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Ecuador: julio 24, 2024

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Ecuador, julio 24, 2024
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Las prisiones en Ecuador: una mezcla de comodidades y lucha por la supervivencia

Las prisiones en Ecuador se han convertido en centros de operaciones del crimen organizado, con escapes de peligrosos líderes y altos niveles de violencia. El sistema penitenciario ha perdido el control, con más de 460 reclusos muertos desde 2021.  Ecuador ha enfrentado récords de incautación de drogas y homicidios en 2023, con 220 toneladas de drogas decomisadas y una alta tasa de homicidios. Las cárceles están dominadas por mafias y el terror se impone en su interior. Los líderes del crimen organizado dentro de las prisiones disfrutan de lujos, considerándose “Frankensteins del Estado” por su conexión con la inteligencia policial y el narcotráfico. La corrupción en el control de accesos ha debilitado el sistema carcelario. El sistema penitenciario enfrenta graves problemas, con ingresantes no vinculados al crimen organizado en riesgo de masacres o coacción para unirse a bandas. La justicia lenta y el hacinamiento agravan la situación, mientras miles de plazas faltan. Matanzas carcelarias involucran casos de negligencia que resultan en la muerte de personas con derecho a libertad. Las bandas cobran a presos y familias por “seguridad”, alimentando economías ilegales. Frente al creciente narcotráfico, el presidente ecuatoriano ha declarado un “conflicto armado interno”, desplegando militares y militarizando cárceles y barrios empobrecidos. Sin embargo, el uso de la fuerza militar ha sido criticado por abusos contra los presos, aumentando la violencia y afectando a la población. El plan del presidente de construir cárceles con una empresa específica ha suscitado preocupaciones sobre los derechos humanos de los presos.

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Preso PO1135809: Trump, fichado en Georgia por sus intentos de alterar los resultados electorales

El País .- La ficha policial le describe como un varón blanco, rubio, de 97,5 kilos de peso y 192 centímetros de altura.   La prisión del condado de Fulton, en Georgia, ha hecho historia este jueves. En esta cárcel, cuyas condiciones para los presos son tan peligrosas que se encuentra bajo una investigación oficial, ha comparecido el expresidente de Estados Unidos Donald Trump para quedar fichado como imputado por, entre otras cosas, liderar una asociación de tipo mafioso para alterar los resultados de las elecciones de 2020 en ese Estado. Es la primera vez que se toma una fotografía policial a un presidente de Estados Unidos en activo o retirado. Una fotografía que ya quedará para siempre.   La ficha policial le adjudica el “número de preso PO1135809″ y le describe como un varón blanco, de 97,5 kilos de peso y 192 centímetros de alto, de cabello rubio y ojos azules. Y detalla los cargos, desde la violación de la ley estatal contra la delincuencia organizada a las presiones sobre funcionarios públicos para que faltaran a sus obligaciones, pasando por la conspiración para falsificar documentos.   Como el animal mediático que es, Trump había calculado perfectamente los tiempos de su comparecencia para que le tomaran las huellas digitales y la fotografía. La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, le había otorgado al imputarle 10 días para hacerlo, pero él escogió este jueves, el día después de que el resto de candidatos presidenciales republicanos acapararan los focos con su primer debate televisado antes de las primarias. Y la franja horaria en la que se trasladó a la prisión, en torno a las 19.30 (1.30 en la España peninsular), es la de mayor audiencia televisiva. La expectativa de verle entrar en prisión y sus imágenes descendiendo del avión privado que le trajo desde su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey) desplazaron casi por completo a sus rivales en la atención de los medios, hasta conseguir que menos de 24 horas después del debate apenas se hablara ya de ellos y la conversación se centrara de nuevo en él.   En el camino a la prisión, Trump recibió un trato presidencial: como en sus comparecencias previas como imputado en tres casos distintos, fue recibido por una comitiva a pie de avión y se trasladó a Fulton en una caravana de vehículos del servicio secreto. En la prisión fue un sospechoso más. Tuvo que pasar por todos los procedimientos rutinarios para quedar fichado y depositar los 200.000 dólares de fianza acordados entre sus abogados y la Fiscalía para quedar en libertad a la espera de juicio. Sus condiciones de fianza también incluyen estrictos límites para impedir posibles amenazas a testigos o implicados en el caso.   Trump había utilizado las horas previas a su arresto para arremeter, como suele, contra la fiscal Willis, a la que acusó de ser una “izquierdista radical” y fomentar un aumento de la delincuencia en Atlanta. Después de 23 minutos en el interior de la prisión, y ya de regreso en el aeropuerto para coger el avión de vuelta, volvió a repetir las acusaciones que profiere tras cada comparecencia judicial: “esto es una injerencia electoral”, “es un triste día para Estados Unidos”, “no hemos hecho nada malo”. Trump vuelve a tuitear Trump aprovechó, incluso, para regresar a Twitter —ahora, X—, dos años y medio después de que la red social le suspendiera la cuenta después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, perpetrado por simpatizantes del republicano después de meses de escuchar de boca de Trump y sus asesores que el verdadero ganador de las elecciones había sido él. Aunque Elon Musk le devolvió la cuenta tras adquirir la compañía, el expresidente había preferido continuar sus comunicaciones a través de su propia red social, Truth. Para su regreso, envió un mensaje con su foto policial y los lemas “Interferencia electoral” y“¡Rendición Nunca!”, además de un enlace a una página para recibir donaciones para su campaña electoral. Mientras se aguardaba al expresidente en Fulton, la fiscal Fani Willis había propuesto el 23 de octubre para comenzar el juicio contra otro de los 19 acusados en el caso, el abogado Kenneth Chesebro, que pidió un proceso rápido. El juez Scott McAfee, encargado del caso, ha dado su visto bueno. Esa fecha no se aplicará necesariamente a Trump y el resto de sospechosos. Al presentar el pliego de cargos la semana pasada, Willis declaró que quería un juicio rápido para los 19 imputados. No está claro que lo vaya a conseguir. Tres de ellos —entre los que se cuenta Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca cuando Trump era presidente— pretenden que su caso se traslade a un tribunal federal. Y el exmandatario no desea un proceso rápido; de hecho, su estrategia se basa en retrasar lo más posible los casos, para exprimir el considerable beneficio electoral que le está reportando el presentarse como víctima, y a la espera de las presidenciales del año próximo. Si venciera en las elecciones se le abriría la puerta para un autoindulto en sus casos federales. Para el antiguo inquilino de la Casa Blanca y aspirante a regresar a ella, las comparecencias judiciales se han convertido casi en algo rutinario. La presentada por la fiscal Willis, que le acusa de 13 cargos —asociación para delinquir, presión sobre testigos y conspiración para falsificar documentos, entre otros—, es ya su cuarta imputación. Pero sí era la primera vez que tenía que presentarse en una cárcel: las tres veces previas acudió a los juzgados para declararse no culpable ante un juez que le leyó las acusaciones contra él. El sheriff del condado, Pat Labat, había declarado que el antiguo mandatario no recibiría ningún trato de favor y tendría que pasar por los mismos procedimientos que cualquier otro sospechoso. En un giro que hubiera sorprendido en cualquier otro caso, pero no en Trump, el expresidente relevó solo horas antes de su comparecencia al abogado que había dirigido su defensa en este caso, Drew Findling. Su sustituto es Steven Sadow, un letrado de Atlanta que

