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Ecuador: octubre 18, 2024

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Guillermo Lasso traza sus argumentos para defenderse del juicio político

Nacionales /

EL COMERCIO .- El presidente Guillermo Lasso tachó de “infundado” al delito de peculado que le imputa la oposición para el juicio político en la Asamblea. El mandatario trazó los argumentos que serán remitidos a la Comisión de Fiscalización, en donde este lunes 10 de abril de 2023 se conocerán los primeros oficios recibidos dentro de la fase de pruebas. Después de que fue notificado por la Comisión el pasado jueves 6 de abril, Lasso aseveró en una carta que la denuncia del exgerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Jhonny Estupiñán, sobre un supuesto perjuicio al Estado en un contrato con Amazonas Tanker Pool para el alquiler de buques, resulta “falsa y contradictoria”.   Se trata del principal elemento de “mínima verosimilitud” que encontró la Corte Constitucional para admitir a trámite la solicitud de interpelación contra el Presidente. Es un proceso impulsado por la mayoría opositora liderada por el correísmo (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC).   El mandatario basa sus descargos en estos hechos: La relación comercial entre Flopec y Amazonas Tanker Pool fue negociada, convenida y formalizada en el periodo de gobierno anterior. Todas las recomendaciones dadas por la Contraloría General del Estado fueron cumplidas en su totalidad por el actual gobierno. No se configura el delito de peculado que pueda imputarse a su persona. La denuncia hecha por Jhonny Estupiñán fue falsa y contradictoria. Tan es así que el señor Estupiñán, con comunicación emitida tres días después, revocó la decisión de dar por terminado el contrato. El gobierno del Ecuador atendió oportunamente la comunicación de Jhonny Estupiñán y remitió su contenido a la institución competente. Recomendaciones de Contraloría El mandatario dice que el 5 de noviembre del 2021, la Contraloría emitió un informe con 13 recomendaciones. Lo hizo luego de realizar un examen especial al contrato que data del 7 de diciembre de 2018. Es decir, tres años antes de que llegue al poder.   Apunta que entre esas recomendaciones consta “la conveniencia y pertinencia de continuar” con el contrato. Además, la necesidad de poner en consideración del Directorio la suscripción de contratos que superen el monto autorizado de gasto. Pero que “en ningún caso, las recomendaciones expedidas a la gerencia general de Flopec contemplan la terminación unilateral del contrato”, señala.     Sostiene que Estupiñán fue removido del cargo el 9 de marzo del 2022 por el directorio de Flopec “producto de reiterados incumplimientos en su gestión”. Y dos semanas después remitió un escueto oficio a su despacho, “aduciendo, maliciosamente, que había sido removido de manera arbitraria del cargo por haber terminado el contrato y por haber exigido que se mejoren ciertas condiciones contractuales”. Lo que respondido por las instancias correspondientes.       Lasso sostiene que el exfuncionario ocultó que el 4 de febrero del 2022 vía correo electrónico revocó la terminación unilateral que firmó tres días antes, algo que no tenía sustento técnico ni legal. Balance de Flopec Lasso indica que en este periodo presidencial Flopec pasó de ser una empresa pública que reportaba pérdidas de hasta USD 50 millones al año, a una que generó USD 120 millones de utilidades en 2022.   “¿Dónde está el supuesto peculado?”, se preguntó el secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz. “En el gobierno del presidente Lasso, Flopec alcanzó números positivos, por consiguiente no hay perjuicio para el Estado”, concluyó.   Ortiz divulgó este sábado 8 de abril los balances sobre Flopec y los oficios donde Estupiñán terminó unilateralmente el contrato y poco después revocó la medida. Lasso, en un escrito dirigido a la Comisión de Fiscalización, designó al jurista Édgar Neira Orellana como su procurador para que a su nombre “intervenga en el trámite de este procedimiento ante la Comisión, presente escritos, solicite la práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencias” y demás.   El cronograma De acuerdo con el cronograma de la Comisión de Fiscalización, las pruebas de cargo y descargo serán recibidas hasta el domingo 16 de abril. La práctica de pruebas y comparecencias se prevén desde el 17 hasta el 26 de abril. Y la presentación de un informe para resolución del Pleno hasta el 6 de mayo.   El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio (ind.), ofició a la Corte Constitucional para que realice un seguimiento y control al dictamen con el que fueron desechados los cargos por supuesta concusión que también le imputaban al Mandatario.   El pedido se da después de que, el 5 de abril de 2023, los asambleístas solicitantes señalaron que “tampoco existe en el procedimiento la posibilidad de que la Comisión o su presidente ‘dispongan’ restricciones o delimitaciones a la documentación de sustento del juicio político o las pruebas, sino que debe ceñirse a la disposición legal de que en la notificación se acompañará la solicitud correspondiente la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte”.   La Comisión de Fiscalización fue convocada a sesión para este lunes 10 de abril, a las 16:00. En el orden del día consta conocer el escrito que Lasso envió el 6 de abril pasado, donde designó a su procurador y pidió certificar si los proponentes cumplen con el dictamen de la Corte. Además, se analizará las pruebas de oficio solicitadas por varios legisladores.   Tensiones con Nebot El trámite de este juicio político se da en medio de tensiones entre Villavicencio y la coalición que lidera el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), que busca la destitución de Lasso.   El viernes pasado, en medio del feriado por Semana Santa, el Consejo de de Administración de la Legislatura (CAL), de mayoría opositora, exigió a Villavicencio que no dilate este juicio político por pedido de Ronny Aleaga (Unes).   En cambio, Villavicencio tuvo una airada respuesta de Jaime Nebot, líder del PSC, después de que anunciara una investigación a una empresa vinculada a la familia del político guayaquileño.   “El haberse metido con mi familia (no conmigo) me otorga absoluta libertad de proceder, en la forma que yo crea conveniente, contra los autores directos e indirectos de esta bajeza”, enfatizó Nebot.   Villavicencio replicó que él cumple con su obligación de fiscalizar y que “nadie está fuera de la ley. Hace rato que les

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Es falsa supuesta “compra de votos” en la Asamblea, afirma viceministro de Gobernabilidad

