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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
Ecuador Continental: 22:42
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Policía presume que víctimas de masacre en Petrillo eran delincuentes

Una masacre registrada el viernes pasado en Petrillo, una comunidad del cantón Nobol, genera conmoción en la zona rural de la provincia del Guayas. 7 hombres fueron emboscados y asesinados a balazos en el citado sector, al pie de unos sembríos de arroz. La Policía Nacional afirmó que los fallecidos conformaban una banda delictiva, que operaba en toda la región. Por tanto, presume que los sujetos fueron atrapados por sus víctimas, y ejecutados a tiros como escarmiento definitivo. Las víctimas, de acuerdo a las investigaciones, se dedicaban a cometer asesinatos, asaltos y extorsiones, y eran conocidos y temidos. Este hecho hace sospechar que algún grupo de la zona, cansado de sus fechorías, decidió acabar con sus vidas, para lo cual les tendió una trampa. Las investigaciones establecieron que los hampones robaron una motocicleta, dejada como cebo, y exigieron a su propietario una suma de dinero a cambio de devolverla. Cuando acudieron a cobrar el monto, fueron atrapados y asesinados. Los cuerpos fueron dejados en el lugar, posiblemente como advertencia para espantar a otros malandrines. Los fallecidos tenían entre 15 y 21 años. Los reportes anotan que todos tenían antecedentes penales por diversos delitos.

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Triple crimen se reportó en la Isla Trinitaria

La Policía Nacional reportó nuevos incidentes la noche de este martes, en el sector de la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil. En el más grave, 3 personas fueron asesinadas dentro de un vehículo, que posteriormente fue incinerado. Ocurrió en la Cooperativa 22 de Abril, considerada una de las más peligrosas de toda la zona. Alertados por moradores del sector, agentes policiales llegaron al citado barrio, y encontraron el carro calcinado con los restos de 3 personas. Según testigos que se encontraba en la zona, sujetos explotaron el vehículo alrededor de las 22h00 del martes. Se desconocen las identidades de los fallecidos. Ataque a cajero automático Casi a la misma hora, y en la misma zona, desconocidos lanzaron una granada contra un cajero automático. Producto de la explosión, el equipo se incendió. Sin embargo, los delincuentes no pudieron acceder al dinero, como era su aparente objetivo. Tampoco, en este caso, se pudo establecer la identidad de los agresores.

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Sicario asesina a una persona dentro de una iglesia en Manta

El Universo .- Un menor resultó herido en ese ataque armado Una persona fue asesinada a las 19:30 de este jueves 28 de diciembre dentro de una iglesia en Manta, Manabí. Este nuevo caso de muerte violenta ocurrió en la calle 119, en la parroquia Los Esteros. Según testigos, un sicario ingresó al lugar y disparó contra una persona que se encontraba dentro de la iglesia María Auxiliadora mientras se desarrollaba una misa. En el suceso un menor de edad resultó herido. Él fue trasladado al hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta. El hecho generó alarma pues se escucharon cerca de 30 disparos en ese sitio, afirmaron los vecinos. Personal policial acudió al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y las investigaciones respectivas de este caso. La Policía informó que cuatro personas fueron asesinadas en el distrito Manta en menos de 24 horas, la última víctima fue un taxista de nombres Bryan Pazmiño, quien fue baleado mientras transitaba por la vía Circunvalación. (I)

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Se aplazó para el 19 de diciembre la audiencia preparatoria de juicio contra sospechosos del asesinato de Fernando Villavicencio

El Universo .- La diligencia estaba programada para el 29 de noviembre. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los presuntos asesinos del excandidato presidencial Fernando Villavicencio fue diferida para el martes 19 de diciembre, a las 09:30. La diligencia estaba programada para el 29 de noviembre, sin embargo, los procesados Laura C. y Carlos A. solicitaron el aplazamiento debido a que cambiaron de abogado defensor. Según la providencia de la jueza de la causa, con fecha del 21 de noviembre pasado, la defensa de Laura C. la asumirán los abogados Marcos Carrillo Bejarano y Dennise Rueda, y la de Carlos A. la asumirá el abogado Marcelo Gastón Toro. Ellos, al igual que Alexandra Ch., Érick R., Víctor F. y Óscar F., están acusados de ejecutar el asesinato de Villavicencio, el 9 de agosto de 2023, a cambio de dinero. En la notificación constan los nombres de las trece personas que fueron detenidas dentro de las investigaciones. En el listado están los siete sospechosos que fueron asesinados entre la tarde del 6 y la mañana del 7 de octubre, en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) y la cárcel de El Inca (Quito). Los internos de nacionalidad colombiana Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. murieron en la Penitenciaría, y José M., en El Inca. Los otros supuestos implicados, que siguen con vida, son: Carlos A., Alexandra Ch., Érick R., Víctor F., Laura C. y Óscar F. Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, expresó que la dilación del proceso legal se debe a los pedidos de los procesados que cambiaron de abogado. “Me preocupa porque los procesados pertenecen a la banda de Los Lobos y cambiaron de abogado”, dijo Sarauz a EL UNIVERSO. Sarauz agregó que siente temor por su seguridad y por la de Tamia y Amanda Villavicencio, las jóvenes hijas del exasambleísta y excandidato presidencial por el movimiento Construye.

