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Ecuador: octubre 11, 2024

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Ecuador, octubre 11, 2024
Ecuador Continental: 12:42
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Endeble paz en Palo Quemado tras enfrentamientos por minería

Una precaria paz reina en la parroquia Palo Quemado, provincia de Cotopaxi. La comuna, donde viven un poco más de 1.000 personas, fue escenario de una violenta disputa hace pocos días, debido a la controversia sobre el proyecto minero La Plata. Los incidentes más fuertes ocurrieron la tarde del martes pasado. Un grupo de comunes se enfrentó a la Policía, quedando como resultado al menos 20 heridos. Adicionalmente, varios gendarmes también quedaron golpeados, mientras que 2 camionetas de la empresa minera fueron incineradas. Palo Quemado está ubicado en el extremo centro-sur del cantón Sigchos, y tiene ocho comunidades indígenas. En una de ellas se hallaron yacimientos de oro, plata, cobre y zinc. La empresa canadiense Atico Mining tiene una concesión minera, para una inversión prevista por 100 millones de dólares. Este proyecto minero depende de la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente. Pero para ello es necesario socializar el proyecto con la comunidad, el cual está paralizado debido a la oposición de un grupo antiminero de la parroquia. Durante el 2023, durante la socialización del proyecto, los técnicos del Ministerio tuvieron que ser resguardados, debido a la gravedad de las protestas. Entre las organizaciones que se oponen a la minería están el Frente Nacional Antiminero, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Ambos grupos denunciaron que el Gobierno militarizó las zonas, donde se realiza el proceso de consulta ambiental. La población está dividida: un sector la apoya, por sus fuentes de empleo, mientras que el otro denuncia que la tierra será infértil para sus cultivos, y que la minería contaminará sus fuentes hídricas.

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Asambleísta Lucía Posso cuestiona subsidio eléctrico para empresas mineras

Dos empresas mineras reciben jugosos subsidios en su consumo eléctrico, pese a que generan fuertes utilidades. Así lo advirtió la asambleísta de AVANZA, Lucía Posso, en diálogo con Carlos Vera, en nuestro programa “Del Día a la Noche”. La legisladora advirtió que, en un país como el Ecuador, afectado por una crisis económica tan grave, no es justo conceder semejante beneficio a dos empresas mineras. Y más aún cuando reportan grandes ganancias. Mientras dichas compañías apenas 5 centavos de dólar por cada kilovatio, al Estado le cuesta entre 45 y 60 centavos, dependiendo si lo genera o si lo compra a Colombia. Posso advirtió que esta es una razón de peso, para que el gobierno busque la forma de focalizar el subsidio, de tal modo que beneficie al sector que realmente lo necesita. La asambleísta precisó que no está en contra de las empresas mineras, y que apoya la inversión privada. Sin embargo, las condiciones del país no permiten regalar subsidios, y menos aún de esos niveles. De ahí que ha solicitado a varias instituciones la información necesaria, para establecer con exactitud a cuánto asciende el beneficio otorgado a las mineras, y evitar que sus dueños busquen la forma de “disfrazar” sus operaciones. Apoyo a fiscal es directo En cuanto a la situación de la fiscal, Diana Salazar, confirmó que, en efecto, no hay votos en la Asamblea para aprobar un pronunciamiento de respaldo. Posso consideró que esa moción dejó de tener importancia, pues el verdadero objetivo ya está logrado: demostrarle a Salazar que cuenta con el apoyo de todos los sectores honestos.

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Conaie apoya protestas en Panamá y exige anular el contrato minero

Primicias .- Las protestas se dan después de que Panamá ratificara el contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización índigena del país, manifestó su apoyo a las protestas que se registran en Panamá, desde hace un mes. Las manifestaciones son contrarias al contrato firmado con una filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM). La Conaie también exhortó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña que lo declare inconstitucional. “Sabemos lo que significa defender la vida y la naturaleza frente al modelo extractivista y depredador”, señaló la Conaie en un comunicado publicado a través de sus canales oficiales. Y exhortó a la Corte Suprema panameña “a tomar decisiones justas y legales, considerando la invalidez del nuevo contrato con Minera Panamá, en defensa de los derechos de las comunidades locales y la preservación ambiental”. La Conaie también expresó su “profunda admiración y respaldo” a los manifestantes que están protagonizando las mayores protestas en décadas en el país centroamericano para librar “una lucha en defensa de su país, especialmente en lo que respecta al corredor biológico”. “La protección del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad son responsabilidades globales y resaltamos la relevancia de la región afectada para el equilibrio climático y biológico del planeta”, concluyó la organización que agrupa a 14 nacionalidades indígenas que habitan el territorio ecuatoriano. Debate de inconstitucionalidad La Corte Suprema de Justicia de Panamá inició, el 24 de noviembre de 2023, una sesión permanente para debatir y analizar las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá. La expectativa en Panamá es máxima ante una posible declaración de inconstitucionalidad que ponga fin a más de un mes de protestas. Durante las manifestaciones ha habido continuos bloqueos en las principales carreteras, lo que ha desencadenado una crisis de abastecimiento, dejando semiparalizado el país. El contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica fue ratificado el 20 de octubre por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, tras ser aprobado de manera exprés en los obligados tres debates parlamentarios.

