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Ecuador: septiembre 20, 2024

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Ecuador, septiembre 20, 2024
Ecuador Continental: 10:48
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Empresarios de Ecuador y EEUU estrechan relaciones

Un nuevo impulso tendrá la Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio. El gremio, que coordina esfuerzos y acuerdos entre empresarios de Ecuador y Estados Unidos, conformó ya su nuevo directorio. Nery Merejildo, líder con más de 30 años de experiencia, fue reelegida como presidenta. Además de este cargo, detenta la vicepresidencia de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina y el Caribe, también conocida como AACCLA. La Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio, durante los dos últimos años, realizó 90 encuentros de negocios, con la participación de 5.149 empresarios. El objetivo es igual o superar esas cifras. El primer paso será organizar una misión comercial a Miami, así como crear la Unidad Técnica de Comercio Exterior, para proporcionar reportes y asesoría especializada a los miembros.

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Carros eléctricos empiezan a ganar mercado en Ecuador

La venta de vehículos eléctricos toma impulso en nuestro país. En diálogo con “Punto de Orden”, Daniel Wiener, gerente general de Induwagen, explicó que este crecimiento se debe a la excelente calidad de las unidades, y a los beneficios económicos. Al contrario de los carros a gasolina y diésel, los eléctricos requieren bastante menos mantenimiento, y son más sencillos de reparar. Además, el consumo energético, en comparación al de combustibles de origen fósil, es mucho menor. Por ejemplo, una carga completa, equivalente a tanque lleno de gasolina o diésel, apenas representa 2,80 o 3 dólares. Es decir, la décima parte o menos. Este ahorro equivale a aproximadamente 250 dólares por mes, o 3.000 dólares al año. Solo ese rubro vuelve más conveniente la elección. Además, al contrario de los carros convencionales, el mantenimiento más importante es solo el de la batería, que contiene 96 celdas. Solo después de varios años de uso es necesario reemplazar algunas de ellas, y no toda la batería. Weiner explicó que, con la compra de cada carro eléctrico, el usuario obtiene la autorización para contar con un segundo medidor de energía, destinado exclusivamente a la unidad. Lo cual permite cargarlo en casa cómodamente. El empresario precisó que, poco a poco, aumentará la implementación de electrolineras en el país, con lo cual se volverá muy sencillo recargar los vehículos.

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Ni turismo ni carros eléctricos: no hay alternativas serias al posible cierre de pozos petroleros del Yasuní, según experto

Detener la explotación petrolera en el Parque Yasuní significaría enormes pérdidas para el país. Así lo advirtió el experto Boris Abad, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”. Abad precisó que las supuestas “alternativas” que ofrecen los grupos “ecologistas”, no son viables, y más bien demuestran que carecen de seriedad y análisis previo. Por ejemplo, reemplazar los actuales taxis y buses por carros eléctricos, con el argumento de “ahorrar combustible”, no es tan sencillo como pregonan. Para empezar, ese proceso tardaría al menos 10 años, y obligaría al Estado a aumentar la capacidad de generación eléctrica. Eso significaría, dijo, invertir 40.000 millones de dólares en la compra de los nuevos vehículos eléctricos, y otros 800 millones en la implementación de las electrolineras. También consideró absurda la supuesta alternativa, de compensar el posible cierre del bloque ITT con el turismo. De acuerdo a sus cálculos, se necesitarían 3 millones de visitantes extranjeros por año, una cantidad que está muy lejos de la realidad. Además, no existe la infraestructura para albergar a tantos turistas, que, por cierto, provocarían mayor contaminación. Eso sin mencionar que hay actualmente 12 iniciativas de comunidades en Yasuní, en operaciones turísticas, que tendrían que cerrar si termina la explotación de crudo. Abad exhortó a asumir la realidad del Ecuador: un país pobre, que depende de sus recursos petroleros para el desarrollo. El experto calificó de “babosada” la consulta impulsada por el colectivo Yasunidos, ya que se basa en supuestos daños ambientales. El bloque donde se extrae el crudo, anotó, no ocupa ni siquiera 500 hectáreas, dentro de un parque que ocupa 2 millones. Abad afirmó que “no producimos más petróleo porque no nos da la gana”, y culpó al actual gobierno de la inestabilidad del sector. Como prueba, en apenas 2 años ya han pasado 7 gerentes por Petroecuador. El experto remarcó que apenas se está explotando el 18% de la capacidad petrolera del país. Y la principal causa es la lentitud de los trámites burocráticos. Como prueba mencionó que para obtener un permiso ambiental, las empresas del sector tardan hasta 2 años. La solución, a su criterio, es despolitizar Petroecuador, y actuar con la seriedad que merece el negocio.

