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Ecuador, junio 03, 2026

Correísmo quiere utilizar denuncias de Wilman Terán para el regreso de su líder

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Pamela Aguirre, se ha propuesto reivindicar la deteriorada imagen del expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán. Gracias a las abstenciones del bloque de la Revolución Ciudadana, tanto Terán como Maribel Barreno, exvocal del CJ, se libraron de la censura en el reciente juicio político. Pero la situación penal no pinta también para ambos. El testimonio de Xavier Muñoz, otro exconsejero del CJ, y quien decidió acogerse a la cooperación eficaz con la Fiscalía, es lapidario. Muñoz no solo confesó su participación en las redes de corrupción, detectadas en los casos “Caso Independencia Judicial” y “Metástasis”, sino que reveló las irregularidades cometidas por sus antiguos compañeros. Y en especial por Terán. Sin embargo, la legisladora Aguirre tiene otra lectura. Cree que las “confesiones” de Wilman Terán durante el juicio político, sirven para los fines del correísmo. Durante la interpelación, el expresidente del CJ afirmó que, siendo parte del tribunal que emitió sentencias en el “Caso Sobornos”, fue presionado por la fiscal, Diana Salazar, para condenar al expresidente Correa y al exvicepresidente Glas. Un anuncio que, para la Revolución Ciudadana, permitiría presentar el recurso de revisión, a fin de exonerar al expresidente Correa, condenado a 8 años de prisión. El problema estribaría en las evidencias. Terán no tiene ninguna para respaldar sus afirmaciones, y los chats telefónicos de sus supuestas conversaciones con Salazar, carecen de toda credibilidad. Es decir, ni siquiera podría salvarse de una condena. En una entrevista radial, la asambleísta Aguirre lanzó la tesis de que la fiscal debe ser interpelada. El proceso está está suspendido, debido al estado de gestación de la funcionaria. El “Caso Sobornos” fue revelado en el 2019. El portal digital “Mil Hojas” publicó que varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, negociaron, gestionaron y recaudaron fondos para las campañas de Alianza País, mediante sobornos pagados por contratistas del Estado.

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Wilman Terán no convence a nadie con sus “situaciones histriónicas”, advierte exjuez Walter Macías

Las “situaciones histriónicas” protagonizadas por el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, durante las audiencias penales en su contra, tienen como único fin plantar la duda en los ecuatorianos. Así se pronunció el exjuez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, en diálogo con “Punto de Orden”. Macías restó importancia a las denuncias de Terán, quien durante el “Caso Metástasis” ha tratado constantemente de crear una narrativa, según la cual él –Macías- era “apadrinado” por la fiscal general, Diana Salazar, algo que es falso. Basta recordar, dijo, que el extitular del CJ se llamaba a sí mismo como “venido de las estrellas”. Lo que sí es cierto, apuntó Macías, refiriéndose a sí mismo, es que era un “juez incontrolable”, que no permitió que se tomaran la justicia. Felizmente, el juez Inga, quien lleva la causa, llamó a un paramédico durante las audiencias, y confirmó que lo único que hacía Terán era un show, para tratar de dilatar el proceso. Chats sin valor Asimismo, descartó la validez de los supuestos chats telefónicos, presentados por Terán, y que tratan de probar una supuesta relación con la fiscal Salazar. Macías precisó que tales chats fueron periciados por el propio acusado, de un teléfono que no muestra y manipulados con photoshop. Además, no fueron presentados como evidencia en su debido momento, y por tanto carecen de valor legal. El exmagistrado advirtió que no es lo mismo un juicio político, donde Terán fue protegido por la bancada correísta para garantizar su impunidad, a un proceso penal, en el cual se ha mostrado sólida evidencia sobre la corrupción con que manejó la justicia. A su criterio, el CJ debe desaparecer, o limitar su gestión a tareas administrativas.

