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Ecuador: septiembre 20, 2024

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Ecuador, septiembre 20, 2024
Ecuador Continental: 14:31
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Aportes del Estado al IESS serán insostenibles en pocos años, advierte ex ministro de Economía

Reformar el sistema de pensiones del Seguro Social es inevitable y urgente. En diálogo con “Punto de Orden”, el ex ministro de Economía, Fausto Ortiz, advirtió que el tema debe ser resuelto pronto, antes que “reviente”. Ortiz recordó que el actual gobierno, al tomar posesión, encargó un informe sobre la situación del IESS, y en especial del sistema de pensiones. El análisis estableció que la parte que entrega el Estado crece cada año, y que llegará un momento en que será imposible cubrirla. Hablamos por lo pronto de 2.500 millones de dólares anuales, que representan el 2,5% del Producto Interno Bruto, pero con tendencia permanente a subir. Por tanto, urge reducir esta contribución, que se convierte en una carga insostenible para un país como Ecuador. Ortiz advirtió que, si bien es importante cobrar a los patronos morosos, incluyendo al propio Estado, la cifra que se recupere no alcanzará para cubrir el déficit actuarial. Es decir, la diferencia entre los ingresos y los egresos proyectados. A su criterio, la propuesta de la comisión ciudadana que lleva el caso es válida, pues establece alternativas como el fomento del ahorro, y el cálculo de las pensiones en base a un periodo más largo de aportes, y no solo de los 5 mejores años. También está de acuerdo en exigir la afiliación de los trabajadores independientes, para de ese modo evitar el “oportunismo” de algunos, que solo quieren aportar los últimos años para conseguir su jubilación. Entrevista completa:  

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“Reanudar” juicio político contra Lasso es jurídicamente imposible, advierte ministro Cucalón

La intención de ciertos ex asambleístas, de “reanudar” el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, en caso de resultar electos el 20 de agosto, no tiene asidero legal. Así lo advirtió el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en diálogo con “Punto de Orden”. El premier lamentó que estos ex parlamentarios, a quienes calificó como “de mucho fanatismo pero de pocas luces”, no entiendan que jurídicamente no procede su intención, ya que la interpelación iniciada meses atrás quedó cerrada, en el momento que Lasso decretó la “muerte cruzada” y disolvió la Asamblea Nacional. Cucalón subrayó que los promotores del juicio político, que al parecer viven en un “multiverso”, es decir, en un universo alternativo, no recuerdan que en el momento de la “muerte cruzada”, el 19 de mayo, el tema estaba en debate, no en votación. Y que, al ser una cámara renovada, todo vuelve a cero. Además, hizo notar que, en el evento que lo intenten, apenas contarían con 10 días. Sin embargo, y en vista de la calidad política de los interpelantes, no le extrañaría que lo intenten. El ministro lamentó la furia, odio y rabia que impera en los “titiriteros” de la política, acostumbrados a apretar un botón y con ello tumbar un gobierno. Y más aún cuando desde el primer día del régimen de Lasso, su intención fue derrocarlo. En ese sentido, advirtió que, así como quieren “jugar a la política”, quienes están en el gobierno harán otro tanto, acogiendo su derecho a la defensa. ¿Y las denuncias? Para conocer sus verdaderas intenciones, dijo, basta percatarse que, desde que fue disuelta la Asamblea, ni siquiera una sola vez han acudido a la Fiscalía a presentar denuncias sobre el caso Flopec, que era la única causal aceptada para el juicio político. Esta realidad, que es presenciada por todo el país, demuestra que nunca hubo peculado, y que todo fue una excusa para destituir al presidente. Decreto por El Niño En otro ámbito, el ministro confirmó que el jefe de Estado alista un nuevo decreto-ley, con miras a afrontar los estragos que provoque el fenómeno de El Niño. Este documento sería enviado a la Corte Constitucional a más tardar en 15 días, y contempla, entre otros puntos, la posibilidad de incautar y utilizar la maquinaria pesada, incautada durante operativos contra la minería ilegal. Asimismo, el decreto establecerá dinámicas de cooperación con gobiernos seccionales, ajustes de presupuesto, etc. Apoyo extranjero para seguridad En materia de seguridad, Cucalón confirmó que Estados Unidos y otros países están brindando aporte a nuestras Fuerzas Armadas, en su lucha contra la inseguridad. Entre esa ayuda mencionó fusiles israelíes de última generación, tecnología, helicópteros y además 4,5 millones de municiones, que ya están en el país. Cucalón precisó que el narcotráfico es el principal factor de la violencia en Ecuador. No es delincuencia común, y por tanto no puede ser combatido de forma común, anotó. Prueba de ello es que, durante el presente régimen, los carteles de la droga han perdido 20.000 millones de dólares, gracias a las incautaciones en puertos y fronteras. Hablamos de 225 toneladas de alcaloide, decomisadas por año. El ministro subrayó que, de acuerdo a las mediciones, el 89% de las muertes violentas en Ecuador son resultado de “ajustes de cuentas” entre bandas, y que muchos de esos crímenes ocurren justamente después de algún decomiso. En cuanto a la Policía, precisó que durante el actual gobierno han ingresado 10.000 nuevos agentes, y que se esperan 5.000 adicionales hasta el 30 de noviembre. Su deseo es que el próximo gobierno incorpore otros 15.000 durante su mandato, de modo que la institución cuente con suficientes elementos en su lucha contra el crimen. No se suspenderá telefonía celular Por otra parte, el premier confirmó que no se suspenderá el servicio de telefonía celular en el país, como denuncian algunas personas en redes sociales. Cucalón dijo que, si bien la negociación del nuevo contrato se encuentra detenida, él puede garantizar que el servicio se mantendrá. La decisión de paralizar la renovación, dijo, buscar mejorar las condiciones, en especial para los usuarios. Hay muchos aspectos técnicos, como cobertura, inversiones y montos, que deben ser resueltos, y este gobierno lo hará, a pesar de que algunos candidatos se sientan con “derecho” de pedir, o incluso de exigir, que deje la decisión final para el futuro presidente. Finalmente, Cucalón ratificó que acompañará a Lasso en el viaje de la próxima semana a Bruselas, Bélgica, para asistir a la cumbre que reunirá a mandatarios de la Unión Europea (UE), y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El presidente aprovechará la ocasión, dijo, para gestionar ante la UE la exención de visa para los ecuatorianos, un tema que ya lleva 6 años, y que al parecer va por buen camino. La entrevista completa, a continuación:

