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Ecuador: abril 20, 2025

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Ecuador, abril 20, 2025
Ecuador Continental: 23:38
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Ecuador, abril 20, 2025

Seguridad y eficiencia administrativa: las prioridades en el plan de gobierno de Henry Kronfle

El Partido Social Cristiano siempre se enorgulleció del “modelo exitoso” que implementó en Guayaquil, durante los 31 años de las alcaldías social cristianas, que comenzaron con León Febres Cordero en 1992, y terminaron con Cynthia Viteri en el 2023. Se trataba de un sistema administrativo basado en la eficiencia, la generación de recursos –a través de las fundaciones que administraban bienes municipales- y un gasto burocrático reducido. El famoso 85-15 (85% del presupuesto destinado a obras, y solo el 15% para sueldos). LEER TAMBIÉN: Cruce de insultos y acusaciones entre Correa y Kronfle por frustrado juicio a la fiscal LEER TAMBIÉN: PSC anuncia binomio de Henry Kronfle y Dallyana Passailaigue para el 2025 El PSC planea repetir el modelo a escala nacional, bajo la candidatura de Henry Kronfle, un ingeniero mecánico que posee además 3 masterados en diversas ramas. Su propuesta, sumada a un plan de seguridad y desarrollo, es la base con miras a las elecciones de enero. La repasamos en una nueva edición de “Centro Presidencial”, la iniciativa de Radio Centro para conocer a los aspirantes a Carondelet. Una economía justa El postulante social cristiano plantea como prioridad, “quitarle la plata al que te quita la plata”. Es decir, reducir las cargas tributarias que sufren los ecuatorianos, y más bien mejorando sus prestaciones. Según sus cálculos, apenas el 1% de los impuestos que pagamos se revierten en obras y servicios. De ahí que, en caso de llegar al poder, impulsará la nivelación de la jubilación, recuperará el valor y el objetivo del Bono de Desarrollo Humano, y reducirá a cero los impuestos de los artículos que componen la canasta básica. Asimismo, creará una “canasta automotriz”, consistente en repuestos e implementos para vehículos, a los cuales también eliminará los gravámenes. De ese modo, la transportación no se encarecerá. Kronfle planea además reducir o eliminar impuestos a las empresas. De esa manera, fomentará el empleo y mejorará los salarios. A nivel de subsidios, el del gas se mantendrá inalterable, dijo. Su principal preocupación será cubrir la deuda social. Y para ello buscará la forma de refinanciar la deuda externa, que tantos recursos ocupa al Ecuador. Uno de los aspectos de esa deuda social, será negociar con las clínicas privadas, Solca, la Junta de Beneficencia y otras operadoras de salud, para que todos los ecuatorianos puedan recibir atención inmediata en cualquiera de sus centros. Inversión Dar apertura a la inversión privada, será a una de las claves de su eventual gestión, señala Kronfle. Por ejemplo, en el sector eléctrico. Su repaso mencionó proyectos fotovoltaicos y eólicos, por 780 Megavatios (MW), que se encuentran paralizados desde hace un año debido a la falta de licencias ambientales. El candidato cuestiona las respuestas que ha dado el actual gobierno a la crisis eléctrica. La barcaza turca, por ejemplo, no genera los 100 MW prometidos, y los motores comprados para cubrir el déficit todavía no llegan al país. Del mismo modo, cuestiona la falta de mantenimiento a las centrales termoeléctricas. Como resultado, indica, seguimos rezando para que las lluvias continúen, y no suframos nuevos racionamientos. En su opinión, la inversión en este y otros sectores considerados estratégicos, solo será posible mediante un marco de seguridad jurídica, un ambiente de seguridad social, y un desarrollo de seguridad política. El postulante reconoce la importancia de permitir un arbitraje internacional en casos de controversia, porque solo así llegarán capitales del exterior. Asimismo, considera fundamental una integración comercial inteligente. Es decir, complementar los tratados de libre comercio, para que todos ganemos. Reducir el Estado A nivel burocrático, plantea una reducción sustancial en el gasto, mediante un recorte drástico de “pipones” y de instituciones inútiles. A su criterio, el Gobierno Nacional apenas necesita 1.800 personas. Con este ahorro, podrá incrementar las asignaciones a la educación y la salud. El verdadero miedo de los ecuatorianos, apuntó, no es ni siquiera a la inseguridad, sino a no recibir adecuada atención en los hospitales públicos, y no tener dinero para acudir a clínicas privadas. Que el fracaso o el éxito de una persona, anota, no dependa de su riqueza o pobreza, sino de su capacidad y esfuerzo. Seguridad: 4 ejes En cuanto a la seguridad, su propuesta tiene 4 ejes de trabajo: incremento de los patrullajes preventivos y dotación de implementos a la Policía Nacional: labores de inteligencia; control de cárceles; y creación de espacios deportivos y de trabajo, que brinden un rumbo a los jóvenes. Kronfle advierte que, para retomar los patrullajes, el Estado deberá dedicar importantes cantidades a la compra de vehículos, con su respectivo mantenimiento y combustible, así como para la adquisición de armas, municiones y otros equipos. Sus cifras revelan que en la actualidad, la Policía cuenta apenas con 1.871 carros, que resultan insuficientes para cubrir todo el país. Como medida adicional, el candidato del PSC ofrece enérgicas medidas contra la corrupción. Literalmente habla de “meter a la cárcel” a jueces y fiscales corruptos, e implementar las reformas necesarias que permitan aplicarles las mismas sanciones que recibirían delincuentes peligrosos. En cuanto a la presencia de bases extranjeras, daría luz verde, siempre y cuando los interesados demuestren la importancia de su aporte. ¿Jaime Nebot sería funcionario de su gobierno? No ocuparía un puesto público, aclara, pero sería un importantísimo asesor en la lucha contra la inseguridad. Funciones de la vicepresidenta En caso de llegar al poder, Henry Kronfle ya tiene listas las funciones que cumpliría su binomio, Dallyana Passailaigue, en calidad de vicepresidenta de la República. A ella le asignaría combatir la desnutrición infantil crónica, y la violencia contra la mujer. Ambos han tratado a fondo ambos puntos, y cuentan con planes para empezar a trabajar de inmediato. El modelo educativo también será mejorado. El aspirante social cristiano tiene en mente crear una universidad en línea, con alcance nacional, que permita a los jóvenes ecuatorianos estudiar la carrera de su preferencia en sus propias casas. Solo con una juventud dedicada al deporte, al estudio y al trabajo, evitaremos que las pandillas criminales los reclute para sus actividades. La entrevista completa a