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Corte Nacional debe resolver si llama a juicio a Terán y Barreno

Julio Inga, conjuez de la Corte Nacional de Justicia, y encargado del denominado “Caso Independencia Judicial”, deberá decidir en estos días si acepta el pedido de la Fiscalía, para llamar a juicio a los 11 implicados. Dentro de este proceso fueron incluidos el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal, Maribel Barreno, en calidad de autores directos. Los otros 9 como cómplices. Terán está detenido en la Cárcel “La Roca”, la de mayor seguridad del país. Durante las extensas diligencias del viernes y sábado pasados, que se extendieron hasta la madrugada del domingo, la Fiscalía pidió el llamado a juicio de todos los involucrados. Terán, el principal acusado, provocó incidentes con declaraciones altisonantes, mientras exigía a gritos que le concedan el Habeas Corpus, pues el encierro en prisión, según dijo, afecta su salud. Inga entró en etapa de deliberación, a fin de resolver si llama o no a juicio a los implicados. En su intervención, que duró cerca de 7 horas, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, expuso numerosas evidencias contra Terán y Barreno, como responsables de obstrucción de la justicia. El expresidente de la CJ insistió en su recurso de Habeas Corpus.

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Corte Constitucional desecha acción de protección de Wilman Terán contra el gobierno de Lasso

La Corte Constitucional (CC) dejó sin efecto la acción de protección, que la Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha había concedido al expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán. En octubre del año pasado, cuando todavía estaba en funciones, Terán planteó dicha acción para conseguir que el gobierno de entonces, presidido por Guillermo Lasso, le entregara al CJ 256 millones de dólares, que supuestamente correspondían a las asignaciones a la función judicial. Su reclamo recayó primero en un juez de la Unidad Judicial de Quito, y después, a raíz de la apelación, en la citada Sala de lo Penal. En ambos casos, fue acogido de forma parcial, lo cual obligaba a transferir los fondos señalados. Sin embargo, la Corte Constitucional emitió un dictamen que dejó sin efecto el recurso, por considerarlo improcedente. Asimismo, advirtió que el fallo de los jueces se considera “error inexcusable”, lo cual traería procesos disciplinarios, e incluso la destitución. Para la CC, hubo “manifiesta improcedencia de la acción por afectar el derecho a la seguridad jurídica”, y señaló como responsables a los magistrados José Jiménez, Mónica Bravo y Miguel Ángel Narváez, de la Sala Penal de la Corte de Pichincha.

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Intensos cabildeos en la Asamblea para juicio político contra Wilman Terán

La suerte del expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, parece estar casi decidida, tanto en el ámbito penal como en el político. A nivel penal, Terán es el principal implicado en el caso “Independencia Judicial”, por violentar normas en votaciones; pretender la extensión del periodo de varios jueces, sin tener autoridad para ello; meter mano en el concurso de nuevos magistrados; y vender puestos dentro de la entidad. Adicionalmente, en el “Caso Metástasis”, afronta graves cargos por actos de corrupción, pues recibía enormes cantidades a cambio de sorteos, sentencias y otras gestiones, para favorecer a cabecillas de organizaciones criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Con la confesión de su antiguo socio, el exvocal Xavier Muñoz, Terán podría recibir entre 7 y 10 años de cárcel. Mientras, en el ámbito político será sometido a un juicio, junto a otra exvocal, Maribel Barreno, también implicada en manejos turbios en el CJ. De ser censurados, no podrán ejercer cargos públicos los próximos 2 años. Por ahora ya anticiparon que apoyarán la censura los asambleístas del PSC, el movimiento CONSTRUYE y posiblemente ADN, del gobierno. El único bloque que respalda a Terán es el correísta, que ya intentó, en la Comisión de Fiscalización, bloquear la interpelación. Incluso emitió un informe, “recomendando” que no se realice el juicio político. Pero el pleno lo desechó, pues considera que las infracciones son demasiado graves como para pasarlas por alto. Para censurar al extitular del CJ se requieren 92 votos, y hasta ahora ya existirían cerca de 90. Todo dependerá de que algunos legisladores de la Revolución Ciudadana cambien de opinión a última hora, como señalan insistentes rumores.

