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Ecuador: enero 15, 2025

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Ecuador, enero 15, 2025
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Ecuador, enero 15, 2025

En vivo, sesión Nº 872 del pleno de la Asamblea Nacional sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso

El Universo .– Para la censura y destitución del presidente de la República se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó al pleno legislativo para este martes 16 de mayo para desarrollar el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado y con miras a su censura y destitución. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el juicio empezará con interpelaciones de los asambleístas con sus pruebas por dos horas. Después, el presidente Guillermo Lasso podrá presentar sus alegatos por tres horas. Inmediatamente, ambas partes podrán replicar por una hora y luego, el presidente de la Asamblea abrirá el debate en el que podrán intervenir todos los legisladores por diez minutos. Cinco días después del debate, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocará a una nueva sesión del pleno en la que se podrá presentar la moción de censura y destitución. De no darse esta orden, la solicitud será archivada. Para la censura y destitución del presidente de la República se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea.

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El presidente Guillermo Lasso es el sexto mandatario latinoamericano en enfrentar un juicio político en la última década

El Universo .– El proceso de juicio contra el primer mandatario está previsto que se inicie las 10:00 en la Asamblea, pero la votación se proyecta para el fin de semana. El presidente de la República, Guillermo Lasso, será el sexto mandatario latinoamericano, en los últimos diez años, que enfrenta un juicio político ante el Parlamento. Lasso acudirá este 16 de mayo de 2023 a la Asamblea Nacional para responder una acusación por presunto peculado en el contrato de transporte de petróleo entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tankers Pool. Tras la presentación de las pruebas de cargo y de descargo se abrirá el debate que concluirá con la votación prevista para el fin de semana. A nivel de Latinoamérica, en 2018, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció a la presidencia de ese país antes de enfrentar un juicio político por presuntas irregularidades en sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. Su renuncia estuvo relacionada con la difusión de videos que mostraban congresistas aliados ofreciendo beneficios a cambio de votos para evitar su destitución. En cambio, en el 2017, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el llamado a juicio político al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, pero el proceso no avanzó en el Senado. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016, fue sometida a juicio político ante la Cámara de Diputados cuyas acusaciones tenían relación con supuesta violación a la ley presupuestaria y a la ley de probidad administrativa, y sospechas de su implicación en actos de corrupción en Petrobras. Finalmente, fue destituida de su cargo por presunto manejo irregular de los fondos públicos. En el 2015, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunció a su mandato después de enfrentar acusaciones de corrupción y un proceso de juicio político en su contra. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en el 2012, fue sometido a un juicio político y destituido de su cargo en un proceso relámpago, cuya acusación se basó en una presunta responsabilidad en un enfrentamiento violento entre la policía y campesinos sin tierra en el que murieron varias personas. Enfrentó cinco acusaciones relacionadas con gobernar de manera impropia, negligente e irresponsable. 

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Asamblea notifica al presidente Guillermo Lasso con el juicio político

El Universo .– La notificación se oficializó dos días después de la sesión en la que el pleno resolvió enjuiciar al mandatario por presunto peculado. Dos días después de que la mayoría del pleno aprobó dar paso al juicio político al presidente Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional notificó al primer mandatario y a los 137 legisladores con la resolución aprobada el martes 9 de mayo. La notificación se oficializó la noche del jueves 11, a través de un oficio suscrito por el secretario general de la Asamblea, Álvaro Salazar. En el documento consta un enlace con la resolución, así como el expediente íntegro de sustanciación del juicio. El llamado a juicio político se aprobó con los votos de 88 asambleístas pertenecientes a UNES, PSC, independientes, rebeldes de ID y PK. Hubo 23 en contra y 5 abstenciones. Guillermo Lasso es acusado del presunto delito de peculado, con base en el artículo 129 de la Constitución. La resolución fue impulsada por la legisladora Viviana Veloz (UNES), que también es ponente del juicio. El texto señala que “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo. Precisamente, por ello, la Asamblea Nacional acusa al presidente de la República, pues junto a Hernán Luque Lecaro (expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO) definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. Consecuentemente, el presidente de la República conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec EP”. En este caso son 92 los votos que se necesitan; es decir, cuatro más de los conseguidos para aprobar la resolución del 9 de mayo. Corren los plazos para que el Parlamento difunda el informe del proceso y luego incorpore el tema al orden del día para conocimiento del pleno, para llevar a cabo la sesión sobre la censura y destitución. Para la cesura y destitución del presidente de la República se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. Desde Carondelet se rechaza la actuación de la Asamblea y se asegura que no existen pruebas ni argumentos que justifiquen las acusaciones contra Lasso.

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Bancada correísta dará sus votos para la reelección de Virgilio Saquicela en la presidencia de la Asamblea

El Universo .- En tanto que para la primera vicepresidencia de la Asamblea, UNES planteará también la reelección de Marcela Holguín, quien es parte de sus filas. Los legisladores de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES) anunciaron este martes, 9 de mayo, que darán sus votos para la reelección de Virgilio Saquicela (independiente) en la presidencia de la Asamblea Nacional. El citado bloque dio una rueda de prensa al respecto minutos antes de la instalación de la sesión del pleno, en la que a esta hora se debate si se da paso o no al juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. En tanto que para la primera vicepresidencia de la Asamblea, UNES planteará también la reelección de Marcela Holguín, quien es parte de sus filas. “Para UNES primero están los intereses de los ecuatorianos; en ese sentido, hemos decidido que para las elecciones de autoridades del próximo 14 de mayo vamos a apoyar la candidatura del actual presidente Virgilio Saquicela. “Somos la única bancada capaz de deponer intereses partidistas legítimos, aspiraciones legítimas como bancada, para pensar en un bien superior, que es el bien del país y de los ecuatorianos… el juicio político es nuestra prioridad y pensamos que manteniendo una mayoría que se pronuncie a favor de que continúe el juicio político habremos ganado todos los ecuatorianos, porque estaremos dando una respuesta al abandono en que nos han sumido las políticas miserables de un gobierno como el de Guillermo Lasso; en segundo lugar, creemos importante mantener la mayoría con la que hemos venido trabajando en los últimos meses, una mayoría que no ha sido coyuntural, una mayoría que ha pensado en bien del pueblo ecuatoriano”, dijo Holguín en los pasillos de la Asamblea Nacional. Pamela Aguirre, quien es coordinadora de la bancada, indicó que postularán a Holguín para la primera vicepresidencia y que continuarán dialogando con todos los partidos para lograr una conformación de la directiva de la Asamblea completamente democrática. La bancada emitió poco después un comunicado en el que reiteró que apoyarán a Saquicela, y que conocen que el gobierno de Lasso intentó dividir a la mayoría en la Asamblea, creyendo que los intereses partidistas se impondrían sobre las necesidades de la gente. “Se equivocó. Lasso se va”. La elección de las nuevas autoridades legislativas para los próximos dos años debe realizarse el domingo 14 de mayo.