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Las megacárceles de Bukele como promesa electoral en Colombia

El País .– Diego Molano y Jaime Arizabaleta, precandidatos a las Alcaldías de Bogotá y Cali, proponen construir prisiones inspiradas en las que usa el presidente salvadoreño para combatir la delincuencia.   El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha encontrado ya una pista de aterrizaje en Colombia para su política de Gobierno más controvertida: las megacárceles para combatir la delincuencia. Los artífices de esa pista son Diego Molano y Jaime Arizabaleta, precandidatos del Centro Democrático a las Alcaldías de Bogotá y Cali, respectivamente. Como Bukele, ambos son defensores de la autoridad y la mano dura como solución no solo de la delincuencia, sino en este caso también de la corrupción. Inspirados en él, han propuesto construir megacárceles si ganan en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.   El primero en dar a conocer la idea fue Arizabaleta, quien desde su cuenta de Twitter anunció el miércoles por la noche la propuesta conjunta: “Habrá dos megacárceles al estilo Bukele en Colombia, una en Bogotá y otra en Cali que construiré para delincuentes y corruptos”. Molano, exministro de Defensa durante el Gobierno de Iván Duque, desarrolló la idea el jueves en Blu Radio: “Nos hace falta una cárcel en Bogotá, una megacárcel para llevar por lo menos a 3.000 de los delincuentes que son capturados”. Ni Arizabaleta ni Molano se han referido a los costes de las megacárceles que proponen, ni al tiempo que duraría su construcción. Sin embargo, es un primer elemento palpable de la admiración que un amplio sector de la derecha en Colombia ha declarado por el mandatario salvadoreño. El apellido de Bukele cada vez se escucha más en las calles, en la boca de personas que creen que una cruzada vertical como la que él emprendió se debe replicar en Colombia. Pero también se ha colado en sondeos como el de mayo pasado, hecho por Datexco, en el que el 55% de las personas encuestadas a las que se les preguntó si el país necesita un presidente como el salvadoreño respondió que sí.   Fernando Tamayo, director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, explica que el mayor problema de ese tipo de cárceles tiene que ver con lo difícil que es gestionarlas: facilitar las visitas con todos los controles que implican, garantizar la seguridad entre los reclusos, saber qué hacen, etc. Para todo ello, se necesitan guardias. Y en las cárceles colombianas, apunta, no hay suficientes. “Lo que nos ha mostrado la única experiencia latinoamericana de megacárceles, que es El Salvador, es que directamente los derechos de la población privada de la libertad no importan”, asegura en una llamada telefónica.   La idea de traer el modelo de Bukele es también un síntoma evidente de la ausencia de un liderazgo claro en la derecha colombiana: al no haber una cabeza visible dentro del país, la inspiración para la solución de los problemas viene de fuera. Ni siquiera quien podría considerarse como la líder conservadora más conspicua en el país, María Fernanda Cabal, ha aportado alguna idea novedosa: también ella ha recurrido a la figura de Bukele, con quien no ha escatimado adjetivos elogiosos. Diego Molano en el congreso, en mayo de 2021.LEONARDO VARGAS / HANDOUT (EFE) La propuesta tiene calado en buena medida debido a la situación de inseguridad que se vive en varias partes del país. En Buenaventura (Valle del Cauca), que fue denominada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro como “laboratorio” de la paz total urbana y donde alcanzó a haber entendimientos con las pandillas que delinquen allí, el terror ha regresado en las últimas semanas. Además, el escepticismo hacia las negociaciones con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central ―una disidencia de las FARC―, avivado por acciones como el asesinato de cuatro menores de edad indígenas en mayo, favorece a la idea de la mano dura.   No obstante, la receta de la autoridad tiene una mancha enorme en la historia de Colombia: las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos, durante la administración de Álvaro Uribe (2002-2010). En ellas, los militares, estimulados a mostrar bajas en combate, asesinaban a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Pero no hace falta ir tan atrás en el tiempo: en 2021, el propio Diego Molano, en su condición de ministro de Defensa del Gobierno uribista de Iván Duque, fue sometido a una moción de censura en el Congreso, acusado por la oposición de dar un “tratamiento de guerra” a la represión de las manifestaciones ciudadanas contra el Ejecutivo.   En El Salvador las costuras también han quedado a la vista. Durante el régimen de excepción declarado hace más de un año por el presidente Bukele, las autoridades han capturado a más de 60.000 pandilleros, en un país asediado durante décadas por la delincuencia de las bandas criminales. Sin embargo, un informe de Human Rights Watch de enero pasado reveló que se han cometido “abusos a gran escala”, entre los que se cuentan las violaciones del debido proceso, las detenciones masivas, las muertes bajo custodia y el hacinamiento. Jaime Arizabaleta posa con un retrato de Nayib Bukele en una imagen publicada en sus redes sociales el 12 de mayo. Ese, el hacinamiento, es otro asunto que se desprende de la idea de construir megacárceles. El profesor Tamayo recuerda que, en 1998, cuando se declaró un estado de cosas inconstitucional ―una herramienta que la Corte Constitucional usa cuando se cumplen algunos requisitos para enfrentar cualquier situación grave― por el hacinamiento carcelario, en el país había 33.009 presos y un sobrecupo del 31%. Desde entonces, lo que se ha hecho es crear más cupos, pero no ha habido solución: hoy en día, en Colombia la cifra de sobrecupo en las prisiones es del 24%, con épocas en las que ha llegado al 50%. “Esa idea de dar más cupos como una forma de controlar el hacinamiento ha mostrado ser un fracaso, porque los cupos se van creando y se van llenando”.   Por otro lado, tampoco es clara la efectividad del

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Al menos 41 muertas en una cárcel de mujeres tras un motín en Honduras

