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Se apaga lentamente el incendio inflacionario en Venezuela

El Pais .- El aumento de los precios pierde aliento tras un duro ajuste que ha empobrecido aún más a los asalariados. El país espera una moderada expansión económica gracias a la flexibilización de las sanciones internacionales Luego de una tormenta hiperinflacionaria de carácter histórico en América Latina, que desató un inédito trastorno de precios que destrozó la economía a partir del año 2016, los índices de precios en Venezuela empiezan finalmente a perder terreno. Las tablas del Banco Central promedian una tasa del 3,2% en el mes de noviembre, la más baja en muchos meses en el país, dando continuidad a un descenso evidente en octubre y septiembre. Con estos pasos, Venezuela va camino de ceder el primer lugar de la clasificación. El promedio anual actual se ubica en un 185%, aún tremendamente alto, pero muy lejos de los disparatados años de 4.000% y 6.000% de 2016 o 2017. Los expertos consultados, como Henkel García, director de la consultora AlbusData, aseguran que, si la conflictividad política no sale de su cauce- lo que aún está por verse-, el país podría finalmente terminar 2024 con una tasa inflacionaria de dos dígitos. Luego de un 2023 con una modesta tasa de crecimiento, se espera también una expansión de la economía en 2024 gracias a una recuperación del ingreso fiscal por la supresión o flexibilización de las sanciones energéticas por parte de Estados Unidos. Francisco Rodríguez, académico de la Universidad de Denver, calcula que el rango de la expansión del PIB puede estar entre 2 y 6 por ciento. Algunos hacen cálculos incluso más optimistas. Una hostil política de estatizaciones junto el endurecimiento de controles cambiarios, fiscales y comerciales, impulsados por Nicolás Maduro al asumir funciones en el Gobierno en 2013 para dar continuidad al legado de Hugo Chávez, además de la corrupción generalizada en casi todas sus instancias, produjo en 2014 una debacle cambiaria que agravó el desabastecimiento y una grave sangría de divisas en Venezuela. Durante casi todo el siglo XX, el país tuvo una envidiable estabilidad cambiaria, de varias décadas de duración y, hasta 1980, algunas de las tasas inflacionarias más bajas del mundo. Las sanciones internacionales aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea, y otros actores al Gobierno de Maduro acabó agravando la tormenta creada por el chavismo y ataron de manos al Ejecutivo, precipitando además el desplome de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal ya carcomida por la corrupción. “Luego de un duro ajuste de casi dos años, finalmente la inflación cede. La sociedad ha pagado un costo altísimo para mitigar este fenómeno porque el ajuste ejecutado por Maduro ha sido muy contractivo y ha lastimado muchísimo la calidad de vida de los asalariados”, afirma el economista Leonardo Vera de la Universidad Central de Venezuela. Vera apunta que la inflación cede porque -a diferencia de lo hecho en los años 2014-2015-2016, en los cuales se decretaban alegres aumentos de salariales sin fundamento fiscal- el Gobierno de Nicolás Maduro ha tenido cuidado de no cometer el mismo error y no ha movido la escala de sueldos, en este momento la más baja de América Latina. “El encaje bancario, que sigue en 73%, y que debe ser el más grande del mundo, terminó matando el crédito en Venezuela, pero produjo consecuencias. Por otro lado, el anclaje cambiario ha tenido efecto, pero ha limitado la producción local, y tiene marco inestable”, afirma Vera. Luego de años escondiendo las cifras de la economía y negándose a presentar cuentas al Parlamento que dominó la oposición hasta 2020, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, a cargo del área económica, ha presentado al legislativo el Presupuesto de 2024, donde se prevé un aumento en los ingresos nacionales. “La inflación se ha desacelerado, lo hizo en noviembre respecto a octubre, lo hará en diciembre, y también en enero”, afirma el analista financiero Henkel Garcia. García coincide con Vera en torno a no decretar aumentos salariales como una de las causas de la pérdida de vigor en el aumento de precios. “Los ingresos fiscales del país han aumentado un poco y eso ha permitido cierta estabilidad cambiaria. Claro, eso lo está pagando el trabajador”. La economía venezolana actual, una expresión muy reducida de su versión tradicional, sobrevive hoy con sus ingresos petroleros, en en apenas 800.000 barriles diarios de producción, la producción aurífera, los ingresos por remesas, y una tibia recuperación en su producción de hierro e insumos siderúrgicos, luego de gestiones desastrosas en las cuales se perdieron millones de dólares. Las industrias funcionan hoy al 30% de su capacidad y sirven un mercado mucho más pequeño, luego de la masiva diáspora de estos años. La industria de la construcción sigue decaída. El crédito bancario había quedado pulverizado con la inflación y apenas ahora se asoma de nuevo al mercado. La concreción de estas expectativas económicas dependerá del desempeño entre las tensiones entre el Gobierno de Maduro, la oposición venezolana y los Estados Unidos. La detención de Roberto Abdul, director de la ONG Súmate, podría terminar de agrietar lo acordado en Barbados, y la restauración de sanciones totales a Venezuela es una posibilidad cierta. Los analistas consultados dudan sobre el regreso inminente de sanciones, aun a pesar de esta nueva crisis del diálogo. “Mi impresión es que las sanciones serán flexibilizadas aun a pesar de que fracasen los acuerdos de Barbados”, afirma el economista Francisco Rodríguez. “Creo que parte importante del actual Gobierno de Estados Unidos quiere normalizar sus relaciones con Venezuela y tiene muy presente el fracaso de la política de sanciones. Hay problemas con la crisis migratoria y un interés por el petróleo venezolano. Puede haber grises en la interpretación de las sanciones, entre lo acordado en Barbados y algunos acuerdos parciales”.

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Las personas sin hogar en Brasil se multiplican por diez en una década y superan las 200.000

Internacionales / Victor Gonzalez

El País .- El presidente Lula anuncia un plan de 200 millones de dólares para darles asistencia social, aunque solo se prevé la construcción de 150 viviendas El paisaje en los centros de las grandes ciudades brasileñas es bastante elocuente: cientos de personas refugiadas bajo los soportales, viaductos o puentes, auténticos campamentos de plástico y cartón en las plazas más céntricas y en algunos casos, bolsas extremas de miseria y drogodependencia, como la célebre Cracolandia de São Paulo, un puñado de calles dominadas por los consumidores de crack. El problema de las personas sin hogar no es nuevo y salta a la vista, pero los datos muestran que se agravó enormemente en los últimos años. El número de sin techo se multiplicó por diez en una década, pasando de casi 22.000 en 2013 a más de 227.000 este año. Los datos son del Ipea, un órgano de investigación económica del Gobierno. Para afrontar esta problemática, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó el lunes un plan dotado con 982 millones de reales (200 millones de dólares) llamado Calles visibles. Sus objetivos centrales están más dedicados dar asistencia que a reinsertarlos en la sociedad o frenar el aumento. La mitad del presupuesto anunciado por el presidente Lula estará dedicado a alimentación, reforzando la dotación a Estados y municipios, quienes administran albergues y comedores. Además, se formará a 5.000 profesionales de la salud para trabajar en la calle y se creará una política de salud exclusiva para los sin techo. Casi la mitad (47,3%) de los brasileños sin hogar que viven en la calle explican su situación por problemas familiares o con sus compañeros sentimentales. El desempleo (40,5%), la adicción al alcohol y las drogas (30,4%) y la pérdida de la vivienda (26,1%) siguen en la lista de motivos. La edad media es de 41 años, la mayoría son hombres, y el estudio también evidencia que, como casi siempre, las diferencias raciales van de la mano de la desigualdad: el 69% de los sin techo en Brasil son negros, diez puntos por encima de su peso demográfico. Los autores del estudio concluyen que la explosión de gente que vive en las calles se explica por el estancamiento económico —Brasil lleva casi una década sin crecer con fuerza— y por los efectos de la pandemia del covid-19. Ipea advierte de que los datos que cifran este colectivo en 227.000 personas no pueden leerse como un censo oficial porque muchos de los afectados ocultan a las instituciones que viven en la calle: por la vergüenza del estigma social o en el caso de las mujeres, por ejemplo, por miedo a perder la custodia de los hijos. Una parte importante de los recursos irá para campañas contra la aporofobia (la discriminación de las personas sin hogar), la creación de puntos de apoyo como baños o lavanderías, casas de acogida para la población LGTBQIA+, cursos de alfabetización y programas para la regularización de documentos. También se prohíbe la llamada arquitectura hostil: el uso de materiales o estructuras destinados a evitar que los sin techo duerman en un determinado lugar. La política de vivienda, que a priori pareciera ser central para abordar el problema, es, de los siete ejes con los que cuenta el plan, el quinto con menor presupuesto. Son 3,7 millones de reales (750.000 dólares), con los que se pretende incluir a los sin techo en los programas sociales de vivienda pública y construir 150 viviendas en todo Brasil, “con prioridad para familias con niños y mujeres embarazadas”. El apartado destinado a cursos de capacitación, impulso de cooperativas y asociaciones e inserción en el mercado de trabajo tiene una dotación aún menor, de 1,2 millones de reales (243.000 dólares). La explosión del número de personas viviendo en la calle coincide con un momento en que grandes ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte o Recife, están ejecutando planes urbanísticos para atraer residentes a los barrios más céntricos, en general abandonados y con muy pocos vecinos. Se dan millonarios incentivos y exención de impuestos a las constructoras para que se animen a rehabilitar los históricos edificios casi en ruinas y convertirlos en residenciales y para levantar vivienda nueva en los numerosos solares. En general, en estos planes, la creación de vivienda pública para las rentas más bajas brilla por su ausencia, aún más si es para ceder un espacio temporal para los que mendigan en esos mismos centros degradados. Unificar las intenciones del Gobierno federal y la de Estados y municipios es otro de los principales desafíos. La anterior política nacional para los sin techo estaba en vigor desde 2009, pero en los últimos años tan sólo la aplicaron cinco Estados y 15 ciudades. El nuevo programa ideado en los despachos de Brasilia por el Ministerio de Derechos Humanos tiene un fuerte carácter asistencialista que puede no casar del todo con los anhelos de las autoridades municipales. En Río, el alcalde Eduardo Paes, aliado de Lula, generó una polémica hace semanas al proponer un mecanismo que permita que personas drogodependientes que se niegan a ir a albergues puedan ser retiradas de la calle a la fuerza para recibir tratamiento. En julio de este año, el Tribunal Supremo aceptó un recurso de partidos y movimientos sociales de izquierdas y prohibió la retirada y transporte forzado de personas sin hogar, así como la confiscación de sus bienes.