Nacionales, Política /

El viceministro de Gobernabilidad, Mario Cuvi, negó de forma tajante una supuesta estrategia del gobierno, para comprar votos en la Asamblea Nacional, y evitar así la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso, durante el próximo juicio político. Cuvi aseguró que los proponentes de la interpelación, ante la falta de evidencias, ahorra recurren a lanzar denuncias al aire, sin dar nombres y sin presentar argumentación jurídica, por la sencilla razón de que no la tienen. El funcionario lamentó la falta de recursos de los interpelantes, que al parecer recién están leyendo el derecho constitucional ecuatoriano, y que piensan que todavía pueden despedir presidentes, como en los años 90. Cuvi incluyó en sus críticas a la Corte Constitucional, pues a su criterio, dio paso al juicio político de manera irresponsable. Por un lado hace un llamado de atención a los asambleístas solicitantes, por incluir temas ajenos a las causales y por los numerosos errores en la solicitud, pero por otro admite el caso. Tanto así, anota Cuvi, que en su fallo, la Corte señala que la primera acusación presente “inconsistencias en la red de inferencias”, mientras que la segunda “carece de coherencia narrativa”. Es decir, dos de los tres temas los tiró a la basura, y solo admitió el de los contratos de Flopec, pero advirtiendo que apenas hay “una inferencia fáctica mínimamente verosímil”. Es decir, reconoce “irregularidades” en el pedido de interpelación del presidente, al mismo tiempo lo admite. Da vergüenza leer esto. Mejor no estudiemos derecho procesal, anotó. Lo que debe rescatarse, según el viceministro, es la amonestación de la CC a los asambleístas que propusieron la interpelación, y la advertencia de que, si insisten en impulsar acusaciones no aceptadas, caerán en incumplimiento de sentencia, lo cual podría acarrearles la destitución. Tal como ocurrió con los exvocales del Consejo de Participación. Cuvi lamentó que, en su afán político, la oposición creara este circo, que comenzó con el informe de la comisión ocasional. Aquel documento fue apoyado por 104 votos, con denuncias tan disparatadas como “traición a la patria”, pero con el paso del tiempo, y cuando se trasladó al pedido de interpelación, cayó a 59, pues muchos se dieron cuenta del papelón que hacían.

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Henry Cucalón advierte a asambleístas del PSC que pueden salir ‘mal parados’

Nacionales /

EL COMERCIO .- El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, descalificó el contenido del comunicado del coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PCS), Esteban Torres, frente al proceso de juicio político contra Guillermo Lasso. Este jueves 6 de abril de 2023, el Ministro rechazó las presuntas negociaciones que mencionan los socialcristianos. “Yo agradezco la oportunidad que me brindó el PSC y Madera de Guerrero de representarlos en la Asamblea Nacional durante ocho años, inclusive fui jefe de bloque”, dijo Cucalón en radio Forever.   Respecto al comunicado, manifestó que “es la sumatoria de berrinches sin prueba alguna. Henry Cucalón, con o sin Ministerio, tiene un recto proceder. Yo no he caído ni caeré en esas falsas imputaciones que se quieren hacer”.   Torres emitió el comunicado el 4 de abril. En el documento mencionó una supuesta negociación del Gobierno para contar con los votos de dos asambleístas del PSC y que no voten por el juicio político en contra del presidente Lasso.   Los señalamientos del PSC Para el jefe de la bancada socialcristiana, se constituiría un presunto peculado por comprar votos con cargos públicos y partidas presupuestarias dirigidas a terceros con dinero del Estado. También refirió una extorsión a asambleístas “quitándoles la seguridad que los protege de amenazas criminales”.   “El Presidente de la República lo sabe todo. De avanzar estos ilícitos, le quitaremos la máscara a quien mueve los hilos y los emisarios. El que presume de político pulcro y serio quedará como lo que es: un ambicioso comprador y extorsionador de asambleístas”, fue la advertencia del PSC.   El 5 de abril, el presidente Nacional de esa organización política, Alfredo Serrano, confirmó en radio Sonorama que con esa última frase se refieren a Cucalón. El dirigente relató que tres asambleístas informaron de los supuestos ofrecimientos del Gobierno a la Bancada.   Cucalón dialoga para colegislar Cucalón señaló que lo que sí hace es “explicar la posición, ante todos los grupos políticos, sociales, empresariales, laborales”, de defensa del Gobierno frente al juicio político. “Y en el caso de la Asamblea, adicionalmente, como una muestra de apertura, de coadyuvar en las labores de colegislación. ¿No querían puentes?”, cuestionó.   El Ministro reconoció que en estos días ha conversado con varios legisladores pero para tramitar la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. A su criterio, esos diálogos están dentro de “lo normal”.   “Lo que el pueblo ecuatoriano tiene que tener seguridad y confianza es que, pese a los errores que uno puede cometer, jamás en mi práctica pública caeré en esas falsa imputaciones que se quieren endilgar”, insistió.   El Secretario de Estado aseguró que, si no fuese ministro de Gobierno, tampoco apoyaría el juicio político contra Lasso. Por eso dijo sentirse cómodo en su gestión desde la Cartera del Régimen al enfatizar que la acusación de presunto peculado por un contrato entre la estatal Flopec y Amazonas Tanker es un “relleno”.   Lanzó una advertencia a los asambleístas: “Yo no quiero que me lleven a un redil donde algunos no van a salir bien parados porque todos conocemos sus antecedentes. No pueden torcer la historia”. También criticó a la oposición por preanunciar que votarán por el enjuiciamiento. “¿Entonces para qué es el proceso?”, acotó.   En otro punto, adelantó que el próximo miércoles se reunirá con los titulares de la Corte Nacional de Justica, Fiscalía y demás entidades de justicia para continuar con las mesas sobre seguridad.  

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Presidente de la República, Guillermo Lasso, se da por notificado del juicio político en su contra

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EL UNIVERSO .– Édgar Neira Orellana será el abogado que representará al primer mandatario en la presentación de escritos, solicite pruebas y participe en audiencias.   El presidente de la República, Guillermo Lasso, este 6 de abril, se dio por notificado del juicio político en su contra tras conocer la providencia n.º 2021-2023-057, expedida por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional con fecha 3 de abril de 2023.   El primer mandatario está acusado de haber participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República. El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, dispuso a secretaría de la mesa que este 6 de abril en la tarde se notifique a los cuatro asambleístas solicitantes del juicio: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID).   Con ello, dijo Villavicencio, el plazo de diez días para que el primer mandatario ejerza su derecho a la defensa y presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas, así como toda la prueba que considere necesaria para su descargo, empieza a correr desde este 7 de abril. Pedidos En un documento remitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y dirigido al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, al darse por notificado del juicio, solicita que se siente razón en el proceso y, al tiempo, se certifique si los asambleístas solicitantes del juicio político determinaron los hechos correspondientes al tercer cargo de la acusación que la Corte Constitucional fijó como materia de este juicio; y, si dieron o no cumplimiento a la especificación de las fojas del expediente que corresponden a la prueba anunciada.   El mandatario argumenta que estos pedidos están relacionados con el ejercicio de su derecho a la defensa consagrados en el artículo 76.7 literales a), b), c) y h) de la Constitución. Estos “me permitirán conocer la determinación de los hechos específicos y pruebas del expediente que sustenten la acusación, antes de la presentación de mis descargos”, agrega.   También solicita que mediante providencia se señale el inicio del plazo de prueba de diez días de que trata el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para lo cual la Comisión emitirá la correspondiente orden procesal. Autoriza al doctor Édgar Neira Orellana para que en su nombre intervenga en el trámite de este procedimiento ante la Comisión, presente escritos, solicite la práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencias y ejerza la “defensa con las más amplias facultades correspondientes a las de un procurador, sin que requiera de ratificación posterior”.   En el escrito, el primer mandatario indica el casillero en que recibirá las notificaciones y además señala la dirección de correo electrónico.

