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Ecuador: febrero 10, 2025

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Milei lanza un plan para reprimir las protestas: “Si se toman las calles, habrá consecuencias”

El País .- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta un nuevo protocolo contra los cortes de calles mientras aumenta la tensión por los recortes económicos anunciados esta semana Después de encender la motosierra en la economía, el Gobierno de Javier Milei ha anunciado su plan de mano dura contra las protestas en Argentina. La nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha anunciado este jueves un nuevo protocolo contra las manifestaciones callejeras. “Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz. Las calles no se toman. Que sepan que si se toman las calles, habrá consecuencias”, ha dicho Bullrich en conferencia de prensa. El anuncio ha sido un baldazo de agua fría en el país, que atraviesa una disparada de precios y una devaluación del 50% de la moneda en la primera semana de Gobierno del ultraderechista. El nuevo protocolo contra las manifestaciones tiene previsto convocar a las cuatro fuerzas de Seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad –la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria– para disolver protestas callejeras que bloqueen calles y rutas. “Se va a actuar hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, ha amenazado Bullrich. “Las fuerzas emplearán la fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”. La ministra y excandidata presidencial de la derecha tradicional que se alió a Milei tras su derrota, ha apelado a una de las quejas de sus votantes: la idea de que los cortes de calles generan un desorden que no deja que “la gente pueda vivir con normalidad y en paz”. “Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto”, ha dicho Bullrich. “Es hora de terminar con esta metodología, con la extorsión que sufren los ciudadanos”. Las fuerzas federales tendrán la potestad de arrestar a quienes “cometan delitos” durante las protestas, podrán actuar en el transporte público para incautar “material” de protestas “como palos” e indagar a “encapuchados” o a personas que se dirijan a protestas “intentando no ser reconocidas”. Bullrich ha afirmado que se creará un registro de organizaciones sociales –gremios, sindicatos y asociaciones– que “instiguen” las protestas y que “enviará la factura” de “los gastos” de la represión a los responsables. “El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones con personería o los individuos”, ha dicho la ministra, que también ha anunciado que se denunciará ante la agencia de Migraciones a los extranjeros radicados en el país con un permiso temporal que participen de las protestas. “Se pueden manifestar en la vereda. No queremos cortes de calles ni de rutas”, ha dicho la ministra. “Este no es un problema de ideologías, es un problema de entender de una vez por todas que el país debe vivir en paz y en orden”. El anuncio ha llegado mientras la temperatura sube en Buenos Aires por el plan de ajuste económico que presentó el ministerio de Economía este martes. El Gobierno subió el valor del dólar de 400 a 800 pesos, prometió no renovar los contratos de los empleados públicos que lleven menos de un año en sus puestos, y ha anunciado aumentos en las tarifas de servicios básicos y del transporte público. Los aumentos impulsados por el Gobierno no se conocerán hasta febrero, según dijo el ministro de Economía Luis Caputo, pero Argentina está acostumbrada a remarcar precios en la calle ante los sismos políticos. Esta semana los precios en los supermercados han subido hasta un 40% tras el fin del congelamiento de la canasta básica impulsado por el peronismo y el precio de los combustibles ha aumentado al menos un 30%. “Hemos encontrado a un paciente en terapia intensiva a punto de morirse. No estamos dispuestos a que se muera”, había defendido el miércoles el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, y los sindicatos y gremios respondieron con convocatorias urgentes para buscar respuestas. Los ojos están puestos en el próximo miércoles, en un nuevo aniversario de la crisis del corralito de 2001, cuando se espera que haya manifestaciones conmemorativas en Buenos Aires en recuerdo de la represión policial que dejó 38 muertos en las calles en medio de la peor crisis económica de la historia reciente del país. El fin de un paradigma “Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré”, afirmó Bullrich al final de la conferencia de prensa de este miércoles. Se refería a las reglas de actuación de la policía ante las protestas que fue impulsado en durante el Gobierno de Cristina Kirchner en 2011. El protocolo de Nilda Garré, entonces ministra de Seguridad, establecía algunas reglas básicas de actuación durante las manifestaciones, como que la intervención policial se desarrolle de manera “progresiva”, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta. El protocolo Garré estableció también la prohibición de portar armas de fuego a los agentes que pudieran entrar en contacto directo con los manifestantes, que las pistolas que disparan balas de goma solo podrían usarse “para fines defensivos”, que todos los agentes y sus vehículos deberían estar visiblemente identificados y que la policía debería garantizar la libre cobertura informativa de las protestas, sin impedir que los periodistas tomen testimonios y fotografías. Lo que implique la derogación de este protocolo todavía no está claro.

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Milei anuncia una devaluación del peso del 50% y grandes recortes del gasto público

El País .- El Gobierno argentino paraliza la obra pública, reduce los subsidios al transporte y a la energía y cancela la publicidad oficial. Javier Milei devaluó el peso un 50% y encendió la motosierra. El Gobierno ultraderechista de Argentina anunció la paralización de nuevas licitaciones de obra pública, el despido de todos los funcionarios que lleven menos de un año en sus funciones, la reducción a partir de febrero de los subsidios a la energía y al transporte y una drástica bajada de las transferencias de fondos federales hacia las provincias. El presidente del país sudamericano quiere recortar unos 20.000 millones de dólares el gasto público, una suma equivalente al 5% del PIB, y lo hará lo más rápido posible. “No hay plata”, volvió a repetir el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar las primeras medidas económicas en un mensaje grabado que leyó en un papel. El tipo de cambio oficial pasó de 400 pesos por dólar a 800, una devaluación súbita del 50%. El valor pone fin a la ficción del valor que sostuvo el Gobierno de Alberto Fernández a través de múltiples restricciones cambiarias, pero no libera el mercado de cambios ni elimina la brecha con las cotizaciones alternativas que coexisten en Argentina, que superan los mil pesos por dólar. El miércoles se verá la reacción de esos tipos de cambio que se mueven sin control del Estado. Sin ancla de precios Devaluar en una economía que lleva años de controles de precios y cepo cambiario sin un plan paralelo que contenga la subida de los precios puede ser un remedio muy peligroso. El plan supone que será la recesión económica, con el consiguiente derrumbe del consumo, la que ponga freno a las remarcaciones de precios. La escalada se aceleró desde el lunes, a la espera de las medidas económicas prometidas por Milei. En una carnicería del acomodado barrio porteño de Palermo, los empleados modificaron dos veces el precio el lunes y volvieron a subirlo otra vez este martes, del 25%. En pequeños supermercados de barrio y verdulerías también se han registrado fuertes aumentos. La escalada se aceleró a partir del lunes. Otros sectores, en cambio, quedaron semiparalizados a la espera de conocer el valor del tipo de cambio oficial. Es el caso del de la construcción, donde los proveedores hace más de una semana que ponen excusas a los clientes para evitar venderles materiales antes de conocer el nuevo valor del dólar oficial. “Pedí un presupuesto para un techo de zinc y a los tres días me dijo que si lo quería el precio era el doble porque los proveedores mayoristas no estaban vendiendo a la espera de tener precio”, cuenta un arquitecto que no quiere ser identificado. “Algunos tienen que vender sí o sí, pero los que pueden aguantan”, agrega. Arranque desorganizado Las medidas económicas iban a anunciarse el lunes, pero se pospusieron al martes. El mensaje se grabó a media tarde y estaba previsto que se retransmitiese a las cinco. El Gobierno envió un enlace con la web de la retransmisión, pero a pocos minutos de la hora anunciada, ese enlace dejó de funcionar. La grabación fue finalmente emitida con dos horas de retraso. Durante los primeros diez minutos, Caputo dio una clase de economía liberal. Atribuyó todos los males de Argentina a su “adicción al déficit fiscal”, es decir, a gastar más de lo que ingresa y repitió la amenaza hecha por Milei en su discurso inaugural: si no hay un recorte de gasto público drástico puede haber una hiperinflación del 15.000 en caso de no hacer un ajuste fiscal drástico. “Imaginemos que la leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe”, dijo el ministro en la larga introducción. A continuación, anunció una batería de diez medidas. Además de la devaluación, la que tendrá un mayor impacto en el bolsillo de los argentinos será la reducción de los subsidios al transporte público, la luz, el gas y el agua. El poder adquisitivo de muchas familias ha caído en picado desde 2018 y afrontar ese nuevo gasto no será nada fácil. También van a estar en apuros muchas provincias si dejan de recibir fondos nacionales, otra de las medidas anunciadas. La motosierra de Milei se dirigirá hacia el Estado. Caputo avanzó que no se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Este lunes ya se anunció que se haría una revisión exhaustiva de contratos de los trabajadores de la Administración nacional. El empleo público supone alrededor del 18% del empleo total de Argentina, aunque durante la pandemia de covid-19 ascendió al 20%, según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Se trata de un porcentaje muy superior al de otros países de la región como Chile (12%) o México (13%). En Argentina, las tres administraciones —nacional, provincial y municipal— suman casi 3,5 millones de trabajadores. Por otro lado, se anunció la suspensión de la publicidad gubernamental por el plazo de un año. “No hay plata para gastos que no sean absolutamente necesarios”, remarcó Caputo. Según sus datos, en este 2023 esa publicidad superó los 30.000 millones de pesos (más de 75 millones de dólares en la cotización oficial hasta ayer). Como ya se había anticipado, se paraliza además la obra pública: el Estado no licitará nuevos proyectos. El objetivo es que a partir de ahora sea el sector privado y no el público el que esté a cargo de la construcción, en un sistema de concesiones similar al chileno. Reacción del FMI Las idas y vueltas con la comunicación aumentan las dudas sobre un Gobierno inexperto que da sus primeros pasos con mal pie. La confianza de los mercados se pondrá a prueba mañana, cuando abra el mercado de cambios después de dos días de festivo cambiario encubierto. Los conocidos como dólares financieros se cambiaron este martes a casi 1.050 pesos por dólar, mientras que en las calles