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Defensa del presidente Guillermo Lasso advierte de violación constitucional en convocatoria a la Asamblea Nacional para resolver juicio político

El Universo .- El informe motivado que no recomienda el enjuiciamiento político al primer mandatario fue notificado el sábado al Presidente del Parlamento La decisión tomada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, de convocar al pleno del Parlamento para resolver el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, viola el principio de legalidad establecido en el artículo 226 de la Constitución, advirtió Edgar Neira, abogado del primer mandatario en este proceso político. El Presidente de la Asamblea Nacional convocó para el martes 9 de mayo, a las 10:45, al pleno a la sesión 868 para resolver sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso, en vista de que la Comisión de Fiscalización no aprobó un informe respecto a la solicitud de interpelación. Para la defensa del primer mandatario, Saquicela va más allá de lo que determina la ley, y hace una aplicación analógica del artículo 142 inciso final de la ley orgánica de la Función Legislativa, que regula el procedimiento de enjuiciamiento político para autoridades distintas del Presidente de la República, y “toma lo que le parece mejor de otro procedimiento y lo adapta al proceso de enjuiciamiento político al primer mandatario, eso es hacer una interpretación analógica que no tiene ninguna cabida en derecho público”. Neira lamentó que los temas jurídicos en el país tengan dos formas de ser mirados, pues existe una redacción insuficiente de los artículos 90 y 91 de la ley orgánica de la Función Legislativa que generan el problema; pues lo que se ha pensado en la ley es que haya un informe que autorice o no el enjuiciamiento y que éste sea sometido a conocimiento del pleno. Pero, en realidad en este proceso no hay informe. Lo que debía hacer el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, es archivar el juicio en vista de que no hay informe, por lo tanto, no se puede dar el siguiente paso en el procedimiento, porque no se cumple un requisito de procedibilidad, que es el informe aprobado, insistió. Pero, añadió, como en el Ecuador se vive al margen de la ley, cada quien hala en función de su interés político, lo que dirá el pleno de la Asamblea es que con o sin aprobación de un informe “nosotros decidiremos si llamamos o no a juicio político”. El abogado del primer mandatario, sostuvo que seguramente la Asamblea Nacional pretende dar una solución política; es decir, “ya no importa la ley, llamemos a juicio político, y con ese tipo de interpretaciones se pone en riesgo el sistema democrático presidencialista, se genera inestabilidad política, los actores políticos se salen con la suya y la ley es meramente referencial; no hay una cultura de respeto a la legalidad”. En todo caso, el Presidente de la República irá a defenderse de la acusación política, porque seguramente tomarán una resolución para que el primer mandatario acuda al pleno de la Asamblea a defenderse del peculado, con o sin informe”, afirmó. El constitucionalista, José Chalco Salgado, manifestó que ante la falta de un informe aprobado en la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político al primer mandatario, a la Asamblea Nacional le queda aplicar el artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa; pero que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, comete un error al pretender aprobar una resolución con mayoría simple, cuando el mismo artículo señala que el pleno tomará una resolución correspondiente. “Ellos están entendiendo que es cualquier resolución, cuando se habla de resolución correspondiente, significa vinculado a; es decir, la resolución tiene que estar vinculada al trámite del juicio, esto es, debe observarse las mayorías que están especificadas para el trámite de un juicio al Presidente de la República”. “Esto es una zoquetada más, es decir, más de la ignorancia de los analfabetos constitucionales, lo cual estaría viciando el procedimiento de forma del juicio político, que podría dar lugar que la Corte Constitucional nuevamente intervenga”, subrayó Chalco, quien incluso advirtió que podría ser objeto de acciones internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría observar después, porque la Comisión Interamericana se ha pronunciado diciendo que los juicios políticos de destitución a los presidentes tienen que ser respetuosos del procedimiento jurídico. Procedimiento El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, la noche del sábado 6 de mayo, notificó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, con el informe motivado de la solicitud de juicio político en contra del presidente, Guillermo Lasso. Villavicencio comentó que jurídicamente el juicio al primer mandatario está muerto, por lo tanto, “cualquier inventiva que haga el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, puede ser objeto de una demanda internacional, porque el único informe válido según la Corte Constitucional y la ley de la Función Legislativa y el informe vinculante de la Procuraduría es el informe motivado de la Comisión de Fiscalización”. La Procuraduría del Estado señala que dentro del plazo correspondiente la Comisión de Fiscalización deberá remitir al Presidente de la Asamblea Nacional “el informe motivado en el que deberá dejar constancia de la resolución y el detalle de la respectiva votación especificándose las razones por las cuales se recomienda o no el enjuiciamiento político del Presidente de la República…” Informe de UNES Momentos en que los legisladores de UNES, PSC y Bruno Segovia (ex PK), dialogan sobre la moción respecto a las observaciones al informe sobre el juicio político al presidente, Guillermo Lasso. En la gráfica también constan los dos asesores del bloque correísta. Foto: Vicente Ordóñez En la sesión de la Comisión de Fiscalización realizada el sábado 6 de mayo, los delegados de la bancada correísta: Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova, en dos ocasiones intentaron incluir su informe respecto a la solicitud de juicio político. El primer intento fallido fue cuando presentaron una moción de cambio del orden del día para “aprobar el informe motivado que recomiende o no el enjuiciamiento político en contra del señor Presidente de la República”, este pedido no pudo ser tratado porque ya habían tres mociones presentadas antes

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Pleno de la Asamblea Nacional definirá si llama o no a juicio político al presidente Guillermo Lasso

El Universo .– No hubo los votos para aprobar el informe motivado que presentó el grupo asesor de la Comisión de Fiscalización que recomendaba no enjuiciar al mandatario La Comisión de Fiscalización no pudo aprobar el informe motivado que recomendaba no enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y será el pleno de la Asamblea Nacional quien defina si llama o no a juicio al primer mandatario. Para ello, se necesita 70 votos. Tras seis horas de sesión, los legisladores Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova (UNES), Pablo Muentes (PSC) y Bruno Segovia (ex Pachakutik), se pronunciaron en contra del informe propuesto y que se dio lectura en la sesión este sábado 6 de mayo. A favor del informe se pronunciaron los legisladores: Ana Belén Cordero, Pedro Velasco, Marco Troya (BAN) y Fernando Villavicencio (IND). El secretario certificó que solo se registró cuatro votos a favor y cinco en contra, por lo tanto, el informe no fue aprobado e inmediatamente el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, clausuró la sesión en medio de la protesta de los asambleístas del correísmo que reclamaban que se de paso a una moción planteada por el asambleísta Comps Córdova. En cambio, la legisladora Viviana Veloz (UNES), proponente del juicio político, señaló que el informe donde no se recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, no puede pasar al pleno, porque no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización, no tuvo los votos de respaldo. Por lo tanto, dijo que se tiene que aplicar el artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa, que se refiere al hecho de que cuando no se alcanza la votación requerida en el trámite de procedimientos de fiscalización, el proceso pasa a conocimiento del pleno de la Asamblea para su correspondiente resolución. Cuestionó que el presidente de la mesa de Fiscalización haya clausurado la sesión para evitar que la moción de su coideario, Comps Córdova, sea tramitada y aprobada en la sesión, donde se recomendaba que el pleno debe conocer el juicio político y pronunciarse por la destitución y censura del primer mandatario. Ana Belén Cordero (BAN), aclaró que el informe motivado, que no necesariamente tenía que aprobarse en la Comisión de Fiscalización, pasará al pleno y lo único que cabe es que el Presidente de la Asamblea Nacional ponga a conocimiento de los 137 asambleísta el informe que no recomienda el juicio político al primer mandatario. El pleno siempre tendrá la última decisión respecto a este juicio político, sentenció. La oficialista advirtió que si el presidente Virgilio Saquicela comparte la visión de los correístas de que se debe aplicar el artículo 142, estaría incumpliendo la ley y tendría que enfrentarse también ante el incumplimiento de un dictamen de la Procuraduría General del Estado. Debate A las 15:30, concluyó la lectura del informe motivado y la legisladora, Ana Belén Cordero (BAN), presentó una moción para que se apruebe el informe motivado elaborado por el equipo asesor de la comisión que no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso. En el documento se señala que una vez analizadas las pruebas de cargo y descargo, así como la contestación a las acusaciones políticas presentadas, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, sobre la base de los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas, así como las pruebas documentales recibidas, concluye que el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, no ha incurrido en el presunto delito de peculado establecid o en el artículo 129.2 de la Constitución de la República del Ecuador. El siguiente en intervenir fue el asambleísta, Pedro Velasco (BAN), para apoyar el informe con sus conclusiones y recomendaciones, y manifestó que en este proceso de enjuiciamiento debió probarse que el primer mandatario cometió peculado, algo que no sucedió durante toda la etapa que duró 30 días. Roberto Cuero, delegado de UNES ante la mesa de Fiscalización, manifestó que los asambleístas no pueden hacer un asunto probatorio sobre peculado, porque no se trata de un juicio penal, y afirmó que no está conforme con el informe borrador y que tienen observaciones al documento y que espera que sean considerados. Su coidearia Gabriela Molina reforzó la postura de Cuero y señaló que el juicio político no tiene relación con la responsabilidad penal con el delito de peculado, pues esa facultad de determinar delitos le corresponde a la Fiscalía, que a la Asamblea Nacional le corresponde determinar responsabilidad política del Presidente de la República, y que esa fue demostrada cuando su coidearia, Viviana Veloz, pudo comprobar que el primer mandatario conocía de la firma de este contrato entre Flopec EP y Amazonas Tankers, que representaba perjuicios económicos para el Estado, pero que dejó pasar y no lo detuvo. Su coideario, Comps Córdova, intervino y presentó una moción “a fin de que se sustituyan integralmente los numerales 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11 y 12 del informe borrador que ha sido puesto en conocimiento de los miembros de la comisión y en su lugar mociono se incorpore el texto adjunto”. Pero éste planteamiento no fue tomado en cuenta. También intervino, Bruno Segovia (ex PK), el informe tiene su sesgo, pues primero en el informe dice que se cumplió las 13 recomendaciones del examen practicado en el 2020. Que primero se señala que el primer mandatario no conocía del informe de la Contraloría sobre el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, y luego en la página 279 del informe, se señala que sí conocía del hecho, tanto es así que “el 22 de marzo de 2022 el Presidente Lasso dirigió comunicación a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen contratos de transporte de petróleo y adjuntó centenares de documentos para que a partir de esta noticia criminis se haga una investigación.” Muchas cosas que no se recogen y el informe termina siendo sesgado, sentenció. El delegado del PSC, ante la Comisión de Fiscalización, Pablo Muentes, no participó en el debate, guardó silencio, solo se expresó con el voto en contra del informe motivado.