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Presidente de la Asamblea acusa a Daniel Noboa de mentir

Poco tiempo fue necesario para que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, saliera a responder las declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa, ofrecidas la mañana de este lunes a través de un enlace radial. En una rueda de prensa, Kronfle se refirió en primer término al malestar de Noboa, en torno al pedido de crear una comisión para investigar al expresidente Rafael Correa, por sus declaraciones contra el país durante el conflicto diplomático con México. En diversos foros internacionales, Correa llamó a sancionar comercialmente a Ecuador, su propia nación, por irrumpir en la embajada mexicana en Quito, donde fue arrestado el exvicepresidente Jorge Glas. Algo que para Noboa debe ser analizado dentro de la Asamblea Nacional. La respuesta de Kronfle fue dura: “Si quieren fiscalizar a Rafael Correa, vayan a la Fiscalía y denuncien”. Como respaldo citó la ley, que limita la fiscalización a ciertos plazos. “La Asamblea solo puede fiscalizar a los servidores públicos que son de control político durante sus funciones, y hasta un año después. No cabe otra cosa. No estamos protegiendo al expresidente Rafael Correa”, remarcó. También señaló que el mandatario miente en varios temas, y que su conflicto con la Legislatura tiene fines electorales. “Al inicio, cuando se debían aprobar leyes económicas urgentes o buscar el apoyo político a la declaratoria de conflicto armado interno, la Asamblea era una aliada, pero ahora, cuando se acercan los comicios, es la enemiga”, puntualizó el titular del Parlamento. También dejó en claro que el Partido Social Cristiano, al cual se pertenece, votará en contra de archivar el juicio político contra Wilman Terán y Maribel Barreno, exmiembros del Consejo de la Judicatura, como lo planteó el correísmo. “No permitiremos la impunidad”, dijo. Su reclamo se extendió al ámbito económico. Según Kronfle, las medidas económicas del Gobierno sí han afectado el costo de la canasta básica en 33 dólares. Kronfle apuntó que el Gobierno estaría votando en contra de leyes “que son beneficiosas para la gente”, solo para sostener un supuesto pacto entre el correísmo, el PSC y el movimiento CONSTRUYE. Finalmente, desmintió estar detrás del juicio político contra la canciller, Gabriela Sommerfeld. Es más, no firmó el respaldo a ese proceso, promovido por la Revolución Ciudadana.

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Comenzó audiencia de juicio contra Wilman Terán y Maribel Barreno

La Corte Nacional de Justicia inició oficialmente la audiencia preparatoria de juicio, contra el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, la suspendida vocal, Maribel Barreno, y otras 9 personas. Todas ellas están acusadas dentro del llamado “Caso Independencia Judicial”, que consiste en maniobras irregulares para obstruir a la justicia. Terán, además, forma parte del “Caso Metástasis”, que estableció la existencia de una red de corrupción, que vendía sorteos y sentencias a líderes criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Xavier Muñoz, exvocal del CJ, también acusado, se acogió a un proceso abreviado y aceptó confesar sus culpas, a cambio de recibir una sentencia de solo 9 meses. Como parte del trato, reveló además la forma en que operaba la red delictiva. De acuerdo a las investigaciones, Terán y Muñoz hicieron ilegalmente “mayoría de 2”, de entre 5 vocales, para destituir al entonces juez, Walter Macías, quien conocía la causa por tráfico de influencias contra los entonces vocales Barreno y Juan José Morillo. Al séptimo intento se instaló la audiencia preparatoria, bajo la dirección del juez Julio Inga. Y con Wilson Toainga, subrogante, en representación de la Fiscalía. Terán también compareció de manera presencial. Irónicamente, Terán y Barreno fueron llamados a juicio político, pero la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por la correísta Pamela Aguirre, recomendó no continuar.

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Nuevamente se pospuso audiencia de juicio contra ex integrantes del CJ