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El nuevo comandante de la Zona 8 quiere fortalecer el control de armas y tener escuadrones de reacción en los distritos más violentos

El Universo .- Solo en Guayaquil, Durán y Samborondón han matado a más de 2.185 personas y se han decomisado 345 fusiles durante el 2023. El general Víctor Herrera, nuevo comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), apunta a controlar la violencia en el territorio más peligroso del país, donde hasta la fecha han matado a más de 2.000 personas y se han decomisado 348 fusiles y más de 1.500 armas cortas. Por esto, el uniformado indica que va a fortalecer el control de armas y a tener escuadrones de reacción en los distritos más violentos, pues señala que al menos el 94 % de los asesinatos se han dado con armas de fuego y reflexiona diciendo que años atrás en los controles lo que más se decomisaban eran armas blancas. Ahora las calles están llenas con fusiles y pistolas automáticas que presume llegan por Perú y hasta por aire, desde otros países. Herrera tiene 32 años de servicio en la Policía, fue jefe del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), tiene una instrucción táctica y cuenta que esa experiencia la va a poner en práctica en Guayaquil como ya lo hizo hace un año en Esmeraldas, donde también se desempeñó como comandante. Eso fue antes de pasar al Distrito Metropolitano de Quito DMQ hace un año. ¿Cómo está la cifra de muertes violentas en la Zona 8? Van 2.174 en el año 2023, el 92 % son producto de violencia criminal, es decir, unos 2.080 casos. Además, el 94 % de todos los asesinatos se dan con armas de fuego, armas largas y cortas. En Nueva Prosperina van 515 casos y es uno de los distritos que serán priorizados. ¿Cuáles serían las nuevas estrategias? Vamos a evitar la circulación de estas armas, pero esto requiere de la articulación de todas las instituciones que hacemos este tipo de control. La cosa es que deberíamos fortalecer el control en carreteras y dentro del perímetro urbano para que las personas no caminen armadas con esa libertad. Vamos a tener escuadrones y personal de reacción fuerte en los distritos más problemáticos. Los escuadrones los vamos a presentar en quince días y esta estrategia va a estar encaminada no a la cantidad de operativos, sino en áreas conflictivas, también para buscar motos y vehículos que circulan y que han sido reportados como robados. ¿Cuántas armas han decomisado este año? En la Zona 8 este año se han decomisado 1.537 armas cortas (pistolas) y 348 fusiles. Lo que llama la atención es que hace unos años en los operativos se encontraban más armas blancas y ahora hay tantas pistolas y fusiles. Creemos que entran por la frontera sur y que incluso llegan por aire de otros países, porque son armas de última tecnología. Antes los delincuentes andaban con revólveres de fabricación artesanal. ¿Y qué hay de las ‘vacunas’ (extorsiones) que tanto afectan a los comerciantes? Solo esta madrugada tuvimos tres explosiones en los distritos Modelo, Pascuales y Portete, por eso vamos a fortalecer el equipo de explosivos de la Policía Nacional, pero también vamos a establecer una unidad investigativa para determinar de dónde vienen esos explosivos y cómo se están abasteciendo estas bandas. Nosotros como tenemos un conocimiento técnico si vemos un explosivo de envoltura roja, de fabricación industrial, ya sabemos que es de origen peruano; la pregunta es por dónde ingresan, cómo llegan. Una farmacia del suburbio de Guayaquil fue atacada con un explosivo hace una semana. Foto: Cortesía No queremos que se dé una tragedia en uno de los barrios, queremos evitar una explosión donde haya fallecidos, por eso se está asignando a más personal y medios logísticos para que los expertos puedan hacer su trabajo, porque pese a que la mayoría no son explosivos de alto poder, la percepción en la ciudadanía es grave. ¿Y cuántos carros y motos han sido robados? Circulan sin placas o con placas de papel que son adulteradas y con vidrios polarizados. Solo en la Zona 8 durante este año se ha logrado recuperar 1.377 carros reportados como robados y 1.989 motocicletas, pero hay muchos más que siguen en manos de los delincuentes. ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo quiero proponer una ordenanza como se ha aplicado en varios países con buenos resultados y que consiste en la remarcación forense de los vehículos. Se pueden marcar los espejos retrovisores, el parabrisas y el resto de los vidrios con el número de chasis y de la placa. Eso hace que el control sea más rápido y no se permite borrar. Así se impide que se puedan sustraer las partes o que se plaquee (usar una placa falsa o de un carro similar) el carro para cometer delitos. En el caso de las motos, se remarca el tanque de gasolina. Esto se aplica en otros países y ha logrado bajar los robos. ¿En las últimas semanas hemos visto menos muertes violentas o es que no se han publicado todos los casos? Respecto al año pasado hay un alza en el 2023, pero en las últimas semanas sí se está dando un descenso. En la semana 38 del año hubo 88 casos, en la semana 39 fueron 66 asesinatos, en la semana 40 se dieron 52 casos, en la siguiente semana fueron 40 asesinatos y en la semana 42 se han dado 46 muertes violentas. Hay una clara tendencia a la baja. Al menos 40 % ha bajado en las últimas seis semanas. ¿Qué se debe hacer para bajar más estas cifras? Entendamos que hay reformas en la ley que deben hacerse. En Colombia se hizo un incremento de penas de hasta 58 años de cárcel por asesinato. Esto se dio en febrero del 2022 cuando ocurrieron varias muertes violentas con daños colaterales, mujeres y niños murieron. Esas son herramientas que necesitamos acá, porque la impunidad que impera hace que los delincuentes hasta se filmen y se dejen en evidencia porque no hay penas realmente ejemplares para que no reincidan. ¿Cuántos detenidos han tenido en la Zona