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Nuevo gobierno debe poner mano firme en minería, señala experto Hernán Poveda

Urge que el futuro gobierno de Daniel Noboa tome medidas, para regular y estimular la actividad minera en Ecuador. Así lo advirtió Hernán Poveda, experto en minas y petróleo, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”. Poveda advirtió que en la actualidad, gran parte de la explotación minera es informal, sin controles ambientales y, en ocasiones, a cargo de bandas criminales. Adicionalmente, debido a la falta de normativas adecuadas, los concesionarios pagan al Estado “al ojo”. Como ejemplo citó las dos grandes compañías que explotan oro, hierro y cobre en la provincia de Zamora Chinchipe. Sus equipos embarcan el material pétreo y lo filtran fuera del país, y a cambio pagan una tasa calculada por la concentración de los minerales, sin saber si corresponde a la realidad. Se calcula que diariamente extraen entre 300 y 1.000 toneladas de material al día, por lo cual resulta casi imposible saber con exactitud si las tasas son justas. Y esta situación se repite en otros lados. Para evitar tales situaciones que perjudican al Estado, dijo, el nuevo gobierno debe implementar el proyecto hidroeléctrico Santiago, que permitirá convertir a Posorja en zona franca. El plan es que en ese lugar se refinen aluminio, hierro y cobre, con lo cual se ganarían impuestos justos y se brindaría trabajo. Poveda lamentó que en el Ecuador reine la informalidad y la minería ilegal, que destruye el medio ambiente y contamina ríos y cerros. De ahí la importancia de reactivar el “catastro minero”, un registro de todas las empresas autorizadas a operar en el país, y que permite aplicar mejores controles.

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43 concesiones mineras en Napo causaron daños ambientales

Primicias .- Según un informe de la Contraloría, por falta de supervisión estatal, 43 concesiones mineras artesanales en Napo causaron daños ambientales. La ausencia de control sobre 43 concesiones mineras artesanales en la provincia de Napo ocasionó problemas ambientales en la zona, según un informe de la Contraloría General del Estado. La Contraloría aprobó el informe del examen especial a la administración, control y seguimiento de concesiones mineras metálicas en Napo, por parte del Ministerio de Energía y Minas, entre enero de 2019 y septiembre de 2022. La auditoría estableció que, debido a la falta de supervisión de las actividades extractivas artesanales de 43 concesiones, no se elaboraron informes técnicos sobre los pasivos ambientales que afectaron el suelo y la flora del lugar. Incumplimientos Según el examen de la Contraloría, 54 titulares mineros no presentaron los formularios de la declaración de impuesto a la renta o de régimen impositivo para microempresas. Además, se identificó que 12 áreas mineras no estuvieron registradas en el Sistema Único de Información Ambiental y 58 no tenían el Certificado de eventual afectación a cuerpos de agua superficial y subterránea. En cuanto a pequeña minería, de 32 concesiones registradas en el Catastro Nacional Minero, la Agencia Regulación y Control Minero (Arcom) no inspeccionó a 16 concesiones y Ministerio de Ambiente a otras 10 concesiones. Sobre las áreas de explotación que sí se inspeccionaron entre 2019 y 2021, en seis casos se informaron novedades, como falta de licencia ambiental, del certificado de eventual afectación a los recursos hídricos y de tratamientos de aguas residuales. Sin sanciones Por otro lado, la ausencia de un especialista económico ocasionó que no se revisen 108 informes de producción, por lo que no se verificaron las inversiones anuales, costos de producción, detalle de ventas de los minerales, inventarios y otros temas. Además, no se inició el proceso administrativo sancionatorio contra 12 concesiones que no presentaron informes de producción entre 2018 y 2021, por lo que se desconocen las actividades mineras efectuadas y las regalías a favor del Estado. La ausencia de personal que elabore informes técnicos, económicos y legales también impidió a la Arcom comenzar procesos de caducidad en contra de 13 concesionarios que entre 2019 y 2022 no pagaron las patentes por conservación. Tampoco se sancionó a tres áreas mineras que no contaron con plan de desarrollo, que permita verificar la ejecución de actividades e inversiones en función de una planificación. La auditoría también señala que la Arcom no comenzó acciones administrativas en contra de seis concesionarios que no tuvieron planes de acción y determinación de daño ambiental. En esas zonas se identificaron frentes sin rehabilitar, frentes de explotación abandonados, acumulación de agua sin tratamiento, áreas no reforestadas y actividades mineras antitécnicas, detalle el comunicado de la Contraloría.

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López Obrador advierte a Vulcan que tomará acciones legales si no acepta venderle sus 2.000 hectáreas en Quintana Roo

El País .- El mandatario ofrece a la empresa 8.000 millones de pesos para adquirir sus canteras de tierra caliza y convertir el terreno en una reserva natural El Gobierno de López Obrador busca zanjar de una vez por todas el largo conflicto con Vulcan Materials. La minera estadounidense es propietaria de una cantera de caliza en la selva de Quintana Roo, mantiene desde hace años un conflicto con la Administración federal por el control de esos predios. La disputa ha escalado en la medida en que se acerca el fin de este mandato. Este viernes, el presidente ha vuelto a cargar contra la empresa en su conferencia matutina a través de un video en el que acusa a la empresa de causar un daño ecológico y ha asegurado que resolverán la controversia antes de 2024. La propuesta del Ejecutivo apunta a la compra de los predios por entre 6.000 y 8.000 millones de pesos, sin embargo, también advirtió de que si la empresa no responde a esta oferta se considerarán acciones legales: “No ha habido respuesta, seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo gobierno van a poder seguir explotando el banco, yo les aconsejo que no apuesten a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisión completamente legal”, zanjó. Vulcan ha estado presente en México desde 1986, cuando firmó un acuerdo con el Gobierno federal para extraer roca caliza de dos terrenos cerca de Playa del Carmen, una de las joyas turísticas del Caribe mexicano. El acuerdo incluía la construcción de un puerto para exportar el material a EE UU, donde Vulcan es el mayor productor de material de construcción, con 1.400 millones de dólares en ganancias el último año. En 1996, la empresa compró, a través de su subsidiaria Calica, otros dos terrenos colindantes, El Corchalito y La Adelita, con una superficie de 1.251 hectáreas. El trasfondo del conflicto entre ambas empresas es una demanda que Vulcan emitió en contra del Estado mexicano en 2018. Vulcan alega que la Administración anterior, que clausuró parte de sus operaciones para cumplir con nuevas normas ambientales, generó pérdidas a las inversiones hechas en México. La empresa exige en un panel internacional una indemnización millonaria bajo el amparo del TLCAN. La minera acusó a México de incumplir las obligaciones recogidas en el tratado comercial sobre un trato “justo y equitativo” para la inversión privada. El Gobierno de López Obrador ha sido enfático en que no están dispuestos a pagar esta indemnización: “Hay una denuncia internacional, ellos alegan de que la clausura fue ilegal y están pidiendo que se les paguen 1.500 millones de dólares, nosotros estamos planteando que se destruyó el territorio y que vamos a defender el que ya no se pueda seguir utilizando como banco de material esta zona. Además, tienen cerca de 2.000 hectáreas más concesionadas y es selva, no, no es posible”, agregó López Obrador este viernes. El plan del Gobierno es, una vez de hacerse del terreno en disputa, construir un centro de recreación en la zona ya afectada y el resto, unas 2.000 hectáreas serán declaradas como reserva natural protegida. La empresa ha eludido a hacer comentarios sobre los comentarios del presidente, en tanto el arbitraje internacional sigue en curso.

