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Plan de seguridad del gobierno deja dudas en los municipios

Nacionales / /

La propuesta del gobierno nacional, de implementar un plan de seguridad en conjunto con prefecturas y alcaldías, genera muchas interrogantes. El presidente nacional de la Asociación de Municipalidades, Patricio Maldonado, lamentó que ese plan fuera elaborado sin tomar en cuenta la opinión de los alcaldes, pese a ser parte fundamental. Maldonado recordó que, en el anterior gobierno, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) incluyó delegados de los gobiernos seccionales. Algo que ya no se hace ahora. Los integrantes de la AME, señaló Maldonado, no tienen las mismas garantías de seguridad que las autoridades del gobierno central. Además, no se establecen plazos ni se ofrecen recursos adicionales. Piden ayuda, pero no extienden la mano. Para el directivo, no se puede construir un país de forma unilateral. La AME considera que, para cualquier proyecto conjunto, debe conocerse la realidad de cada territorio. Provincias como Manabí, Guayas o Esmeraldas, no tienen los mismos niveles de inseguridad que Morona Santiago o Loja. Durante la presentación del plan en Guayaquil, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, señaló que el programa de Gobernanza local y seguridad ciudadana, tiene como objetivo fortalecer la “prevención, control, reducción de los delitos y la violencia” en los territorios. Y como paso inicial, pidió la activación de los consejos cantonales de seguridad y la recuperación del tejido social. Maldonado mencionó que, bajo las circunstancias en que se encuentran los 221 municipios, activar los consejos de seguridad cantonal es difícil, en especial por la falta de recursos. El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, anotó el régimen les adeuda 4 meses de asignaciones presupuestarias.

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Gobierno busca mecanismos para mantener operativos militares tras Estado de Excepción

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El gobierno nacional busca alternativas, para mantener los operativos militares en todo el país, una vez que finalice el Estado de Excepción. Este 8 de abril vence oficialmente el decreto, que dictó el presidente Daniel Noboa el 8 de enero, tras una alarmante escalada de crímenes y hechos delictivos en todo el país. Gracias al mismo se estableció el denominado “conflicto armado interno”, que permitió destinar a las Fuerzas Armadas al combate al terrorismo y la delincuencia. El decreto duraba 60 días, pero por ley podría extenderse 30 días más, que justamente vencen el lunes próximo. Esta situación lleva al régimen a buscar alternativas para mantener los operativos militares en las calles, que han permitido reducir los índices de violencia. Acuerdos con gobiernos seccionales Una opción, mencionada por la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, consistiría en establecer acuerdos especiales de cooperación con los gobiernos seccionales. Durante una reunión en la Gobernación del Guayas, para presentar la Cobertura del Programa Gobernanza Local y Seguridad Ciudadana, Palencia explicó que, en efecto, el Estado de Excepción no se podrá renovar, por lo cual se buscan otras medidas constitucionales para continuar la lucha contra la delincuencia, y para que los militares y policías sigan realizando su trabajo. Aunque el acuerdo con prefecturas y alcaldías no está del todo definido, ya se han dado los primeros pasos. Lo que sí adelantó la premier, es que los ciudadanos no quedarán desamparados, y que los militares continuarán reforzando la seguridad en las prisiones.

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Daniel Noboa reduce el plazo de seguridad para exmandatarios

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Primicias .- El presidente reformó el decreto de Guillermo Lasso que otorgaba dos años de protección a los expresidentes y exvicepresidentes, tanto en el país como en el extranjero. El presidente Daniel Noboa firmó este viernes 5 de diciembre de 2024 el Decreto Ejecutivo N° 108, que reforma el mecanismo de protección y seguridad para los expresidentes y exvicepresidentes de la República de Ecuador. Según la nueva normativa, estos exfuncionarios contarán con seguridad estatal por seis meses después de dejar el cargo y solo se aplicará la protección en el territorio nacional. Tras este lapso, la protección y seguridad cesarán automáticamente. La medida busca corregir el Decreto Ejecutivo N° 906, aprobado por el expresidente Guillermo Lasso en los últimos días de su gestión, que otorgaba dos años de seguridad para los expresidentes y un año para exvicepresidentes. Además, la protección se extendía a territorio extranjero y a sus cónyuges. Antes de eso, el plazo era de un año y solo dentro del país. La decisión de reducir el plazo y el ámbito de la seguridad responde a un principio de austeridad y de interés nacional, informó el Gobierno en un comunicado. “Lo responsable con el país es precautelar que los recursos públicos sean utilizados para proteger a los ecuatorianos y atender sus principales necesidades”, reza el documento. La Casa Militar Presidencial, en coordinación con ministerios del ramo, ejecutará el decreto ejecutivo.

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Tener policías y militares activos y no en la cárcel por investigaciones en el uso de la fuerza, la razón de la pregunta 3 de la consulta