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Detener explotación petrolera en Yasuní costará 2.000 millones, advierte ministro de Finanzas

Al menos 2 mil millones de dólares le costaría a corto plazo al país, dejar de explotar el petróleo del bloque ITT, en el Parque Yasuní, en el supuesto que gane el “Sí” en la consulta popular del 20 de agosto, paralela a las elecciones anticipadas. Así lo advirtió el ministro de Finanzas, Francisco Arosemena, consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”. Arosemena desglosó esa cifra del siguiente modo: 500 millones de dólares en inversión ya realizada, para poder extraer el crudo; 1.000 millones serían necesarios para desmantelar esa infraestructura y cerrar los pozos; y 500 millones adicionales en eventuales demandas y costas procesales, por todos los contratos terminados anticipadamente. El ministro recordó que hace 10 años, cuando se planteó la consulta, no se había realizado inversión alguna, ni existían compromisos legales. De ahí que considera negativo realizar la consulta ahora, cuando el proceso ya está en marcha. De acuerdo a sus cálculos, dejar de explotar el petróleo del ITT significará para el Estado, no recibir 16.500 millones de dólares en varios años. Arosemena se basa en que la rentabilidad actual por año es de 1.200 millones. Una cantidad que, por ejemplo, alcanza para pagar todo el rol de la Policía Nacional, o toda la provisión de medicinas de los hospitales públicos, o todos los bonos sociales. Si vence el “Sí” en la consulta, tanto el actual gobierno como el siguiente tendrán que buscar formas de compensar el presupuesto. Una opción sería recortar los subsidios a los combustibles, que actualmente le cuestan al Estado 4.500 millones de dólares por año. En ese sentido, cuestionó la “alternativa” que manejan ciertos candidatos presidenciales de izquierda, que plantean subir el IVA en dos puntos, o aplicar impuestos “a los ricos”. El ministro advirtió que, en el primer caso, se encarecerían todos los productos, directa o indirectamente, y en el segundo, es evidente que “los ricos” buscarían la forma de trasladar ese reajuste a “los pobres”. Precisamente por esa falta de información, el funcionario y sus asesores recorren universidades de todo el país, para exponer ante estudiantes y profesores, con cifras reales y serias, lo que significaría la supuesta “protección” al Yasuní. Arosemena también cuestionó otra propuesta de campaña, que menciona una posible condonación de deudas de BanEcuador. El ministro anotó que una acción así, representaría para la institución perder 189 millones de dólares, es decir, gran parte de su patrimonio. Disponer una medida semejante equivaldría a peculado bancario, por lo cual exhortó a tratar ciertos temas de forma responsable.

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Policía pide a candidatos pronunciarse sobre estafa a ISSPOL