Van 6 retrasos. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Julio Inga, pospuso nuevamente la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, del denominado “Caso Independencia Judicial”. La diligencia se realizará ahora, salvo nuevo caso de fuerza mayor, el 5 de julio próximo. En este caso están implicados, entre otros, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal Maribel Barreno. El otro involucrado, el también exconsejero Xavier Muñoz, decidió acogerse al procedimiento abreviado y a la cooperación eficaz, por lo cual solo recibió unos pocos meses de prisión. Es decir, confesó su participación en el delito, y aportó detalles contra los demás acusados. Inga, juez ponente de esta causa, aceptó la solicitud de diferimiento realizada por Alejandro Piedra, abogado de Carlos Garavi, uno de los sindicados. Piedra alegó problemas de salud. En cambio, desechó dos pedidos de Terán, quien busca la forma de retrasar el enjuiciamiento, pues de ser hallado culpable podría recibir al menos 10 años de prisión. Terán informó que despidió a sus abogados y que él asumiría su defensa, y luego señaló que debía acudir a una audiencia en la Corte Constitucional, relacionada con una acción extraordinaria de protección que presentó cuando era presidente del CJ. En este último aspecto, el juez Inga recordó que ya no tiene dichas funciones, por lo cual carece de representación. Para la fiscal general, Diana Salazar, estos retrasos buscan engañar y confundir a la justicia. Y más aún con el permanente envío de pedidos y gestiones irrelevantes.

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CONSTRUYE denuncia afán del correísmo de defender a Wilman Terán

El anunciado juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los exvocales, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, genera discrepancias en la Asamblea Nacional. En diálogo con Carlos Vera, en nuestro programa “Del Día a la Noche”, el legislador del movimiento CONSTRUYE, Jorge Peñafiel, denunció que los representantes correístas de la Comisión de Fiscalización, están haciendo todo lo posible para darle tribuna a Terán, a fin de que luzca como víctima y a la vez acusador. Los demás integrantes de la comisión, que suman mayoría, harán todo lo posible para presentar un informe real ante el pleno, y del mismo dependerá si acepta la lógica y hace justicia. Peñafiel recordó que toda persona, dentro de la función pública, tiene 4 responsabilidades: administrativa, civil, penal y política. Y que más allá de los delitos que afronta el expresidente del CJ, la Asamblea tiene la obligación de hacerlo responder por sus vulneraciones contra la imparcialidad y la independencia judicial. Además, Peñafiel advirtió que Terán tenía el plan de ser candidato a la Presidencia de la República, algo inaceptable y descabellado en vista de las infracciones cometidas. Para el parlamentario, es injusto que Xavier Muñoz, casi tan culpable como Terán, apenas reciba 9 meses de prisión, gracias a sus confesiones y su cooperación eficaz. Sin embargo, fue la decisión de los jueces. Informe sobre asesinato de Villavicencio En otro ámbito, el asambleísta consideró un despropósito el informe de mayoría de la comisión ocasional, que investigó el asesinato de Fernando Villavicencio, y que llegó a la conclusión que murió a manos de la delincuencia común. Para Peñafiel, esta es una falacia, multiplicada por miles, ya que Villavicencio era claro blanco de ciertos grupos, a quienes identificó plenamente en vida.

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Chats presentados por Wilman Terán son falsos, afirma Fiscalía

Los supuestos chats telefónicos que presentó el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, son falsos. Así lo reveló un comunicado de la Fiscalía General. Terán, detenido en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, por su participación en graves actos de corrupción en los casos “Metástasis” e “Independencia Judicial”, aprovechó su presencia ante la comisión, para presentar como evidencia los chats de unas presuntas conversaciones sostenidas con la fiscal, Diana Salazar. Según el detenido exfuncionario, las conversaciones revelarían que fue presionado por Salazar para condenar al expresidente Rafael Correa, cuando fue juez de la causa en su contra por el “Caso Sobornos”. Terán aprovechó la luz verde, concedida por los legisladores del correísmo, para explayarse e incluso citar algunos de los supuestos chats, que quiere adjuntar como pruebas a su favor dentro de la causa penal. Sin embargo, no fue capaz de sustentar la veracidad de esas aparentes evidencias, las cadenas de custodia y los peritajes. Asimismo, otros asambleístas le recordaron que él, junto a Xavier Muñoz y Maribel Barreno, serían sometidos a un juicio político, que es de un carácter distinto al penal. Según la Fiscalía, el objetivo de Terán es desprestigiar a la fiscal Diana Salazar, mediante una “artimaña”, que busca contaminar los casos de corrupción y narcotráfico investigados, que involucran a políticos, jueces, fiscales, policías y otros. Además, los teléfonos celulares de Wilman Terán, incautados durante el operativo del “Caso Metástasis”, fueron periciados, esa vez sí de forma legal y técnica, sin que se encontraran los chats presentados. Para la Fiscalía, estos intentos buscan entorpecer la justicia a través de “jugadas políticas”. Terán, Muñoz y Barreno están acusados de suspender y destituir, sin argumentos, al entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, además de extender arbitrariamente los plazos en funciones de otros magistrados. Asimismo, de cometer numerosas irregularidades en el concurso para designar nuevos jueces nacionales, a fin de favorecer a ciertos elementos. El concurso fue recomenzado por la nueva administración del Consejo de la Judicatura. Muñoz ya se declaró culpable de los delitos, y también ofreció su cooperación eficaz. Lo cual significó una sentencia leve para él, pero traería una condena larga para Terán, quien insiste en su inocencia.