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Medios estadounidenses informan que el sospechoso de los mortíferos tiroteos de Maine, EE. UU., fue hallado sin vida

El Universo .– De momento no hay una confirmación oficial de las autoridades pero la policía estatal de Maine ha convocado una rueda de prensa. El principal sospechoso de los dos tiroteos que el miércoles se cobraron la vida de 18 personas en la ciudad estadounidense de Lewiston (Maine), Robert Card, fue encontrado muerto este viernes por las autoridades, según adelantan medios como la cadena CNN o la NBC. De momento no hay una confirmación oficial de las autoridades pero la policía estatal de Maine ha convocado una rueda de prensa a las 22:00 hora local (02:00 GMT) para ofrecer una actualización del caso, detalla la agencia EFE Las autoridades identificaron el viernes a las víctimas, que van desde un matrimonio de unos 70 años hasta un niño de 14 que murió junto a su padre. La policía y el FBI fueron desplegados el viernes en varios sitios, incluida la orilla de un río donde se encontró el automóvil del sospechoso. El comisionado de seguridad pública de Maine, Mike Sauschick, dijo en rueda de prensa durante la tarde que los negocios de la zona pueden reabrir, aunque se prohibió la caza en Lewiston y localidades cercanas para evitar confusiones por disparos, indicó AFP. “Queremos que nuestros residentes se mantengan vigilantes”, dijo Sauschuck. Muchos residentes en Lewiston como Cheryl Haggerty creen que Card “está muerto”. Y al igual que muchos en Maine, Haggerty confía en que portar un arma, como la que llevaba este agente de bienes raíces en su cinturón negro, es una medida de seguridad. “Si tienes un arma, al menos oyes la puerta, estás despierto, puedes estar preparado” para disparar, explicó. “Tendrás una buena oportunidad”.

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Caso Villavicencio: plan de recompensas genera información que podría servir para esclarecer el asesinato en el que se usaron sicarios

El Universo .- El candidato presidencial de la alianza Construye-Gente Buena Fernando Villavicencio fue asesinado al final de un mitin político en Quito. Pese a que la instrucción fiscal por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ya cerró y se está a la espera que se fije una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra seis procesados que serían parte de los autores materiales, las investigaciones para dar con los autores intelectuales avanzan y se nutren de varias fuentes, una de ellas, información que estaría llegando desde el plan de recompensas que dirige la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La semana pasada, días después de que el Gobierno presentó un plan de recompensas, el cual contaría con el apoyo financiero del Comando Sur de Estados Unidos, para combatir delitos relacionados con el crimen transnacional, el terrorismo y delitos contra la administración pública en Ecuador, el minstro del Interior, Juan Zapata, informaba que de las 32 llamadas ciudadana recibidas en el call centrer, a través de la línea telefónica 131, del sistema de recompensas, al menos 25 proporcionaron datos sobre el asesinato al estilo sicariato ocurrido el 9 de agosto pasado contra Villavicencio. Casi una semana después, la cifra se ubica en 31 llamadas y además se incorporan 31 correos electrónicos que contendrían aparentemente información relacionada con el caso Villavicencio. El call center opera de forma ininterrumpida y está a cargo de analistas de la Policía y las Fuerzas Armadas, quienes recibieron una capacitación de un año para calificar la autenticidad de la información que se entrega. La línea 131 es gratuita. Más allá de que las pistas que entrega la ciudadanía se hacen dentro de un proceso bajo reserva, que incluso cuenta con el registro de un código para quien llama y no de datos personales del denunciante, la información debe pasar rigurosos estándares de verificación antes de ser integrada a la investigación en curso. El 8 de octubre pasado, un día después del cierre de los 60 días de instrucción fiscal abierta para investigar el asesinato del periodista de 59 años, hecho ocurrido en Quito al final de un mitin político, la Fiscalía informaba de la recepción del testimonio anticipado de una persona que, bajo juramento, narró, entre otras cosas, detalles de los preparativos y montos ofrecidos por los supuestos autores intelectuales y señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen ocurrido dos semanas antes de la votación presidencial de primera vuelta. Con esa información, además de otros elementos obtenidos durante la instrucción fiscal que cerró, la Fiscalía informó que iniciará una investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. Es decir, la información que estaría ingresando mediante el call center del sistema de recompensas, luego de ser verificada su idoneidad, ingresaría a esta segunda parte de la investigación del crimen de quien además de candidato a la presidencia fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la cesada Asamblea Nacional. Un agente de inteligencia policial consultado explica que es vital que la información que ingresa por la vía del plan de recompensas o cualquier otra vía sea verificada a fondo para que así tenga la menor posibilidad de que no sea eficaz para la investigación, no haga perder el tiempo a los analistas y tampoco pueda ser una pista falsa que enrede la indagación El ministro Juan Zapata ha referido que cuando la información no es calificada, la llamada y lo que han dicho se desecha. Lo que ocurriría desde lo práctico dentro del sistema es calificar la fuente, la información y pasa a un segundo filtro, en el que se determinaría el monto a cancelar por la información. No se han detallado el valor de las recompensas, pero se ha aclarado que quien cuantificará el valor a entregar serán funcionarios del Comando Sur de Estados Unidos. Dentro del proceso penal por asesinato continúa ingresando información respecto a pericias dispuestas dentro de los 60 días de instrucción fiscal. Luego del fallecimiento de siete de los sospechosos en dos cárceles en que se encontraban, la causa continúa únicamente contra Laura C., Carlos A., Erick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch. y Óscar F. Por seguridad, los seis fueron trasladados a centros de privación de la libertad (CPL) ubicados en Quito y mantienen fuertes operativos de vigilancia dentro y fuera de estos centros. El miércoles último, Carlos A. desistió de su pedido de apelar la orden de prisión preventiva que se le dispuso el 8 de septiembre pasado, día en que fue vinculado al proceso por asesinato. Al ecuatoriano que estaría relacionado con el grupo delictivo Los Lobos, la Fiscalía lo involucra con la orden para ejecutar el asesinato del presidenciable, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono que mantenía cuando estaba en el CPL de Cotopaxi. Hace pocos días, a Carlos A. se le negó un habeas corpus que solicitaba para ser cambiado, por seguridad, a un CPL de Cotopaxi o Azuay, donde en mayoría están personas que integran la banda delictiva de la que supuestamente es parte.