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1.000 militares y policías hacen operativos contra la minería ilegal en Orellana y Napo

Primicias .- Los operativos simultáneos se cumplen en los márgenes de los ríos Punino, Mulatos y Niágara, en donde la minería ilegal ha dejado un alto impacto ambiental. Un operativo conjunto contra la minería ilegal se desarrolla la mañana de este jueves 21 de septiembre de 2023 en las provincias de Orellana y Napo, en donde esta actividad ha dejado un alto impacto ambiental. El presidente Guillermo Lasso informó que se cumplen operaciones simultáneas contra la minería ilegal en Punino (Orellana) y Talag (Napo), en los márgenes de los ríos Punino, Mulatos y Niágara, respectivamente. En la intervención participan más de 1.000 uniformados, entre militares y policías. “Estamos protegiendo la naturaleza y evitando su destrucción por parte de organizaciones criminales que hacen negocio explotando nuestros recursos”, publicó el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

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Con $ 1.952 millones en siete meses, Ecuador alcanzó el 68 % de las exportaciones mineras proyectadas para todo el 2023

El Universo .- Según el Ejecutivo, las proyecciones de exportaciones para este año son de $ 2.862 millones. Mientras, desde el sector se habla de más de $ 3.000 millones. Las exportaciones mineras de enero a julio del 2023 suman $ 1.952,70 millones, representando el 21,42 % más a lo exportado en el mismo periodo en 2022, según el Banco Central del Ecuador (BCE). Con esa cifra, según analizó el Gobierno, en siete meses se ha alcanzado el 68 % de las exportaciones de productos mineros proyectadas para este 2023, que se calculan en $ 2.862 millones, aunque desde el sector se estima una cifra por encima de los $ 3.000 millones, según lo dicho por Juan José Herrera, gerente sénior de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, de acuerdo con un reporte de la agencia internacional EFE. Lundin Gold es una de las dos minas en producción de Ecuador y que está ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe. Herrera también indicó que en el primer semestre de este año, las exportaciones mineras se ubicaron en $ 1.642 millones. Por otro lado, la publicación de estas cifras se da luego que Eulalia Silva, directora ejecutiva de la Cámara de Minería, indicara que en el 2022 hubo una desinversión minera de $ 190 millones. En ese año las exportaciones mineras cerraron en $ 2.775 millones. China, Emiratos Árabes y Suiza, principales destinos de minerales ecuatorianos El Ejecutivo resaltó que con esta cifra de $ 1.952,70 millones, hasta julio de 2023, los minerales se mantienen en el cuarto lugar de los productos más exportados por el país, detrás del camarón, petróleo crudo y banano y plátano. Los minerales más exportados fueron el oro doré ($ 772,94 millones), seguido por el cobre y sus concentrados ($ 752,24 millones) y en tercer lugar se ubica el concentrado de oro ($ 421,86 millones). Los principales destinos de exportación son China, Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Además, las exportaciones provenientes de la pequeña minería se posicionaron en el segundo lugar de las exportaciones mineras que, hasta julio de 2023, alcanzaron los $ 679,57 millones. El promedio mensual de exportaciones de productos mineros de 2023 se establece en $ 278,96 millones, siendo el 21 % superior al promedio de 2022, que fue de $ 231,25 millones. Por otro lado, el Gobierno también resaltó las plazas de empleo que genera el sector. Según la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo, hasta el segundo trimestre de 2023, los empleos directos en el sector minero fueron de 36.721. Estos empleos directos generan 110.164 empleos indirectos, para un total de 146.885 empleos directos e indirectos, beneficiando a 572.853 personas a nivel nacional.

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Economía en 2024: estancada, sin el ITT y con un sector minero en retroceso