La Policía Nacional quiere saber cuál es la postura de los candidatos presidenciales, en torno a la estafa sufrida por su sistema de seguridad social, conocido como ISSPOL. En diálogo con “Punto de Orden”, el director de este organismo, Renato González, explicó que el perjuicio llegó a 950 millones de dólares, de los cuales solo se han podido recuperar 341 millones. El responsable es Jorge Chérrez Miño, conocido como “el mago”, y que estaría oculto en México, aunque con pedido de extradición. Chérrez recibía dinero del ISSPOL supuestamente para invertirlo, pero en realidad se apoderó de él, a través de una compleja red de empresas dentro y fuera del Ecuador. González precisó que hay al menos 20 investigaciones en marcha sobre este caso, pero sin detenidos ni sentencias. En ese marco, reconoció que el actual gobierno ha prestado enorme apoyo al proceso, que ha permitido recuperar parte del dinero. De ahí la necesidad de que los postulantes revelen lo que harán en torno a este gigantesco fraude. La estafa cometida por Chérrez trajo graves problemas al ISSPOL, que estuvo a punto de quebrar, o al menos de brindar el servicio de sus afiliados, que son todos los policías del país.

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Garantizados fondos para nueva interconexión eléctrica con Perú

La nueva interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú, a 500.000 voltios, será una realidad. El Banco Europeo de Inversiones aprobó el segundo financiamiento que hacía falta, por 125 millones de dólares. Previamente, el Banco Interamericano de Desarrollo ya había garantizado una cantidad similar. La obra tendrá un costo total de 289 millones, de los cuales la Corporación Eléctrica del Ecuador, que será la ejecutora, aportará el saldo, es decir 39 millones. El proyecto fue declarado prioridad nacional, y será el primero en transmisión de energía en el país, que contará con el financiamiento de 2 organismos multilaterales para su construcción. La nueva interconexión Ecuador–Perú, a 500.000 voltios, permitirá realizar intercambios energéticos entre los dos países, aprovechará la complementariedad hidrológica, contribuirá a una mayor seguridad de suministro de energía eléctrica, y generará beneficios económicos y ambientales para el sector eléctrico ecuatoriano. Además, facilitará la integración energética regional en América del Sur, a través de la importación y exportación de energía eléctrica entre estados vecinos. El sistema atravesará las provincias de Guayas y El Oro, y comprende las siguientes obras: -Línea de transmisión (Chorrillos–Pasaje 500 mil voltios), de 207 kilómetros de longitud. -Ampliación de la subestación Chorrillos, bahía de línea 500.000 voltios. -Nueva subestación eléctrica en Pasaje (El Oro), 500/230 mil voltios de 600 MVA de capacidad. -Y línea de transmisión Pasaje–Frontera, 500,000 voltios, de 77 kilómetros de longitud.

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Decomisan potentes armas en Los Ríos

Las Fuerzas Armadas, a través del Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 “Cenepa”, realizó el decomiso de un lote de armas y municiones en el sector de El Guayabo, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. El material consiste en 4 fusiles de alto poder, así como de sus respectivas alimentadoras. También fueron decomisados dos vehículos: una camioneta y un furgón. De acuerdo a las investigaciones, las armas eran usadas para cometer asesinatos y asaltos en toda la región. No se reportaron detenciones.

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Gobierno incrementa abastecimiento a Islas Galápagos

En el marco de la declaratoria de emergencia, el gobierno incrementó el abastecimiento de las Islas Galápagos, que poco a poco vuelve a la normalidad, tras varios meses de angustia por falta de productos básicos. A fin de mejorar el envío, se incorporó a esta gestión el buque carguero “Cygnus”, de mayor capacidad, que reemplaza en la tarea al “Isla de la Plata”. En su primer viaje, el “Cygnus” transportó 1.700 toneladas de artículos de primera necesidad, y 23 contenedores con cilindros de gas de uso doméstico. Desde que asumió esta tarea, el régimen ha enviado al archipiélago más de 7.000 toneladas de alimentos, en especial carnes, frutas, verduras y balanceado para aves, así como material de ferretería. Asimismo, se han transportado cerca de 18.000 cilindros de gas, que escaseaba de forma alarmante. La gestión está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Junto al “Cygnus”, realizan viajes de abastecimiento a las Galápagos los buques “Calicuchima”, “Hualcopo”, “Paola”, “Tania II” y “Fusión 2”.