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Hacer política con desaparición de niños es “vergonzoso”, señala presidente Daniel Noboa

Indignado. Así se siente el presidente Daniel Noboa, ante la desaparición de 4 niños en Guayaquil, ocurrida hace 2 semanas. Y su mayor malestar es por la forma politizada, en que ciertos grupos manejan el tema. Los chicos, de entre de 11 y 15 años, habrían sido secuestrados por sujetos vestidos con uniformes militares, cuando salían de sus casas para jugar. Sucedió en el sector de Las Malvinas, en el sur de la urbe. LEER TAMBIÉN: Presidente Noboa dispone que más de 2.000 militares se desplieguen en El Oro LEER TAMBIÉN: Presidente Noboa repasa en red social «X» casos de corrupción del correísmo Según familiares de los menores, que lograron hablar con uno de ellos, los habrían llevado hacia Taura, donde está una base de la Fuerza Aérea. En el sitio se encontraron prendas de los niños, pero no hay más pistas de ellos. Vergonzoso Uno de los actores políticos que metieron mano en el tema, fue el excanciller y actual candidato a la Asamblea Nacional, Ricardo Patiño. El dirigente correísta entrevistó por su cuenta a los padres de los muchachos. Su video, difundido en redes sociales, generó enormes críticas, incluso de su propio coideario y amigo, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Fue tan grande el repudio que Patiño borró el post, aunque ya fue tarde, pues se difundió –y cuestionó- miles de veces. Para el presidente Noboa, lo que hizo el aspirante correísta fue “vergonzoso”. Además, le sorprendió por provenir de un exfuncionario, implicado en 2 escándalos de graves proporciones: los “pativideos”, en los cuales negociaba sobornos, y la “narcovalija”, que detectó tráfico de drogas a través de una valija diplomática, durante su gestión como ministro. Durante un enlace radial ofrecido este lunes, Noboa advirtió que “no vamos a encubrir a nadie”, señaló que se están recabando evidencias del suceso, y que pidió personalmente a la fiscal general, Diana Salazar, que se involucre en el caso. No descansaremos hasta obtener respuestas, acotó. El mandatario descartó que se trate de un “crimen de Estado”, como grita la oposición. Y más aún porque hay una investigación en marcha. Sabotajes eléctricos En otro ámbito, Noboa afirmó que la Fiscalía investigará los recientes actos de sabotaje en el sector eléctrico, y que provocaron varios apagones no programados. A su criterio, el correísmo quiere mantener viva la crisis, para generar indignación en los ciudadanos. Lo que sí es real, anotó, es que su gobierno ha recuperado 509 megavatios en energía térmica, y brindó mantenimiento a las hidroeléctricas. Como ejemplo citó la central Toachi Pilatón, abandonada durante 7 años. Ha sido una dura tarea romper las mafias de CNEL y CELEC, dijo. A los opositores no les conviene un gobierno limpio, joven y sin corrupción, agregó. Seguridad En cuando al tema de seguridad, resaltó las conversaciones sostenidas con Estados Unidos, la Unión Europea y muchos otros países, ya que el crimen transnacional solo se combate con respuesta transnacional. Este tipo de colaboración es fundamental, dijo, para fortalecer la frontera. Parte de la estrategia incluye combatir el hacinamiento en las prisiones, ya que hay una sobrepoblación de más de 4.000 presos. De ahí la necesidad de crear nuevas cárceles. Asimismo, en estos centros se desarticulará la concentración de criminales peligrosos, pues equivale a tener “territorio tomado”. LEER TAMBIÉN: Asamblea aprobó la Ley de Alivio Financiero, planteada por el presidente Noboa LEER TAMBIÉN: Presidente Noboa se mantiene como favorito para las próximas elecciones Noboa precisó que militarizará los puertos del país, y que combatirá con mayor fuerza la minería ilegal, uno de los principales negocios de los grupos narcoterroristas. Si bien se ha logrado un importante descenso en la tasa de homicidios, el presidente calculó que tardará al menos dos años frenar el problema de la inseguridad, como sucedió en Colombia y en muchos otros países. Según sus cálculos, las bandas cuentan actualmente con más de 35.000 hombres. Economía se fortalecerá En materia económica, Noboa puso de relieve ciertos indicadores, que demuestran una saludable recuperación del país. Por ejemplo, el récord de ventas alcanzado en el 2024, y los depósitos bancarios, que llegan a 51.300 millones de dólares. Además, destacó el refinanciamiento de la deuda externa y la reducción del déficit fiscal que, de 10.000 millones, como se proyectaba a principios de año, quedó entre 2.000 y 2.800 millones. Gracias a estos esfuerzos, se evitó el colapso de la economía ecuatoriana, anotó el gobernante. Entre sus planes futuros señala permitir la participación de la empresa privada, especialmente extranjera, en actividades como gas y petróleo. Noboa afirmó que en el 2025 no habrá una nueva reforma tributaria. Lo que sí implementará es ciertos cambios legales, que permitan volver más transparente la recaudación tributaria. En cuanto a la situación del Banco del Pacífico, recordó que es el que más utilidades reporta este año, símbolo de su eficiencia, por lo cual seguirá en las condiciones actuales. Es decir, bajo manejo del Estado. Cumplir en ámbito social El presidente puntualizó que su gobierno, también ha cumplido con el ámbito social. Y como prueba señaló el pago de 2.600 millones de dólares al IESS, por concepto de deuda antigua, y la cobertura de las obligaciones pendientes con los 6.400 maestros comunitarios. También citó los pagos a Solca y Junta de Beneficencia, por atención a pacientes derivados del Ministerio de Salud. Los problemas sociales se enfrentan con empatía y dinero, señaló Noboa. Finalmente, reconoció que fue un grave error elegir como binomio a Verónica Abad, en vista que es una persona que busca la forma de hacer daño al gobierno. El mandatario hizo notar con quién está aliada, y subrayó que es una persona que no quiere el beneficio del Ecuador.