Primicias .– Estancamiento, ese es el escenario para la economía ecuatoriana en 2024, según las últimas proyecciones publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE).   El BCE proyecta un crecimiento para la economía de Ecuador para el siguiente año, de 0,8%. No son cifras que sorprendan, pues la economía se viene desacelerando, dice José Hidalgo, director de la Corporación para el Desarrollo Económico (Cordes). De hecho, el BCE prevé que la economía ecuatoriana crecerá apenas 1,5% en 2023, cuando a inicios de año había proyectado una expansión de 2,6%. Fenómeno de El Niño Hay varios factores que explican la proyección para el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador en 2024, pero el principal es el mal desempeño de las exportaciones ecuatorianas, que caerían en un 7%. Entre los sectores con peor resultado en 2024 estarán el camaronero, con una caída del 6,4%; y la pesca, con un decrecimiento del 8,6%.   Lo anterior debido a los posibles efectos del Fenómeno de El Niño, que está por llegar a las costas de Ecuador.   Un mal desempeño de la economía también conducirá a una contracción de las importaciones, que caerán en un 3,3%, según proyecta el Banco Central.   ITT tendrá que cerrarse Otro sector con desempeño negativo es el de petróleo. El Banco Central proyecta que esta actividad caerá 8,2% el próximo año debido al cierre del bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT). Eso luego de que, en la consulta popular del 20 de agosto de 2023, la mayoría de ecuatorianos votó a favor de mantener el petróleo de esta área en tierra. Petroecuador, la mayor petrolera estatal del país, tiene un año para desmantelar la infraestructura del bloque. El Gobierno ha advertido que el Estado dejará de percibir USD 1.200 millones al año por ingresos petroleros. Guillermo Lasso ha dejado entrever que no cumplirá el mandato de la consulta popular en el ITT durante su administración, que concluirá a más tardar en enero de 2023. Será, por lo tanto, el próximo gobierno el que tenga que cerrar los pozos petroleros. Lo anterior, además, es un factor de incertidumbre para la inversión privada, pues la decisión afecta de manera retroactiva a un proyecto en marcha, dice Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación económica Análisis Semanal. De hecho, el BCE proyecta que la inversión en el país, tanto pública como privada, retrocederá 0,1% el siguiente año. Minería retrocede El escenario para inversión se complica también por decisiones judiciales, dice Alberto Acosta Burneo. Acosta Burneo hace referencia a la acción de protección interpuesta por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ante la Corte Constitucional (CC). El pedido condujo a la CC a suspender temporalmente los procesos de consulta ambiental de 176 proyectos, públicos y privados, valorados en USD 2.000 millones. Aunque la preocupación del movimiento indígena apunta al sector minero, el pedido de acción de protección paralizó, al final, inversiones en sectores; entre ellos, el hotelero, el turístico e, incluso, el de salud. Otras obras que tampoco pueden empezar están también proyectos de saneamiento de los municipios. Lo anterior explica que el Banco Central proyecte un decrecimiento del 2,6% para el sector minero, tras cuatro años de crecimiento consecutivo. Solo en 2023, el sector minero podría cerrar con un crecimiento de 7,6%. La incertidumbre política también incidirá en el pobre resultado de la economía en 2024. Entre diciembre y enero, asumirá un Gobierno de transición, lo que frenará la inyección de capital privado. ¿Y el consumo de hogares? Pese al escenario pesimista, el consumo de los hogares seguirá con indicadores positivos. El Banco Central prevé que el gasto de los hogares crezca 2,3%, aunque ligeramente por debajo del 2,6% previsto para 2023.

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Minera canadiense Dundee Precious Metals invertirá $ 419 millones en la concesión del proyecto Cristal en Azuay

El Universo .- La minera concretó un compromiso de inversión con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. El sector minero tendrá una nueva inversión de más de $ 400 millones a través de la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) y la concesión de la minera denominada Cristal, que se ubica en la provincia del Azuay.   El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Daniel Legarda, dio la información y también resaltó la concreción de inversiones en el sector farmacéutico y de otras industrias que suman, junto con la de DPM, $ 500 millones y la generación de 1.000 nuevas plazas de trabajo en el país.   “Las inversiones siguen creciendo. El Comité Estratégico de Inversiones aprobó $ 100 millones en nuevos contratos de inversión (la semana pasada). Adicionalmente, hemos conocido de la inversión de Grünenthal por $ 30 millones para una nueva planta industrial y se ha firmado un contrato con Dundee Precious Metals por $ 419 millones”, sostuvo Legarda.   Solo en el compromiso de la empresa minera canadiense se tiene proyectado generar 645 plazas de empleo en Azuay.   Stephen Potter, embajador de Canadá en Ecuador, resaltó el compromiso de la empresa norteamericana y destacó el mensaje que esta operación dará a los demás inversionistas de su país. “Es una importante inversión que le va a dar una señal también al mercado de los inversionistas en Toronto, de Toronto Stock Exchange, que Ecuador es un país en que sí se puede invertir”, sostuvo el diplomático. Por su parte, Scoot Campbell, gerente general regional de Dundee Precious Metals Ecuador, indicó que esta inversión representa la oportunidad para Ecuador y para Dundee Precious Metals y todos los interesados de fomentar el desarrollo de la industria en Ecuador ”de ofrecer oportunidades de crecimiento, de empleo, de trabajo, de regalías de impuestos al Estado de Ecuador”.   Durante la firma del contrato de inversión también estuvieron presentes el ministro de Energías y Minas, Fernando Santos Alvite, y Roberto Salas, secretario de Inversiones Público-Privadas.   En el caso del sector farmacéutico, la empresa Grünenthal Ecuador informó que invertirá $ 30 millones en la construcción de una nueva planta de producción farmacéutica en el país, con miras a abrirse al mercado europeo.   Así también, el martes 15 de agosto se aprobaron más de $ 26 millones en contratos de inversión y adendas a contratos de inversión en varios sectores industriales, que se ejecutarán en Guayas, Santa Elena, Manabí y Pichincha.

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Minera canadiense firma contrato de inversión por 419 millones

Primicias .- La minera canadiense Dundee Precious Metals, operadora del proyecto Loma Larga en Azuay, invertirá USD 419 millones en la concesión Cristal. La empresa minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM) y el Estado ecuatoriano firmaron el 18 de agosto de 2023 un contrato de inversión por USD 419 millones, monto que se destinará a la concesión minera Cristal.   Cristal es una de las tres concesiones del proyecto Loma Larga, ubicado en la provincia del Azuay. La minera prevé emplear en esta concesión a 645 personas, informó el Ministerio de Producción. “Esto representa una oportunidad para Ecuador, para la industria minera y todos los interesados en fomentar el desarrollo de la industria en el país y ofrecer empleo, regalías e impuestos al Estado”, dijo Scott Campbel, gerente general de DPM en Ecuador.   Por otro lado, el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones del Ministerio de Producción aprobó el 15 de agosto de 2023 más de USD 26 millones en contratos de inversión y adendas a contratos de inversión en varios sectores industriales.   Planta farmacéutico La cartera de Producción también informó sobre una reunión entre el ministro Daniel Legarda y el gerente general del laboratorio Grünenthal Ecuador, Iván Meneses, en la que se confirmó una inversión de USD 30 millones en la construcción de una planta farmacéutica.   El objetivo es el desarrollo de un medicamento ecuatoriano, que se prevé exportar a la Unión Europea.