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Ley de Quiebras es necesaria para defender actividad productiva, según superintendente de Compañías

Más voces apoyan el nuevo decreto de urgencia económica, enviado por el presidente Lasso a la Corte Constitucional, y que establecería la llamada Ley de Reestructuración Empresarial, o ley de quiebras. Para el superintendente de Compañías, Marco López, esta iniciativa es muy importante para el país, y más aún en las actuales condiciones. López precisó que hablar de “quiebra” no es nada malo. Más bien considera necesario crear las herramientas necesarias, para cubrir a las compañías en problemas durante su proceso de liquidación, sobre todo de los embargos. El funcionario advirtió que, mediante la nueva ley, se defenderían las plazas de empleo, pues la empresa caída en mora tendría la oportunidad de contar con un respiro, hasta establecer si existen las condiciones para salir adelante o, de lo contrario, la quiebra es necesaria. En vista que muchas deudas son hipotecarias, una liquidación dejaría a las compañías sin activos, cuando lo que se requiere es que más bien los conserven, para volver a producir. Además, el superintendente recordó que estamos a las puertas del fenómeno de El Niño, que actividades como la camaronera o bananera, pueden temporalmente sufrir problemas económicos, que no necesariamente deben llevar a quiebras. Cabe recordar, anotó López, que esta ley, de ser aprobada, no aplicaría para instituciones financieras, es decir bancos, aseguradoras, administradoras de fondos o casas de valores, que tienen sus propias normativas.

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Corte Constitucional no tiene potestad para cuestionar “emergencia económica” de decretos, advierte jurista

Los nuevos decretos-leyes, enviados por el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional, se enmarcan en la normativa, y deberían ser aprobados. Así se pronunció el constitucionalista Gonzalo Muñoz, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”. Muñoz se refirió a las propuestas que permiten refinanciar créditos impagos, especialmente educativos, y que establecen mejores condiciones para las empresas que están virtualmente en quiebra. En el caso de esta última iniciativa, recordó que la actual ley otorga únicamente 24 meses, para que las compañías en problemas paguen sus deudas. El nuevo decreto, de ser aprobado, ampliaría ese plazo y otorgaría otras facilidades, pues el objetivo es, precisamente, evitar su cierre. Para Muñoz se trata de un proyecto positivo, que no va en contra de la Constitución, y que brinda opciones para la reactivación del sector productivo, con lo cual se protegen los empleos. En suma, es una ley que permitiría aflojar la presión causada por la crisis económica, la pandemia y la inseguridad. Atribuciones limitadas El jurista recordó que, de acuerdo a las normas, mientras dure la ausencia de la Asamblea Nacional, disuelta con la “muerte cruzada”, la Corte Constitucional solo debe velar por la “armonía constitucional” de los decretos del Ejecutivo. Por tanto, mal haría dicha institución en cuestionar la declaratoria de “urgencia económica”, una competencia que es exclusiva del presidente de la República, y que ni siquiera el Parlamento puede discutir. En lo que sí coincide es en el llamado de “amicus curiae” a las audiencias. Es decir, conocedores del tema, que aportan con ideas y razonamientos. A su criterio, la Corte debería, más bien, reglamentar sus futuras actuaciones ante la ausencia de la Asamblea, y sobre todo evitar, de una vez por todas, el abuso de las medidas cautelares, en especial acciones de protección, que muchas veces son dictadas por jueces sin fundamento alguno.

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Ministra descarta “apagón” en telefonía celular en Ecuador

