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Ecuador: octubre 17, 2024

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Ecuador, octubre 17, 2024
Ecuador Continental: 23:06
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Catedrático afirma que no hay pruebas para enjuiciar al presidente Lasso

Política /

No hay ninguna prueba que involucre al presidente Lasso, en los supuestos actos de corrupción denunciados dentro del “Caso Encuentro”. Así lo señaló Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, en entrevista con “Punto de Orden”. En su opinión, la Asamblea Nacional carece de elementos para enjuiciar políticamente al jefe de Estado, y más aún porque las supuestas “pruebas”, proporcionadas por el polémico portal “La Posta”, son bastante flojas, sin argumentos reales, y propias de una prensa sensacionalista. Moscoso justificó la indignación mostrada por Lasso dentro de este proceso, porque se lo vincula incluso al narcotráfico. La intencionalidad de la oposición es clara, dijo, porque busca una causal para la destitución. “Quieren defender a líderes corruptos” El catedrático anotó que la Asamblea, controlada por grupos opositores, tratará de encontrar “la quinta pata al gato”, y justificar así una eventual interpelación. Por suerte, agregó, para un juicio político debe existir primero la aprobación de la Corte Constitucional, que felizmente está conformada por gente proba, seria e inteligente, que no se prestará al sainete que quiere montar la comisión parlamentaria. En este ámbito, Moscoso lamentó que la mayoría de asambleístas no sepa ni siquiera los reglamentos básicos, mucho menos la Constitución, lo cual los lleva a cometer disparates y saltarse las leyes cuando les conviene. A su criterio, lo único que quieren ciertos asambleístas es proteger sus intereses, y en el caso del correísmo, conseguir la impunidad para sus líderes, sentenciados por casos de corrupción. El resto, como la grave situación económica y social del país, les tiene sin cuidado y les importa un pepino. Moscoso es partidario de que el presidente Lasso disponga la muerte cruzada, para librar al país de esta Asamblea, y gobernar, al menos durante unos meses, mientras se convocan elecciones, por decreto. Indígenas buscan detonante Para Arturo Moscoso, la posible movilización indígena, que está en análisis, no es más que un detonante que buscan ciertos sectores, para justificar el juicio político contra el presidente de la República. A su juicio, son “voces destempladas” que quieren configurar un supuesto “escenario de conmoción interna”, que permita dar paso a la interpelación. Y para ello no tienen empacho en disfrazarse de “defensores sociales”, con el único fin de desestabilizar al país.

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Asambleístas piden a la Fiscalía que evite la salida del país de ocho ex funcionarios del Gobierno que tendrían relación con casos de corrupción

Nacionales /

EL UNIVERSO .- Este fin de semana continúan las comparecencias ante la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investiga los presuntos actos de corrupción.   La comisión ocasional por la verdad, la justicia y la lucha contra la corrupción exhortó a la Fiscalía General del Estado que evite la fuga de los ex funcionarios del Gobierno nacional: Fabián Pozo Neira, Ítalo Cedeño, Iván Correa, Hugo Aguiar Lozano, Aparicio Caicedo, Marcos Miranda, Mauricio Guim y María José Romo.   La resolución planteada por la asambleísta, Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), recibió el respaldo de seis votos, y se dio tras la comparecencia de las autoridades de la Contraloría y Fiscalía General del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), ante la mesa que investiga la presunta existencia de una red de corrupción en las empresas públicas.   La fiscal General, Diana Salazar, confirmó que al momento se realizaron 14 impulsos fiscales para la práctica de diligencias investigativas, 12 allanamientos, 315 solicitudes de información, incautaciones, 51 recepción de versiones vinculadas al caso.   Salazar indicó que apenas conoció la noticia criminis, el 9 de enero de 2023, iniciaron las investigaciones por presunta delincuencia organizada, cohecho y un posible delito de concusión.   En el texto de la resolución aprobada en la mesa pide además a la Fiscalía General que garantice la protección de testigos que posean información relevante para el esclarecimiento de la investigación. De su lado, el contralor del Estado, Carlos Riofrío, señaló que en el caso de las empresas públicas emitió 164 informes con indicios de responsabilidad, en el periodo 2019-2022.   Mientras que el canciller, Juan Carlos Holguín, sostuvo que no conoce a Rubén Chérrez, ni sabe el motivo por el cual habría sido nombrado en el audio que se hizo público a través del medio digital La Posta. Pero, aceptó conocer y haber saludado con Danilo Carrera, en dos ocasiones y aclaró que no ha sido parte de ninguna comitiva oficial en los viajes efectuados por las autoridades del Estado.   Para este sábado, la mesa que investiga los supuestos hechos de corrupción en las empresas públicas espera reunirse a las 10:00, para recibir a: Ítalo Cedeño; Danilo Carrera; Rubén Chérrez; Jairón Merchán, secretario de planificación y desarrollo: Jhonny Estupiñán, ex gerente de Flopec EP; Marco López, superintendente de Compañías; Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Roberto Andrade, director de la UAFE; y, Mauro Vargas, director de Inteligencia Policial.  