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El Universo .- Según las cifras, entre el 2022 y 2023, 139 policías fueron procesados en casos relacionados con el uso legítimo de la fuerza. Hay voces a favor y en contra. Tener a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria activos y que puedan defenderse en libertad de ser procesados por la aplicación del uso legítimo de la fuerza mientras ejercen sus funciones. Ese sería el objetivo principal de la pregunta 3 del cuestionario de consulta popular que propone el presidente de la República, Daniel Noboa Azín. El proyecto de once preguntas de esta iniciativa está en análisis de la Corte Constitucional (CC), una vez que el jefe de Estado las envió -el 2 de enero- para que emita su dictamen de constitucionalidad, antes de convocar a los ecuatorianos a las urnas. De entre las once propuestas, la número 3 cuestiona al elector: ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 3? En dicho anexo, el Ejecutivo no describe el articulado con el que cambiaría el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para ejecutar esta idea. Al contrario, se menciona que el presidente de la República, en un plazo máximo de cinco días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá un proyecto de ley reformatorio al COIP a la Asamblea Nacional, para que esta en un plazo máximo de 60 días debata y apruebe la reforma legal, conforme el trámite previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entre las motivaciones para elevar esta interrogante al electorado, se expone que entre el 2022 y 2023 se registraron 139 casos en los que policías han sido investigados y procesados por las autoridades, por el uso legítimo de la fuerza en operativos contra la delincuencia. A lo que se suma que estadísticas de la Inspectoría General de la Policía Nacional refieren que en el 2022, 30 policías fallecieron como consecuencia del combate directo al delito y, en el 2023, fueron 47. En funciones de prevención y combate al delito, en el 2022 hubo 215 casos de tentativa de homicidios/asesinatos y otros 300 en el 2023. En tanto, según la evidencia recabada, en el uso legítimo de la fuerza por parte de servidores policiales fallecieron 49 personas en el 2022 y 90 hasta el 22 de diciembre de 2023. A criterio del constitucionalista Jorge Chalco, lo que se plantea en esta pregunta ya existe en la legislación nacional. «El presidente no tuvo la diligencia necesaria para observarlo. El artículo 54 de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, expresamente, dispone que cuando se investigue por el cumplimiento de su deber a la fuerza pública en procesos penales, estos no deben ser privados de su libertad y se preferirán medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Ya existe la disposición normativa, no hay que burlarse del país», lamentó. En su opinión, la iniciativa «no goza de carga de lealtad y claridad que exige la Corte Constitucional, además no hay ninguna utilidad jurídica real». Para la constitucionalista y catedrática Verónica Hernández, el Gobierno intentaría que el dictar medidas alternativas a la prisión preventiva no sea optativa para los jueces que conozcan estos casos, sino mandatoria. «Se reconoce que la legislación actual ‘orienta’ a los jueces a dictar medidas alternativas a la prisión, pero no los ‘obliga’ a dictar dichas medidas. El objetivo no es la impunidad, sino no perder a ese agente del grupo de las fuerzas del orden y que se defiendan en libertad», reflexionó Hernández. Añadió que el uso de medidas alternativas a la prisión está reconocida en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y aquello «no debería sorprendernos. El asunto está en dar razones por las que esté justificada esa diferenciación», dijo. «¿Por qué debe ser obligatorio para los miembros de las fuerzas del orden y no para otros funcionarios? La razón que da el presidente es para no perder al agente y que este deje de ejercer sus funciones. ¿Podría considerarse discriminatoria esta medida? Y si es así, ¿está justificada? Esto lo podríamos ver en el análisis que realice la CC en su dictamen», comentó la catedrática. El régimen argumenta la necesidad de contar con una «norma expresa» que permita a los cuerpos de seguridad que cuando sean investigados o procesados por el uso legítimo de la fuerza en el ejercicio de sus funciones, puedan defenderse en libertad y continuar cumpliendo con su rol y tareas inherentes a las funciones que desempeñan. En noviembre del 2022, en el sector de la María Piedad, en el centro del cantón Durán, dos miembros de la Policía Nacional fueron asesinados. Los gendarmes se encontraban a bordo de una camioneta de la institución cuando fueron sorprendidos. Fotos: César Muñoz/API Foto: API La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) cuestionó el plebiscito enviado por Noboa calificándolo de «populista y demagógico» que «en nada aportará a los problemas del país», entre ellos, la seguridad. Además, hizo un llamado a la Corte Constitucional para que no dé paso a la consulta por su «intrascendencia, inconstitucionalidad y discriminación». Sobre la pregunta 3, Inredh indicó que el texto envía un «mensaje equivocado a las fuerzas del orden: una promesa de impunidad ante los abusos al uso progresivo de la fuerza. Otras medidas que sí deben tomarse para proteger a la ciudadanía y prevenir la incidencia de procesos de investigación incluyen la suspensión provisional de funciones de la persona investigada una vez que se le han formulado cargos». Inredh apuntó en un comunicado que se debe garantizar la independencia de los procesos y evitar la presión sobre el sistema judicial. Por su parte, Hernández ahondó que, si bien es cierto estas reformas se pueden debatir en el Legislativo, «no es menos cierto que el grado de

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Noboa rescata cuarteles intermedios en Consejo de Seguridad en Daule

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Primicias .- El presidente de la República, Daniel Noboa, presidió el Consejo de Seguridad en el cantón Daule (Guayas), en el que se definió continuar con el plan de construir cuarteles intermedios que reemplacen a las UPC. El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó a Daule, en Guayas, para encabezar al reunión del Consejo de Seguridad junto al ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, y otras autoridades castrenses. El objetivo es impulsar el control de armas en las carreteras por parte de las Fuerzas Armadas, así como continuar con el plan de construcción de los cuarteles intermedios que reemplacen a las unidades de policía comunitarias (UPC). Al concluir la reunión, el ministro Loffredo aseguró que es necesario blindar a los agentes policiales de los ataques del crimen organizado. «Actualmente la delincuencia no da para este tipo de unidades de policía comunitarias, sino para cuarteles intermedios, que brinden más disuasión y protección a los servidores policiales», dijo Loffredo. Una promesa que nació en 2022 En octubre de 2022, el entonces ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que implementarían un nuevo modelo de gestión de unidades policiales en los barrios más peligrosos. Se refería a espacios con más seguridades, con estructuras blindadas y todo el equipamiento logístico y tecnológico necesarios. «Tuve una reunión con la Policía y la gente de planificación del Ministerio para que en las zonas conflictivas se levanten los puntos donde se necesiten, ya no UPC, sino un cuartel intermedio, con entre 300 y 400 hombres», dijo Zapata el año pasado. A inicios de 2023, el gobierno de Guillermo Lasso prometió construir 20 de estos espacios en cinco provincias, a un costo de USD 150,8 millones, pero este plan no se concretó.