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El chavismo abre con el Esequibo un nuevo frente para asegurarse un control absoluto hasta las presidenciales de 2024

Internacionales / Victor Gonzalez

El País .- Un escenario de intensificación del conflicto abre la puerta a declarar un estado de emergencia que le permita al Gobierno postergar las elecciones Con los centros electorales desiertos durante el domingo y la indiferencia del electorado, el chavismo ha declarado una victoria poco palpable en el referéndum sobre el diferendo con Guyana por el Esequibo y Nicolás Maduro ha afirmado que comienza una nueva etapa en el país. “Vamos a recuperar y hacer justicia con la fuerza de todos”, dijo el presidente este lunes cuando recibió del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, los resultados del proceso que cambiaron en unos miles de votos con respecto a los anunciados la noche del domingo. Maduro ha asegurado el referéndum es vinculante, aunque así no fue convocado, y está por verse cómo avanzará hacia el cumplimiento de lo planteado. Más allá de los números, el Gobierno busca tener un respaldo popular para desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que Guyana adelanta su defensa. En este aspecto, sin embargo, el Supremo ya había decidido en una sentencia previa a este referéndum que Venezuela no acataría decisiones o actos de dictados por instancias internacionales sobre su territorio. No está claro si Venezuela abandonaría completamente la defensa del caso ante esta instancia, algo que aislaría aún más al país, o si se seguirá asistiendo a las audiencias y presentará la contra memoria en abril de 2024 en un proceso judicial que todavía está lejos de resolverse. Cómo hará cumplir los planteamientos de la quinta pregunta es la principal incertidumbre que hay ahora luego de los resultados. Esta cuestión es la que ha levantado más preocupación del país y que la propia CIJ dejó asentada en su decisión del viernes, en la que advirtió a Venezuela no hacer nada que modificara el estatus del territorio que de facto administra Guyana, mientras se decide la controversia de los límites. El domingo, los venezolanos que votaron aprobaron que el Gobierno cree el estado Guayana Esequiba y ejecute “un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana”. Esto ha sido interpretado en algunos sectores como una amenaza de anexión de un territorio en el que viven unas 125.000 personas que tienen ciudadanía guyanesa y son angloparlantes en su mayoría. “No sabemos si Venezuela se va a limitar a hacer gestos simbólicos con eso de crear el territorio Esequibo y nombrar autoridades simbólicas y si eso puede ser visto como una agresión por Guyana, o si pretenden utilizar algún mecanismo por la fuerza”, señala el abogado Alí Daniels, de Acceso a la Justicia. Una pretensión de este tipo podría llevar a Guyana a ubicar el conflicto en el terreno del Consejo de Seguridad de la ONU e incluso podría abrirle camino a una nueva demanda contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, donde está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad, advierte Daniels. “Una situación de conflicto no requiere que haya acción bélica. Puede ser una movilización de barcos, una expresión de control territorial de las aguas, que podría ser considerado como agresión y generar una escalada que nadie quiere”. Guyana ha otorgado concesiones petroleras en las aguas concernientes a la costa del territorio en disputa. En 2018 la Armada venezolana ya interceptó un buque de Exxon Mobile que navegaba por las aguas en disputa y elevó el tono de las tensiones diplomáticas en ese momento. En el plano internacional Venezuela tiene la cuerda muy corta frente a Guyana, que retiene los apoyos no solo de Estados Unidos y Reino Unido, sino también del Caricom, Cuba y China que, aunque en otros terrenos son aliados de Venezuela, históricamente han dado su respaldo a Guyana en este conflicto territorial. El paso que ha dado chavismo abre un nuevo frente que tiene menos que ver con la soberanía y la geopolítica internacional que con su posición interna frente unas presidenciales que ya están a la vuelta de un año. Maduro no logra remontar del piso de 15% de apoyo popular —según datos de encuestadoras como Delphos— que lo ha mantenido en un largo peor momento de su gestión. Las elecciones que deberían celebrarse en el segundo semestre de 2024, según lo firmado en los acuerdos de Barbados, sobre las que está siendo presionado en las negociaciones por la comunidad internacional para cumplir unas mínimas garantías democráticas, suponen en este momento la mayor amenaza para su estabilidad y permanencia en el poder. Por ello, un escenario de conflicto, como han sostenido diversos analistas, serviría de contexto para declarar un estado de emergencia que le permita al Gobierno postergar las elecciones. “Esto es un asunto más de política interna que externa, porque en seis meses no va a tener una decisión en la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo, lo que sí van a tener son las elecciones. En vista del fracaso que ha tenido el referéndum, pueden usarlo con fines diferentes a la defensa de la soberanía”, agrega Daniels. Este referéndum también ha puesto a prueba a las nuevas autoridades del CNE, cambiadas intempestivamente en agosto, sacrificando la conformación más plural que se había logrado en mucho tiempo, producto de las negociaciones. Son las autoridades que en un primer boletín la noche del domingo hablaron de una “abrumadora victoria” con 10,5 millones de votos que iría en aumento porque pasadas las 10 de la noche aseguró que todavía seguían votando los venezolanos. Las mismas que horas después, en declaraciones de Amoroso, han aclarado que fueron 10.431.907 venezolanos los que votaron, una diferencia que aviva la desconfianza que han tenido sectores opositores sobre la credibilidad de la institución que ahora tiene la tarea de organizar las presidenciales de 2024. Una discrepancia que también que se estrella contra el histórico del partido de Gobierno que nunca ha sacado más 10 millones de votos y que tampoco logró, en este caso, la esperada fotografía de las filas de

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Fluminense alza su primera Copa Libertadores al ganar a Boca Juniors en una dramática final

Deportes / Victor Gonzalez

El País .- El equipo brasileño gana por 2 a 1 al argentino en el Maracaná de Rio de Janeiro con goles de Cano y de Kennedy El mapa del fútbol sudamericano tiene doble cara. Si a nivel selección es el tiempo de Argentina, vigente campeona de América y de la Copa del Mundo, a nivel clubes se acrecienta el predominio brasileño. Fluminense venció 2-1 a Boca Juniors en una dramática final resuelta en tiempo suplementario en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y se consagró campeón de la Copa Libertadores por primera vez en la historia, un resultado que confirma una hegemonía brasileña que empezó en 2019. Aunque no pudo completar el partido, al salir lesionado en el final del segundo tiempo, el lateral brasileño Marcelo -25 veces campeón con el Real Madrid- volvió a sumar un nuevo título en su carrera, esta vez a sus 35 años y en lo más alto de América. Otro viejo cacique del fútbol brasileño, Felipe Melo, también se destacó en el Fluminense, aunque los héroes de la final fueron el argentino Germán Cano y John Kennedy, autores de los dos goles, ambos de hermosa resolución. El colombiano Jhon Arias también jugó un buen partido para el ganador, mientras que el peruano Luis Advíncula empató transitoriamente para Boca y el colombiano Frank Fabra fue expulsado. Fluminense es el 26º club que se incorpora a la lista de campeones de la Copa Libertadores, el décimo de Brasil. Los argentinos, sin embargo, siguen liderando la tabla de países de equipos que ganaron más Copas, aunque ahora 25 contra 23. La última alegría por fuera de los brasileños fue el título que River, de Argentina, ganó en 2018, también contra Boca. Desde entonces, Flamengo –dos veces-, Palmeiras –otras dos- y ahora Fluminense levantaron la Copa. Es la primera vez que los equipos de un mismo país suman cinco títulos seguidos. Hasta ahora, los clubes compatriotas habían acumulado cuatro Copas consecutivas, pero sin llegar al quinto triunfo al hilo. Entre 1967, Racing y Estudiantes –por triplicado- habían vestido la Copa de celeste y blanco, al igual que Independiente con su tetracampeonato desde 1972 a 1976. Ya este siglo, los brasileños se anotaron los títulos de 2010 (Inter), 2011 (Santos), 2012 (Corinthians) y 2013 (Atlético Mineiro). Mientras Fluminense se tomó revancha de lo que hasta ahora había sido su única final, la derrota ante Liga de Quito en 2008, Boca se mantiene con seis títulos, a uno del máximo ganador de clubes, Independiente, con siete –aunque su última alegría fue ya hace muchísimo tiempo, en 1984-. Los xeneizes suman tres frustraciones seguidas en el partido decisivo, ante Corinthians en 2012, River en 2018 y este sábado. Mundial de clubes Fluminense será ahora el representante sudamericano en el Mundial de Clubes, que se jugará del 12 al 22 de diciembre en Yeda, Arabia Saudita. Entre otros equipos, también participarán el Manchester City, como vigente campeón de la Liga de Campeones; el León de México, como ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf; y el Al-Ittihad, de Arabia Saudita, como campeón de la liga local. En medio de un Maracaná fantásticamente dividido entre hinchas argentinos y brasileños, cada equipo apostó a sus armas habituales: Fluminense, como virtual local, con la pelota y Boca, como virtual visitante, a la espera, agazapado, con menos posesión de la pelota pero con las mejores situaciones lideradas por el uruguayo Edinson Cavani, aunque en verdad aproximaciones, tampoco sin mucho peligro para el arco de Fábio. En esa quietud, el desarrollo parecía favorecer a los argentinos –técnicamente neutrales- cuando llegó el primer quiebre a los 36 minutos, el gol de Cano, un argentino casi desconocido en su país que llegó a Brasil hace dos años tras un gran paso por el fútbol colombiano y se convirtió en la insospechada figura del Fluminense. No sólo eso: con 13 tantos, Cano también se confirmó hoy como el máximo anotador de la edición 2023 de la Copa. Desde principios de siglo, en 2000, cuando el brasileño Luizao anotó 15 goles para el Corinthians, ningún jugador producía semejante racha goleadora en un mismo año. Más allá de la gran definición de Cano, el acierto del delantero argentino fue cómo burló a Advíncula y encontró un hueco en el área: al fútbol se gana con la pelota y generando espacios. Boca, un viejo zorro del fútbol sudamericano, debió entonces salir a hacer lo que menos prefería en los planes iniciales, buscar el empate. Con los roles invertidos, Fluminense se dedicó a esperar a su rival y quedó incómodo: aunque los argentinos no llegaban, tampoco se resignaban, en especial a partir de un gran trabajo de Ezequiel Fernández en la mitad de cancha. Así fue que un remate desde afuera del área de Advíncula marcó el 1-1 a los 27 minutos del segundo tiempo. La habitual fuerza psicológica de los equipos argentinos se hizo presente también en el Maracaná, aunque en el tiempo suplementario llegó el desnivel a partir de un golazo de Kennedy a los 9 minutos del primer tiempo suplementario: el talento por sobre la mentalidad. En medio del delirio, el propio goleador se fue expulsado por festejar subido a las tribunas del Maracaná, pero la diferencia numérica le duró poco a Boca: sobre el final de esa etapa, también Fabra recibió tarjeta roja. Boca terminó la segunda fase como un subcampeón extraño: no ganó ningún partido. El equipo argentino había llegado a la final tras haber perdido un solo partido en toda la competencia –ante Deportivo Pereira, en la primera fase-, pero a la vez con un récord muy curioso: sin triunfos en los duelos directos. Tras cuatro triunfos en la primera ronda, a partir de los duelos a eliminación directa jugó seis encuentros y no logró ningún triunfo durante los 90 minutos. Sobrevivió a los octavos de final (ante Nacional de Uruguay, 0-0 y 2-2), los cuartos de final (contra Racing de Avellaneda, 0-0 y 0-0) y las semifinales (frente a Palmeiras de Brasil, 0-0 y 1-1) gracias a