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Informe borrador no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso Mendoza

El Universo .- Este informe será incorporado en la convocatoria que realizará hoy el presidente de la Comisión de Fiscalización para reunión del 6 de mayo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, no incurrió en el presunto delito de peculado establecido en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, por lo tanto, no se recomienda el enjuiciamiento político del primer mandatario. Esa es la recomendación que se realiza en el informe borrador motivado que presentará el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, respecto a la solicitud de juicio político planteada por cuatro legisladores de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y dos aliados quienes acusaron al primer mandatario de un presunto delito de peculado en la suscripción de un contrato de transporte de petróleo entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool. Tras los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas se comprobó que no hubo una celebración de dicho contrato en el periodo de gestión del presidente Guillermo Lasso, sostiene el informe borrador contenido en 278 fojas que recoge la parte sustancial del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional sobre la solicitud de juicio, testimonios y documentación aportada en el proceso. En las conclusiones del informe se señala que no se pudo establecer responsabilidad política por peculado sobre los supuestos perjuicios al Estado al presidente Constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, relacionado con el mencionado examen especial de la Contraloría General del Estado, por no existir celebración de nuevos contratos entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool en el periodo de gestión del Presidente Lasso. En tal sentido no se puede hablar que la solicitud de juicio político en lo que respecta a las acusaciones admitidas por la Corte Constitucional tengan tal “coherencia narrativa” descrita en el numeral 91 por no existir la suscripción de tal nuevo contrato y por tanto lo que establece el numeral 92 del mismo dictamen que describe este hecho como: “mínimamente verosímil la red de inferencias fácticas. En lo que respecta, específicamente, a la verosimilitud mínima de la participación del presidente de la República en los hechos acusados (…)” se ven desvirtuados por las pruebas actuadas y recabadas que no demuestran veracidad alguna. Este informe borrador será incorporado en la convocatoria que realizará hoy el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, a una reunión que se efectuará este sábado 6 de mayo. Luego el documento será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, a fin de que proceda según lo prevé el artículo 92 de la ley orgánica de la Función Legislativa, que tiene relación con los plazos que debe observarse para la distribución del informe entre los legisladores y posterior convocatoria al pleno para su conocimiento, debate y resolución. Este proceso de juicio político inició el pasado 16 de marzo cuando los legisladores: Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrijo Fajardo (separado de la ID), con el respaldo de 59 firmas presentaron la solicitud de juicio al primer mandatario por suspuesto delito de concusión y peculado; y luego de algunos ajustes el Consejo de Administración Legislativa, el 24 de marzo, admitió a trámite y remitió el documento a la Corte Constitucional para su revisión y dictamen. La Corte Constitucional con seis votos admitió la solicitud de juicio político del tercer cargo de la acusación, concerniente al delito de peculado y dispuso que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como lo contenido en la sección octava de la solicitud titulada “Otros Indicios que vulneran el Principio de Confianza”. Conclusiones del informe Once son las conclusiones que tiene el informe borrador motivado sobre el juicio político que conocerán los miembros de la Comisión de Fiscalización. Flopec EP celebró contratos con Dragun USA LLP y entre ellos su pool titular de las operaciones Amazonas Tankers Pool en fechas 07 de diciembre de 2018 y el 10 de marzo de 2020, se suscribió la adenda Nro. 3, esto es, durante un periodo presidencial distinto al del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Se comprobó, señala el informe, que ningún contrato fue suscrito en julio de 2022 entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool, conforme se alegó la acusación (Hecho Nro. 7), lo cual se confirma con los testimonios de Christian Panchi y Oswaldo Rosero, exgerentes de Flopec EP, quienes manifestaron que la terminación unilateral del referido contrato podría haber derivado en indemnizaciones y penalidades para Flopec EP, habiéndose comprobado además que el referido contrato está sujeto a jurisdicción arbitral internacional. Lo que hubiese significado una pérdida cercana los $ 85 millones. El “informe sobre los procedimientos de contratación y pagos de contratos times Charter y respecto de la liquidación del Andes Tanker y la creación Amazonas Tanker pool 012- 2021″, notificado el 05 de noviembre de 2021 a Flopec EP, no recomendó la terminación del referido contrato entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool; pero si estableció 13 recomendaciones de otra índole, mismas que fueron cumplidas por los exgerentes Christian Panchi y Oswaldo Rosero. El “informe sobre los procedimientos de contratación y pagos de contratos times Charter y respecto de la liquidación del Andes Tanker y la creación Amazonas Tanker pool 012- 2021″, fue notificado el 5 de noviembre de 2021 a Flopec EP, no estableció indicios de responsabilidad penal, únicamente responsabilidades civiles culposas y administrativas a otros funcionarios, concretamente al exgerente de Flopec EP, Jaime del Jesús Condoy Blacio, correspondientes al ejercicio 2020. No se comprobó que Johnny Estupiñán, habría sido removido de su cargo como gerente de Flopec EP, por haber pretendido terminar el contrato con Amazonas Tankers Pool (Hecho 4,5 y 6). En primer lugar, tal como se desprenden de las Resoluciones No. DIREC-FLOPEC-004-2022 y DIREC-FLOPEC-017-2022 del Directorio, el gerente en mención, fue removido por incumplimiento de deberes administrativos; en segundo lugar porque la intención de dar por terminado el contrato ha sido desvirtuada a razón de que