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Experto insiste ante el gobierno en un estricto plan de seguridad

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Hay una alternativa rápida para combatir la inseguridad que reina en el país. El experto argentino, Daniel Adler, elaboró la propuesta, y la presentó ya al gobierno de Daniel Noboa, que podría tomarla de forma total o parcial. Esta iniciativa tiene la gran virtud de que no tardaría más allá de 90 días en comenzar, y no demandaría nuevos recursos. Adler explicó que el plan consiste, entre otros puntos, en ofrecer entrenamiento rápido y avanzado a los elementos de la Policía Nacional. Ejercicios de apenas 10 días o menos de duración, y que permitan enfrentar y neutralizar la amenaza de los delincuentes. Algo muy necesario, dijo, tomando en cuenta que muchos de los hampones salen drogados y armados, y por tanto son muy peligrosos. Adler advirtió que esta es una lucha contra el narcoterrorismo, y que la Policía es prácticamente la última barrera con que cuentan los ciudadanos. Por eso, dentro de su propuesta contempla “policializar” al 10% de las Fuerzas Armadas. Es decir, reforzar los operativos de forma permanente, y en especial a través de labores de inteligencia. Sin embargo, anticipó que también es fundamental recuperar la confianza en la justicia. De acuerdo a sus cifras, el 80% de los hechos delictivos no se denuncian, precisamente por la poca esperanza de que sean investigados y castigados. Dentro de las reformas legales, consideró fundamental bajar la edad de imputabilidad, para que las bandas no usen niños en sus delitos, y convertir a los padres de los detenidos de hasta 16 años de edad, en responsables civiles y penales de lo que hagan. Seguridad social es fundamental Para el especialista, un proyecto de seguridad no podrá tener éxito sin un plan social. Una respuesta común en toda América Latina. De acuerdo a las estadísticas, la población de entre 12 y 29 años de edad, es la más propensa a caer en las bandas criminales, precisamente porque no encuentran alternativas laborales ni deportivas. De ahí la importancia de fortalecer los Ministerio del Deporte y de la Salud. El primero, para promover prácticas sanas y recreativas. Y el segundo, para extender atención a los adictos a las drogas, que no deben ser criminalizados. Adler urgió a tomar medidas de forma urgente, ya que el tiempo corre y la situación es cada vez más crítica. Se requiere enviar a la delincuencia un mensaje decidido y contundente. Ecuador, apuntó el experto, se está convirtiendo en un “narco estado”, al punto que forma parte del “Top 10” de los países más inseguros del mundo. Y la ciudad de Esmeraldas, tristemente, es la segunda ciudad más peligrosa del planeta. Basta ver la cifra de asesinatos, equivalente a un país en guerra, agregó.

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Alianza público-privada: la alternativa para hacer realidad obras viales, según ministro Roberto Luque

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La ley planteada por el gobierno nacional, que apunta a una alianza de capitales públicos y privados, tendrá enorme importancia en la generación de empleo. Consultado por “Punto de Orden”, el ministro de Transporte, Roberto Luque, explicó que, por cada 1.000 millones de dólares invertidos, surgirán entre 20.000 y 40.000 nuevos trabajos. Y en ese ámbito, la construcción y la obra pública son de enorme importancia. Luque explicó que la red vial ecuatoriana, en porcentaje, es aún mayor que la de países vecinos. Sin embargo, tiene mucha menor inversión en mantenimiento, debido a los problemas económicos. Según sus cálculos, se requieren 1.000 millones de dólares por año para optimizar la red vial, pero el presupuesto actual está lejos de ese monto. En ese aspecto, es fundamental que los peajes sean sostenibles con el tiempo. En la actualidad, cada vehículo liviano apenas paga un dólar, cuando el costo de mantenimiento que debería cubrir es de 1,50. Es decir, el Estado está subsidiando los peajes. El ministro reconoció que la red vial nacional está en mal estado. Por lo pronto se realiza un mapeo de los puntos críticos, y en base a los recursos disponibles se atienden los sectores más afectados. Una de las obras a atender es el Puente de la Unidad Nacional, con serios problemas en la iluminación. Luque explicó que el contrato, de 10 millones de dólares, corresponde a CNEL, pero por falta de recursos pasó al Ministerio de Transporte. Ahora se realizan las gestiones necesarias, para que el contratista reciba sus pagos y pueda avanzar. El funcionario precisó que su cartera apenas cuenta con 220 millones de dólares de presupuesto, de los cuales 160 millones ya están comprometidos en otras obras. Por tanto, su capacidad de acción es muy limitada. Quinto Puente será una realidad Dentro de los planes del gobierno de Daniel Noboa, el ministro insistió que el llamado “Quinto Puente”, que conectará el Puerto de Guayaquil con Durán y el resto del país, será una realidad. La obra será licitada, tomando en cuenta que se necesitará inversión privada para hacerla realidad. Por lo pronto se efectúan los estudios de tráfico con demanda, que estarían listos la segunda semana de febrero. Luque explicó que, dada la importancia de los puertos guayaquileños, el “Quinto Puente” es fundamental para la entrada y salida de la carga. Precisamente sobre el tema portuario, destacó el avance en la instalación y puesta en marcha de los escáneres, que están en proceso de calibración, y que comenzarían sus operaciones el 2024. Estos equipos permitirán agilizar la inspección de los contenedores, y de ese modo reducir considerablemente cargamentos de droga. Acciones de seguridad Finalmente, el ministro destacó las acciones coordinadas con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para reducir los asaltos en las vías, especialmente a los carros de carga. Por lo pronto ya hay presencia militar en el anillo vial de Quevedo, uno de los puntos donde ocurre la mayor cantidad de delitos. Entrevista completa:

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Alcaldía de Guayaquil, dispuesta a pedirle al gobierno competencia de seguridad

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Hay preocupación en las autoridades de Guayaquil, porque todavía no hay anuncios concretos del gobierno central para enfrentar la grave crisis de seguridad. Durante su enlace radial de este miércoles, el alcalde Aquiles Álvarez lamentó que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, cancelara el encuentro que iban a sostener, y en el cual, supuestamente, le expondría los detalles del llamado “Plan Fénix”, destinado a combatir al hampa. Álvarez recordó que esta es una tarea de todos, y que la única forma de ganar es haciendo equipo, no aisladamente. Si quieren trabajar solos, anotó, “no ganaremos la batalla”. El personero recordó que el Municipio ya implementó circuitos y patrullajes, y el plan “Escuelas Seguras”, en coordinación con la Policía. Al mismo tiempo, aporta con camionetas y motocicletas. En total ha sido una colaboración de 147 millones de dólares, tanto en recursos como en la denominada “reconstrucción del tejido social”. Álvarez remarcó que si el gobierno no tiene una planificación, con gusto el Cabildo asumirá la competencia de la seguridad, pues hasta ahora solo se escuchan promesas, pero no acciones concretas. A su criterio, no es justificación alegar que “no hay recursos”, pues tanto el régimen como las autoridades seccionales, sabían en lo que se metían al participar en las elecciones. También señaló que después de ocurrir los atentados, la única respuesta es postear “videítos”. Con eso no se juega, precisó. Eso es falsedad. El 99% de la clase política vive de la venta de humo. Aquí había un “municipio lamparoso”, que solo dependía de las redes sociales. Convenios de seguridad Dentro de este objetivo de reducir la inseguridad, el personero destacó el acuerdo alcanzado hace pocos días con el Municipio de Samborondón, que apunta a coordinar controles, mediante los centros de monitoreo. Al compartir la “data”, no se perderá la ruta de los delincuentes que circulen entre ambos cantones, apuntó Álvarez. El siguiente paso será integrar a las Alcaldías de Daule y Durán, con quienes ya hay contactos, y así crear un control mucho más eficiente en el llamado “Gran Guayaquil”. Deudas con Guayaquil En otro ámbito, advirtió que el gobierno adeuda fuertes cantidades a los gobiernos seccionales, incluyendo al de Guayaquil. Son 23,6 millones de dólares por mes, durante casi 5 meses. Felizmente, subrayó Álvarez, el municipio se administra ahora de forma eficiente, con lo cual se ha podido sostener la obra pública. Entre ellas destacó la solución vial de las avenidas Isidro Ayora y de las Américas, a un costo de 18,4 millones de dólares, y que estará lista en 21 meses. Este proyecto es fundamental, pues por la zona circulan diariamente 104.000 vehículos. Otra obra de enorme importancia es la futura creación de centros comerciales populares. Ya se abrió el primero, y en los próximos años habrá 3 más. Los horarios de estos corredores dependerán de las medidas de seguridad que se puedan aplicar. El alcalde informó además que mantiene reuniones con directivos de la empresa DP Word, que administra el puerto de Posorja, a fin de coordinar el flujo de trailers por la Vía a la Costa. El objetivo es proteger la autopista, que soporta ahora mayor carga de vehículos pesados. Nuevo aeropuerto será concesionado Finalmente, el alcalde Álvarez confirmó que el futuro nuevo aeropuerto, situado en la zona de Chongón, será concesionado. Si bien el Municipio cuenta con un fideicomiso para ello, por más de 330 millones de dólares, el objetivo es que la operadora ponga el dinero de la obra. Máximo 600 millones de dólares, que podrían aumentar según crezca la demanda.   Enlace radial:

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Verónica Abad alista maletas y se reúne con el embajador de Israel en Quito

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Primicias .- La vicepresidenta Verónica Abad asegura que la misión que cumplirá en Israel «será un ejemplo de cooperación internacional por la paz». La vicepresidenta Verónica Abad se prepara para el viaje a Israel, en donde debe presentarse el domingo 10 de diciembre por disposición del presidente Daniel Noboa. Este miércoles 6 de diciembre, Abad se reunió con el embajador de Israel en Ecuador, Tzach Sarid. El encuentro se cumplió «con el objetivo de inteligenciarnos previo a nuestro viaje«, informó la vicepresidenta en su cuenta de X. «Sin duda, esta misión será un ejemplo de cooperación internacional por la paz. Juntos fortaleceremos la hermandad de nuestras naciones», añadió Abad. El 4 de diciembre, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo en el que designa a Verónica Abad como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Estado de Israel. La semana pasada, cuando la Presidencia anticipó cuál será la función de Abad, ella reaccionó públicamente al encargo y lo calificó como «violencia a la mujer», sin embargo, decidió aceptar el nombramiento. Luego de aceptar el encargo, la vicepresidenta se reunió con la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, para preparar los detalles del viaje.