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Xavier Hervas: candidato presidencial, exportador agrícola, emprendedor.

En una carrera electoral caracterizada por la efervescencia de ideas, y a veces también por confrontaciones y denuncias, Marcelo Xavier Hervas Mora, de 50 años, contrasta. El candidato del movimiento RETO no señala, no acusa, no cuestiona. Prefiere debatir problemas y discutir posibles soluciones. Prefiere hablar y no refutar. La edad, como dice el refrán, da perspectiva. Después de Christian Zurita (53 años) es, de hecho, el aspirante de mayor edad en este proceso. En este camino a Carondelet que, lamentablemente, a veces parece más una contienda. Como parte de nuestro ciclo “Al Centro Presidencial”, dirigido por Carlos de Tomaso, profundizamos algunos aspectos de su plan de gobierno. Y su trato y su análisis nunca se apartaron del camino. Fiel a su estilo y esencia, desarrolló de forma pausada, razonada y meticulosa. Queriendo desmenuzar cada detalle. Queriendo dejar todo en claro. Pero primero algunos puntos de su vida. De los momentos que lo inclinaron a la política. De sus vivencias. Nació en Guayaquil. Y sí, tiene acento serrano –como lo reconoce él mismo- por su largo tiempo residiendo en Quito. Aunque también ha vivido en Lima, Nueva York y Bogotá, debido al trabajo diplomático de su padre, y a sus estudios universitarios. Tenía apenas 13 años, explica, cuando decidió realizar ciertos trabajos para ganar unos dólares, allá en Nueva York. Porque se considera un emprendedor. Porque ya es un exitoso empresario agrícola –exporta vegetales congelados- que da trabajo a 500 personas, aunque antes incursionó en varios negocios, con más o menos suerte. En Colombia estudió Ingeniería de Producción Agroindustrial, y en Ecuador estuvo en la Politécnica Nacional y en la Flacso. Y esa vida universitaria, de forma indirecta, lo llevó a la política. Ese trato diario con compañeros de diversa tendencia, le abrió un mundo de enorme interés. Un mundo de ideas que podían coexistir, amoldarse y coordinarse entre sí. Como resultado, se lo puede calificar de varias formas: candidato presidencial, exportador agrícola, emprendedor. Aunque él agrega “visionario”. Ideas, propuestas, sueños Xavier Hervas se define como un social demócrata. Y fue por ello que en el 2021 aceptó la candidatura presidencial por la Izquierda Democrática, en binomio con María Sara Jijón. Sorpresivamente remató en el cuarto puesto, por encima de otros movimientos y partidos de mayor trayectoria. Dos años después, busca nuevamente convertirse en el inquilino de Carondelet, en esta ocasión con Luz Marina Vega como compañera de fórmula. Entusiasmo hay, subraya, aunque aclara que quien sea electo el 20 de agosto encabezará, con toda seguridad, el gobierno más difícil en la historia del Ecuador. Pero remarca no tener miedo, y sentirse listo para el reto. Como el nombre de su organización. El primer paso de ganar la Presidencia, afirma, será aplicar 4 puntos de su agenda, destinados a devolverle al país la seguridad que tanto necesita. Y serán los primeros, en el evento que se ciña la banda: devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, reforzar la vigilancia de puertos y aeropuertos, implementar planes sociales y aplicar estrictos controles en todas las cárceles. Hervas no se siente satisfecho con la instrucción que actualmente reciben los policías. Apenas 6 meses de entrenamiento, y ya están en las calles. Como resultado, los jóvenes gendarmes se convierten en carne de cañón frente a una delincuencia armada hasta los dientes. El desenlace es previsible: o los acribillan o los compran. Y que no diga el actual gobierno que no tiene culpa en la situación actual. Hervas mencionó que desde enero a junio, es decir, en la mitad del año 2023, el Ministerio del Interior apenas ha ejecutado el 8,8% de su presupuesto. Lo que significa que dinero hay, pero eficiencia no. El postulante de RETO está seguro que la ola de violencia puede revertirse. ¿Y por qué? Porque la inmensa mayoría de los ecuatorianos es gente trabajadora y capaz. Lo ha visto. Lo ha palpado en sus recorridos de campaña por todas las provincias. Lo constata a diario en calles, parques, plazas y oficinas. Lo que hace falta es esa eficiencia que pregona. Conseguir que el Estado sea tan pequeño como sea posible, y tan grande como sea necesario. Ni más, ni tampoco menos. ¿Yasuní? Mejor no Aunque se considera un ambientalista, es partidario del “NO” en la consulta popular, que se realizará paralelamente este domingo, para decidir si se suspende la explotación petrolera en el parque Yasuní. Hervas lo subraya. En el bloque 43 del ITT, materia de la consulta, hay 230 pozos. Si gana el “Sí” habrá que cerrarlos. ¿Y eso cuánto cuesta? Según sus investigaciones, al menos 460 millones de dólares. Sin mencionar otras fuertes sumas por concepto de demandas judiciales, indemnizaciones y arreglos con proveedores. El candidato sostiene que es demasiado dinero para un país que está en crisis. Y peor en el lapso de un año, como establece el fallo de la Corte Constitucional, si el electorado así lo resuelve. ¿Qué sucedería? Exacto: un remedio peor que la enfermedad. El siguiente gobierno podría verse abocado a suspender la explotación de crudo en Yasuní, pero no tendría cómo tapar los pozos. Lo que significaría dejarlos a la intemperie y abiertos, con el consiguiente riesgo ambiental. En el ámbito minero, opina que hay que obrar con energía. Del total de concesiones actuales, solo el 5% trabaja. ¿El resto? Especula. Por tanto, si llega al poder, exigirá que las propietarias de las concesiones operen, por supuesto dentro del marco de la ley, y acatando de forma estricta las normativas ambientales. Si no lo hacen en un plazo prudencial, el Estado revertirá los permisos. Así de simple. Esperanza Su mensaje para los ecuatorianos es de profunda esperanza. Hervas pide confiar. Pide creer. Pide soñar. Porque también es su sueño, agrega. El sueño de un país que salga de este bache. El sueño de un país que camine hacia mejores días. Esta es la entrevista completa:

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Minera SolGold asegura contrato por 33 años, blindado por arbitraje internacional

Primicias .- La minera australiana SolGold pagará, desde 2025, unos USD 75 millones en regalías anticipadas por la explotación de cobre en el proyecto Cascabel, de un total de USD 968 millones.   La empresa australiana SolGold invertirá entre USD 2.700 y USD 3.000 millones para construir en Imbabura la mina de cobre Cascabel, que se proyecta como la más grande en Ecuador, dijo a PRIMICIAS, el presidente y CEO de la compañía, Scott Caldwell.   Según Caldwell, con las reservas de cobre y oro que se han encontrado en la zona, Cascabel podría ser incluso una de las 10 minas más grandes del mundo.   La inversión proyectada por SolGold es casi cuatro veces el monto de Inversión Extranjera Directa que Ecuador recibió en todo 2022: USD 788 millones.   El Ministerio de Energía y Minas prevé que esos recursos lleguen a partir de 2025, cuando la empresa australiana comience a construir la mina; un proceso que tomará cinco años y demandará 3.700 empleos directos.   Así, Cascabel, que estará ubicada el cantón Ibarra, entraría en producción en 2030 y sería la tercera mina a gran escala en Ecuador, junto con Fruta del Norte (oro) y Mirador (cobre), las dos ubicadas en Zamora Chinchipe, en la Amazonía.   En Cascabel, el material principal es el cobre: se estiman reservas de 9,9 millones de toneladas. Pero, también tiene reservas de oro y plata.   La tecnología que SolGold traerá para Cascabel no es nueva en la industria minera a escala mundial, pero será nueva para un mercado como Ecuador, que comenzó con la minería a gran escala en 2019. Interactive content by Flourish Durante la operación de la mina, SolGold estima que se generarían unas 1.000 plazas de empleo.   Los acuerdos entre SolGold y el Gobierno El 19 de julio de 2023, tras casi siete meses de negociaciones, el Estado ecuatoriano y la minera SolGold llegaron a un acuerdo sobre los términos y condiciones para la explotación en este yacimiento.   El primer acuerdo fue que el contrato de explotación en Cascabel durará 33 años y podrá ser renovado.   SolGold se comprometió a pagar unos USD 75 millones por regalías mineras anticipadas al Estado, de un total de USD 968 millones previstas.   Los primeros USD 25 millones se pagarán cuando comience la construcción de la mina.   Los otros USD 50 millones se pagarán en dos partes, en los siguientes dos años. También se acordó que la empresa pague regalías de entre 3% y 8%, según el precio al que se venda el metal refinado, ya sea cobre, oro o plata. Otro beneficio que alcanzó la compañía, durante la negociación, fue pagar una tasa de Impuesto a la Renta de 20%. Antes del acuerdo, la tasa iba a ser de 25%.   Los siguientes pasos Con el acuerdo de los términos de explotación firmado, el siguiente paso será firmar un contrato de explotación. Está previsto que eso ocurra en un par de meses, dijo el presidente de SolGold, Scott Caldwell.   Pero para que la mayor mina de cobre de Ecuador entre en producción, SolGold debe tener primero la licencia ambiental que otorga el Ministerio de Ambiente, luego de realizar una consulta ambiental en las comunidades que viven en la zona del proyecto.   Esta consulta debería realizarse en las parroquias Lita y La Carolina, en el cantón Ibarra, que es donde está la concesión.   Caldwell explicó que todavía no hay una fecha prevista para comenzar este proceso.   En Cascabel no será necesario hacer una consulta previa, libre e informada en las comunidades -un mecanismo dispuesto en la Constitución para actividades de extracción de recursos naturales no renovables-, porque no hay comunidades indígenas o ancestrales en la zona, dijo Caldwell.   No obstante, el presidente de SolGold asegura que, por la magnitud de este proyecto en Ibarra, lo más importante ha sido emprender, desde ya, los procesos de acercamiento y vinculación con las comunidades con anticipación a la construcción de la mina.   Incertidumbre en el sector minero Caldwell dice que la incertidumbre política a las puertas de las elecciones presidenciales anticipadas, así como los problemas de minería ilegal, no han desincentivado a la empresa para seguir con sus inversiones en Cascabel.   “Independientemente del partido que gobierne, creo que podremos seguir con el proyecto. Ecuador no ha dejado de ser atractivo para las inversiones”. Scott Caldwell Y añadió que “la empresa tiene alrededor de 90 concesiones en el país, pero ahora estamos enfocados principalmente en Cascabel”.   No obstante, la empresa también se aseguró un mecanismo para proteger sus inversiones. En el acuerdo firmado con el Estado, la empresa logró que se establezca un “mecanismo para corregir cualquier desequilibrio económico para el concesionario minero“, que resulte de cambios en los impuestos, las leyes y los reglamentos vigentes cuando las partes firmaron el acuerdo.   “La disposición elimina una cantidad significativa de incertidumbre sobre el régimen económico que regirá el proyecto en el futuro”, informó SolGold.   Además, el acuerdo establece otros derechos de protección al inversionista, como un mecanismo de resolución de disputas a través del arbitraje internacional.