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Abogados con dos visiones constitucionales distintas comparecerán en el Legislativo por el juicio político a Guillermo Lasso

EL UNIVERSO .- La mayoría de los profesionales acudirán el 24 de abril con el fin de aclarar la procedencia de la acusación política contra el mandatario. En un inicio, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió los pedidos de comparecencia de un total de trece profesionales del derecho en el marco del proceso de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado, pero hasta el momento solo diez serían los que asistirán.   La mayoría de estos juristas, en diferentes entrevistas o sus redes sociales, se han pronunciado sobre el juicio político y pese a que todos conocen los mismos cuerpos legales han llegado a opinar diferente sobre la misma Constitución.   Los asambleístas del correísmo pidieron la comparecencia de tres abogados constitucionalistas: Ismael Quintana, Rafael Oyarte y Stalin Raza, como testigos expertos, solo el último aceptó. Su participación tuvo lugar el miércoles 19 de abril, a las 14:00 y tuvo el objetivo de exponer sobre atribuciones de la Comisión de Fiscalización para juzgar la utilidad, conducencia y pertinencia de las pruebas.   Oyarte y Quintana declinaron asistir con una carta al legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, y dijeron que pedirle a una serie de abogados que manifiesten su propia opinión, sin que se haya procedido a una pericia, “no tiene ninguna trascendencia respecto de la determinación de los hechos del caso, más allá del ejercicio del derecho a la libertad de expresión del compareciente”. Mientras, Raza se mostró a gusto con la invitación. Del lado de la defensa del mandatario, se pidió que se llame a rendir testimonio a diez profesionales del derecho con el fin de aclarar sobre la procedencia de la acusación política contra el presidente Lasso. Los abogados convocados para comparecer entre la mañana y tarde del próximo 24 de abril son Pablo Santillán, André Benavides, Mario Cuvi Santacruz, actual viceministro de Gobernabilidad; Gonzalo Muñoz, Emilio Suárez Salazar, Ramiro García, Jorge Benavides, Juan Francisco Guerrero y Pablo Encalada Hidalgo.   Encalada, abogado penalista, mencionó que considera que será un honor poder comparecer en el Legislativo para aclarar los temas jurídicos que se requieran.   “En un juicio hay testigos del hecho y testigos expertos (peritos). La defensa del presidente ha pedido mi comparecencia como un testigo experto en materia penal. Será un honor hacerlo en la Asamblea Nacional. Y espero poder aclarar los temas jurídicos requeridos”, indicó. Encalada expresó a este Diario que los llamados a comparecer entran en lo que se conoce como prueba testimonial y es completamente válido y no como se pretende hacer creer bajo los cuestionamientos a la figura del “testigo experto”.   Comentó que no será la primera vez que acuda a un llamado de la Asamblea Nacional. Pone como ejemplo sus comparecencias como experto en el caso Singue y en el de las pruebas COVID-19, que involucró al Municipio de Quito.   Respeta las posiciones de otros colegas que han declinado asistir, pero aclaró que acudir a este llamado es cumplir con un deber ciudadano y en su caso, como experto en la rama penal, considera que su participación es relevante para comprender mejor la figura del delito de peculado, del que se acusa al mandatario.   Encalada explicó que el juicio político es mucho menos normado que procesos de la rama penal o civil, por lo que la prueba testimonial es totalmente válida.   El constitucionalista André Benavides manifestó también a este Diario que acudirá con agrado el 24 de abril para cumplir como ciudadano y también por respeto al artículo 76.7 de la Constitución, que establece la obligación que tienen los testigos de comparecer cuando son solicitados por un juez o autoridad que lo requiera.   Benavides espera que con su participación pueda coadyuvar para entender mejor cuál es el alcance del juicio político contra el presidente y reiteró que se limitará a lo que dice la Corte Constitucional y centrarse en la acusación de presunto peculado en el caso del contrato entre la empresa Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tanker Pool.   Expuso que el llamar a expertos a comparecer es una figura que se utiliza cuando no hay peritos, para que puedan dar luces a los jueces. También que la prueba como tal no está regulada en Ley Orgánica de la Función Legislativa porque reitera que todo medio probatorio, en este caso testimonial, es válido.   Muñoz, otro de los juristas convocado por la defensa de Lasso, también defendió las comparecencias de expertos del derecho en el proceso y coincidió en que es una práctica que ya ha sido utilizada en otros juicios políticos a funcionarios.   “Las comparecencias de expertos en la Comisión de Fiscalización para analizar la viabilidad de un juicio político ha sido una constante. Ejemplos de muchos casos es el proceso contra el exministro (del Interior) Patricio Carrillo y el expresidente del CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) Christian Cruz”, indicó.

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Los legisladores estadounidenses Michael McCaul y María Salazar expresaron su apoyo al gobierno de Guillermo Lasso

EL UNIVERSO .– Aseguran que Estados Unidos respeta la soberanía de las instituciones de Ecuador y que deben continuar fortaleciendo la relación bilateral.   El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, y la presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, María Salazar, emitieron la tarde del martes, 18 de abril, una declaración expresando su apoyo al gobierno del presidente Guillermo Lasso y su liderazgo al frente de Ecuador. “Con el alarmante aumento del autoritarismo en América Latina, Ecuador es una voz crítica de la libertad y la democracia”, refiere parte del pronunciamiento.   Salazar resaltó los esfuerzos de Ecuador para fortalecer la relación bilateral.   “Apreciamos los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano para fortalecer la relación bilateral basada en valores e intereses compartidos”, apuntó. Los legisladores aseguraron que “Estados Unidos respeta la soberanía de las instituciones de Ecuador y debe continuar fortaleciendo nuestros lazos económicos y de seguridad bilaterales”. Otros congresistas estadounidenses pidieron revisar relación La resolución de McCaul y Salazar no es la primera que legisladores estadounidenses hacen sobre la situación del país.   Días atrás, cinco congresistas estadounidenses instaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que inicie una “pronta investigación” sobre los orígenes de activos que mantiene en ese país el primer mandatario ecuatoriano y su cuñado Danilo Carrera.   Además, los legisladores piensan que la administración Biden debería reevaluar la cercanía de las relaciones de su gobierno con el gobierno de Lasso.   En una misiva firmada por los congresistas Raúl Grijalva, Henry Johnson Jr., Jesús García, Juan Vargas y Eleanor Holmes explicaron que Ecuador se encontraría en medio de una crisis política y social impulsada, en gran parte, por “acusaciones creíbles de corrupción en los más altos niveles de gobierno”.   Los legisladores estadounidenses apelan al compromiso de la administración Biden para apoyar los esfuerzos anticorrupción en el exterior, tal y como se detalla en la Estrategia de EE. UU. 2021 para Combatir la Corrupción.