El País – El enfrentamiento entre pandillas deja decenas de víctimas en una prisión a 25 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. La presidenta Xiomara Castro anuncia “medidas drásticas” Un enfrentamiento entre pandillas ha causado una de las peores tragedias carcelarias en Honduras. Al menos 41 mujeres han muerto este martes en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), ha confirmado el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien ha advertido que la cifra de víctimas puede aumentar. La presidenta Xiomara Castro ha lamentado la matanza y ha asegurado que “tomará medidas drásticas”, en un contexto en el que su Gobierno ha diseñado una política similar a la de su vecino salvadoreño Nayib Bukele para hacer frente a la violencia de las pandillas. “Conmocionada por el monstruoso asesinato de mujeres en Cefas, planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad. Mi solidaridad con familiares. Convoco a rendir cuentas al Ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. ¡Tomaré medidas drásticas!”, ha escrito la mandataria a través de Twitter. La cárcel de mujeres está localizada a 25 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. Las imágenes de los medios locales muestran escenas de caos en el reclusorio, donde las autoridades han declarado un estado de emergencia tras la matanza. “No vamos a tolerar actos vandálicos ni tampoco irregularidades en esa cárcel. Se autoriza la intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policías y militares, se declara emergencia”, ha informado la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva. Las autoridades han ordenado un plan de seguridad que incluye a las 26 prisiones del país, en las que están encerradas al menos 20.000 personas. Las prisiones de Honduras registran altos índices de delincuencia y dentro de ellas grupos criminales tienen el control y organizan extorsiones, ordenan secuestros y la venta de droga. Medios locales han informado que la matanza se ha producido por un enfrentamiento entre reclusas que pertenecen a las pandillas Mara Salvatucha MS-13 y la Pandilla 18. El diario La Tribuna informa de videos que muestran a un grupo de mujeres carbonizadas. “Los cuerpos calcinados están el área de los baños y son parte de las pruebas recabadas con este lamentable hecho”, informa el periódico. Fuera de la prisión hay escenas de desesperación de los familiares. “Estamos pidiendo los nombres de las personas que fallecieron o que estén vivas. ¿Cómo es posible que en las cárceles puedan entrar armas? No me explico”, ha cuestionado una de las personas que esperan noticias de las autoridades, en declaraciones al diario El Heraldo. “Exigimos seguridad para las privadas de libertad, porque estar ahí es peor que estar afuera. No es justo lo que está pasando, exigimos a las autoridades que nos ayuden y nos den el listado de las personas fallecidas para salir de la incertidumbre, no aguantamos más”, ha dicho otro familiar al mismo diario.   Algunas de las guardias a cargo de la seguridad en el Centro Femenino de Adaptación Social tras el motín, en Honduras.ORLANDO SIERRA (AFP) La viceministra Villanueva ha dicho que “este es un ataque directo contra el Gobierno de una mujer que tiene la voluntad política de avanzar, nosotros estaremos aquí respondiendo de frente, con valor, con nuestras manos limpias hacia adelante”. Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites. SUSCRÍBETE La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, ha expresado un “fuerte rechazo a la violencia” tras conocer la tragedia de Cefas. “Mi corazón llora y comparto el luto con sus familias”, ha dicho la diplomática. “Mi solidaridad con las mujeres en el Centro Penitenciario y mi fuerte rechazo a la violencia”, ha expresado Shackelford en un mensaje en Twitter. Esta tragedia ocurre justo cuando la presidenta Castro ha decidido tomar medidas similares a las de su homólogo salvadoreño Nayib Bukele para hacer frente a la violencia de las maras. Castro anunció en noviembre una polémica política que incluye estados parciales de excepción para combatir el crimen en las zonas más inseguras de las ciudades hondureñas, como San Pedro Sula, considerada una de las más violentas del mundo. Las medidas se han puesto en marcha en 120 comunidades, donde además se han suspendido las garantías constitucionales y se han movilizado a militares para establecer el orden. Féretros en las instalaciones del forense en Tegucigalpa, el lunes.ORLANDO SIERRA (AFP)

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Uruguay triplica su cantidad de presos en 20 años y ya tiene la tasa más alta de Sudamérica