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Fiscalía abre investigación previa ante la entrega de ‘habeas corpus’ a uno de los procesados por el asesinato de Rubén Cherres

El Universo .- Álex M y José Z. son investigados como autores materiales del asesinato de Rubén Cherres y otras tres personas, ocurrido en la provincia de Santa Elena. Días después de que un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas aceptó el recurso de habeas corpus planteado por Álex M., uno de los dos procesados por el asesinato de Rubén Cherres y tres personas más en una vivienda ubicada en Punta Blanca (Santa Elena), la Fiscalía abre una investigación previa sobre estos hechos ante la posible existencia de un delito de acción pública. El 19 de octubre pasado se emitió la boleta de excarcelación de un hábeas corpus que fue concedido por supuestos problemas de diabetes e hipertensión y por una operación de urgencia de uno de los hombros del procesado. La decisión fue tomada por un voto de mayoría de los jueces de la Sala Laboral de la Corte del Guayas, transformados en jueces constitucionales, Gina Jácome y Jorge Lindao. El voto de minoría fue emitido por el juez Carlos Pinto. En esa línea y para arrancar la indagación, desde la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía se envió un requerimiento de información al juez ponente del Tribunal que decidió respecto al habeas corpus. Le dio cinco días para que se remita copias certificadas del expediente de la acción constitucional de habeas corpus solicitada y resuelta.   La decisión de liberar a Álex M. mediante un recurso de habeas corpus fue apelada por el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (Snai) y se encuentran a la espera de que exista una audiencia en la que jueces superiores en la provincia del Guayas revisen la decisión. En lugar de la medida cautelar de prisión preventiva, con el habeas corpus otorgado Álex M. debe cumplir una presentación periódica tres veces por semana y tiene prohibido salir del país. Paralelamente a la investigación previa abierta ante un posible prevaricato de los jueces que aceptaron el hábeas corpus a Álex M., la Fiscalía informó que concluyó la instrucción fiscal por el delito de asesinato ocurrido contra Cherres y otros, hecho suscitado el 31 de marzo pasado en la provincia de Santa Elena. Ante ello pide día y hora para que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Álex M y José Z. ambos detenidos en Guayaquil el 13 de julio último. Al momento del crimen, Chérres era un empresario que era requerido por la Fiscalía y buscado por la Policía, luego que fuera señalado de ser parte de una supuesta red de corrupción con empresas del Estado relacionadas con el sector eléctrico. También era investigado por mantener nexos con supuestos narcotraficantes albaneses. Según la policía, José Z. viajó en un vehículo con placas falsas junto con tres personas desde Guayaquil hasta un balneario ubicado en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Allí los había estado esperando Rubén Cherres y el otro sospechoso, Álex M. En una casa ubicada en el balneario de Punta Blanca, la mañana del 31 de marzo último, fueron encontrados maniatados y con signos de tortura los cuerpos sin vida del guardia de seguridad, de Joseline R., César A. y de Rubén Cherres. 

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La Fiscalía tailandesa concluye su informe y acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado