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Niels Olsen se quedará como Ministro de Turismo en el gabinete de Daniel Noboa

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Primicias .- La designación de Niels Olsen se hará oficial una vez que asuma Daniel Noboa como Presidente de la República. El ministro de Turismo, Niels Olsen, será ratificado en el cargo por el nuevo Gobierno, una vez que asuma Daniel Noboa como presidente electo, según se conoció el 14 de noviembre de 2023. Fuentes cercanas a Noboa confirmaron a PRIMICIAS que incorporará a su equipo ministerial a Olsen, uno de los cinco ministros que acompaña a Lasso desde que empezó su gestión en mayo de 2021. El Gobierno de Noboa será de transición, pues estará en el cargo hasta 2025, cuando debía terminar el mandato de Lasso, que fue interrumpido por la aplicación de la figura constitucional de la muerte cruzada. En el despacho de Olsen se acumulan algunos proyectos sensibles como la definición de una nueva Marca País y la participación del Ecuador en una Feria Internacional de Turismo, prevista en España en 2024. Olsen todavía no se ha referido públicamente a esta designación, aunque tiene cercanía con Noboa. El presidente electo recibirá sus credenciales este miércoles 15 por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y está previsto que sea posesionado por la Asamblea el 23 de este mes. En vísperas de asumir el poder, Noboa ya ha realizado nueve designaciones en carteras importantes, como la Cancillería, Economía, Producción, Transporte y Energía.

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‘Hay causas que nos unen más allá de cualquier ideología política’: Marcela Aguiñaga pide a presidente electo Daniel Noboa trabajar juntos por Guayas

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El Universo .- Durante su intervención, la prefecta recalcó que Guayas es una de las provincias con más muertes violentas en el Ecuador. Guayas conmemoró sus 203 años de provincialización con una sesión solemne que se desarrolló en el Parque Forestal, en el sur de Guayaquil. El acto estuvo marcado por la petición de la prefecta Marcela Aguiñaga al presidente electo, Daniel Noboa -quien estuvo presente en la sesión-, para que se trabaje en conjunto por la seguridad de la provincia. Noboa llegó aproximadamente a las 19:00, para participar del evento conmemorativo. Su esposa, Lavinia Valbonesi, arribó unos minutos antes. Ambos con fuerte resguardo policial. Este es el primer acto público al que asiste luego de su gira por Estados Unidos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, también asistió al evento. Durante su intervención, Aguiñaga recalcó que Guayas es una de las provincias con más muertes violentas en el Ecuador. “Estoy convencida de que si sumamos voluntades podemos cambiar el rumbo de nuestro país. Ha llegado el momento de unirnos para arrancharle los jóvenes a la delincuencia, para tomar acciones urgentes ante la inseguridad que vivimos. Hay causas que nos unen, que son comunes, más allá de cualquier ideología política porque todos queremos vivir en paz en este país”, dijo la autoridad provincial. Aguiñaga manifestó que desde la Prefectura se hará frente a quienes quieran imponer el miedo. En el discurso, la prefecta del Guayas hizo un recuento de las obras ejecutadas en los primeros meses de gestión. Recalcó en su intervención, además, la falta de atención del Gobierno hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y la reducción en las asignaciones presupuestarias. “Sabían que venía el fenómeno de El Niño y aún así redujeron el 5 % de las asignaciones presupuestarias que por ley nos corresponden a los GAD y que ni siquiera transfieren a tiempo, complicando aún más las medidas de prevención que debemos llevar a cabo”, dijo la autoridad provincial, quien desagregó las acciones de preparación para el evento. Limpieza de canales, jornadas de fumigación y equipamiento en 164 albergues, señaló Aguiñaga. La autoridad indicó que dentro del analisis hecho en la provincia se estima que unas 800.000 personas estarían expuestas a riesgos durante el desarrollo del evento natural. Aguiñaga dijo también que al asumir la prefectura se constató que los recursos de la provincia no eran bien administrados. El alcalde Aquiles Alvarez ingresó junto al viceprefecto del Guayas. Foto: El Universo “Sabíamos que tendríamos dificultades, que habían alertas sobre la ligereza con la que se manejaban los destinos de la provincia. Sin embargo, lo que encontramos superó nuestras expectativas más negativas. Se gastaba donde no se debía y se descuidaba lo verdaderamente importante. Estos hallazgos representaron un reto para reorganizar la Prefectura”, manifestó. Dentro del acto que duró una hora se entregaron reconocimientos a personajes que han aportado en diferentes ramas a la provincia. La condecoración post mortem al mérito artístico, por ejemplo, se otorgó a Astrid Achi, quien falleció en octubre. Mientras que la del mérito social productivo se entregó a Jhonny Cruz, representante del gremio Asochirijos. También se condecoró con el mérito gremial al Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, con el mérito deportivo al Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y con el mérito académico a la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

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Gobiernos parroquiales realizaron una marcha para reclamar al Gobierno el pago de $ 31 millones por asignaciones de septiembre y octubre

