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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
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Reformas penales pretendían favorecer impunidad “de bandas y bandidos”, opina jurista José Chalco

Nacionales /

Cada vez más voces cuestionan el proyecto de reformas penales, que finalmente no fue tratado ni aprobado por la Asamblea Nacional. Para el reconocido jurista José Chalco, la propuesta, que supuestamente fue “retocada” dentro de la Comisión de Justicia, tenía el evidente objetivo de favorecer a la impunidad y afectar el trabajo de la Fiscalía General del Estado, además de que poseía dedicatoria. A su criterio, los autores del proyecto mostraron una “vergonzosa extravagancia de la ignorancia”, ya que presentaron temas que hubieran causado un debilitamiento institucional. Chalco recordó que la ley penal, como principal objetivo, busca perseguir a quienes violan las normativas. Sin embargo, estas polémicas reformas, elaboradas sin seriedad ni responsabilidad, más bien pretendían favorecer “a las bandas y a los bandidos”. Solo falta, dijo, que el Parlamento declare el “Día de la Presea al delincuente más destacado del país”. Aclaración necesaria El jurista precisó que, de acuerdo a la ley, en los procesos judiciales debe acogerse un eventual pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que alguna sentencia viole el debido proceso. Sin embargo, los presuntos afectados solo tienen 6 meses para plantear su situación, y en el caso de la condena contra el ex presidente Rafael Correa, por el Caso Sobornos, ese plazo ya venció. Asimismo, se pretendía que, fuera de dicha corte, ciertos comités internacionales de las Naciones Unidas también tengan poder vinculante. Algo inaceptable, pues no son órganos jurisdiccionales, no administran justicia y, por tanto, no pueden interferir en los procesos. Chalco anotó que el recurso de revisión solo se aplica, cuando las partes son capaces de presentar nueva evidencia, lo cual no ocurre. El experto lamentó que se pretenderan incluir estas reformas sin coherencia, y sin fundamentos jurídicos. El Código Legislativo permite que, en vista de que la sesión solo fue suspendida, el proyecto retorne a la Comisión de Justicia, que deberá acoger las observaciones realizadas en el pleno, para en un plazo de 8 días presentar una propuesta corregida. Es decir, los interesados quieren “quemar tiempo”, cuando lo único que cabe es archivarlo. No son creíbles Chalco mostró su escepticismo por las declaraciones de asambleístas del PSC y ADN, quienes afirmaron que “alguien” en la Comisión de Justicia “cambió” los temas ya aprobados e introdujo otros. Chalco puntualizó que el tema se manejó con reserva, al punto que estalló únicamente en la víspera de la sesión del pleno. En su opinión, difícilmente algún legislador resultará sancionado por este aparente error. Finalmente, en cuanto al polémico tema de la eutanasia, estimó que lo más sano sería que la Corte Constitucional, de una vez por todas, deje establecidas las condiciones en que se concedería.

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CIDH y RELE condenan la violencia en Ecuador e instan al Estado a investigar y sancionar los hechos

Nacionales /

El Universo .- Los organismos se solidarizaron con la situación que afecta a la población y expresaron su disposición a cooperar con el Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron la violencia desatada en Ecuador a causa del crimen organizado, que se ha recrudecido en las últimas semanas en las cárceles y calles del país. En un comunicado el 17 de enero expresaron su solidaridad con los ecuatorianos e instaron al Estado a “investigar, juzgar y sancionar todos los hechos con diligencia”. Reconocieron “la zozobra generalizada” que existe en la población y reiteraron su disposición a cooperar con el Estado “para la implementación de estándares interamericanos en las medidas que se adopten para garantizar la seguridad ciudadana, el Estado de derecho y la protección de periodistas”. Los organismos internacionales destacaron la importancia que otros países de la región han dado a la crisis de seguridad que afronta Ecuador. Y exhortan a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a seguir dando especial atención a la situación de violencia provocada por el crimen organizado internacional, sus impactos en la democracia, el Estado de derecho y los grupos en situaciones históricas de vulnerabilidad. La CIDH y la RELE describieron el escenario de inseguridad en Ecuador y los eventos que han marcado el “aumento significativo de la tasa de homicidios”, amotinamientos en las cárceles, fuga de delincuentes, 139 funcionarios tomados como rehenes, 8 asesinatos, atentados, así como la incursión de un grupo de delincuentes armados al canal TC Televisión. Previamente la situación ha sido calificada como un “ataque contra la democracia y el Estado de derecho”. “En los últimos años el crimen organizado viene agudizando la violencia que atenta contra la seguridad, estabilidad y gobernabilidad democrática de los Estados, obstaculiza su desarrollo e impide la vigencia de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción”, se destaca en el comunicado y se indica que la violencia también afecta a periodistas e instalaciones de medios de comunicación. La CIDH y la RELE señalaron que seguirán su monitoreo sobre la situación de derechos humanos durante la vigencia de los decretos firmados por el presidente Daniel Noboa, en los que se declaró estado de excepción y conflicto armado interno, bajo el marco del derecho internacional humanitario (DIH) y el respeto a los derechos humanos.