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Organismos multilaterales de crédito financiarán acciones contra la inseguridad

La Cumbre Latinoamericana de Seguridad, que se realizó entre lunes y martes en Guayaquil, dejó un gran legado: el compromiso de los organismos multilaterales de crédito, de financiar proyectos destinados a combatir al crimen. En diálogo con “Punto de Orden”, el delegado alterno del BID en Ecuador, Roberto Izurieta, explicó que este encuentro, por primera vez, dejó de lado el recelo tradicional de dichas instituciones, de participar en proyectos de seguridad en un país. La cumbre, apuntó el directivo, mostró la necesidad de que todos se involucren en este problema, en un espectro más amplio. Es decir, reprimir la violencia, pero también atacar sus causas. Parte de ello será invertir en tecnologías, que permitan enfrentar los retos del crimen organizado, porque solo con mayor cooperación, y compartiendo información con gobiernos de otros países, será posible obtener éxitos. Como ejemplo citó el pedido de Chile, que llamó a Perú a agilizar el envío de antecedentes penales de sus ciudadanos residentes en suelo chileno. Lo mismo sucede para detectar casos de lavado de activos, uno de los problemas más grandes que sufre el continente. En ese sentido, coincidió en la necesidad de “golpear” a los grupos delictivos en el bolsillo, donde más les duele. Y para ello es necesario un sistema que, con rapidez y eficiencia, detecte movimientos económicos sospechosos. Para Izurieta, la seguridad debe ser una lucha de todos, y no solo de un gobierno. Lo cual incluye la participación de las universidades, Asamblea y hasta fuerzas políticas de toda tendencia. Porque es fundamental una cooperación, ajena al debate ideológico. Como parte de esta estrategia, el BID financiará acciones de seguridad de Ecuador, por 250 millones de dólares. Y además existen planes para aumentar el apoyo a nivel regional, de hacerse realidad el proyecto de crear una alianza latinoamericana de justicia y desarrollo. Esta eventual organización también estaría destinada a combatir otras ramas de la inseguridad, como la migración y la minería ilegales.

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Prefectura de Los Ríos implementará “rutas seguras” para los transportistas

Los altos niveles de inseguridad en la provincia de Los Ríos, motiva a la Prefectura a buscar soluciones. Una alternativa será la implementación de 4 “rutas seguras”, a fin de proteger a los transportistas pesados. Dos de ellas serán de sur a norte, y las otras dos de oeste a este, en ambo sentidos. Consultado por “Punto de Orden”, el prefecto, Johnny Terán, explicó que dichas vías serán dotadas de cuarteles policiales móviles, patrullas y drones, entre las poblaciones de Jujan y Buena Fe, tomando en cuenta que son las más transitadas por la carga pesada. El prefecto explicó que Los Ríos, debido a su ubicación en el centro del país, recibe transportes de todos lados, además de convertirse en una de las principales rutas de la droga. Este problema afecta considerablemente al sector, pues los costos se incrementan en los envíos, debido a la necesidad de contratar guardias y organizar caravanas que reduzcan el riesgo de asaltos. La provincia, acotó, genera el 30% del producto interno agrícola, y el 40% de la carga agrícola que sale del Ecuador. Y en vista que hay buenos precios internacionales para banano, palma, maíz y cacao, incluso los campesinos pequeños se convierten en “clientes” de las bandas organizadas. Terán reconoció que la situación es compleja en la provincia. En el 2023, el número de muertes violentas subió en casi un 300%, hasta llegar a mil casos. Y en lo que va del 2024, se han reportado casi 500 crímenes. El prefecto teme que los operativos que se realizan en otras regiones del país, llevan a las bandas delictivas a mudarse a Los Ríos Podrán construirse anillos viales Por otra parte, el Terán anunció que la Prefectura de Los Ríos podrá llevar adelante el proyecto, denominado “anillos viales” de Quevedo. El mismo estaba detenido debido a que una jueza de Yaguachi, de forma sospechosa, había aceptado una acción de protección de los propietarios de una camaronera cercana, que no tiene permisos. Dicha magistrada tiene un largo historial de denuncias y quejas, por liberar peligrosos delincuentes. Dos años después, ya en la audiencia ante la Corte Provincial, lograron ganar el caso. Curiosamente, dos de los jueces de la sala están implicados en el “Caso Purga”, y el tercero, al ser nuevo, prefirió no participar.

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Presidente Daniel Noboa lidera acciones contra el crimen organizado en Durán

El presidente Daniel Noboa llegó a Durán en medio de un fuerte contingente policial y militar, para liderar acciones contra el crimen organizado, tal como lo anunció la semana pasada. El mandatario señaló que los uniformados estarán en el cantón el tiempo que sea necesario para acabar con las mafias. «A Durán le hacía falta un político que tenga bien puestos los pantalones para enfrentar la inseguridad», señaló el jefe de Estado. Noboa considera que Durán ha sido cuna del «viejo Ecuador» y ha existido una complicidad de ellos en el sistema corrupto que ha mantenido a la localidad en la «oscuridad y marginada». Leer también: Presidente Noboa participó en firma de garantía soberana de crédito para Manabí Advirtió con implementar acciones drásticas para acabar con los grupos terroristas que operan en ese cantón, a quienes les afirmó que tienen las horas contadas. El primer mandatario también anunció que como parte de las operaciones ejecutadas la madrugada de este miércoles, se encontró una oficina paralela al Municipio donde aparentemente se realizaban trámites para el tráfico de tierras y negocios ilícitos. Como parte de esta acción, arremetió contra Jorge Glas y Pablo Muentes, afirmando que el tiempo de ellos, se acabó. Esto en referencia al exvicepresidente que permanece recluido en la cárcel La Roca, al igual que el exasambleísta del Partido Social Cristiano, ambos por casos de corrupción. Declaraciones del mandatario:  

