Tras un largo debate, que no estuvo exento de polémica y acusaciones, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) definió el reglamento, que regirá para el concurso del nuevo fiscal general.
El documento establece que su objetivo principal, es que la futura autoridad, que debe reemplazar en abril a la fiscal saliente, Diana Salazar, “reafirme la confianza de los ciudadanos”.
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El reglamento ya no contempla prohibiciones para los candidatos que han sido destituidos de cargos públicos, o que participaron antes en concursos para esta función.
En cambio, se mantienen las restricciones para quienes patrocinaron a implicados en 36 tipos de delitos vinculados al crimen organizado, dentro de los 10 últimos años.
Plazos apretados
Aprobar el reglamento es solo el primer paso del futuro concurso. El CPCCS debe todavía crear la veeduría ciudadana, la Comisión Ciudadana de Selección y el equipo técnico, que en la práctica se encargarán en conjunto de evaluar a los postulantes.
La normativa establece los requisitos de los candidatos, y las causales para la descalificación, que podrá ser apelada.
Requisitos y prohibiciones
Podrán participar en el concurso todos los abogados, con un ejercicio mínimo de 10 años, sea de forma libre, en la judicatura o la docencia.
No serán aceptados quienes tengan bienes o recursos en paraísos fiscales, propios o a través de su cónyuge; tener relación familiar o de afinidad con el CPCCS u otros organismos estatales; haber sufrido condena por delitos de violencia contra la mujer y otros; tener contratos con el Estado; estar en interdicción judicial; tener sentencia electoral que suspenda los derechos políticos; y tener obligaciones tributarias o con el sector público, o estar en mora con el IESS.
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Tampoco serán aceptados quienes adeuden pensiones alimenticias, los miembros de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, y quienes sean representantes de cultos religiosos.
El proceso se dirimirá en seis fases, que serán públicas, y se transmitirán por las redes del CPCCS.
