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Ecuador: julio 18, 2024

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Ecuador, julio 18, 2024
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Tener policías y militares activos y no en la cárcel por investigaciones en el uso de la fuerza, la razón de la pregunta 3 de la consulta

El Universo .- Según las cifras, entre el 2022 y 2023, 139 policías fueron procesados en casos relacionados con el uso legítimo de la fuerza. Hay voces a favor y en contra. Tener a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria activos y que puedan defenderse en libertad de ser procesados por la aplicación del uso legítimo de la fuerza mientras ejercen sus funciones. Ese sería el objetivo principal de la pregunta 3 del cuestionario de consulta popular que propone el presidente de la República, Daniel Noboa Azín. El proyecto de once preguntas de esta iniciativa está en análisis de la Corte Constitucional (CC), una vez que el jefe de Estado las envió -el 2 de enero- para que emita su dictamen de constitucionalidad, antes de convocar a los ecuatorianos a las urnas. De entre las once propuestas, la número 3 cuestiona al elector: ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 3? En dicho anexo, el Ejecutivo no describe el articulado con el que cambiaría el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para ejecutar esta idea. Al contrario, se menciona que el presidente de la República, en un plazo máximo de cinco días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá un proyecto de ley reformatorio al COIP a la Asamblea Nacional, para que esta en un plazo máximo de 60 días debata y apruebe la reforma legal, conforme el trámite previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entre las motivaciones para elevar esta interrogante al electorado, se expone que entre el 2022 y 2023 se registraron 139 casos en los que policías han sido investigados y procesados por las autoridades, por el uso legítimo de la fuerza en operativos contra la delincuencia. A lo que se suma que estadísticas de la Inspectoría General de la Policía Nacional refieren que en el 2022, 30 policías fallecieron como consecuencia del combate directo al delito y, en el 2023, fueron 47. En funciones de prevención y combate al delito, en el 2022 hubo 215 casos de tentativa de homicidios/asesinatos y otros 300 en el 2023. En tanto, según la evidencia recabada, en el uso legítimo de la fuerza por parte de servidores policiales fallecieron 49 personas en el 2022 y 90 hasta el 22 de diciembre de 2023. A criterio del constitucionalista Jorge Chalco, lo que se plantea en esta pregunta ya existe en la legislación nacional. «El presidente no tuvo la diligencia necesaria para observarlo. El artículo 54 de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, expresamente, dispone que cuando se investigue por el cumplimiento de su deber a la fuerza pública en procesos penales, estos no deben ser privados de su libertad y se preferirán medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Ya existe la disposición normativa, no hay que burlarse del país», lamentó. En su opinión, la iniciativa «no goza de carga de lealtad y claridad que exige la Corte Constitucional, además no hay ninguna utilidad jurídica real». Para la constitucionalista y catedrática Verónica Hernández, el Gobierno intentaría que el dictar medidas alternativas a la prisión preventiva no sea optativa para los jueces que conozcan estos casos, sino mandatoria. «Se reconoce que la legislación actual ‘orienta’ a los jueces a dictar medidas alternativas a la prisión, pero no los ‘obliga’ a dictar dichas medidas. El objetivo no es la impunidad, sino no perder a ese agente del grupo de las fuerzas del orden y que se defiendan en libertad», reflexionó Hernández. Añadió que el uso de medidas alternativas a la prisión está reconocida en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y aquello «no debería sorprendernos. El asunto está en dar razones por las que esté justificada esa diferenciación», dijo. «¿Por qué debe ser obligatorio para los miembros de las fuerzas del orden y no para otros funcionarios? La razón que da el presidente es para no perder al agente y que este deje de ejercer sus funciones. ¿Podría considerarse discriminatoria esta medida? Y si es así, ¿está justificada? Esto lo podríamos ver en el análisis que realice la CC en su dictamen», comentó la catedrática. El régimen argumenta la necesidad de contar con una «norma expresa» que permita a los cuerpos de seguridad que cuando sean investigados o procesados por el uso legítimo de la fuerza en el ejercicio de sus funciones, puedan defenderse en libertad y continuar cumpliendo con su rol y tareas inherentes a las funciones que desempeñan. En noviembre del 2022, en el sector de la María Piedad, en el centro del cantón Durán, dos miembros de la Policía Nacional fueron asesinados. Los gendarmes se encontraban a bordo de una camioneta de la institución cuando fueron sorprendidos. Fotos: César Muñoz/API Foto: API La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) cuestionó el plebiscito enviado por Noboa calificándolo de «populista y demagógico» que «en nada aportará a los problemas del país», entre ellos, la seguridad. Además, hizo un llamado a la Corte Constitucional para que no dé paso a la consulta por su «intrascendencia, inconstitucionalidad y discriminación». Sobre la pregunta 3, Inredh indicó que el texto envía un «mensaje equivocado a las fuerzas del orden: una promesa de impunidad ante los abusos al uso progresivo de la fuerza. Otras medidas que sí deben tomarse para proteger a la ciudadanía y prevenir la incidencia de procesos de investigación incluyen la suspensión provisional de funciones de la persona investigada una vez que se le han formulado cargos». Inredh apuntó en un comunicado que se debe garantizar la independencia de los procesos y evitar la presión sobre el sistema judicial. Por su parte, Hernández ahondó que, si bien es cierto estas reformas se pueden debatir en el Legislativo, «no es menos cierto que el grado de

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Policía abate a un delincuente tras persecución en Santo Domingo

Primicias .- Un enfrentamiento a balas ocurrió entre policías y antisociales, tras el robo de un camión en vía que conecta a Santo Domingo y Chone. Un delincuente con antecedentes penales por robo y tenencia ilegal de armas de fuego fue abatido y otro resultó herido tras una intensa persecución y un cruce de fuego con la Policía en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El coronel Lenín Peralta, comandante de la institución en esta zona, relató que este hecho ocurrió a la madrugada del miércoles, 27 de diciembre de 2023, a la altura de la cooperativa Carlos Luis Burneo. En el sitio, los policías aplicaron el uso legítimo de la fuerza y se enfrentaron a bala con los antisociales, cuando estos pretendían robar un camión que terminó volcado en la autopista y desafiaron la orden de detenerse. ABATIDO IMPLICADO EN ROBO DE CAMIÓN Tras persecución ininterrumpida contra delincuentes que habrían robado un camión, mismo que perdió pista en el sector de la cooperativa Carlos Luis Burneo, #SDTsáchilas. Se produjo un enfrentamiento armado contra servidores policiales,… pic.twitter.com/zCKCtvQk36 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) December 27, 2023   El operativo se ejecutó después de que los agentes recibieron la alerta del robo del vehículo, a la altura del kilómetro 21 de la vía que conecta a Santo Domingo con Chone, Manabí. El pedido de auxilio había sido enviado al Ecu911 por el conductor del camión, después de lograr salir del automotor y lanzarse a los matorrales, cuando seis delincuentes con armas de grueso calibre lo interceptaron en un automóvil color negro y una camioneta blanca. El camión robado fue localizado por la Policía a la altura del ingreso a la UTE y la persecución a los antisociales avanzó hasta la avenida los Colonos, en donde tuvo su desenlace. Por la gravedad de las heridas, los galenos comprobaron el fallecimiento de Edison A, de 31 años, quien registra procesos judiciales por robo y tenencia y porte de armas de fuego, informó la Policía. Mientras que José R, de 18 años y quien no presenta antecedentes, se encuentra herido recibiendo la atención médica en el hospital regional de Santo Domingo y fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Como evidencia, en el lugar se levantaron como indicios un arma de fuego tipo pistola y el vehículo tipo camión recuperado. En menos de 24 horas es el segundo delincuente abatido por la Policía, después de una balacera en Guayaquil.