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Experta coincide en necesidad de reformar sistema de pensiones del IESS

Patricia Borja, experta en seguridad social, confirma las sospechas: el fondo de pensiones y el de cesantía del IESS, pasan por momentos críticos. De acuerdo al más reciente estudio, que data de diciembre del 2018, diversas reformas legales provocaron problemas de sostenibilidad de ambos fondos. Por ejemplo, la del 2015, durante el gobierno de Rafael Correa, cuando se prescindió de la contribución fija anual, llevó a un desfase que todavía se siente. También mencionó la del 2010, cuando se creó la tabla de coeficiente para equilibrar la pensión con la inflación. Como resultado, los montos aumentaron sin respaldo financiero. De ahí que coincide en la necesidad de realizar cambios al sistema de pensiones. El objetivo es que el dinero que reciba cada jubilado se componga de dos factores: el fijo, establecido por el Estado, y que significaría la mitad de un sueldo básico, y el variable, dependiendo de sus aportaciones. Asimismo, está de acuerdo en revisar el actual mecanismo de aportaciones, incluyendo las edades mínimas que rigen para la jubilación, y la cantidad de años de trabajo. La especialista advirtió que la actual cobertura de protección social en el Ecuador es insuficiente. De acuerdo a estudios realizados en el 2020, apenas el 34,8% de la población goza de la misma.

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Gobierno toma medidas para que “El Niño” no afecte año escolar

El gobierno trabaja contra el tiempo, para garantizar que las clases no sean afectadas en demasía por el fenómeno de El Niño. Consultada por los micrófonos de “Punto de Orden”, la ministra de Educación, María Brown, detalló algunas de las precauciones tomadas. En caso de ser estrictamente necesario, y de ocurrir daños en ciertas zonas rurales o marginales, se recurriría actividades semipresenciales o a distancia. Sin embargo, primero se establecerá si en los sectores golpeados por lluvias o inundaciones, existe la conectividad necesaria. Brown precisó que, actualmente, existe “poca cancha” para modificar el cronograma escolar, toda vez que, de acuerdo a la ley, el año lectivo debe contar con 200 días. Solo si existe una emergencia, el gobierno analizaría algún cambio. Inversión en colegios y escuelas Como parte del trabajo, al iniciar su gestión el gobierno realizó una evaluación de la red de escuelas rurales. Como resultado, se estableció la necesidad de gastar 650 millones de dólares para solucionar el problema, al menos de forma básica. Y hubo respuesta, dijo Brown. Durante el 2022 se invirtieron 200 millones de dólares, y este año la cifra será similar. Gracias a ello, 150 predios fueron reabiertos, y además se crearon 16 unidades educativas nuevas, más otras 10 de menor tamaño. Además, técnicos del Ministerio realizaron una revisión integral de los libros usados por los alumnos, a fin de optimizar su contenido. Prefecto no necesita permiso Por otro lado, la ministra Brown refutó al prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, quien había señalado su malestar porque, supuestamente, no le permitían regalar 13.000 laptops a estudiantes de la provincia. Brown precisó que no se requiere convenio alguno para esa donación, y que Terán puede hacerla cuando guste, pero como parte de un acto exclusivo del gobierno seccional. Lo que sí dejó en claro es que el Ministerio, por razones legales, no puede recibir tales computadoras, como pretende la Prefectura. Y mucho menos darles un aval, ya que no reúnen los criterios técnicos mínimos, y sus procesadores son antiguos y de baja calidad.

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Seguridad, bienestar y salud: las promesas del candidato presidencial Bolívar Armijos