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El Universo .- Luego de una reunión, los representantes de los GAD parroquiales caminaron con destino a Carondelet. Representantes de las 821 parroquias rurales de Ecuador tuvieron una reunión en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito. El motivo de su concentración era definir las medidas que tomarán en reclamo del pago de asignaciones mensuales y por una reducción a su presupuesto anual. Los miembros de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) parroquiales realizaron una marcha hasta el Palacio de Carondelet la mañana de este miércoles, 8 de noviembre. Pabel Cantos, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), señaló que se mantendrán en sesión permanente para tomar diferentes medidas que obliguen al desembolso de los valores que les corresponden por ley. En el caso de no ser escuchadas sus denuncias por parte del Gobierno, dijo que llamarán a nuevas movilizaciones, pues aseguró que sin los ingresos no se puede pagar a los miembros de los GAD, pero que tampoco se pueden ejecutar obras. Lady Cedeño, vicepresidenta del Conagopare, reclamó que han sido parte de una reducción al presupuesto y que esta medida sería inconstitucional e ilegal. Sostuvo que el recorte a las asignaciones para las parroquias afecta directamente a los ciudadanos que exigen las obras en la ruralidad, que forma parte del 40 % de la población del Ecuador. “Con la ruralidad nadie se mete. Nadie toma decisiones en contra de nosotros”, enfatizó. La representante agregó que el pago de septiembre y octubre conlleva un monto de $ 31 millones que necesitan para pagar a los miembros de los GAD parroquiales. También indicó que la reducción en los presupuestos significa más de $ 13 millones que van a dejar de recibir. Adelantó que el Ministerio de Economía ha pedido una reunión ante las medidas tomadas por los representantes de los GAD parroquiales. Un grupo de diez personas será recibido en el Palacio de Carondelet. Presidentes, vicepresidentes y vocales de los GAD parroquiales marcharon con banderas, carteles y cornetas. Para ellos, es imposible continuar con sus actividades ante la deuda pendiente, según gritaban mientras caminaron por la avenida 10 de Agosto. El tránsito vehicular fue suspendido. Miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) coordinaron los diferentes cierres en las vías por las que caminaron los ciudadanos. Su destino era Carondelet, el palacio de Presidencia, aunque un contingente alto de seguridad se instaló en el lugar.

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Cerca de terminar su gestión, Guillermo Lasso emitió los reglamentos de las leyes Fintech y de Protección de Datos Personales

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El Universo .- Los decretos ejecutivos 903 y 904, suscritos el 6 de noviembre, establecen las normas para la aplicación de las leyes. A pocas semanas de finalizar su mandato, el lunes 6 de noviembre el presidente Guillermo Lasso emitió dos decretos ejecutivos, 903 y 904, con los reglamentos que darán operatividad a la Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos (Fintech) y a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, respectivamente. En el caso de la Ley Fintech, que está en vigencia desde diciembre de 2022, el reglamento contiene diez artículos. La norma dispone que las actividades fintech serán reguladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y por la Junta de Política y Regulación Financiera. En tanto que el Banco Central del Ecuador (BCE) y a las superintendencias de Compañías y de Bancos, dentro de sus competencias, serán responsables de la calificación, supervisión y control de las compañías. Asimismo, se establece que las empresas dedicadas a actividades fintech no podrán efectuar otras distintas. Podrán prestar uno o varios servicios, siempre y cuando tengan la correspondiente autorización; con excepción de las sociedades especializadas de depósitos y pagos electrónicos, cuyo objeto único es la recepción de recursos confines exclusivos de facilitar pagos y traspasos de recursos mediante medios de pago electrónicos autorizados, dice el reglamento. Se implementarán sistemas informáticos estandarizados para los reportes de las compañías involucradas en el campo. Con el fin de prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos, así como regular aspectos de ciberseguridad y seguridad de la información, las entidades competentes deberán emitir las regulaciones pertinentes. Lasso justificó en el Decreto 903 que es necesario emitir las disposiciones normativas para la aplicación de la Ley Fintech, “permitiendo el desarrollo del mercado fintech local, y precautelando los derechos de los usuarios de dicho mercado”. En cuanto a la Ley de Protección de Datos, vigente desde mayo de 2021, el reglamento es más extenso, ya que contiene 90 artículos, una disposición general y dos transitorias. Aplica a todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, del sector público y privado, que realicen tratamiento de datos personales dentro o fuera del país. Ahí se establecen, entre otros temas, las reglas que deberán cumplir los responsables y encargados del tratamiento de datos personales no establecidos en Ecuador. En todos los casos que se requiera el consentimiento explícito del titular para el tratamiento de sus datos personales, el responsable del manejo de los datos deberá informar previa y detalladamente el tratamiento que tendrán los datos, la finalidad, el tiempo de conservación, las medidas de protección, las consecuencias de la entrega y otros aspectos. Se determina que los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquellos que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron el tratamiento. Dichos plazos serán regulados por la Autoridad de Protección de Datos. El reglamento dedica un capítulo a los derechos, en el cual se establecen los medios para el ejercicio de los derechos, contenido de la solicitud, requerimiento de información adicional, registro de solicitudes y reclamo ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. También se norma el tratamiento de los datos de personas fallecidas, datos crediticios, datos de menores de edad y del interés superior del niño. Otros capítulos del reglamento abordan transferencia o comunicación de datos a terceros, vulneración a la seguridad de datos personales, evaluación de impacto, responsable del tratamiento, responsabilidad proactiva y autorregulación, códigos de conducta, entre otros. La norma dispone que la Autoridad de Protección de Datos Personales goza de autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera. Estará a cargo del superintendente de Protección de Datos Personales y tendrá su sede en Quito. Entre las atribuciones que tendrá la Autoridad está registrar las bases de datos que contengan datos personales en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales; dirigir y administrar el Registro Único de Responsables y Encargados Incumplidos; emitir regulaciones e informes técnicos. También se establece un régimen sancionatorio para casos en que se presuma el cometimiento de alguna de las infracciones contenidas en la ley. En las disposiciones transitorias del reglamento se dispone que la implementación y funcionamiento de la Superintendencia de Protección de Datos Personales estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. También se impuso el plazo máximo de un año, desde el funcionamiento de la Superintendencia, para que la entidad desarrolle capacitaciones técnicas y cursos de formación dirigidos al público en general. En el Decreto 904, el presidente apuntó en el texto que es necesario “establecer con claridad los preceptos y procedimientos para la ejecución de la ley”. (

Cerca de terminar su gestión, Guillermo Lasso emitió los reglamentos de las leyes Fintech y de Protección de Datos Personales Leer más »