EL PAÍS .- Cuatro de cada 1.000 uruguayos están en la cárcel. Las drogas y el hacinamiento lastran el sistema punitivo nacional   La sólida estructura social y política que suele exhibir Uruguay se resquebraja en las áreas que conforman su sistema penitenciario. Con cuatro de cada 1.000 uruguayos en prisión, el país tiene la tasa de encarcelamiento más alta de América del Sur y se ubica en el puesto 12 a escala mundial. La población carcelaria se ha triplicado en las dos últimas décadas y crece a un ritmo de un 10% anual, provocando el colapso de parte del sistema, con altos niveles de hacinamiento y violencia interna, según lo refleja el informe de la oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.   De acuerdo con los datos oficiales, en 2002 Uruguay tenía aproximadamente 5.000 personas privadas de libertad. En 2022, eran casi 14.500. En el país hay 26 establecimientos penitenciarios, con un promedio de ocupación del 123% (123 personas cada 100 plazas), aunque ese porcentaje de hacinamiento crítico se dispara sobre todo en el área metropolitana de Montevideo. El informe detalla que solo un 10% del total de reclusos se encuentra en unidades que reúnen las condiciones y oportunidades de rehabilitación e integración social, un 56% no cuenta con suficientes oportunidades, mientras que un 34% pasa su reclusión en condiciones de “trato cruel, inhumano y degradante”.   “Uruguay tuvo un modelo penitenciario muy notable hasta la época previa a la dictadura (1973-1985). Las cárceles dependían del ministerio de Educación y tenían una guardia penitenciaria que actuaba con mecanismos preventivos de diálogo y reservaba la violencia para los casos extremos”, dice Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario. Señala que ese modelo fue desmoronándose hasta que fue intervenido por el Ministerio del Interior durante la dictadura y se mantuvo bajo su órbita en democracia. Según Petit, la explosión demográfica carcelaria se explica, en parte, por la aparición y circulación masiva de drogas como la pasta base de cocaína en los años 2000 y las consecuentes formas de exclusión social y criminalidad que esta trajo aparejada.   Dos décadas después, las cárceles uruguayas están superpobladas de jóvenes varones menores de 35 años (el 75% del total), condenados en su mayoría por delitos de hurto, tráfico o venta de estupefacientes y rapiña, con una trayectoria vital marcada por la deserción del sistema educativo y el consumo problemático de drogas. En ese sentido, un informe de ASSE –principal prestador público de salud- indica que las adicciones afectan al 80% de los reclusos, mientras que otro diagnóstico del ministerio de Educación muestra que el 53,5% de los ingresados en 2022 era analfabeto. “Se requiere una especie de unidad de cuidados intensivos para recuperar el tiempo perdido, sanar y transformar”, dice Petit.   Sin embargo, el informe muestra que las respuestas del sistema carcelario uruguayo son deficientes y la reclusión se convierte en un eslabón más de la violencia social que conlleva el delito. En 2021, hubo 224 reclusos heridos graves y otros 45 murieron de forma violenta. La reincidencia es del 60%. “Hay pocos programas, con bajos niveles de cobertura y poca capacidad para diseñar e implementar tratamientos individualizados que atiendan las causas del delito y busque modificarlas”, dice Ana Vigna, socióloga e investigadora especializada en sistema penitenciario. La consecuencia más obvia de esto, añade, es que Uruguay está hipotecando el potencial de generaciones de jóvenes, que no logran salir de un circuito dominado por la violencia, el delito y la cárcel.   Vista exterior de la cárcel de Santiago Vázquez, en Montevideo.ERNESTO RYAN (GETTY IMAGES) Dentro y fuera del sistema “Para sobrevivir, tenés que estar todo el día a prepo (con prepotencia). Prepo para comer, prepo para salir al patio, prepo para conseguir un colchón. Cuando salís a la calle, seguís en la misma: prepo, prepo y más prepo”, le comentó un joven recluso a Petit mientras el comisionado recorría un centro penitenciario. “Cuando miramos lo que pasa en el tejido social carcelario, también estamos viendo el mismo tejido relacional de aquellos barrios donde la violencia transformó los mecanismos para alcanzar objetivos”, dice Petit. Ese vivir deprisa, a prepo, busca tapar la angustia de un encierro sin oportunidades y está estrechamente ligado al consumo de drogas que afecta a la mayoría de los reclusos.   “Es fundamental empezar a desarrollar un programa de tratamiento de las adicciones en todo el sistema penitenciario”, remarca Petit. En 2022, solo 344 reclusos participaron en un programa para tratar el uso problemático de drogas, según datos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Los “efectos perversos” de estas condiciones de reclusión no solo se manifiestan en la dinámica cotidiana de los establecimientos carcelarios, acota Vigna, sino que los traspasa y golpea de lleno a la sociedad, sobre todo a las personas vinculadas afectivamente con los reclusos. “Sentimos que estamos pagando por un delito que no cometimos”, sostiene Gabriela Rodríguez, de Familias Presentes, asociación creada en 2022 por familiares de personas privadas de libertad en Uruguay.   Rodríguez sostiene que en varios centros los familiares hacen colas de tres o cuatro horas, con sol o lluvia, frío o calor, para acceder a las visitas, y en muchos casos deben desnudarse íntegramente durante el control por la falta de escáneres. “Es un nivel tremendo de invasión a la intimidad”, afirma. Además, explica que reciben muy poca información de sus familiares recluidos: si están sanos o heridos, si fueron trasladados de celda o de prisión. “Es incomprensible y nos genera sentimientos de mayor angustia e incertidumbre”, añade. Rodríguez se hace eco de la demanda extendida de programas estratégicos de rehabilitación, al tiempo que pide el fin de los encierros permanentes en las celdas, de 24 horas, que afecta a un número significativo de reclusos, incumpliendo las Reglas Mandela que estipulan un mínimo de una hora diaria al aire libre.   La situación de las mujeres En medio del “agotamiento estructural” que padece el sistema penitenciario, la población privada de libertad ha crecido a un ritmo sostenido de un 10% anual, aunque en el caso particular de las

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Bukele sustituye a Uribe como inspiración de la derecha en Colombia