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Segura EP de Guayaquil fusionará su sistema de videovigilancia con Samborondón; este martes se firma el convenio

El Universo .- En los próximos meses Daule y Durán se unirían a esta iniciativa para vigilar a través de las cámaras todo el territorio. Durante una sesión solemne de este martes 5 de diciembre se firmará un convenio entre el Municipio de Guayaquil y de Samborondón para fusionar los sistemas de videovigilancia con los que cuentan ambos cantones de la provincia del Guayas. La idea es poder hacer la trazabilidad de los casos, dijo Andrés Sandoval, director de Segura EP, anterior Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), pues hay delitos que se dan en Guayaquil y las personas huyen hacia Samborondón o viceversa, como ocurrió este lunes 4 de diciembre cuando una persona que circulaba en un vehículo plateado por la vía a Samborondón fue secuestrada. El funcionario sostiene que en estos casos se podría seguir al carro en el que se llevan a la víctima en tiempo real a través de las pantallas e ir dando las coordenadas a los agentes para que se ejecute el rescate y la detención de los infractores de la ley. El Centro de Monitoreo y Vigilancia de Samborondón cuenta con más 550 de estos dispositivos tecnológicos, mientras que Segura EP, según Sandoval, tiene 35.000 cámaras, casi 16.000 de ellas cuentan con tecnología para reconocimiento facial y de placas. En Samborondón hay también cámaras con sistema de reconocimiento de placas, cámaras ojo de pez, bocinas, tótems de emergencia, alarmas comunitarias, sistema de interconexión de garitas, cámaras termales con radares en los ríos Daule y Babahoyo y botes para vigilancia fluvial. Hasta el 30 de noviembre se han emitido en Samborondón más de 4.700 alertas, la mayoría por presencia de vendedores informales, personas en actitud sospechosas e incluso 21 casos por individuos que han realizado sus necesidades biológicas en la vía. En ese territorio solo 7 alertas corresponden a la desarticulación de bandas delictivas y 24 personas han sido detenidas este año. El funcionario de Segura EP sostuvo que con el alcalde Daule, Wilson Cañizares, también han tenido acercamientos para unificar sus sistemas y que también se van a reunir con Luis Chonillo, alcalde Durán, en las próximas semanas. Daule cuenta con una sala de monitoreo, donde operadores revisan las imágenes obtenidas a través de 355 cámaras. 25 han sido instaladas en las avenidas principales, 300 en las urbanizaciones y barrios de ese cantón y 30 más pertenecen al ECU911. Además de la firma del convenio, el director de Segura EP aseguró que en los próximos meses habrá 700 nuevos agentes de control metropolitano en Guayaquil. Dijo que ya se abrieron las postulaciones y que recibieron más de 22.000 solicitudes de jóvenes entre 18 y 25 años. El 35 % de las postulaciones son de mujeres de todo el país.

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EE.UU. destinará USD 17,7 millones para seguridad ciudadana en Ecuador

Primicias .- La estrategia de USAID se implementará en Quito y otros ocho municipios de Ecuador, para fomentar la organización comunitaria y enfrentar la inseguridad. El Gobierno de Estados Unidos anunció el 8 de noviembre de 2023 la implementación de un nuevo programa de seguridad ciudadana en Ecuador denominado “Pilares”, al que destinará una línea de cooperación de USD 17,7 millones. La puesta en marcha del proyecto se anunció en el marco de una visita que realiza a Quito la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power. Además, la delegada de USAID prevé reunirse con autoridades del Gobierno de Guillermo Lasso y del presidente electo, Daniel Noboa. Power explicó que el programa consiste en fomentar la organización comunitaria con la participación de distintos niveles de gobierno para combatir el aumento del crimen y la violencia en Ecuador. El programa se implementará durante tres años en Quito y otras provincias como El Oro, Guayas y Esmeraldas. “Las estrategias no deberían centrarse solamente en enfrentar la delincuencia, sino abordar sus causas profundas“, agregó Power, durante un evento en el Centro de Artes Contemporáneos en Quito. Power también se reunió con el alcalde de la capital, Pabel Muñoz, y acordaron emprender un diagnóstico para identificar qué tipo de inseguridad afronta la ciudad. “En Quito ha bajado un poco el índice de robos a personas y vehículos. La mala noticia es que han subido los niveles de secuestro, extorsión y homicidio. ‌Estamos hablando de otro tipo de delincuencia, que está vinculado con dinámicos de microtráfico de disputa territorial”, dijo el alcalde Muñoz. Por su parte, Power consideró que enfrentar la seguridad ciudadana requiere de identificar sus causas profundas como la falta de oportunidades para los jóvenes. Además, llamó al Estado a invertir en la seguridad de jueces y fiscales que son parte del tribunal donde se tramitan casos de corrupción y del crimen organizado.

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Desarticulan a una organización delictiva en Riobamba

Primicias .- La Policía capturó a nueve presuntos integrantes de una organización delictiva en Riobamba, provincia de Chimborazo, el 28 de septiembre de 2023. El grupo de sospechosos está compuesto por siete hombres y dos mujeres, con antecedentes penales, que fueron aprehendidos después de una persecución policial. Los detenidos fueron identificados como Sandra C., Mayra C., Rudy C., Julio P., Kevin T., Kelvin A., Jorge S., Anthony A., y Julio C. Cinco de ellos tenían en su poder armas de fuego. La captura ocurrió entre las calles Cordovez y Carabobo, tras el robo y asalto a un local comercial. Los sospechosos intentaron huir, pero “los uniformados emprendieron una persecución ininterrumpida y con colaboración de la ciudadanía lograron neutralizar a los presuntos infractores”, indicó la Policía en un comunicado. Entre las evidencias, la Policía encontró cinco armas de fuego, 50 cartuchos de percutir y teléfonos celulares. También retuvieron una camioneta, una motocicleta, joyas, dinero en efectivo y dos televisores.