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Fernando Villavicencio no presidirá la Comisión de Fiscalización y pasará a indagar a los testigos del juicio político al presidente Guillermo Lasso

EL UNIVERSO .- La sesión de este 19 de abril seguirá presidiendo la vicepresidenta de la mesa, Ana Belén Cordero.   El asambleísta nacional, Fernando Villavicencio (IND), al ser apelada la presidencia de la Comisión de Fiscalización no podrá seguir dirigiendo la sesión durante la evacuación de la prueba testimonial dentro del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, y en su reemplazo lo hará la oficialista, Ana Belén Cordero.   La apelación la presentó el asambleísta, Roberto Cuero, de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), argumentando que no respetó las atribuciones como presidente la comisión.   Según la normativa, una vez que se haya aceptado la apelación el presidente de la mesa no podrá seguir dirigiendo la sesión en la que fue apelado; esto es, mientras no se clausure o se cierre la sesión. La presidencia encargada de la comisión, suspendió la sesión convocada para este 19 de abril a partir de las 08:00, para continuar recibiendo los testigos.   La apelación fue planteada tras un reclamo, como punto de información, de la legisladora, Viviana Veloz (UNES), de que se explique en qué parte de la norma se establece que se puede objetar una pregunta; esto porque Villavicencio, intervino para orientar que las preguntas a los testigos del juicio político deben abordar exclusivamente sobre los contratos entre Flopec y Amazonas Tanker.   Villavicencio aclaró a la legisladora que él dirige la sesión y que el punto de información de Veloz, concluyó. Ella, levantó la voz y reclamó de que se lea el artículo 27 de la ley orgánica de la Función Legislativa, sobre las atribuciones de los presidentes de las comisiones, y que el secretario certifique en qué parte de la ley se permite objetar preguntas. El presidente de la mesa ordenó la lectura y cerró el punto, mientras Veloz, continuaba en el uso de la palabra. Posterior a ello, el asambleísta Roberto Cuero, intervino para señalar que este es un juicio histórico e importante para el país, y dijo que interviene para llamar a la calma por una sola vez. Dirigiéndose a Villavicencio, recordó que es el Presidente de la Comisión pero no el dueño de la Comisión, que tiene atribuciones.   “No incidente este proceso presidente, si usted sigue incidentando va a tener respuesta”, sentenció Cuero, quien planteó la apelación a la presidencia.   Al defenderse de la apelación de la presidencia, Fernando Villavicencio, dijo que este escenario de incidentes no será el primero, que él garantiza el derecho al debido proceso y el derecho a la contradicción. Y anunció que este incidente también pondrá a conocimiento de la Corte Constitucional, a más de los dos informes que ya elevó. Recalcó que lo único que ha pedido es que las preguntas estén conducidas al motivo, la causa y a la materialización de las pruebas, para los que están convocados al proceso de sustanciación de las pruebas.   “Esto no se va a ganar, colegas, con aplausos ni con gritos; estamos cansados de los aplausos en el pleno; aquí se va a ganar esta batalla con documentos y con razón; pueden apelarme y dirigir ustedes de la sesión, pero el país espera las pruebas en los nueve días de sustanciación del juicio político”, afirmó el legislador nacional..   Villavicencio dijo que tendrá más libertad para interrogar a los testigos en el juicio político y que aportará con toda la prueba que solicitó para este juicio político.   Dijo que en todo el proceso de sustanciación del juicio estará conducido por una legisladora oficialista y advirtió que no pueden apelar nuevamente a presidencia, sino en tres sesiones posteriores     “Puedo ejercer mi trabajo desde abajo”, sentenció Villavicencio quien comentó que recuperará la presidencia una vez que se clausure la sesión.

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Estos son los diputados que votaron a favor de la salida de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez

EL UNIVERSO .- Nombres constan en las actas del Congreso Nacional proporcionadas a este Diario por la Asamblea Nacional. La de la sesión de Mahuad tiene inconsistencias.   Los expresidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez salieron del poder por diferentes motivos, pero en el marco de coyunturas políticas complejas similares. Al primero, el Congreso Nacional le declaró una incapacidad mental para gobernar; en el caso de los otros dos, los legisladores declararon que habían abandonado el cargo.   Sus historias vuelven a recordarse a propósito del proceso de juicio político que busca la destitución del mandatario Guillermo Lasso, el cual es impulsado por un sector de la oposición integrado por los correístas y socialcristianos. En las actas de las sesiones del Parlamento de los días 6 de febrero de 1997, 22 de enero del 2000 y 20 de abril del 2005 constan las listas de los diputados que votaron a favor de la salida de los mandatarios. Este Diario las solicitó a la Asamblea Nacional en un pedido de información por escrito. A continuación, presentamos los nombres. Acta de la sesión de Bucaram (n.º 1, del 6 de febrero de 1997): 44 votos a favor Partido Social Cristiano (PSC) César Acosta Vásquez Walter Andrade Fajardo Guillermo Borja Farah Simón Bustamante Vera Pío Osvaldo Cueva Rafael Cuesta Caputti Luis Chiriboga Acosta Hoover Encalada Erráez Marco Flores Troncoso Heinert Gonzabay Pérez Susana González de Vega Odette Haboud de Salcedo Fernando Madera Erazo Tito Nilton Mendoza Heinz Moeller Freile Milton Ordóñez Gárate Álvaro Pérez Intriago Enrique Ponce Luque Isidro Romero Carbo Mauricio Salem Mendoza Carlos Saud Saud Alfredo Serrano Valladares Gilberto Vaca García Franklin Verduga Vélez Democracia Popular (DP)   Gabriel Alegría Calero José Cordero Acosta Richard Guillén Zambrano Estuardo Hidalgo Bifarini Fernando Rodríguez Paredes Carlos Vallejo López Alexanda Vela Puga César Verduga Vélez Izquierda Democrática (ID) Raúl Baca Carbo Marco Landázuri Romo Pachakutik (PK)   Leonidas Iza Quinatoa Miguel López Moreno Miguel Lluco Tigze Luis Macas Ambuludi Marcelino Ordóñez Pesantes Napoleón Saltos Galarza   Frente Radical Alfarista (FRA) Wilson Merino Machado Fabián Alarcón Rivera   Movimiento Popular Democrático (MPD) Raúl Tello Benalcázar Gustavo Terán Acosta   Acta de la sesión de Mahuad (n.º 1, 22 de enero del 2000): 87 votos a favor* * Esta sesión fue muy accidentada, según recuerdan algunos diputados participantes. El total de votos que se contabilizan no coincide con los ‘cantados’. Este Diario incluye todos los nombres de los que votaron expresamente a favor. PSC   José Enrique Alvear Icaza Simón Bustamante Vera Enrique Camposano Nuñez Pascual del Cioppo Aragundi Franklin Delgado Tello (CFP-PSC) Marcelo Dotti Almeida Sixto Durán-Ballén Cordovez Carlos Falquez Batallas Raúl Gómez Ordeñana Oswaldo Pacheco Pinos Ruth Moreno Jaime Nebot Saadi Xavier Neira Menéndez Álvaro Pérez Intriago Hugo Quevedo Montero Galo Roggiero Rolando Oswaldo Rossi Alvarado Carlos Saud Saud Alfredo Serrano Valladares Blanca Ugarte Guzmán Cynthia Viteri Jiménez DP Alejandro Aguayo Cubillo Blasco Eugenio Alvarado Germán Astudillo Astudillo Eliseo Azuero Rodas Leopoldo Baquerizo Juan Cantos Hernández José Cordero Acosta Juan Francisco Cordero Iñiguez Rafael Dávila Egüez Jaime Estrada Bonilla Édgar Garrido Jaramillo Elba González Álava Hugo Moreno Romero Elizabeth Ochoa Maldonado Pedro Pinto Rubianes Ramiro Rivera Molina Lorenzo Saá Rafael Sancho Sancho Anunzziatta Valdez Larrea Alexandra Vela Puga Rolando Vera Rodas Reynaldo Yanchapaxi Cando Juan José Pons   Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) Mirella Adum Lipari Raúl Andrade Arteaga Eduardo Azar Mejía Adolfo Bucaram Ortiz Elsa Bucaram Ortiz Jaime Coello Izquierdo Félix García Cedeño Mario Moreira Reina Juan Palma Ordóñez Marco Antonio Proaño Maya Roberto Rodríguez Guillén Fernando Rosero González Fulton Serrano Batallas Vicente Estrada Velásquez Luis Villacreses Colmont   Independientes Ronald Andrade Echeverría Luis Felipe Vizcaíno Andrade   FRA Yolanda Andrade Guerra Kléver Ron   CFP Jorge Montero Rodríguez Otras agrupaciones Fabián Romero Chacón Ximena Ortiz Crespo Roberto Campaña Gonzalo Sánchez Freire Raúl Secaira Durango   ID Carlos González Albornoz Gabriel Ruiz Albán John Argudo Pesántez   Partido Socialista Ecuatoriano Eduardo Vásconez Suraty. Acta de la sesión de Gutiérrez (n.º 25-047 A, del 20 de abril del 2005): 60 votos PSC   Alberto Andrade Fabricio Cedeño Alfredo Castro Mariana Cevallos Gandhi Chamba Marcelo Dotti Elsy Gamboa Alfonso Harb Carmen Ocampo Galo Ordóñez Raúl Ramírez Abraham Romero María Elena Salazar Xavier Sandoval Alfredo Serrano Jacqueline Silva Mariela Solís Luis Fernando Torres Pedro Valverde Clemente Vásquez Cynthia Viteri Kelly Zambrano.   ID Ana Lucía Cevallos Magdalena Chauvet Myriam Garcés Carlos González Guillermo Haro Guillermo Landázuri Wilfrido Lucero Diego Monsalve Marco Morillo Andrés Páez Ernesto Pazmiño Hugo Ruiz Jorge Sánchez Rolo Sanmartín   Independientes Rodrigo García Luis Mejía Montesdeoca Aurelio Llori Héctor Orellana Édgar Ortiz Marco Proaño Maya Patricio Dávila Ramiro Mazorra   PK Julio González Granja Jorge Guamán Coronel Miguel López Antonio Posso Salvador Quishpe Ricardo Ulcuango   Socialistas Enrique Ayala Mora Guadalupe Larriva Segundo Serrano   DP Soledad Aguirre Marcelo de Mora Ramiro Rivera   MPD Carlos Cajilema Rafael Erazo Luis Villacís   Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) 1. Carlos Vallejo.