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Caso Encuentro: Fiscalía allana domicilios del gerente y exgerente de Petroecuador, Hugo Aguiar e Ítalo Cedeño

Nacionales /

EL UNIVERSO .- La Fiscalía General del Estado investiga desde el 10 de enero pasado una red de corrupción que se habría dado en empresas públicas del sector eléctrico.   Justo un mes después de haberse abierto la investigación previa para analizar la denuncia de un entramado de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico, la Fiscalía allanó, entre la noche del jueves último y la madrugada de este viernes, cuatro viviendas en Quito de personas que podrían estar relacionadas con el hecho que se investiga.   Según la Fiscalía, los domicilios allanados en diversos sectores de la capital ecuatoriana pertenecerían al gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, Ítalo Cedeño, exgerente general de Petroecuador; César Pazmiño y Marcos Miranda, exsubsecretario de Gobierno.   La investigación que hoy realiza la Fiscalía bajo el nombre de caso Encuentro parte de información entregada por el medio digital La Posta que habla de una red de corrupción en el sector público liderada por Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y en la que estarían involucrados los hoy exfuncionarios del Gobierno, Iván Correa, hasta ayer secretario de la Administración Pública del Gobierno; Hernán Luque, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); y personas particulares, entre ellas, Leonardo Cortázar, Rubén Chérrez, Martha Morlas, …   La Fiscalía informó que en los allanamientos realizados se incautaron dispositivos de almacenamiento, un computador portátil, celulares y documentación que podría estar relacionada con la investigación. Todos los indicios levantados pasarían a ser sometidos a pericias y análisis, se indicó. La madrugada del jueves último Mauricio Guim, exfuncionario de la Presidencia de Guillermo Lasso, fue dejado en libertad ocho horas después de haber sido retenido en el puente de Rumichaca, en la frontera con Colombia. La Fiscalía pidió a la Policía ubique, retenga y traslade a Guim para que rinda una versión como parte del caso Encuentro y de a conocer sobre la información atribuida a él que fue dada a conocer por La Posta, como parte de su trabajo denominado El Gran Padrino. “Mauricio G. (Guim) pudo rendir su versión ante la agente fiscal correspondiente, a pesar de lo cual prefirió acogerse a su derecho constitucional al silencio. Al finalizar la diligencia, y previa autorización judicial, le fueron incautados un teléfocno celular, dos computadoras y el equipaje que llevaba consigo al momento de su detención, mismos que fueron ingresados a cadena de custodia para las pericias respectivas”, explicó la Fiscalía mediante un comnicado.   La tarde del jueves último también se conoció de la renucnia al cargo de secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, Iván Correa, una de las personas a las que se relaciona con esta red de corrupción investigada. El hoy exfuncionario de Gobierno ha señalado no tener responsabilidad alguna en los hechos que se han hecho públicos.

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Errores de estrategia afectaron al gobierno en la consulta, afirma jurista André Benavides

Política /

La Consulta Popular planteada por el gobierno se convirtió, tal como se esperaba, en un “termómetro”, que midió la popularidad del presidente Lasso. Así lo señaló el constitucionalista André Benavides, al evaluar los resultados del proceso electoral. Benavides hizo notar que muchos ciudadanos, más allá del contenido de las preguntas, algunas con “gancho”, es decir, de evidente beneficio para el país, votaron “No”, pues de esa manera expresaron su rechazo a la gestión de Lasso. A esto se agrega el error de estrategia, pues en lugar de poner la cara ante el país, el gobierno envió como vocera a la asesora jurídica de la Presidencia, que si bien hizo un excelente trabajo, no podía enfrentar sola todo el ataque de los detractores del referéndum. En su opinión, la derrota electoral es un llamado de atención, para que el presidente tome de urgencia los correctivos que hagan falta, y de una vez por todas actúe “en sintonía” con el pueblo. Benavides advirtió que el pedido de un “acuerdo nacional” no ha tenido éxito, lo cual deja al mandatario práctica solo, en difíciles condiciones para terminar su periodo. Además hay que considerar, dijo, la ambición de cada sector político, con asambleístas de oposición que solo buscan sus propios réditos, y que ahora propugnan adelantar las elecciones, pero sin plantear otras alternativas. El jurista teme que si la situación se complica, Ecuador podría vivir lo mismo que Perú, donde todos los días se reportan protestas e incidentes, con un alto saldo de víctimas mortales y pérdidas económicas. Benavides advirtió que la inseguridad debe combatirse con inversión social, a fin de destruir los orígenes. Finalmente, consideró que la denuncia contra los “jueces corruptos” debió efectuarse a través de la vía judicial, y no mediante una cadena nacional, ya que en este caso, las formas son muy importantes. Esta es la entrevista completa en “Punto de Orden”.