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Las personas sin hogar en Brasil se multiplican por diez en una década y superan las 200.000

El País .- El presidente Lula anuncia un plan de 200 millones de dólares para darles asistencia social, aunque solo se prevé la construcción de 150 viviendas El paisaje en los centros de las grandes ciudades brasileñas es bastante elocuente: cientos de personas refugiadas bajo los soportales, viaductos o puentes, auténticos campamentos de plástico y cartón en las plazas más céntricas y en algunos casos, bolsas extremas de miseria y drogodependencia, como la célebre Cracolandia de São Paulo, un puñado de calles dominadas por los consumidores de crack. El problema de las personas sin hogar no es nuevo y salta a la vista, pero los datos muestran que se agravó enormemente en los últimos años. El número de sin techo se multiplicó por diez en una década, pasando de casi 22.000 en 2013 a más de 227.000 este año. Los datos son del Ipea, un órgano de investigación económica del Gobierno. Para afrontar esta problemática, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó el lunes un plan dotado con 982 millones de reales (200 millones de dólares) llamado Calles visibles. Sus objetivos centrales están más dedicados dar asistencia que a reinsertarlos en la sociedad o frenar el aumento. La mitad del presupuesto anunciado por el presidente Lula estará dedicado a alimentación, reforzando la dotación a Estados y municipios, quienes administran albergues y comedores. Además, se formará a 5.000 profesionales de la salud para trabajar en la calle y se creará una política de salud exclusiva para los sin techo. Casi la mitad (47,3%) de los brasileños sin hogar que viven en la calle explican su situación por problemas familiares o con sus compañeros sentimentales. El desempleo (40,5%), la adicción al alcohol y las drogas (30,4%) y la pérdida de la vivienda (26,1%) siguen en la lista de motivos. La edad media es de 41 años, la mayoría son hombres, y el estudio también evidencia que, como casi siempre, las diferencias raciales van de la mano de la desigualdad: el 69% de los sin techo en Brasil son negros, diez puntos por encima de su peso demográfico. Los autores del estudio concluyen que la explosión de gente que vive en las calles se explica por el estancamiento económico —Brasil lleva casi una década sin crecer con fuerza— y por los efectos de la pandemia del covid-19. Ipea advierte de que los datos que cifran este colectivo en 227.000 personas no pueden leerse como un censo oficial porque muchos de los afectados ocultan a las instituciones que viven en la calle: por la vergüenza del estigma social o en el caso de las mujeres, por ejemplo, por miedo a perder la custodia de los hijos. Una parte importante de los recursos irá para campañas contra la aporofobia (la discriminación de las personas sin hogar), la creación de puntos de apoyo como baños o lavanderías, casas de acogida para la población LGTBQIA+, cursos de alfabetización y programas para la regularización de documentos. También se prohíbe la llamada arquitectura hostil: el uso de materiales o estructuras destinados a evitar que los sin techo duerman en un determinado lugar. La política de vivienda, que a priori pareciera ser central para abordar el problema, es, de los siete ejes con los que cuenta el plan, el quinto con menor presupuesto. Son 3,7 millones de reales (750.000 dólares), con los que se pretende incluir a los sin techo en los programas sociales de vivienda pública y construir 150 viviendas en todo Brasil, “con prioridad para familias con niños y mujeres embarazadas”. El apartado destinado a cursos de capacitación, impulso de cooperativas y asociaciones e inserción en el mercado de trabajo tiene una dotación aún menor, de 1,2 millones de reales (243.000 dólares). La explosión del número de personas viviendo en la calle coincide con un momento en que grandes ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte o Recife, están ejecutando planes urbanísticos para atraer residentes a los barrios más céntricos, en general abandonados y con muy pocos vecinos. Se dan millonarios incentivos y exención de impuestos a las constructoras para que se animen a rehabilitar los históricos edificios casi en ruinas y convertirlos en residenciales y para levantar vivienda nueva en los numerosos solares. En general, en estos planes, la creación de vivienda pública para las rentas más bajas brilla por su ausencia, aún más si es para ceder un espacio temporal para los que mendigan en esos mismos centros degradados. Unificar las intenciones del Gobierno federal y la de Estados y municipios es otro de los principales desafíos. La anterior política nacional para los sin techo estaba en vigor desde 2009, pero en los últimos años tan sólo la aplicaron cinco Estados y 15 ciudades. El nuevo programa ideado en los despachos de Brasilia por el Ministerio de Derechos Humanos tiene un fuerte carácter asistencialista que puede no casar del todo con los anhelos de las autoridades municipales. En Río, el alcalde Eduardo Paes, aliado de Lula, generó una polémica hace semanas al proponer un mecanismo que permita que personas drogodependientes que se niegan a ir a albergues puedan ser retiradas de la calle a la fuerza para recibir tratamiento. En julio de este año, el Tribunal Supremo aceptó un recurso de partidos y movimientos sociales de izquierdas y prohibió la retirada y transporte forzado de personas sin hogar, así como la confiscación de sus bienes.

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Latinoamérica requiere 2,5 millones de profesionales en tecnología

Primicias .- La educación y la infraestructura son factores clave en el desarrollo de más profesionales en el área de tecnología en Latinoamérica. Las empresas en Latinoamérica están necesitando 2,5 millones de profesionales en tecnología, sostuvo Valtencir Mendes, jefe de Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco. Lo hizo durante el foro LAC ICT Talent Summit, en Bogotá. La falta de profesionales en el área deriva de la «enorme» crisis de talento digital y de aprendizaje que tiene la región, sostuvo Mendes. Más de 500 personas de 22 países de Latinoamérica se dieron cita en la capital colombiana para debatir el papel de la educación en el desarrollo de habilidades digitales, los retos que existen para la digitalización y las claves para impulsar una economía inclusiva y equitativa. En el encuentro fue organizado por Huawei, la Unesco, APC, GIZ y la Agencia EFE. El problema de la educación En Latinoamérica «hay mucha fragmentación, mucha rotación de los cuadros de los ministerios de Educación, y con cada gobierno tenemos un nuevo plan de educación«, explicó Mendes en referencia a los problemas regionales. Precisamente, el 5 de diciembre de 2023, se publicó la octava edición del informe PISA, en el que se reseñan los malos resultados de los países latinoamericanos en materia de educación. Los estudiantes tuvieron resultados por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). «Desde Huawei intentamos poner nuestro granito de arena en el desafío que suponen estas nuevas tecnologías«, dijo el vicepresidente de Relaciones Públicas para América Latina de la gigante de tecnología, César Funes. El «granito de arena» al cual se refiere contempla los programas para cerrar la brecha de género y de inclusión de los jóvenes en el área de tecnología. Uno de ellos es Seeds For The Future, concurso diseñado para que jóvenes adultos aprendan sobre las últimas tendencias en digitalización y exploren cómo las tecnologías digitales pueden abordar problemas sociales comunes. «Queremos seguir fomentando un ecosistema que sea totalmente próspero para el desarrollo del talento digital en la región». César Funes, Huawei Fortalecer el talento digital Frente a este panorama, Fuentes resaltó la necesidad de la educación y el aprendizaje continuo de habilidades digitales, que permite «obtener una comprensión más completa de los temas y evitar caer en burbujas informativas». También se resaltó que las dificultades en educación básica son el ‘talón de Aquiles’ del desarrollo tecnológico. «Hay muchos aspectos, como el tema de dos idiomas y habilidades especiales específicas, en los que debemos enfocarnos, pero la pregunta es cómo hacerlo en una población que no está aprendiendo los cimientos«, dijo la directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco en Chile, Claudia Uribe. Los asistentes a la cumbre coincidieron en que América Latina y el Caribe necesitan fortalecer el talento digital e impulsar el desarrollo tecnológico en una región donde el talento existe, pero no se está fomentando. Invertir en infraestructura Otro tema importante para poder fortalecer el talento digital e impulsar el desarrollo tecnológico es la conectividad, que en palabras del consejero presidencial para la Transformación Digital de Colombia, Saúl Kattan, debe desarrollarse para cumplir con estos objetivos. «Tenemos que partir por el principio, por tener buena infraestructura tecnológica, por tener conectividad. En muchos de nuestros países, en muchísimas regiones no hay conectividad (…) Por ejemplo, en Colombia, hoy en día la mitad de los ciudadanos no tienen internet o tienen muy mal internet», sostuvo. En el caso de Ecuador, el apenas 33% de hogares afirma que tiene equipamiento tecnológico, es decir, computadora, laptop o tablet, según el estudio Tecnologías de ls Información y Comunicación, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La cifra es menor en el área rural, donde apenas el 17% de las familias tiene alguno de esos aparatos. Sobre el acceso a internet, la respuesta de dos tercios de las familias ecuatorianas es positiva. Aunque, en las zonas rurales menos de la mitad de hogares accede a ese servicio. La mejora de la conectividad se debe desarrollar de la mano de la seguridad digital en un contexto «inseguro donde están hackeando a las empresas, ciudadanos y gobiernos del mundo de forma continua», agregó Kattan. Por su parte, el presidente del departamento de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Huawei, Jeff Wang, destacó que se debe invertir en infraestructura, pues cree que la revolución industrial 4.0 y el talento digital son conductores del desarrollo.  