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Exvocal del CJ Xavier Muñoz, condenado a 9 meses de prisión

El exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, logró su cometido. Gracias a su confesión, y a su colaboración eficaz en el denominado “Caso Independencia Judicial”, logró una sentencia benigna. El juez de la Corte Nacional, Julio Inga, lo condenó a 9 meses y 6 días de cárcel, de los cuales se descontará el tiempo que lleva detenido. Es decir, saldría en libertad probablemente en octubre. Muñoz, acusado de obstrucción a la justicia, aceptó su culpabilidad, se sometió a un procedimiento abreviado voluntario y dio su cooperación. Por tanto, la Fiscalía aceptó reducir en un 90% su sentencia. El exvocal se exponía, en caso de persistir en su declaración de inocencia, a recibir hasta 9 años de prisión. Dicha condena se establece por el agravante de haber sido funcionario judicial. Según el dictamen, Muñoz “develó información no solo relevante para esta causa (Independencia Judicial), sino que ha permitido que se abran tres investigaciones previas, y que ha ayudado a sustentar otras dos causas que ya se están procesando”. El exvocal lleva preso más de cinco meses en la Cárcel 4, de Quito. Pero las buenas noticias se limitan a él. Su excompañero en el CJ, el entonces presidente Wilman Terán, sí recibiría los 9 años de cárcel, y otra exvocal, Maribel Barreno, posiblemente algo similar. Terán y Muñoz provocaron un escándalo nacional, por formar “mayoría de 2” en el pleno del CJ, conformado por 5 vocales, sin respetar que se necesitaban al menos 3 votos para ello. Muñoz fue declarado responsable de interferir en las actuaciones del entonces juez Walter Macías, quien llevaba un caso por tráfico de influencias contra los ahora exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo. Como parte de la sentencia, deberá pagar una multa de 24 salarios básicos, y ofrecer disculpas a Walter Macías.

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CONSTRUYE cuestiona “tribuna” concedida a Wilman Terán en la Asamblea

La comparecencia del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, genera críticas. Y no por su presencia en sí, sino por el trato preferencial que recibió de los legisladores de la Revolución Ciudadana. Jorge Peñafiel, representante del movimiento CONSTRUYE, expresó sus críticas por la forma en que le permitieron a Terán intervenir. Según el asambleísta, la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, le dio carta abierta para exponer su defensa, ya que está involucrado en graves actos de corrupción establecidos en los casos “Metástasis” y “Purga”. Una defensa inaceptable, tomando en cuenta que Terán y los exvocales Xavier Muñoz y Maribel Barreno, también implicados en dichos procesos, son blanco de un juicio político. La comparecencia del extitular del CJ, explicó, se refería exclusivamente a la interpelación. Sin embargo, Aguirre y los demás correístas de la comisión defendieron abiertamente su tesis en el ámbito penal, mezclando temas y dándole espacio en la Asamblea, algo que es incoherente y ajeno a la ley. Lo que hizo Terán, apuntó, es “lanzar lodo” sin ningún tipo de control. Y en lugar de defender su posición en el ámbito político, como correspondía, se refirió a su implicación en los casos penales. Aguirre tenía la obligación de dirigir las preguntas hacia el juicio político, pero no lo hizo, agregó el legislador de CONSTRUYE. Incluso trató de evitar que se escuchen los audios de Xavier Muñoz, en los cuales confiesan que el plan del correísmo era tomarse la justicia nuevamente, pero no lo consiguió. Peñafiel se mostró seguro que ya en el juicio político, se determinará la culpabilidad de Terán, Muñoz y Barreno.

