El Gobierno Nacional puso fin a muchos de los radares de tránsito instalados en el país, y que generaban miles de denuncias a diario.
Consultado por “Punto de Orden”, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, confirmó que dichos equipos eran “una burda estafa a los ecuatorianos”, y que su único fin era sacarle a la gente la plata de los bolsillos.
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Neira explicó que, de acuerdo a los primeros análisis, la mayoría de los radares no tenía sustento técnico. Por lo tanto, el Gobierno decidió suspender definitivamente su funcionamiento.
De forma adicional, la Contraloría del Estado investiga los acuerdos que permitieron instalarlos, y establecerá las responsabilidades civiles, penales y administrativas, para las respectivas sanciones.
El gran negocio
El funcionario puso como ejemplo los radares instalados en la provincia de El Oro, que entre diciembre del 2023 y el pasado 3 de junio, recaudaron 7,4 millones de dólares en multas. De dicha cantidad, el 45% fue para la empresa operadora, y el 55% para la Comisión de Tránsito.
Dichos dispositivos no estaban debidamente calibrados, y fueron instalados y operaban sin la normativa necesaria.
Lo mismo sucede en la provincia de Los Ríos, donde a través de la CTE, todos los radares son sometidos a control y revisión.
En todos los casos, las irregularidades llevarán a una denuncia penal ante la Fiscalía.
Sigue el contrabando de combustible
En otro ámbito, Neira confirmó que se ha detectado un nuevo caso de contrabando de combustible, que representa para el estado un perjuicio de 100 millones de dólares.
La estafa se realizaba a través de una estructura comercial, en apariencia legítima, que desviaba entre sus operadoras internas el hidrocarburo, tanto para sector automotriz, como el comercial y el naviero.
El secretario no dio nombres de los presuntos responsables del engaño, pero aseguró que el caso será denunciado.