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Yellen anuncia sanciones contra 15 integrantes del Cartel de los Beltrán Leyva por presunto tráfico de fentanilo

El País .- En su primera visita a México desde que asumió el cargo en 2021, la secretaria del Tesoro ha dado un golpe directo contra la organización de narcotráfico que incluye a dos empresas mexicanas: Editorial Mercado Ecuestre y Difaculsa A unas horas de su llegada a México, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha anunciado las primeras sanciones contra el cartel mexicano de los Beltrán Leyva por su participación en el tráfico de fentanilo. La funcionaria estadounidense ha informado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE UU sancionó a 15 personas y dos compañías ligadas con el Cártel de los Beltrán Leyva. “Este cartel ha estado transportando varias toneladas de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos durante décadas. Las comunidades tanto en México como en Estados Unidos sufren la violencia, la adicción y la miseria generadas por la Organización Beltrán Levya y otros carteles. Durante el año pasado, hemos utilizado las poderosas sanciones del Tesoro para exponer e interrumpir los flujos financieros de traficantes como el cartel de los Beltrán Leyva, el cartel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación”, declaró la funcionaria estadounidense este miércoles. Entre los sancionados se encuentran Óscar Manuel Gastélum Iribe, El Músico, y Pedro Inzunza Noriega, quienes de acuerdo con el informe del Departamento del Tesoro configuran el liderazgo actual del Cártel de los Beltrán Leyva, junto con Fausto Isidro Meza Flores. “Gastelum Iribe, un narcotraficante notoriamente violento, supervisa el transporte de drogas desde múltiples países, incluidos Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala, a varios Estados de México, incluidos Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, para distribución final en los Estados Unidos, incluidos California, Arizona, Oregón, Washington, Illinois, Nevada, Pensilvania, Ohio y Massachusetts. Inunza Noriega trabaja estrechamente con Gastelum Iribe para traficar cargamentos marítimos de cocaína y gestiona las fuentes de suministro de la droga”, refiere el informe estadounidense. El informe hace hincapié en que además de traficar cocaína y heroína, la organización también trafica metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos. Gastelum Iribe está acusado de cargos federales de tráfico de drogas en los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, el Distrito Sur de California y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Además de Gastelum Iribe el Departamento del Tesoro ha señalado a Óscar Pulido Díaz y a Ricardo Estevez Colmenares, este último se le identifica como jefe de plaza de los Beltrán Leyva en el Estado de Oaxaca. Estados Unidos también señala a los hermanos Mario Beltrán Araujo y Amberto Beltrán Araujo, hijos de Amberto Beltrán Leyva. El Departamento del Tesoro estadounidense afirma que Amberto Beltrán Araujo ha traficado con drogas en nombre de Gastelum Iribe y supervisa las finanzas de la organización criminal, mientras que Mario Beltrán Araujo está acusado de cargos federales de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Además de las 15 personas sancionadas, el Departamento del Tesoro ha puesto el punto de mira en dos empresas mexicanas, supuestamente vinculadas en esta red de narcotráfico: Editorial Mercado Ecuestre, una editorial de medios relacionados con la hípica, y Difaculsa, una farmacia minorista relacionada con el Cártel de los Beltrán Leyva. Yellen ha asegurado que seguirá trabajando con México para tomar medidas decisivas para interrumpir la producción ilícita de fentanilo, la violencia y el tráfico de armas. “Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades de las personas designadas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas”, refiere. En su visita a Ciudad de México, la funcionaria estadounidense se reunirá con las autoridades bancarias, hacendarias, empresarios y con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para abordar el tráfico de fentanilo y otras acciones en contrarrestar el financiamiento ilícita que utilizan los carteles. El fentanilo ha pasado en pocos años de ser el gran desconocido a acaparar las discusiones de política exterior entre ambos países, junto con el tráfico de armas y personas. Cada año mueren en Estados Unidos más de 100.000 personas por sobredosis de esta nueva droga sintética, 50 veces más potente que la heroína.

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México ordena suspender las deportaciones de migrantes por falta de presupuesto

El País.- El director del Instituto Nacional de Migración ordena interrumpir los traslados y devoluciones, de acuerdo con información de la agencia AP El Instituto Nacional de Migración (INM) ha ordenado suspender este mes las deportaciones de migrantes debido a “la falta de liquidez para cubrir los compromisos adquiridos”, señala un documento interno de la dependencia publicado por la agencia AP, que no se había divulgado de manera pública. Según la circular de Migración, la secretaría de Hacienda suspendió los pagos el mes de noviembre a causa de ajustes en el presupuesto para finales de año, lo que habría dejado al Instituto sin liquidez para cubrir los traslados y devoluciones de personas migrantes hasta el año que viene. La suspensión temporal de estas actividades significa que Migración no llevará a cabo ninguna deportación a los países de origen de las personas detenidas desde ningún punto del país. Esto incluye a la frontera con Estados Unidos, punto desde el que se suele trasladar a un gran número de personas al centro y sur del país, para descongestionar uno de los lugares donde más personas se congregan. “Con el fuerte recorte del presupuesto del INM durante el último mes del año, es probable que México dependa en mayor medida de la Guardia Nacional para la gestión de la migración, una misión para la que apenas están preparados”, indicó a AP, Adam Isacson, analista de inmigración de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Las deportaciones aumentaron durante octubre, justo después de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reactivara el retorno obligatorio de ciudadanos de Cuba y Venezuela. De enero a noviembre de 2023 se batió un récord en las solicitudes de asilo en el país. Casi 137.000 personas pidieron quedarse en México a la espera de poder cruzar a Estados Unidos. La cifra más alta registrada era 2021, cuando las peticiones de asilo no llegaron a las 130.000.

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El chavismo abre con el Esequibo un nuevo frente para asegurarse un control absoluto hasta las presidenciales de 2024

El País .- Un escenario de intensificación del conflicto abre la puerta a declarar un estado de emergencia que le permita al Gobierno postergar las elecciones Con los centros electorales desiertos durante el domingo y la indiferencia del electorado, el chavismo ha declarado una victoria poco palpable en el referéndum sobre el diferendo con Guyana por el Esequibo y Nicolás Maduro ha afirmado que comienza una nueva etapa en el país. “Vamos a recuperar y hacer justicia con la fuerza de todos”, dijo el presidente este lunes cuando recibió del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, los resultados del proceso que cambiaron en unos miles de votos con respecto a los anunciados la noche del domingo. Maduro ha asegurado el referéndum es vinculante, aunque así no fue convocado, y está por verse cómo avanzará hacia el cumplimiento de lo planteado. Más allá de los números, el Gobierno busca tener un respaldo popular para desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que Guyana adelanta su defensa. En este aspecto, sin embargo, el Supremo ya había decidido en una sentencia previa a este referéndum que Venezuela no acataría decisiones o actos de dictados por instancias internacionales sobre su territorio. No está claro si Venezuela abandonaría completamente la defensa del caso ante esta instancia, algo que aislaría aún más al país, o si se seguirá asistiendo a las audiencias y presentará la contra memoria en abril de 2024 en un proceso judicial que todavía está lejos de resolverse. Cómo hará cumplir los planteamientos de la quinta pregunta es la principal incertidumbre que hay ahora luego de los resultados. Esta cuestión es la que ha levantado más preocupación del país y que la propia CIJ dejó asentada en su decisión del viernes, en la que advirtió a Venezuela no hacer nada que modificara el estatus del territorio que de facto administra Guyana, mientras se decide la controversia de los límites. El domingo, los venezolanos que votaron aprobaron que el Gobierno cree el estado Guayana Esequiba y ejecute “un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana”. Esto ha sido interpretado en algunos sectores como una amenaza de anexión de un territorio en el que viven unas 125.000 personas que tienen ciudadanía guyanesa y son angloparlantes en su mayoría. “No sabemos si Venezuela se va a limitar a hacer gestos simbólicos con eso de crear el territorio Esequibo y nombrar autoridades simbólicas y si eso puede ser visto como una agresión por Guyana, o si pretenden utilizar algún mecanismo por la fuerza”, señala el abogado Alí Daniels, de Acceso a la Justicia. Una pretensión de este tipo podría llevar a Guyana a ubicar el conflicto en el terreno del Consejo de Seguridad de la ONU e incluso podría abrirle camino a una nueva demanda contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, donde está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad, advierte Daniels. “Una situación de conflicto no requiere que haya acción bélica. Puede ser una movilización de barcos, una expresión de control territorial de las aguas, que podría ser considerado como agresión y generar una escalada que nadie quiere”. Guyana ha otorgado concesiones petroleras en las aguas concernientes a la costa del territorio en disputa. En 2018 la Armada venezolana ya interceptó un buque de Exxon Mobile que navegaba por las aguas en disputa y elevó el tono de las tensiones diplomáticas en ese momento. En el plano internacional Venezuela tiene la cuerda muy corta frente a Guyana, que retiene los apoyos no solo de Estados Unidos y Reino Unido, sino también del Caricom, Cuba y China que, aunque en otros terrenos son aliados de Venezuela, históricamente han dado su respaldo a Guyana en este conflicto territorial. El paso que ha dado chavismo abre un nuevo frente que tiene menos que ver con la soberanía y la geopolítica internacional que con su posición interna frente unas presidenciales que ya están a la vuelta de un año. Maduro no logra remontar del piso de 15% de apoyo popular —según datos de encuestadoras como Delphos— que lo ha mantenido en un largo peor momento de su gestión. Las elecciones que deberían celebrarse en el segundo semestre de 2024, según lo firmado en los acuerdos de Barbados, sobre las que está siendo presionado en las negociaciones por la comunidad internacional para cumplir unas mínimas garantías democráticas, suponen en este momento la mayor amenaza para su estabilidad y permanencia en el poder. Por ello, un escenario de conflicto, como han sostenido diversos analistas, serviría de contexto para declarar un estado de emergencia que le permita al Gobierno postergar las elecciones. “Esto es un asunto más de política interna que externa, porque en seis meses no va a tener una decisión en la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo, lo que sí van a tener son las elecciones. En vista del fracaso que ha tenido el referéndum, pueden usarlo con fines diferentes a la defensa de la soberanía”, agrega Daniels. Este referéndum también ha puesto a prueba a las nuevas autoridades del CNE, cambiadas intempestivamente en agosto, sacrificando la conformación más plural que se había logrado en mucho tiempo, producto de las negociaciones. Son las autoridades que en un primer boletín la noche del domingo hablaron de una “abrumadora victoria” con 10,5 millones de votos que iría en aumento porque pasadas las 10 de la noche aseguró que todavía seguían votando los venezolanos. Las mismas que horas después, en declaraciones de Amoroso, han aclarado que fueron 10.431.907 venezolanos los que votaron, una diferencia que aviva la desconfianza que han tenido sectores opositores sobre la credibilidad de la institución que ahora tiene la tarea de organizar las presidenciales de 2024. Una discrepancia que también que se estrella contra el histórico del partido de Gobierno que nunca ha sacado más 10 millones de votos y que tampoco logró, en este caso, la esperada fotografía de las filas de