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El partido de Evo Morales expulsa al presidente Luis Arce y agrava la guerra política en Bolivia

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El País .- El décimo congreso del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobierna Bolivia, ha dado el paso definitivo para la división que estaba incubando desde hace años. El Congreso “aceptó la autoexpulsión” de Luis Arce y David Coquehuanca, presidente y vicepresidente del país, por no asistir a la reunión que se efectuó en el pueblo de Lauca Ñ, en la zona cocalera del centro del país, y ha ordenado que el Tribunal de Ética del partido expulse también a otros 20 diputados del ala afín al Gobierno de Arce. Además, como se preveía, ha ratificado al “comandante” Evo Morales como presidente del partido y como su candidato a la presidencia para las elecciones de 2025. “Seguimos haciendo historia nacional e internacional. El MAS va a recuperar la revolución para salvar la patria nuevamente” ha dicho Morales en su discurso final, que fue inusitadamente breve. Los cientos de asistentes a la reunión estaban cansados por las altas temperaturas del lugar, emplazado en el área tropical de Cochabamba, y, además, porque celebraron sesiones hasta altas horas de la madrugada. El “arcismo” ha objetado la legitimidad del congreso ante el Tribunal Constitucional. Este ordenó la suspensión del mismo pocas horas antes de su finalización. Morales había advertido previamente que el Gobierno “maniobraba” dentro del sistema de Justicia para impedir el cónclave. El expresidente (2006-2019) también se mostró preocupado en sus redes sociales por una intervención policial supuestamente en curso, que no ocurrió. “Lamentablemente, el Gobierno de Lucho y David, peor que los gobiernos neoliberales, hasta el último momento quiso postergar el congreso”, dijo Morales al terminar su discurso. El día de la inauguración del encuentro, el martes 3 de octubre, el presidente Arce apareció sorpresivamente en una reunión de campesinos realizada en La Paz. Arropado por sus bases, explicó que no iría a Lauca Ñ porque la convocatoria ignoraba o disminuía a las distintas organizaciones sociales que habían fundado el “instrumento político”. En los congresos anteriores, estas organizaciones, entre ellas la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, podían acreditar cientos de delegados por cada una. En la reunión última, que se realizó tras la aprobación de un estatuto interno que los críticos consideran hecho a la medida de Morales, las centrales sindicales solo tuvieron derecho a cinco delegados por organización, mientras que la representación del aparato del partido creció significativamente. Esta es la razón que refieren los dirigentes sociales alineados con Arce para desconocer el congreso y convocar a un “cabildo” el 17 de octubre, donde se espera que se tomará medidas simétricas a las que acaba de aprobar la facción de Evo Morales. El choque por el control de la izquierda boliviana amenaza con agravar la politización y la debilidad del sistema de justicia y otras instituciones. El fallo del Tribunal Constitucional puede convertir las resoluciones del congreso en papel mojado desde el punto de vista legal. Por tanto, pese a su reunión, el MAS no tendría cumplido el requisito de renovación de su directiva que le exige la ley electoral, y esto pondría en riesgo su personería jurídica. Una comisión de abogados de Morales señaló a la prensa que el fallo del Tribunal Constitucional era “fraudulento” y aseguró que no tendría efecto legal. Si el Constitucional se impusiera, lo que parece más probable, la presión girará hacia el Tribunal Electoral, en cuyas manos estará dar un plazo para que el MAS organice otro congreso y elija su directiva de una forma menos polémica, una tarea casi imposible, o, en cambio, el cancelar esta sigla, lo que tendría incalculables consecuencias políticas. Desde hace meses se anticipaba que la pelea por la “propiedad” del partido sería muy dura y que se dirimiría principalmente en juicios de distinta índole. Así, tribunales de escasa credibilidad tomarán resoluciones que serán objetadas por otros tribunales también desprestigiados, sin un final claro a la vista. Aunque la lucha entre las dos alas del MAS es cada vez más compleja y dura, el fondo de la cuestión es simple: quién será, si Morales o Arce, el candidato de los sectores populares e indígenas bolivianos en las presidenciales de 2025. Este aspecto personal de la división se intensificó a raíz del congreso, en el que cientos de dirigentes ataviados con el color azul del MAS y la efigie de Morales en sus camisetas y gorras, lo proclamaron como su “líder indiscutible”. Simultáneamente, los campesinos con los que se reunió Arce lo llamaron “académico”, “estudioso” e incluso “el mayor científico de Sudamérica en el área económica”, para diferenciarlo de Morales, que solo estudió el bachillerato antes de ponerse a cultivar la parcela de su padre. Los halagos al presidente están relacionado con el último choque entre ambos políticos, en el que Morales llamó a Arce un mero “cajero” de las gestiones en las que sirvió como ministro de Economía. “Que me llamen como quieran, los resultados son los que cuentan”, respondió el presidente. Luego señaló que él era un hombre de estudios que no iba a armar intrigas en contra de su antiguo mentor. Subrayar los títulos académicos del presidente no se percibe como un desplante clasista en los sectores sociales urbanos emergentes, que se identifican con Arce porque apelan a la educación como medio de ascenso social. Morales, que en el pasado tuvo un apoyo incontrastable, conserva la fuerte adhesión de los estratos más pobres del área rural.

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El autoritarismo de Nayib Bukele contagia la política latinoamericana

Internacionales / Radio Centro 101.3 FM

El País .- El modelo del presidente de El Salvador ha logrado contener a las pandillas a costa de un profundo deterioro de las libertades y las garantías democráticas. La fascinación que despierta en algunos sectores abre una nueva confrontación política en la región Miedo y alivio. Mencionar a Nayib Bukele en El Salvador significa evocar un modelo de seguridad que ha acorralado a las maras, las principales organizaciones criminales del país centroamericano, y al mismo tiempo el terror que la guerra sin cuartel contra las pandillas ha despertado en parte de la sociedad. El éxito del llamado régimen de excepción se construye sobre las cenizas de derechos y libertades. Muchos lo justifican y lo aplauden, a tenor de la popularidad del presidente. El coste es un retroceso de las garantías y del Estado de derecho. A salvadoreños como don Cabaña, sin embargo, parece no importarles. “Vaya a saber a cuántas familias mataron, a cuántas jóvenes violaron, ¿y ahora que están en la cárcel están pidiendo perdón, llorando?”. A este hombre de 60 años se le amarga el humor cuando se acuerda de cómo era antes vivir en Las Margaritas, su hogar, y lo a gusto que estaba viendo el partido en la cancha del barrio. “Aquí, desde temprano, no se podía salir de la casa. Aquí, donde estamos platicando, se juntaban y no se iban”. ¿Quiénes? “Los de las letras”, dice en un susurro. La MS, pues. La Mara Salvatrucha 13. Los jóvenes de esta colonia de San Salvador juegan a fútbol aprovechando los últimos momentos de luz de la tarde. Cuando oscurece, se encienden unas farolas y ahora son ellos los que no se van. Se quedan ahí mismo y se ponen a platicar, se ríen entre ellos. Tras 25 años viviendo en este lugar, don Cabaña —el nombre es ficticio, por seguridad— nunca había visto una escena como la que tiene enfrente. Viste una playera con el nombre del popular presidente salvadoreño, Nayib Bukele. “Mi esposa y yo las mandamos a hacer”, cuenta. Habla con orgullo. “Lo que está haciendo el señor presidente está muy bien. El hombre tiene mucha mente y mucha fuerza para encaminar al país”, dice. Caída la noche, por las calles de la colonia aflora la vida. Si a un recién llegado le dijeran que en este país no existieron las maras, lo creería. En El Salvador, un país con menos de 6,5 millones de habitantes, el Gobierno ha detenido a 71.000 personas a las que acusa de haber cometido delitos como integrantes de la MS-13 o del grupo antagónico, Barrio 18. Las “manchas” (pintadas) de las pandillas han desaparecido de las calles. Los militares han instalado puntos de revisión en las carreteras con tanquetas, y la Policía Nacional recorre las calles exhibiendo armas. Las escenas de personas capturadas en las comisarías son frecuentes, lo mismo que las de familias haciendo guardia afuera de los centros de detención en busca de sus parientes. La otra cara de la moneda de la llamada guerra contra las maras es un palpable deterioro de las garantías democráticas, según las denuncias de Naciones Unidas, así como de diversos organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch. La celebración de juicios masivos, la construcción de megacárceles, el hacinamiento, los abusos policiales y la exhibición de los detenidos a través de videos de propaganda gubernamental han hecho saltar las alarmas de buena parte de la comunidad internacional, pero también han incubado una suerte de efecto contagio en algunos países de Latinoamérica. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, impulsó en junio una ofensiva similar contra las pandillas. Ecuador, asfixiado por el crimen organizado, decretó el estado de excepción la semana pasada tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en plena campaña. Y en Colombia o Chile el modelo de Bukele impregna el debate político. El régimen de excepción Ese es el sistema que ha modificado radicalmente la geografía cultural del país centroamericano a lo largo de los últimos 17 meses, tiempo en que el presidente ha impuesto el régimen de excepción como política contra las maras. Antes, por aquí no se podía caminar; antes, no se podía estar en la calle a esta hora; antes, no se podía entrar a la colonia de enfrente… Los salvadoreños hablan en pasado, como de una época remota. “Ahora, ya podemos descansar un poco de eso, ya se puede dormir en las noches”, afirma la señora Tere, de 67 años, mientras atiende su negocio de prendas en Cimas de San Bartolo, sede del cuartel general de “los del número” —la mara Barrio 18—. Los comerciantes de esta colonia eran extorsionados; el monto a pagar dependía del tamaño o la prosperidad del negocio. A algunos habitantes la pandilla les arrebató sus casas para ponerlas en renta, y a otros les cobraban una cuota por la tenencia de sus vehículos. En uno de los pasajes de esta colonia la pandilla había erigido un homenaje a su soberbia, una pared que rezaba: “Bienvenidos al corazón de Barrio 18″. La pintada ya ha sido cubierta con un grafiti alusivo a la Navidad. Los vehículos de combate del Ejército permanecen estacionados sobre la entrada del municipio de Sensuntepeque, El Salvador.VÍCTOR PEÑA El estado de excepción se impuso luego de que se rompiera la tregua secreta entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, en marzo de 2022. La política de mano dura ha desplomado la tasa de homicidios de 103 a 2 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales, y ha convertido al que hace unos años fuera el país más letal de América en uno de los más pacíficos, de acuerdo con las estadísticas. Este es el argumento por el que algunos políticos de la región se han visto tentados por el modelo de Bukele, y el mandatario, que usa las redes sociales para su campaña permanente y para burlarse de las críticas, quiere ser visto como ejemplo a seguir. Esta semana, por ejemplo, tras la victoria de Javier Milei en las primarias de Argentina,