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Asamblea llama a juicio político a Ximena Garzón, exministra de Salud

Nacionales /

El Pleno de la Asamblea resolvió llamar a juicio político a la exministra de Salud Ximena Garzón este martes 7 de febrero del 2023. La decisión se tomó con 61 votos a favor, 13 en contra y 34 abstenciones. La moción fue presentada por Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y sumó el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID). El oficialismo votó en contra y el correísmo, la bancada más numerosa, se abstuvo. En este caso, operó una mayoría simple en el Pleno (mayoría de los presentes). Sin embargo, para una eventual censura de Garzón se requerirán de 92 votos. Los asambleístas Vanegas y Nathalie Viteri (PSC) acusan a Garzón de haber incumplido con sus funciones por la compra de medicinas en mal estado o la falta de insumos. “Están protegiendo el negocio de venta de medicinas que ha derivado en corrupción”, dijo Vanegas, en referencia a los legisladores que no respaldan este proceso. El presidente de la Comisión de Salud, Marcos Molina (ID), votó a favor de la interpelación, aunque dijo que “no se sabe a ciencia cierta si las pruebas aportan para llamarla a juicio político”, pues las catalogó de “pruebas deficientes o débiles sin contrastar”. Garzón deberá presentarse en los próximos días al Pleno para ejercer su defensa. Ella ocupó el cargo entre mayo del 2021 y el 4 de julio del 2022, cuando renunció; algunos asambleístas reconocieron que su campaña de vacunación contra la pandemia del covid-19 fue exitosa. En la Comisión de Fiscalización no hubo consensos para recomendar su censura o el archivo del expediente, por lo que la decisión final quedó para el Pleno. El debate estuvo atravesado por los resultados de las elecciones seccionales y la consulta popular del 5 de febrero. Fuente: El Comercio

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CNE aprobó 54.557 firmas para que la Asamblea reforme la Ley de Seguridad Social

Nacionales /

La reforma legal propone que el Estado transfiera el Banco del Pacífico al IESS. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el jueves un total de 54.557 firmas que fueron recogidas para que la Asamblea Nacional tramite una reforma a la Ley de Seguridad Social y la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).   La iniciativa es liderada por Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionitas del IESS de Pichincha y presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS.   El dirigente informó que se requerían 32.748 firmas validas, pero se entregaron al CNE un 66,5 % más de lo que se necesitaba.   “Con este antecedente, quedó la vía expedita, libre de obstáculos, para que la Asamblea Nacional inicie la reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIESS mediante la iniciativa popular normativa, la misma que comprende 5 ejes fundamentales”, destacó Llanes en un comunicado.   Uno de los temas de la propuesta es modificar la composición del Consejo Directivo del IESS con mayor participación de los afiliados y los jubilados. Cambiar el proceso de selección del Directorio del Biess y que la institución se convierta en un banco de primer peso.   Se plantea que el seguro social tenga participación accionaria en la explotación petrolera, telecomunicaciones, minería, metálica y sector eléctrico. La intención es que el Estado pague la deuda que mantiene con el IESS.   Otra medida que se pretende lograr con la reforma legal es que el Estado transfiera el Banco del Pacífico al seguro social, como parte de pago de la deuda.   “Ahora le corresponde a la Asamblea Nacional impulsar esta reforma, vamos a estar junto a los asambleístas en este proceso”, expresó Henry Llanes. Fuente: El Universo

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Asamblea aprueba reforma a Ley contra lavado de activos

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La Comisión de Régimen Económico tramitó la reforma a Ley de Lavado de Activos. Por unanimidad, la Asamblea aprobó este jueves 2 de febrero de 2023 unas reformas a la Ley contra el Lavado de Activos. Los cambios apuntan a prevenir y atacar el financiamiento del narcotráfico a partidos políticos o a clubes de fútbol, jueces, mandos militares y policiales, entre otros. La propuesta fue tramitada por la Comisión de Régimen Económico. El texto aprobado será remitido al Ejecutivo para que en el plazo de 30 días presente sus observaciones o disponga su publicación en el Registro Oficial. Los cambios se enfocan en el artículo 5 de la ley vigente desde 2016, y amplía a 18 el número de actores obligados a entregar reportes a la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) por movimientos de valores que superen los USD 10 000. Los ajustes a la Ley En el artículo 5 se precisa que, a más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados a informar a la UAFE: Las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano; Las bolsas y casas de valores; Las administradoras de fondos y fideicomisos; las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales; Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; Las empresas dedicadas al servicio de transporte nacional e internacional de dinero, encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las agencias de turismo y operadores turísticos; Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; Las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores; Los montes de piedad y las casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; los comerciantes de antigüedades y obras de arte; Los notarios; y los registradores de la propiedad y mercantiles; Los promotores artísticos y organizadores de rifas; hipódromos; Los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a la Serie ‘A’ y Serie ‘B’ que participen de los torneos organizados tanto por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano como por la Federación Ecuatoriana de Fútbol; Las compañías y empresas que prestan el servicio de factoring de acuerdo al riesgo de las operaciones y servicios que establezca la UAFE mediante Reglamento; Los partidos políticos y movimientos legalmente reconocidos Otros cinco actores tendrán que reportar a la UAFE, dentro de los 15 días posteriores al fin de cada mes, sus propias operaciones nacionales e internacionales: Los jueces del sistema judicial; y fiscales; El personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo; Directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas, Los gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y, puertos públicos y privados; Asambleístas; Plazo La Unidad de Análisis Financiero y Económico dispondrá de un plazo de 180 días, en caso de ser aprobada la reforma. Esto para expedir la normativa secundaria y los informes técnicos y estratégicos que garanticen el efectivo cumplimiento de las disposiciones.   Fuente: El Comercio

