas existentes en el expediente, presentó una acción de revisión ante la Corte Suprema que fue desestimada en 2018. De acuerdo a los críticos, el presidente con sus palabras concede mayor importancia a las opiniones de los defensores del condenado antes que a las resoluciones de los máximos tribunales.   La ministra del Interior, la socialista Carolina Tohá, ha intentado poner paños fríos al conflicto. “El presidente tiene un compromiso absoluto con la independencia del Poder Judicial y nunca ha puesto en discusión el ejercicio que hace de sus atribuciones ni la validez del proceso que dio a lugar a las condenas de todas las personas que fueron indultadas”, aseguró la principal ministra del Gabinete, que se refirió justamente a los puntos que se le acusan al presidente. En un intento por calmar las aguas, Tohá aseguró, por lo tanto, que las declaraciones de la Corte Suprema “son recibidas como una opinión con la que el Gobierno no tiene disidencia alguna, descartando que Boric haya intentado ejercer funciones judiciales.   Luego, fue el propio mandatario el que leyó una declaración desde La Moneda, donde indicó que comparte “plenamente” el recordatorio que realizó la Corte Suprema y que sería “mala noticia” para el país que él iniciara una disputa con el Poder Judicial.   Las palabras de Boric han provocado adicionalmente la reacción de la Fiscalía, que recordó este martes que en junio de 2013 tuvo en sus manos “la investigación de un delito de robo con intimidación, homicidio frustrado contra personal de Carabineros en servicio, porte y tenencia de armamento de guerra, porte de arma de fuego prohibida, porte ilegal de arma de fuego común y receptación”. De acuerdo a la información recordada por los fiscales, Mateluna fue detenido “en flagrancia” por estos hechos y la investigación demostró su participación “en calidad de autor”, “lo que fue refrendado en todas las instancias judiciales” en forma unánime, incluida la Corte Suprema.   Facultad del presidente En Chile existe la facultad del presidente de indultar a personas condenadas por la Justicia, pero lo que se critica es el fundamento de su decisión. El Gobierno ha dicho que se optó por indultar a estas 13 personas haciendo uso de esta atribución presidencial –como lo han hecho todos los mandatarios anteriores–, porque se trata de “un grupo históricamente vulnerado en sus derechos, especialmente los sociales, económicos y culturales”, con lo que se ha abierto una discusión profunda sobre esta razón como motivador de los delitos.   Los críticos hablan de que al Gobierno lo movieron las razones políticas, mientras que parte del oficialismo explica que se trata de una promesa de la campaña presidencial. El Gobierno intentó indultar a los presos del estallido de 2019 a través de un proyecto de ley en el Parlamento, lo que no prosperó.   La decisión dada a conocer el viernes hizo fracasar las negociaciones que llevaba adelante la ministra Tohá para llegar a un acuerdo político transversal en materia de seguridad, la mayor urgencia que vive Chile y la principal prioridad de la ciudadanía.

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