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SolGold y Ecuador cierran acuerdo previo con miras a explotar Cascabel

Primicias .- Ecuador cerró negociación previa para la firma del contrato de explotación del proyecto a gran escala Cascabel, uno de los más grandes del país.   Ecuador firmó el acta final de negociaciones previas a la firma el contrato de explotación del proyecto minero a gran escala Cascabel, que es operado por la empresa SolGold, cuyo principal accionista es la australiana BHP, la minera más grande del mundo.   Ubicado en Imbabura, Cascabel cuenta con importantes reservas de cobre, oro y plata, que podrían convertirlo en el proyecto de minería metálica a gran escala más grande de Ecuador.   El ministro de Energía, Fernando Santos, dijo el 19 de julio de 2023 que “el paso a la fase de producción de la mina Cascabel significa un posicionamiento del Ecuador como un importante productor y exportador de cobre“.   La firma del acta de negociación precontractual permitirá continuar con el proceso tendiente al cambio de fase de explotación en la consiguiente sustitución del contrato de explotación minera del proyecto Cascabel, dijo Santos.   El proyecto minero se compone de una concesión, con una superficie de 4.979 hectáreas durante la vida del proyecto, que tiene una inversión de USD 4.882 millones.   De acuerdo con el Ministerio de energía, la construcción de la mina comenzará en 2025 y entrará en operación en 2030.   Las exportaciones previstas durante la vida de la mina son de USD 35.000 millones y los beneficios para el Estado ecuatoriano podrían sumar, entre regalías e impuestos, USD 8.000 millones.

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La consulta anti minería formal en el Chocó Andino deja sin resolver problemas como la minería ilegal, la tala indiscriminada, el tráfico de especies y la frontera agrícola

La Hora .- María Eulalia Silva,  presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, sostiene que la consulta popular solo cerrará las puertas a la explotación controlada y desatará más impactos negativos. Este próximo 20 de agosto de 2023, junto con las papeletas para elegir Presidente de la República, asambleístas y sobre la explotación o no en el bloque petrolero ITT, los quiteños también tendrán otra papeleta para decidir si se prohíbe toda actividad minera en el Chocó Andino.   María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, reconoció que esa consulta está pasando desapercibida, a pesar de su importancia.   En entrevista con LA HORA, defiende a la minería formal y aclara que la consulta no resuelve la mayoría de los problemas ambientales y sociales del Chocó Andino.   P. ¿Considera que la Consulta Popular antiminera en Quito está pasando desapercibida en medio de la campaña presidencial? ¿Qué se está jugando en esta consulta?   Se está jugando bastante, pero coincido que el tema de la consulta sobre el Chocó Andino está pasando como algo secundario. Como Cámara de Minería del Ecuador siempre nos hemos pronunciado en contra de este tipo de consultas populares locales. La Constitución claramente establece que el Estado central es el dueño y administrador de los recursos del subsuelo, de tal manera que una consulta popular local no puede decidir el destino de los recursos que se encuentran en el subsuelo. En segundo lugar, este tipo de iniciativas plebiscitarias lo único que hacen es generar inseguridad jurídica y eso repele a las inversiones de calidad. Se cerrarían las posibilidades de proyectos a futuro o la apertura del catastro minero en la zona; pero se dejarían de resolver la mayoría de graves problemas ambientales y sociales del Chocó Andino.   P. ¿Cuáles son esos problemas ambientales y sociales que no se resuelven con la consulta antiminera?   La consulta popular antiminera lo único que podría producir es que a futuro deje de venir inversión para minería responsable. Sin embargo, nada dice y nada actúa en contra de la minería ilegal. No habla de cómo se va a mitigar la expansión de la frontera agrícola, o de la tala ilegal de bosques, o del tráfico de especies, o del colapso de colectores de aguas servidas de la zona. Hay una suerte de discriminación contra la minería legal; pero nada se dice de lo demás. Esto a pesar de que la minería responsable es imprescindible para la transición energética, las energías más limpias, el crecimiento económico. Si gana el sí en la consulta antiminera, no se estarían resolviendo los problemas del Chocó Andino; solo nos perjudicaríamos todos.   P. Uno de los principales argumentos contra la minería en el Chocó Andino es que devasta y contamina una zona de riqueza ambiental incalculable. ¿Qué decir al respecto?   Es indudable que el Chocó Andino es una zona especial; pero no es cierto que la minería va a devastar todo. La actividad minera legal, que atraiga a las mejores empresas internacionales que coticen en bolsa, es una garantía de respeto con el ambiente. Ya hay excelentes ejemplos de minería a gran escala trabajando en el país (Fruta del Norte) y siendo una suerte de aliada para la conservación. Los mineros responsables, los mineros a gran escala responsables, somos ambientalistas. El tema de la protección del ambiente es una de las prioridades de la industria. Las actividades mineras están prohibidas, según la Constitución, en áreas protegidas, áreas urbanas y zonas intangibles. El Chocó Andino no está en esas categorías.   P. ¿Qué decir sobre el hecho de que los antimineros acusan a la minería cómo una de las principales amenazas a las fuentes de agua y las especies endémicas?   Nosotros como mineros estamos obligados a devolver el agua al ecosistema en iguales o mejores condiciones. Esto gracias a procesos de tratamiento de agua y verificación en laboratorios externos. Las concesiones mineras son áreas amplias. En esas áreas uno presenta un plan de manejo ambiental, explicando qué parte va a ser intervenida; y obviamente qué planes hay para controlar y mitigar cualquier eventual impacto. El resto de la concesión no se toca, se conserva. Hay monitoreos bióticos. Se implantan viveros para la recolección de especies vegetales endémicas.   P. ¿Decir no a la minería formal es igual a abrirle la puerta a la minería ilegal y otras actividades ilícitas?   Sí. Cuando nosotros estamos en territorio, conservamos y cumplimos con toda la normativa que establece el Estado. Antes de cerrar la puerta a la minería formal, debería haber suficiente número de guardaparques y una política pública clara contra la minería ilegal. Si nos cierran la puerta a nosotros, se la abren a la narco minería. Un ejemplo es lo que pasó en el Río Blanco (Azuay), donde se paró un proyecto ya en marcha, y ahora esa zona está llena de mineros ilegales y destrucción. Sin embargo, ciertos sectores llamados ambientalistas no dicen nada sobre eso.   P. ¿Es posible que mineros y ambientalistas se sienten en una mesa para generar consenso y trabajar de la mano?   Sí, eso es posible y ya lo hemos hecho. Fruta del Norte, por ejemplo, trabaja de la mano de Conservación Internacional. En el país existen ambientalistas realmente preocupados por la naturaleza y el agua; pero también hay personas con agendas propias vinculadas con la minería ilegal. El potencial minero todavía está poco explorado en el país. Se necesitan al menos ocho años para saber si una concesión tiene viabilidad económica. Se puede trabajar de la mano con los que realmente están preocupados por el ambiente; pero sin cerrar la puerta a la actividad formal y responsable.