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Conaie exige a Pachakutik apoyar el juicio político contra Guillermo Lasso

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EL UNIVERSO.- Leonidas Iza, presidente de la Conaie, señaló que estarán atentos a las actuaciones en la Asamblea.   Mientras se espera que el trámite del juicio político al presidente Guillermo Lasso avance en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió un comunicado en el que pide a Pachakutik que respalde el proceso contra el jefe de Estado.   “Exigimos a la bancada del Movimiento Pachakutik una posición firme, ser consecuentes con las decisiones de las bases, con el proyecto político y con el clamor del pueblo ecuatoriano por la inmediata salida de Guillermo Lasso, el futuro de todo un país no puede estar sujeto a cálculos políticos, vaivenes por intereses personales y mucho menos por sospechOas de compra de votos. Es hora de cumplir con su palabra expresada frente al pueblo ecuatoriano”, dice el extenso comunicado.   La Conaie recordó que en el consejo ampliado realizado el 24 de febrero de este año, en Quito, más de 80 organizaciones sociales reclamaron la renuncia del primer mandatario y apoyar su enjuiciamiento político.   “Es hora que el Gobierno asuma su responsabilidad y acepte su incapacidad para gobernar”, señala el texto en el que además se menciona que Lasso no ha dado la cara al país ante los casos de corrupción, Pandora Papers, caso Gran Padrino, Flopec, narcogenerales y los presuntos vínculos con la mafia albanesa.   Leonidas Iza, presidente de la Conaie, publicó un mensaje en el que señala que “el problema del país es Guillermo Lasso” y advierte que están atentos a las actuaciones en el Parlamento.   El comunicado de la Conaie aparece en momentos en que desde el Partido Social Cristiano (PSC) se acusa al Gobierno de pretender comprar votos de asambleístas, con el fin de evitar el juicio político. Esteban Torres, coordinador del bloque del PSC, hizo la denuncia sin revelar los nombres de los legisladores supuestamente involucrados ni el operador político de Carondelet que estaría detrás de conseguir a su favor esas voluntades.   Torres, en un comunicado, señala que hace rato los socialcristianos conocen de esa “intención y pininos de abordaje pirata”, que para ellos no es una negociación sino que es corrupción en dos direcciones. Una, que constituiría peculado, comprar votos con cargos públicos y partidas presupuestarias dirigidas a terceros; y otra, extorsionar asambleístas quitándoles la seguridad que los protege de amenazas criminales.   Mientras que desde el oficialismo, la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) descartó los señalamientos del PSC y replicó que, al parecer, el juicio político está perdiendo apoyo. “¡Se les están bajando de la camioneta!”, increpó el grupo parlamentario.   Según el BAN, no existen pruebas o indicios de la supuesta compra de votos, extorsión o negociación de asambleístas por parte del Gobierno.

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Virgilio Saquicela calcula desenlace del juicio contra Guillermo Lasso para mayo

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EL COMERCIO .– El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), aseguró este miércoles, 5 de abril del 2023, que hasta mediados de mayo habrá un desenlace sobre el juicio político contra el jefe de Estado, Guillermo Lasso, por supuesto peculado.   El pronunciamiento se dio en una rueda de prensa, después de que la Comisión de Fiscalización avocó conocimiento de la solicitud, tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional.   Saquicela, quien forma parte de la mayoría opositora liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), negó que exista un “golpe de Estado” en marcha y aseguró que el Parlamento actuará apegado a la Constitución.   Explicó que si no hay los 92 votos que se requieren para destituir a Lasso se respetará el resultado. Pero que si la moción es aprobada se acatará la sucesión constitucional y el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, será posesionado en la Presidencia de la República.   Escenarios Basado en la Ley Legislativa, Saquicela mencionó que la Comisión de Fiscalización tiene 30 días de plazo para entregar un informe para resolución del Pleno. En caso de que se recomiende el archivo por falta de pruebas, Saquicela dijo que será el Pleno el que adopte una resolución final, lo que podría dilatar por 48 horas el procedimiento.   “En temporalidad estamos hablando del 11 al 13 del mes de mayo que podría darse este proceso de juicio político. En todo caso dependemos de los tiempos, del informe que se realice. Pero, creo yo, que los legisladores debemos actuar y vamos actuar con la seriedad de un caso tan delicado que tiene que ver con la estabilidad del país”, recordó.   Comentarios de ‘compra de conciencias’ Saquicela llamó a los legisladores a actuar con ponderación, ética dentro del marco de la moralidad, a no adelantar criterios sobre el juicio político y dijo que “no puede darse la posibilidad de una compra de conciencias“.   Señaló que se trata de “comentarios en los corrillos” del Parlamento, donde -dijo- se rumorea que el presidente Lasso aseguraría al menos 46 votos para que no opere el juicio político o decretaría la muerte cruzada para forzar el adelanto de elecciones.   En la rueda de prensa Saquicela estuvo acompañado de Ramiro Narváez (ID), Diego Vallejo (Unes) y el oficialista Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización. Velasco enfatizó que la Asamblea debe dar ejemplo de respeto a la Constitución y la Ley en este proceso.   El legislador señaló que la Comisión tiene un plazo de 10 días para recibir pruebas de cargo y descargo, y otros 10 días para la práctica de pruebas. Adicionalmente, en un plazo similar se deberá entregar el informe.   Los cuatro proponentes del juicio político tienen un plazo de 72 horas (que vencen mañana) para “singularizar” las pruebas, antes de notificarle al presidente Lasso para la interpelación. Adujo que esto se debe a que la Corte Constitucional no admitió la acusación de concusión que también le imputaban a Lasso, en el pedido inicial.

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El porte de armas no suma apoyos en la Asamblea