Lenta pero segura. Así camina la negociación para los nuevos contratos de telefonía celular, entre el Estado y las operadoras Claro y Movistar. La ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, explicó que es necesario cumplir todos los pasos del proceso, pues se trata de un tema sumamente complejo. Un nuevo contrato que durará 15 años, y que incluye muchos aspectos. Por ejemplo, dijo, se requieren acuerdos precisos sobre la calidad del servicio, la actualización tecnológica a la cual se comprometerán las concesionarias, y la implementación de la red 5G, que es una de las principales condiciones. Maino aclaró que el Estado no se trata solo de “valorar el espectro”, y en base a ello cobrar, como algunos piensan. Es algo más complejo, y que debe quedar debidamente sentado. Descartado “apagón” La ministra reiteró que, por ningún motivo, Ecuador sufrirá un “apagón” de telefonía celular si no llega a un acuerdo inmediato. El gobierno ya tomó las precauciones del caso, y estableció con las operadoras la prórroga de los actuales contratos, por el tiempo que sea necesario. Con ello, anotó, se garantiza el servicio de forma indefinida, tomando en cuenta que el acuerdo con Claro vence en agosto, y con Movistar en noviembre. Además, los pasos de la negociación no son antojadizos, sino que responden a estándares internacionales y normas legales. En ese contexto, mencionó que el mercado ha cambiado mucho desde la firma de los anteriores contratos, pues la demanda de llamadas digitales bajó, y en cambio aumentó el de paquetes de datos, es decir internet, con los cuales también se hacen llamadas. Además, ahora hay muchos más clientes, y es necesario pensar las opciones que se presentarán en los próximos años, con el avance de la tecnología. Modernización no solo es telefonía La ministra advirtió que la modernización tecnológica que tanto menciona, no se limita exclusivamente a la telefonía celular. Por ejemplo, gracias a la Ley de Transformación Digital, que fue aprobada en febrero pasado, grandes empresas del país han modernizado sus sistemas de ventas. Como ejemplos mencionó a la Cervecería Nacional y a la cementera Holding. Su fuerza de ventas, explicó, ya no debe recorrer distribuidoras y pequeños negocios, sino que realiza las operaciones en línea, gracias precisamente a las nuevas plataformas. Asimismo, la pesca ecuatoriana vendida a la Unión Europea ahora cuenta con códigos QR, que garantizan su origen y legalidad. Era uno de los requisitos para que nos quitaran la “tarjeta amarilla”.

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SRI brinda facilidades a quienes deban impuestos

El principal papel que cumple el Servicio de Rentas Internas en este gobierno, es ayudar a los contribuyentes en problemas, y en general al desarrollo del sector productivo del país. Consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”, el director de la entidad, Francisco Briones, recordó que, durante el presente gobierno, se han eliminado 15 impuestos, y que, gracias a la Ley de Protección Familiar, se recortó el Impuesto a la Renta de la clase media de forma considerable, lo cual se sentirá ya a fines del presente mes. El funcionario también destacó el beneficio de las nuevas normas para el sector comercial, que ahora puede, por ejemplo, tributar las ventas realizadas a crédito, siempre y cuando las declare a tiempo. Briones precisó que, para todos los problemas, el SRI plantea soluciones y acuerdos de pago, combinando el objetivo de recaudar lo justo, y el necesario enfoque social de la realidad del país. Evasores ya no escapan Esta política, dijo, significa ampliar el universo de contribuyentes, con personas que antes no tributaban. Por ejemplo, deportistas, cirujanos plásticos, “influencers”, etc. Paralelamente, el avance de la tecnología permite al SRI cruzar información con otros países, para evitar que los evasores se libren de sus obligaciones. De forma recíproca, Ecuador ayuda a los demás estados con similar información. Este esfuerzo ha dado buenos resultados. Durante el primer semestre del presente año, se han recaudado 9.609 millones de dólares en impuestos, y la meta al cerrar el 2023 es llegar a 18.000 millones. Finalmente, Briones confirmó que, en efecto, se aplica ahora el IVA para espectáculos públicos. Sin embargo, para actos artísticos y culturales, avalados por el Ministerio del ramo, se mantiene el gravamen cero.