El País .- El español, que según el ministerio fiscal ocultó el cuerpo del cirujano Edwin Arrieta tras acabar con su vida, se enfrenta a una posible condena a muerte o cadena perpetua La Fiscalía de Samui (sur de Tailandia) entregó este miércoles el informe definitivo en el que acusa al español Daniel Sancho de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo del colombiano Edwin Arrieta, los mismos cargos considerados por la Policía en su investigación. El informe ha sido entregado al tribunal de Samui, según confirman fuentes de la Fiscalía, que tenía de plazo hasta el 29 de octubre para concluirlo. El delito de asesinato premeditado puede conllevar la pena de muerte, aunque este castigo solo se aplica en Tailandia, por regla general, cuando las víctimas son miembros de las fuerzas de seguridad o altos cargos del Gobierno. En la mayoría de los casos no se ejecuta y se conmuta por cadena perpetua. Sancho ―hijo y nieto de los actores españoles Rodolfo Sancho y Sancho Gracia, respectivamente― está en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, al sur de Tailandia, desde el pasado 7 de agosto, tras confesar el asesinato de Arrieta. Los resultados de la autopsia indicaron que el cirujano colombiano Edwin Arrieta murió tras ser degollado por Sancho, según el número dos de la policía de Tailandia, Surachate Hakparn, a cargo de la investigación del crimen. Esta es la imagen de la llegada de Daniel Sancho a Koh Phangan (Tailandia), el pasado 31 de julio. La foto la ha mostrado esta mañana la policía local. El mando de la policía tailandesa explicó entonces que el “móvil del asesinato fue la aventura amorosa” que, según la Policía, mantenían Sancho, de 29 años, y Arrieta, de 44, quienes se conocieron hace un año a través de la red social Instagram. “Daniel quería empezar una nueva vida con su novia, pero el doctor Edwin (cirujano plástico de profesión) le amenazó con que, si rompían, compartiría fotos íntimas”, señaló Hakparn. El joven, chef de profesión, reconoció a Efe haber asesinado y desmembrado a Edwin Arrieta porque aseguraba que este lo tenía “en una jaula de cristal” y lo acosaba para que fuera su pareja. Sancho y Arrieta habían quedado el día 2 en Koh Phangan, una isla muy turística conocida por albergar la fiesta de la luna llena, en la que las playas se llenan de personas en una celebración que se prolonga hasta el amanecer. La policía no contempla que ninguna otra persona haya participado en el crimen, dado que no han encontrado ni restos de ADN ni imágenes en las cámaras de los alrededores. La legislación tailandesa, especialmente severa, castiga los asesinatos y homicidios con tres tipos de penas, en función de las circunstancias. La más grave es la condena a muerte, aunque también contempla la cadena perpetua o hasta 20 años de reclusión. Aunque no es extraño que la justicia tailandesa imponga la máxima pena, en la mayoría de los casos esta se conmuta por cadena perpetua. Fuentes conocedoras del sistema judicial del país asiático explican que la pena capital solo se aplica en casos en los que las víctimas son miembros de las fuerzas de seguridad o altos cargos de Gobierno, y no se conocen casos recientes en los que el ajusticiado haya sido un ciudadano extranjero. Hay precedentes, como el caso de Artur Segarra, condenado a pena de muerte por matar en 2016 al empresario David Bernat en Bangkok, y cuya condena fue conmutada en 2020 por la de cadena perpetua. En septiembre, la defensa de Daniel Sancho pidió en un juzgado de Madrid la extradición del cocinero desde Tailandia para que pudiera ser juzgado en España por otro caso en el que está acusado de un delito de lesiones, pero la Fiscalía se opuso. El ministerio público español destacó que no concurrían ninguna de las circunstancias contempladas en la ley para solicitar la extradición, ya que el acusado no se ha fugado a un país extranjero y el juicio por el delito de lesiones aún no tiene fecha fijada.

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Niegan cambio de prisión a sospechoso del crimen de Fernando Villavicencio

El Universo .- Una jueza de Pichincha rechazó el recursos de habeas corpus que interpuso Carlos A., quien habría coordinado el asesinato desde la cárcel. Una jueza de Pichincha negó este miércoles 18 de octubre el recurso de habeas corpus que interpuso el detenido Carlos A., procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio, con el que buscaba ser trasladado de la Cárcel 4, en Quito, al centro de rehabilitación de Cotopaxi o al de Turi (Azuay). El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que el pedido de la defensa fue rechazado una vez que la institución “demostró haber ejecutado todas las acciones tendiente a precautelar la integridad y la vida del beneficiario”. Con ello, la jueza concluyó que no se han vulnerado los derechos constitucionales del procesado, así que no dio paso al traslado de centro de rehabilitación. La audiencia inició el martes 17, de manera telemática. La defensa del sospechoso argumentó que el detenido temía por su vida dentro de la cárcel 4. La diligencia se suspendió, pero se retomó el miércoles. En entrevistas recientes, el coronel Fausto Cobo, director del SNAI, comentó que el interés del procesado habría sido reunirse con la banda de Los Lobos, a la que pertenecería. De acuerdo con las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, Carlos A. habría coordinado el asesinato al excandidato presidencial, mientras se encontraba recluido en la cárcel de El Inca, en la capital. En su teléfono celular se habrían hallado comunicaciones que apuntarían a su presunta participación en el crimen, el cual ocurrió el 9 de agosto.

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Sospechoso de haber coordinado el crimen de Fernando Villavicencio interpuso un ‘habeas corpus’ para cambiar de prisión