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En Ecuador ‘no hay evidencia del Tren de Aragua’, afirma el ministro Zapata

Primicias .- El ministro del Interior, Juan Zapata, contradice a un jefe policial que informó que parte de la banda venezolana Tren de Aragua se radicó en Ambato y en Baños desde 2021. El ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró el 27 de septiembre de 2023 que “no existe evidencia” de que en Ecuador opere la temida organización criminal de Venezuela, el Tren de Aragua. “En Ecuador descartamos la presencia del Tren de Aragua. No existe evidencia de que esta agrupación delictiva opere en el país”, remarcó, en declaraciones divulgadas por su despacho. De este modo, Zapata entró en una contradicción con el jefe de la subzona de Policía de Tungurahua, coronel William Calle, quien informó que parte de la banda venezolana se radicó en Ambato y en Baños desde 2021. Al contrario, Zapata insistió en que, a través de equipos de inteligencia de la Policía Nacional, se ha monitoreado y mapeado el territorio y se conoce a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que operan en las provincias de la Costa, que sirven como rutas de la droga. “Dentro de nuestros mapas de calor, no se ha determinado la operación de este GDO venezolano, cuyos procedimientos son sumamente violentos“. Juan Zapata, ministro del Interior. Incluso, señaló que, de acuerdo con informes de Policía, los GDO de Ecuador no tienen ninguna relación con el Tren de Aragua. “No la quisieran tener porque cuidan mucho sus territorios”, añadió. Alerta por ‘El Niño Guerrero’ Pese a descartar la existencia de la banda en el país, Zapata indicó que la Policía Nacional se mantiene alerta ante un posible ingreso de Héctor Guerrero Flores a Ecuador. Este sujeto, conocido como el ‘Niño Guerrero‘, es el cabecilla del Tren de Aragua y tras su huida de la cárcel de Tocorón es buscado en al menos cinco países. Para ello, se activaron los equipos de la Dirección General de Inteligencia, Migración, Policía Preventiva e Interpol. “Hay una orden de detención por Alerta Roja dada el 22 de septiembre por Venezuela, por lo tanto, Ecuador está vigilante con sus equipos. Si logramos la captura del miembro del Tren de Aragua, lo entregaríamos al Gobierno venezolano”, apuntó el Ministro. Zapata recordó que hace pocas semanas se reunió con mandos policiales, de migración y su par de Perú porque en ese país sí opera el Tren de Aragua, sobre todo, con sicariatos extremadamente violentos.

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Estados Unidos supera las 20.000 muertes por violencia con armas en lo que va del año

El País .- Al menos 136 niños de 0 a 11 años han muerto en incidentes con armas, según la plataforma Gun Violence Archive. De acuerdo con la plataforma Gun Violence Archive, en total se han registrado 20.910 muertes por violencia con armas en Estados Unidos en lo que va del año. La base de datos recopila los fallecimientos que involucran un arma por diversas causas, desde disparos accidentales, suicidios, hasta tiroteos masivos.   Los números indican que en 2023 se han registrado al menos 331 tiroteos masivos, definidos como los incidentes donde más de cuatro personas sufrieron heridas de tiros o murieron por disparos, sin incluir al tirador.   La plataforma también indica que del total de muertes este año, 11.748 han sido suicidios y 9.162 corresponden a homicidio, disparos no intencionales y otros causas.   En total, 136 niños de 0 a 11 años han muerto y 323 han resultado heridos. En la franja de edad adolescente, 741 han muerto y 1.985 han sido heridos.

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Dos helicópteros nuevos y siete pilotos se suman a la Aviación Naval para combate al narcotráfico

El Universo .- Realizarán operaciones de vigilancia contra el narcotráfico y rescates durante inundaciones. Un helicóptero BELL407 unimotor con capacidad para seis personas y un BELL430 bimotor con capacidad para nueve personas o hasta dos camillas con equipos médicos se integraron este viernes 16 de junio a la Aviación Naval.   Estos equipos serán usados para realizar operaciones de vigilancia, inteligencia y reconocimiento de las costas, región Insular y la frontera norte (Esmeraldas), principalmente en la lucha contra el narcotráfico.   Los helicópteros también tienen capacidad para realizar rescate, transporte de tropas y evacuaciones aeromédicas, por lo que el comandante de la Aviación Naval, capitán de navío Fabricio Rueda Aldaz, dice que serán útiles si durante el fenómeno de El Niño se reportan emergencias. Con estas dos nuevas adquisiciones, la Aviación Naval cuenta actualmente con nueve helicópteros y seis aviones que cumplen operaciones de exploración aeromarítima.   Además de la entrega de las aeronaves, este viernes se graduaron siete aviadores navales luego de casi dos años de capacitación. El capitán Rueda destaca que no es común ser piloto naval, pues ellos regularmente trabajan (despegan y aterrizan) desde plataformas o buques de superficie desplegados en el litoral ecuatoriano, por lo que cuentan con una capacitación especial y requieren mayor precisión.

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Guayaquil quiere un “comando coordinado” para enfrentar la inseguridad