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Castigo al barril de crudo de $ 15 y $ 21 en enero 2023, el peor de la historia, de la mano de las altas tarifas en buques de Flopec

EL UNIVERSO .- La Comisión de Fiscalización recibió de Petroecuador en el marco del juicio político al presidente de la República Guillermo Lasso El diferencial de exportación de crudo por barril, registrado en enero del 2023, en contratos de largo plazo con empresas asiáticas, fue el peor de la historia del país. En ese mes se aplicaron diferenciales de – $ 15,01 por barril de crudo Oriente y – $ 21,01 por barril de crudo Napo. Ese diferencial con signo negativo es el castigo que recibe el crudo ecuatoriano frente al WTI, tanto por su calidad, como por las condiciones del flete que se paga por el transporte a través de Flopec EP. Curiosamente, las tarifa del flete en ese mes fue la más alta al llegar a $ 9,85 por barril, ya que se usan buques Panamax, con tarifa de $ 10,16 por barril y Aframax, con tarifa de $ 8,99 por barril.   El peso del flete en la fórmula -para determinar el diferencial de estos contratos- es de 73 % en promedio, por lo que esas altas tarifas del flete, que benefician a Flopec EP, han representado un perjuicio importante al precio del crudo ecuatoriano y a Petroecuador.   Así lo revela la información que fue remitida por Petroecuador a la Comisión de Fiscalización, y que había sido solicitada por el asambleísta Fernando Villavicencio, en medio de las investigaciones que realiza para determinar el funcionamiento de la operación de Flopec EP, todo ello relacionado con el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. De lo que se sabe, la acusación actual contra el presidente Lasso es que su Gobierno ha mantenido los contratos lesivos de Amazonas Tankers que fueron firmados en 2018 por Luis Codoy (con antecedentes desde el 2013 con los contratos de Andes Tankers), y que afectaron a Flopec en $ 6,1 millones (aunque se consideró una falta administrativa y no penal por parte de Contraloría) .   Sin embargo, el presidente Lasso ha mostrado que las supuestas pérdidas para Flopec se corrigieron en su Gobierno, al acoger las 13 recomendaciones de Contraloría. En este sentido, el supuesto peculado no existiría. Sin embargo, lo que revelan las cifras de los diferenciales es un aspecto al que ni Contraloría, ni el presidente Lasso, ni sus interpelantes hacen alusión: cuando las tarifas son más bajas para Flopec, los precios del crudo mejoran para el país. En cambio, cuando las tarifas de Flopec suben, Petroecuador se afecta.   En el informe de la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador, se establece que en el promedio del primer trimestre del 2023, el diferencial del crudo Oriente estuvo en – $ 14,14 y el del Napo en – $ 20,52.   Estos diferenciales son mucho más altos que los registrados, por ejemplo en el 2020: – $ 4,46 para crudo Oriente y – $ 8,14 para crudo Napo. Y también del 2021, cuando estuvieron en – $ 5,60 para Oriente y – $ 8,38 para Napo. Para el 2022, ya los diferenciales han subido a – $ 9,56 y – $ 14,76 respectivamente.   De acuerdo con Villavicencio, la información entregada por Petroecuador revela una realidad oculta por años, y que afecta a toda la cadena de comercialización de hidrocarburos, por los altos costos del transporte marítimo, al encarecer o elevar los castigos en los distintos diferenciales en las compras y ventas de Petroecuador.   Esto es más palpable en los contratos de venta de crudo de largo plazo (con China y Tailandia), que están vigentes desde el año 2009 hasta el 2024, ya que el factor flete es determinante en esta fórmula. Es que para el precio del crudo para estos contratos, se toma en cuenta la fórmula: WTI – Diferencial asiático + Premio. Pero para determinar el diferencial asiático se suman: Índice de Diferencial de Crudos ASCI, se le resta Ajuste Calidad y el factor flete.   Este último, el factor flete se determina por las cifras obtenidas a través de un promedio de rutas y buques que remite mensualmente la Asociación de Brokers y Agentes Norteamericanos (ASBA). A su vez ASBA, para el caso ecuatoriano, se alimenta para brokers como McQuilling Partners, Dietze & Associates, Odin Marine Group, Poten & Partners, MJLF & Associates, algunos de ellos consultores marítimos y también brokers de Petrochina International y otros intermediarios.   Así, se vuelve clave saber con qué tipo de buques se hace el transporte de crudo, pues dependiendo de su tamaño – por economía de escala- resulta más barata la tarifa si se contrata a través de los buques más grandes que son VLCC y Suezmax. Lamentablemente, los buques usados para exportaciones en el periodo de enero 2020 a marzo 2023 prima el uso de los buques más pequeños: Panamax y Aframax.   Panamax (capacidad 360.000 barriles): 169 embarques Aframax (capacidad 720.000 barriles): 750 embarques Suezmax (capacidad 1′080.000 barriles): 23 embarques VLCC (capacidad 2′160.000 barriles): 16 embarques De acuerdo con Villavicencio, se ha establecido que el transporte de Flopec se lo hace a través del Pool Amazonas Tankers (que dispone los buques más pequeños), beneficiando directamente a todos sus socios, y por doble vía, ya que los socios resultan ser intermediarios con la renta de los buques, y ahí también existen costos elevados.   Es que Flopec mantiene 5 buques propios, de los cuales un Panamax y 2 tipo Aframax son para exportación. Esta flota es insuficiente, por lo que ha formado asociaciones o pools, que permitan disponer de buques rentados y cubrir la necesidad de transporte. Una de las asociaciones, es Amazonas Tankers, que también renta buques a terceros.   En la coyuntura actual, cuando avanza el juicio político al presidente Lasso, Villavicencio comentó que “Lasso podría ser destituido por un supuesto peculado cometido en los Gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno, ya que dejó que continúen esos contratos, por los candados que existen en los contratos”.   Sobre la afectación que existe para Petroecuador, en los siguientes años, por los diferenciales, dijo, ya se ha pedido una investigación a la Contraloría, cuyos resultados se verán a futuro.