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Alcaldía de Guayaquil emprenderá plan para recuperar seguridad en sectores turísticos

El Municipio de Guayaquil alista un proyecto especial, destinado a recuperar la seguridad de ciertos puntos turísticos. Durante el enlace radial realizado este miércoles, el alcalde, Aquiles Álvarez, citó en particular el barrio Las Peñas, donde hace pocos días un grupo de transeúntes fue asaltado, tal como quedó registrado en videos de seguridad. El proyecto, señaló el dignatario, consistirá en mejorar la iluminación e instalar un retén, que ocuparán de forma permanente elementos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la empresa Segura. El objetivo es brindar la misma seguridad que tiene ahora la calle Panamá, en la llamada Zona Rosa, donde operan numerosos bares y discotecas, y extenderla a todo el casco central. Álvarez recordó que el Cabildo cuenta con cerca de 35.000 cámaras de seguridad, instaladas en toda la ciudad, que permiten detectar y denunciar cualquier delito de forma inmediata. También en materia de seguridad, el Municipio colabora con policías y militares en la vigilancia de las escuelas de Guayaquil, que volvieron a clases esta semana. En su caso, se brinda protección a 45 planteles. Este control se basa en el mapa de riesgos, y no se limita a las horas de entrada y salida de alumnos, sino también a los negocios instalados en los alrededores. Algunos de ellos, supuestas tiendas, en realidad son licoreras clandestinas, por lo cual se procedió a su clausura. Adicionalmente, dijo, la Alcaldía realiza la fumigación y desratización de escuelas y colegios, así como de viviendas. Transportación en espera En otro ámbito, el alcalde reconoció que el mejoramiento del sistema de transporte Metrovía tomará algún tiempo, debido a los desacuerdos que existen con los operadores. Por ejemplo, en la Troncal 2, cuyo contrato fue terminado debido al mal servicio, está en marcha un nuevo proceso, que dependerá de que el contratista compre unidades nuevas, con aire acondicionado e internet gratuito. Solo entonces, apuntó Álvarez, podrá discutirse un posible incremento en las tarifas. Uno de los puntos en disputa es el de la “tarjeta única”, que permita a los usuarios utilizar indistintamente cualquier troncal o alimentador. El objetivo era definir el tema este mes, pero no será posible, apuntó el personero. No se puede arreglar un problema de 17 años en 11 meses. Sí, se revisarán las tarifas, pero con las reglas del Municipio y no de los transportistas, acotó. Optimizando presupuesto Por otra parte, el alcalde anunció que este 24 de mayo presentará su rendición de cuentas, en un acto que tendrá lugar en el Parque Samanes. Álvarez precisó que uno de los principales obstáculos que ha enfrentado su administración, es la limitación económica, debido al grave desfase dejado por la gestión anterior, y al retraso del gobierno en la entrega de asignaciones. Algunos de los rubros han sido pagados en bonos -hasta 94 millones de dólares- lo cual reduce el campo de acción del Municipio. De acuerdo a sus cifras, el régimen les adeuda parte de febrero, marzo y abril. Felizmente, la recaudación de los impuestos prediales de enero y febrero del presente año es buena, superando incluso la del mismo periodo del 2023. A su criterio, es una muestra de la confianza que siente la gente, de que sus recursos son bien cuidados y no se gastan en tonterías, o peor aún, son sobreprecios. Como prueba mencionó la recuperación de los parques, que estuvieron abandonados los 4 años anteriores. En total mencionó 5.079 en su primer año de gestión. Finalmente, reiteró que habrá un plan habitacional, pero no de la forma en que lo mostró la anterior administración, que sacó a la venta 10.000 predios, cuando solo disponía de 4.000. Esta acción irresponsable obligó a devolver 4,8 millones de dólares a los afectados por estos “terrenos de mentira”, que solo existían en terrenos. Hay un plan, un efecto, pero se hará de acuerdo a los recursos disponibles, y en los plazos que sean convenientes para todos.

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Presidente y ministras participaron en inicio de nuevo año lectivo en la Costa

Arrancó de forma oficial el nuevo año lectivo en el régimen Costa y Galápagos. El periodo abarcará a más de 2,4 millones de estudiantes y 113.000 docentes, de ocho provincias del país. Las clases comienzan de forma escalonada. En algunos planteles ya iniciaron la semana pasada. El año lectivo fue abierto por el presidente de la República, Daniel Noboa, quien asistió a la entrega de la repotenciación de la Unidad Educativa “Los Vergeles”, situada en el norte de Guayaquil. Noboa estuvo acompañado de las ministras de Educación, Alegría Crespo, y del Interior, Mónica Palencia. Juntos presentaron el programa “Comunidades Seguras y Protectoras”, iniciativa que cubrirá 365 unidades educativas priorizadas, ubicadas en 23 provincias del Ecuador continental. En su intervención, Palencia aseguró que se contará con 3.526 policías, para resguardar el ingreso y salida de niños, niñas y adolescentes. El programa también contempla abordar otros riesgos dentro de las aulas, como el consumo de drogas y el embarazo adolescente. La ministra agradeció el apoyo de las instituciones gubernamentales en este esfuerzo conjunto, y resaltó que el programa promueve la vinculación de la seguridad y la educación. Más seguridad para escuelas Por su parte, el presidente Noboa prometió que se cumplirá las necesidades de seguridad de las escuelas y colegios. El mandatario recordó que, el año lectivo pasado, las clases tuvieron algunos momentos de virtualidad, precisamente a causa de la ola de inseguridad que reinaba en el país.  “Hemos devuelto la esperanza a la gente, la gente ahora cree que cuando hay algún delincuente o algún corrupto sí termina en la cárcel y si es que es de los peores termina en La Roca”, aseguró. Finalmente, Noboa exhortó a las autoridades a detectar quienes intenten bloquear la entrega de libros escolares, una actividad que calificó de “miserable”.