EL PAÍS .- La admiración por el presidente de El Salvador crece entre figuras como María Fernanda Cabal mientras Petro lo busca como enemigo.   Un nombre de origen árabe ha entrado de lleno en la política colombiana. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se abre paso como nuevo representante de la polarización. Al mismo tiempo, la figura de Álvaro Uribe, que hasta ahora había ocupado ese lugar, se ha difuminado en los últimos tiempos. Entre la oposición tampoco hay un líder que lo releve. La buena y extraña relación entre el expresidente y Gustavo Petro ha dejado vacío el hueco del antagonista, necesario para una figura como Petro, que creció políticamente desde la confrontación al uribismo. El joven autócrata salvadoreño ha ocupado ese espacio con gusto. El presidente de Colombia ya tiene con quien pelear y la derecha más radical ha encontrado a quien encumbrar. Bukele se deja querer: “Creo que iré de vacaciones a Colombia”, dijo en Twitter.   El primero en nombrar al salvadoreño fue el propio Petro, aunque sus palabras podían haber pasado desapercibidas. En un acto en Bogotá, el presidente se refirió a la política de seguridad de su homólogo centroamericano: “El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas”. Bukele colgó el vídeo en su perfil de Twitter: “Los resultados pesan más que la retórica”, le contestó.   Ahí se abrió la veda. Empezó un intercambio de mensajes en la red social que se mantiene con el paso de los días. Los ataques entre ambos han ido en aumento. En uno de ellos Bukele interpela al colombiano: “No entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”. Un golpe bajo contra Petro, que días antes había solicitado a la Fiscalía que abriera una investigación a su propio hijo por corrupción. Nicolás Petro está la mira de la justicia por supuestamente utilizar su apellido para quedarse con dinero destinado a la campaña a la presidencia de su padre.   Petro, conocido por su afición a tuitear y no evitar ningún charco, respondió retador: “Estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces, ni magistrados; lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos”. Así han seguido varios días. Este mismo jueves, aunque sin citar a Bukele, Petro se refirió a las cárceles salvadoreñas como “campos de concentración”.   El filón estaba servido para la derecha, tan huérfana de líderes desde las pasadas elecciones, donde los partidos tradicionales ni siquiera alcanzaron la segunda vuelta. La primera en entrar a la batalla en defensa de Bukele fue María Fernanda Cabal, senadora del ala más radical del uribismo. “Presidente Nayib Bukele, Gustavo Petro jamás construyó un colegio y menos una universidad. Lo que sí hizo fue promover centros de consumo de drogas, en vez de rehabilitar adictos”. Se refería a su época como alcalde de la capital.   Días después, la revista Semana, de tendencia conservadora, dedicó su portada al presidente de El Salvador. “El milagro Bukele”, tituló. Una referencia religiosa para un hombre que ya se presenta ante su pueblo como un “instrumento de Dios”. La publicación narra la carrera presidencial del joven mandatario, de 41 años, obviando deliberadamente algunos detalles no menores. Por ejemplo, se limita a decir que aspira a la reelección, pero no cuenta que la Constitución lo prohíbe. Tampoco explica su deriva autoritaria, su mangoneo sobre la justicia, sus abusos contra los derechos humanos amparado en un único fin: acabar con las pandillas. En solo dos semanas, Semana ha publicado más de 15 noticias sobre el salvadoreño.   El fenómeno Bukele que aterriza ahora en la política colombiana no es único. Más allá de su popularidad avasalladora en El Salvador por la caída espectacular de la violencia, que supera el 90%, sus vídeos, perfectamente coregrafiados, circulan en los chats de whastapp de tendencia ultraderechista de todos los países de América Latina y hasta de España. Una política de mano dura que genera tanta atracción en unos como rechazo en otros. Un episodio ya conocido en Colombia, en el que se prioriza la reducción de la violencia a la salud de la democracia. Países como Costa Rica ya han anunciado que copiarán el modelo Bukele.   Organismo internacionales han llamado la atención sobre los abusos en el país, que ha aumentado su política propagandística. En los vídeos que se difunden, con música ambiente y planos cinematográficos, se ven a miles de pandilleros sometidos, esposados de pies y manos y vestidos con un calzón blanco, durante su traslado a la supercárcel de máxima seguridad que Bukele inauguró hace un mes. Una prisión con espacio para 40.000 presos, lo que la convertiría en la mayor del mundo.   La senadora Cabal ya ha convertido en apuesta política su política de seguridad: “Prometo que vamos a replicar el modelo de Bukele en Colombia para que los niños puedan crecer con sus padres. No vamos a perdonar bandidos y no vamos a dar impunidad”, dijo en Twitter. La derecha tiene un nuevo ídolo. El presidente ya encontró enemigo.

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Bukele intensifica su guerra contra las pandillas con el traslado de 2.000 nuevos presos a la supercárcel de máxima seguridad