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IESS toma medidas para recuperar dinero y rebajar gastos

La situación financiera del Seguro Social es “razonablemente buena”, pero hay que tomar medidas para evitar una crisis futura. Así lo expuso Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo del IESS, en diálogo con “Punto de Orden”. Ortega destacó el gran trabajo realizado por Augusto de la Torre, presidente de la comisión ciudadana designada por el presidente Guillermo Lasso, para analizar la situación de la entidad, y plantear posibles soluciones. Todas ellas son estudiadas, y se aplicarán las que se consideren convenientes, sin perjudicar a los afiliados. Entre los problemas pendientes, el directivo señaló la enorme deuda que mantienen empresarios de Guayaquil y Quito, por concepto de aportes no pagados. Se trata de alrededor de mil millones de dólares. A fin de solucionar el problema, el directorio del IESS acordó permitir a los patronos morosos, por una sola vez, un refinanciamiento de hasta 6 años. Una decisión que ha sido bien acogida, ya que muchos deudores aceptaron negociar acuerdos de pago. Asimismo, la institución resolvió recuperar alrededor de 400 bienes improductivos, y valorados en más de 300 millones de dólares, que habían sido traspasados al BIESS para su venta en el año 2017. La operación no funcionó, por lo cual el IESS asumirá ahora su mantenimiento y posterior remate. Mejor control médico Por otra parte, Ortega precisó que la actual administración, con el fin de optimizar sus recursos, contrató empresas especiales, que tienen la misión de auditar las “derivaciones médicas”. Se refiere a los costos que asume el Seguro Social cuando deriva a una clínica privada a un paciente, que por diversas razones no puede ser tratado en los hospitales o dispensarios propios de la institución. El funcionario recordó que esta práctica de “derivación” comenzó en el año 2010, y llegó un momento en que a la mayoría de pacientes los enviaban a clínicas. Esto trajo como resultado el paulatino decrecimiento de los hospitales del IESS, tanto en personal como en equipos, y a su vez el aumento en el gasto en clínicas particulares. Adicionalmente, los propios coordinadores provinciales tenían a su cargo auditar esas derivaciones, que muchas veces no eran necesarias. El resultado era un perjuicio para la entidad, y en ocasiones actos de corrupción.

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Capturaron a los asesinos de Rubén Chérres

La Policía capturó a tres sujetos, señalados como autores materiales del asesinato del empresario Rubén Cherres y tres personas más, el pasado 30 de marzo en la provincia de Santa Elena. Según informó el ministro del Interior, Juan Zapata, Cherres, su pareja, un amigo de ambos y el guardia de seguridad, fueron atados, torturados y después acribillados. Mediante un allanamiento en el sector de Bastión Popular y Las Malvinas, la Policía detuvo a los ciudadanos José Z. (39 años) y Álex M. (53 años), quienes de acuerdo con información recabada por las unidades de Investigación e Inteligencia, serían los autores de las muertes. José Z. tiene antecedentes penales por robo, tenencia y porte de armas; mientras que Álex M, por tenencia de armas, extorsión y tráfico de tierras. Sin embargo, no se revelaron los móviles de la matanza, ni quiénes son los autores intelectuales, pues se trató de un encargo. Las indagaciones revelaron que los criminales, que eran conocidos por sus víctimas, primero sometieron al guardia, a quien abatieron a tiros, para luego sorprender a Cherres y sus allegados. Sobre el fallecido pesaba una orden de detención emitida el 21 de enero, debido a un posible vínculo con la mafia albanesa. El empresario figuraba entre los implicados en un presunto entramado de corrupción en empresas públicas, en el cual también aparece Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso.

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Mejoran cifras de atención a mujeres embarazadas y niños pequeños