Fue lustrabotas y carbonero. Fue, sí, en tiempo pasado. Sin embargo, es un detalle que siempre trae al presente. Que menciona debido a su importancia. Como referencia obligada de su vida. Como referencia obligada de las vidas de muchos otros ecuatorianos. Muchos que, como él, crecieron en medio de la pobreza. Bolívar Abdón Armijos Velasco nació hace 47 años en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Su madre fue una trabajadora doméstica que, a costa de muchos esfuerzos y sacrificios, logró sacarlo adelante. Aunque a veces el esfuerzo y el sacrificio no alcanzaban. Por ejemplo, para pagar los estudios. Y Bolívar, entonces un niño, pasaba vergüenza. Recuerdos tristes de ser sacado de clases del Colegio Agropecuario, por adeudar pensiones. Recuerdos de lágrimas por perder jornadas de aprendizaje. Se propuso desde entonces progresar, y lo consiguió. Cuando llegó a la edad adulta, obtuvo el título de abogado en la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres”, de su provincia natal. El siguiente paso fue cursar una maestría en Administración Pública. Siempre buscando conocimientos. Siempre buscando una preparación académica superior. Siempre con el objetivo de ser mejor y de dar más. Ese, tal vez, sea el detalle que más llama la atención al tratarlo: su preparación. Estudiar, saber, conocer es su pan diario. A lo largo de la entrevista concedida a Carlos de Tomaso, en nuestro espacio “Al Centro Presidencial”, no se cansó de mencionar cifras. De citar estadísticas. De subrayar costos. Y no lo hacía como quien recita lecciones de memoria. Cifras, estadísticas y costos surgían de forma natural, en el momento adecuado. Precisas y claras. Con la confianza de quien las trata. De quien las conoce. De quien las tutea. Su vida política comenzó como líder estudiantil. Durante su etapa universitaria, casi sin querer se candidatizó –o más bien lo “candidatizaron”, dice- a la junta parroquial de San Lorenzo. Llegó con el voto popular, y de ahí luchó para fundar la asociación de juntas parroquiales del cantón. Un gremio que amplió luego a la provincia de Esmeraldas, y finalmente a todo el país. Sí, Armijos fue uno de los artífices del Consejo de Gobierno Parroquiales del Ecuador (Conagopare). Escenario ideal para luchar por el anhelo de los pueblos pequeños. Para exponer sus necesidades y angustias. Los llamados de esos pueblos abandonados, olvidados, marginados. Escondidos en el Ecuador profundo. De los pueblos que solo viven cuando hay una carretera de por medio. Caseríos de los cuales todos quieren salir, y a los cuales nadie quiere volver. ¿Correísmo? Sí, pero ahora no En el año 2006, decide dar su apoyo a un joven economista que buscaba la Presidencia de la República. Fue su primer contacto con Rafael Correa, y no ha sido el último. Sí, formó parte de Alianza País. Sí, mantuvo siempre una buena relación, e hizo campaña por su nombre. Pero 17 años después, en este 2023 que trae elecciones anticipadas, decidió que era el momento de abrir su propio espacio. De tomar su propio rumbo. De no ser parte del correísmo. Al menos por ahora. Y fue por ello que aceptó la candidatura presidencial por el Movimiento Amigo. No hay malquerencia con Correa, aclara. Todo está muy buen entre ellos. Solo que, en ciertos momentos, hay que volar cada quien por su lado, y con sus propias alas. Al ser interrogado sobre su tendencia política, sonríe. Después de todo, la pobreza –y la edad- dan perspectiva. Se considera de izquierda, pero también cree en la empresa. Cree en la inversión, como factor fundamental para el crecimiento de una nación. Cree en la importancia del sector privado, como motor de desarrollo. ¿De qué otro modo puede progresar el país?, se pregunta. El próximo presidente, electo el 20 de agosto –o 15 de octubre, de ser necesaria la segunda vuelta- solo estará en funciones año y medio. Sin embargo, Bolívar Armijos promete que alcanzará para realizar las transformaciones tan necesarias. Seguridad, primero en la lista La seguridad encabeza su agenda. Si gana las elecciones y se instala en Carondelet, desde el día 1 pondrá en marcha las medidas que tiene en mente. Nada de esperar. No hay tiempo para ello, tampoco. De hecho, es una promesa solemne. Armijos asegura que en solo 100 días, los primeros 100 días de su mandato, reducirá los índices delictivos al 50%. ¿Y cómo combatirá esa ola criminal? ¿Cómo la recortará a la mitad? El aspirante afirma tener la respuesta: mediante el fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y ello implica varios aspectos: armamento, equipos, personal, inteligencia y coordinación. Por ejemplo, muchos policías retirados podrían reintegrarse, para servir de soporte en sus barrios y pueblos. Los barrios y pueblos que conocen de memoria. Las calles que han transitado tantos años. Las esquinas donde saben que está el ladrón, el traficante, el proxeneta. Son hombres muy útiles, que a veces salieron de la institución por desencanto, y que ahora se convertirían en un gran aporte. Además, está el equipamiento. Vehículos, armas, chalecos, municiones. Lo más necesario. Y sumado a esto un marco legal. Leyes que no sancionen a los policías que cumplan su deber. Y por supuesto hay que atacar el origen del mal. Ese origen que está en nuestras fronteras. Las Fuerzas Armadas deben ser equipadas con lo mejor de la tecnología. Y deben recibir el apoyo de sus pares de Colombia y Perú. Solo mediante un cordón militar, se detendrá la ruta de la droga y la violencia. De ser necesario, anota Armijos, Ecuador pedirá ayuda a otras naciones. Estados Unidos, por ejemplo. Después de todo, le conviene frenar el narcotráfico desde su punto de origen. Paralelamente, urge darle a la justicia las herramientas necesarias para llevar a prisión a los delincuentes. Pero esa justicia, esos jueces y fiscales, corren peligro a diario, y necesitan ser protegidos. Sí, hay casos de corrupción. Pero también hay muchos casos en que los juzgadores y acusadores son amenazados de muerte. Y en esas circunstancias, dictar sentencia es demasiado peligroso. Tanto ellos como los policías y militares, deben