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Colombia deja en firme el impuesto a las grandes plataformas tecnológicas

El País .- La medida fiscal impone el 10% sobre la renta a empresas con beneficios millonarios como Google, Meta, Youtube o Amazon. El cobro entrará en vigencia en enero de 2024 La reforma tributaria del presidente Petro sigue su curso. Tras entrar en vigencia a principios de este año, ahora suma a su andamiaje el llamado impuesto a Internet, contemplado en el proyecto original aprobado por el Congreso en noviembre de 2022. Para ello, el Gobierno firmó este lunes un decreto que impone a partir de enero una tasa de retención del 10% sobre la renta para las plataformas digitales que facturen en Colombia con ingresos brutos por operaciones superiores a los 1.327 millones de pesos. A saber: Google, Meta (Facebook e Instagram), Youtube o Amazon. Se trata, en realidad, de una medida fiscal que ya se venía cociendo desde el Gobierno anterior. En sintonía con los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia forma parte, el objetivo trazado por la Administración del conservador Iván Duque buscaba un acuerdo coordinado con los demás países socios para establecer una tasa digital común gradual que llegara al 25% o 26%. Sin embargo, con el ascenso del progresismo al poder, se optó por cambiar la línea de trabajo y desmarcarse del canal del organismo multilateral. La nueva medida fiscal, que estaba pendiente de detalles operativos para ser aprobada, plantea algunos desafíos presupuestales para las empresas de servicios digitales cuyos ingresos de publicidad se trasvasan a otros países con amplios beneficios tributarios. El impuesto a Internet, además, se suma al impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 19% que ya gravaba a este tipo de servicios prestados por corporaciones extranjeras en Colombia. No obstante, Luis Sánchez, socio de impuestos internacionales en la consultora Ernst & Young, puntualiza que las tecnológicas tendrán una opción alterna: “La ley permite que las compañías extranjeras se registren en el Registro Único Tributario (RUT) colombiano y declaren renta en el país”. Una fórmula legal que reduciría la tasa del 10% al 3% sobre los ingresos brutos obtenidos en Colombia: “Es una asimetría y sospecho que la mayoría de empresas, dependiendo del tamaño de su mercado en Colombia y del número de transacciones, se empezará a registrar en suelo colombiano”, agrega Sánchez. Otro de los parámetros incluidos en el decreto para discernir si el impuesto alcanza a uno u otro negocio es el número de clientes o suscriptores. Se ha estipulado que una plataforma con más de 300.000 abonados a un servicio de streaming, por citar un ejemplo, ya cumple con los requisitos de “presencia económica significativa” para ser incluidos dentro del nuevo marco legal. También si un negocio utiliza una dirección web o un dominio colombiano. El exviceministro de Conectividad del Gobierno Duque, Sergio Valdés, considera que, si bien se trata de un primer paso positivo, el impacto en términos de recaudación será limitado: “La presencia de este tipo de multinacionales a escala local es aún muy pequeña. Su participación por ingresos a mayor escala se canaliza a través de mercados internacionales más grandes. Cuando tú compras en Amazon, o compras publicidad a Google o a Netflix, en realidad estás pagando a una plataforma internacional. Entonces, cuando vas a ver los estados financieros de sus sucursales en Colombia, presentan ingresos muy chiquitos”. Desde la operación de Google en Colombia se han limitado a informar que están “analizando el contenido del decreto para seguir respondiendo de acuerdo a los lineamientos legales”. Una postura recatada y en línea con la política de una empresa que desde hace años está bajo la lupa de las autoridades de Hacienda en medio mundo por un modelo negocios digitales que establecen sus sedes financieras en islas o países como Luxemburgo con tasas impositivas muy bajas y no en los lugares donde venden o producen. Los expertos advierten desde ya un alza en las tarifas de marcas como la plataforma de música Spotify, las de películas Netflix y HBO o de retransmisión de videojuegos en directo Twitch, entre otras. “Sin duda”, señala Sergio Valdés, “todo costo añadido que se le genere al servicio te lo cobran posteriormente en la factura para mantener sus ingresos”. Y añade: “Es probable que, si el Gobierno hubiera continuado trabajando de forma unificada con la OCDE, se habría podido aspirar a un recaudo más grande. Ya hemos visto que los países que trabajan de forma unilateral, como Argentina, tienen menor capacidad de incidencia para imponer sus criterios fiscales”. Galé Mallol, presidente de la Asociación de Tecnologías y las Comunicaciones, recuerda en todo caso que se trata de un camino que se abre en la evolución de las economías digitales. Y una oportunidad para avanzar en nuevos “procesos que sirvan de apalancamiento y ayuden no solo a la sana competencia sino al desarrollo de los países y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos donde se lucran estas plataformas con su operación”.

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La Justicia argentina ordena reabrir la investigación contra Cristina Kirchner en la ‘Ruta del dinero K’

El País .- La Cámara Federal de Buenos Aires anula el sobreseimiento dispuesto por un juez de primera instancia en una causa por presunto blanqueo de capitales A menos de dos semanas para la asunción del nuevo Gobierno de Argentina, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió este martes un nuevo revés judicial. La Cámara Federal de Buenos Aires, un tribunal de segunda instancia, ordenó reabrir la investigación contra Kirchner en la conocida como ‘Ruta del dinero K’, iniciada diez años atrás. Esta causa, centrada en maniobras de lavado de dinero por las que el empresario Lázaro Báez fue condenado en 2021 a doce años de cárcel, había sido cerrada en junio por falta de acusadores. La Cámara decidió revocar el sobreseimiento dictado entonces por el juez Sebastián Casanello, cuando rechazó como querellante a la asociación civil Bases Republicanas, una ONG cercana al macrismo. La orden de reabrir la investigación fue una decisión dividida. El juez Eduardo Farah votó en minoría por considerar que la ONG no era “una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa” y por tanto no podía hacerse lugar a su petición. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, en cambio, consideraron que sí era pertinente. “Los argumentos expuestos por los querellantes en el recurso resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”, manifestó el juez Llorens en el fallo. Bases Republicanas decidió presentarse como querellante ante la Justicia después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Fisco argentino (Afip) desistiesen de la acusación contra Kirchner. Los organismos estatales se retiraron tras un dictamen adverso de la Fiscalía en el que señalaba que la relación entre Kirchner y Báez no era suficiente para probar la participación de la dirigente en las operaciones de lavado de activos investigadas. El juez Casanello rechazó esta ONG como querellante, pero la Cámara la aprobó. La causa comenzó en 2013 y gran parte de la investigación ya se debatió en juicio. En 2021, la Justicia encontró culpable a Báez de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Báez era entonces dueño de Austral Construcción, una empresa con sede en Santa Cruz, la provincia que fue bastión político del kirchnerismo, que lo convirtió en millonario gracias a jugosos contratos estatales. Un tribunal superior confirmó la culpabilidad de Báez pero rebajó la pena a diez años. La Justicia condenó también por esta causa a los hijos de Báez, al arrepentido Leo Fariña y a un grupo de financistas. La investigación contra Kirchner por su supuesta vinculación a esas maniobras de lavado, en cambio, nunca prosperó. “No tuve que ver con estas maniobras, ni directa ni indirectamente”, se defendió la expresidenta argentina (2007-2015) cuando fue citada a declarar. En su dictamen, la Fiscalía destacó que era innegable que Kirchner y Báez tenían una “estrecha y directa relación personal”, pero consideró que eso no alcanzaba para mantener la acusación contra ella. Ahora, la investigación contra Kirchner deberá volver a empezar. Los nuevos aires políticos que soplan en Argentina han llegado a la Justicia, que suele acomodarse a ellos con rapidez. El fallo de este jueves es el segundo revés que recibe la vicepresidenta en dos meses desde los tribunales. En septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal, el último tribunal antes de la Corte Suprema, resolvió también revocar el sobreseimiento de la expresidenta (2007-2015) en otros dos casos: uno por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de una inmobiliaria familiar y de la empresa administradora de sus hoteles en la Patagonia, archivada en noviembre de 2021; y otro en el que se la acusa de encubrir a los iraníes acusados de ser los autores ideológicos del atentado contra la mutual israelita en Buenos Aires (AMIA), que dejó 84 muertos en 1994. Un tribunal oral había cerrado esta causa en octubre de 2021 por no hallar un delito. A partir del próximo 10 de diciembre, Cristina Kirchner, de 70 años, no ocupará ningún cargo público ni dispondrá de la inmunidad de la que gozaba hasta ahora como vicepresidenta. Sin embargo, ninguna de las causas abiertas contra ella está firme. La más avanzada es la conocida como Vialidad, en la que hace un año fue condenada a seis años de cárcel por fraude al Estado. En el fallo, que ya ha sido apelado, el tribunal sostuvo haber encontrado certezas de “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. Según el fiscal Diego Luciani, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1.000 millones de dólares a través de irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz. La otra gran causa contra la expresidenta es la conocida como Cuadernos de la corrupción, basada en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, quien fue funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo. La expresidenta está procesada como presunta jefa de una asociación ilícita. Aun si decide mantenerse alejada de la vida política de Argentina, el frente judicial augura que los focos seguirán puestos en Kirchner en los próximos años.