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Gobierno alista proyecto para incrementar seguridad en espacio aéreo

El bloque parlamentario del movimiento gobiernista ADN, prepara un proyecto de ley que mejoraría la vigilancia del espacio aéreo nacional. En diálogo con Carlos Vera, en nuestro programa “Del Día a la Noche”, Inés Alarcón, legisladora de dicha bancada, explicó que la propuesta ya superó el primer debate interno en la Comisión de Seguridad de la Asamblea, la cual preside. El segundo debate está fijado para el 19 de abril. Alarcón precisó que, si el proyecto recibe el voto favorable de la mayoría, pasará a la Presidencia del Parlamento, que definirá la fecha del tratamiento en el pleno. Mayores controles La posible ley, que sería de tipo orgánico, daría mayores atribuciones a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, para interceptar a aeronaves no identificadas o registradas. El objetivo es ubicar, y de ser necesario derribar o neutralizar, aviones o avionetas sospechosas de transportar droga, armas o dinero. Adicionalmente, se establece una metodología para ubicar posibles pistas clandestinas. Incluso ciertos terrenos, que podrían convertirse en pistas para naves pequeños. Alarcón consideró fundamental hacer realidad este proyecto, a fin de evitar que los carteles de la droga se vuelvan una amenaza. De acuerdo a las investigaciones, en Ecuador se han detectado 54 pistas clandestinas, en especial en las provincias de la costa. Y lamentablemente, no existe un marco jurídico que permita combatir tales espacios, a pesar del enorme esfuerzo que realizan policías y militares. Para la legisladora, es fundamental que los gobiernos autónomos colaboren en los controles.

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Qué implica el acuerdo de cooperación marítima con EE. UU. que espera aprobación constitucional

Primicias .- El acuerdo para operaciones marítimas, firmado por el gobierno de Guillermo Lasso, otorga más facilidades a las fuerzas del orden de Estados Unidos que a las ecuatorianas. La Corte Constitucional decidirá si el acuerdo puede entrar en vigencia o no. La petición de ayuda internacional del presidente Daniel Noboa para combatir al crimen organizado abrió el debate sobre la soberanía territorial y la posibilidad de que fuerzas públicas extranjeras pudiesen actuar en Ecuador. Los ofrecimientos de cooperación no tardaron: Argentina ofreció militares; Brasil, policías federales, y Estados Unidos, un paquete completo de asistencia, del cual se desconocen los detalles. Y el Primer Mandatario ya advirtió que no se puede declinar ayuda bajo el argumento de la soberanía, porque el país necesita «apoyo militar en fuerza de personas, de soldados, así como asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento«. Aunque dejó por fuera posibles bases militares en territorio ecuatoriano. Y, precisamente, la Corte Constitucional (CC) está tramitando todavía el último acuerdo firmado entre Ecuador y Estados Unidos «relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas». El documento fue firmado el 27 de septiembre de 2023, un mes antes de que Guillermo Lasso deje el poder. En ese entonces, el canciller Gustavo Manrique dijo que la cooperación no contempla la instalación de tropas estadounidenses en territorio ecuatoriano. Pero, agregó que el objetivo será que «entren en periodos de corta duración, hagan los operativos y se retiren». En la petición de control constitucional, realizada al magistrado Alí Lozada, el 13 de noviembre de 2023, el entonces presidente Lasso afirmó que el acuerdo no «establece alianza política o militar alguna con Estados Unidos». El documento permanece en la Corte desde el 15 de diciembre, en espera de que los jueces emitan un pronunciamiento, a favor o en contra de su entrada en vigencia. ¿Qué establece el acuerdo? El acuerdo con Estados Unidos busca ejecutar operaciones conjuntas contra las actividades marítimas transnacionales ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas, de migrantes, de armas de destrucción masiva y la pesca ilegal. El objetivo es que ambas partes puedan «prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas», por la «urgente necesidad» de luchar contra el crimen organizado transnacional. Y establece el marco normativo para las aeronaves, autoridades, agentes y buques de las fuerzas del orden o instituciones de ambos países, que deben ser «claramente identificables» y autorizadas por el respectivo Estado. El artículo 3 del acuerdo manda que Quito y Washington establezcan un programa de operaciones marítimas combinadas y designen a uniformados de sus fuerzas del orden para que actúen como «agentes a bordo en un buque» de su contraparte. De acuerdo con las leyes de ambos países y los instrumentos internacionales, cuando una embarcación sospechosa se dirija hacia su país, estos «agentes a bordo» podrán: Autorizar la persecución de buques sospechosos. Solicitar y autorizar la asistencia de los agentes en el abordaje de buques. Exigir el cumplimiento de las leyes de su país y autorizar al buque a asistir en esa labor, en caso de estar fuera del mar territorial de cualquiera de los dos países. Autorizar al buque a realizar patrullajes en el mar territorial de su país. Y, dentro del mar territorial de su país, exigir el cumplimiento de las leyes de su Estado, de acuerdo al derecho internacional. Además, estos «agentes a bordo», según su autoridad, llevarán a cabo «todo registro o incautación de bienes, toda detención de personas, y uso necesario de la fuerza«. Excepto si pide ayuda a los uniformados del buque en que se encuentra o si ellos requieren hacer uso de la fuerza en defensa propia. Las operaciones marítimas en Ecuador El artículo 4 del acuerdo de cooperación establece que Estados Unidos no podrá realizar operaciones contra actividades marítimas ilícitas en el mar territorial de Ecuador, sin la autorización del Estado ecuatoriano. Y la autorización que podrá conferir la Armada de Ecuador se enmarca en cuatro escenarios: Cuando lo autorice un agente ecuatoriano embarcado en un buque estadounidense. Cuando una embarcación sospechosa, más allá del mar territorial de cualquier nación, huye hacia Ecuador. Pero deberá comunicarse con la Armada ecuatoriana para que lo intercepte. Si detecta una embarcación sospechosa en mar ecuatoriano, un buque estadounidense podrá solicitar autorización a la Armada para el abordaje, inspección y detención hasta recibir instrucciones de las autoridades ecuatorianas. Y este último proceso se repetirá en caso de detectar una embarcación sospechosa de realizar pesca ilegal en la zona económica exclusiva de Ecuador. Además, si la Armada «carece de una unidad naval para ejercer el control» de una embarcación sospechosa de bandera ecuatoriana, puede solicitar la cooperación de la Guardia Costera de Estados Unidos. Sobrevuelo y aterrizaje en Ecuador El Ministerio de Defensa podrá autorizar y coordinar con las aeronaves de las fuerzas del orden de Estados Unidos operen en el espacio aéreo nacional en tres casos: Por tránsito. Aterrizar y permanecer temporalmente en la Basé Aérea Simón Bolívar y otros aeropuertos alternos, en las ocasiones y durante el tiempo necesarios para las operaciones permitidas en el acuerdo. Transmitir órdenes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a aeronaves sospechosas para que aterricen en Ecuador, con sujeción al derecho internacional y ecuatoriano. Además, Ecuador deberá respetar los procedimientos de aeronaves estadounidenses en espacio aéreo nacional en caso de «operaciones de aplicación de la ley bilateral o multilateral planificadas» o de persecución de aeronaves sospechosas sobre el mar ecuatoriano. El acuerdo también define que los vehículos, buques y aeronaves operadas por Estados Unidos, que actúen dentro del marco del acuerdo en territorio ecuatoriano, no pagarán derechos de aterrizaje, estacionamiento, portuarios, navegación o sobrevuelo, peajes ni otros cargos de uso, como de gabarra y de puerto. Otros beneficios del acuerdo El documento, además, establece una serie de beneficios para los países firmantes, dentro del marco del acuerdo, en el territorio de su contraparte. Por ejemplo, Ecuador y Estados Unidos podrán solicitar, «durante el tiempo que sea necesario», el amarre temporal de sus buques o aterrizaje de aeronaves en los puertos o aeropuertos del otro Estado firmante del acuerdo. Así como la entrada «por otros medios» de más agentes de sus fuerzas del orden. Y el numeral 2 del artículo 11 agrega que «las Partes considerarán el emplazamiento de personal de enlace e investigadores en el cuerpo de personal de la Embajada o de grupos militares con el fin de facilitar investigaciones de las fuerzas del orden, enjuiciamientos e intercambio de información de conformidad con el presente Acuerdo». Además, Ecuador conferirá a todos de los agentes de las fuerzas del orden de Estados Unidos y funcionarios del Departamento