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Unos 53 testigos serán llamados a rendir su versión dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso acusado de supuesto peculado

EL UNIVERSO .– Las comparecencias empiezan este 18 de abril a partir de las 15:30 y todas serán presenciales según anticipó el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio.   La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llamará a 53 testigos entre funcionarios públicos, ex funcionarios, asambleístas, constitucionalistas, penalistas y periodistas para que rindan su versión dentro del juicio político planteado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, acusado de supuesto peculado en el contrato de transporte de hidrocarburos entre Flopec y Amazonas Tanker Pool.   La comparecencias arrancarán este martes 18 de abril a partir de las 15:30, con el ex secretario Nacional Anticorrupción, Luis Verdesoto, el ex gerente de Petroecuador EP, Hugo Aguiar; Anderson Boscán, del medio digital La Posta y Fabián Pozo Neira, ex secretario jurídico de la Presidencia de la República; todos requeridos por los cuatro asambleístas solicitantes del juicio político.   Un calendario borrador, preparado por el presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y la tarde de este lunes 17 de abril lo conocerán los asambleístas integrantes de la comisión, da cuenta que en la lista existen 53 personas invitadas para este proceso de práctica de prueba que durará diez días, y se aplicarán al menos 60 pedidos de pruebas.   Las comparecencias serán presenciales, afirmó Villavicencio, quien reveló que casi a la media noche del domingo llegó un último pedido de prueba de descargo de parte del presidente, Guillermo Lasso, que incluye la presencia de algunos constitucionalistas y abogados.   Adelantó que en las comparecencias hará cumplir lo que señala el dictamen de la Corte Constitucional, pues todos los comparecientes que acudan ala fase de práctica de la prueba podrán, exclusivamente, a las presuntas irregularidades, perjuicios y peculado en los contratos suscritos entre Amazonas Tanker y Flopec. “Ninguna otra prueba será incorporada”, advirtió.   Los asambleístas, integrantes de la Comisión de Fiscalización, fueron convocados para este martes 18 de abril, para el inicio de la fase de exhibición o práctica de prueba de cargo y de descargo, y las pruebas de oficio.   El último en comparecer en este juicio será el presidente de la República, Guillermo Lasso, el día 26 de abril; aunque todavía no se determina la hora y si vendrá personalmente o lo hará a través de su abogado, Edgar Neira Orellana.   El asambleísta Villavicencio señaló que el calendario de comparecencias está organizado de acuerdo a las prioridades del juicio político y por ello, los primeros en ser llamados son los testigos requeridos por los cuatro acusadores. Tras los diez días de comparecencias, el presidente de la Comisión, tendrá diez días para redactar el informe motivado y poner a consideración de la mesa de fiscalización.   Insistió que pidió nuevamente a los legisladores proponentes del juicio político y al presidente, Guillermo Lasso, en su calidad de acusado, que remitan los motivos por los que se convocará a un compareciente. Por ejemplo, a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, se debe señalar la razón y el motivo de su comparecencia, de lo contrario, ella llegará a la Asamblea y si pregunta algo para lo cual no estuvo preparada, simplemente dirá que no puede responder.   Los proponentes del juicio, afirmó Villavicencio, remitieron un documento donde se resisten y se niegan a remitir los motivos, no así el primer mandatario que sí ha remitido los motivos para las comparecencias solicitadas.   Si los cuatro solicitantes del juicio se niegan a precisar los motivos de la comparencia, explicó Villavicencio, se está explicando que acudan a la Comisión de Fiscalización, exclusivamente, a referirse de las pruebas de cargo en el presunto delito de peculado de los contratos de Amazonas Tanker con Flopec, singularizados por la Corte Constitucional.

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Cinco de las doce pruebas presentadas por los solicitantes del juicio político al presidente Guillermo Lasso no observan el dictamen de Corte Constitucional

EL UNIVERSO .- El 18 de abril la Comisión de Fiscalización se reunirá para conocer la respuesta del primer mandatario a la acusación en su contra.   Un primer barrido a las pruebas presentadas por los cuatro solicitantes del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, determina que cinco de los doce elementos probatorios y dos pedidos de comparecencias no están anunciados y no constan en la lista de pruebas que admitió la Corte Constitucional.   La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera reunirse el martes 18 de abril para conocer las respuestas del primer mandatario a la acusación que fue planteada por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID).   Según el dictamen de la Corte Constitucional, la acusación de los solicitantes se centra en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec con Amazonas Tankers, para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación, y en la que incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República.   Cuando la Corte Constitucional emitió su dictamen de admisibilidad del juicio, el 29 de marzo de 2023, estableció como hecho base del juicio lo concerniente a peculado, y se dejaron de lado las dos acusaciones sobre el supuesto delito de concusión y otros indicios que vulneren el principio de confianza.   En la página 52 de la solicitud de juicio de los cuatro legisladores en contra del primer mandatario se incluyen 20 anuncios de prueba y 36 pruebas testimoniales. El pasado 12 de abril, cuando Veloz y Pazmiño presentaron el anuncio de la prueba ante la Comisión de Fiscalización introdujeron cinco actos probatorios escritos y de audios que no constan ni coinciden con los incorporados en la solicitud de juicio del 16 de marzo.   Casos no anunciados El primer caso se refiere al numeral 3, y se trata de la incorporación de las bitácoras remitidas del Palacio de Carondelet, que contiene información desde el 25 de mayo de 2021, señalando que la reserva de esta documentación se levantó en sesión n.º 852 del pleno de la Asamblea Nacional, contenido en los anexos del Informe de la Comisión Ocasional Especializada por la Verdad y la Justicia en el caso denominado El Gran Padrino a fojas 1629 a 1911 y 1912 a 2321, correspondientes a las carpetas 8 y 9, respectivamente; información remitida por la Presidencia de la República.   El segundo caso está en el numeral 4, se refiere a los audios publicados en el medio digital La Posta, el 22 de noviembre de 2022, titulado “Café la Posta: 1 año de la explosión del radar de Montecristi. Argentina perdió y no hay culpables por el radar de Montecristi”. Este audio no consta entre los 20 anuncios de la prueba presentados por los proponentes.   El tercer caso tiene relación también con audios publicados en el medio digital La Posta, publicados el 17 de enero de 2023, titulados “El choreo de FLOPEC”. En la solicitud del juicio constan los audios del 16 de enero, no del 17 de enero.   Un cuarto caso se refiere a la incorporación del informe denominado El Gran Padrino, puntualmente las actas correspondientes a las sesiones 6 y 9 de la Comisión Ocasional Especializada por la Verdad y la Justicia, contenido en las fojas 71 a 103 y 141 a 191, respectivamente, correspondientes a la carpeta n.º TA33585. En esta prueba anunciada se incrementan actas.   El quinto caso, se trata de incorporar como prueba el examen especial con código alfanumérico DNA8-TVIPyA-0012-2021 de la Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del Estado, realizado a la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP Flopec . Esto no consta en las pruebas que se agregaron en la solicitud del 16 de marzo.   Comparecencias Referente a las comparecencias, los cuatro legisladores proponentes del juicio solicitan la incorporación de la prueba testimonial de dos personas que no fueron anunciadas como pruebas.   El primer caso se refiere a la comparecencia del señor Hugo Aguiar Lozano. El segundo es la comparecencia del vicealmirante Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec, este nombre solo consta en un oficio en la solicitud de juicio, pero no está dentro de la lista de las pruebas testimoniales.   Reacciones y consecuencias Édgar Neira Orellana, abogado del presidente de la República, recordó que las pruebas que los asambleístas proponentes del juicio pueden utilizar dentro del expediente de la acusación de juicio político son las que fueron señaladas por la Corte Constitucional en su dictamen. En descargo, el presidente de la República puede presentar todas las pruebas que requiera.   El abogado del acusado calificó como una burla que los acusadores pretendan incluir una prueba nueva o fuera de las anunciadas en la solicitud de juicio, como la incorporación de las bitácoras remitidas del Palacio de Carondelet, que contiene información desde el 25 de mayo de 2021.   En este proceso, advirtió Neira, no hay que perder de vista que los proponentes de las pruebas fuera de las que fueron anunciadas en la solicitud se hacen responsables “de incumplir un dictamen de la Corte Constitucional y el firmante de ese pedido de prueba empieza a incurrir en un incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional”.   Por ello, añadió, el presidente de la República activó ante la Corte Constitucional una solicitud para que se haga seguimiento a las disposiciones que constaban en el dictamen del 29 de marzo de 2023.   Neira insistió en que las bitácoras de Carondelet no tienen nada que ver con la acusación de supuesto peculado. Respecto a los audios que no son los mismos o no constan como prueba en la solicitud, el abogado del acusado consideró que a lo mejor los proponentes del juicio se equivocaron, pero esa equivocación puede traer consecuencias.   En torno