El Universo .- Para el SNAI se trata de un nuevo abuso de los instrumentos constitucionales. Es la segunda vez que el procesado busca ser trasladado por esa vía. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) alertó que el detenido Carlos A., procesado por el crimen del excandidato presidencialFernando Villavicencio, interpuso por segunda ocasión un recurso de habeas corpus con el que intenta ser trasladado a otra prisión. Según un comunicado del SNAI, el procesado “es uno de los principales implicados en el caso” que investiga el asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto, en Quito. La entidad comentó, sin brindar mayores detalles, que el procesado quiere cambiar de cárcel por intereses personales. El pasado 13 de septiembre Carlos A. presentó por primera vez un habeas corpus, pero fue rechazado una semana después, el 22 de septiembre, por la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito. No obstante, insistió y presentó un nuevo recurso el viernes 13 de octubre “aduciendo hechos y pretensiones similares” al primer habeas corpus. La audiencia está prevista para el miércoles 17 de octubre. Para el SNAI, se trata de “un nuevo abuso y desnaturalización de la acción constitucional de habeas corpus”. “A través de estas acciones, la persona privada de la libertad busca ser trasladado a un Centro de Privación de Libertad conforme a sus intereses personales, hecho que, bajo ningún concepto tiene cabida a través de garantías constitucionales”, señaló la institución e hizo un exhorto a la Función Judicial a actuar en derecho y “precautelar la seguridad nacional”.   De acuerdo con las investigaciones del caso, Carlos A. se encontraba en la cárcel de El Inca, en norte de Quito, cuando ocurrió el homicidio. El habría coordinado el crimen desde aquella prisión, mediante llamadas y mensajes desde su teléfono celular. El procesado sería integrante del grupo delictivo Los Lobos, que domina la cárcel. En ese centro de rehabilitación fue detenido, como parte de las indagaciones del magnicidio, durante un operativo efectuado entre la noche del jueves 7 de septiembre y la mañana del viernes 8 de septiembre. En aquella intervención de la Fiscalía y Policía también fueron aprehendidos Laura C., Erick R. y Víctor F. El pasado 6 y 7 de octubre fueron asesinados siete de los catorce detenidos por el crimen de Villavicencio (6 en la Penitenciaría del Litoral y 1 en El Inca). Los fallecidos respondían a los nombres de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. (murieron en la Penitenciaría del Litoral) y José M., (en El Inca).

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Caso Villavicencio: ministro Juan Zapata habla en su versión de lo realizado desde su cargo en la causa que investiga el asesinato del presidenciable

El Universoo .- Luego de la muerte de siete investigados, en el proceso penal que investiga el asesinato del candidato Fernando Villavicencio quedan seis personas procesadas. Menos de una hora duró la versión rendida en la Fiscalía de Pichincha por el ministro del Interior, Juan Zapata, dentro del proceso penal que busca definir las responsabilidades de seis personas que siguen siendo investigadas por el asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Entre el 6 y el 7 de octubre pasados, en el cierre de la instrucción fiscal en esta causa, siete sospechosos detenidos fueron asesinados en los centros de privación de la libertad de Guayaquil y Quito en los que se encontraban. Para este jueves, 12 de octubre, fueron convocados a rendir versión no solo Zapata, sino también el excomandante de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, así como el coronel Santiago Martínez, director nacional de Seguridad y Protección de la Policía. Estas diligencias, al igual que otras, fueron notificadas dentro de los 60 días de instrucción fiscal. Salinas llegó pasadas las 10:00, mientras que Martínez deberá acercarse a la Fiscalía a las 14:00. El ministro a su salida de la Fiscalía, en el norte de Quito, no profundizó sobre lo expuesto en su versión y se limitó a decir que ha presentado documentos que revelan lo que ha realizado en este caso dentro de sus competencias como ministro. Lo que sí descartó es que esta convocatoria haya tenido que ver con el testigo protegido que rindió un testimonio anticipado entre la mañana y tarde del domingo 8 de octubre pasado. Zapata contó con un importante resguardo policial y estuvo acompañado en la diligencia de varios funcionarios de la cartera del Interior. Respecto a este testigo protegido, quien habló bajo juramento de los preparativos, montos ofrecidos, nombres y alias de quienes supuestamente participaron en el asesinato de Villavicencio el 9 de agosto último, el martes pasado, él recibió un cambio de medidas cautelares dispuestas en un proceso por delincuencia organizada del que es parte desde el 2 de septiembre pasado. Por pedido de la Fiscalía, el procesado por un caso y testigo protegido en otro dejó de usar grillete electrónico, presentarse periódicamente y tener prohibición de salida del país. Un juez de la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado revocó esas medidas debido al riesgo de que pueda ser vigilado y atenten contra su vida, luego del testimonio rendido en el caso Villavicencio. Además ordenó que se mantenga vigilancia policial las 24 horas del día, pues además es parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, institución a la cual encargó el juez del caso por delincuencia organizada la responsabilidad de cuidarlo y de no permitir que huya para que haga parte del proceso judicial. Hasta la publicación de esta nota, el general Salinas continuaba rindiendo su versión. El oficial fue retirado del cargo el fin de semana pasado por disposición del presidente Guillermo Lasso, luego de producidos los asesinatos de los siete procesados del caso Villavicencio. El general César Zapata es el nuevo comandante de la Policía Nacional. César Gonzaga, escolta y amigo del asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio, deberá presentarse a la Fiscalía para ampliar su versión este viernes, 13 de octubre, a las 09:00.

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La muerte de siete procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio generará la extinción de la acción penal en tres causas