Primicias .- El Concejo Municipal aprobó, en primer debate, la creación de la Empresa Pública Segura que busca articular a la Corporación de Seguridad, Agentes metropolitanos y la Dirección de Gestión de Riesgos.   El Municipio de Guayaquil busca crear un “comando coordinado” a través de una nueva empresa pública: Segura EP. El objetivo es ejecutar acciones tanto en la prevención del delito y en la respuesta a emergencias o desastres naturales en la ciudad.   La idea es articular en una sola entidad a tres instancias municipales:   Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG) Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Dirección de Gestión de Riesgos.   El nombre completo de la nueva entidad es Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad. Y el Concejo Municipal aprobó su creación en primer debate este jueves 8 de junio del 2023, con el voto unánime de los 15 concejales.   La moción para crear Segura EP la presentó el concejal oficialista Raúl Chávez, de la Revolución Ciudadana, con mayoría en el Concejo. Y ahora se espera su ratificación en un segundo debate previsto para el jueves 22 de junio.   Fernando Cornejo, presidente de la CSCG, explicó que la nueva empresa tendrá un enfoque integral en seguridad ciudadana, seguridad vial, protección de la violencia de género, control del espacio público, gestión de riesgo y manejo de desastres.   “Segura EP es una propuesta para liderar el eje de seguridad de la ciudad y trabajar en colaboración con el eje social y económico”. Fernando Cornejo De hecho, la empresa pública también incorporará la unidad de lucha contra la violencia de género, “Amiga, ya no estás sola”, adscrita hasta ahora a la Corporación.   Componentes de Segura EP La nueva entidad absorberá la central de llamadas de la Corporación y su sistema de videovigilancia, creado en 2006, que cuenta con 15.000 cámaras con inteligencia artificial. Además, incorporará a los agentes de policía metropolitana. El alcalde Aquiles Alvarez, con casi un mes en el cargo, se comprometió a incorporar 2.500 nuevos metropolitanos en los primeros tres meses de su administración.   Y a completar 5.000, en el segundo trimestre. Mientras que al absorber a la Dirección de Riesgos, Segura EP también tendrá a cargo el análisis y monitoreo de amenazas. Y eso incluye a corto plazo delinear acciones de preparación o respuesta para el fenómeno de El Niño.   Así, se busca crear una entidad con autonomía administrativa y financiera, distinta a la municipal.  De tal manera que “se tenga una mayor agilidad para fortalecer su operación, recursos logísticos y flexibilidad para implementar” sus planes.   Fondo de contingencia  El concejal Jorge Rodríguez, del Partido Social Cristiano (PSC), destacó en la sesión la creación de un fondo de contingencia ante la proximidad de los efectos de El Niño. Con Segura EP se crea también un fondo municipal para la gestión de riesgo y atención de emergencias. Este presupuesto estará constituido por un aporte anual del 0,5% de los ingresos propios y recaudaciones del Municipio (impuestos, tasas, asignaciones del estado).   Este valor será transferido a Segura EP de forma trimestral. En caso de emergencias y desastres, o por casos de fuerza mayor, el Concejo Municipal podrá resolver sobre el incremento o limitación de este aporte.   Los fondos serán dispuestos por la empresa pública y el directorio de la entidad aprobará el reglamento para su administración, según el proyecto. Además, estos recursos podrán ser incrementados por donaciones, legados, contribuciones y aportes.   Rodríguez también pidió en la sesión incluir entre las funciones de los metropolitanos a una división ambiental de 11 agentes que ya han sido capacitados como guardaparques.   El Cuerpo de Agentes de Control Municipal de Guayaquil, que controla el uso del espacio público, mercados y dependencias municipales, tendrá entre sus nuevas funciones también apoyar con el resguardo del transporte público y con la gestión de emergencias o desastres.   La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil informó de la conformación de 112 comités comunitarios de gestión de riesgos, ante el fenómeno de El Niño.  CSCG   Intervenciones sociales El presidente de la CSCG explicó que con la nueva entidad los servicios de seguridad se distribuirán de manera desconcentrada en zonas de mayor problemática y vulnerabilidad.   También se prevén intervenciones sociales en territorio -dijo- para la prevención del delito, que Segura EP coordinará con todas las instituciones municipales.   De hecho, la Corporación ya inició las reuniones para implementar programas con las direcciones municipales de salud, cultura, de la mujer, bienestar animal, deportes y con la empresa pública de acción social y educación.   “Uno de los factores sociales de la delincuencia es el nivel de escolaridad”, señaló Cornejo, de la CSCG.   “Por cada 10 personas privadas de la libertad hay solo un bachiller titulado y por cada 100 presos tenemos solo uno titulado por la Universidad”. Fernando Cornejo Además, un 80% de los delitos y las muertes violentas en Guayaquil se concentran en seis de los 10 distritos de Guayaquil, de acuerdo al diagnóstico de la Corporación.   De hecho, los tres cantones del área metropolitana de Guayaquil registraron 1.068 muertes violentas en los cinco primeros meses del año (74% más que en el mismo periodo del año pasado).   Las zonas más violentas están todas en Guayaquil, en Nueva Prosperina (noroeste) con 320 asesinatos; el Distrito Sur, con 175 y Pascuales (norte), con 105 homicidios.   La CSCG ya conformó el Consejo Cantonal de Seguridad. Mientras que en el marco de la preparación para el fenómeno de El Niño se informó de la conformación de 112 comités comunitarios de gestión de riesgo, mientras otros 40 están en proceso de creación.  

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Nayib Bukele redobla su ofensiva contra las maras tras el asesinato de un oficial en El Salvador

El País .- El mandatario ordena la movilización de más de 5.000 militares y 500 policías en nueva demostración de fuerza. “Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe”, advierte El presidente Nayib Bukele ha redoblado su ofensiva contra las pandillas en El Salvador. El controvertido mandatario ha ordenado la movilización de más de 5.000 oficiales de las fuerzas armadas y 500 policías para dar con los responsables del asesinato de un oficial el martes, mientras realizaba labores de patrullaje en Chalatenango, al norte del país. Esta nueva demostración de fuerza contra las pandillas se da en momentos cuando la Asamblea Nacional ha aprobado una nueva prórroga al régimen de excepción, con lo que queda vigente la suspensión de garantías jurídicas por 30 días más. “Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe”, ha advertido Bukele. El asesinato del oficial fue informado por la Policía Nacional en un escueto mensaje publicado en redes sociales. Según el informe, el policía fue atacado por pandilleros mientras patrullaba junto a otros oficiales en la comunidad de Nueva Concepción, en la norteña provincia de Chalatenango. “Un terrorista fue capturado en el lugar. Ejecutamos operativo para dar con los otros responsables”, informó la Policía. Bukele reaccionó furibundo ante el ataque y en una serie de mensajes en sus redes sociales arremetió contra organizaciones de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación que critican su controvertida estrategia de seguridad. “Los pandilleros que aún quedan en nuestro país acaban de asesinar a uno de nuestros héroes. Pero ahí no dirán nada las ONG de “derechos humanos”, ellos solo velan por los derechos de los criminales”, dijo el mandatario. Bukele ha aprovechado este nuevo ataque para pedir que se extienda el régimen de excepción impuesto hace un año por su Gobierno como estrategia para eliminar a las pandillas que durante décadas sembraron el terror en el país centroamericano. El mandatario ha pedido una nueva extensión “hasta terminar por completo con esta peste”, ha dicho. El Parlamento salvadoreño, controlado por Bukele, amplió el régimen a petición del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. La solicitud fue aprobada con un total de 67 votos de los legisladores. “Esta es una estrategia innovadora, contundente y para bien de todas las mayorías, esa es la democracia que quiere tener el presidente Nayib Bukele, donde los gobiernos, los órganos de Estado escuchan las demandas de la población y las solucionan”, ha dicho Villatoro tras hace la petición a los diputados. Con la nueva extensión del régimen de excepción bajo el brazo, Bukele se ha mostrado envalentonado y con una nueva puesta en escena mediática ha anunciado la movilización de miles de oficiales de las fuerzas armadas para dar con los culpables del asesinato del policía. “Ante el homicidio ocurrido ayer de un agente de nuestra Policía por parte de pandilleros que aún se encuentran en algunos sectores de nuestro país, escondidos, huyendo del Régimen de Excepción desde esta madrugada establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, con más de 5,000 elementos de las Fuerzas Armadas y 500 de la Policía en búsqueda de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que aún se esconden en ese lugar. Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe”, ha advertido. El video muestra la movilización de miles de soldados en una nueva demostración de fuerza del mandatario. Desde que inició la guerra contra las maras del presidente salvadoreño, las autoridades han capturado a más de 68.000 personas acusadas de formar parte de estas agrupaciones. Hasta la fecha han sido liberadas al menos 5.000 personas que, tras las investigaciones de la fiscalía, no tienen vínculos con las pandillas. Esta estrategia de seguridad de Bukele ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que han advertido de violaciones a las garantías de los detenidos. Un informe de Human Rights Watch (HRW) ha denunciado “abusos a gran escala” en los centros penitenciarios del país centroamericano bajo el régimen de excepción decretado desde marzo de 2022, que inclye hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia.