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Con correos falsos, delincuentes pretenden engañar a docentes para recibir un supuesto pago

El Universo .- La cifra sobre ingresos no autorizados a clases virtuales difieren entre el Gobierno y la UNE, organización que presentó una denuncia en Fiscalía. Al ingreso de personas no autorizadas a clases virtuales se suma que algunos docentes han recibido correos electrónicos bajo la modalidad de phishing, es decir, un ciberataque que busca engañar a quien lo recibe haciéndose pasar por una institución o persona. Según la organización Usuarios Digitales, ambos casos están relacionados con accesos y datos que la autoridad custodia. En un correo se pedía usar un enlace para recibir una donación de un programa atribuido al Ministerio de Educación. Esa información fue negada por esa cartera de Estado que pidió a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales. El documento fue exhibido por la Unión Nacional de Educadores (UNE), cuyos dirigentes acudieron este miércoles a presentar una denuncia en la Fiscalía sobre el ingreso no autorizado de individuos con el rostro cubierto a clases virtuales. Su presidente Andrés Quishpe indicó que la denuncia se refiere a las amenazas que estudiantes, maestros han recibido durante el teletrabajo. El Gobierno señaló que se han presentado 36 alertas de ingresos de personas no autorizadas a clases virtuales mientras que la UNE, 68. Para el dirigente, las amenazas físicas de las que eran objeto en las aulas se han trasladado a la educación virtual. Esmeraldas, Quito, Guayaquil, Durán, Manta, Portoviejo son las ciudades en las que se han presentado estos hechos, acotó, que se refieren a vacunas en planteles, a evitar que las entidades sean territorio de microtráfico, o a que haya patrullajes. Dayana Basantes, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), señaló que hay personas infiltradas y armadas quienes ingresan a clases virtuales para infundir miedo en estudiantes, padres de familia y profesores. Basantes acotó que la inseguridad ha ido creciendo y 12 estudiantes fueron asesinados en los exteriores de unidades educativas. Estas amenazas se dan en medio del anuncio gubernamental de que las clases virtuales se mantendrán hasta el viernes, 19 de enero.

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De las 9.000 llamadas que recibe el ECU 911 diariamente, el 50 % son falsas

Ecuavisa .- Las sanciones por realizar estas llamadas van desde la suspensión de la línea telefónica por 30 días, hasta prisión y el pago de una multa. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recibe cerca de 9 000 llamadas diarias. Diego es uno de los más de 100 operadores que tiene la institución en Quito y durante esta emergencia ha atendido llamadas de auxilio y varias de ellas fueron de alertas por material explosivo. Su trabajo es calmar a la gente para tener toda la información, optimizar el tiempo y así despachar a los equipos. ¿Qué pasa cuando estas llamadas son falsas?   «Los recursos van al lugar y no es un explosivo, puede ser que en otro lugar esté una alerta que sí sea verdadera y que necesita la atención inmediata», explicó Diego Garcés, evaluador de operaciones del ECU 911.   Bolívar Tello, director general del ECU 911, cuenta que solo el fin de semana se registraron 2 300 alertas en la capital. «De las llamadas que recibimos, el 50% son falsas. Es decir, de cada 10 llamadas, cinco puede haber sido una llamada falsa», sostiene.   Las llamadas falsas ocasionan congestión en la central telefónica, además de pérdida de tiempo, recursos económicos, humanos, equipamiento e infraestructura. También limitan el accionar operativo en caso de una emergencia real. Hay sanciones administrativas, determinadas por el Arcotel, para quienes hagan estas llamadas y movilicen recursos erróneamente. Cuando se entrega información falsa, pero el ECU 911 no ha enviado personal, ni se han movilizado recursos, se sanciona con la suspensión de la línea telefónica, fija o móvil, por los siguientes lapsos: 30 días 180 días Suspensión definitiva de la línea   Si se movilizan recursos, se trata de un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, cuya pena es de 15 a 30 días en prisión, además de una sanción pecuniaria. Las autoridades tratan de identificar cuando una llamada es falsa para así emitir sanciones. Hacer una llamada falsa puede significar no salvar una vida y acarrea sanciones.