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EL COMERCIO .– La flexibilización para portar armas anunciada por el presidente Guillermo Lasso ha encendido el debate en redes sociales y entre políticos. En el Legislativo, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK) ya se pronunciaron a favor y en contra de la medida. Pero, en medio de la crisis del Ejecutivo y el juicio político en su contra, ¿la media suma apoyos? Dos expertos coinciden en que no.   El Gobierno atraviesa en este momento el juicio político que empezó ayer, 3 de abril del 2023, en la Comisión de Fiscalización. Y, en medio de esta crisis, la reciente medida para afrontar la inseguridad está en la misma línea que ha impulsado el Partido Social Cristiano (PSC).   Para la politóloga y experta en temas de seguridad, Carolina Andrade, esta decisión puede entenderse como un intento de acercamiento con esa tienda política. Sin embargo, menciona que el PSC ha demostrado que es partidario de los pactos específicos y no a largo plazo.   PSC a favor del porte de armas El socialcristianismo emitió un comunicado el 2 de abril pasado en el que decía apoyar la medida adoptada por el Presidente. “Tenemos dos años pidiendo que se haga ya que dependía exclusivamente del Ejecutivo”.   Pero ese apoyo al Decreto no significa estar del lado de Lasso en la interpelación. El jefe de esa bancada, Esteban Torres, dijo ayer en La Posta que nada tiene que ver el juicio político con el porte de armas. “Son dos cosas distintas y nuestra posición es clara en el juicio político. Somos proponentes y firmantes”.   Para que el juicio termine en destitución se requieren 92 voluntades. En ese escenario, cada voto cuenta. Si se toma en cuenta que la situación con la bancada del correismo es insalvable, el Gobierno podría recurrir a su exalianza con el PSC.   En la Asamblea, el PSC, además del mismo oficialismo, ha sido el único que abiertamente ha celebrado la posibilidad de que civiles porten armas.   Pero eso no será suficiente. Para Andrade, el PSC también está en la posición de alejarse de los errores cometidos por el Gobierno del que fue aliado en campaña presidencial.   Otras posiciones de las bancadas El correísmo y Pachakutik (PK) se pronunciaron en contra de la flexibilización del porte de armas. Este último dijo que rechaza la medida porque no soluciona nada y “va en contra de la Ley y el derecho a la vida”.   Sin embargo, la Izquierda Democrática (ID)no se ha pronunciado como bloque sobre su posición frente a la nueva medida adoptada por el Gobierno.   Para Crespo sí es posible que el Decreto tenga acogida entre la ciudadanía en medio de una popularidad del Gobierno que cada vez disminuye. Plantea que, ante la crisis de seguridad, la gente puede ver esto como una herramienta más y sumar apoyos.   Andrade cree algo parecido. Sin embargo, aunque en un inicio esto pueda calar en cierto sector de la sociedad, el riesgo a largo plazo es alto. Esto sobre todo porque la responsabilidad de la regulación anunciada recae en una institucionalidad cada vez más debilitada.   La antesala del decreto del porte de armas   Si bien bancadas como PK en la Asamblea se mostraron en contra de la medida, Lasso pudo emitir el Decreto con el aval de una reforma hecha por el mismo Legislativo.   En enero pasado, 117 asambleístas aprobaron una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre la tenencia y porte de armas autorizado.   Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explica que lo que hizo Lasso fue tomar esa reforma para emitir el Decreto. Aunque aclara que, como lo hizo en su momento el expresidente Rafael Correa para eliminar el porte, Lasso podía emitir un Decreto sin esa reforma.   También, en enero de este año, el Gobierno anunció la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a la importación de armas. Es decir, el Decreto Ejecutivo no es una medida aislada.

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Bancada oficialista niega supuesta compra de votos en la Asamblea por parte del Gobierno

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EL UNIVERSO .- El grupo parlamentario exigió al PSC que presente pruebas de sus acusaciones. En respuesta a las acusaciones de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) acerca de que el Gobierno intenta comprar la voluntad de asambleístas para esquivar el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) afirmó que no existen pruebas de los señalamientos.   “No existe una sola prueba o indicio que demuestra la supuesta compra, extorsión o negociación de asambleístas por parte del Gobierno Nacional, pero sí el registro de la falta de respaldo, cuando sólo alcanzaron las 59 firmas para presentar el juicio político”, expresó el BAN a través de un comunicado difundido la noche del martes.   Para el grupo oficialista, una vez que la Corte Constitucional aceptó dar paso al juicio político únicamente por la causal de peculado, ha sucedido un abandono al proceso político por parte de los legisladores que respaldaban la iniciativa.   “Ahora solo les queda la desesperación y señalar al Gobierno al no querer afrontar la verdad: ¡Se les están bajando de la camioneta!”, recoge el comunicado.   Más temprano, en otra misiva, el coordinador del bloque del PSC, Esteban Torres, denunció que “hace rato” se conoce de la “intención y pinios de abordaje pirata” desde Carondelet. Torres apuntó que se cometería peculado al pretender comprar votos con cargos públicos y partidas presupuestarias dirigidas a terceros. Además señaló que se trata de extorsionar a los asambleístas quitándoles la seguridad.   En tanto, el BAN insiste rechazar aquellas aseveraciones e insinuó que mientras ellos propenden al diálogo público y deliberativo, otros están acostumbrados “a reunirse en vasas privadas para negociar lo que han querido hoy y siempre: la justicia”.   El grupo oficialista instó al PSC a que si poseen pruebas de los supuestos actos irregulares las presenten ante el Comité de Ética. De lo contrario, si no cuentan con el sustento de una denuncia formal “incurrirían en lo que absurdamente acusan a otros: comisión de peculado por omisión”, concluye el comunicado del BAN. El cruce de acusaciones entre el PSC y la BAN se da mientras se espera que el presidente Guillermo Lasso sea notificado oficialmente con el inicio del trámite del juicio político en su contra, que ahora está en manos de la Comisión de Fiscalización.

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Denuncia por peculado en contratos de Flopec ya la presentó a Fiscalía el propio Gobierno de Guillermo Lasso en sus primeros meses de gestión