EL PAÍS .-Las organizaciones civiles salvadoreñas y la comunidad internacional denuncian múltiples abusos a los derechos humanos durante el régimen de excepción que dura ya un año.   El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha hecho de las redes sociales su principal tribuna política, ha vuelto el miércoles a lanzar uno de sus tuits favoritos. Dos frases escuetas, incluido un recado para sus críticos, y un vídeo espectacular. El anuncio es el traslado de 2.000 presos más a la supercárcel de máxima seguridad, que inauguró hace poco más de un mes con otro de sus habituales despliegues mediáticos como el golpe definitivo en su guerra contra las pandillas. La semana que viene se cumplirá un año desde que Bukele decretó un duro régimen de excepción, que ya va por 11 prórrogas y que limita derechos y libertades constitucionales en todo el país. Tanto la comunidad internacional como organizaciones salvadoreñas de derechos humanos acusan al Gobierno de usar la tortura, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas en su embestida contra las llamadas maras. El Gobierno, por su parte, responde con poca información, más allá de los mensajes en redes sociales del presidente, y saca pecho de una reducción histórica de la violencia.   Traslado de pandilleros a la cárcel denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), este jueves.GOBIERNO DE EL SALVADOR (EFE) El vídeo del miércoles, de menos de minuto y medio, parece el tráiler de una serie de Netflix. Con música de película de acción, se repiten las escenas de presos esposados de pies y manos, vestidos con apenas un calzón blanco para que se vean los tatuajes, una de las marcas de las pandillas. Van saliendo en fila, con la cabeza agachada hacia un autobús que los lleva a la nueva cárcel, donde se colocan hacinados como animales en el suelo, en interminables filas de cuerpos pegados unos a otros. Los vídeos exhibiendo a los presos han sido una constante durante los últimos meses en el marco de su polémica política de seguridad.   El texto que acompaña el vídeo dice: “Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Con esto, ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo”. Hace menos de un mes, Bukele publicó otro vídeo similar con el primer traslado de presos a ese enorme complejo presidiario localizado a las afueras de San Salvador y anunciado por el mandatario como “la cárcel más grande de toda América”. En aquella ocasión dijo también: “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin hacerle más daño a la población”.   Traslado de presos, el miércoles.SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI (REUTERS)  Ya van más de 60.000 detenidos, según las cifras del Gobierno, desde que arrancó en marzo pasado el régimen de excepción. La suspensión de garantías constitucionales incluye las detenciones injustificadas y la rebaja de 16 a 12 años la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas. La incomunicación total con el exterior incluidos abogados y familiares, juicios virtuales sin intervención de testigos y en general un proceso plagado de opacidad e irregularidades.   Organizaciones de derechos humanos del país han denunciado que apenas un tercio de los detenidos tienen vínculos comprobados con las pandillas. El resto, afirman, son producto de una campaña de limpieza social para ganar puntos de cara a las elecciones del año que viene. La guerra extrema contra las mafias ha logrado debilitar a las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha-13 y Barrio-18. Al mismo tiempo, la estrategia electoral le está funcionando al presidente, que registra los mayores niveles de popularidad de un mandatario desde la vuelta a la democracia a principios de los noventa tras la sangrienta guerra civil.   Policías militares con escudos antimotines escoltan a los pandilleros.GOBIERNO DE EL SALVADOR (EFE) Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) también han denunciado “abusos a gran escala” en los centros penitenciarios. La investigación del organismo, que tuvo acceso a una base de datos oficial, registró desde marzo hasta agosto del año pasado la muerte de 32 personas bajo custodia en los penales. Además de hacinamiento extremo, “miles de personas, incluidos cientos de menores, detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso”.   La deriva autoritaria del Gobierno de Bukele incluye también el asalto a las instituciones de justicia. En mayo de hace dos años, poco después de arrasar en las urnas y lograr el control de la Asamblea salvadoreña, el presidente impuso, saltándose todas las reglas, a un nuevo fiscal general y a nuevos magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estos golpes fueron respondidos con la reprobación de EE UU, ante lo que el presidente no ha dudado en entrar a la gresca perfilando un nuevo adversario en su agenda de polarización y campaña permanente. A esta situación hay que sumar también acoso y los señalamientos a la prensa y a los organismos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la carrera de obstáculos para acceder a la información de interés público. Presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el miércoles.SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI (REUTERS)