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Los Ríos, sin ayuda del gobierno durante el invierno, según prefecto Johnny Terán

La provincia de Los Ríos no ha recibido la atención que requiere del gobierno, para afrontar los estragos causados por el invierno. Así se pronunció el prefecto, Johnny Terán, al ser consultado por “Punto de Orden”. Según Terán, en su provincia están acostumbrados a las inundaciones, que ocurren prácticamente todos los años. De ahí que aplican un manejo eficiente de recursos, pues de lo contrario la situación sería aún peor, ya que del régimen casi no han recibido apoyo. El prefecto explicó que, al contrario de otros gobiernos autónomos descentralizados, el 82% del dinero que generan va destinados a inversiones y servicios, y solo el 18% a gastos. Este manejo eficiente, dijo, permite invertir 6 millones de dólares en maquinaria pesada, muy necesaria para enfrentar los daños viajes que genere El Niño. Además, el prefecto de Los Ríos pidió públicamente a la ministra de Educación, que autorice la entrega de 13.000 computadoras a estudiantes de la provincia. Los equipos fueron adquiridos con recursos propios y están listos. Solo hace falta el visto bueno de la secretaria de Estado.

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Gobierno ya trabaja para enfrentar fenómeno de El Niño

El gobierno toma todas las acciones necesarias, para enfrentar los posibles estragos que genere el fenómeno de El Niño. En diálogo con “Punto de Orden”, el secretario de Gestión de Riesgos, Cristian Torres, explicó que los científicos manejan actualmente dos situaciones: un fenómeno moderado, y otro de mayor fuerza. Todavía no se puede establecer cuál de ellos afectará al país, dijo, ya que, si bien la temperatura del océano Pacífico está más alta de lo normal, solo en septiembre habrá estimaciones más precisas. En todo caso, anotó, el gobierno tiene en marcha un plan de contingencia, a fin de atenuar los posibles daños. Esta iniciativa es transversal, es decir que involucra a muchas instituciones del Estado, y parte de un presupuesto de 266 de dólares para atender emergencias. Adicionalmente, el país recibirá un préstamo de 149 millones del Banco Mundial, destinado a la reparación de las vías que resulten dañadas por las lluvias. Esta cifra incluirá la compra de maquinaria pesada. Asimismo, hay otro fondo, de 68 millones, para diversas labores, como limpieza de represas, presas y riberas, a cargo de la Secretaría del Agua. Finalmente, la SGR tendrá 7 millones para la compra de kits humanitarios, que permitirán atender a los eventuales damnificados. Como parte del plan, la institución también adquirirá 25 botes equipados, los cuales serán entregados a los bomberos de diversos puntos del país, con miras a eventuales labores de rescate.

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Ecuatoriano debe cambiar su mentalidad y condenar la corrupción

La sentencia del caso conocido como “Las Torres”, liderado por el ex contralor, Pablo Celi, es importante y significa un buen golpe contra la corrupción, pero no significa el fin de las estructuras mafiosas del país. Así lo señaló el reconocido penalista Julio César Cueva, en diálogo con “Punto de Orden”. El dictamen condenó a Celi y a Pablo Flores, ex gerente de Petroecuador, a 13 años y cuatro meses de prisión, por el delito de delincuencia organizada. Los otros 9 implicados recibieron sentencias menores, y en conjunto todos deberán pagar indemnizaciones al Estado, y ofrecer disculpas públicas. Cueva opinó que, lamentablemente, estas sanciones no detienen a la corrupción. Y así como unos caen, otros aparecen para reemplazarlos, tal como ocurre en las bandas criminales. Ni siquiera las placas instaladas en ciertos puntos del país, recordando los delitos cometidos, tienen efectividad. Con ironía señaló que, si así fuera, las calles deberán llenarse de placas, debido a la enorme cantidad de actos irregulares detectados en la administración pública. De ahí que considera imprescindible cambiar la mentalidad del ciudadano, para que asuma que cometer actos ilícitos no es lo correcto. Es decir, el cambio debe partir de cada persona. El jurista también advirtió que ciertos grupos políticos, quieren a toda cosa tomarse la Fiscalía y las instituciones judiciales, a fin de “bajarse” las sentencias que recibieron sus líderes por corrupción. Y con tal de conseguir su objetivo, son capaces de inventar denuncias absurdas, y hasta de lanzar amenazas. Como prueba citó el supuesto plagio del que acusan a la fiscal Diana Salazar, en su tesis de grado, algo que quedó totalmente descartado por las propias autoridades universitarias. Resulta, dijo, que cuando estaban a su favor, los jueces eran una maravilla. Pero ahora los señalan por supuesta “falta de independencia”. En el caso de Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y a su vez acusado de estar vinculado a un movimiento político, pese a la prohibición expresa, el jurista precisó que la ley es clara: podría perder su cargo. Cueva advirtió que la única forma de mejorar la situación jurídica del país, es sentar precedentes claros, aunque signifiquen sanciones drásticas.