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De la bufanda al pantalón corto: Sudamérica experimenta récords de altas temperaturas en pleno invierno

Internacionales / Radio Centro 101.3 FM

El País .– La crisis climática y el fenómeno del Niño desdibujan las estaciones del año en los países del cono sur La desaparición en cámara lenta del invierno tal como lo conoce Sudamérica ha cogido ritmo. En una estación que la región asocia al frío, la lluvia y la Cordillera de Los Andes cubierta de nieve, varias ciudades desde el centro de Chile hasta el sur de Brasil han roto récords de altas temperaturas. Más que abordar el escenario como una ola de calor invernal concentrada la semana pasada, los expertos analizan las cifras como una alteración que, de no adoptar medidas, se irá acrecentando con los años producto de la crisis climática. A ese calentamiento global se suma que el fenómeno del Niño, asociado a cambios en la atmósfera y la fluctuación de la temperatura del Pacífico oriental y ecuatorial, afecta particularmente al sur del mundo. Son varias las anomalías registradas en distintos rincones de la región. Buenos Aires, capital de Argentina, experimentó el comienzo de agosto más caluroso de los 117 años que existen datos, con temperaturas superiores a los 30°. Algunas zonas del sur de Brasil rozaron los 39° y en la región paraguaya del Chaco los termómetros tocaron los 37°, una máxima diaria no vista desde 1981. Localidades de Perú y Ecuador también han roto sus propias marcas. Chile, en tanto, padece las temperaturas más altas de los últimos 72 años. En Vicuña, en la nortina región de Coquimbo, la semana pasada se llegó a los 37°, la segunda mayor temperatura a nivel nacional que se haya registrado entre junio y septiembre desde 1951. Las altas temperaturas han tenido efectos en el derretimiento de nieve en la zona cordillerana. La ministra del Medio Ambiente del Gobierno de Gabriel Boric, Maisa Rojas, hizo un repaso por lo que ha sido el año en el país sudamericano: feroces incendios en febrero, inundaciones producto de torrenciales lluvias en junio y un invierno con temperaturas nunca vistas en ciertas localidades. “¿Qué hacer? Sabemos la solución: dejar de quemar combustibles fósiles urgentemente″, escribió la ministra en sus redes. El climatólogo Raúl Cordero explica que la situación responde a que la temperatura del Océano Pacifico tropical, frente a las costas de Ecuador y Perú, presenta las temperaturas más cálidas en los últimos 25 años. “Todavía nos queda ver más calor en el norte de Chile, en el norte de Paraguay y en el sur de Brasil”, advierte por teléfono desde Países Bajos. El académico de la Universidad de Santiago plantea que, si bien los récord históricos son preocupantes, no es lo único en lo que hay que fijar la atención. Pone como ejemplo a Iquique, a 1.700 kilómetros al norte de Santiago, que encadena casi 60 días consecutivos con temperaturas consideradas muy altas producto de la calidez de las aguas del Pacífico tropical. “El cambio climático hace que todos los años las temperaturas vayan al alza, pero el fenómeno del Niño provoca que se rompan los récords”, apunta Cordero. El Niño, producto de una relación entre la temperatura atmosférica y las corrientes marinas, eleva los termómetros, pero también genera más vapores de agua y más lluvias. “Este es un Niño raro porque no ha habido muchas precipitaciones. Ha influido poco en las altas temperaturas”, afirma Alex Godoy, director del centro de sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. “Lo que aquí estamos viendo es un cambio en el patrón de frecuencias e intensidad de temperaturas. No es un fenómeno aislado”, agrega el miembro del Centro Weatherhead para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. El Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad informó a mediados de julio que el Niño pasó de una intensidad débil (temperaturas de entre 0,5 y 1° en las aguas) a moderado (entre 1 y 1.5 °C). También proyectan que se debilitará en la primavera de 2024. La académica en salud pública y cambio climático Yasna Palmeiro-Silva, del University College London, proyecta que Sudamérica no solo tendrá un invierno muy corto con temperaturas anómalas, sino también una primavera muy breve. “Deberíamos tener días bastante veraniegos a partir de septiembre. Desde 2010, la región, en particular Chile, ya no tiene cuatro estaciones marcadas, sino un invierno y un verano largo, con otoños y primaveras muy cortitos”, apunta la investigadora chilena desde Londres. La esperanza de los climatólogos es que llueva la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre. “Nos estamos despidiendo paulatinamente del invierno”, lamenta Cordero. “No es ni remotamente tan lluvioso como antes. En la última década, ha llovido un 30 % menos que en las décadas anteriores en Chile”, añade. Las bajas temperaturas y la falta de lluvia disminuyen los reservorios en la cordillera de los Andes y puede convertirse de cara al verano sudamericano (enero-febrero), impactando directamente en la agricultura y generando escasez hídrica en la población. En junio, Chile registró unas intensas lluvias que dieron un respiro a la “megasequía” que azota a la región central del país sudamericano, considerada como la más larga —13 años— y grave en mil años, según el informe Estado del Clima en América Latina y el Caribe de la Organización Meteorológica Mundial.

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Javier Milei recibe un último baño de masas en Argentina: “La casta tiene miedo, ¿los quieren asustar un poco más?”

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El País .– El candidato de la ultraderecha apela al hartazgo ante un estadio semilleno en el cierre de su campaña presidencial en Buenos Aires Unas 10.000 personas se reunieron el lunes en el estadio más moderno de Buenos Aires. El Movistar Arena está reservado durante casi toda la semana para Luis Miguel, pero esta no era noche de rancheras. Era la noche de la ultraderecha argentina. Javier Milei, el diputado libertario que pasó de despotricar en televisión a levantarse como tercera fuerza para las elecciones de octubre, ha sido el primer precandidato presidencial en cerrar su campaña para las primarias de este domingo. Cantó a los gritos su rocanrol de cada mitin, saltó y arengó por todo el escenario, le dedicó insultos al Gobierno peronista y a la derecha opositora. Hasta ahí llegó su espectáculo. Milei, que conquistó el desencanto de un país en crisis hablando de echar a patadas a “la casta política”, vender órganos, y ofreciendo libre portación de armas, se vistió este lunes de político. Se puso corbata, las gafas y pidió el voto. “A muchos no les gustan mis formas, pero esta elección no se trata de mí. Se trata de ustedes y del país que queremos”, dijo. “Si no cambiamos hoy, el único destino posible es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo”. La quincena de encuestas publicadas en las últimas semanas le dan en promedio el 20% de los votos para las primarias del domingo. Milei juega solo mientras la gran coalición opositora de Juntos por el Cambio decide entre una derecha más radical u otra que dice mirar al centro, y el peronismo gobernante quema sus últimos cartuchos embanderados detrás del actual ministro de Economía. Ninguno supera el 25% de la intención de voto y los indecisos acarician el 10%. La campaña se ha atascado en el coro de la crisis económica: qué hacer con una población donde casi el 40% vive en la pobreza, con el 115% de inflación interanual, con el peso que vale cada día menos y con las reservas en rojo mientras el Fondo Monetario Internacional toca la puerta para cobrar. Y Milei, que se pasó el último año hablando de quemar el Banco Central, dolarizar la economía, o enfrascándose en largos sermones sobre cómo reducir el Estado al mínimo, ha dejado de lado las cuestiones duras en busca de la épica. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, cantó durante horas la militancia que le esperó este lunes en el Movistar Arena. En Argentina, donde se hace escuela durante cada elección con los jingles que se componen para la campaña, el primer éxito de 2023 es una reedición del 2001. “Que se vayan todos” se empezó a cantar durante la crisis del corralito, que ese año terminó con una moneda sin valor, 39 muertos en las protestas callejeras, cinco presidentes en 11 días y una desocupación que llegó al 21,5%. Este lunes, Milei no hizo promesas. Buscó culpables de un “desastre” que ve arrastrarse desde principios del siglo XX. “Han pasado peronistas, radicales, militares, y un montón de rejuntes con el único objetivo de tener el poder para enriquecerse a costa nuestra”, exclamó. “Los candidatos de los principales partidos son los mismos que estuvieron en la catástrofe de 2001. A pesar del ‘que se vayan todos’, no se fue ninguno, y se multiplicaron”. En su discurso se salvaron solo dos expresidentes: Carlos Menem, que gobernó de 1989 a 1999 y paró la bomba de tiempo de la inflación con ultraliberalismo y la paridad del peso con el dólar; y Mauricio Macri (2015-2019), a quien calificó de outsider y como una “oportunidad de romper con el sistema empobrecedor”. En un guiño al gran padrino de la coalición con la que compite por los votos –y al expresidente que tomó un préstamo del FMI de 44.000 millones de dólares–, Milei afirmó que Macri fracasó porque “los propios integrantes de la coalición se opusieron a los cambios que el país necesita”. Se puso en las filas de ambos: “Hoy tenemos una nueva oportunidad, y no quiero ser trágico, pero puede que sea la última. Puede que la tercera sea la vencida”. Fue una de sus frases con menos aplausos. Milei saltó al escenario sobre las nueve de la noche y habló durante menos de una hora. Sus militantes, sin embargo, empezaron a rodear el estadio desde las cuatro de la tarde. Había que inscribirse en una página oficial semanas antes y dejar todos los datos para conseguir una entrada, pero estas se terminaron ofreciendo en la puerta a cualquiera que pasaba. Villa Crespo, uno de los últimos barrios de moda de la ciudad con impronta bohemia y progresista en el corazón de la ciudad, se vistió de libertario. “¿Te parece discutir el aborto cuando no llegamos a fin de mes?”, preguntaba una chica de 22 años en la espera. “¿Viste como Bukele le pega a los políticos chorros? Acá se van a escapar antes de que los agarren, pero dejame soñar con que al menos los pelen antes”, decía otro chico de 20 años. “Es Milei o Ezeiza”, resumía una mujer ya mayor, en el bar de la esquina del estadio. “A mí se me fue el avión, pero estos chicos no van a tener nada mientras los políticos se la llevan toda”. Apelar a Ezeiza, el aeropuerto internacional de Buenos Aires, se ha convertido en otro eslogan de la militancia. La fila de seis cuadras tardó más de una hora en entrar organizada al recinto. “Tienen medio, la casta tiene miedo”, cantaron. Hasta que entró Milei, que entre el grito ensordecedor, arengó: “Tienen miedo, ¿los quieren asustar un poco más?”.