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Una semana de retrasos y más de 80 mil pasajeros afectados en El Dorado de Bogotá

El País .- El 60% de las horas para la operación de los vuelos está saturado en el aeropuerto de la capital colombiana y plantea más de un interrogante de cara a la temporada de vacaciones de fin de año La Aerocivil se anticipó a la cascada de retrasos que se avecinaban en el aeropuerto El Dorado de Bogotá e informó a principios de la semana pasada que los vientos cruzados de temporada estarían entre las causas. Un análisis independiente ha evidenciado, sin embargo, que el atasco es más profundo. Viene cocinándose desde hace años. Y las víctimas son los pasajeros, en su gran mayoría desinformados de que detrás de las demoras se halla una saturación del 60% por hora en la operación de los vuelos. Brevemente: durante 15 horas al día, el número de aviones operando excede la capacidad de gestión del mayor terminal del país. Más de 80.000 pasajeros se han visto afectados desde el pasado fin de semana. La Asociación Colombiana de Controladores Aéreos (ACDETA) ha señalado que tras las causas se halla un déficit de controladores. Pero los observadores aseguran que este es uno más, entre una sumatoria de problemas. Un informe de la Aerocivil estipulaba desde 2019 la necesidad de duplicar cuanto antes el personal existente. De igual forma, las fuentes consultadas matizan o descartan los argumentos meteorológicos, relacionados con la escasa visibilidad por el exceso de neblina y los cambios en la dirección y velocidad de los vientos. Lo cierto es que tras la desafección del gremio de controladores, aseguran fuentes del sector, se halla el pulso con el Gobierno para frenar un concurso por mérito que está en marcha para formalizar 900 puestos de trabajo que se hallaban con contratos provisionales. Una medida oficial, aplazada durante años, para ajustar y nivelar los requisitos en uno los departamentos más sensibles de la operación aérea. Pero desde ACDETA han etiquetado la situación de “masacre laboral”. La saturación actual en el terminal de la capital ha significado jornadas de trabajo más extensas y una adversidad añadida para esta historia. El experto Lucas Rodríguez afirma que la seguridad de los viajeros está por fuera de todo riesgo. Sin embargo, sí le inquieta el funcionamiento de un terminal que acoge al 65% de los viajeros que transitan hacia otro destino o aterrizan en el país. Una amalgama de inconvenientes que se podrían ver acentuados en diciembre con la llegada de la temporada de vacaciones. Si a todo lo anterior se le suma el año turbulento, con la quiebra de Viva y Ultra a cuestas, la intervención por parte de las autoridades no da más espera para destrabar el horizonte y estimular la llegada de nuevas líneas, de negocios o inversión extranjera, asegura la analista Claudia Velásquez. Mientras el número de pasajeros movilizados en Colombia se cuadriplicó en los últimos 15 años, la plantilla de la Aeronáutica, encargada de dirigir, planificar y operar los servicios aeroportuarios en Colombia, a duras penas aumentó. Además, de acuerdo con la firma australiana S Money, El Dorado es el más congestionado del mundo con una huella de 14,53 pasajeros por metro cuadrado. Y en 2022 encabezó el escalafón en tráfico aéreo en Latinoamérica con 35 millones de pasajeros recibidos. “¿Qué ha cambiado?”, se pregunta Lucas Rodríguez, “la respuesta es nada, o muy poco, y la culpa es de Santos, de Duque y de Petro. De todos. El aeropuerto tiene la capacidad para operar 74 operaciones por hora y hay que aumentarla cuanto antes porque lo demás son pañitos de agua tibia”. Las cancelaciones para los miles de viajeros ya suponen afectaciones económicas importantes. En el caso de Avianca, esta semana se han reportado más de 400 retrasos en rutas nacionales e internacionales. Unos 64.000 pasajeros han sido afectados por cambios en sus itinerarios, y 66 vuelos han sido cancelados. Por el lado de Latam hubo 11 vuelos cancelados hasta el jueves y unas 70 mil operaciones sufrieron algún atraso. El día más complejo fue el pasado miércoles, cuando el aeropuerto debió ser cerrado entre 5 y 7 de la mañana. “La aeronáutica tendría que explicar mejor por qué, teniendo una pista con categoría 3, no ha podido manejar normalmente el tráfico”, argumenta el exdirector de la Aerocivil Santiago Castro. Para Castro los únicos factores que justifican la situación sería “la aparición recurrente de vientos muy fuertes o tormentas eléctricas e inclusive así el aeropuerto está equipado para funcionar”. En opinión de Claudia Velásquez se trata, en realidad, de un “tema tecnológico, de capacitación de los controladores, de viejas rencillas sindicales. Un tema de articulación de toda la cadena de la comunidad del aeropuerto que permita operar con sincronía y eficiencia”. Según la experta, El Dorado está en capacidad de ensanchar la operación por hora hasta los 150-200 vuelos: “Las aerolíneas, de hecho, están demandado más participación en el mercado. Sobre todo, las internacionales. La Aeronáutica debería pensar ya en un plan de contingencia para incrementar la operación y minimizar el impacto sobre los viajeros aquejados por contingencias inevitables como los vientos o la neblina”, agrega. Paula Cortés, presidenta de Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, concluye con un llamado a la Aerocivil y al Gobierno para que “mantengan el control” de una situación que “nos preocupa y hace más difícil la labor de las agencias en la reacomodación de pasajeros”.

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La caída de Danilo Rueda pone en alerta al resto de ministros: “Nadie es intocable”

El País .- El presidente Gustavo Petro quiere resultados en el corto plazo y para ello no dudará en prescindir de quien sea necesario “Nadie es intocable”, desliza una fuente de la Casa de Nariño, la residencia presidencial de Colombia. Gustavo Petro quiere resultados en el corto plazo que saquen del letargo a su Gobierno y para ello no dudará en prescindir de quien sea necesario, como ha sido el caso de Danilo Rueda, el comisionado de Paz al que ha destituido de la noche a la mañana y sin mayor consideración. Los miembros del Gabinete saben que, llegados a este punto, ninguno es indispensable. El presidente, insisten estas mismas fuentes, considera que todo marcha muy despacio y que ya ha dado demasiado tiempo a algunos proyectos que no terminan de arrancar. El ministro que no cumpla con esos plazos tendrá los días contados. Petro tiene fama de cortar cabezas sin miramientos desde su época como alcalde de Bogotá, entre 2012 y 2015. Era común que provocara crisis en su Administración que concluían en cambio de nombres en los cargos más relevantes. Los que le conocen señalan que puede tener paciencia, pero que de repente, de un momento a otro, se le puede agotar y actuar de manera tajante. El caso de Rueda sirve como ejemplo al resto de funcionarios. En las últimas semanas ha habido rumores de cambios de ministros y de asesores muy cercanos, pero por ahora no son más que eso, conversaciones en voz baja en Palacio. Sin embargo, todo el mundo está alerta. “Al presidente le trasnocha no conseguir resultados en breve”, añaden. Hay varias señales de que la destitución de Danilo Rueda sorprendió a los involucrados, a pesar de que el alto comisionado había sufrido un evidente desgaste e incluso había congresistas que pedían insistentemente su renuncia. La decisión no se había comentado en sus círculos cercanos. La Oficina del Alto Comisionado de Paz incluso había convocado para este jueves una rueda de prensa que debió cancelar después del mensaje del mandatario. Más allá del escueto trino presidencial, en Casa de Nariño guardan como un secreto qué fue lo que detonó, la razón última, el despido de Rueda. En el Gobierno de la paz total, que implica dialogar en simultáneo con todos los grupos armados, la posición del comisionado cobra una enorme relevancia. Es la política bandera del presidente, para bien o para mal. Danilo Rueda impregnó el cargo con su personalidad. Sus críticos apuntan que solía caer en la improvisación en una posición que requiere estrategia. En el camino, tuvo fricciones en varios momentos con el ministro de Defensa, Iván Velásquez. En especial en torno a las negociaciones con las disidencias del llamado Estado Mayor Central. Incluso sostuvieron un tira y afloja sobre la presencia de militares en el corregimiento de El Plateado, un pueblo del cañón del río Micay, en el Cauca, donde operan los disidentes. También se mostró desarticulado con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ante la necesidad de un marco jurídico para el sometimiento de los grupos que no tienen un estatus político (y del cual todavía carece la paz total). Todas esas escaramuzas pudieron haberle hecho tambalear. Más allá de los desencuentros en el alto Gobierno, la salida de Rueda, que por momentos parecía omnipresente, implica un remezón considerable y ha puesto a todos los ministros en alerta. Sienten sus cargos amenazados. Petro se ha caracterizado desde sus tiempos como alcalde por ser inescrutable en cada ocasión en que decidió sacudir su equipo. En la Presidencia no ha sido diferente. En el año y medio en el poder, el presidente ya ha tenido dos grandes crisis de gabinete, y otros relevos a cuentagotas. Ya suma 30 ministros, alguna cartera ya ha tenido hasta tres encargados, y solo quedan siete de los 18 ministros originales (en Exteriores, Defensa, Justicia, Trabajo, Ambiente, Vivienda y Comercio). Desde que cumplió un año en el poder, el pasado agosto, no había hecho hasta ahora nuevos ajustes. Varios ministerios arrastran desgaste en la opinión pública, entre ellos algunos de los más codiciados. Como Interior, la cartera más política, en la que Luis Fernando Velasco no ha podido mejorar ostensiblemente la relación con el Congreso que tuvo Alfonso Prada. Defensa, un sector siempre neurálgico para un país que no consigue pasar la página del conflicto armado, con el ministro Velásquez en la diana de la oposición. O la Cancillería, con un Álvaro Leyva eclipsado por la diplomacia presidencial a punta de trinos a la que Petro suele recurrir. Junto a Interior, Defensa y Exteriores, la columna vertebral del Gobierno la completa el ministerio de Hacienda, que permanece en manos de Ricardo Bonilla, quien ya había sido muy cercano a Petro en tiempos de la Alcaldía. Por ahora, las carteras más determinantes se mantienen en manos de los sectores más afines. Pero nadie está a salvo. Las especulaciones acerca de los ajustes del equipo de ministros ―que en Colombia se conocen coloquialmente como gabinetología― vienen desde hace meses. Rueda puede ser el preludio en un momento de expectativa sobre una apertura que incluya a otros sectores políticos, el acuerdo nacional que Petro suele invocar. El Ejecutivo ha entablado conversaciones para armar (o rearmar, en realidad) una coalición más amplia que le permita tramitar una agenda legislativa que incluye reformas que enfrentan muchas resistencias, en especial la que afecta a la salud. Esta semana, Petro sostuvo dos reuniones clave que mostraron un talante más conciliador, una con los grandes empresarios y otra con el expresidente Álvaro Uribe. “No más sonajeros errados”, trinó el propio Petro este jueves al replicar una información que sostenía que Iván Velásquez dejaría su cargo. Para más de un observador, al mandatario le ha llegado el momento de relanzar su Gobierno. Con sus reformas atascadas en el Congreso, el revés en las elecciones regionales de octubre fresco y su popularidad alicaída, el Ejecutivo está en búsqueda de la gobernabilidad extraviada. La esperada remodelación del Gabinete para encarar la crisis refrendada en los comicios, aunque el presidente reniegue de los números de