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Corte Constitucional excede sus atribuciones en decretos-leyes, según analista José Chalco

La Corte Constitucional cometió varios errores en sus dictámenes, en torno a los decretos-leyes enviados por el presidente Guillermo Lasso. Así se pronunció el constitucionalista José Chalco, al ser consultado sobre el tema por “Punto de Orden”. Chalco recordó que la Corte Constitucional, de acuerdo a la normativa vigente, solo tiene la potestad de calificar la compatibilidad legal de los decretos. Es decir, establecer sus parámetros jurisdiccionales. Sin embargo, lo que hizo fue analizar el carácter de “urgencia económica”, un aspecto que no le correspondía. En su opinión, el organismo rebasó sus facultades. Y más aún cuando en una sentencia emitida en enero pasado, reconocía que solo el presidente de la República puede establecer una “urgencia económica”. El jurista precisó que la actual Constitución, que promueve un sistema presidencialista, confiere precisamente al Ejecutivo el manejo económico, administrativo y político del Estado. Y por tanto, le da determinadas atribuciones y recursos. Con ese precedente, mal hizo la Corte en cuestionar, desde ese punto de vista, las iniciativas del presidente Lasso, pues se trata de un organismo jurisdiccional y no económico. Además, Chalco lamentó la falta de agilidad de dicha institución al tratar los decretos. Basta recordar que, cuando hay Asamblea Nacional en funciones, los proyectos de urgencia económica deben ser resueltos en un máximo de 30 días. De ahí que la Corte debió autoimponerse un plazo, obviamente menor, lo cual no cumple. Otro error fue señalar, en su dictamen sobre la reforma tributaria, que la futura Asamblea Nacional podría dejar sin efecto el decreto, cuando la Constitución, muy claramente, establece que solo el presidente de la República tiene la potestad de crear, modificar o eliminar impuestos. Chalco precisó que algo tan importante, como el manejo fiscal, no puede estar a expensas de la “visceralidad” del Parlamento, que además, como el país ha visto, ha sido de pésima calidad en los últimos periodos.

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Samborondón tendrá agua potable para 50 años

Samborondón tendrá su propia planta de agua potable. Lo confirmó el alcalde de la ciudad, Juan José Yúnez, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”. El personero explicó que dicha obra, será financiada por un crédito de la Corporación Andina de Fomento, y permitirá cubrir las necesidades de la ciudad, incluyendo ciudadelas, por los próximos 50 años. Yúnez recordó que actualmente, toda la zona de Samborondón, partiendo desde La Puntulla, compra agua a Guayaquil. Es decir, se abastece gracias a la planta La Toma. Pero dicha estación se encuentra en malas condiciones, lo cual pone en riesgo el servicio. Además, el crecimiento de Guayaquil es permanente, lo cual le impedirá en un momento dado atender al vecino cantón. Crecimiento comercial Asimismo, el alcalde anotó que, como parte del plan urbanístico de Samborondón, se creará un distrito comercial y de negocios, con miras a un desarrollo ordenado. Este “corredor” comercial” estará situado a solo 30 minutos del Aeropuerto de Guayaquil, y mediante ordenamientos jurídicos claros, permitirá atraer inversión privada de entre 150 y 200 millones de dólares, y generar al menos mil nuevas plazas de trabajo. Paralelamente, el Municipio mantendrá sus programas de emprendimiento, especialmente para mujeres y campesinos, que buscan defender el deseo de vivir en las zonas rurales, en lugar de emigrar a las grandes ciudades. Preparados para “El Niño” Por otra parte, Yúnez afirmó que trabajan intensamente en los preparativos, para enfrentar los posibles estragos del fenómeno de “El Niño”, que llegará en pocos meses al país. La estrategia consiste en acondicionar albergues, preparar equipos mecánicos y humanos y conformar brigadas médicas, que permitan atender a eventuales damnificados. Estas acciones serán coordinadas con la Prefectura del Guayas y los municipios vecinos, como Guayaquil, Daule, Salitre, Yaguachi y otros, a fin de obtener mejores resultados. Seguridad más eficiente Dentro de su gestión, el alcalde destacó los esfuerzos que se realizan para mejorar la seguridad. Actualmente, dijo, hay 350 dispositivos instalados en todo el cantón. Entre ellos cámaras de seguridad, sensores termales y lectores de placas. Esta cifra será aumentada, y además habrá nuevos aportes para la Policía Nacional. Avenida Samborondón, mejorada Finalmente, Yúnez confirmó que está en marcha el trabajo de reconstrucción de la Avenida Samborondón, que se realiza los fines de semana para no afectar al tránsito. Yúnez recordó que la Alcaldía recibió la competencia en el manejo de la vía, con la promesa de los recursos respectivos. En este caso, 500.000 dólares por año, dinero que todavía no ha sido entregado. Sin embargo, hasta mientras el Municipio efectúa los trabajos con sus propios recursos, a fin de mejorar la circulación. El proyecto contempla un recapeo total de la avenida, y a futuro incluirá pasos elevados, pasos peatonales y ampliaciones en ciertos tramos. Por ejemplo, se dará mucha importancia a las zonas de Plaza Batán y Navona. En el primero de dichos puntos, transitan cerca de 30.000 carros por día. De dicha cantidad, el 75% lo hace en las primeras horas de la mañana.