Periodistas expusieron en la CIDH la falta de protección del Estado ecuatoriano

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El Universo .- Una delegación habló del grave deterioro del periodismo. Representantes del Gobierno afirmaron que el Ejecutivo promueve y defiende la libertad de expresión. Un grupo de periodistas participaron la tarde del lunes 6 de noviembre en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde expusieron “el grave deterioro del periodismo en Ecuador”. La audiencia se dio en el marco de en el marco del 188° período de sesiones del organismo. La delegación estuvo conformada por Karol Noroña, periodista exiliada desde marzo de 2023; Ricardo Rivas, director del colectivo Nos Faltan Tres, y hermano de Paúl Rivas, fotógrafo de diario El Comercio, asesinado en 2018; Christian Zurita, excandidato presidencial y periodista de investigación; María Sol Borja, periodista independiente; María Amelia Espinosa, coordinadora del área de Protección para Periodistas de Fundamedios; y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. En representación del Estado participaron el ministro de Gobierno, Henry Cucalón; Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado; y más delegados. Los periodistas iniciaron con las intervenciones. Ricaurte hizo un resumen de los ataques que sufrió la prensa entre 2007 y 2017, recordó que el Estado no ha cumplido con recomendaciones de la CIDH en materia de protección a los trabajadores de medios de comunicación. Mencionó la situación de diario El Comercio, que en la actualidad atraviesa una severa crisis económica, “mientras los actuales dueños violan reiterada y sistemáticamente los derechos laborales de periodistas y trabajadores, a vista y paciencia del Estado ecuatoriano”, dijo. Señaló que el crimen de los tres periodistas de El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, marcó un trágico precedente para el trabajo de prensa en el país, que ahora se ha ve sometido a amenazas de muerte, atentados, exilio de periodistas. Criticó la falta de acción del Estado a pesar de haber recibido constante información y recomendaciones de la CIDH, de la comunidad internacional y de la sociedad civil. “Su accionar ha sido de constante y sistemática negligencia, impavidez y falta de acciones”, expresó Ricaurte, quien reconoció que si bien se han impulsado dos reformas a la Ley de Comunicación, en la práctica “no se han tomado las acciones necesarias para garantizar, proteger y fortalecer el trabajo de la prensa y el ejercicio pleno del periodismo”. Expuso que en el año 2022 Fundamedios registró 356 agresiones contra la prensa, el cual es el segundo número más alto del monitoreo histórico que hace la organización. La cifra abarca tres asesinatos a periodistas, atentados contra medios, explosión de artefactos en domicilios de comunicadores, ataques a periodistas durante el paro de junio de 2022. En lo que va del año 2023, las agresiones suman 220, que incluye a 9 periodistas exiliados y desplazados, así como el asesinado del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ricardo Rivas, por su parte, mencionó que la investigación del caso denominado Nos Faltan Tres sigue en la impunidad. Que han pasado cuatro fiscales y todavía continúa en etapa de indagación. Dijo que desde hace dos años “ya no hay impulsos fiscales”. Señaló que en el año 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, el Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) cambió la información del caso de reservada a secreta, con lo cual la información permanecerá guardada por diez años más. Pese a constantes pedidos de desclasificación, todavía no existen respuestas. Reprochó que los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso ofreciaron al menos en 10 ocasiones desclasificar los informes, pero no cumplieron. Karol Noroña relató los detalles que la llevaron al exilio, luego de revelar casos relacionados con el crimen organizado, la vulneración de derechos humanos en las cárceles del país y los vínculos del Estado con las bandas criminales. Contó que el 23 de marzo de 2023 supo que los miembros de una organización criminal, que sirve logísticamente a cárteles internacionales presentes en Ecuador, planeaban un atentado en su contra. Que tuvo acceso a conversaciones y audios de las amenazas en su contra, que incluían fotografías suyas, del lugar de su domicilio, del medio de comunicación en el que trabajaba. “Y un plan de asesinato que escuché de las voces de los líderes narcocriminales, gracias a dos fuentes cercanas”, detalló Noroña. Dijo que al día siguiente abandonó Ecuador, sin fecha de regreso. “Fui la primera de nueve periodistas que tuvo que tuvo que exiliarse este 2023 de Ecuador”, relató la periodista y reclamó que ninguno de los casos ha merecido un pronunciamiento del gobierno de Guillermo Lasso, ni hubo apoyo para resguardar sus vidas. Christian Zurita compartió ante la CIDH que enfrenta tres juicios, incluyendo procesos en Estados Unidos, y “violencia desplegada por políticos y otras amenazas de uso de la justicia desde intereses corporativos y de crimen organizado”. Comentó que usar a las cortes de otros países “debilita más el trabajo de los periodistas de investigación, que de por sí ya son pocos en Ecuador”. Apuntó que cuando asumió la candidatura presidencial, en reemplazo de su amigo Fernando Villavicencio, también asumió el mismo nivel de riesgo y mencionó que los últimos comicios presidenciales fueron los más violentos, lo cual fue recopilado por organismos internacionales. Por ello, la CIDH le concedió medidas cautelares a él y a una parte de su equipo. María Sol Borja, en cambio, enfocó su intervención en los mensajes violentos de índole sexual que ha diario recibe por su trabajo periodístico. Citó que entre enero de 2022 y marzo de 2023, hay al menos 90 agresiones a periodistas por su condición de género. Reconoció que no ha denunciado formalmente las agresiones en su contra porque desconfía en las instituciones del Estado, que han dejado en la impunidad los casos de Karol Noroña y el asesinato de los periodistas de El Comercio. “La violencia empieza con discursos estigmatizantes hacia los periodistas, con una carga adicional hacia las mujeres, construye y normaliza la violencia sin que haya ninguna consecuencia”, mencionó. De lado del Gobierno, el ministro Henry Cucalón afirmó que el Ejecutivo, en los dos años en el poder, “se ha caracterizado por ser un férreo promotor y defensor del derecho a la libertad de expresión en el país”, lo cual, dijo, se demuestra en la “aceptación y tolerancia” ante las críticas que ha recibido Carondelet. Defendió la actuación de la administración de Guillermo Lasso, señalando que durante la gestión de presidente no se ha enjuiciado