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La reactivación económica de Venezuela se estrella con la fragilidad del crédito

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El País .- Las cifras comienzan a recuperarse luego de la quiebra de la economía en 2018, pero siguen muy lejos de los niveles deseables, atascadas por las altas tasas de inflación y la crónica incertidumbre. Venezuela es, en este momento, el país que tiene la tasa crediticia más baja de América Latina, y esta circunstancia deja el funcionamiento de su economía con uno de sus motores naturales averiados. La debilidad del crédito bancario en el país sigue representando –junto al levantamiento de las sanciones, el regreso al financiamiento internacional y la recuperación de su industria petrolera- uno de los obstáculos más notorios para que el país retome las tasas de crecimiento previas a su profunda crisis social y política. Hay consenso entre los actores económicos -incluyendo al Gobierno chavista- en torno a la necesidad de recuperar la tasa de financiamiento de proyectos productivos, pero las altas tasas de inflación y la debilidad de la economía luego del derrumbe del ciclo 2014-2020 le colocan claros límites a este objetivo. La banca venezolana, la quinta en tamaño de América Latina hasta el año 2012, tras haber sido azotada por cuatro años de hiperinflación, sobrerregulaciones y amenazas, es hoy una de las más pequeñas de toda la región. En 2022, los préstamos y financiamientos para consumo y desarrollo de proyectos de la banca nacional mostraron una clara recuperación – promediando, de acuerdo con cálculos de la consultora Ecoanalítica, unos 1.000 millones de dólares-, pero su nivel sigue siendo diminuto, muy lejos de su ritmo histórico, que llegó a ubicarse en 15.000 millones. En 2016, en plena crisis de hiperinflación, las cifras de financiamiento de la banca privada tocaron la ridícula cifra de 400 millones de dólares. “La hiperinflación, la depreciación de la moneda, y el consecuente debilitamiento de la banca, además de importantes problemas de sobrerregulación por parte de las autoridades, han ocasionado este derrumbe”, señala Asdrúbal Oliveros, economista y socio directivo de la firma Ecoanalítica. El portal informativo Hispanopost señalaba que, hace poco, algunos banqueros se reunieron con las autoridades venezolanas con el objeto de explorar la posibilidad de autorizar el volumen de créditos a través de la reducción del encaje legal. Todo indica que, de momento, el Banco Central de Venezuela no podrá hacer mucho más para complacer estas demandas. Un alto ejecutivo bancario que prefirió mantener su nombre en la reserva confirmó la existencia de ésta y otras conversaciones con las autoridades. “Se les ha dicho que hay que bajar el encaje. En el Banco Central de Venezuela entienden que el crédito no se está alimentando de los depósitos, sino del patrimonio de los bancos. El BCV está haciendo grandes intervenciones para mantener el tipo de cambio. Con la dolarización vinieron los créditos indexados, dolarizados, en 8 por ciento, y préstamos al 16 por ciento de interés. Eso hace que mientras los depósitos bajen, el crédito comience a subir”. “Para frenar el precio del dólar, el Gobierno aplica una política monetaria restrictiva con un elevado encaje que impide a los bancos prestar más del 70% de los depósitos que reciben del público”, observa el economista y exministro de minería Víctor Alvarez. “El elevado encaje deja sin liquidez a los bancos para financiar la producción y el consumo. Por eso en Venezuela no hay créditos hipotecarios, tampoco para comprar automóviles, y ni siquiera para comprar artefactos electrodomésticos. Y el límite de la mayoría de las tarjetas de crédito gira en torno a los 20 dólares. Los bancos están descapitalizados y patrimonialmente no pueden afianzar un elevado volumen de créditos”. La consecuencia inevitable es que esta restricción, afirma Alvarez, es el freno al consumo privado, “componente clave de la demanda agregada que mueve la producción y reactiva la economía”. “Las tasas de crédito tuvieron un repunte importante, de casi el 90% en 2022, pero lo curioso es que eso sigue siendo insignificante”, dice José Manuel Puente, economista y académico del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Puente afirma que la reducción de las tasas inflacionarias es una condición necesaria, pero no suficiente, para apuntalar la recuperación de los préstamos, y afirma que, para que el crecimiento en el país sea sostenido, será necesario “un programa adecuado de estabilización macroeconómica con ayuda financiera internacional. Es imposible que los préstamos de la banca a los sectores productivos aumenten mucho con tasas reales negativas como las que existen en Venezuela: un promedio de 40% en un país que tiene una inflación superior al 200%”. Venezuela necesita conjurar el grave problema inflacionario que todavía padece para emprender una recuperación económica que le regrese protagonismo a la banca nacional y dinamice su economía. Las políticas restrictivas de la liquidez que adelanta el Ejecutivo tienen un sesgo recesivo, que ata a los bancos de pies y manos. “El crédito bancario seguirá aumentando, quizás de forma inercial”, pronostica la fuente vinculada a la banca. “Falta mucho. Para que el aumento sea vigoroso, se necesitan más depósitos y generar ganancias por la vía de la devaluación: te presto 100, me tienes que pagar eso, más 16%, más la depreciación. Eso obliga a pagar 232. De esos, 116 son lo pactado, y el resto mi ganancia. Si no hay depreciación, las ganancias de la banca se reducen”.

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Las protestas se reactivan en Perú para exigir la renuncia de Dina Boluarte y un adelanto electoral

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El País .- La Defensoría del Pueblo calcula que se produjeron marchas en 58 provincias. La movilización de Lima llega por primera vez hasta el Congreso, pero sin el apoyo mayoritario de los capitalinos. Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte se reactivaron este miércoles en Perú con epicentro en Lima y ecos en buena parte del país. Según la Defensoría del Pueblo, hubo marchas en 59 provincias y bloqueos de carreteras en 64, lo que representa el 32.7% de los territorios a escala nacional. Sin embargo, el Ministerio del Interior reportó hasta las primeras horas de la tarde 21.000 personas movilizadas en todo el Perú y no más de 1.500 en la capital. Las cifras oficiales contrastaban con el enorme despliegue de seguridad y con las movilizaciones que se vieron en las calles de la capital, demandando la dimisión de la presidenta y un adelanto electoral. Cuatro meses después de una larga oleada de protestas que convulsionó Perú entre diciembre y marzo los manifestantes aprovecharon, en esta ocasión, para transmitir el descontento también con ingenio. En Plaza San Martín, uno de los lugares de concentración de la denominada tercera toma de Lima, resaltaba este miércoles una Barbie de carne y hueso que jamás se le hubiese ocurrido a la firma estadounidense Mattel: en la víspera del estreno mundial de la película sobre la icónica muñeca, una cosplayer personificó a una “Barbie dictadora”, en una alusión a la represión de las protestas por parte del Ejecutivo de Dina Boluarte, que en diciembre relevó a Pedro Castillo tras su intento fallido de golpe. Alumnos de la Escuela de Bellas Artes diseñaron una caja de dos metros de cartulina rosada con tres anotaciones: “Certificado de impunidad”, marca “Maten” e “incluye balas dum-dum y lacrimógenas”. Esta última anotación hacía referencia a una afirmación de Boluarte sobre los dieciocho civiles muertos en la ciudad de Juliaca en enero pasado. Según aseguró la mandataria, fallecieron tras recibir disparos de “un arma artesanal denominada dum-dum” cuyo uso fue atribuido por las autoridades a fuerzas paramilitares bolivianas. Esta tesis nunca fue demostrada. El empaque gigante se hizo con la intención de que cada ciudadano ingresara en el transcurso de la marcha. Pero en algún momento, una mujer, de gafas en forma de corazón y una cinta presidencial sostuvo dentro una pistola de juguete y la foto inundó las redes sociales.Un manifestante posa adentro de una versión enorme y satírica de una caja de la muñeca Barbie, este miércoles en Lima.MUSUK NOLTE La concentración arrancó a las cuatro de la tarde en la Plaza Dos de Mayo. El grueso de la manifestación estuvo conformado por peruanos de las regiones -principalmente las de la sierra sur- que padecieron una odisea para llegar el miércoles al Centro Histórico. La delegación aymara de Puno, por ejemplo, enfrentó cuatro intervenciones policiales hasta su llegada a Lima. El Ejecutivo dispuso un control exhaustivo de todos los vehículos que tenían como destino la capital. También hubo presencia de estudiantes universitarios, sindicatos de trabajadores, colectivos feministas y LGTBI, hermandades religiosas e incluso asociaciones de jubilados y adultos mayores. Las banderas de lucha, como en otras ocasiones, no eran las mismas, aunque todas coincidían en la salida de Dina Boluarte del poder y el adelanto de elecciones generales, un escenario que la presidenta descartó de plano el pasado mes de junio. La demanda que más divisiones y entredichos genera es la que exige la liberación del expresidente Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo con dos sentencias de prisión preventiva. Una por ser el presunto líder de una organización criminal y la otra por rebelión tras su intento de autogolpe en diciembre pasado. “El pueblo dejó solo a Castillo, un cholo como nosotros”, dijo varias veces un dirigente con un parlante que se escuchó en la Plaza Dos de Mayo. En ese espacio donde se colocaron dos ataúdes de cartón con los nombres de los 49 civiles fallecidos a causa de la represión de las fuerzas del orden. Una mujer confronta a los policías desplegados para contener la manifestación, el 19 de julio en el centro de Lima.MUSUK NOLTE Incluso un colectivo de la región de Tacna, en el sur, exigía la libertad de Betssy Chávez, presidenta del último Consejo de Ministros de Castillo, que también se encuentra tras las rejas tras dictársele 18 meses de prisión preventiva el mes pasado por ser considerada coautora del autogolpe del maestro rural. Lo cierto es que hubo quienes salieron a las calles a sabiendas de que marcharían al lado de consignas que no son las suyas. Pero no fueron la mayoría esperada. A diferencia de las movilizaciones del primer trimestre de Boluarte, esta vez los efectivos policiales permitieron que los civiles llegaran hasta el Congreso de la República, en la avenida Abancay, poco después de las seis de la tarde. No obstante, después de ello reforzaron el cordón policial y comenzaron a lanzar una andanada de bombas lacrimógenas hasta hacer retroceder a la multitud. Se registraron ocho heridos, seis civiles y dos policías, entre ellos una fotógrafa independiente, según la Defensoría del Pueblo. En el interior del país lo más destacado de la jornada fue el enfrentamiento entre los agentes y los civiles en la Plaza de Armas de Huancavelica, en el centro del país, así como la quema de un ataúd de cartón delante de la Prefectura de dicha región de la sierra peruana y la toma de la Universidad Nacional de Cajamarca por parte del alumnado. Así concluye el primer día de un nuevo capítulo de convulsión social en el Perú. Miles de manifestantes marchan hacia el Congreso y el Palacio de Gobierno, en el centro de Lima.MUSUK NOLTE