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Andrés Oppenheimer: Los asambleístas del correísmo quieren enjuiciar a Guillermo Lasso por peculado, sin una sentencia judicial, pero defienden a Rafel Correa que sí está sentenciado

EL UNIVERSO .- El periodista entrevistó al mandatario ecuatoriano para tratar la coyuntura política y de seguridad del país. En su reflexión sobre la entrevista que le realizó al presidente Guillermo Lasso -trasmitida la noche de este domingo, 16 de abril, por CNN en Español- el periodista Andrés Oppenheimer hizo un llamado a la coherencia a los legisladores de la bancada correísta sobre su posición de rechazo a la corrupción y a la vez la defensa a su líder, el expresidente Rafael Correa, sentenciado por cohecho pasivo agravado, dentro del caso Sobornos 2012-2016, a ocho años de cárcel. “Los legisladores opositores, del bloque del expresidente populista Rafael Correa, deben ser un poquito más coherentes porque cómo puede ser que quieran enjuiciar a Lasso por peculado, cuando todavía no hay una sentencia judicial en su contra y defiendan a Correa que fue juzgado, sentenciado y condenado por la justicia a ocho años de prisión por actos de corrupción masiva, incluyendo los sobornos de Odebrecht durante su gobierno”, arremetió.   El periodista dijo que por más que Correa afirme que es inocente pesa sobre él una sentencia.   “Entonces a qué juegan los asambleístas de Correa, en qué quedamos. Están en contra de la corrupción o a veces sí o a veces no”, afirmó.   No obstante, Oppenheimer subrayó que los legisladores están en su derecho de investigar al mandatario.   “Si lo quieren investigar a Lasso que lo hagan, pero entonces que no tengan la hipocresía de defender a Correa porque es una incongruencia total”, concluyó. En cuanto al juicio político, el periodista dijo que es la Asamblea Nacional la única que debe dirimir sobre si existen los motivos necesarios para llevar a juicio político al mandatario.   Sin embargo, reconoció que el panorama para el mandatario es difícil en el marco del juicio político, con miras a destituirlo, que se sigue en su contra por el presunto delito de peculado en la Asamblea Nacional.   El mandatario afirmó en el diálogo que actualmente no existen los 92 votos que se requieren para destituirlo del cargo y el periodista mencionó que si bien esto puede ser cierto, Lasso tampoco tiene los votos asegurados para evitar el juicio.   “Lasso tiene apenas unos 25 legisladores, entre propios y aliados, de los 137 legisladores de la Asamblea. Está por verse quien gana”, indicó.

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Guillermo Lasso afirma que no hay los votos suficientes para destituirlo en el juicio político en la Asamblea Nacional

EL UNIVERSO .– El mandatario dice que, luego de defenderse en el pleno del Legislativo, tomará la decisión más adecuada para el país. No descarta que sea la ‘muerte cruzada’. En una entrevista con Andrés Oppenheimer -trasmitida la noche de este domingo, 16 de abril, por CNN en Español-, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró que la mayoría de ecuatorianos saben que con su salida del cargo no se van a solucionar los problemas del país y que en estos momentos no existen los 92 votos al interno de la Asamblea Nacional para destituirlo en el marco del juicio político que se sigue en su contra por el presunto delito de peculado. “No los tienen ahora (los votos)”, afirmó el presidente que la Presidencia de la República como institución y su Gobierno están bajo el ataque de una oposición que no quiere reconocer los logros conseguidos en los 22 meses de gestión.   “Quieren verme fuera porque soy incómodo para muchos de ellos, no para todos, por la lucha frontal de mi Gobierno contra el narcotráfico y también contra diferentes grupos acostumbrados a cooptar el Estado y llevar a cabo actos de corrupción”, señaló.   Lasso reiteró que el juicio político se deriva de dos contratos firmados tres años y siete meses antes de que sea electo como presidente y recalcó que durante su Gobierno lo que se hizo fue acoger las observaciones de la Contraloría General del Estado sobre los procesos contractuales y que han permitido que la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) crezca y gane $180′000.000.   La acusación contra Lasso se centra en que el mandatario habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec con Amazonas Tankers, para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación, y en la que incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente. Lasso no descarta invocar la muerte cruzada Consultado sobre la ‘muerte cruzada’ -la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones generales anticipadas invocando el artículo 148 de la Constitución- Lasso manifestó que es una facultad que tiene como presidente y que sigue estando vigente y no descartó estarla considerando al igual que todos los artículos de la Constitución.   “Este es el cuarto intento de destitución en 22 meses de Gobierno, no han podido en los tres anteriores y yo no he querido decretar la muerte cruzada porque la estabilidad es lo que nos permite bajar la inflación, crecimiento económico, generación de empleo”, apuntó.   Ante el juicio, subrayó que ha decidido ir a defenderse en la Asamblea Nacional y aseguró que el 75% de los ecuatorianos no quieren una crisis como la que ha planteado la oposición.   “Tengo que defenderme, defender mi honor. No he cometido peculado, se lo tengo que decir a todos los asambleístas en la Asamblea y luego de eso tomaré la decisión que considere más adecuada para el Ecuador porque tenemos que procurar la estabilidad”, indicó y agregó que “los ecuatorianos saben que con un cambio de presidente, no se van a resolver los problemas”, más allá de que en su Gobierno hayan “avanzado mucho”.   Lasso explicó que lo que sucede en Ecuador es un debate entre dos modelos.   “Uno populista y totalitario que los ecuatorianos ya lo conocemos de 2007 a 2017 (periodo de mandato de Rafael Correa) y un modelo que representa mi Gobierno, que es un modelo democrático, liberal y humanista y esto es lo que está pasando”, manifestó.

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