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EL UNIVERSO .- El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ha pedido a la Contraloría que realice un nuevo examen especial, desde 2018 El 17 de septiembre del 2021, durante la administración del presidente Guillermo Lasso, la entonces gerente de Flopec, Pilar Ferri, presentó una denuncia en contra de Jaime Condoy Blacio, quien había ocupado también la gerencia de Flopec, pero en el Gobierno de Lenín Moreno. Según la denuncia realizada por presunto peculado, Ferri logró detectar una serie de irregularidades en las contrataciones de buques para transporte de crudo, entre ellos con la empresa Amazon Tankers.   Así lo explicó el asambleísta Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, que actualmente lleva adelante el proceso de juicio político, con base a una denuncia de las asambleístas Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo, en contra del presidente Lasso. La única causal que se analiza tras la aprobación de la Corte Constitucional sobre un supuesto peculado con respecto justamente a afectaciones a la empresa estatal de transporte.   Ferri, instruida por el Directorio de esa época, presenta la denuncia en contra de Condoy Blacio quien estuvo al frente de la empresa pública del 14 de febrero de 2020 al 12 de diciembre del 2020, es decir en la administración de Lenín Moreno. Entre los hallazgos de Ferri, y que constan en la denuncia, está que en la administración de Codoy Blacio:   Se realizaron trece contrataciones de buques de diferentes empresas con tarifas superiores al mercado, las cuales incluso superaron el Ordenador de Gasto ($ 25 millones) autorizado por el Directorio para el Gerente General. La empresa Flopec no tiene buques propios por lo que se ve obligada a realizar estos arrendamientos.   También explicó que estas decisiones tomadas no fueron puestas a consideración de los miembros del Directorio.   En la denuncia se indica que en el análisis de las tarifas de contratación de buques, no fueron considerados los ingresos históricos por la operación de mercado spot, que demuestren la viabilidad financiera de la empresa. Y más bien se proyectaba una pérdida de $ 112 millones para cuatro años.   Adicionalmente, Ferri explicaba que se realizaron contrataciones de buques sin conocer el nombre del buque, el nombre del armador (dueño de barco), ni las características de los mismos. “Es un riesgo alto ejecutar contratos con buques no identificados”, explicaba.   Para la contratación de buques se utilizó información previa a la pandemia y luego no se realiza corrección por efectos de la demanda y post pandemia.   Adicionalmente se indica que se acordaron cláusulas con el Pool Amazon Tankers aceptando la posibilidad de que EP Flopec pueda perder valores por dos años consecutivos, y se estableció que pudiera haber sometimiento a legislación extrajera de Flopec, sin contar con autorización de la legislación extranjera.   De acuerdo con Villavicencio el hecho de que exista esta denuncia significa que fue el propio Gobierno empezó la investigación en contra de las autoridades de Moreno. Además recordó que con su denuncia posteriormente la Contraloría realizó un informe en el que identificó 6,1 millones en pérdidas y determinó que hubo perjuicios y responsabilidades. También hace recomendaciones. En 2022 Flopec, en la administración de Lasso, aplica las recomendaciones de la Contraloría y recupera recursos.   Ahora, a propósito del inicio del juicio político que existe en contra del presidente Lasso, por parte de asambleístas que sostienen que en estos contratos hubo peculado, el 30 de marzo pasado, el asambleísta Villavicencio envió a la Contraloría un pedido para examen especial y una auditoría integral al contrato suscrito por Flopec y la Empresa Dragun USA LLP, el 7 de diciembre del 2018 y sus adendas. Lo propio pide para otros contratos con Andes Tanker, Agoyán Tanker y Galápagos Tanker.   En su pedido, Villavicencio argumenta que estas empresas están ligadas a empresas procesadas como Gunvor y Core Petroleum y sus compañías URSA Shipping Hong Kong, Baere Maritime, Dragun USA, Core Transport y Mjoliner Shipping.   De manera general Villavicencio explica cómo habría funcionado en Flopec la afectación para el Estado en general y desde hace varios años. El crudo ecuatoriano que supuestamente Petroecuador entregó a Petrochina, Unipec y PTT , se conoce iba a intermediarios: Core Petroleum, URSA Shippin Castro Petroleum, todas empresas de Gunvor. Se conoce, además que por estos contratos se pagaron sobornos. El verdadero propósito del negocio era la reventa de crudo a precios superiores al adquirido a la petrolera ecuatoriana y su transporte en el que existen pérdidas para Flopec. Varios funcionarios púbicos amasaron fortunas entre ellos se nombra a Nilsen Arias y a empresarios Enrique Cadena, Antonio y Enrique Peré.   En todo caso el asambleísta hace notar que “resulta extraño, por decir lo menos, el cambio radical de criterio de la asambleísta Pazmiño quien antes defendía el contrato de Amazonas Tankers, ahora en el informe que acusa a Guillermo Lasso de peculado se adhiere a la postura asegurando que esa asociación causó pérdidas millonarias a las arcas del Estado con la venia de Hernán Luque.   De acuerdo con un informe emitido en octubre del 2022 por parte de Mireya Pazmiño, desde la Comisión de Régimen Económico, si indica que la asociación Amazon Tankers al 31 de agosto había generado utilidad de 24,1 millones. Pedía que FLopec mantenga el 50% de participación en este acuerdo comercial, para cumplir con la normativa y mantener las utilidades antes mencionadas. Decía además que en su informe la Contraloría General del Estado, había recomendado se evalúen los ingresos y demás condiciones establecidas en la modalidad asociativa Amazonas Tankers Pool para determinar la conveniencia y pertinencia de continuar con este acuerdo comercial. Ella indicaba que en ese momento se dio lugar “a un procedimiento irregular del Alm. (SP) Johnny Estupiñan Echeverría, quien el 01 de febrero de 2022, dio por terminado unilateralmente el contrato de asociación”. También recordó que posterior a ello, tanto Flopec como EMCO consideraron como un riesgo extremo la terminación unilateral; lo que llevó al exgerente de Flopec citado a revocar la

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Guillermo Lasso reconoció que en cuatro ocasiones se ha intentado desestabilizar su Gobierno

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EL UNIVERSO .– El más reciente lo está atravesando actualmente y es el proceso de juicio político en el Legislativo con miras a su destitución y censura del cargo.   El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo en una entrevista con Ecuavisa que en los casi dos años que lleva de mandato su Gobierno ha atravesado cuatro momentos de intentos de desestabilización que se los atribuye a lo que él ha denominado como “los triunviros de la conspiración”: Jaime Nebot, Rafael Correa y Leonidas Iza.   Según el mandatario estos cuatro momentos han sido los siguientes:   Filtración de los Pandora papers Indicó que el primer intento se registró en octubre de 2021 cuando salieron a la luz los Pandora papers, que fueron una filtración de archivos en los que se reveló la vinculación de políticos y empresarios con empresas offshore registradas en paraísos fiscales; entre ellos se mencionó a Guillermo Lasso.   La Contraloría General del Estado (CGE) dictaminó el archivo del proceso de investigación al presidente Lasso por inversiones en paraísos fiscales por no encontrar irregularidades en el periodo que va desde la inscripción de su candidatura, el 23 de septiembre de 2020, hasta la fecha de su posesión, el 24 de mayo de 2021.   El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación actualizó su base de datos pública con información de los Pandora Papers Paro nacional de junio de 2022 El segundo intento desestabilizador, según el mandatario, fue en junio de 2022 cuando se registró el último paro nacional que vivió el país por 18 días.   “El levantamiento indígena fabricado por Leonidas Iza porque no había motivo para llevarlo a cabo”, manifestó.   El paro de junio de 2022 cerró con 9 muertes, 318 personas heridas, 22 de gravedad; 31 mujeres agredidas y 199 detenciones. De parte del Estado se conoció en su momento que se abrieron investigaciones. La Fiscalía General del Estado ha presentado públicamente que existe un total de 403 procesos penales abiertos, de los cuales 369 se encuentran en investigación previa y 34 en instrucción fiscal.   Además, la economía ecuatoriana se desaceleró por las paralizaciones. Las pérdidas económicas y los daños ocasionados ascendieron a $ 1.115 millones. De esta cifra, $ 330 millones correspondieron a pérdidas y daños en el sector petrolero y $ 785 millones al sector no petrolero.   Quito 30 de junio 2022. En el día 18 del paro Nacional, una marcha de comunidades indígenas llega al parque de El Arbolito. Los manifestantes salieron desde la univerdad central recorriendo la Av Patria. API- CESAR PASACA Foto: API Atentados y explosiones en Guayaquil El tercer intento para Lasso fue el 1 de noviembre pasado cuando se registraron una serie de atentados con explosiones y policías muertos en varios sectores de Guayaquil.   Lasso subrayó que esa ocasión actuó con rapidez y entereza. Suspendió el viaje que tenía programado a Orlando, Estados Unidos, del 2 al 6 de noviembre junto con su familia y se reunió con las máximas autoridades en materia de seguridad del país para tomar acciones.   Decretó también estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas con toque de queda a partir de las 21:00. Guayaquil, martes 01 de Noviembre del 2022 Durante la madrugada de hoy se registraron varios atentados en diferentes sectores de la ciudad, en la gráfica un coche bomba en los exteriores de una UPC del sector Guamote en Pascuales. Fotos:César Muñoz/API Foto: API Juicio político en la Asamblea El cuarto intento de desestabilizar su Gobierno, el presidente lo está atravesando actualmente y es el proceso de juicio político con miras a su destitución y censura del cargo.   Lasso dijo que a este juicio se suman también los cinco pedidos de revocatoria de mandato que se han presentado en los 22 meses que lleva de Gobierno.   El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, convocará para este lunes a los integrantes de la mesa para conocer la solicitud de juicio y disponer la notificación al acusado y a los acusadores para que presenten las pruebas de cargo y de descargo en un plazo de diez días.   En la gráfica un grupo de asambleístas que el 16 de marzo oficializaron el pedido de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Cortesía Foto: Christian Medina En el expediente de juicio presentado por los cuatro asambleístas acusadores, en la página 54, solicitan que dentro del proceso de juicio político se recepte la prueba testimonial de al menos 36 personas, entre funcionarios que incluyen al contralor del Estado, Carlos Riofrío; la fiscal general del Estado, Diana Salazar; el canciller, Juan Carlos Holguín, e inclusive piden el testimonio de asambleístas.   Adicionalmente, el presidente de la República, en calidad de acusado, podrá también solicitar a la Comisión la práctica de diligencias y pedir el testimonio de cualquier funcionario público. 