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Corte Interamericana declara en desacato a Perú por liberar a Alberto Fujimori

Internacionales /

Primicias .- La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado a Perú no implementar el indulto a Alberto Fujimori, por las violaciones a derechos humanos que su gobierno cometió. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró este jueves 21 de diciembre de 2023 en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). La decisión de liberar a Fujimori es contraria a lo que el tribunal internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos. La CorteIDH declaró el desacato “debido a que (el Estado) ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022 que restituyó los efectos al indulto ‘por razones humanitarias’, otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el Presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla”. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) concedió el indulto a Fujimori en diciembre de 2017. En una resolución publicada este jueves, la CorteIDH recordó que había ordenado no implementar el indulto porque “no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional”. La CorteIDH precisó que Perú “ha incurrido en un desacato” de la resolución de medidas urgentes dictada el pasado 5 de diciembre que requería al Estado abstenerse de liberar a Fujimori, así como también de las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo de 2018 y del 7 de abril de 2022, que ordenaron lo mismo. “En consecuencia, corresponde invocar lo dispuesto en los artículos 65 de la Convención Americana y 30 del Estatuto de la Corte, a fin de informar sobre el particular a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, mediante el Informe Anual de la Corte Interamericana para 2023”, explica la corte en la resolución publicada este jueves. La CorteIDH también ordenó al Estado que presente, a más tardar el 4 de marzo de 2024, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta. Fujimori, de 85 años y que cumplía una pena de 25 años de cárcel, salió de prisión el pasado 6 de diciembre en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la CorteIDH pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos La Cantuta y Barrios Altos.

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CIDH: Crisis de Derechos Humanos en Nicaragua “continúa profundizándose”

Internacionales /

Primicias .- Entre 2018 y 2023, el régimen de Daniel Ortega canceló la personería jurídica a más de la mitad de 7.227 organizaciones que estaban registradas en Nicaragua. La crisis de los derechos humanos “continúa profundizándose” en Nicaragua, donde la sociedad civil no puede participar en la vida social y política “de manera libre y segura”, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe publicado el 9 de noviembre de 2023. Entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, Nicaragua canceló la personería jurídica de 3.390 organizaciones de un total de 7.227 registradas en el país en 2018, cuando estallaron protestas gubernamentales que se saldaron con unos 300 muertos. La CIDH lo considera un ataque “al pluralismo” que demuestra la intención “de cerrar completamente el espacio cívico y democrático” en el país. En Nicaragua “prevalece una política de represión y persecución sistemática en contra de cualquier persona considerada opositora al gobierno mediante la imposición de un estado policial”, denuncia. Estas restricciones “han sido posibles debido a la subordinación de todos los poderes públicos al Ejecutivo” y a la ausencia de “límites y contrapesos”. La CIDH cita por ejemplo, el hecho de que la Asamblea Nacional haya facilitado la aprobación de normas y reformas legales del gobierno del mandatario Daniel Ortega, reelegido en 2021 con sus rivales en la cárcel o en el exilio. Además, los recursos interpuestos contra estas normas han perdido todo sentido debido a “la falta de independencia del poder judicial”. “Como consecuencia de esta escalada represiva” decenas de organizaciones y activistas “se han visto forzados al exilio” y los que siguen en el país “trabajarían en la clandestinidad, en un clima de miedo, persecución y autocensura”, señala. Las autoridades nicaragüenses suelen seguir un patrón: prohíben manifestaciones, luego llevan a cabo detenciones arbitrarias, “más de 2.000” desde el 18 de abril de 2018, y emprenden campañas de desprestigio y hostigamiento. Además, el organismo afirma tener constancia de que retiran y retienen pasaportes o se niegan a expedirlos para impedir la salida de personas al extranjero. Y a otros les impiden regresar al país. La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que Nicaragua dejará de ser miembro el 19 de noviembre por expreso deseo de Ortega.

