Los juicios políticos contra 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, de nuevo son historia. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, archivó el proceso contra la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo, igual como hizo antes con los casos contra el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral (el viernes 13 de septiembre), y el exministro de Economía, Pablo Arosemena (el miércoles 18). Por tanto, dichos exfuncionarios ya no serán llamados a la Legislatura. LEER TAMBIÉN: Asamblea archiva juicio político contra exministro Pablo Arosemena LEER TAMBIÉN: Archivado pedido de juicio político contra Sebastián Corral La legisladora del correísmo, Sofía Espín, planteó archivar la interpelación contra Montalvo, debido a la falta de firmas suficientes para proseguirla. Su moción fue aprobada por 5 votos a favor y 4 en contra. No van más las 3 interpelaciones Reactivación duró poco tiempo Los 3 juicios fueron archivados tiempo atrás, y reactivados por decisión de un juez de Quito, que acogió una acción de protección de la parlamentaria oficialista, Inés Alarcón. Sin embargo, su esfuerzo finalmente no dio frutos. Una vez “canasteados” los 3 casos, la comisión podrá analizar el proceso que resta, y que más interesa a los correístas: contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. LEER TAMBIÉN: «No le temo al juicio político», advierte ministra Mónica Palencia Las otras 2 interpelaciones que ansiaban, contra la canciller, Gabriela Sommerfeld, y contra la fiscal, Diana Salazar, naufragaron por falta de votos, lo cual podría ocurrir también en el caso de Palencia. El pleno de la Asamblea podría aceptar o rechazar, de acuerdo a la mayoría, el pronunciamiento de Fiscalización, sea a favor o en contra de la eventual interpelación. La funcionaria fue acusada por los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana, por supuesto “incumplimiento de funciones”. Esto en referencia a su cargo actual, y durante su paso por el Ministerio de Gobierno.

El desorden que imperó en la Asamblea Nacional, durante el análisis del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, genera críticas. Para el connotado constitucionalista, Xavier Palacios, se violentaron algunas normas. Para empezar, dijo, en el momento que la Comisión de Fiscalización decidió no calificar la interpelación de Salazar, no era necesario que el pleno del Parlamento ratifique o cambie la decisión. Leer también: Naufraga intento correísta de interpelar a la fiscal Diana Salazar Leer también: Cruce de insultos y acusaciones entre Correa y Kronfle por frustrado juicio a la fiscal De ahí que el pronunciamiento tuvo un efecto político y no jurídico, anotó el jurista. Además, cabía el “jalón de orejas” a la comisión, porque obró fuera de los plazos legales para definir las interpelaciones pendientes. Secretario se arrogó funciones Para Palacios, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, se arrogó funciones, al expresar ante los medios de comunicación que no acatarían la resolución del juez de Quito, que ordenó reanudar los juicios políticos contra 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Leer también: Otra denuncia contra secretario de la Asamblea por pronunciarse contra fallo judicial Dichos casos fueron archivados en la Comisión de Fiscalización, a instancias del correísmo, para acelerar los procesos contra la fiscal y las ministras de Relaciones Exteriores y del Interior. Irónicamente, los dos primeros ya fueron archivados por falta devotos. Palacios recordó que Muñoz es un empleado de la Asamblea, y por más que reciba órdenes del presidente o la vicepresidenta, no está facultado para representar al organismo. Desconocimiento legal Además, advirtió que el Parlamento comete un grave error de criterio al consultar su rechazo a la Corte Constitucional. Un desconocimiento legal muy preocupante. A su criterio, el juez que dispuso retrotraer las interpelaciones de los exfuncionarios de Lasso, no ha interferido en la capacidad de fiscalización de la Asamblea, pues ni interfiere ni ordena lo que hay que hacer, sino que dispone respetar las causas que estaban en marcha, y que habían sido archivadas indebidamente.