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Gobierno debe concretar “ya” nuevo contrato con operadoras de telefonía celular

La suspensión de las negociaciones, para la renovación de los contratos de concesión de telefonía celular, provoca gran preocupación, especialmente en el sector empresarial. Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía, opinó que las conversaciones debieron empezar mucho antes, tomando en cuenta que el contrato con Claro termina en agosto, y con Movistar en noviembre. Por tanto, el gobierno debería concretar el nuevo acuerdo con la mayor rapidez posible. En diálogo con “Punto de Orden”, Aspiazu consideró que es la gran oportunidad de ajustar las condiciones del acuerdo, pues no solo son importantes los recursos que reciba el Estado, sino la inversión que realicen las operadoras, a fin de mejorar y ampliar el servicio, a fin de que llegue a poblaciones apartadas. En su opinión, no se llegará al extremo de quedarnos sin servicio de telefonía celular, pero sí sería un mal mensaje para los inversionistas. “No” en consulta de Yasuní En otro aspecto, Aspiazu se mostró partidario de votar por el “No” en la consulta popular, sobre la posible suspensión de la explotación petrolera en el bloque 43 del campo ITT, situado en el Parque Yasuní. El experto recordó que dicho bloque produce cerca más de 55.000 barriles por día, los cuales generan alrededor de 1.200 millones de dólares al año para el Estado. Cifras que bien pueden subir en otros 20.000 barriles. A su criterio, el argumento utilizado para justificar la consulta, es decir, un supuesto daño ambiental, no tiene asidero, pues la explotación del crudo apenas abarca 80 hectáreas. Un área ínfima dentro de un parque, que casi llega al millón de hectáreas. Además, explicó que, al contrario de otras épocas, los trabajos se realizan con respeto al ecosistema, mediante 5 normativas aceptadas internacionalmente. Aspiazu advirtió que de vencer el “Sí” y se obliga a cerrar esta producción petrolera, no solo resultarán afectados los ingresos del país. También se perdería la inversión realizada en la zona, y habría que gastar recursos para el cierre de los pozos. Además, hay que tomar en cuenta que en la selva peruana, a pocos kilómetros de la frontera, también hay extracción de crudo, que bien podría ser el mismo de Yasuní.

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Consulta popular sobre Yasuní “es un precedente nefasto”, según analista Alberto Acosta

La Consulta Popular dispuesta por la Corte Constitucional, sobre la explotación petrolera en el bloque ITT, en el Parque Yasuní, fue un grave error. Consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”, el analista económico, Alberto Acosta Burneo, recordó que dicho bloque es el cuarto en importancia para el país. De ahí que convocar a una consulta, 10 años después de iniciar las operaciones, es un precedente jurídico nefasto para el país, dijo. Acosta advirtió que, con esta forma de pensar, mañana se puede pedir otra consulta para eliminar cualquier actividad económica de importancia. La camaronera, por ejemplo, amparándose en cualquier pretexto. El analista explicó que, para iniciar la explotación en el bloque ITT, el Estado tuvo que 500.000 dólares por cada pozo. Y si triunfa el “Sí”, habría que gastar 450 millones de dólares en cerrarlos. La producción en Yasuní, recordó el experto, genera 1.200 millones de dólares por año. Una cifra de la cual se alimentan los gobiernos seccionales para sus obras. Sin esos fondos, el país sufrirá un empobrecimiento significativo. Acosta reconoció que es necesaria la protección ambiental, pero de forma responsable. En Estados Unidos, por ejemplo, a nadie se le ocurriría pedir el cierre del cuarto bloque petrolero más importante del país, sin motivos ecológicos válidos, y sin alternativas económicas. También fustigó las declaraciones de la candidata presidencial, Luisa González, quien calificó al petróleo de Yasuní como “brea”, y le quitó importancia económica. Acosta aclaró que esa “brea” nos da 1.200 millones anuales, y ojalá tuviéramos más. Asimismo, recordó que las petroleras estadounidenses sacan crudo hasta de las rocas. Retraso en contratos con telefonía móvil es irresponsable En otro tema, Acosta Burneo mostró su alarma por la forma en que se llevan las negociaciones, para renegociar los contratos de concesión con las empresas de telefonía celular, Movistar y Claro. El experto mostró su alarma por la suspensión de los diálogos, ya que los contratos actuales vencen en agosto y octubre, y todo apunta a que el actual gobierno prefiere dejar la decisión al próximo presidente. A su criterio, el Estado debe minimizar sus rentas y más bien maximizar la inversión, tanto en redes como en cobertura, pues sin tecnología no hay avance. Tanto así, agregó, que en Ecuador seguimos con sistema 4G, cuando en muchos otros países ya están en 6G. La solución, estimó, es concesionar el radioespectro, que está en menos de la tercera parte, con lo cual se acelerará la transmisión de datos.

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Fernando Villavicencio promete dirigir en persona empresas estratégicas para evitar corrupción