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La economía venezolana busca espacios para crecer entre el ‘efecto Chevron’ y el techo de la crisis política

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El País .– La ampliación de licencias de multinacionales devuelve vitaminas al fisco venezolano, pero persisten graves cuellos de botella ante el colapso del crédito y las sanciones Los venezolanos vieron el pasado mes de junio cómo los precios aumentaban un 8,5%, según el cálculo del Observatorio Venezolano de Finanzas. La inflación acumulada en el país, hasta la mitad del año, es, de acuerdo con el mismo organismo, del 100,75%. Y hay cierto consenso entre los analistas económicos en que pueda alcanzar un 200% a fines de año. El promedio de tres dígitos, si bien tiene proporciones aterradoras, es muy inferior al que sufrió el país en su historia reciente, por ejemplo en 2018, el momento cumbre de la hiperinflación y del éxodo masivo de ciudadanos. Luego del histórico derrumbe de la economía registrado entre 2014 y 2020, que se llevó consigo el 80% de su Producto Interno Bruto como consecuencia de una caída drástica de la producción petrolera, Venezuela busca desesperadamente espacios para expandirse. Y esa expectativa, de momento, parece condenada a tener un techo: su propia crisis política. La economía venezolana crece, apuntalada en una mejora de su PIB petrolero, pero a un ritmo claramente insuficiente. A finales del año pasado se registró una depreciación cambiaria que casi congela de nuevo la actividad productiva, agravada por nuevos hechos de corrupción en el Gobierno. El país necesita tener varios años con tasas de crecimiento de dos dígitos para poder recobrar su vieja fisonomía. Hoy, el inventario acumulado ha hecho posible que muchas cadenas comerciales –Farmatodo, Central Madeirense, Excelsior Gamma, Beco– enfrenten las adversidades haciendo ofertas, tocados por la necesidad de mover su mercancía. Las importaciones, tradicionalmente muy altas, han tenido un descenso. La contracción del consumo ha puesto contra la pared a muchos usuarios, que deben escoger cuál necesidad atender, y que por eso con frecuencia abandonan la lealtad a las marcas. Los productos nacionales, menos abundantes, son también más caros. El salario mínimo mensual equivale a apenas 5 dólares. Las escalas salariales del sector privado son mucho más razonables, y a menudo complementadas con bonos en dólares, pero se quedan cortas. Nicolás Maduro ha decretado aumentos de bonos complementarios que entrega el Gobierno, junto a bolsas de comida. Son muchas las personas que tienen dos y tres trabajos, cada uno de ellos muy mal pagado. Comienza a ser frecuente encontrar gente que vive del dinero enviado por sus parientes en el exterior. En los agentes económicos hay alguna expectativa ante el impacto del llamado “efecto Chevron”, ahora que esta multinacional ha obtenido licencia para ampliar sus operaciones en el país y ha aliviado las arcas venezolanas. La alicaída producción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) parece recobrar algún vigor con las gestiones de Pedro Tellechea. Las compañías mixtas Sinovensa y Petromonagas han recuperado terreno. Es claro el interés de otras operadoras internacionales de crudo por obtener licencias de producción en el marco de las sanciones internacionales. El país se acerca a los 800.000 barriles diarios de producción, lejos de sus tradicionales 3 millones de barriles del pasado. Las licencias a Eni y Repsol a la producción de gas nacional tendrán un impacto positivo en el fisco. El Gobierno de Maduro ha mejorado su recaudación en impuestos y aplica una dura voracidad fiscal a algunas actividades económicas. “Al entrar 2023, vino un frenazo en las ventas y eso tumbó las ilusiones de mucha gente. Veníamos de un excelente año. Se han venido recuperando, pero por debajo de lo esperado, y mucho menos que en tiempos anteriores”, afirma Rafael Montaña, empresario dedicado a la comercialización de alimentos, especialmente café a nivel nacional. “El empresario de este momento lucha es por mantenerse en el marcado, así sea en las mismas condiciones”. El mercado de la que fue la cuarta economía latinoamericana se ha reducido dramáticamente desde 2014. César Petit, economista exjefe del Departamento de Análisis Económico del Banco Central de Venezuela, hoy analista financiero de la firma BancTrust and Co, afirma que, en un nuevo contexto de incertidumbre política, muchos planes de inversión privada pueden postergarse. Tamara Herrera, economista y directora de la firma Síntesis Financiera, opina que la puesta en vigor del Impuesto a las Transacciones Financieras, a finales del de 2022, tuvo un grave efecto en el desempeño económico. “El mayor de los problemas del país es que necesitamos incentivos para invertir, y financiamiento interno y externo. Nada de eso existe”, afirma. “Sin crédito bancario no hay producción ni consumo. Las necesidades de fondo de la economía requieren cambios profundos”. En medio del filtro informativo promovido por el Banco Central de Venezuela y las autoridades del país, los actores económicos trabajan para crear sus propios monitores de análisis e incorporar técnicos que les permitan elaborar una data confiable en torno a donde están parados. “Este equipo de asesores ecuatorianos que asiste al gobierno mantiene desde 2018 los mismos cuatro elementos de política económica, alternando la intensidad de uno y otro”, afirma Herrera. “El enfoque es restringir la cantidad de bolívares en la circulación para que la gente no compre dólares y bajar la presión del tipo de cambio. La hiperinflación pasó, pero esta política tiene efectos recesivos, y las tasas inflacionarias siguen muy altas”. Las diferencias entre el nivel de vida de Caracas y el interior del país son muy notorias. En la capital se sienten mucho menos los problemas con los servicios públicos. “Para llegar a lo que antes vendía en una semana, debo trabajar un mes”, afirma Euclides Do Nascimiento, hijo de emigrantes portugueses que administra una bodega en Boleíta, zona industrial al este de Caracas. “Viene mucha gente al negocio a pedir comida, ayuda. No puedo complacer a todo el mundo, les tengo que decir que se vayan.” “No parece muy probable que venga una nueva flexibilización de las sanciones internacionales”, observa Petit. “Si María Corina Machado sigue subiendo en las encuestas y Maduro se ve perdido en unas elecciones, pueden venir una radicalización que cree una crisis y afecte

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Luis Alejandro Ratti, el supuesto antichavista que quiere dinamitar las primarias de la oposición

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El País .- Empresario, conferencista y desconocido de la política local, este nuevo aspirante acude a los tribunales para impugnar la consulta opositora. Luis Alejandro Ratti, un desconocido de la política local venezolana, ha declarado que la elección primaria de las fuerzas antichavistas para escoger a un candidato presidencial, prevista para el próximo 22 de octubre, “no se va a dar”. En una entrevista difundida en las redes sociales, Ratti argumentó que este es un proceso “que está pasando por encima de las leyes” y que los desafía “los poderes del Estado venezolano”. En un tuit publicado en su cuenta, afirmó además que extendería una solicitud para que la dirigencia opositora, y Machado en particular, sean investigados ante la Corte Penal Internacional, que tiene en marcha un procedimiento contra el Gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de este lenguaje, tan simétrico al que emplea la jerarquía chavista, Luis Alejandro Ratti se presenta como un dirigente político “de la verdadera oposición”. Quiere mostrarse como alternativa ante “un mal Gobierno”, el de Maduro, pero al mismo tiempo toma distancia inequívoca de “los radicales”: aquellos que en su opinión promovieron hechos violentos y expusieron a la nación a una intervención extranjera, a los que acusa además de corrupción. A pesar de las gestiones y amenazas de Ratti, fue finalmente José Brito, del partido Primero Venezuela, el encargado de ahorrarle el trabajo y pedir ante la Contraloría General de la República la inhabilitación política de Machado, –opositora radical cuya popularidad sube aceleradamente en las encuestas–, que fue llevada a efecto inmediatamente, bajo acusaciones de promover una agresión internacional al país, y de “estimular” el éxodo venezolano, del cual ha sido tantas veces señalados como responsable tanto Maduro como Diosdado Cabello por la oposición. Brito es un antiguo militante del partido Primero Justicia que, junto a otros diputados, fue acusado en 2019 de usar su cargo para hacer gestiones en Europa procurando aligerar el expediente judicial de Alex Saab, empresario colombiano cercano al gobierno de Maduro acusado de lavado de dinero, y preso en Estados Unidos. La polémica produjo la ruptura de estos diputados –llamados, a partir de entonces, “alacranes”– con los partidos opositores de la Plataforma Unitaria, del cual fueron expulsados, y un duro enfrentamiento personal. Además de Brito, a este grupo pertenecen Luis Parra, Bernabé Gutiérrez, Goyo Noriega y Oscar Ronderos. Brito niega de forma tajante estas acusaciones, así como sus colegas, se bate furiosamente por su nombre en cualquier programa de televisión y afirma que la corrupción campea del lado del llamado G-4 (los principales partidos opositores) y de Machado. La guinda de la torta es lo que acaba de declarar sobre Alejandro Ratti: en una acalorada entrevista con el periodista Vladimir Villegas que se ha viralizado en las redes sociales, Brito dijo que a Ratti “le paga María Corina Machado por hacer lo que hace. Una figura que nadie conoce, de la noche a la mañana, declara solo para favorecer al Gobierno y pide inhabilitaciones. No permito a nadie que me comparen con esa rata. Yo soy un político y estoy ejerciendo un derecho”. Ratti, cuya exposición pública ha sido prácticamente inexistente hasta ahora, ha estado ajeno a este apasionado debate. A pesar de su interés en comportarse como un político en el lenguaje y los modales, toda su vida parece dedicada al ejercicio privado. Ha sido empresario y administró una librería-papelería en su ciudad natal, Maracay. Se postuló como diputado en la década anterior, pero obtuvo un minúsculo margen de votos. En su cuenta de Twitter se presenta además como “motivador, predicador y conferencista.” De hecho, Ratti ya es candidato presidencial para las elecciones de 2024, postulado por el Partido Acción Nacional, también desconocido. Con la consigna “Por amor a Venezuela” ha hecho el anuncio en las redes sociales. En su cuenta de Twitter, de poco más de mil seguidores, es confrontado e insultado con alguna frecuencia por antichavistas iracundos que lo acusan de marioneta. “Para quienes dicen que nadie me conoce: fui candidato presidencial y luchamos por desenmascarar a la falsa oposición. Nos respetan en la calle, nos odian en el Twitter. Nunca estaremos con el G-4 y sus maricorinos. [voz coloquial y despectiva para aludir a los antichavistas más intransigentes]. No vamos a caminar en la ambigüedad”, afirma en su cuenta personal. Ratti se presentó como candidato presidencial a los discutidos comicios de mayo de 2018, que abrieron las compuestas internacionales de la crisis venezolana, en medio del veto a casi todos dirigentes opositores conocidos, y en los cuales Nicolás Maduro fue reelecto entre varias denuncias de fraude de la oposición y de parte importante de la comunidad internacional. Poco antes del día de la elección, Ratti declinó en favor de Henri Falcón, el único candidato opositor que pudo competir. Su papel en este momento consiste en enviar a las instituciones del chavismo los mensajes que necesita para procesar jurídicamente la decisión política de dejar sin efecto los esfuerzos organizativos político-electorales de la oposición venezolana, sus elecciones primarias y la elección de su liderazgo. Poco antes, Ratti, que asegura ser opositor, solicitó un recurso de interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia, controlado en su totalidad por el chavismo, para solicitar la anulación de la elección primaria, además de pedir la inhabilitación política de María Corina Machado y otros candidatos de la oposición, presuntamente por alterar en el pasado la paz pública, “promover el bloqueo internacional contra el país y solicitar la invasión de fuerzas extranjeras”.