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Frente Parlamentario pide a la Fiscalía General del Estado investigar presunto peculado en la repotenciación de tres corbetas de la Armada del Ecuador

Nacionales /

La investigación del Frente Parlamentario Anticorrupción determina que desde el 2010 los radares de las corbetas de la Armada Nacional no funcionan. Los radares de tres corbetas que tiene la Armada Nacional no funcionan y ahora son parte de una investigación en la Fiscalía General del Estado, tras un informe que presentó el Frente Parlamentario Anticorrupción en el que se advierte de un presunto peculado.   El informe indica que, durante la última década, a la Armada del Ecuador le asignaron casi $ 100 millones exclusivamente para modernizar las corbetas Los Ríos, Manabí y Loja, para recuperar la capacidad de permanencia en el mar y, de esta forma, poder combatir las actividades ilícitas y el narcotráfico.   Sin embargo, añade el documento, la empresa pública Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave EP) y la Armada del Ecuador gastaron todo ese presupuesto en contratos con diferentes empresas; y las tres corbetas no realizaron una sola detección ni mucho menos una captura de sumergibles, semisumergibles, narcosubmarinos, lanchas rápidas en actividades ilícitas, bultos con droga en el mar o alguna narcoavioneta.   En la información suscrita por los asambleístas Fernando Villavicencio (CN-PSE), Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas (Pachakutik), y presentada a la Fiscalía, se advierte que en la Asamblea Nacional, en los dos últimos años, se recibieron varias denuncias que describen “graves irregularidades en la contratación de bienes y servicios por parte de la Armada del Ecuador y de Astinave EP, (por las) que, de comprobarse, se estaría ante un presunto delito de peculado”.   La investigación realizada por los asambleístas sobre los procesos contractuales generados por la Armada del Ecuador y Astinave EP alertan de un posible favoritismo con decenas de millones de dólares, a través de procesos de contratación direccionados a varias empresas, como SVF/MTU/Rolls-Royce, Virtualabs SRL, SAAB, Reutech Communications y Nanoteq, por los que como resultado se obtuvieron equipos y sistemas con baja confiabilidad y que no cumplieron las prestaciones contractuales en la fecha correspondiente. Los componentes del proyecto para la repotenciación de las corbetas tienen relación con la adquisición del sistema de propulsión y de doce motores para ser implementados en las tres corbetas, la adquisición y modernización de tres radares de vigilancia la adquisición y modernización de seis radares de control de tiro, la adquisición de tres sistemas de guerra electrónicos, la adquisición de tres sistemas de comunicaciones y enlace de datos, la adquisición y modernización de sistema de armas y la adquisición de sistemas de misiles.   El legislador Ricardo Vanegas, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, realizó una visita a las instalaciones de la Armada del Ecuador el 21 de noviembre de 2022, en la Base Naval Sur de Guayaquil, para constatar la condición operativa de las corbetas Los Ríos, Manabí y Loja, así como del Banco de Pruebas de Motores MTU. Verificó la existencia de las corbetas en el muelle y de varios radares, equipos de comunicación y banco de pruebas. Se pueden encender, pero sin cumplir una tarea o función de control de actividades ilícitas o control de narcotráfico.   Vanegas asegura que, tras la investigación, se hizo conocer el informe preliminar; y, una vez que se obtuvo la respuesta del oficio n.º 1027-RVC-AN2022, se puede determinar que existen serios indicios de incumplimientos contractuales que podrían determinar faltas conforme la normativa legal existente. Comenta que en el expediente entregado a la Fiscalía se demuestra técnicamente que los tres radares ubicados en las corbetas de la Armada no funcionan y “han permitido que las rutas del tráfico de droga ingresen por el mar al Ecuador. Es algo grave, y el Gobierno ya ha expresado su preocupación de los nexos que podrían tener marinos con el tráfico de drogas”.   “Espero —añadió el legislador— que la Fiscalía con su investigación llegue a determinar cómo así las corbetas de la Armada tienen radares que no sirven y no logran detectar nada de lo que sucede en el mar, que es por donde viene la droga directamente al país”.   Mucha de la información que maneja el Frente sobre este caso es reservada, por lo que pidieron a la Fiscalía del Estado que disponga a una persona como custodio para que esa documentación no se pierda.   Lo que tiene que hacer la Fiscalía es investigar si hubo filtraciones del narcotráfico para impedir que los radares en las tres corbetas funcionen desde el 2010, añadió el legislador, a quien le sorprende que no se hayan preocupado del tema, cuando se supone que son radares que pueden distinguir otros barcos a las cien millas.   En el informe se recomienda que el Ministerio de Defensa reasigne a otras áreas al personal encargado de la entrega-recepción de los contratos de adquisición, con el fin de evitar que puedan influenciar en favor o en contra de las acciones de investigación que realiza la Contraloría y Fiscalía General del Estado.   Habrá un tercer informe respecto a la destrucción de la antena radar de Montecristi en Manabí, anunció este grupo de asambleístas. Fuente: El Universo