La Asamblea Nacional decidió ser cautelosa en torno al tema de los juicios políticos. Lo demostró la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, quien suspendió la sustanciación de la interpelación de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Leer también: Juez acepta acción de protección y ordena reanudar interpelaciones de exministros de Lasso Un juez de Quito aceptó una acción de protección, solicitada por la asambleísta Inés Alarcón, del movimiento de Gobierno ADN, y ordenó que, antes del juicio a Palencia, se realicen los de 3 funcionarios del régimen de Guillermo Lasso: Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo, quienes fueron ministro de Economía, secretario de la Administración y secretaria de Educación Superior, respectivamente. Dichos procesos habían sido archivados por la Comisión de Fiscalización, para agilizar más bien los de las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y del Interior, y el de la fiscal general, Diana Salazar. Todos ellos promovidos por el correísmo. De acuerdo a la ley, las interpelaciones deben ser tramitadas en el orden en que llegan y son aceptadas. Leer también: CONSTRUYE anuncia respaldo a fiscal Diana Salazar en futuro juicio político Leer también: Archivado el pedido de juicio político contra canciller Gabriela Sommerfeld El juicio a la canciller ya estuvo en marcha, pero no tuvo éxito por falta de votos. Temor a sanciones Aunque al principio el Parlamento se rehusó a aceptar la orden del magistrado, y denunció una supuesta “intromisión de funciones”, el riesgo de sufrir sanciones lo hizo recular. Y lo demostró la Comisión de Fiscalización, que además de suspender la causa contra Palencia, “revivió”, aunque no de buena gana, las interpelaciones de Arosemena, Corral y Montalvo. Las mismas deberán evacuarse obligatoriamente, antes de retomar las otras. Hasta mientras, la presidenta de la comisión, la correísta Pamela Aguirre, solicitó, a través del Consejo de Administración Legislativa (CAL), un pronunciamiento de la Corte Constitucional, una propuesta que tuvo el respaldo de la mayoría. La misma resolución decidió desquitarse con los 2 legisladores de ADN (Alarcón e Iván Jurado), que promovieron la acción judicial. De haber incumplido la decisión del juez, los legisladores implicados habrían corrido el riesgo de destitución.

El Gobierno Nacional insistió ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que se respete el dictamen de un juez de Quito, quien ordenó que se reanuden los juicios políticos contra 3 funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. El magistrado aceptó una acción de protección de la legisladora Inés Alarcón, de ADN, y dispuso que las interpelaciones contra Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo, exministro de Economía, exsecretario de la Administración y exsecretaria de Educación Superior, respectivamente, sean retomadas. La comisión, presidida por la correísta Pamela Aguirre, había archivado las causas, para dar prioridad a los procesos contra la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld; la ministra del Interior, Mónica Palencia; y la fiscal general, Diana Salazar, todos ellos por acusaciones presentadas por sus coidearios. De acuerdo a la ley, las interpelaciones son tratadas en el orden en que son presentadas. La maniobra no le resultó en el caso de Sommerfeld, pues no hubo los votos necesarios para continuar el juicio. La propia Palencia solicitó a Aguirre, que certifique el cumplimiento de la acción de protección dictada por el juez. El Parlamento había anunciado que no la acataría. La ministra fue llamada a interpelación por supuesto “incumplimiento de funciones”. El correísmo la señala por la incursión policial a la embajada de México, en abril pasado, que terminó con el arresto del exvicepresidente Jorge Glas. El tema sería resuelto desde el 3 de septiembre, una vez que culmine el actual periodo de vacancia.

La decisión de un juez de Quito, que ordenó a la Asamblea reanudar los juicios políticos contra 3 funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, genera desde ya roces entre diversos partidos y movimientos. El juez aceptó una acción de protección solicitada por la legisladora Inés Alarcón, de la bancada de gobierno, y dispuso que se retomen las interpelaciones contra el exministro de Economía, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo. La Comisión de Fiscalización del Parlamento, presidida por el correísmo, había dispuesto archivar las causas, para darle preferencia a los procesos contra las ministras actuales de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y del Interior, Mónica Palencia, y después contra la fiscal general, Diana Salazar. De acuerdo a la ley, los juicios políticos deben ser tramitados de acuerdo al orden en que son planteados. Pero la maniobra no le resultó a la RC5, pues el pleno archivó la causa contra Sommerfeld. Y ahora los procesos contra Palencia y Salazar podrían quedar en la cola. Desacato Pocas horas después de conocerse la disposición del juez, el secretario del Parlamento, Alejandro Muñoz, anunció que no lo acatarían, por tratarse de una intromisión entre poderes del Estado. Lo curioso es que Muñoz no tenía atribuciones para dar tal anuncio, pues su labor es solo administrativa. Si se cumplen sus palabras, la primera interpelación sería la de Diana Salazar; luego la de Palencia; posteriormente la de Andrea Arrobo, ex ministra de Energía; y finalmente la de Fernando Muñoz, quien fue hace poco destituido como presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Caso contrario, procederían primero los juicios contra Corral, Montalvo y Arosemena, en ese orden. La decisión se tomará los primeros días de septiembre, cuando culmine la actual vacancia.