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17 explosiones en dos días y más de 170 sismos: Perú declara la emergencia por la actividad del volcán de Ubinas

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El país .- La medida afecta a siete distritos próximos al cráter, ubicado en la región de Moquegua, en el sur de país, donde no presentaban episodios de riesgo desde el 2019. Desde la madrugada del martes, una lluvia de ceniza ha puesto en peligro a por lo menos 2.000 personas en el sur del Perú. El Ubinas, el volcán más activo entre las 400 estructuras volcánicas del país andino, se ha reactivado, desatando la preocupación de los pueblos cercanos y de las autoridades. Desde su primer estallido, que formó una columna de cenizas de hasta cinco kilómetros y se dispersó en un radio de 10 kilómetros, ya son 17 las detonaciones que han ocurrido en los últimos dos días. Los afectados coinciden en la dificultad para respirar por las cenizas y el polvo que ha cubierto sus casas, además del olor a combustible quemado. La última vez que el Ubinas, ubicado en la región de Moquegua, presentó actividad volcánica fue en julio de 2019. Sus explosiones, que duraron tres meses, alcanzaron los ocho kilómetros sobre el cráter y se dispersaron a un radio de 250 kilómetros. Si bien el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha pronosticado que esta erupción no será más que moderada, no se puede precisar su espacio de tiempo ni su real magnitud. Este miércoles, el Consejo de Ministros aprobó declarar el Estado de Emergencia en siete distritos de la provincia General Sánchez Cerro, en Moquegua por 60 días. Se trata de Coalaque, Chojata, Ichuña, Lloque, Matalaque, Ubinas, y Yunga. “Se ha identificado que la población, áreas de cultivo, entre otros, se encuentran expuestos a un muy alto riesgo ante el proceso eruptivo del volcán Ubinas, identificándose la condición de peligro inminente”, dice el decreto supremo. En el documento también se justifica la decisión, aduciendo que “la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Moquegua ha sido sobrepasada, por lo que resulta necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno”. Por la tarde, el primer ministro, Alberto Otárola, explicó que la medida les permitirá ejecutar acciones inmediatas y de excepción para reducir el riesgo, además de intervenciones de respuesta y rehabilitación. “La tarea central del Gobierno es proteger a la población”, subrayó. Por lo pronto, este jueves viajará hasta la zona la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. Debido a la emergencia, se han suspendido las clases en trece centros educativos de grado inicial, primaria y secundaria, y dos institutos. Una de las carencias para afrontar las explosiones del volcán Ubinas es dónde acoger a los ciudadanos que serán evacuados. El albergue de Sirahuaya, ubicado a 12 kilómetros del cráter, no se encuentra operativo desde su creación en el 2019. Las autoridades locales trabajan contrarreloj en su habilitación. “Estamos complementando lo que nos dejaron las gestiones pasadas. Vamos a necesitar 14 millones de soles [casi 4 millones de dólares]. Estamos esperando la declaratoria de emergencia para iniciar los trabajos, pero sí puede recibir a las familias”, ha declarado, con optimismo, el subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Moquegua, Juan Paredes Urbiola. Sin embargo, algunos ciudadanos piensan lo contrario. “El albergue de Sirahuaya son módulos pequeños donde entra una cama, pero no hay agua, desagüe ni luz. Entre morir allá o morir acá, la verdad uno prefiere morir en casa”, le dijo Rocío Ramos, una vecina del distrito de Ubinas, al diario El Comercio. Aunque el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha informado que este miércoles las emisiones continuas de ceniza alcanzaron una altura máxima de 1.000 metros sobre la cima del cráter -una magnitud menor al primer día-, la amenaza es latente pues el IGP ha detectado 173 sismos, asociados a procesos de ruptura de rocas que han sucedido en el interior del volcán. Por otro lado, diversos vulcanólogos han alertado que la ceniza volcánica, por ser altamente tóxica, impactará gravemente en la agricultura, el ganado y, desde luego, el medio ambiente. Podrían desencadenarse cuadros de intoxicación. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido de que entre este jueves 6 de julio y el sábado 8 los vientos hacia el este y el noroeste promoverán la dispersión de las cenizas, afectando también a la región de Arequipa. El Ubinas, por ahora, se encuentra en alerta naranja.

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Adiós al Petro, la criptomoneda fallida de Nicolás Maduro

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El País .– La trama de corrupción en torno a Tarek El Aissami produjo el colapso de la Superindentencia de Criptoactivos e hirió de muerte esta iniciativa del chavismo El fin del Petro, la criptomoneda estatal que ofrecía garantía de respaldo con petróleo y oro nacional, basado en la tecnología de cadena de bloques y lanzado con un enorme esfuerzo promocional por el Gobierno de Nicolás Maduro, está cerca. Entre las fuentes económicas y financieras consultadas se asume que el instrumento irá muriendo poco a poco, camino a su liquidación definitiva, después de, presumiblemente, asumir deudas y cerrar los compromisos con acreedores, vinculados sobre todo al sector comercial. Desde fines de mayo, según reportaron los usuarios, la cadena de bloques del Petro comenzó a ofrecer una conducta irregular y la plataforma #PetroApp a evidenciar fallas. La trama de la corrupción PDVSA, Crypto, estructurada por una red de altos funcionarios vinculados a Tarek El Aissami, hasta el pasado mes de febrero, presidente de Petróleos de Venezuela y vicepresidente del Área Económica del Gobierno de Nicolás Maduro, constituye una de las razones fundamentales de este enésimo experimento fallido de políticas públicas que ensaya el chavismo. La criptomoneda Petro —PTR— fue presentado en 2017 con enorme publicidad, concretado ya el derrumbe de la economía de controles de cambio y precios, como una herramienta para transar activos y capitalizar recursos, bajo el supuesto de que su soporte eran las cuantiosas reservas petroleras internacionales certificadas en el país. Muchos usuarios del entorno social del chavismo, vinculados al sistema Patria, se dedicaron a cambiar progresivamente bolívares por Petros, alentados por la propaganda oficial, con el objeto de ahorrar activos. También empresarios y cadenas comerciales. Su puesta en vigor fue tomando aliento progresivamente, incorporando su presencia como forma de pago en algunas transacciones digitales oficiales, obligatorio como unidad de referencia luego de la segunda reconversión monetaria de Maduro en servicios tributarios y consulares. Su nacimiento estuvo acompañado de una campaña muy activa de la plana dirigente oficialista para promocionar su uso y darlo a conocer entre la población, y en 2018 desembarcaron en el país, de manera masiva, las criptomonedas. Tarek El Aissami convenció a Maduro de que las criptomonedas eran un excelente instrumento para evadir las sanciones internacionales, ya entonces en vigor, y para dar oxígeno a una economía en colapso. Joselit Ramírez, presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, cercano en lo personal y lo político a El Aissami, está hoy en prisión. Hugbel Roa, también amigo de El Aissami —y también preso—, era el ministro de Ciencia y Tecnología y Educación Universitaria encargado de presentar y asumir el proyecto del Petro a finales de 2017. La purga adelantada por Maduro al desmantelar la extendida red, barrió a una parte importante del personal técnico de Sunacript. Ahora, se ha nombrado una nueva junta de este ente, presidida por Anabel Pereira. El escaso margen de maniobra para operar el Petro, basado en su naturaleza centralizada, conspiró contra su utilidad funcional desde el comienzo. También, la escasa credibilidad de su equipo promotor. “El Petro no es un bitcoin, que tienes que minar para validar las transacciones. Es un algoritmo con un techo”, explica Henkel García, analista financiero. “Para que ese proceso sea creíble, sobre todo en un Gobierno con gente que tiene tantos problemas de credibilidad, era necesario ofrecer una vía de canje. El Petro ha sido aceptado más por un juego de arbitraje, podía comprarse más barato en un mercado secundario, pero no mucho más”. La dolarización de la economía venezolana en 2018, apunta García, hizo que parte de la orientación estratégica del Petro como captador de recursos internacionales, perdiera peso específico. “El Petro fue relanzado como seis o siete veces antes de lo que sucede hoy”. “Las criptomonedas terminaron convertidas en el instrumento de un grupo de políticos corruptos chavistas para desfalcar lo poco que quedaba de dinero en Petróleos de Venezuela”, afirma a su vez el economista Omar Zambrano. Las sanciones internacionales en contra del Gobierno de Maduro obligaban a la jerarquía chavista a comercializar petróleo de manera irregular, adelantando operaciones comerciales “en negro”. Las transacciones con criptomonedas hicieron posible el desvío de recursos a los bolsillos de la escuadra de gerentes de Tarek El Aissami. Un informe publicado por la ONG anticorrupción Transparencia Venezuela sostiene que, al mando de El Aissami, Petróleos de Venezuela asignaba a la Superintendencia de CriptoActivos la responsabilidad de la comercialización del petróleo venezolano. Ya cerca de su final, la Asociación Nacional de Cripoactivos ha emitido un comunicado en el cual lamenta la progresiva mengua y decadencia del Petro, afirmando que se envía “un mensaje muy negativo a la comunidad nacional e internacional”.