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El Gobierno costeará repatriación de restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el extranjero

Nacionales /

La Asamblea Nacional acogió las observaciones del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Movilidad y pasará a publicación en el Registro Oficial El Estado costeará la repatriación de restos mortales de las personas ecuatorianas fallecidas en el extranjero, siempre que los familiares demuestren una situación de vulnerabilidad económica y la falta de recursos suficientes para realizar la repatriación del cadáver.   Así lo determinó la Asamblea Nacional, este 31 de enero, al aceptar las observaciones que hizo el Ejecutivo al proyecto que reforma a la ley orgánica de Movilidad Humana. Por la moción de allanamiento votaron 129 legisladores.   A través del reglamento, que deberá emitir el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se regulará la repatriación con enfoque en derechos humanos, y la elaboración del informe técnico socio económico y la ficha de vulnerabilidad estará a cargo de la Comisión de Calificación que se conformará en las oficinas consulares.   El informe que emita la Comisión de Calificación deberá considerar factores como: entorno familiar, entorno social, situación económica, situación migratoria y ubicación territorial.   Según las reformas que pasarán a publicarse en el Registro Oficial, la Comisión de Calificación de solicitudes de repatriación no podrá demorar más de quince días laborables para resolver si acepta o niega el pedido de repatriación. Si no se emite el informe dentro del plazo establecido, se entenderá que la solicitud está aprobada. La entrega de los restos mortales en el Ecuador, no podrá superar el término de treinta días, contabilizados desde el día de la recepción de la respectiva solicitud, excepto los casos en los que la normativa o procesos administrativos o judiciales del país en el que falleció la persona ecuatoriana impidan el cumplimiento del mencionado término.   La única excepción para los plazos son aquellos casos judicializados en el exterior que impiden repatriar los restos mortales.   Cuando se acepte a solicitud de repatriación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana procederá con el procedimiento de embalsamamiento o cremación, según corresponda.   Si la Comisión de Calificación niega la solicitud de repatriación podrá ser impugnada mediante todos los recursos eficaces prescritos en el ordenamiento jurídico.   Estas reformas a la Ley de Movilidad pasarán a publicarse al Registro Oficial para que entren en vigencia. Fuente: El Universo

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PSC no apoyará amnistía de Ricardo Patiño

Política /

Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, no apoya el proyecto de amnistía para el excanciller de la República, Ricardo Patiño, que se tramita en la Asamblea Nacional. “No estamos de acuerdo con conceder esa amnistía”, señaló enfáticamente Nebot, durante una entrevista concedida al noticiero “Punto de Orden”. Patiño está acusado de instigación a la rebelión. En octubre del 2018, exhortó a los simpatizantes de la Revolución Ciudadana: “Vamos a prepararnos para la represión, porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos…”

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César Rohón exhorta al gobierno a promover su consulta y reformar constitución

Política /

El ex asambleísta, César Rohón, mostró su total apoyo a la consulta popular planteada por el gobierno, y que tendrá lugar este 5 de febrero, de forma paralela a las elecciones seccionales. Es la gran oportunidad de introducir los cambios que requiere la actual constitución, creada hace 15 años en Montecristi, y que es contradictoria. Rohón fue el invitado de nuestro noticiero “Punto de Orden”. Para empezar, considera indispensable la reducción del número de asambleístas, con miras a establecer requisitos mucho más estrictos para futuras elecciones. No es posible, dijo, que para llegar al Parlamento solo baste tener 18 años, y no estar inmerso en juicios penales. Incluso, anotó, el gobierno debe impulsar la creación de un senado, o “cámara alta”, con integrantes de alto nivel académico, con poder sobre la “cámara baja”, que sería el actual Parlamento, una vez recortado ostensiblemente su número de miembros. Asimismo, es partidario de que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue creado, supuestamente, para darle “participación” a los ciudadanos, pero que se convirtió en otro instrumento del correísmo para copar todos los poderes. Para Rohón, las funciones del CPCCS, de elegir autoridades de control, debe regresar a las cámaras. Actuar con diligencia Rohón precisó que el gobierno debe tener listas las reformas constitucionales, para impulsarlas apenas gane el “Sí” en la consulta, a fin de evitar que la Asamblea quiera bloquearlas. A su juicio, quienes se oponen al referéndum y dicen “8 veces No”, carecen de racionalidad, y obviamente tratan de politizar un tema de enorme importancia para el país. Asamblea Constituyente El ex asambleísta fue más allá, y exhortó al gobierno a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que cree una nueva constitución, libre de las taras de la actual. Esta potestad es solo del poder ejecutivo, y si se produce, de inmediato la Asamblea actual debe cerrar sus puertas. Rohón es de la idea de darle un plazo perentorio para que cumpla su función, que podría ser 120 días. El objetivo es terminar con el actual desorden jurídico, y establecer, en otro puntos, la bicameralidad. El tema se facilitaría, remarcó, porque la Constitucional ya emitió un dictamen favorable. Comisión ocasional es ilegal En otro ámbito, indicó que la “comisión ocasional” creada ayer por la Asamblea, para investigar las denuncias del caso “El Gran Padrino”, es ilegal, ya que los reglamentos establecen que solo se puede crear una comisión, para temas que no estén en la jurisdicción de las ya existentes. Algo que no ocurre, pues el Parlamento cuenta con una Comisión de Justicia. La entrevista completa a continuación:

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Comisión ocasional de la Asamblea investigará caso “Gran Padrino”

Política /

La Asamblea Nacional decidió ser parte del proceso de investigación, por presuntos actos de corrupción en la designación de autoridades del sector eléctrico, en el caso conocido como “El Gran Padrino”. En su sesión de hoy, el Parlamento resolvió conformar una comisión ocasional, que se encargará de indagar la denuncia del portal “La Posta”, que señaló posibles irregularidades, y hasta estableció una supuesta organización delictiva, con el presidente Lasso a la cabeza. Con 94 votos el #PlenoLegislativo aprueba la creación de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha Contra la Corrupción; en el caso denominado el “Gran Padrino”. Estará conformada por siete asambleístas de las distintas Bancadas legislativas. pic.twitter.com/5oaLj0JcG6 — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 18, 2023 Sin embargo, hasta ahora “La Posta” solo ha presentado como respaldo un audio. Miembros de la Comisión La Asamblea decidió llamar al organismo como “Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha Contra la Corrupción”. Con 94 votos, el pleno eligió para integrar dicha comisión a los legisladores Mireya Pazmiño, de Pachakútik; Gruber Zambrano, de BAN; Viviana Veloz, de UNES; Pedro Zapata, del PSC; Diego Esparza, independiente; Augusto Guamán, independiente; y Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática. Todavía no se establecen los mecanismos y plazos que tendría esta comisión, para analizar el caso y presentar informes ante el pleno.

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Comisión de Justicia dividirá en tres fases la fiscalización del caso de presunta corrupción en empresas públicas

