Las pruebas son contundentes, y por ello la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, debe ser destituida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
De ese modo argumentó la asesora presidencial, Diana Jácome, la demanda que planteó contra la segunda mandataria por “violencia política de género”, y que se basa en el Código de la Democracia.
El próximo 30 de septiembre se realizará la audiencia, en la cual el TCE recibirá las pruebas de ambas partes.
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¿En qué fundamenta su acusación? Jácome señaló que la propia Abad, quien demandó al presidente Noboa, al viceministro Esteban Torres y a ella misma, también por “violencia política de género”, cometió una grave infracción.
En esa causa, explicó, la vicepresidenta atentó contra sus derechos de elegir y ser elegidos, es decir, contra su participación política. Además, pedía una multa de más de 30.000 dólares contra cada uno.
Para Jácome, es fundamental sentar un precedente, y evitar que ciertos personajes dañen la honra ajena. Esta es la tercera demanda en su contra, que parte del mismo entorno, apuntó.
Asimismo, hizo notar que Abad también los demandó ante la Fiscalía, por supuesta “asociación ilícita”. Lo que implica que quiere la destitución del presidente, para quedarse con el poder.
Jácome recordó que, de acuerdo a la ley, la justicia electoral puede destituir a cualquier funcionario, en caso de comprobarse infracciones de gravedad.
Finalmente, la asesora explicó que el presidente Noboa, cuando pida licencia para el periodo de campaña electoral, decidirá entonces el mecanismo de encargo del poder.
Su objetivo, dijo, es evitar que “quieran meterse por la ventana”, y tiren abajo el enorme esfuerzo que hacen para limpiar la casa, y exponer los actos de corrupción.
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