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Wilman Terán compareció ante Comisión de Fiscalización de la Asamblea

Apelando a los tradicionales gestos que utilizaba cuando presidía el Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, encausado y detenido por ser parte de la red de corrupción del “Caso Metástasis”, se enfrentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Terán fue llevado desde la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de máxima seguridad del país, para que responda por las acusaciones que le endilgan, dentro del juicio político. También serán interpelados sus antiguos compañeros del CJ, Xavier Muñoz –detenido con él en “La Roca”- y Maribel Barreno, con quienes solía hacer mayoría. Terán no desaprovechó la ocasión para decir que es un perseguido, y que en “La Roca” no le permiten acceder a internet, a fin de analizar las acusaciones en su contra. Por ello, solicitó que el juicio político se suspenda por cuatro días, para leer todo el expediente. Sin embargo, la correísta Pamela Aguirre, presidenta de la comisión, se negó a darle ese plazo pues, según dijo, los tiempos están ajustados. Terán se quejó de las condiciones de su encierro, al punto que ni siquiera puede salir al patio, sino pasando un día, y que no le han permitido leer la documentación del caso, pues tiene restringido el internet. También usó sus minutos para gesticular, como en sus mejores tiempos, e insistir que es inocente. En su testimonio afirmó que recibió presiones de la fiscal general, Diana Salazar, para la sentencia contra el expresidente Rafael Correa. Todo se habría realizado por medio de su emisario, Iván Saquicela. Sin embargo, no pudo presentar evidencias de estas acusaciones. También anotó que ella (Salazar) «cuidaba sus juicios», los cuales manejaba su juez nacional de apellido Macías. Según el detenido, a Saquicela se lo suspendió en su momento, pero esa suspensión no tuvo un grado penal como a él se lo está haciendo. Menciona que la fiscal le hablaba sobre el interés de cortar espacios en la Corte Nacional, para evitar «las cuotas de poder» y que la justicia sea manoseada por la política. Hace dos meses y medio, acotó, y luego de estar en la Cárcel 4 de Quito, fui llevado a la Roca. No me estoy victimizando, no he podido leer por la falta de lentes, la visibilidad en este último centro penitenciario se ha afectado. Soy una persona inocente procesada por un delito de papeles. Según dijo, habían quedado de acuerdo con el presidente Daniel Noboa, en que la Función Judicial no reclamaría los 250 millones de dólares que les correspondía, sino que podían hablar y hacer las coordinaciones, pero días después lo detuvieron. Conociendo que lo detendrían no huyó, ya que no tiene nada que ver con el narcotráfico, no es un ladrón, y su patrimonio es similar al que tiene hace 25 años, afirmó. Los jueces están bajo presión y no tuve ninguna sola conversación ni relación con el Caso Metástasis ni con el Caso Purga, agregó el detenido exfuncionario. En referencia al concurso de jueces, Terán indica que en el 2017 hubo una convocatoria para el remplazo en el 2018, y antes de la reconsideración final de los finalistas hubo puntuados, y por la paridad de género se eligió al presidente de ese entonces. También indicó que, luego de la designación de jueces y conjueces, se designó a los magistrados. Señala que dentro de la renovación parcial de la Corte Nacional en el 2021 se designó a jueces provinciales como temporales. Sin embargo, luego del concurso del 2021 se lo consideró inconstitucional, y se abstuvieron de participar. Aguirre prometió gestionar ante el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que le permitan acceder al infocentro de la prisión. Ya en materia de la interpelación, la comisión reiteró los cargos de irregularidades en el proceso de suspensión y destitución, del entonces juez Walter Macías; irregularidades en el concurso nacional de jueces; extensión arbitraria del periodo de jueces de la Corte Nacional, entre otros.