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Muerte Cruzada es la única salida, según asambleísta Dalton Bacigalupo

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El juicio político del presidente Guillermo Lasso, es un “burdo intento de golpe de Estado”. Así lo señaló el asambleísta de la Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo, en diálogo con “Punto de Orden”. El legislador precisó que, para orquestar la interpelación, la mayoría correísta-social cristiana conformó una “comisión farandulera”, que primero decidió enjuiciar al mandatario, y después buscó causales. En ese “camino tenebroso”, dijo, nunca encontraron tales causales, y vieron con vergüenza que la misma Corte Constitucional tiró abajo su deseo de acusar a Lasso de “concusión”. En su opinión, aunque la CC autorizó el juicio, demostró que toda la alharaca armada, sobre el supuesto enriquecimiento y la corrupción del presidente, no es más que un montaje burdo. Bacigalupo calificó a los promotores de la interpelación, como “asambleístas vocingleros, títeres de los intereses correístas y social cristianos”, y precisó que sus argumentos, “grotescos y mentirosos”, quedaron en evidencia. El parlamentario hizo notar que el cargo imputado a Lasso, sobre un presunto perjuicio a Flopec por 6 o 7 millones de dólares, no tiene fundamento, pues el informe de la Contraloría del Estado, jamás estableció responsabilidades penales, que es un requisito para el enjuiciamiento. Bacigalupo anotó que la oposición pretende destituir al presidente, para que quede en su lugar el vicepresidente Borrero, a quien pretenden manipular, con miras a conseguir el regreso del correísmo al poder. De ahí que exhortó a Lasso a declarar la Muerte Cruzada, pues está seguro que, en las elecciones posteriores, sobre todo en la segunda vuelta, los ecuatorianos tomarán la decisión correcta. El legislador es partidario de disolver el Parlamento, para terminar con estos “asambleístas bailarines, saltarines y contables”. Lasso, agregó, no puede dejarse destituir, y menos aún en un juicio político falso e infame. Es su deber garantizar la estabilidad democrática, mediante el uso legítimo de instrumentos contemplados en la Constitución. Es decir, la Muerte Cruzada. El parlamentario consideró que sería un grave acto de irresponsabilidad del presidente, permitir que gane el correísmo.

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Juicio político contra Guillermo Lasso entra a la Comisión de Fiscalización; estos son los plazos

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EL COMERCIO .- Para este lunes 3 de abril de 2023, a las 14:00, se convocará a los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para avocar conocimiento sobre la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Así lo dio a conocer el asambleísta Fernando Villavicencio, quien preside esta Comisión. De acuerdo con Fernando Villavicencio, hasta el martes 4 de abril se notificaría sobre el proceso al presidente Guillermo Lasso y a los asambleístas solicitantes del juicio político (Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo). A partir de la notificación formal, que incluirá el informe de admisibilidad y la documentación remitida por la Corte Constitucional, empezarán a correr los plazos para procesar dicha solicitud.   En la primera etapa del proceso, la defensa de Guillermo Lasso y los asambleístas solicitantes del juicio político contarán con diez días para presentar las pruebas de cargo y de descargo. Esto incluirá sábados, domingos y también el feriado de Semana Santa que está de por medio.   Posteriormente, habrá diez días adicionales para evaluar las pruebas de cargo y descargo por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Para Fernando Villavicencio, esta etapa es de suma importancia ya que allí se evaluará la calidad del material que presenten el acusado y los acusadores.   Finalmente, la Comisión de Fiscalización tendrá diez días para redactar el informe sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Fernando Villavicencio sostiene que los plazos se respetarán, sin apurar el proceso debido a la importancia que este tiene para el Ecuador.   Para centrar esfuerzos en la realización del informe, el Consejo Administrativo Legislativo (CAL) dispuso la suspensión de todos los procesos que estaban dentro de la Comisión de Fiscalización.   Fernando Villavicencio sostiene que en los 30 días del proceso dentro de la Comisión, que podrían correr a partir de martes 4 de abril, su meta es “reivindicar el hecho de que un juicio político tiene que respetar el derecho”.   El fin de semana antes de que se inicie el proceso en la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Ricardo Vanegas realizó una entrevista a Oswaldo Rosero, exgerente de Flopec y un testigo que formaría parte en el proceso de juicio político. La acusación por posible peculado que llevará al Presidente al juicio político sostiene que Guillermo Lasso habría consentido “la celebración de contratos de transporte petrolero en perjuicio de fondos públicos”.   Ricardo Vanegas reveló que el informe de la Contraloría que se usó como prueba en la solitud de juicio político no concluye que el contrato con Flopec debía darse por terminado. Rosero dijo, además, que dicho documento disponía que se renegocien esos contratos “para que se puedan emitir las soluciones al caso” tras un análisis económico-legal. Según Vanegas, Flopec habría aplicado las recomendaciones de la Contraloría, por lo cual se habría generado USD 400 millones más en el 2022 con relación al 2021 en los ingresos operacionales relacionados con el transporte marítimo de hidrocarburos.

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Guillermo Lasso ofrece contar toda la verdad en la Asamblea, sobre su participación en juicio político