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Colombia está dispuesta a activar trámite de repatriación y reitera que expulsión de reos será decisión unilateral de Ecuador

El Universo .- En el caso de la repatriación indicó que se analizará caso por caso. A lo largo del día, autoridades de Colombia se han referido a la iniciativa anunciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa Azín, de comenzar con la salida de personas privadas de libertad extranjeras a sus países de origen. En una entrevista radial, Noboa mencionó que empezarían con Colombia y serían alrededor de 1.500 reos los que estarían en cárceles ecuatorianas. La noche de este miércoles, los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores de Colombia emitieron un comunicado en conjunto en el que reiteraban la disposición para activar el trámite de repatriación, mas no la expulsión. En la misiva, las autoridades recordaron que la repatriación entre ambos países se rige por el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves del 18 de abril de 1990. “Según este convenio internacional, la repatriación de connacionales es un proceso individual —no masivo— que responde a criterios objetivos —no a la simple voluntad de los Estados parte—, y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal, o por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada”, se señaló. Las instituciones aclararon que las solicitudes son estudiadas caso a caso y se contemplan criterios como: Cumplir al menos el 50 % de la condena. Tener un estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad o situación de discapacidad con deficiencia física o mental grave o completa con dependencia severa o máxima total. Tener sesenta y cinco años o más. Estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad de padres, hijos y/o cónyuge o compañera/o permanente. El Ministerio de Justicia de ese país afirmó tener la disposición para activar el trámite de repatriación bajo el convenio, y que la eventual expulsión de connacionales es distinta a la figura de repatriación, que “constituiría una decisión unilateral del Estado ecuatoriano que dejaría sin efectos las decisiones judiciales de sus órganos de justicia en Colombia”. Además indicaron que confían en que Ecuador tome las medidas para preservar los derechos humanos de los reos, “sin perjuicio de los trámites de repatriación a que haya lugar”.

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Dos detenidos por presunto acto vandálico con explosivos al Comando de la Policía Nacional de Esmeraldas

El Universo .- Un vehículo con explosivos no detonó en una gasolinera, en el sur de la ciudad. Esmeraldas Dos sospechosos de atentar con artefactos explosivos a las instalaciones del Comando de la Policía Subzona 8 Esmeraldas fueron aprehendidos por agentes policiales, a eso de las 18:00 de este lunes 8. La detención fue en la parte exterior del complejo policial, cuando los agentes observaron la intención de dos personas que habrían lanzado objetos desde la calle. El acto vandálico fue por la avenida Jaime Roldós, sur de la ciudad, frente a donde se encuentra el Batallón de Infantería del Ejército (Bimot-13). El artefacto ingresó a un terreno baldío y no ocurrieron incidentes mayores.“Fueron capturados en flagrancia delincuentes que querían lanzar explosivos. Serán juzgados por terrorismo”, se informó desde el Comando Subzona 8. Mientras, personal antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se movilizó a una estación de servicio del sector Y de Vuelta Larga, donde desconocidos habrían dejado un automotor, al parecer, con explosivos. Empleados de la gasolinera lograron apagar el vehículo abandonado, cerca del área de descarga de combustibles. De su lado, comerciantes, vendedores ambulantes y taxis de servicio de pasajeros suspendieron actividades por presuntas advertencias de actos vandálicos y atentados en la ciudad de Esmeraldas. Comerciantes de Esmeraldas cerraron locales por amenazas de actos vandálicos, la tarde de este lunes. Foto: Diario El Universo La advertencia habría llegado a través de audios y mensajes de desconocidos a teléfonos móviles, lo que generó preocupación y temor en los comerciantes y transportistas, desde las 17:00 de este lunes 8. “Ya vivimos momentos críticos por vandalismos registrados en la ciudad de Esmeraldas, con robos y quema intencional de vehículos, como sucedió el 29 de diciembre pasado”, refirió María Elena Ramírez, comerciante de la calle Simón Bolívar. Estudiantes de establecimientos escolares de la sección vespertina fueron regresados a sus domicilios de residencia. También estudiantes de las universidades Católica y Luis Vargas Torres restringieron actividades educativas. Algunos taxistas, como Rogelio Saltos, prefirieron guardar sus unidades de transporte, mientras la transportación urbana lo haría desde las 18:00 para salvaguardar sus automotores. También las iglesias evangélicas y católicas suspendieron los cultos de esta noche por la falta de transporte y evitar alguna novedad. Personas y familias que se encontraban en el malecón y balneario de Las Palmas también dejaron reuniones y actividades de rutina, luego de recibir llamadas y mensajes. Desde la Gobernación de Esmeraldas se dispuso movilizar a Fuerzas Armadas y Policía Nacional a puntos estratégicos y zonas calientes de la capital esmeraldeña. Los comandantes de la Policía Subzona 8, Fuerza de Tarea Conjunta y Comando Naval de Operaciones Norte pidieron mantener la calma a la población y no entrar en pánico por rumores. Algo similar refirió el gobernador Jorge Benítez, enfatizando que la fuerza pública está patrullando las calles de la capital esmeraldeña. Por su parte, viajeros que anticiparon pasajes luego de las 23:00 llegaron a la terminal terrestre de Esmeraldas para informarse sobre cómo movilizarse luego de esa hora hacia otras ciudades. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas intensifica sus operaciones militares, de control de armas, municiones, explosivos en la Zona Especial de Seguridad Esmeraldas, así como patrullajes en barrios de alta conflictividad social y delincuencia de toda la provincia verde. Piden a la ciudadanía que acate la restricción de la movilidad desde las 23:00 hasta las 05:00, durante los 60 días del estado de excepción gubernamental. El incumplimiento de esta disposición tendrá sanciones muy fuertes, reveló la FTCE en un comunicado.