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Guayaquil, la ciudad ecuatoriana donde cunde el terror del crimen organizado, según diario El País

EL PAÍS .- Las balaceras se multiplican mientras el Gobierno deja en manos de los ciudadanos el combate contra la inseguridad La promesa de mano dura del Gobierno ecuatoriano y de ganar la guerra que declaró contra el crimen organizado hace dos años, después de tres masacres carcelarias que cobraron la vida de 200 presos, cambió con el reciente anuncio del presidente Guillermo Lasso de autorizar la tenencia y porte de armas a civiles para defensa personal, llamando al combate a todos. “Tenemos un enemigo común, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo el mandatario en un mensaje a la nación el 1 de abril y que ha desatado toda clase de críticas.   “Esto es parte de la mirada militarista de la seguridad que ha venido implementando el presidente”, señala el analista Luis Carlos Córdova y que, en su opinión, “ahora traslada la responsabilidad a la sociedad civil”. La decisión del presidente llega cuando el país enfrenta la peor crisis de inseguridad de su historia. En el 2022 los homicidios intencionales alcanzaron una cifra récord de 4.603, eso significó un 83% más que en el 2021 y ubicó al país como uno de los más violentos de América con una tasa de 25 crímenes cada 100.000 habitantes.   El foco de esa violencia se concentra en Guayaquil, la ciudad costera más importante, que además, mueve gran parte de la economía por tener cinco de los ocho puertos del país y que históricamente han atraído una importante migración interna que busca oportunidades de una mejor vida. Pero las políticas públicas de la ciudad no han sabido responder al crecimiento de la población, y lo que ha hecho es excluir a los barrios de las obras públicas, y “se han convertido en un búnker para los grupos delincuenciales”, dice Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil.   Por lo menos unas diez bandas criminales disputan a sangre y fuego el poder de territorios, a través de extorsiones, secuestros, robos, asesinatos perpetrados por sicarios y atentados terroristas. Pintan su insignia en las paredes para sembrar terror en la población que ha cambiado su dinámica de vida. “Ahora pasamos [el tiempo] encerrados en las casas”, dice Virginia Cedeño, una madre de cuatro hijos que vive en el barrio Isla Trinitaria, un sector deprimido del sur de la ciudad, donde la mayoría de sus habitantes viven del trabajo informal, ante la falta de oportunidades.   El sector se formó por invasiones, a los que con los años el Municipio llevó los servicios básicos como agua, electricidad y alcantarillado. En el mejor de los casos, las calles tienen asfalto. La falta de planificación hace de estos lugares una masa de concreto, sin vegetación, ni parques, que crecieron desde las orillas de los esteros, los brazos de mar que llevan a los puertos. Jamás imaginaron que su ubicación se convertiría en un factor estratégico para los delincuentes que se dedican a traficar con droga utilizando los contenedores de carga.   El miércoles por la noche, 25 jóvenes armados en motocicletas fueron con pintura a marcar las paredes de las casas de la Isla Trinitaria. “LK, CZ”, escribieron en los muros de varias cuadras. “Significa Latin Kings, y las otras letras deben ser del nombre del sujeto que ganó la guerra. Ahora el barrio le pertenece”, dice Virginia, quien describe que la pugna ha desangrado al barrio, también arrebató la vida de su esposo, quien fue asesinado hace ocho meses a pocos metros de la casa.   Casi se han normalizado las balaceras que se producen constantemente en el sector, por lo que las armas han dejado de ser algo extraño. “Yo usaría un arma si es que la vida de mis hijos estuviera en peligro”, añade la madre, que ha visto cadáveres en el portal de su casa, y ha sufrido las consecuencias de explosiones de bombas que lanzan los criminales sin distinguir. Aunque reflexiona sobre las consecuencias legales: “El problema es que los delincuentes son protegidos por la justicia en este país”.   Hay razones suficientes para los temores de Virginia, cuando tanto el Gobierno como el sistema judicial permitieron la libertad del principal cabecilla de una de las bandas más peligrosas de Ecuador. A través de un informe favorable de la dirección de la prisión y de una medida cautelar concedida por un juez, alias JR, sentenciado por siete asesinatos, se fue a su casa con un grillete electrónico. Publicaba en redes sociales las fiestas en burdeles y las armas que usaba su equipo de seguridad. Después, intentaron asesinarlo, se quitó el dispositivo y se esfumó. Ahora es de nuevo prófugo de la justicia.   Por ahora, Virginia no tiene las posibilidades económicas para acceder a un arma, ni a las municiones, ni al curso de entrenamiento que demanda el permiso para tenerla legalmente. El Ministerio de Defensa es el que debe entregar los certificados de destreza en armas, el Ministerio de Salud tiene a cargo las pruebas psicológicas y se deberá implementar un sistema de registro que estará bajo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.   Pero existen dudas de que los certificados que se emitan para tener armas se obtengan de forma regular, dada la corrupción reconocida en las instituciones. Incluso el Gobierno de Estados Unidos retiró la visa a varios generales por presuntos vínculos con el narcotráfico. En noviembre pasado, en la bodega policial del cuartel Modelo, en Guayaquil, descubrieron que faltaban 150 armas, que algunas se han encontrado en escenas de crímenes. Otro hecho trascendental ocurrió en 2018, cuando se allanaron las oficinas de la Comandancia del Ejército en Quito para desarticular una red que traficaba armas del Ejército y las vendía a alias Guacho, cabecilla de las disidencias colombianas conocidas como Frente Oliver Sinisterra. “Si es que esas condiciones existen en el país, pretender que con más armas importadas no va a crecer el tráfico de armas interno es una ingenuidad”, explica Córdova.   El Ministerio de Salud también ha estado envuelto en escándalos por emitir de forma irregular 2.300 carnés de discapacidad en el año

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Bukele sustituye a Uribe como inspiración de la derecha en Colombia