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Alberto Fernández: “No supimos sintonizar con la sociedad argentina”

El País .- El presidente de Argentina recibe a EL PAÍS a menos de tres semanas de entregar el poder al ultraderechista Javier Milei El peronista Alberto Fernández (Buenos Aires, 64 años) entregará en el 10 de diciembre el bastón de mando a su sucesor en la Presidencia de Argentina, el ultra Javier Milei. Ha estado al frente del país durante cuatro años convulsos, marcados por la pandemia de la covid-19, la ruptura con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y una economía endeudada, sin reservas y con una inflación de más del 140%. “Fue un momento muy difícil el que me tocó vivir”, asegura Fernández al hacer balance de su gestión, sin esquivar la responsabilidad de su Gobierno por no haber logrado “sintonizar con la sociedad argentina” y abrir la puerta al ascenso de la ultraderecha. Le cuesta incluso encontrar un día feliz a lo largo de su mandato. Recibe a EL PAÍS en su despacho de la Casa Rosada, la sede del Gobierno argentino, donde ya ha comenzado la mudanza. Aún cuelgan de las paredes los cuadros de los grandes próceres del país sudamericano con los que reemplazó los de arte contemporáneo que había elegido su predecesor, el liberal Mauricio Macri. Pregunta. ¿Cómo fue la reunión que mantuvo el martes con Javier Milei? Respuesta. Fue una reunión de tipo institucional. Busqué sacarle dramatismo a una reunión institucional donde una fuerza política deja el poder y otra fuerza política se hace cargo. Fue una charla cordial, donde claramente no pensamos igual pero pudimos escucharnos. P. Lo que él propone son medidas muy radicales. Dada su experiencia, ¿qué posibilidades tiene de llevarlas a cabo? R. Él básicamente entiende que todo el problema se concentra en el déficit fiscal, que hay que bajarlo drásticamente, que para eso hay que dejar de hacer obra pública, de invertir en educación y en salud y, si no alcanza el dinero, hay que vender las empresas del Estado. Esto es menemismo puro. Él reivindica mucho a [Carlos] Menem (1989-1999). Nosotros ese tiempo ya lo hemos vivido y las consecuencias no fueron buenas. P. ¿Por qué tanta gente está dispuesta a dejar pasar la experiencia menemista de los noventa? R. Hay motivos que tienen que ver con el presente. El proceso inflacionario que estamos viviendo lastima el bolsillo de la gente y enoja mucho. Puedo entender que mucha gente, en ese enojo, votase lo contrario a los que estaba sin entender qué significaba. P. ¿Por qué están tan enojados los argentinos? R. Porque este presente es muy difícil. La Argentina este año perdió 23.000 millones de dólares como consecuencia de la sequía. Los precios en la Argentina se vinculan al dólar y si faltan dólares eso se traslada a los precios de todos los bienes y servicios. El proceso inflacionario es muy nefasto. P. ¿Se podría haber hecho otra cosa para evitar llegar a esto? R. Faltándote 23.000 millones de dólares no se puede hacer nada. Es como si te quitaran de tu sueldo el 30%, es muy difícil poder hacer algo. P. Había un lugar común en la política de Argentina que decía que el peronismo era una vacuna contra el surgimiento de figura disruptivas como Fujimori o Bolsonaro. La llegada de Milei parece decir que el peronismo ha perdido esa capacidad…. R. (interrumpe) Son fenómenos post pandemia. La pandemia ha dejado efectos psicológicos en la sociedad muy difíciles. Hemos visto morir 15 millones de personas y en ese ese momento tan trágico la derecha de todo el mundo se fortaleció, también en Argentina. P. Pero en Argentina no fue la derecha tradicional la que se fortaleció, porque surgió un personaje distinto. R. Acá la derecha se llama antiperonismo y el antiperonismo tiene aproximadamente el 40 de los votos. Esta vez llegó a 55%. P. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que había que crear nuevas canciones para el peronismo. ¿Cuál sería ese nueva canción, tras la derrota? R. Me preguntaron si me sentía responsable de la derrota y lo que creo que acá no hay que buscar un responsable. Está claro que el que gobierna tiene una responsabilidad en todo esto. Está claro que hubo algo que no supimos sintonizar con la sociedad e hizo que la sociedad no nos acompañe. Tenemos que tener un sincero debate, que no es un debate contra nadie. Acá todo el mundo está pendiente si yo la trató mal a Cristina, si Cristina me trata mal a mí. P. O si no la trata. R. Sí, pero el problema que yo tengo no es Cristina, es la derecha. Algunos se ofenden más, se ofenden menos, por algo que uno dice tratando de explicar una situación, pero el verdadero problema lo tenemos ahí. Ya habrá un momento para que podamos juntarnos todos y decir qué salió mal, qué hicimos mal, qué fue lo que no pudimos sintonizar con la sociedad argentina, en qué fallamos. P. ¿Cuál es su hipótesis sobre por qué fallaron? R. Una primera hipótesis es que tuvimos demasiado debate público interno. También que el año de la sequía fue un año catastrófico para la economía argentina. Dejemos claro que en 2021 y 2022, Argentina creció 16 puntos y los salarios empezaron a recuperarse, pero vino la sequía y nos arruinó todo todos los planes. En 2022 sobrecumplimos las metas con el FMI, pero en 2023 se nos hizo imposible. P. Argentina ya arrastraba una crisis política previa a la sequía, al menos desde el rechazo del kirchnerismo al acuerdo fue firmó con el FMI. R. Eso es parte de los debates internos. P. Fueron más que debates, hubo una ruptura interna. R. No fue ruptura, porque siempre preservé la unidad y todos hicimos esfuerzos para preservarla. Lo peor que nos puede pasar es que nos rompamos. Estamos en un momento muy doloroso y si hablamos llenos de este dolor es muy posible que lastimemos a otros y a nuestra fuerza. Yo no quiero romper nada, yo quiero unir. P. El expresidente Macri, como aliado de Milei, ha dicho que en la calle enfrentar a los orcos que se opongan a las medidas del nuevo Gobierno. ¿Qué piensa? R. Verifica una vez más que es un caradura. Macri debería llamarse

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Javier Milei elige a Patricia Bullrich como su ministra de Seguridad y sella la alianza con la derecha tradicional