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Las cárceles prometidas por el presidente estarán listas en 10 meses

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que el próximo jueves 11 de enero, comenzará la construcción de las nuevas cárceles de máxima seguridad. En una entrevista concedida a Radio Sucre, Noboa dio a conocer que las prisiones estarán terminadas en un plazo de 10 meses, como parte del llamado «Plan Fénix». El mandatario reveló que las cárceles estarán situadas en las provincias de Pastaza y Santa Elena, si bien no dio detalles de su ubicación exacta, por razones de seguridad. Según Noboa, el objetivo es que los centros de rehabilitación «estén en las zonas de menor influencia de los grupos narcoterroristas». Además, el mandatario recordó que las cárceles tendrán similitud a las de México y el Salvador, pues serán construidos por la misma compañía que usaron los gobiernos de dichos países. «Para todos los Bukelelovers, es una cárcel igualita. Si quieren ir, pasear, conocerla, quedarse una noche, comentan un crimen», indicó Noboa, en referencia al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. Traslado de presos En otro ámbito, el presidente anunció el traslado de 3 cabecillas de la banda criminal «Los Lobos», a la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como «La Roca». Este cambio se debe a la denuncia de la fiscal general, Diana Salazar, sobre un plan para atentar contra su vida, y del cual responsabiliza a Fabricio Colón Pico, alias «Capitán Pico», delincuente vinculado con dicha organización. Paralelamente, Noboa informó que ha dispuesto reforzar la seguridad policial y militar de la fiscal Salazar, así como de su entorno familiar cercano.

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Noboa rescata cuarteles intermedios en Consejo de Seguridad en Daule

Primicias .- El presidente de la República, Daniel Noboa, presidió el Consejo de Seguridad en el cantón Daule (Guayas), en el que se definió continuar con el plan de construir cuarteles intermedios que reemplacen a las UPC. El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó a Daule, en Guayas, para encabezar al reunión del Consejo de Seguridad junto al ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, y otras autoridades castrenses. El objetivo es impulsar el control de armas en las carreteras por parte de las Fuerzas Armadas, así como continuar con el plan de construcción de los cuarteles intermedios que reemplacen a las unidades de policía comunitarias (UPC). Al concluir la reunión, el ministro Loffredo aseguró que es necesario blindar a los agentes policiales de los ataques del crimen organizado. «Actualmente la delincuencia no da para este tipo de unidades de policía comunitarias, sino para cuarteles intermedios, que brinden más disuasión y protección a los servidores policiales», dijo Loffredo. Una promesa que nació en 2022 En octubre de 2022, el entonces ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que implementarían un nuevo modelo de gestión de unidades policiales en los barrios más peligrosos. Se refería a espacios con más seguridades, con estructuras blindadas y todo el equipamiento logístico y tecnológico necesarios. «Tuve una reunión con la Policía y la gente de planificación del Ministerio para que en las zonas conflictivas se levanten los puntos donde se necesiten, ya no UPC, sino un cuartel intermedio, con entre 300 y 400 hombres», dijo Zapata el año pasado. A inicios de 2023, el gobierno de Guillermo Lasso prometió construir 20 de estos espacios en cinco provincias, a un costo de USD 150,8 millones, pero este plan no se concretó.

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Daniel Noboa plantea que armas decomisadas en operativos sean usadas por policías y militares

Vistazo .- El presidente de la República, Daniel Noboa, informó que las preguntas de la Consulta Popular, con las que «busca transformar al país con acciones enfocadas en el bienestar y seguridad de los ciudadanos», serán enviadas en los próximos días. Mediante un video, compartido este viernes 22 de diciembre, Noboa enfatizó que su Gobierno tiene una misión que es generar empleo para la juventud, dar seguridad, hacer reformas a la función judicial y en el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas. Además, el primer mandatario mencionó la posibilidad de capturar fondos que provienen de actividades ilícitas, así como el de poder usar armas que son decomisadas en operativos, «ya que tenemos necesidades en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas». «Al final de esta semana ya hemos de pasar las preguntas a la Corte Constitucional, para que las revise y apruebe», dijo Noboa. Luego de aquello el proceso continuará en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se espera que a principios de marzo esté lista la consulta. Este jueves, Noboa también comunicó que prevé presentar “una importante reforma carcelaria” en las dos primeras semanas de enero de 2024. Las reformas son parte del plan de seguridad que ya está en marcha en el país, sostuvo. Otra de las acciones dentro de la estrategia está la construcción de cárceles de máxima y súper máxima seguridad “en zonas donde no están las bandas activamente operando”, señaló el jefe de Estado. Para esto, el Gobierno mantiene diálogos con los grupos internacionales que construyeron centros penitenciarios en El Salvador y en México. En ese sentido, dijo: “En enero vamos a poner la primera piedra”. Otra urgencia en el tema de seguridad es que en el sistema penitenciario existen cerca de 3.000 personas privadas de libertad extranjeras, de los cuales 1.000 tienen sentencia ejecutoriada por más de cinco años. Ante esta cifra, el mandatario reiteró que estas personas “serán expulsadas del país inmediatamente”; para conseguir mayor orden en las cárceles. Mientras que, para el fortalecimiento de las fuerzas del orden, la cooperación con Estados Unidos es clave, pues el país norteamericano entregará armamento de última generación, valorado en $ 200 millones, que se prevé llegará al país en el primer trimestre de 2024.

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