Nacionales /

El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, dijo en la mesa legislativa que el Gobierno no está involucrado en un esquema de corrupción.   La Comisión de Justicia de la Asamblea inició este miércoles un proceso de fiscalización y control político ante la presunta existencia de una estructura de corrupción en las empresas públicas del sector eléctrico, en la cual estarían involucrados funcionarios actuales y exautoridades del Gobierno, así como ciudadanos particulares y hasta Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso.   Once personas fueron convocadas a comparecer sobre el caso denominado “El Gran Padrino”; sin embargo, únicamente se presentaron Andersson Boscán, periodista del medio digital La Posta, que reveló el tema, e Iván Correa, secretario de la Administración Pública del Gobierno. Correa llegó acompañado del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien no intervino en la reunión.   No asistieron Oswaldo Rosero, gerente subrogante de Flopec; Joaquín Ponce, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Antonio Icaza, gerente de la Corporación General de Electricidad (CNEL); Hugo Aguiar, gerente de Petroecuador; Nicolás Andrade, gerente de CELEC. Ellos se excusaron con el argumento de que debían atender asuntos programados con anterioridad.   Tampoco aparecieron Hernán Luque, expresidente de EMCO; Ítalo Cedeño, exgerente de Petroecuador; y los ciudadanos Rubén Chérrez, y Danilo Carrera.   Con una sala llena, el presidente de la mesa legislativa, Alejandro Jaramillo, explicó que la fiscalización se dividirá en tres fases: en la primera sesión (desarrollada el miércoles) se recogerá la información que proporcionen los funcionarios y civiles; en la segunda instancia se convocará a actores relacionados con la desaparecida organización política Libertad es Pueblo, creada por el hermano del expresidente Lenín Moreno; y en la tercera parte se llamará a los asambleístas que sean señalados como operadores políticos en casos de corrupción.   Cuando Andersson Boscán tomó la palabra resumió los hallazgos de las presuntas ilegalidades cometidas por la red de corrupción y que esta sería liderada por el cuñado del presidente Guillermo Lasso, aprovechando su influencia política en el Gobierno debido a su cercanía con el mandatario. Dijo que Danilo Carrera hizo que Hernán Luque esté al frente de la EMCO; mientras que el ciudadano Rubén Chérrez es amigo de Carrera y se desempeñaba como su operador dentro del grupo.   Boscán añadió que este esquema no se limita al sector eléctrico sino que también operaría en el sector petrolero, en Flopec.   Además, dio a conocer que la Fiscalía abrió una investigación de oficio sobre el caso y la noche del martes acudió a un llamado de la institución para entregar información, la cual incluye datos de contratos millonarios de CNEL, que fueron adjudicados a compañías nuevas y sin experiencia que habrían participado con documentos falsos supuestamente emitidos por una misma persona.   Las empresas señaladas serían parte de la corrupción, señaló el periodista y anticipó que en el transcurso de los siguientes días entregará más información a la Fiscalía.   Compartió a los asambleístas un fragmento del audio de la conversación que tuvo con Leonardo Cortázar, supuesto operador de Chérrez en las empresas públicas, quien dio detalles de cómo funciona el esquema y mencionó a varias personas.   En otro audio se escuchó la voz de un contratista, cuya identidad no se reveló, quien denunciaba que en CNEL de El Oro, Los Ríos y Milagro para obtener un contrato se piden coimas del 10 al 15 %; que las empresas que consiguen los contratos no tienen experiencia en el sector eléctrico.   Boscán agregó que existen varias denuncias por estos casos en El Oro, inclusive tuvo conocimiento el exministro de Energía, Xavier Vera.   El asambleísta José Chimbo preguntó si el presidente de la República conocía del tema, a lo cual el comunicador respondió que no posee información con indicios que confirmen o hagan suponer que el Jefe de Estado tenía conocimiento.   No obstante, Boscán animó a la Comisión para que se investigue este y todos los aspectos relacionados con el caso. Y mencionó que varios de los implicados ya han abandonado el país.   La legisladora Dina Farinango sugirió que la Asamblea emita una resolución para que los funcionarios que no asistieron a la Comisión comparezcan ante el pleno. Además, recordó que está en curso el caso Danubio, donde se investiga tráfico de influencias y ofrecimiento de cargos en distintas instituciones públicas.   Así mismo, la asambleísta Johanna Moreira comentó que la Comisión no debe descuidar la nueva denuncia que aparentemente involucra al cuñado del presidente. “Que en esta investigación caiga quien tenga que caer”, expresó.   Por su parte, el secretario de la Administración Pública defendió al Gobierno. “Yo debo ser esta tarde categórico y contundente. El Gobierno Nacional no tiene, no ha tenido, no tendrá, no forma, no ha formado, ni formará parte de ninguna trama, de ningún esquema, de ninguna red, y de ninguna estructura delictiva o de corrupción. Eso quiero dejarlo bien claro”, sentenció Iván Correa.   Y dijo que los ecuatorianos responsables no deben, bajo ningún pretexto, dañar la honra de otro persona, bajo ningún pretexto. Señaló que quien acusa de ilegalidades debe presentar pruebas de aquello.   Aseguró que el Gobierno colaborará con las investigaciones. Manifestó que el audio de una persona no prueba nada y que la Fiscalía deberá dar luces sobre las presuntas acusaciones y difamaciones.   Al ser consultado sobre Danilo Carrera, el secretario respondió que el cuñado del presidente no tiene ninguna función o potestad dentro del Gobierno.   Luego de que culminó la sesión con los asambleístas, el ministro de Gobierno se pronunció en redes sociales. Dijo que en la Comisión se ratificó que no se tolerará ninguna forma de corrupción. “Las investigaciones deben llevarse con celeridad, seriedad y transparencia; de lo contrario solo hacen daño, no al Gobierno, sino al conjunto del sistema democrático”, publicó Francisco Jiménez en Twitter. Fuente: El Universo

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La falta de control estatal en las cárceles ha permitido a las bandas reclutar nuevos miembros, advierte informe de Human Rights Watch

Nacionales /

El documento de Human Rights Watch aborda otros temas como el aborto o la situación migratoria.   Cinco problemas crónicos deben abordar los Gobiernos de América Latina y el Caribe, según el Informe Mundial 2023 de Human Rights Watch, para proteger los derechos humanos y la democracia.   Estos se refieren a pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad y degradación ambiental.   Con respecto a Ecuador, el documento sostiene que la sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles han permitido a las pandillas reclutar nuevos miembros y asesinar a más de 400 personas detenidas desde 2021.   Además, que el país experimentó un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por pandillas.   En el parque Calderón de Cuenca, diferentes agrupaciones en contra del aborto realizaron un plantón criticando a la Asamblea Nacional. Boris Romoleroux/API Foto: API El documento sobre Ecuador es de seis páginas y aborda las condiciones en centros de detención y masacres, uso de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad, Estado de derecho y lucha contra la corrupción, derecho de los pueblos indígenas, derechos de la mujer, derechos sobre discapacidad, derechos de niños, orientación sexual e identidad de género, refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes, libertad de expresión, política exterior. El hacinamiento en las cárceles, indica el informe, parece tener su origen en el uso excesivo de la prisión preventiva, las duras políticas contra las drogas y los retrasos en la concesión de beneficios penitenciarios.   Los guías penitenciarios no están debidamente preparados y son insuficientes para contener la violencia, agrega.   En noviembre del 2022, 1.360 agentes penitenciarios se graduaron tras un curso que empezó en julio pasado. En Ecuador hay 36 centros de detención. Uno de los nuevos agentes fue asesinado hace pocos días, apenas había entrado a laborar en una cárcel de Manabí.   En el primer semestre del 2023 ingresarían 1.000 nuevos agentes.   Once las masacres han ocurrido en las cárceles del país desde 2021, con un saldo de al menos 413 víctimas mortales.   Sobre lucha contra la corrupción, sostiene que si bien se implementaron varias reformas que mejoraron la independencia de instituciones judiciales clave, continuaron los señalamientos de demoras injustificadas en los procesos, ausencia de garantías de debido proceso y presiones indebidas a la justicia.   “La estigmatización, los malos tratos, el temor a la posibilidad de enfrentar un proceso penal y la interpretación restrictiva de la excepción de salud siguen representando obstáculos al acceso al aborto”, señala.   Acerca de la violencia sexual, el documento menciona que es un problema endémico en instituciones educativas públicas y privadas y que casi el 30 % de las más de 14.000 denuncias ocurrieron en escuelas.   Sobre orientación sexual, a criterio de Human Rights Watch, la Constitución discrimina a las parejas del mismo sexo al excluirlas del acceso a la adopción, y la Asamblea no ha cumplido con disposiciones de la Corte Constitucional de revisar las disposiciones sobre el matrimonio civil.   En referencia a política exterior, recuerda que Ecuador firmó una declaración por la cual asumió el compromiso de fortalecer y ampliar las vías para una migración segura y legal, así como para el asilo.   Las falencias crónicas para enfrentar estos problemas han sido usadas por algunos políticos para justificar políticas que restringen o violan derechos humanos y han impulsado a millones de personas en las Américas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero, refiere el documento, a modo de conclusión. Fuente: El Universo