El Universo .- Por el asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio están aún siendo procesadas seis personas. Con la muerte de los colombianos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon R. y el ecuatoriano José M. en los procesos penales en los que eran investigados por delitos como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tráfico de drogas a gran escala y delincuencia organizada, se deberá declarar la extinción del ejercicio de la acción penal. Los siete fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil (seis extranjeros), y en el Centro de Privación de la Libertad de El Inca, en Quito (un ecuatoriano), entre el viernes 6 y el sábado siete de octubre pasados. Los asesinados eran parte de la instrucción fiscal que cerró el 7 de este mes, luego de cumplirse los 60 días de esta etapa abierta el 10 de agosto pasado, un día después de que fue asesinado al estilo sicariato el presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye. Villavicencio fue atacado pasadas las 18:30 del 9 de agosto último, en momentos que salía de un mitin político realizado en un coliseo ubicado en el norte de Quito. Los seis colombianos fueron parte del primer grupo de detenidos en este caso, mientras que José M. fue una de las siete detenciones producidas un mes después de iniciado el proceso que investiga a quienes participaron directa e indirectamente en el asesinato de Villavicencio. Concretado el fallecimiento de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon R. y José M., por el delito de asesinato, lo que resta es que los certificados de defunción sean ingresados en el proceso para que formalmente se concrete lo que en el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se define como extinción del ejercicio de la acción penal. Dentro de las cinco circunstancias que prevé el COIP para que se dé la extinción de la acción penal, en la número cuatro se especifica que el ejercicio de la acción penal se extinguirá por la muerte de la persona procesada. Entre otras de las circunstancias establecidas están la amnistía, la remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima, desistimiento o transacción, en los delitos que procede el ejercicio privado de la acción, una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos al proceso penal y la prescripción. La causa por asesinato continuará únicamente contra quienes siguen con vida, es decir, Laura C., Carlos A., Érick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch. y Óscar F., todos detenidos el 8 de septiembre pasado y vinculados horas después. Luego del asesinato, por seguridad, los seis restantes sospechosos fueron trasladados a CPL en Quito y mantienen fuertes operativos de vigilancia dentro y fuera de estos centros. El proceso penal que será afectado enteramente es el que se les abrió a Andrés M., Neider L., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. por el delito de tráfico de drogas a gran escala. Esta causa se abrió en paralelo al caso por el asesinato de Villavicencio, pues en los allanamientos realizados para detenerlos en Monjas, La Argelia, San Bartolo, La Ecuatoriana y Guamaní, ubicados en el sur de la capital, se encontró en su poder cierta cantidad de droga que ameritaba ser procesada bajo el artículo 220 numeral 1, literal d, del COIP: tráfico a gran escala. Una vez que se cerraron los 30 días de instrucción fiscal, el juez de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, tres días antes de que se conozca el asesinato de los seis extranjeros procesados, definió que el 8 de noviembre próximo debía instalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La diligencia ya no se dará y el proceso deberá archivarse al no existir persona alguna a la que haya que imputar un hecho delictivo. La causa que se quedará sin los procesados Camilo R., Adey G. y Jules C. es en la que se les iba a acusar, junto con Byron G. y Luis P., del delito de delincuencia organizada. La carátula de la causa penal se abrió el 19 de septiembre pasado, cuando los colombianos estaban cumpliendo la orden de prisión preventiva y eran procesados por asesinar a Villavicencio. Por pedido de la Fiscalía, la audiencia para la formulación de cargos en este último caso fue definida para el 23 de octubre próximo, a las 09:00. Tras la muerte de los tres colombianos, el procesamiento solo irá en contra de Byron G. y Luis P.

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Hijas de Fernando Villavicencio anuncian una fundación en su memoria, a dos meses del asesinato

El Universo .- El miércoles 11 de octubre, al cumplirse dos meses del asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial por el movimiento Construye, se realizará un festival artístico en homenaje a su natalicio y se presentará una fundación que llevará su nombre. La iniciativa es promovida por Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de quien en vida se destacó por su trayectoria periodística y participación política. Los detalles sobre la Fundación Fernando Villavicencio se darán a conocer en una rueda de prensa prevista a las 17:00 del miércoles, en el salón Los Caras de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), ubicada en la avenida Amazonas y Atahualpa, en el norte de Quito. En tanto, el festival artístico se desarrollará entre las 18:00 y 21:00. Entre los artistas invitados están Gerardo Morán, Álvaro Bermeo (Guardarraya), Trova Libre, Merudanda. “Con amor y alegría llevamos en alto tu nombre”, expresó en redes sociales Amanda Villavicencio. El 7 de octubre finalizó la instrucción fiscal por la investigación del asesinato del excandidato presidencial. El día del crimen, el 9 de agosto, en Quito, la policía capturó a seis sospechosos, que luego recibieron prisión preventiva; ellos serían integrantes de una organización criminal colombiana. Un mes después, el 7 de septiembre, fueron detenidas otras siete personas en tres provincias, quienes fueron vinculadas al proceso y se les dispuso prisión preventiva; los sujetos tendrían vínculos con bandas delictivas de Ecuador. La magnitud del caso ha trascendido fronteras, tanto que el 28 de septiembre el Gobierno de Estados Unidos anunció entregar dos recompensas (una de $ 5 millones y otra de $ 1 millón) a cambio de información que permita ubicar a los responsables. Para Amanda Villavicencio, el anuncio de Estados Unidos es un hecho histórico y evidencia que “hay voluntades que no permitirán que este caso quede en la impunidad”. El pasado 5 de octubre acudieron a la Fiscalía el periodista Christian Zurita, amigo de Fernando Villavicencio y quien lo reemplazó en la contienda electoral, junto a Patricio Carrillo, asambleísta electo por el movimiento Construye, y otras personas, para entregar sus teléfonos celulares, en cumplimiento de un impulso fiscal para explotar el contenido de los dispositivos. Luego de la diligencia, Zurita señaló que se espera “que no exista ningún tipo de filtración de la información que están entregando”, ya que se pondría en riesgo a terceras personas, que en su caso son fuentes humanas que le proporcionan información. 