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En $ 6,85 se fijó el precio mínimo de la caja de banano para el 2024 tras consenso de última hora entre productores y exportadores

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El Universo .- El MAG iba a anunciar el precio de la caja de banano la tarde este lunes, pero minutos antes se llegó a un acuerdo y se fijó un precio consensuado. Tras cuatro intentos, tres de ellos fallidos, productores y exportadores de banano llegaron, la tarde de este lunes 6 de noviembre, a un consenso para fijar en $ 6,85 el precio mínimo de sustentación de la caja de banano para el 2024. Así lo anunció hace pocos minutos el ministro de Agricultura y Ganadería, Eduardo Izaguirre, en el Gobierno Zonal, en el norte de Guayaquil. Izaguirre destacó el consenso alcanzado por los exportadores y productos e indicó que es un ejemplo para todas las cadenas productivas en el país. La decisión del precio había quedado el lunes 30 de octubre en manos de la cartera de Estado, después de que los representantes de los productores y exportadores no lograron ponerse de acuerdo en una tercera y extraordinaria mesa técnica. En esa cita, el sector exportador propuso fijar el precio en $ 6,85, cediendo en su sugerencia inicial de no mover el precio actual que es de $ 6,50, sin embargo, los productores no aceptaron. Las otras dos reuniones en las que tampoco hubo acuerdos se dieron el 17 y 24 de octubre pasado. Mientras, para estas alturas de las negociaciones los productores también habían cedido en sus pretensiones con relación a su propuesta inicial de subir el precio de lCOMERCIO EXTERIORa caja de la fruta a $ 8,01 y bajaron a $ 7,50. Además hubo una propuesta intermedia de $ 7,25, presentada por la Corporación Regional de Bananeros Ecuatorianos (Agroban). Este es el segundo año consecutivo en que productores y exportadores logran llegar a un consenso sin que el MAG intervenga en la fijación del precio de la fruta. El año pasado ambos sectores acordaron ubicar el precio de la fruta en $ 6,50, sin embargo, de ahí en adelante lo que primó fueron los desacuerdos, pues la mayoría de productores prefirió vender la fruta a precio spot (precio de mercado y sin contratos) que firmar contratos con los exportadores. Hasta octubre pasado, según cifras de Agroban, el precio spot se ubicó en un promedio de $ 6,96 la caja, sin embargo, hubo meses en que el precio se disparó y llegó a estar encima de los $ 11 como en la semana 40, mientras que el precio más bajo fue de $ 3,30 en la semana 18. En tanto, tras el acuerdo alcanzado, Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), celebró que las partes hayan encontrado un precio consensuado. “Básicamente, a pesar de que habíamos solicitado que el precio no sea tan alto, se llegó a un consenso de $ 6,85 entre los representantes de productores y exportadores en la mesa de negociación analizando todos los puntos a favor y en contra, pero lo destacable de esto es el consenso que finalmente se dio”, señaló Salazar.

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MAG anuncia este lunes el precio de la caja del banano para el 2024

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El universo .- La fijación del valor de la fruta pasó a la cartera de Estado, luego de que productores y exportadores no llegaran a un acuerdo en tres reuniones. Para este lunes 6 de noviembre está previsto que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anuncie el precio mínimo de sustentación (PMS) de la caja de banano para el 2024, esto luego de que productores y exportadores no llegaran a un acuerdo en tres mesas técnicas. En las reuniones, en la que se incluye una extraordinaria, las partes no lograron llegar a un consenso para fijar el precio de la fruta, que se ubica como el segundo mejor producto de la oferta exportable no petrolera y no minera del Ecuador y la fijación del precio por parte del Ministerio mantiene a la expectativa al sector. El Ministerio de Agricultura y Ganadería convocó para este lunes, 6 de noviembre, para una rueda de prensa, a las 17:00, en la cual se prevé anuncie el PMS. Extraoficialmente se conoció que la cartera de Estado estaría tratando que productores y exportadores lleguen a un consenso antes del anuncio oficial del precio de la fruta. Los productores pedían que se suba el valor a $ 8,01, aunque después cedieron que se baje a $ 7,50. Por el lado de los exportadores, plantearon que se mantenga el precio vigente, en $ 6,50, aunque posteriormente que se incremente a $ 6,85. Ante estos desacuerdos, la determinación del precio pasó para el MAG. Según un reporte de la Corporación Regional de Bananeros Ecuatorianos (Agroban), hasta octubre, el precio spot de la caja del banano era de $ 6,96, aunque en algunos meses el valor llegó a estar por encima de los $ 11 como en la semana 40, en cambio en la semana 18, el precio más bajo fue de $ 3,30. La semana pasada, la 43, el precio spot promedio se colocó en $ 7,08. Las exportaciones del banano se mantuvieron en alza de enero a septiembre de este año, en 273,03 millones de cajas, el 6,41 % superior a lo exportado en el mismo periodo del 2022, de acuerdo con el último informe de la Asociación de Comercializadores y Exportadores de Banano del Ecuador (Acorbanec). (I)

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