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Pospuesta audiencia preparatoria del “Caso Metástasis”

La Corte Nacional de Justicia postergó para el lunes 15 de julio, desde las 09h00, la audiencia preparatoria de juicio, del denominado “Caso Metástasis”. En este proceso están involucradas 52 personas, y establece la existencia de una red de corrupción en la justicia, bajo operadores políticos, que vendían sorteos y fallos a líderes criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Entre los acusados destacan Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, ex vocales del Consejo de la Judicatura; el exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga, entre otros. Las investigaciones establecieron que ciertos nombramientos eran vendidos al mejor postor, y que para cada fallo o sentencia exigían fuertes sumas a los actores de las causas. La diligencia debía realizarse el 3 de junio, pero Felipe Córdova, el juez de la causa, decidió retrasarla para el 15 de julio, debido a que Mayra Salazar y Daniel Salcedo, dos de los principales implicados, fueron llamados el mismo día a rendir testimonio anticipado dentro de otro proceso, el “Caso Purga”, también vinculado a corrupción judicial. A los procesados se les congelaron bienes y activos por cerca de un millón de dólares. El pedido de la Fiscalía sería de una reparación integral que supere los 5 millones.

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Wilman Terán y Maribel Barreno, interrogados en Comisión de Fiscalización de la Asamblea

El expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y la exvocal, Maribel Barreno, comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, a fin de responder sobre los temas que llevarían al enjuiciamiento político en su contra. Terán está en prisión, por su participación en la red de corrupción descubierta por el “Caso Metástasis”. Las investigaciones establecieron que ambos vendían cargos dentro del CJ, y que exigían fuertes cantidades de dinero por gestionar ciertas sentencias con jueces de la Corte Nacional. De acuerdo a Alex Palacios, exasesor de Terán, su objetivo era lanzarse a la Presidencia de la República con el apoyo del correísmo, para lo cual reunía fondos. A la sesión debía comparecer además el otro exvocal, Xavier Muñoz, pero se excusó con el argumento de que no tiene los mecanismos adecuados para ejercer su defensa, pues también se encuentra detenido. Muñoz solicitó comparecer de forma virtual, mediante Zoom, cuando se le convoque a rendir su testimonio. Sus 2 antiguos compañeros fueron sacados de la cárcel y llevados a Quito, para cumplir esta diligencia. Terán intentó explayarse, pero la comisión de lo impidió. La orden fue llevarlo a un centro penitenciario de la capital, hasta que sea regresado a “La Roca”, la cárcel de máxima seguridad. La sesión fue presidida por el legislador Luis Alvarado Campi, de ADN, pues la correísta Pamela Aguirre. Terán intentó hace algunos días que lo trasladen a la Cárcel 4, de Quito, pero el juez que lleva la causa ordenó que siga en “La Roca”.

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Juez rechaza pedido de libertad de Wilman Terán

El ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, seguirá en prisión en “La Roca”, la cárcel de máxima seguridad del país. Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia, negó su pedido de revisión de medidas. Terán es uno de los implicados en el llamado “Caso Metástasis”, que descubrió la conformación de una red de corrupción en la función judicial, que vendía sorteos y sentencias a criminales y narcotraficantes, incluyendo el fallecido Leandro Norero. Fue detenido el 14 de noviembre del año pasado, y desde entonces busca que le den medidas sustitutivas, o que al menos lo cambien de prisión, pero no ha tenido éxito. Es decir, lleva tras las rejas más de medio año. En su dictamen, el juez Córdova no encontró fundamentos para liberar a Terán, debido a su participación en los delitos. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se conectó por vía telemática. En su intervención solicitó que el exfuncionario continúe detenido. Adicionalmente, Córdova también negó el pedido de revisión de medida cautelar de otros 6 procesados, por lo cual seguirán cumpliendo prisión preventiva. Asimismo, rechazó la solicitud de la procesada Claudia G, quien pretendía que sus presentaciones periódicas sean en Colombia. El magistrado ratificó que esa medida cautelar se siga cumpliendo en la Corte Nacional, en #Quito. De otro lado, aceptó el pedido de la fiscal Salazar, y dictó prisión preventiva contra Eddin I, Johan M y Ángel Harry L, debido a que incumplieron las medidas alternativas, dictadas previamente. Para ellos prohibió enajenar bienes, que se retengan sus cuentas en el sistema financiero, por un monto máximo de 18.400 dólares para cada procesado, con el fin de garantizar una posible multa y reparación integral.

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