EL PAÍS .- La admiración por el presidente de El Salvador crece entre figuras como María Fernanda Cabal mientras Petro lo busca como enemigo.   Un nombre de origen árabe ha entrado de lleno en la política colombiana. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se abre paso como nuevo representante de la polarización. Al mismo tiempo, la figura de Álvaro Uribe, que hasta ahora había ocupado ese lugar, se ha difuminado en los últimos tiempos. Entre la oposición tampoco hay un líder que lo releve. La buena y extraña relación entre el expresidente y Gustavo Petro ha dejado vacío el hueco del antagonista, necesario para una figura como Petro, que creció políticamente desde la confrontación al uribismo. El joven autócrata salvadoreño ha ocupado ese espacio con gusto. El presidente de Colombia ya tiene con quien pelear y la derecha más radical ha encontrado a quien encumbrar. Bukele se deja querer: “Creo que iré de vacaciones a Colombia”, dijo en Twitter.   El primero en nombrar al salvadoreño fue el propio Petro, aunque sus palabras podían haber pasado desapercibidas. En un acto en Bogotá, el presidente se refirió a la política de seguridad de su homólogo centroamericano: “El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas”. Bukele colgó el vídeo en su perfil de Twitter: “Los resultados pesan más que la retórica”, le contestó.   Ahí se abrió la veda. Empezó un intercambio de mensajes en la red social que se mantiene con el paso de los días. Los ataques entre ambos han ido en aumento. En uno de ellos Bukele interpela al colombiano: “No entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”. Un golpe bajo contra Petro, que días antes había solicitado a la Fiscalía que abriera una investigación a su propio hijo por corrupción. Nicolás Petro está la mira de la justicia por supuestamente utilizar su apellido para quedarse con dinero destinado a la campaña a la presidencia de su padre.   Petro, conocido por su afición a tuitear y no evitar ningún charco, respondió retador: “Estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces, ni magistrados; lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos”. Así han seguido varios días. Este mismo jueves, aunque sin citar a Bukele, Petro se refirió a las cárceles salvadoreñas como “campos de concentración”.   El filón estaba servido para la derecha, tan huérfana de líderes desde las pasadas elecciones, donde los partidos tradicionales ni siquiera alcanzaron la segunda vuelta. La primera en entrar a la batalla en defensa de Bukele fue María Fernanda Cabal, senadora del ala más radical del uribismo. “Presidente Nayib Bukele, Gustavo Petro jamás construyó un colegio y menos una universidad. Lo que sí hizo fue promover centros de consumo de drogas, en vez de rehabilitar adictos”. Se refería a su época como alcalde de la capital.   Días después, la revista Semana, de tendencia conservadora, dedicó su portada al presidente de El Salvador. “El milagro Bukele”, tituló. Una referencia religiosa para un hombre que ya se presenta ante su pueblo como un “instrumento de Dios”. La publicación narra la carrera presidencial del joven mandatario, de 41 años, obviando deliberadamente algunos detalles no menores. Por ejemplo, se limita a decir que aspira a la reelección, pero no cuenta que la Constitución lo prohíbe. Tampoco explica su deriva autoritaria, su mangoneo sobre la justicia, sus abusos contra los derechos humanos amparado en un único fin: acabar con las pandillas. En solo dos semanas, Semana ha publicado más de 15 noticias sobre el salvadoreño.   El fenómeno Bukele que aterriza ahora en la política colombiana no es único. Más allá de su popularidad avasalladora en El Salvador por la caída espectacular de la violencia, que supera el 90%, sus vídeos, perfectamente coregrafiados, circulan en los chats de whastapp de tendencia ultraderechista de todos los países de América Latina y hasta de España. Una política de mano dura que genera tanta atracción en unos como rechazo en otros. Un episodio ya conocido en Colombia, en el que se prioriza la reducción de la violencia a la salud de la democracia. Países como Costa Rica ya han anunciado que copiarán el modelo Bukele.   Organismo internacionales han llamado la atención sobre los abusos en el país, que ha aumentado su política propagandística. En los vídeos que se difunden, con música ambiente y planos cinematográficos, se ven a miles de pandilleros sometidos, esposados de pies y manos y vestidos con un calzón blanco, durante su traslado a la supercárcel de máxima seguridad que Bukele inauguró hace un mes. Una prisión con espacio para 40.000 presos, lo que la convertiría en la mayor del mundo.   La senadora Cabal ya ha convertido en apuesta política su política de seguridad: “Prometo que vamos a replicar el modelo de Bukele en Colombia para que los niños puedan crecer con sus padres. No vamos a perdonar bandidos y no vamos a dar impunidad”, dijo en Twitter. La derecha tiene un nuevo ídolo. El presidente ya encontró enemigo.

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A Ecuador le faltan 27 802 policías

EL COMERCIO .- El número de policías en Ecuador se incrementó en 800 en cerca de un año en que esta institución comenzó un proceso de reclutamiento. En febrero de 2022 había 51 310 agentes y hasta diciembre de 2022 subieron a 52 198, según Talento Humano de la Policía Nacional. Esto significa que aún faltan 27 802 policías en Ecuador para cumplir la meta de 80 000 agentes reclutados hasta el 2025. Ese plazo se propuso el Ministerio del Interior y la Policía en el marco de los procesos de reclutamiento para incrementar agentes. Uno de esos comenzó en enero de 2022 y en el transcurso de este año se abrirá otra fase. Los aspirantes a policías que se integraron en 2021 se graduarán en abril de 2022. En consecuencia, solo en esos tres procesos se llegaría a 18 500 uniformados reclutados. Reclutamiento no mejoró seguridad Analistas consideran que este leve reclutamiento por el incremento del número de policías en Ecuador no ayudó a mejorar los niveles de seguridad. De forma general, los delitos aumentaron al doble en 2022 con respecto al 2021. Por ejemplo, los homicidios se incrementaron en 92% en 2022 con relación al 2021 en el país. Para el experto en seguridad, Miguel Orellana, la incorporación de nuevos agentes responde a la necesidad de atender a los territorios más conflictivos. Pero eso a su vez, agrega, causa una migración del delito, ya que las bandas se trasladan a otras zonas para operar sin presión de la fuerza pública. No obstante, eso no sucedió en las provincias donde fueron enviados los nuevos policías reclutados. Al analizar los datos de provincias y distritos donde están esos agentes se observa que la inseguridad tampoco bajó. Es el caso de la Zona 8 que comprende a Guayaquil, Samborondón y Durán. Ahí las muertes violentas pasaron de 688 en 2021 a 1 534 en 2022, un incremento del 123%. En esta zona, el número de policías reclutados en Ecuador subió a 184 de febrero a diciembre de 2022. Actualmente en ese distrito operan 8 281 uniformados. Otro caso es el de Sucumbíos, en la frontera con Colombia. Los homicidios en 2021 fueron 40 y un año después se duplicaron. Un total de 134 nuevos policías fueron desplazados para diferentes cantones de esa provincia de la Amazonía en 2022. Provincias con déficit de policías El incremento del número de policías reclutados en Ecuador persigue un cumplimiento de las normas internacionales. La recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tasa de agentes sugiere que sean 2,8 policías por 1 000 habitantes. 11 provincias no cumplen ese parámetro (ver gráfico). Esas provincias y la Zona 8 tienen en promedio 2,2 policías por cada 1 000 personas. En cambio, nueve provincias, entre esas Zamora Chinchipe, Napo, Pastaza y el Distrito Metropolitano de Quito sí superan el indicador de la ONU. Otras cuatro llegan ligeramente a la recomendación, con 2,9 policías por cada 1 000 habitantes. Estas son Esmeraldas, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. Nuevos criterios para reclutamiento La Policía de Ecuador reforzó los criterios de selección para incrementar el número de policías, en el marco de las posibles infiltraciones del crimen organizado en sus filas. En 2022, unas 15 000 personas con antecedentes penales intentaron ingresar a la Policía. En el proceso de reclutamiento en marcha este 2022 se amplió la verificación a otros comportamientos. El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que en la selección se verificará que no tengan boletas de apremio por actos de violencia contra la mujer. “Ingresarán a las escuelas quienes cumplan con requisitos y mejores en calificaciones, no se permitirá injerencia ni tráfico de influencias”, dice en un comunicado. Recomendaciones internacionales La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, en su guía sobre convocatoria y selección policial, lo resume de esta forma. Que esos procesos no escapan a deficiencias y verificaciones adecuadas. Por eso recomienda que se ponga énfasis en la investigación de antecedentes sociales y de conducta. Esto tiene que ser independientemente de los exámenes médicos y físicos, pruebas de conocimiento y aptitud y evaluación psicológica. La oficina norteamericana pone como ejemplo el caso de Washington. “Cuando se incrementó el cuerpo policial en 1 000 agentes, se admitió a candidatos mal calificados, inclusive con antecedentes criminales y casi analfabetos”.