Bukele intensifica su guerra contra las pandillas con el traslado de 2.000 nuevos presos a la supercárcel de máxima seguridad Leer más »

Hacinados y sin debido proceso: la filtración de una base de datos muestra los abusos a presos en El Salvador de Bukele

Los registros, a los que ha tenido acceso Human Rights Watch (HRW), exponen la actuación de las autoridades durante el régimen de excepción y confirman muertes de detenidos bajo custodia   Hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. El reverso de la moneda en la estrategia de Nayib Bukele para acabar con las pandillas en El Salvador ha quedado expuesto en la filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso Human Rights Watch (HRW). Los registros muestran “abusos a gran escala” en los centros penitenciarios del país centroamericano bajo el régimen de excepción decretado en marzo de 2022. Esa medida ha llevado al arresto de más de 60.000 personas en los últimos 10 meses y el presidente ha logrado debilitar a las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha-13 y Barrio-18. Al mismo tiempo, se multiplicado las denuncias de atropellos a los derechos humanos.   Los hallazgos confirman ahora las alertas lanzadas tanto por HRW como la ONG salvadoreña Cristosal. La base de datos, atribuida por una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, detalla los nombres de personas procesadas entre marzo y agosto del año pasado. La primera conclusión, según un comunicado difundido este viernes, es que “que miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”.   La documentación, que fue cotejada por HRW con otras fuentes, registra hasta agosto la muerte de 32 personas, en su mayoría en los penales de Mariona e Izalco. Las autoridades se refirieron en noviembre al fallecimiento de otros 58 detenidos sin aclarar las circunstancias. Con respecto a las acusaciones formuladas contra los presos, más de 39.000 enfrentaban los cargos de pertenencia a “agrupaciones ilícitas” y más de 8.000 a “organización terrorista”. En cambio, señala la organización en defensa de los derechos humanos, “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0,3% de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)”. El delito de “agrupaciones ilícitas” en El Salvador alcanza también a quienes obtienen “provecho” de forma indirecta de las relaciones “de cualquier naturaleza” con las pandillas. “El uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales”, apunta HRW.   Según datos oficiales, las autoridades salvadoreñas han detenido desde marzo a 61.000 personas, de las que cerca de 3.000 han quedado en libertad, en muchos casos con penas sustitutivas. A finales de agosto, un total de 1.082 menores habían sido enviados a prisión provisional, de los que 21 tenían 12 o 13 años. Una ley aprobada cuando entró en vigor el régimen de excepción rebajó de 16 a 12 años la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas.   “Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, manifiesta Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW. “Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”. Este último dato es sangrante. Hasta agosto de 2022 las cárceles de El Salvador aumentaron su población en de 50.000 personas. En febrero de 2021, el sistema penitenciario del país, según información oficial, tenía capacidad para 30.000 personas. La filtración de la base de datos acredita también “que más de 7.900 mujeres habían sido enviadas a detención provisional, una cifra que duplica la cantidad total de mujeres que se encontraban detenidas en El Salvador en febrero de 2021″.   A esta situación se suman las pobres condiciones de fiscalización del Gobierno de Bukele, el acoso y los señalamientos a la prensa y a los organismos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la carrera de obstáculos para acceder a la información de interés público. Con estas premisas, HRW vuelve a solicitar al Ejecutivo “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”. Empezando, por ejemplo, por abordar el problema a partir de sus causas estructurales “como los niveles elevados de pobreza y exclusión social e impulsar procesos penales estratégicos enfocados en juzgar a los líderes de pandillas”. Fuente: El País