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Caso Villavicencio: Fiscalía solicita los teléfonos celulares de 25 personas

El Universo .– Como parte de las investigaciones por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, la Fiscalía General del Estado dispuso que 25 personas entreguen sus teléfonos celulares, con el fin de explotar la información que contienen. Los señalados deberán atender el pedido en un plazo de 48 horas. El impulso fiscal fue emitido el martes 3 de octubre y se dio en atención a un requerimiento hecho por Cristina Villavicencio, hija del excandidato presidencial. Uno de los ciudadanos que tienen que ceder su teléfono es Christian Zurita, periodista y amigo de Villavicencio, quien lo reemplazó en la carrera presidencial como candidato del movimiento Construye, lista 25. En la lista también constan de César Gonzaga, escolta y amigo personal de Villavicencio; Víctor Hugo Enríquez; Carlos Figueroa, médico y amigo de Villavicencio; Patricio Carrillo, asambleísta elector por el movimiento Construye; Boanerges Villagómez, asambleísta electo por Construye; Galo Robalino, exdirector del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES); Antonio López Cobeña, gerente de la campaña presidencial de Fernando Villavicencio; Janeth Santos, Selva Osorio Villavicencio, Gloria López, entre otros nombres. La hija del excandidato, a través de sus abogados, presentó un escrito a la fiscal a cargo con varios pedidos. Entre otros, solicitó copias certificadas de los estudios de seguridad, incluidos los informes y entrevistas hechas a Fernando Villavicencio entre mayo de 2021 y el 9 de agosto de 2023 (día del crimen), con el fin de determinar si el Estado, a través del Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Seguridad y Protección, adoptaron las medidas pertinentes para proteger la vida del político. Así mismo, pidió que se recepte las versiones del ministro del Interior, Juan Zapata; del comandante de la Policía, Fausto Salinas; y del teniente coronel Santiago Martínez, director nacional de Seguridad y Protección. Que se ubique el vehículo blindado que conducía César Gonzaga el día del asesinato, para revisar el GPS. Que se remita el resultado toxicológico practicado al cuerpo de Fernando Villavicencio. También que se informe sobre el avance de la denuncia de amenaza de muerte que el excandidato presentó en la Fiscalía de El Oro, en Machala. Aquella denuncia estuvo dirigida contra José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros. Así mismo, se pidió a la fiscal que copias certificadas de la demanda que Fernando Villavicencio interpuso el 13 de abril, por tentativa de asesinato, contra los exasambleístas Pablo Muentes, Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez. El pasado 18 de agosto, nueve días después del asesinato, Cristina Villavicencio junto a otros familiares presentaron una denuncia en contra del Estado. La denuncia se ampara en el ampara en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el delito de asesinato; fue dirigida contra cinco personas: el presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro del Interior, Juan Zapata; Fausto Salinas, comandante general de la Policía; Manuel Samaniego, director general de Inteligencia de la Policía Nacional; y el subdirector operativo de seguridad y protección, en la demanda se desconoce el nombre. El impulso fiscal para revisar los 25 teléfonos celulares surgió cinco días después que Estados Unidos anunció pagar dos recompensas a cambio de información que ayude a dar con los responsables del crimen de Fernando Villavicencio. Una de las recompensas asciende a $ 5 millones y se entregará por información que conduzcan al arresto y/o condena de los, todavía desconocidos, co-conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato. La segunda oferta económica es de $ 1 millón por información que conduzca a la identificación y localización de cualquier individuo que ocupe un puesto de liderazgo clave en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del homicidio, precisó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, mediante un comunicado. (I)

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Embajada de Estados Unidos indica dónde enviar información sobre el crimen de Fernando Villavicencio

El Universo .- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sorprendió la tarde del jueves 28 de septiembre con el anuncio de que el Departamento de Estado entregará una recompensa de hasta $ 5 millones a cambio de información que ayude a dar con los responsables del crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el 9 de agosto. Tras la noticia de Blinken, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador compartió un boletín de prensa con información más amplia y detallada. Precisó que la compensación económica es parte del Programa de Recompensas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se dará por información que conduzca al arresto y/o condena de los, todavía desconocidos, coconspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato. Así mismo, se ofrece una segunda recompensa de hasta $ 1 millón por información sobre la identificación y localización de cualquier individuo que ocupe un puesto de liderazgo clave en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del homicidio. La Embajada recordó que el crimen ocurrió luego que Villavicencio salió de un evento de su campaña electoral, en Quito. Horas después, la Policía Nacional detuvo a seis ciudadanos colombianos que formarían parte de un grupo de delincuencia organizada colombiana. Resaltó que “Estados Unidos continuará apoyando al pueblo del Ecuador y trabajará para traer ante la justicia a individuos que buscan socavar los procesos democráticos a través de crímenes violentos”. Y destacó que el FBI colabora en la investigación del caso. ¿A dónde se puede enviar la información? La Embajada de Estados Unidos indicó que cualquier información en respuesta a las ofertas de recompensa en Ecuador puede ser enviada por dos vías: Correo electrónico: [email protected]. Línea telefónica de la Unidad de Tarea Conjunta – Plan de Recompensas de Ecuador: 131. “Las pistas e información pueden enviarse de forma anónima y todas las identidades facilitadas se mantendrán estrictamente confidenciales”, puntualizó la institución.

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