Combatir la corrupción será la prioridad de Fernando Villavicencio, candidato presidencial del Movimiento Construye, en caso de llegar al poder en las elecciones anticipadas de agosto. En diálogo con “Punto de Orden”, el aspirante explicó que una de sus prioridades, será presidir el directorio de las empresas públicas estratégicas, en lugar de nombrar representantes. De ese modo, dijo, evitará parapetos y puentes que crear silencio, corrupción e impunidad. Villavicencio afirmó que dirigirá personalmente las sesiones de mayor importancia, sobre todo cuando existan de por medio licitaciones y compras públicas en los sectores petrolero, eléctrico, de telecomunicaciones y seguridad social. El candidato advirtió que, literalmente, “sacará a patadas” a todas las mafias que se han tomado el sector público, y que en las licitaciones se llevan entre el 15 y el 20% del monto de cada contrato. En su opinión, si no se procede con dureza, cualquier proyecto será fallido. Su objetivo, anotó, es desaparecer la Empresa Coordinadora del sector público (EMCO), y la llamada “burocracia dorada”, que incluso se apodera de una tajada de la producción petrolera. La misma acción de control aplicará en los hospitales públicos, tanto del Ministerio de Salud como del Seguro Social, donde durante muchos años, unas cuantas mafias se apoderan de las compras, siempre con intermediarios y enormes sobreprecios. Villavicencio aseguró que, durante sus investigaciones, ha logrado establecer la presencia de 14 grupos, que se reparten millonarios contratos con el Estado. La “Mega Cárcel” Como parte de su política para combatir la inseguridad, el aspirante de “Construye” ofreció que, si llega a la Presidencia de la República, construirá una “Mega Cárcel”, de altísima seguridad, en una zona aislada del país, para mantener alejados de la sociedad a violadores, homicidas, narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco, que permanecerán incomunicados. De ese modo, no estarán en capacidad de hacerle daño al país. En cambio, para los presos menos peligrosos impulsará granjas agrícolas, dentro de las prisiones, a fin de que trabajen sembrando y cosechando productos como papas, arroz o yuca. Con ello, generarán su propia alimentación. Acción ante “El Niño” En otro ámbito, el candidato presidencial prometió que, si llega a Carondelet, “se pondrá las botas” para recorrer todo el país, ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño. En su opinión, el actual gobierno debe acelerar las líneas de crédito conseguidas con organismos internacionales, y garantizar, desde ya, la provisión de productos básicos e insumos, que podrían volverse escasos si las condiciones climáticas se vuelven críticas. Por ejemplo, garantizar los fondos que permitan la reconstrucción vial, comprar puentes bailey, equipar centros médicos móviles, y adquirir los medicamentos necesarios.

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Luisa González: educación, seguridad y, tal vez, Asamblea Constituyente

Ni “abogada” ni “magister”. Le gusta que la llamen simplemente “Luisa”. Así, a secas y sin pompa. Está muy orgullosa de sus títulos profesionales, pero prefiere el nombre de pila. El nombre que la identifica. El que recibió en el bautismo, el de familia. Ahora, como participante de una contienda electoral, utiliza el nombre completo: Luisa Magdalena González Alcívar. La candidata. La aspirante presidencial de Revolución Ciudadana. La líder. La única mujer en una papeleta, donde afronta a 7 hombres. Es manabita hasta la médula de los huesos. Por sus venas corre sangre de Canuto, parroquia rural de Chone. Sin embargo, por casualidad nació en Quito. Sus padres –naturales de Canuto, como lo fueron sus abuelos, bisabuelos y una larga lista de antecesores- estaban de vacaciones en la capital, cuando a Luisa, entonces la pequeña Luisa, se le antojó nacer. Y claro, se volvió quiteña un poco a la fuerza, por más que casi que de inmediato la llevaron de vuelta a la tierra manabita. Con ella repasamos su vida, su trayectoria y sus ideales. Con ella analizamos sus planes de gobierno, en caso de triunfar en los comicios del 20 de agosto. O en la segunda vuelta, de así ocurrir. Luisa González, la postulante, fue nuestra más reciente invitada en “Al Centro Presidencial”, bajo la dirección de Carlos de Tomaso. Educación, una necesidad Su primera niñez, la más lejana, es un conjunto de recuerdos amenos, aunque matizados con la chancla materna. La chancla que enderezaba a los niños desobedientes, y que domaba voluntades equivocadas, cuando a alguien de la casa se aventuraba a una travesura pasada de la raya. Esa chancla que le enseñó el valor de la disciplina. Que le mostró el buen camino. Que le hizo valorar la importancia de la responsabilidad. Alternaría sus estudios. La primaria en Quito, parte de la secundaria en Chone, y el resto de nuevo en la capital. El cambio fue obligado. Fue necesario. Sus padres querían para ella la excelencia educativa, y en las zonas rurales de Manabí no encontraron. Episodios y falencias que le dejaron un mal sabor de boca. Una frustración. Es por ello que la educación, tal como la concibe –pública, de calidad y gratuita- es uno de los primeros puntos de su plan de gobierno. Uno de los pilares. La educación es la clave de cualquier desarrollo presente y futuro. Si llega a Carondelet –y está segura que así será- impulsará el cambio educativo. Esa excelencia que le gusta mencionar. Seguridad, el objetivo Devolver a los ecuatorianos la seguridad será otra de sus prioridades. Otro de los puntos altos de su lista. Para Luisa González, lo que vivimos hoy es, simplemente, intolerable. ¿Cómo? Mediante la coordinación. La responsabilidad. El trabajo en equipo. Pone como ejemplo la dinámica que regía en el gobierno de Rafael Correa. Los mecanismos integrados fueron entonces la respuesta, y promete que lo serán en su gobierno. Para empezar, el rescate del Ecu-911. Recuperarlo. Revalorizarlo. Darle el enfoque y la importancia que merece. Que alguna vez tuvo, y que siempre debió tener. El Ecu-911 como pilar de la fuerza pública. Como instrumento clave de vigilancia y respuesta. Luisa González destaca la necesidad de institucionalizar la fuerza pública. Si es electa presidenta, volverá el Ministerio Coordinador de Seguridad. Y ese organismo supervisará el combate al hampa. Un ministerio que tendrá bajo su mirada a Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el propio Ecu-911, el Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia y Fiscalía. Sí, a la función judicial también debe ser parte de los controles. De las soluciones. De las acciones. Sería por lógica y eficiencia. Cuando caiga un delincuente, de inmediato habrá seguimiento. ¿Policía? Debe presentar el informe. ¿Fiscal? Debe formular cargos. ¿Juez? Debe dictar prisión. Nada de que “lo liberaron por ahí”, “no hay pruebas” o “caben medidas sustitutivas”. Si están todos presentes, cualquier irregularidad, cualquiera, sería detectada –y sancionada- de inmediato. En una guerra de esta naturaleza, todos deben dar la cara. Todos deben cooperar. Y todos, por supuesto, tienen la responsabilidad de asumir su parte. Por supuesto habrá medidas complementarias. Luisa González expone la necesidad de reforzar a la Policía Nacional. De volverla una fuerza eficiente y capaz, bajo un liderazgo sólido. Y crear dentro de ella una unidad especial antivacunas. Dedicada exclusivamente a ello. No es posible, señala, que en los cuarteles policiales no exista siquiera espacio para recibir a los gendarmes. No es posible que los patrulleros no puedan circular por falta de gasolina. No es posible, en fin, que los miembros de la institución carezcan de todo. Que hasta para descansar unos instantes, requieran que la comunidad donde colchones a los UPC. La candidata valora el poder de la inteligencia, dentro de la lucha contra el crimen. La inteligencia que detecta, investiga, analiza y resuelve. La inteligencia que allana el camino para el golpe armado. La acción operativa. Su promesa es fortalecer esa labor de inteligencia. Porque a veces una investigación tiene más valor que muchos arrestos al azar. Empleo, la necesidad Pero de nada serviría una Policía más fuerte y eficaz, una justicia limpia de corrupción y una coordinación cronometrada, si no se atacan los problemas de fondo. Los motivos de la ola delictiva. El origen. Los verdaderos motivos. Dicen los físicos que toda “causa” produce “efecto”. Que la “acción” siempre genera una “reacción”. Y en el caso del hampa, de la criminalidad, de la violencia, para la postulante de la Revolución Ciudadana hay que buscar esa “causa” en el entorno social del Ecuador. En las circunstancias en que vivimos. En la pobreza. La falta de oportunidades, la falta de un futuro mejor, la falta absoluta de un horizonte, es el disparador de ese “efecto”. Es el motivo. Es la razón. Miles de jóvenes ecuatorianos levantan la mirada a diario, y a su alrededor solo encuentran desolación, vacío, puertas cerradas. Si no hay trabajo, si no hay formas dignas de llevar el pan a la casa, donde el hambre aprieta, solo queda la desesperación. Y ese sendero