El País .- La excandidata presidencial asumirá la misma cartera que ocupó durante el Gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 Patricia Bullrich, el halcón de la derecha tradicional argentina que se quedó en el camino a la presidencia ante el auge de la ultraderecha, será la ministra de Seguridad del Javier Milei. La excandidata presidencial, que quedó tercera en la primera vuelta del pasado 22 de octubre, había dejado atrás los insultos de Milei para apoyarle en el balotaje para desbancar al peronismo. Milei arrasó con las elecciones el pasado domingo con el 56% de los votos y le ofreció el cargo este jueves, según han confirmado fuentes del partido del ultraderechista a EL PAÍS. Bullrich repetirá el cargo que ya ejerció durante el Gobierno del liberal Mauricio Macri entre 2015 y 2019, y sella la influencia que se ha ganado el expresidente en el Gobierno que asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre. Bullrich y Milei mantuvieron una larga batalla de acusaciones cruzadas durante la campaña. Milei había llegado a calificar a Bullrich de “su segunda marca” después de que esta ganara la candidatura de su partido imponiéndose ante el sector moderado de la alianza electoral de centroderecha que la aupó, Juntos por el Cambio. Bullrich, que intentó retratarse como una opción de “cambio responsable” ante el histriónico Milei, llegó a denunciarle ante la Justicia después de que el ultra la acusara de “terrorista” y de “tirar bombas en jardines de infantes” durante su militancia juvenil en Montoneros, el grupo guerrillero del peronismo de los setenta. Todo quedó enterrado tras la primera vuelta. Bullrich llamó a una conferencia de prensa tres días después de quedar eliminada de la carrera el pasado 22 de octubre y anunció su apoyo a Milei por “la obligación de no ser neutrales” ante un peronismo que había remontado para pelear la elección definitiva contra Milei. “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido”, anunció entonces Bullrich, e implosionó la alianza electoral del centro a la derecha que se había conformado como el gran contrapeso del peronismo desde que llevó a Macri al poder en 2015. Bullrich y Milei compartían más que el antiperonismo. Una de las mujeres más fuertes del Gobierno de Macri, Bullrich hizo campaña prometiendo bajar la edad de imputabilidad, reformar el Código Penal para incorporar un régimen especial de legítima defensa para uniformados y prisiones de máxima seguridad. Se impuso ante el moderado Horacio Rodríguez Larreta, alcalde saliente de la ciudad de Buenos Aires y antiguo delfín de Macri, cuyo discurso de diálogo y de generar consensos entre todos los sectores políticos no encendió pasiones en campaña. Como ministra, Bullrich encendió polémicas por la defensa de policías acusados de excesos y por la represión de las protestas. Solía vestirse de militar e inundaba las redes sociales con vídeos en los que incautaba alijos de drogas, levantaba piquetes de protesta o detenía delincuentes. Pese a la polémica, sobrevivió durante todo el mandato de Macri en una de las carteras más convulsas de un Gobierno argentino. Ahora, con Milei y Macri aliados para gobernar desde el próximo 10 de diciembre, Bullrich repetirá el cargo. El nuevo presidente ha prometido un ajuste del gasto público “sin gradualismo ni tibieza” y mano dura a quien se oponga. Tendrá un alfil dispuesto a dar la batalla. El posible ministro de Economía, otro hombre de Macri El presidente electo todavía no ha designado a los responsables del equipo que acapara todas las miradas, el de su ministerio de Economía. Pero este jueves, en medio de las negociaciones entre Milei y los antiguos funcionarios del macrismo, el principal candidato ha sido apuntado: Luis Caputo, que fue secretario de Finanzas y presidente del Banco Central durante el Gobierno de Mauricio Macri. El “Messi de las finanzas”, como lo describió en su momento Macri, fue uno de los creadores del préstamo con el Fondo Monetario Internacional que Argentina paga desde 2018. Caputo se formó en Wall Street, trabajó en JP Morgan y el Deutsche Bank, y es considerado un hábil negociador con excelentes relaciones con los mercados. “Es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, sin lugar a dudas”, le elogió Milei el miércoles por la noche, en una de las entrevistas televisivas que da a diario desde que es presidente electo. Su posible designación amenaza con abrir grietas entre los primeros colaboradores del presidente electo, que de confirmarlo tendría dos de las carteras más importantes a cargo de la vieja política que juró destruir. El rumor ya ha ahuyentado a uno de sus principales referentes económicos: Emilio Ocampo, ideólogo de la dolarización que Milei agitó en campaña, ya no será el presidente del Banco Central, cargo que Milei le había adjudicado con el fin de “cerrarlo” durante su Gobierno.

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El fútbol entra en la campaña electoral argentina incendiado por una propuesta de Milei

El País .- El candidato de ultraderecha quiere abrir los clubes profesionales al capital privado Rasgo indisociable de la cultura argentina, el fútbol se zambulló en la campaña para la segunda vuelta electoral que este domingo definirá al presidente entre el peronista Sergio Massa y ultraderechista Javier Milei. La propuesta de este último de transformar los clubes en sociedades anónimas ha incendiado el sector de tal manera que los afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salieron abiertamente en contra del candidato libertario. En el caso de los jugadores, prácticamente todos han optado por el silencio. A diferencia de lo ocurrido en Brasil, donde en 2022 Neymar, Ronaldinho, Rivaldo y otras estrellas brasileñas anunciaron sus preferencias por Jair Bolsonaro o por Luiz Inácio Lula da Silva, solo un jugador de primera división se ha pronunciado públicamente a favor de un candidato. Aunque se trate de un asunto menor en comparación a los puntos más disruptivos de la campaña de Milei, como el negacionismo del terrorismo de Estado de la dictadura, la regulación de los mercados de armas y de órganos, la dolarización de la economía o la ruptura con el Vaticano y las economías chinas y brasileñas, el anuncio de un cambio drástico para la estructura de los clubes del fútbol profesional ha levantado ampollas. De convertirse este domingo en presidente, Milei anticipó que promocionará la llegada de las sociedades anónimas para las instituciones deportivas, un modelo de capitales privados que está prohibido por ley en Argentina, donde los clubes funcionan desde hace más de 100 años como sociedades civiles sin fines de lucro y son administrados por dirigentes electos a través del voto de sus socios. “A mí me gusta el modelo inglés, las sociedades anónimas, clubes que cotizan en Bolsa”, declaró Milei en octubre de 2022, cuando su fuerza política, La Libertad Avanza, parecía lejos de la Presidencia y faltaban dos meses para que la Albiceleste ganara el Mundial de Qatar. “Boca podría ser comprado por capitales árabes o River por capitales franceses. ¿Qué carajo te importa de quién es [el club] si le ganás 5 a 0 a River y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria, en este fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos de Argentina?”, dijo. Milei insistió esta semana con el modelo privatizador. “¿Por qué restringir la posibilidad de tener clubes que sean sociedades anónimas? ¿Qué pasa si alguien quiere que su club sea como el Manchester City? ¿Cuál es el problema? ¿En qué afecta a las otras instituciones?”, repitió el candidato libertario en las horas previas a la segunda vuelta. Sin embargo, en sintonía con el intento de moderación que mostró en las últimas semanas para sus propuestas más extremas, esta vez matizó: “Los clubes [también] pueden seguir como están ahora, sin problema. ¿Pero tiene que haber un sólo esquema de estructura societaria?”. La respuesta de los clubes fue lapidaria contra Milei. En gran parte por su característica histórica de no permitir capitales privados, pero también orientada por la cúpula de la AFA, que mantiene buena relación con Massa, que además de candidato y ministro es desde hace 20 años dirigente del club Tigre, de Primera División y con sede en la ciudad de ese nombre, vecina de Buenos Aires. Desde River Plate y Boca Juniors hasta los equipos más humildes del Ascenso, más de 100 clubes se pronunciaron en sus redes sociales en oposición a las sociedades anónimas, lo que en la práctica significaba un claro posicionamiento en contra del candidato libertario y de su nuevo socio político, Mauricio Macri, el expresidente de Argentina y de Boca que también aboga por la llegada de capitales privados. “Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de asociación civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande”, publicó la cuenta oficial. “Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino. El Club Atlético River Plate es una asociación civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y socias, que son el sustento de estos 122 años de grandeza”, coincidió su clásico rival. Los clubes, que en Argentina no son únicamente equipos de fútbol –también ofrecen espacios para diversas actividades deportivas y conforman un tejido social en medio de la crisis económica–, concentran a multitudes no sólo los días de partido. Los 28 equipos que participan en la Liga Profesional suman 1,5 millones de asociados, el 3% de los 46 millones de la población argentina, un porcentaje que no incluye al resto de los simpatizantes que también son hinchas de los distintos equipos pero sin pagar la cuota mensual. Sin empresas privadas a cargo de los clubes, la Liga Argentina de Primera División y de las categorías del Ascenso es un caso atípico dentro del mapamundi del fútbol. En Sudamérica, sólo Ecuador y Paraguay repiten este patrón. En el resto de los torneos del subcontinente conviven los dos sistemas, en algunos casos con mayoría de gestión privada y en otros con autonomía. En Brasil, sólo seis de los 20 equipos de Primera División son sociedad anónima, y no los más poderosos. En Chile, la proporción es inversa: apenas dos de los 16 clubes de Primera son corporaciones, es decir clubes según la denominación argentina –el resto pertenece a empresas–. Algo similar ocurre en Colombia: de los 20 clubes de Primera, únicamente dos están por fuera de las sociedades anónimas. En Uruguay, de los 16 equipos de Primera, seis responden a capitales privados. En Perú gana el sistema tradicional: solo cuatro de los 18 participantes de Primera son gestionados por empresas. Pero más allá de la defensa de un modelo que atravesó generaciones de argentinos, que produce orgullo legítimo y que sigue generando buenos resultados –por éxitos deportivos y por generación de futbolistas con talento–, la avalancha de tuits en contra de Milei y de Macri también se

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Colombia solicitará la incorporación de Palestina como miembro pleno ante las Naciones Unidas