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El Salvador y Cuba son dos de los países con más presos del mundo

Un informe de la Universidad de Londres advierte que hay más de 38.250 encarcelados en el país centroamericano y alrededor de 57.100 detenidos en la isla caribeña Las redadas de decenas de miles de presuntos pandilleros han dado a El Salvador la población penal per cápita más alta del mundo. Según el informe World Prison Brief del Birkbeck College de la Universidad de Londres, el porcentaje de población carcelaria de este país centroamericano es mayor que el de Estados Unidos y Cuba.   El gobierno del presidente Nayib Bukele declaró el año pasado el estado de emergencia y construyó un gigantesco complejo penitenciario para controlar la violencia de las pandillas. Grupos de derechos humanos han criticado la falta de un debido proceso, pero la represión es popular entre el público. Las autoridades de seguridad de El Salvador han reportado bajo el régimen de excepción, vigente desde finales de marzo tras una escalada de asesinatos atribuidos a las pandillas, más de 60.400 detenciones, lo que representaría cerca del 1% del total de la población del país. Según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, la población total de El Salvador es de 6.325.827.   De acuerdo con Zaira Navas, jefa jurídica de la organización humanitaria Cristosal, “antes del inicio del régimen de excepción, El Salvador ya tenía una alta sobrepoblación y un gran índice de hacinamiento” en las prisiones. Navas explicó a la agencia de noticias EFE que “para 2021 los centros penales reportaban una capacidad instalada de 32.000 personas”, pero el número de presos era “mucho mayor”. Vista general de la construcción del complejo penitenciario conocido como “Centro de Reclusión del Terrorismo” que, según el presidente salvadoreño Nayib Bukele, está diseñado para albergar a 40.000 reclusos, en Tecoluca, El Salvador (REUTERS/Jose Cabezas) Según el informe de la Universidad de Londres, en la actualidad hay 605 presos cada 100.000 personas en El Salvador. Es decir que hay más de 38.250 encarcelados en el país centroamericano.   Y en Cuba hay 510 encarcelados cada 100.000 personas, de acuerdo con el reporte. Es decir que, considerando que la isla tiene una población de 11,2 millones de habitantes según datos del Banco Mundial de 2021, alrededor de 57.100 personas estarían encarceladas.   Presos políticos en Cuba La ONG Prisoners Defenders (PD) denunció el jueves pasado que actualmente hay 1.057 presos políticos en Cuba, 29 nuevos en diciembre.   “Cada mes, Cuba sigue hostigando, amenazando, citando y deteniendo a miles de personas, y encarcelando y procesando penalmente a una media de más de 30 nuevos presos políticos al mes. El pueblo vive atemorizado y amordazado. Cuba se ha convertido en una gran cárcel para la gran mayoría de la ciudadanía. A pesar de las miserias que vive Cuba, la enorme represión consigue que los cubanos vivan con auténtico temor por su seguridad y limiten en altísimo grado sus libertades más fundamentales”, denunció la organización, con sede en Madrid, en su último reporte mensual. Foto de archivo del doble alambrado exterior de la cárcel del Combinado del Este en La Habana, Cuba (EFE) PD criticó que sobre estos presos pesan “condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso”. Del total de detenidos, “190 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 175 han sido sentenciados a un promedio de más de 10 años de privación de libertad cada uno”, detalló el informe. Agregó además que “938 prisioneros políticos presentes en la lista han sido sentenciados con penas de hasta cadena perpetua en 18 casos”.   Además, el reporte de PD detalló que “al menos 123 mujeres (incluyendo varias transgénero) siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia”. “Todas las mujeres trans en prisión han estado y están encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones indescriptibles para su condición sexual”, denunció. Fuente: Infobae

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