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Periodistas expusieron en la CIDH la falta de protección del Estado ecuatoriano

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El Universo .- Una delegación habló del grave deterioro del periodismo. Representantes del Gobierno afirmaron que el Ejecutivo promueve y defiende la libertad de expresión. Un grupo de periodistas participaron la tarde del lunes 6 de noviembre en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde expusieron “el grave deterioro del periodismo en Ecuador”. La audiencia se dio en el marco de en el marco del 188° período de sesiones del organismo. La delegación estuvo conformada por Karol Noroña, periodista exiliada desde marzo de 2023; Ricardo Rivas, director del colectivo Nos Faltan Tres, y hermano de Paúl Rivas, fotógrafo de diario El Comercio, asesinado en 2018; Christian Zurita, excandidato presidencial y periodista de investigación; María Sol Borja, periodista independiente; María Amelia Espinosa, coordinadora del área de Protección para Periodistas de Fundamedios; y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. En representación del Estado participaron el ministro de Gobierno, Henry Cucalón; Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado; y más delegados. Los periodistas iniciaron con las intervenciones. Ricaurte hizo un resumen de los ataques que sufrió la prensa entre 2007 y 2017, recordó que el Estado no ha cumplido con recomendaciones de la CIDH en materia de protección a los trabajadores de medios de comunicación. Mencionó la situación de diario El Comercio, que en la actualidad atraviesa una severa crisis económica, “mientras los actuales dueños violan reiterada y sistemáticamente los derechos laborales de periodistas y trabajadores, a vista y paciencia del Estado ecuatoriano”, dijo. Señaló que el crimen de los tres periodistas de El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, marcó un trágico precedente para el trabajo de prensa en el país, que ahora se ha ve sometido a amenazas de muerte, atentados, exilio de periodistas. Criticó la falta de acción del Estado a pesar de haber recibido constante información y recomendaciones de la CIDH, de la comunidad internacional y de la sociedad civil. “Su accionar ha sido de constante y sistemática negligencia, impavidez y falta de acciones”, expresó Ricaurte, quien reconoció que si bien se han impulsado dos reformas a la Ley de Comunicación, en la práctica “no se han tomado las acciones necesarias para garantizar, proteger y fortalecer el trabajo de la prensa y el ejercicio pleno del periodismo”. Expuso que en el año 2022 Fundamedios registró 356 agresiones contra la prensa, el cual es el segundo número más alto del monitoreo histórico que hace la organización. La cifra abarca tres asesinatos a periodistas, atentados contra medios, explosión de artefactos en domicilios de comunicadores, ataques a periodistas durante el paro de junio de 2022. En lo que va del año 2023, las agresiones suman 220, que incluye a 9 periodistas exiliados y desplazados, así como el asesinado del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ricardo Rivas, por su parte, mencionó que la investigación del caso denominado Nos Faltan Tres sigue en la impunidad. Que han pasado cuatro fiscales y todavía continúa en etapa de indagación. Dijo que desde hace dos años “ya no hay impulsos fiscales”. Señaló que en el año 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, el Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) cambió la información del caso de reservada a secreta, con lo cual la información permanecerá guardada por diez años más. Pese a constantes pedidos de desclasificación, todavía no existen respuestas. Reprochó que los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso ofreciaron al menos en 10 ocasiones desclasificar los informes, pero no cumplieron. Karol Noroña relató los detalles que la llevaron al exilio, luego de revelar casos relacionados con el crimen organizado, la vulneración de derechos humanos en las cárceles del país y los vínculos del Estado con las bandas criminales. Contó que el 23 de marzo de 2023 supo que los miembros de una organización criminal, que sirve logísticamente a cárteles internacionales presentes en Ecuador, planeaban un atentado en su contra. Que tuvo acceso a conversaciones y audios de las amenazas en su contra, que incluían fotografías suyas, del lugar de su domicilio, del medio de comunicación en el que trabajaba. “Y un plan de asesinato que escuché de las voces de los líderes narcocriminales, gracias a dos fuentes cercanas”, detalló Noroña. Dijo que al día siguiente abandonó Ecuador, sin fecha de regreso. “Fui la primera de nueve periodistas que tuvo que tuvo que exiliarse este 2023 de Ecuador”, relató la periodista y reclamó que ninguno de los casos ha merecido un pronunciamiento del gobierno de Guillermo Lasso, ni hubo apoyo para resguardar sus vidas. Christian Zurita compartió ante la CIDH que enfrenta tres juicios, incluyendo procesos en Estados Unidos, y “violencia desplegada por políticos y otras amenazas de uso de la justicia desde intereses corporativos y de crimen organizado”. Comentó que usar a las cortes de otros países “debilita más el trabajo de los periodistas de investigación, que de por sí ya son pocos en Ecuador”. Apuntó que cuando asumió la candidatura presidencial, en reemplazo de su amigo Fernando Villavicencio, también asumió el mismo nivel de riesgo y mencionó que los últimos comicios presidenciales fueron los más violentos, lo cual fue recopilado por organismos internacionales. Por ello, la CIDH le concedió medidas cautelares a él y a una parte de su equipo. María Sol Borja, en cambio, enfocó su intervención en los mensajes violentos de índole sexual que ha diario recibe por su trabajo periodístico. Citó que entre enero de 2022 y marzo de 2023, hay al menos 90 agresiones a periodistas por su condición de género. Reconoció que no ha denunciado formalmente las agresiones en su contra porque desconfía en las instituciones del Estado, que han dejado en la impunidad los casos de Karol Noroña y el asesinato de los periodistas de El Comercio. “La violencia empieza con discursos estigmatizantes hacia los periodistas, con una carga adicional hacia las mujeres, construye y normaliza la violencia sin que haya ninguna consecuencia”, mencionó. De lado del Gobierno, el ministro Henry Cucalón afirmó que el Ejecutivo, en los dos años en el poder, “se ha caracterizado por ser un férreo promotor y defensor del derecho a la libertad de expresión en el país”, lo cual, dijo, se demuestra en la “aceptación y tolerancia” ante las críticas que ha recibido Carondelet. Defendió la actuación de la administración de Guillermo Lasso, señalando que durante la gestión de presidente no se ha enjuiciado