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EL UNIVERSO .– En otro tema, el presidente defendió su autorización para que personas naturales tengan y porten armas para combatir la inseguridad. “No podía dictar la muerte cruzada, dejando la duda de qué es lo que verdaderamente habría ocurrido con el juicio político”, dijo este domingo el presidente de la República, Guillermo Lasso, respecto al proceso que se iniciará el lunes en la Comisión legislativa de Fiscalización.   El mandatario, quien el sábado autorizó la tenencia y el porte de armas para civiles, cumpliendo requisitos legales, dijo que no optó por la muerte cruzada -que le permite disolver el Parlamento- porque no quería que se interprete como una forma de evitar el juicio político por posible peculado.   Respecto a ese proceso legislativo, que se dará luego de un informe favorable de la Corte Constitucional, Lasso opinó que los magistrados de ese organismo no leyeron toda la documentación. “Se pretende censurar a un presidente sin que estos hechos hayan pasado por la justicia ordinaria”, manifestó en entrevista con Ecuavisa.   Sobre este caso, insistió en que “no existe peculado” y destacó que las utilidades de la empresa pública Flopec han crecido en su administración, siguiendo recomendaciones de Contraloría.   “Espero que los asambleístas que tienen decencia, que sí los hay, a quienes se los han engañado con información falsa, recapaciten en bien de la estabilidad del país”, dijo Lasso. Por eso, aseguró que en la intervención que hará en el Parlamento, dará detalles sobre la “conexión entre la mafia del narcotráfico y la corrupción, con algunos asambleístas”.   Después de ‘decir la verdad’ en el juicio político, evaluará si aplica la muerte cruzada, añadió.   Lasso sostuvo, como ha dicho en otras ocasiones, que el expresidente de la República, Rafael Correa, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, están detrás de un supuesto intento por desestabilizar al Régimen.   Iza, con advertencias de posibles manifestaciones en contra del Gobierno, “pone en situación de riesgo a la democracia”, mientras que Correa está “desesperado” para que se dicte la muerte cruzada, pero “no podemos darle gusto”, dijo el mandatario.   “Voy a gobernar todo mi periodo y para eso estoy trabajando”, comentó Lasso ante la posibilidad de ser destituido por el Parlamento, para lo que se necesitan 92 votos.   Sobre su decisión de autorizar el porte y tenencia de armas para las personas naturales que lo soliciten, insistió en que será “regulado” y calificó su Decreto de “oportuno” porque “las empresas de seguridad lo pedían”.   Lasso puso el ejemplo de los guardias de seguridad en una joyería o centro comercial, que no tienen armas. Ahora, los delincuentes sabrán que están armados y el Gobierno los defenderá ante cualquier decisión judicial en su contra, si reaccionan en algún hecho delictivo, manifestó.

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Grupos de la sociedad civil ‘ponen el ojo’ a la Asamblea Nacional en el trámite del juicio político a Guillermo Lasso

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EL UNIVERSO .- La posibilidad de que el jefe de Estado opte por declarar la disolución de la legislatura preocupa. Con la admisibilidad al juicio político en contra del presidente del Gobierno, Guillermo Lasso, los “ojos” de sectores sociales se trasladan a la Asamblea Nacional con el pedido de que se cumplan los procedimientos legales, frente a una posible censura y destitución.   La noche de este 29 de marzo de 2023, con seis votos afirmativos y tres salvados de los miembros de la Corte Constitucional (CC) se admitió a trámite la solicitud de juicio político planteada desde corrientes de oposición de la Asamblea Nacional en contra de Guillermo Lasso.   No obstante, la decisión de los magistrados se concentró en admitir la interpelación únicamente por el cargo de presunto peculado respecto de denuncias de actos de corrupción en la Empresa Pública Flota Petrolera (Flopec), pero no dio paso a los cargos por concusión en Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), como lo plantearon los cuatro asambleístas ponentes.   La decisión de la Corte Constitucional se devolvió a la Asamblea Nacional para que continúe con los procedimientos, con lo que en un primer momento será conocido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), para luego enviarlo a la Comisión de Fiscalización, que asumirá la sustanciación de inmediato.   De acuerdo con los plazos contemplados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entre notificaciones y convocatorias a sesiones, presentación de pruebas de cargo y descargo, y el informe final, el proceso se extenderá por 45 días. En los exteriores de la Asamblea Nacional también se concentran grupos críticos de la gestión de sus legisladores. Fotos:Rolando Enríquez/API Foto: El Universo En ese periodo, organizaciones de la sociedad civil estarán atentas a las actuaciones de los legisladores.   Sectores de oposición al jefe del Gobierno, Guillermo Lasso, afirman que respetan las competencias de las funciones del Estado, aunque su aspiración es que enfrente el juicio político o que renuncie, pero que evite activar el mecanismo de la disolución de la Asamblea o muerte cruzada.   Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, cree que Guillermo Lasso debería renunciar “por su incapacidad de gobernar”. Pero como “ha decidido aferrarse al poder y ahora que la Corte admitió a trámite el juicio político, los sectores sociales vamos a estar pendientes de lo que hagan los asambleístas y, en especial, la Comisión de Fiscalización”, indicó.   Según Erazo, esta es una Asamblea que “debe ser controlada por los sectores políticos y populares”. Pues hay un 90 % de ciudadanos que no “les cree por su capacidad de hacer componendas, arreglos, pedir cargos y recursos, por lo que estaremos atentos a lo que resuelvan, sobre todo, que se determine la salida de Guillermo Lasso”, agregó.   No obstante, ven con preocupación la posibilidad de que el Ejecutivo resuelva disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas.   Ello implicará que los asambleístas dejarán sus cargos; el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará un nuevo proceso electoral en 90 días para elegir presidente y legisladores por lo que resta del periodo (hasta el 2025), y Guillermo Lasso gobernará en ese tiempo con decretos-ley de urgencia económica que deberán ser evaluados previamente por la Corte Constitucional.   Esta posibilidad preocupa a Erazo, porque “Lasso podría apuntalar su proceso neoliberal de gobierno e ir hacia las privatizaciones de empresas públicas”. “Por eso es necesario entender que la única alternativa es que la Asamblea destituya al presidente y así evitar la muerte cruzada. Estaremos en las calles defendiendo las empresas estatales y exigiendo la salida del presidente”, advirtió el dirigente.   Por su parte, la presidenta del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Marcela Arellano, consideró que Guillermo Lasso debería salir de la Presidencia y renunciar, porque “no está capacitado para gobernar”.   Aunque, con la coyuntura actual, “se está implementando un mecanismo constitucional que es el juicio político y lo respetaremos para que avance con independencia, y no vamos a salir a las calles a movilizarnos”, adelantó. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) alertó que tienen puestos los “ojos” sobre la Asamblea Nacional para que tramite un proceso político que termine con la destitución del gobernante.   “La Corte Constitucional dio paso, ahora la Asamblea tiene que seguir el juicio político y destituir a Guillermo Lasso por peculado y por la incapacidad de gobernar”, exigió el movimiento indígena en mensajes publicados en sus redes sociales.   De igual forma, su presidente, Leonidas Iza, en un tuit, resaltó la resolución de la Corte que “responde a la lucha y resistencia del pueblo ante un gobierno nefasto e indolente. Cada voto en el Legislativo representará el clamor popular”, escribió.   Desde otro sector, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias adelanta también su postura de observador del cumplimiento de las normas.   “Les estamos observando. No tenemos más paciencia y no vamos a permitir la vulgarización de la política”, señaló la presidenta del gremio, María Paz Jervis, en declaraciones en entrevistas con medios de comunicación este jueves.   La directiva reprochó que los legisladores han pasado casi dos años de gestión “haciendo reconocimientos irrisorios” y ni legislan ni trabajan.   A su criterio, no cree que la muerte cruzada sea una salida a la crisis y, al contrario, conminó a “evitar mecanismos de conflictividad”, que afectarían a la economía nacional.   El director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, Mauricio Alarcón, detalló que harán seguimiento de los procedimientos con los cuales se efectúe el juicio político al mandatario.   “Esperamos que los 137 asambleístas se rijan a lo que dice la Constitución y no conviertan este juicio político en un circo para recriminar al presidente Lasso por su forma de gobernar. Hay hechos concretos que se han determinado y por los que la Corte Constitucional ha garantizado la admisibilidad del proceso y son esos hechos los que deberán ser tratados”, agregó Alarcón.