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Debate sobre tabla de drogas se retoma; Judicatura en contra de eliminación

Nacionales /

La denominada Tabla de Drogas vuelve a estar en la mira. El Frente Parlamentario Anticorrupción prevé reunirse con el presidente Guillermo Lasso este martes 10 de enero del 2023. El pedido será que se elimine ese instrumento legal. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.); Sofía Sánchez, de Pachakutik, y asambleístas del oficialismo conforman este frente. Ellos convocaron a un foro este lunes 9 para discutir la propuesta que será entregada al Primer Mandatario. La cita se dio en el Palacio Legislativo. El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, delegados de la Fiscalía y los Ministerios del Interior y de Salud, entre otros, participaron. No criminalizar consumo Murillo pidió no criminalizar el consumo ni a las personas adictas, lo que requiere de políticas de salud pública. Sin embargo, matizó que esto no implica ser permisivos con el microtráfico y el tráfico de sustancias estupefacientes. “Hay que construir juntos una política pública que tenga en mente estas dos aristas y que permita al sistema judicial tomar decisiones”, señaló. Fausto Murillo explicó que la aplicación de la Tabla sirve como una referencia a los operadores judiciales para la proporcionalidad de sus resoluciones. “Si damos el mismo tratamiento penal a una persona que lleva cierta cantidad mínima frente a una escala mediana o alta significaría, probablemente, las cárceles sufrirán un mayor hacinamiento”, apuntó. Propuestas En vez de la eliminación total de la Tabla, el delegado del Ministerio del Interior abrió la posibilidad de modificar este instrumento para suprimir lo relacionado a las “drogas duras” o con químicos como la heroína. En el foro se habló sobre la importancia de crear un registro único de consumidores. También establecer lineamientos para la intervención en salud pública, y las diferencias entre consumidores y microtraficantes. La asambleísta Sofía Sánchez recordó que hay una sentencia de la Corte Constitucional, donde se señala que no se puede encarcelar a personas adictas, con o sin tabla. La tabla está vigente desde 2013. A través de diferentes reformas el objetivo ha sido sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala de drogas dentro del territorio nacional. Fuente: El Comercio

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Ex asambleísta del PSC apoya dos preguntas de la consulta

Política /

Al menos dos preguntas de la Consulta Popular, planteada por el Gobierno Nacional para el 5 de febrero próximo, merecen un “Sí” como respuesta. Es la opinión del ex asambleísta social cristiano, Henry Cucalón. Se refiere a la eventual extradición de ecuatorianos vinculados con el narcotráfico, y a la desaparición del cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre el primer punto, Cucalón consideró inaudito que el narcotráfico sea el pan nuestro de cada día en Ecuador, al punto de general una espiral de violencia y asesinatos. Asimismo, es inaceptable que el CPCCS maneje sin responsabilidad la elección de autoridades de control. Esa tarea, dijo, debe regresar a manos de la Asamblea Nacional, que antes tenía un plazo fijo para designar a algún miembro de la terna. Por otra parte, el ex legislador exigió que el Consejo Nacional Electoral (CNE), intensifique los controles a los candidatos, para establecer si sus financiamientos son legítimos. Cucalón advirtió que el “Caso Sobornos”, cuando se comprobó que contratistas privados pagaban la campaña electoral del entonces movimiento de gobierno, demuestra la necesidad de aplicar mayor vigilancia. También cuestionó la inmunidad de la cual gozan los candidatos, durante el periodo de campaña, ya que eso impide que enfrenten a la justicia, en caso de tener cuentas pendientes. Antes, recordó, se impedían las candidaturas en caso de tuvieran llamamiento a juicio. Ahora solo los bloquean con sentencia ejecutoriada.  

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