La campaña del gobierno para proteger la salud de niños, niñas y adolescentes, está dando buenos resultados. Así lo afirmó en “Punto de Orden” Erwin Ronquillo, secretario técnico del programa “Ecuador crece sin desnutricion infantil”. Ronquillo recordó que, de acuerdo a una encuesta nacional realizada en el año 2018, el 27,12% de todos los niños del país sufren desnutrición. Los mayores índices están en zonas rurales de población indígena, con más del del 40%, y a nivel provincial en Santa Elena, con el 39%. La nueva encuesta, que será divulgada en septiembre, presentará nuevos resultados. Por lo pronto, indicó, las cifras anteriores bajan. La mala alimentación no va ligada necesariamente a la pobreza, dijo. Tanto así, que el 20% de los pequeños, provenientes de hogares de altos recursos económicos, también sufren el problema. Con este antecedente, explicó el funcionario, el gobierno implementó una serie de acciones. Por ejemplo, la intervención de 588 centros de salud, y la contratación de 1.726 nuevos profesionales, entre doctores, enfermeras, nutricionistas y obstetras. Muchos de los centros mencionados estaban en condiciones deplorables, sin techo, sin iluminación, y sin suficiente personal. Ronquillo anotó que más de 2.100 tienen una nueva imagen, y son ahora más eficientes. La atención sanitaria es prioridad para el actual gobierno, agregó el funcionario. Por ejemplo, se logró aumentar la cantidad de futuras madres que reciben atención, hasta llegar a 450.000. El objetivo es alcanzar el medio millón al terminar el actual periodo. Similar avance se consigue con los niños menores de 2 años. El objetivo es llegar a 700.000 antes de fin de año. Ronquillo recordó la importancia de la nutrición y cuidados sanitarios en los infantes, y no solo a nivel físico. De acuerdo a los científicos, durante los primeros 1.000 días de vida, toda persona desarrolla entre el 80 y el 85% de sus capacidades cognitivas, así como la base de lo que será su crecimiento. Finalmente, informó que el Hospital de Monte Sinaí, en Guayaquil, ya está completamente habilitado y equipado. Ronquillo precisó que cuando lo recibieron era solo un “cascarón”, es decir, un edificio vacío. Ahora cuenta con todos los equipos necesarios, y con el personal capacitado para atender a los pacientes. Incluso, dijo, se habilitaron las vías de acceso.

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Prevenir actos de corrupción, la tarea que se ha propuesto el gobierno

La Secretaría de Política Pública Anticorrupción, realiza una intensa campaña de capacitación en las instituciones del Estado, para concienciar a los funcionarios sobre la importancia de la transparencia. En diálogo con “Punto de Orden”, la titular de la entidad, Ana Belén Cordero, explicó que, de acuerdo a la ley, su tarea es más bien preventiva. Por tanto, dentro del gobierno se estableció un plan educativo, que se aplica de forma exhaustiva. Por lo pronto se brindan charlas en varias dependencias públicas, como Secretaría de Aduanas, Corporación Financiera Nacional y Ministerio de Educación, entre otras. En estos encuentros, los servidores del Estado son instruidos sobre los alcances de la corrupción, y los puntos donde se presentan riesgos. Se trata de cursos de ética e integridad pública, que hasta ahora han abarcado a 4.000 funcionarios. El objetivo, remarcó Cordero, es llegar a 8.000 personas, al concluir el actual mandato. Alto a los delitos Como parte de su trabajo, la Secretaría de Política Pública Anticorrupción se integra al trabajo de otras entidades del Estado. Por ejemplo, Cordero reveló que hace poco participó en una sesión del directorio de Petroecuador, a fin de conocer sus estrategias para detener el contrabando de la gasolina subsidiada, tanto por tierra como por mar. Esta intervención “transversal”, es fundamental para conocer el manejo de la administración estatal, y detectar posibles irregularidades. La funcionaria confirmó que el sistema de compras públicas, es el más vulnerable a la corrupción. Se calcula que el 60% de los escándalos provienen de ahí. En este marco, destacó el apoyo internacional que reciben, a través de insumos y capacitación, precisamente para combatir el problema. En colegios también El siguiente paso, anotó la secretaria, será extender esta política a todos los colegios del país, con el objetivo de que los estudiantes, desde su adolescencia, conozcan la importancia de la ética y los valores morales. Para ello se analizarán cambios importantes en la malla curricular, con miras a aplicarlos en los siguientes años lectivos. Cordero recordó que el servicio público es prácticamente un apostolado, y por tanto hay que erradicar la idea de que alguien llega a un cargo para enriquecerse en poco tiempo.

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