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Aquiles Álvarez habla de ‘preocupante’ las finanzas del Municipio de Guayaquil

El Comercio.- El alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, compareció ante los medios una semana después de imponerse en las elecciones de 2023. Advirtió sobre el estado “preocupante” de las arcas municipales. Álvarez informó que en las cuentas municipales solo existían USD 3 millones hasta el martes 7 de febrero. Mientras, que hay cuentas por pagar de los meses de diciembre y enero por USD 9 millones, solo en el consorcio Urvaseo, de recolección de basura. “La situación financiera del municipio es grave”, indicó  Álvarez la mañana de este lunes 13 de febrero. “Vamos a buscar que el flujo no tenga afectaciones para que la obra no pare. Vamos a gestionar recursos, no nos asusta, no nos preocupa…”. Retiro de rejas del Malecón no es prioridad El nuevo burgomaestre también señaló que el retiro de las rejas del Malecón 2000, un tema polémico que mencionó en campaña, no es una prioridad. Y dijo que lo prioritario es trabajar en la seguridad ciudadana. “Hoy no es prioridad para nada sacar las rejas del Malecón. Es mi sueño, pero primero es la seguridad”, indicó el empresario. Añadió que tampoco estaban dadas para retirar el enrejado. Entre los objetivos de la nueva administración están reducir los índices de criminalidad en la ciudad hasta diciembre del 2023, dijo. Para este mismo 13 de febrero está previsto que Álvarez se reúna con el nuevo gobernador del Guayas, Francisco Tabacchi, para trabajar el tema de la seguridad. En la rueda de prensa en un hotel del centro de Guayaquil, Álvarez también ratificó que el futuro de las fundaciones municipales entrará a análisis. Mientras que espera conocer con cuántos recursos cuenta un fideicomiso para el nuevo aeropuerto, a fin de que el Concejo Municipal pueda decidir sobre su destino, dijo. El equipo de transición de la nueva administración prevé realizar visitas a todos los directores municipales. Álvarez se posesionará en el cargo el 14 de mayo de 2023.    

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Lula espera que las protestas golpistas se deshagan voluntariamente pero no descarta tomar medidas

La detención de un bolsonarista tras un atentado fallido lleva a las autoridades a reforzar el despliegue de seguridad y vetar las armas en Brasilia Luiz Inácio Lula da Silva quiere darse el primer paseo como presidente de Brasil, el domingo, Año Nuevo, en un Rolls Royce descapotable, como hizo su predecesor. Pero su equipo de seguridad no descarta que deba recurrir a un coche cerrado y blindado para evitar cualquier riesgo. La decisión final dependerá de cómo evolucione la situación. Un atentado fallido con bomba que pretendía causar el caos en Brasilia para impedir el traspaso de poder y la detención, como principal sospechoso de organizarlo, de un bolsonarista vinculado a las protestas golpistas sumado a unos actos de vandalismo días antes hicieron saltar todas las alarmas. El presidente electo espera que los que siguen acampados ante cuarteles pidiendo una intervención militar se vayan voluntariamente a sus casas antes de Año Nuevo, pero no descarta el uso de la fuerza. Este jueves la policía ha emprendido una operación contra los sospechosos de intentar asaltar la sede de la poliicía, quemar coches y autobuses en Brasilia el día 12 después de la ceremonia en la que Lula fue declarado apto para convertirse en presidente de la república. Al menos dos personas han sido detenidas. El plan es que el líder de la izquierda brasileña inicie su tercer mandato el día de Año Nuevo con una multitudinaria fiesta en el corazón de la política brasileña y bien arropado por la comunidad internacional. Se espera a unas 300.000 personas además de una veintena de jefes de Estado y otros representantes extranjeros. Las medidas de seguridad para la ceremonia se han reforzado. Las autoridades pretenden movilizar al 100% de los agentes de policía de Brasilia. Y el Tribunal Supremo ha aceptado la petición del equipo de Lula de que vete las armas de las calles de la capital con motivo del evento. Pero las concentraciones de bolsonaristas que quieren un golpe de Estado persisten. Menguadas y radicalizadas en diversas ciudades. Varios calendarios artesanales —”59 días de resistencia”— recordaban este miércoles en el campamento levantado ante el Cuartel general del Ejército en São Paulo que han pasado casi dos meses desde las elecciones. Lula consiguió una apretada victoria frente a Jair Bolsonaro. Si los primeros días se apretaron en esta calle miles y miles de personas, ahora suman un centenar a lo sumo, pero han levantado casetas y, en vista de lo que dice Julieta, de 40 años, no tienen ninguna intención de abandonar la protesta. “Si hay que morir por Brasil, estoy dispuesta a dar mi vida”, proclama antes de pronosticar que “la probabilidad de enfrentamiento es grande”. Viste una camiseta verde oliva con cuatro números: 1964 (el año del último golpe militar) y usa ese seudónimo porque no quiere revelar su identidad. Asegura que tiene planes de viajar a Brasilia para unirse al campamento de la capital, principal símbolo de los bolsonaristas que aún creen que les robaron las elecciones. La sistemática campaña del presidente contra la credibilidad de las urnas, las encuestas y las autoridades electorales ha calado hondo entre sus seguidores. Bolsonaro recurrió el resultado pero su apelación fue rechazada de plano y acusado de actuar de mala fe. Para el equipo de Lula, es prioritario desactivar la protesta de Brasilia porque se ubica a 10 kilómetros del corazón político de Brasil, donde Lula recibirá la faja presidencial aunque aún se desconoce quién se la impondrá. Nadie espera que lo haga Bolsonaro, que ni siquiera ha reconocido el triunfo del líder izquierdista. “No serán pequeños grupos extremistas quienes coloquen a la democracia brasileña contra la pared”, advirtió este martes el futuro ministro de Justicia, el antiguo juez y gobernador Flávio Dino. “Cuando más pactada sea la desmovilización de los campamentos, mejor. Esta es la posición del presidente Lula en este momento. Por supuesto, si eso no ocurre, se tomarán medidas. Pero en un segundo momento”, explicó en una comparecencia. A su lado, el próximo ministro de Defensa, José Múcio, pidió a Dios que la protesta se deshaga por las buenas. El propio Múcio explicó muy gráficamente hasta qué punto la trama descubierta en Nochebuena supone un salto cualitativo. “Cuando un ciudadano pone una bomba debajo de un camión de queroseno que está entrando en un aeropuerto y que podría volar un avión con 200 personas, entramos en el terreno del terrorismo”. Ésa es precisamente la acusación que pesa contra el principal sospechoso, George Washington de Oliveira Sousa, de 54 años. Durante los interrogatorios policiales, este gerente de una gasolinera en el Estado de Pará explicó el motivo de su viaje a la capital a mediados de diciembre: “Viajé a Brasilia para unirme a las protestas frente del cuartel militar, y esperar a que las Fuerzas Armadas me autorizaran a tomar las armas y destruir el comunismo”, dijo, según Reuters. El cuartel al que se refiere es la sede principal del Ejército. La policía localizó también varias armas en el piso que tenía alquilado. Julieta, la bolsonarista de São Paulo, está convencida de que la versión oficial de la policía es falsa y sostiene que el detenido es en realidad un simpatizante del partido de Lula da Silva, el de los Trabajadores. Poco le importa que esa falsedad, que circula por redes, haya sido desmentida por las agencias de chequeo. Prácticamente de un día para otro, el terrorismo se ha convertido en Brasil en una preocupación local. Este era un país donde una mochila sin dueño en plena calle no hacía saltar ninguna alarma. Ya no. Este martes una desató un notable despliegue policial que quedó en un susto. Pero lo que era un temor abstracto se ha convertido en una preocupación tangible al descubrirse la trama de la bomba. Como dijo el jefe de la policía de Brasilia, “Bombas, eso es una cosa que nunca existió en Brasil. Y no lo vamos a permitir”. Los bolsonaristas más radicales quisieran que el presidente saliente reaccionara al estilo Donald Trump. Siguen esperando a que Bolsonaro abandone el silencio en el que se