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Desconcierto entre los empresarios de Chile frente a la política nacional sobre el litio anunciada por Gabriel Boric

EL PAÍS .- La nueva estrategia apuesta por un diseño donde el Estado mantenga el control de los proyectos. Las acciones de la principal productora del mineral en el país, SQM, se desploman Las relaciones entre el Gobierno de Chile y los empresarios han vuelto a tensarse, luego del anuncio del presidente Gabriel Boric sobre la política nacional para explorar y explotar el litio. Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que reúne a los principales gremios productivos del país, señaló que quedaron “descolocados” [desconcertados] luego de escuchar los anuncios que realizó el mandatario la noche del jueves en una cadena nacional. La nueva política para el desarrollo del litio del Ejecutivo chileno busca que el Estado vuelva a tener el control de este mineral, muy cotizado en el mundo por su uso en baterías eléctricas. Actualmente, experimenta un bum en sus precios. La estrategia anunciada por Boric apunta a una nueva institucionalidad en la que exista una colaboración entre el mundo público y privado, pero donde el control siempre quede en manos del Estado. El mercado tampoco quedó ajeno a la propuesta. Las acciones de la principal productora del mineral en Chile, SQM, vinculada al exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, cayeron casi un 15% en esta jornada. Su descenso arrastró AL Índice de Precios Selectivo de Acciones, IPSA, que mide en la Bolsa de Santiago las variaciones de precios de las empresas emisoras chilenas más grandes. El presidente Gabriel Boric Font durante un recorrido por la zona de explotación del litio en Antofagasta.GABRIELBORIC (TWITTER) “Hay que esperar que ese proceso se vaya desarrollando y, probablemente el mercado podrá ir aquilatando de mejor manera lo que eso significa para esa compaña en particular”, aseguró el ministro de Hacienda, Mario Marcel. SQM tiene un contrato de arriendo con el Estado a través de Corfo hasta 2030 en el salar de Atacama, que concentra el 90% de las reservas de litio del país. Como parte de los anuncios, Boric dijo que su Gobierno respetará el contrato vigente con SQM, pero que a través de la cuprífera estatal Codelco se negociará con la minera no metálica para evaluar la posibilidad de llegar a un acuerdo y adelantar la producción conjunta en el salar Atacama. La empresa, a través de un comunicado, optó por la cautela. “Esperamos que el anuncio, cuyo texto estamos analizando –en el marco de un contrato vigente que mantenemos con Corfo–, sea un impulso a la expansión productiva en Chile”, escribió la compañía ligada a Ponce Lerou, junto con destacar el papel que SQM ha tenido para que el país sea protagonista mundial en la industria del litio. “Esperamos ser parte de este diálogo y conversación que ahora se inicia”, agregó la empresa. En la misma línea de la CPC, Richard von Appen, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, asociación gremial de las empresas, emitió un duro comunicado. “No entendemos esta señal de desconfianza”, indicó la Sofofa. La asociación empresarial agregó que la medida está “relegando al sector privado a un segundo plano, cuando estamos de acuerdo en la importancia de la cooperación público-privada y el rol del sector privado en el desarrollo del país”. Von Appen mencionó además que “no hay razón” para no replicar el modelo que existe actualmente en la industria del cobre en el país, “donde conviven Codelco y las empresas mineras privadas, promoviendo exitosamente la competencia y la innovación de todos los actores”. El representante del sector privado añadió que esperan que el Gobierno rectifique esta política “para restablecer la confianza del sector privado y por el bien de Chile y su gente”. Richard Von Appen, presidente de la Sofofa, después de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, el 17 de abril.MINREL_CHILE (TWITTER) En tanto, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que reúne a las empresas mineras, valoró la asociación público-privada para explorar y explotar yacimientos de litio, pero la asociación agregó que “resulta cuestionable que se pretenda revisar la propiedad de las empresas que actualmente operan en el Salar de Atacama”. Luego del anuncio del presidente Boric, diversas autoridades de su Gobierno han intentado entregar señales de calma. “¡Gran noticia para Chile! Ya tenemos estrategia nacional para el litio”, escribió el canciller, Alberto van Klaveren, que durante la jornada calificó de “un error” hablar de una nacionalización. “Es un recurso estratégico, abierto a un desarrollo sustentable mediante la asociación público-privada y con miras a incorporar valor agregado y generar investigación y desarrollo tecnológico”, agregó el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Ejecutivo chileno. El propio mandatario, desde su gira a la nortina ciudad de Antofagasta, aseguró que su Administración ha “trazado una meta ambiciosa que va a requerir mucho diálogo” y valoró la opinión de la Cámara de Comercio de EE.UU. que “ve con buenos ojos” los anuncios del Gobierno chileno respecto del llamado oro blanco.

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