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Solo Bolivia y Venezuela están en peor posición que Ecuador en el Índice de Conectividad Móvil dentro de Sudamérica

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La Hora .- A pesar de los avances reivindicados por el Gobierno, la brecha de uso es alta. La renegociación de los contratos con las operadoras móviles es un punto ciego. Los altos costos, la falta de inversión, las intermitencias y fallas en el servicio, entre otros aspectos, hacen que la brecha de uso en la economía ecuatoriana llegue al 49%, lo que supera en 18 puntos a la media regional de 31%. Incluso se llega a duplicar la brecha de uso que se registra en países como Brasil y Costa Rica. En otras palabras, según Verónica Rosales, ingeniera en telecomunicaciones, a pesar de los discursos oficiales, buena parte de la población se queda fuera de la conectividad móvil, debido a que no puede costear los planes vigentes y queda relegada por la oferta de servicios de un mercado con dos grandes operadoras privadas y una operadora pública. El problema de la brecha de uso es una de las principales conclusiones del informe titulado ‘Brechas de conectividad en América Latina 2022’, elaborado por el Global System for Mobile Communications (GSMA). De acuerdo con este estudio, para reducir esta brecha, además de contratos adecuados de concesión con las operadoras móviles, se necesitan medidas como eliminar o reducir impuestos específicos que encarecen los planes y los teléfonos celulares (IVA) para las personas de más bajos ingresos. Además, también se deben considerar soluciones alternativas para ampliar la conectividad. Complementar el alcance de la cobertura fuera de las posibilidades del mercado con nuevos modelos de negocio como ‘Internet para Todos’ (Perú), la utilización de recursos financiados por el Estado como el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones (Chile) y otras soluciones innovadoras. Asimismo, otra opción es ampliar la base de contribución de los Fondo de Servicio Universal (FSU), que se nutre con un porcentaje de la facturación de las operadoras móviles en Ecuador, para incluir a los agentes del ecosistema digital de Internet más amplio, así como presupuesto asignado proveniente directamente del sector público. Índice de conectividad De 2018 a 2022, Ecuador subió tres puestos en el índice de Conectividad Móvil. El país actualmente tiene la ubicación 80 entre 170 países analizados. En Sudamérica, solo Bolivia y Venezuela están más abajo en el ranking. La velocidad de descarga y subida de datos es hasta cinco veces menor que en los países más desarrollados. Ecuador también saca baja calificación porque solo el 33% de su espectro está utilizado, lo que deja por fuera un importante espacio para mejorar y ampliar servicios. En temas de infraestructura, el país ha pasado de una calificación de 59,83 sobre 100 en 2018 a 60,25 en 2022, es decir, una mejora de apenas 0,42 puntos. Esto a pesar de que el Gobierno de Lasso ha resaltado un aumento sustancial en la inversión. Por ejemplo, en la rendición de cuentas de 2022, el Ministerio de Telecomunicaciones informó que se invirtió $904 millones: $19,21 millones desde el Estado; $885 millones de inversión privada y $400.000 de cooperación internacional. La realidad, como ya publicó LA HORA, es que actualmente la cobertura de banda ancha móvil es del 70% en las ciudades; pero de apenas el 20% en las zonas rurales. Además, aunque las dos grandes operadoras privadas tienen contratos vigentes desde 2008, todavía se registran constantes reclamos por la calidad del servicio, problemas de los clientes para cancelar planes, irregular cobertura, entre otros. Renegociación sin avances El primero de junio de 2023, durante una entrevista con Ecuavisa, la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, aseguró que la renegociación de los contratos de concesión con las operadoras Claro y Movistar estaba cerrada en un 80%. Esta declaración se dio sin abonar mayores detalles al respecto. LA HORA ha consultado al Ministerio de Telecomunicaciones sobre las condiciones al menos generales del proceso y cómo se va a evitar repetir los errores de negociaciones pasadas; pero no se ha podido obtener respuesta hasta el cierre de esta edición. En 2022, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la cesada Asamblea, Maino reconoció que los acuerdos firmados en 2008 se volvieron obsoletos ante el rápido avance de la tecnología. Asimismo, resaltó que era sumamente importante tener mejores contratos porque el mercado nacional no era atractivo para otros competidores. “Existen 14’190.890 usuarios entre ambas empresas privadas. No tenemos al momento otras que quieran prestar el servicio. Si no se renuevan los contratos no tenemos cómo reemplazarlas”, dijo en ese momento la Ministra. Sin embargo, el tema avanza de espaldas a la ciudadanía y ese hermetismo, de acuerdo con Rosales, abre la puerta para que candidatos como Yaku Pérez generen expectativas populistas sobre sacar miles de millones a las operadoras por la renovación de los contratos, o incluso nacionalizar el servicio. “Además del costo cobrado por la concesión, los nuevos contratos deberían establecer mejores parámetros para asegurar la calidad del servicio, establecer mecanismos para verificar que se cumplan los compromisos firmados e incluso añadir sanciones más fuertes por incumplimientos”, aseveró. LA HORA publicó que las operadoras privadas móviles pagaron multas de $183.261 por incumplimientos durante los últimos cuatro años. Ese monto es un porcentaje mínimo ante el movimiento del negocio.

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El milagro económico boliviano cruje por la falta de dólares

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El País .- El Banco Central no informa de sus reservas desde hace cuatro meses, lo que ha empezado a alimentar el temor de los ahorristas y la especulación de los importadores. “Compro dólares”. Muchos comercios de las grandes ciudades bolivianas han fijado este cartel en sus vidrieras. La divisa estadounidense se ha convertido en el bien más escaso en el país. Tanto, que el Banco Central no informa de sus reservas en divisa desde hace cuatro meses. Se supone que son exiguas, y como todo lo que es escaso sube de precio, el dólar se ha empezado a comprar por fuera del sistema financiero. En ese mercado paralelo cuesta un 15% más que el precio oficial. Vender y comprar dólares por encima del valor fijado por el Estado está prohibido y varias personas han sido detenidas temporalmente por hacerlo. Aun así, nadie en las tiendas con los carteles piensa en comprar a un precio que ya no es real para los ciudadanos comunes. La devaluación está oficialmente descartada, pero ha ocurrido de hecho. Nadie espera que el tipo de cambio y, con él, la dinámica económica, vuelvan a ser los de antes. Los economistas de oposición conjeturan que Bolivia seguirá el camino de su vecina Argentina, que sufre un constante deterioro de su tipo de cambio, con un mercado paralelo afianzado desde hace más de una década que dobla la cotización oficial. En Bolivia no hay inflación, pero la falta de dólares está elevando los precios de los productos importados, que son muchos en un país muy poco industrializado. No es la única dificultad para los importadores. Para evitar la fuga de dólares al extranjero, que en parte explica la caída de las reservas internacionales del Banco Central, las transferencias de divisas deben pagar el 10% del monto enviado, un porcentaje que hay que sumar a los costos de importación. Hasta ahora, el golpe le ha llegado sobre todo a la clase media y no a los amplios sectores populares que respaldaron al presidente Luis Arce en las elecciones de hace dos años y medio. Pero los problemas se están acumulando. Los medicamentos, por ejemplo, que vienen de Chile, Colombia y la India, están subiendo y, algunos, escaseando. Es cuestión de tiempo para que el alza de facto del dólar se traslade al costo de vida. Las autoridades aseguran que eso no pasará. Otro bien clave que está racionado en determinados rangos de consumo es el diésel. El Gobierno afirma que esto se debe a la necesidad de controlar el contrabando de este combustible, que, aunque se importa en su mayor parte, está subvencionado. El litro cuesta 50 centavos de dólar en Bolivia, más de un dólar menos que el promedio mundial. El contrabando de combustibles a los países vecinos sangra el presupuesto público en unos 250 millones de dólares anuales. La oposición cree que el racionamiento se debe a la falta diésel que el Gobierno ya no tiene cómo importar. Hay denuncias de que la administración de Arce está dejando las facturas de las empresas importadoras sin pagar. Se sabe que algunas grandes empresas mineras y agropecuarias están importando diésel directamente, a pesar de que el precio internacional es mayor. Otra dificultad de la balanza de pagos boliviana es la caída de las exportaciones desde agosto del año pasado. La causa está en la bajada del valor internacional de varias materias primas que produce Bolivia y por una menor producción de gas. El país está extrayendo un 33% menos de gas de lo que producía en 2014. El déficit comercial resultante (más importaciones que exportaciones) se ha prolongado por ocho meses, así que, con el Banco Central sin reservas, el Gobierno no tiene de dónde sacar divisas. Encima, algunos exportadores privados no repatrian sus divisas porque temor a que queden “atrapadas” en unos bancos sedientos de dólares y por la alta tasa que tendrían que pagar para sacarlas de nuevo del país. El presidente Arce fue el ministro de Economía de los tres Gobiernos de Evo Morales, entre 2006 y 2019. Arce es el gran rostro del “milagro boliviano”, el periodo de mayor prosperidad de la historia del país, cuando, entre otros récords, se acumularon reservas internacionales por el 50% del PIB. Arce ha llegado a ser considerado el mejor economista del país, pero ahora parece estar desprovisto de soluciones. Arce ha negado en los últimos meses que Bolivia enfrente una crisis interna. Prefiere hablar de los efectos, en su visión pasajeros, del mal momento económico mundial. Como, por razones ideológicas, aún no considera recurrir al Fondo Monetario Internacional, su Gobierno ha empezado a buscar soluciones. La última, para atacar las restricciones cambiarias, fue aprobar la “ley del oro”, que autoriza al Banco Central vender 22 toneladas de sus reservas para obtener unos 1.200 millones de dólares. Esta ley, afirma el Gobierno, evitará que Bolivia caiga en cesación de pagos este año. Pero el país necesita una cifra igual o mayor, con la que no cuenta, para tratar de cambiar las expectativas de los bolivianos, que hoy son las que expresan los carteles de “compro dólares”.

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