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SRI aplica desde julio nueva ley que reduce impuesto a la renta

A partir de julio, la retención por impuesto a la renta, para los trabajadores públicos y privados, será mucho menor. En una resolución emitida este viernes, el director general del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, aplicó los preceptos señalados en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, enviada por el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional, y ya aprobada. La norma señala la reducción del pago de impuesto a la renta, en beneficio de los trabajadores en relación de dependencia, con miras a fortalecer la economía familiar con justicia tributaria. El nuevo marco legal establece una rebaja de dicho impuesto, de acuerdo a varios factores. En cuanto a gastos personales, se consideran deducciones válidas el costo de vestimenta, educación, alimentación y salud, así como los generados por mascotas, gastos por concepto de arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, pago de pensiones alimenticias, entre otros. De acuerdo a la reforma, el contribuyente podrá reducir aportes por el número de cargas familiares, que contemplan desde ahora padres, cónyuge o pareja en unión de hecho, e hijos hasta los 21 años, o con discapacidad de cualquier edad. Se mantiene la obligación para los contribuyentes, de presentar la respectiva proyección de los mencionados gastos, mientras los patronos deben exigir la presentación de los formularios dentro de los plazos establecidos, para la retención en la fuente. Es decir, el descuento será directamente desde el salario. Adicionalmente, el Impuesto a la Salida de Divisas, que ha sido recortado progresivamente durante el actual gobierno, baja al 3,5%. El gobierno aspira que esta nueva ley, signifique para los ecuatorianos tener más dinero en su bolsillo, al recortarse el impuesto a la renta.

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Para Paco Moncayo, solo un trabajo conjunto con Colombia y Perú, permitirá detener ola criminal

La única forma de combatir con éxito la inseguridad, es coordinar acciones de control con Colombia y Perú. Para el ex consejero de Seguridad, Paco Moncayo, el avance del narcotráfico en los vecinos países, es la principal causa del incremento de la criminalidad en Ecuador. Moncayo recordó que muchos de los carteles de la droga, se asociaron con la guerrilla, y como resultado prácticamente se han tomado la zona fronteriza. De acuerdo a los cálculos, el 40% de la cocaína que generan Colombia y Perú, termina en suelo ecuatoriano, para de ahí enviarlo a Europa y Estados Unidos. De ahí que la solución a la criminalidad que sufre Ecuador, es establecer compromisos serios con los estados vecinos, para coordinar la vigilancia y evitar el movimiento de las bandas vinculadas al narcotráfico. Esta violencia se desató desde fines del 2021, al punto que el número de asesinatos se ha duplicado en solo 3 años. Por otro lado, Moncayo explicó que desde el primero momento, le informó al presidente Lasso que su presencia en el gabinete sería temporal. Por tanto, su renuncia no debió ser tomada por sorpresa. Sin embargo, aún mantiene nexos con las políticas de seguridad, mediante recomendaciones y análisis de los problemas, que ofrece de forma particular.

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