El País .- El presidente Gustavo Petro asegura que su país dejará de comprar armas a aquellos Estados que no apoyaron una resolución de la Asamblea General para llamar a un cese al fuego El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no da un paso atrás en su apoyo categórico a la causa palestina. Pese a las críticas de Israel y sectores de la oposición, el mandatario de izquierdas continúa compartiendo sus opiniones sobre la guerra en X —antes Twitter— de manera recurrente. Puede difundir imágenes de una matanza o hacer un llamado a imitar un concierto realizado en Chile para recaudar fondos en apoyo a Palestina. Este lunes festivo, conmemoración de la Independencia de Cartagena, ha sobresalido el anuncio de que su país solicitará ante la ONU la incorporación de Palestina como miembro pleno y que dejará de comprar armas a aquellos Estados que hayan votado en contra o se hayan abstenido en una resolución para ordenar un cese al fuego. “Los países democráticos y progresistas deben luchar por preservar el Derecho Internacional Humanitario para impedir que la barbarie se expanda en el mundo”, ha remarcado el presidente. Al igual que en otras ocasiones, sus declaraciones han estado acompañadas por una publicación de Palestina Hoy, una cuenta con más de medio millón de seguidores que difunde el día a día de la guerra. “La carnicería desatada por [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu en el hospital Al Shifa en Gaza”, ha descrito el mandatario colombiano, en referencia a un video que muestra cadáveres amontonados en el patio del principal complejo sanitario de la Franja. En la publicación que comparte Petro, se denuncia que los francotiradores israelíes impidieron el entierro de los cuerpos en fosas comunes. Israel, por su parte, asegura que no está detrás de los ataques y que el hospital esconde instalaciones estratégicas de Hamás. La causa palestina es una de las que más apasiona a Petro. En 2015, cuando era alcalde de Bogotá, firmó un acuerdo que hermanaba a la capital colombiana con Ramala, su contraparte en un territorio que Colombia recién reconoció como Estado tres años después —fue una de las últimas decisiones del Gobierno de Juan Manuel Santos—. Hace unos meses, en junio, el ahora presidente regañó públicamente a su Cancillería por abstenerse de votar una resolución de la ONU que buscaba mejorar la ayuda en salud en los territorios palestinos. “Es una ignominia contra el pueblo palestino”, bramó respecto a una posición que el Ministerio —siempre más mesurado— tuvo que convertir en un voto a favor. En septiembre, denunció ante la ONU que la comunidad internacional tiene una doble vara para abordar la guerra en Ucrania y el conflicto palestino-israelí. El inicio de la guerra ha puesto a Palestina en el centro de las declaraciones que el presidente realiza a toda hora en X y que caracterizan a sus comunicaciones desde que llegó al poder en agosto de 2022. Los mensajes ya son difíciles de contar y en todos se mantiene el énfasis con el que Petro condena las acciones del Gobierno de Netanyahu en un conflicto que ya contabiliza más de 12.000 muertos —más de 11.200 palestinos y 1.200 israelíes, según cada bando—. En las últimas semanas, además del mensaje de este lunes respecto a la ONU, sobresalió el anuncio de que Colombia abrirá una embajada en Palestina y que apoyará una denuncia por crímenes de lesa humanidad que Argelia presentará contra el primer ministro israelí ante la Corte Penal Internacional. Personas atienden un velatón en apoyo a Palestina, el 17 de octubre en Bogotá (Colombia).IVAN VALENCIA (AP) La oposición e Israel han criticado los mensajes de Petro. Primero, cuestionaron que se negara a repudiar directamente a Hamás tras el ataque del 7 de octubre y que optara por reiterar su postura respecto a que existe una ocupación ilegal en Palestina. Después, la tensión aumentó cuando el presidente comparó la situación con la del campo de concentración de Auschwitz, donde fueron asesinados decenas de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto derivó en que Israel anunciara la suspensión de las exportaciones de equipos de seguridad hacia Colombia y en que Petro amenazara con una ruptura entre ambos países. “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”, dijo el 16 de octubre. El Gobierno de Petro no está solo en América Latina respecto a las críticas a Israel, pese a que el mandatario colombiano suele ser el más enfático. Argentina, México, Chile y Bolivia son algunos de los otros países que han elevado el tono en las últimas semanas para denunciar violaciones al derecho internacional, sobre todo tras el bombardeo de Yabalia. Hace dos semanas, Colombia y Chile llamaron a consultas a sus embajadores, un gesto que se interpreta en las relaciones internacionales como un paso previo a la ruptura. “Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”, dijo Petro en el mensaje en X de ese día. Bolivia, en tanto, ha sido el más radical y ha suspendido sus vínculos diplomáticos. Estado observador en la ONU Palestina tiene la categoría de Estado observador en las Naciones Unidas, al igual que la Ciudad del Vaticano. Una mayoría abrumadora apoyó, en 2012, una solicitud para que la Asamblea General le otorgara esta condición: 138 países se pronunciaron a favor, solo nueve en contra y 41 abstenciones. Palestina obtuvo así la capacidad de pronunciarse en los debates de la Asamblea. Israel y Estados Unidos, por su parte, rechazaron la decisión bajo el argumento de que la membresía en la ONU debe ser parte de negociaciones bilaterales. El problema para Palestina es que está lejos de ser un miembro pleno, con derecho al voto y no solo voz. Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, comenta en un mensaje de audio a este periódico que una petición como la que ha propuesto Petro este jueves es más difícil que la de 2012, que requirió solo de una mayoría simple en la Asamblea. La membresía plena requiere

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Guerra de las papeletas en Argentina: Javier Milei alimenta sin pruebas la hoguera del fraude

El País .- El equipo del candidato de ultraderecha asegura que ha entregado menos boletas de las que le solicitan para evitar que se las rompan La desconfianza de Javier Milei hacia el sistema electoral argentino es total. Sin evidencias legales que lo avalen, el candidato ultra a la presidencia denuncia ante los medios que en las elecciones generales del 22 de octubre hubo irregularidades “que ponen en duda el resultado”. Cuestiona así el segundo lugar que obtuvo con el 30% de los votos, por detrás del peronista Sergio Massa, que rozó el 37%. Con vistas a la batalla decisiva del domingo, Milei alimenta aún más la hoguera del fraude y ha chocado con la justicia electoral por un cambio de dinámica de última hora en los preparativos de los comicios. Su partido, La Libertad Avanza (LLA), ha entregado un número de papeletas muy inferior al previsto por las autoridades electorales en la mayor provincia del país, Buenos Aires. Ante el llamado de atención de la Junta electoral bonaerense, el equipo de Milei confirma que ha decidido retenerlas y distribuirlas a través de sus fiscales para evitar que sean destrozadas. En Argentina cada partido es responsable de la impresión de sus papeletas, pero recibe importantes fondos del Estado argentino para hacerlo. Para la segunda vuelta, la cifra ascendió a 258′3 millones de pesos (unos 706.000 dólares al valor oficial) tanto para Milei como para Massa. Una vez impresas las papeletas, los partidos las envían a la Justicia electoral para que las reparta a través de la empresa estatal de correo y lleguen a cada colegio electoral. El cambio de rumbo tomado por LLA ha encendido las alarmas en la recta final de una tensa campaña. Varios ciudadanos votan en las elecciones generales del 22 de octubre en Tigre provincia de Buenos Aires (Argentina).ENRIQUE GARCÍA MEDINA (EFE) La pelea estalló horas antes del debate televisado entre los candidatos. La Junta electoral bonaerense advirtió que LLA había presentado una cantidad de papeletas “sustancialmente menor” a la sugerida y que había incumplido el reglamento al hacerlo en cajas cerradas de cartón o en bolsas plásticas negras “que dificultan y demoran su control y verificación”. En un comunicado, el organismo subrayó que, en muchos casos, la cantidad de fajos recibidos “no alcanza a cubrir todas las mesas de los municipios que se están procesando para su entrega en el Correo”. Para hacer frente a ese problema, la Junta Electoral señaló que se vio obligada “a sacar fajos de las bolsas de contingencia, o inclusive restarlos de otros municipios de procesamiento posterior, para poder completar las mesas”. Según la Justicia electoral argentina advierte que el partido ha usado una maniobra similar en la capital argentina y en otras provincias, pero a una escala menor que la detectada en la provincia de Buenos Aires. El equipo de Milei contraatacó. Aseguraron que el dinero recibido se destinó a imprimir papeletas, pero que muchas las guardarán ellos hasta el domingo. En su opinión, la única forma que tienen de garantizar que en todas las mesas de votación haya papeletas válidas de LLA es una fiscalización extrema. Si detectan que faltan en algún cuarto oscuro, sus fiscales las repondrán. “Se han impreso muchas boletas más de las que hacen falta, en las elecciones anteriores tuvimos muchas destrozadas y robadas”, dijo la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, tras el debate. “Nos las rompen”, coincidió la diputada electa Lilia Lemoine. El pasado 22 de octubre, Lemoine entabló una larga y tensa discusión con las autoridades de mesa que le querían impugnar el voto al haber salido del cuarto oscuro con un puñado de papeletas rotas de LLA. La provincia más poblada El blanco de los dardos ultras es la provincia de Buenos Aires, escenario de la mayor batalla electoral y el principal bastión del peronismo. Quien gane allí tiene casi asegurada la victoria a nivel nacional por concentrar el 37% del padrón, es decir, 13,1 millones de votantes. El 22 de octubre, Massa obtuvo 4,2 millones de votos, frente a los 2,5 millones obtenidos por Milei. Ambos se disputan ahora el apoyo de la tercera fuerza en esa elección, Juntos por el Cambio, que logró 2,3 millones de votos en Buenos Aires, el 24% del total. El partido de Milei tendría que entregado un fajo de 350 papeletas por cada una de las 38.074 mesas electorales. En muchos casos, no llegaban a las cien. El apoderado de LLA, Santiago Viola, aseguró que el partido no ha incumplido ninguna resolución legal “y ha acompañado boletas para todas las mesas de votación en la cantidad que se estiman necesarias para el inicio de la elección”. Un miembro de una mesa electoral confirma la identidad de un votante el 22 de octubre en Buenos Aires.ENRIQUE GARCÍA MEDINA (EFE) Sus fiscales irán provistos de papeletas y cuando detecten que ya no hay más, las repondrán. “Ejerciendo la libertad de elegir, y a los fines de evitar roturas, robos y sustracción de boletas, como los ocurridos a lo largo y ancho del país en las elecciones anteriores, hemos tomado la decisión de redoblar los esfuerzos a través de nuestros fiscales para que sean ellos quienes cuiden y repongan nuestras boletas cuando sea necesario”, agregó. Las denuncias de irregularidades de LLA se limitan a la esfera pública y no han sido presentadas ante la Justicia. Por ese motivo, su rival peronista cree que se trata de una estrategia parecida a la que ya usó Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil para sembrar dudas en caso de un potencial resultado desfavorable. “Me llama la atención que en la primaria, cuando el resultado favorecía a Milei, no había sospecha y en el balotaje, porque pueden perder, se instala la sospecha”, respondió Massa en una entrevista con EL PAÍS. La segunda vuelta se celebra en vísperas del 40 aniversario del regreso de Argentina a la democracia. La fortaleza del sistema será puesta a prueba.

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