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UNES y PSC bloquean reunión plenaria que incluía aprobación de reformas sobre seguridad, y la Asamblea cierra sus actividades hasta el 3 enero de 2023

Los 137 legisladores desde este 19 de diciembre se acogen a la vacancia legislativa aprobada por el Consejo de Administración Legislativa. La ausencia de los legisladores de las bancadas Unión por la Esperanza, Partido Social Cristiano y gran parte de la Izquierda Democrática impidió que la Asamblea Nacional se reúna este 18 de diciembre para tramitar las reformas relacionadas con seguridad que buscaban endurecer las penas a la extorsión que se manifiesta a través de las llamadas “vacunas”. A la sesión convocada por el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, a las 13:50, solo acudieron 47 asambleístas, en su mayoría del oficialismo, independientes, un sector de la Izquierda Democrática y Pachakutik, por lo que la agenda de cuatro puntos quedará para cuando los legisladores retornen de un periodo de vacaciones que comienza este 19 de diciembre y que durará hasta el 3 de enero de 2023, cuando deberán acudir a sus labores. Respecto al proyecto sobre seguridad, las reformas buscan endurecer penas, elevan a categoría de delito la extorsión y tipifican como conducta agravada las llamadas “vacunas”. Tras los resultados obtenidos este domingo, 18 de diciembre, el proyecto se deberá conocer en el pleno en enero de 2023. Para las 20:30 de este domingo, 18 de diciembre, está convocado el pleno a fin de instalar una sesión virtual para posesionar a Roberto José Romero von Buchwald como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos; pero los bloques del PSC, UNES y sus aliados de la ID y Pachakutik adelantaron que tampoco se conectarán. Dentro de la acción de protección que favoreció a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y declaró nulo el juicio político que los censuró y destituyó, el juez de La Concordia Ángel Lindao dispuso a la Asamblea Nacional que posesione en un plazo de 48 horas a Roberto Romero como titular de la Superintendencia de Bancos. La medida se dispone antes de que el Parlamento inicie su periodo de vacancia legislativa. El 16 de diciembre, el juez de la Unidad Judicial de La Concordia notificó a las partes procesales, entre ellas a la Asamblea Nacional, su decisión en la acción de protección que presentó el ciudadano Manuel Párraga en contra de la resolución del 18 de noviembre, con la que se censuró y destituyó a Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo mediante un juicio político. Como medidas también dispuso que la Asamblea pida disculpas públicas, coloque una placa y posesione al superintendente de Bancos. De estas tres cosas, solo la primera ha cumplido, por el momento. El coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, lamentó que los asambleístas de UNES y PSC no hayan asistido a instalar la sesión para aprobar un proyecto de ley que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad. “¿Dónde está el nivel de los legisladores que tienen que darle la cara al país en materia de seguridad?”, preguntó Flores, quien describió que se toparon con curules vacías de legisladores que demuestran que no hay compromiso para abordar los temas que son importantes para los ecuatorianos. De su lado, los asambleístas de UNES y PSC que integran la mayoría legislativa emitieron un comunicado, que también suscriben los legisladores Yeseña Guamaní, Marlon Cadena, Wilma Andrade, Daniel Onofa y Ramiro Frías, de la ID, así como Mireya Pazmiño, Peter Calo y Ángel Maita, del sector denominado Rebelde de Pachakutik, en el que advierten de una ruptura del Estado de derecho en el país cuando se pretende obligar a posesionar al superintendente de Bancos designado por el Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que, según este grupo de asambleístas, fue censurado y destituido por su cargo. En el comunicado, ese sector de políticos, al referirse a la convocatoria nocturna del pleno de este 18 de diciembre, advierte que no legitimarán con su presencia en el pleno la intromisión de un juez desacreditado en la primera función del Estado. “Rechazamos y advertimos al país el ridículo abuso de derecho con el cual se pretende utilizar la justicia para beneficiar a un ciudadano designado como superintendente de Bancos en un proceso que carece de eficacia jurídica”, incluye el comunicado. Este sector de asambleístas anuncia, en su comunicado, que impulsarán todas las acciones necesarias contra “el flagrante abuso del juez”; que, si es necesario, apelarán a las instancias internacionales para evitar el despropósito judicial. Lamentan que se pretenda utilizar un proyecto de seguridad que debía debatirse este domingo, 18 de diciembre, para obligarlos “a asumir la arbitrariedad cometida”. El legislador Salvador Quishpe, del movimiento Pachakutik, advirtió que para la sesión convocada para las 20:30 los asambleístas deberían tener cuidado, porque un juez constitucional de La Concordia dio un plazo de 48 horas para que la Asamblea tome posesión del nuevo superintendente de Bancos electo por el CPCCS; y, de no hacerlo, pueden caer en desacato y puede haber consecuencias que podrían llevar hasta la destitución de asambleístas, porque se está incumpliendo una disposición de autoridad competente. Quienes no acudan a la sesión 833 convocada para este 18 de diciembre podrían incluso ser destituidos del cargo. Fuente: El Universo

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