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Virgilio Saquicela exalta el juicio político como el mecanismo que garantiza la estabilidad democrática y hará que Guillermo Lasso ‘rinda cuentas de sus actos’

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EL UNIVERSO .- Este viernes, el Consejo de Administración Legislativa conocerá el dictamen de admisibilidad del enjuiciamiento. Saquicela legitima las actuaciones legislativas El presidente de la Asamblea Nacional Virgilio Saquicela exaltó la legitimidad del juicio político que se sustanciará en contra del presidente del Gobierno Guillermo Lasso, tras superar el primer control de constitucionalidad en la Corte Constitucional (CC).   En un mensaje divulgado por las redes sociales de la Legislatura este 30 de marzo de 2023, Virgilio Saquicela refirió que el dictamen de admisibilidad a la solicitud de juicio político que impulsan corrientes de oposición “confirma” que han actuado con base en las normas constitucionales y legales.   “El dictamen de admisibilidad del máximo órgano de control constitucional, en torno a la solicitud de juicio político, confirma que la Asamblea Nacional ha actuado con base en las normas constitucionales y legales”, manifestó en su alocución.   Destacó que este mecanismo de control político para que el presidente de la República “rinda cuentas de sus actos, constituye un procedimiento legítimo que garantiza la estabilidad democrática”.   “La Asamblea Nacional, como primer poder del estado, actúa con respeto irrestricto de la Constitución y la ley. El juicio político se constituye en la mayor expresión de la facultad de fiscalización y control político”, recalcó. El pasado 29 de marzo, con el voto afirmativo de seis jueces y tres votos salvados, el pleno de la Corte Constitucional suscribió un dictamen de admisibilidad de un juicio político solicitado por la Función Legislativa el viernes anterior.   Los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de PK), Rodrigo Fajardo (separado de la ID) y Pedro Zapata (PSC) son los proponentes de la interpelación y esgrimen la responsabilidad política de Guillermo Lasso, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.   Esta se refiere a la solicitud de interpelación a un presidente de la República por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.   Sin embargo, el dictamen aprobado por los jueces, inadmitió el pedido respecto de dos cargos de concusión por presuntos hechos de corrupción en Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco EP); pero sí admitió el cargo relacionado con peculado, relacionado con posibles irregularidades en la Empresa Pública Flota Petrolera del Ecuador (Flopec).   Pese al criterio de Saquicela, los jueces de la Corte exhortaron a los asambleístas y a los órganos de la Asamblea Nacional “a que en el futuro procedan con más prolijidad en la presentación y tramitación de juicios políticos, atendiendo a la seriedad que la activación de dicha figura constitucional requiere”.   El dictamen se aprobó con los votos de los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada, ponente y coponente, respectivamente; Daniela Salazar, Alejandra Cárdenas, Karla Andrade y Jhoel Escudero.   Los tres restantes: Enrique Herrería, Carmen Corral y Teresa Nuques se pronunciaron con un voto salvado, pues a su criterio, el organismo debió inadmitir el pedido de enjuiciamiento.   El expediente fue remitido al Parlamento para que proceda con el trámite, por lo que, según Saquicela, al ser notificados, “corresponde continuar con el trámite en la Comisión de Fiscalización”.   “Será el pleno de la Asamblea, como máximo órgano, quien resolverá con responsabilidad y en estricta observancia a la Constitución y la ley, garantizando los más sagrados intereses de la patria”, ofreció la autoridad.   Para las 09:30 de este viernes 31 de marzo, Saquicela convocó a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) a una sesión virtual en la que está previsto conocer la documentación remitida por la Corte Constitucional, la misma que se remitirá a la Comisión de Fiscalización para que avoque conocimiento e inicie con la sustanciación.   Este proceso tomará alrededor de 45 días en su trámite, en el que se permitirá al jefe de Estado que exponga sus pruebas de descargo y, a los interpelantes, sus pruebas de cargo.   La mesa legislativa, presidida por el asambleísta, Fernando Villavicencio (Independiente), emitirá un informe para resolución del pleno, en el que podrá recomendar la censura y destitución de Guillermo Lasso o el archivo del caso, según contempla la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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Presidente Lasso: “Soy inocente, rechazo este juicio político”

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PRIMICIAS .– El presidente Guillermo Lasso dijo en una cadena nacional que grupos políticos intentan asesinar su reputación y que defenderá su buen nombre y el de su familia   El presidente de la República, Guillermo Lasso, se tomó más de 20 minutos para exponer en cadena nacional las razones por las cuales es “inocente” de las acusaciones de peculado en las que se basa el juicio político aprobado por la Corte Constitucional el 29 de marzo de 2023.   El mandatario apareció acompañado de su esposa María de Lourdes Alcívar y de un grupo de ciudadanos, frente a quienes aseguró que rechaza el juicio político, pero que “como demócrata” respeta la decisión de la Corte Constitucional. “En mi vida personal y pública siempre he actuado con recta intención”, sostuvo y agregó que “me da la impresión de que algunos asambleístas se han inventado un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada y por fuera de los tiempos de la democracia”.   Según Lasso, el juicio que prepara la Asamblea tiene tres interpretaciones: Jurídico, político y personal.   El primero, dijo el presidente, es el más débil de los tres, “porque la intención es clara, los asambleístas interpelantes han hecho caso omiso de la Constitución, ya que señalan en su escrito que su intención real es reprochar al presidente por su gestión”.   A criterio de Lasso, las acusaciones por supuesta concusión, que fueron inadmitidas por la Corte, no tenían sustento y la de peculado se fundamenta en el uso de fondos públicos para beneficio propio. “Tampoco hay prueba de esto, los delitos exigen pruebas y no las hay”, aseguró Lasso, quien resaltó el hecho de que el contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) se firmó en diciembre de 2018 “con un alcance a diciembre de 2020”.   “No me pueden atribuir algo que no hice porque (en esa fecha) no era presidente“, agregó Lasso y recordó que no existen denuncias en la Fiscalía al respecto.   “No hay pruebas en mi contra, no he cometido delito alguno, la búsqueda del poder lleva al abuso a cualquier precio”. Guillermo Lasso.   E insistió en que “en Ecuador opera la Constitución, pero las mafias del narcotráfico, del atraco al Isspol, de los seguros de las empresas públicas, de la minería ilegal y de negocios petroleros ilegales se han sumado a la política para recuperar las prebendas que les quitamos”.   Para el presidente, el juicio político fue creado “con memes falsos”. Aseveró que la política no es del interés de los ecuatorianos, sino “la seguridad, el invierno, el deslave de Alausí, el terremoto, la salud, educación y las oportunidades para prosperar”.   Mientras el Gobierno intenta resolver los problemas del país, dijo Lasso, “un grupo de asambleístas quieren asesinar mi reputación y la de mi hogar“.   El asesinato de la reputación, explicó, es un proceso deliberado y sostenido para destruir la credibilidad de una persona con la creación de historias falsas “con el apoyo de algunos dedicados a difundir mentiras”. Por ello, advirtió que defenderá el honor y buen nombre de él y de su familia.

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