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CIDH ratificó medidas cautelares para Christian Zurita y amplió la protección a Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio

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El Universo .- Las medidas otorgadas también cubren a los hijos de Sarauz. La CIDH planteó cuatro solicitudes al Estado ecuatoriano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este miércoles 1 de noviembre que resolvió ratificar las medidas cautelares a favor del excandidato presidencial y periodista Christian Zurita, así como para la excandidata vicepresidencial Andrea González Nader, al exjefe de campaña Antonio López y para Carlos Figueroa, médico y amigo de Fernando Villavicencio (+). De igual manera, la CIDH anunció que amplió las medidas cautelares a favor de Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, y sus hijos. El pasado 27 de septiembre, el vehículo en el que se movilizada Sarauz sufrió un presunto intento de ataque, en Quito. En un comunicado, la Comisión informó que adoptó la decisión tras analizar información proporcionada por las partes. También valoró las medidas de protección implementadas por el Estado ecuatoriano a favor de los beneficiados; revisó información sobre la situación de riesgo que enfrentan, que estaría relacionada con los avances de la investigación del crimen de Villavicencio. Con base en lo anterior, la Comisión solicitudes al Estado: Continuar implementando las medidas de protección adoptadas para la protección para Zurita, González, López y Figueroa; Reforzar las medidas adoptadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Verónica Sarauz y sus hijos; Concertar las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y su representación; e Informar sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición Las medidas cautelares en cuestión fueron concedidas por la CIDH a Christian Zurita el 20 de agosto, once días después del asesinato de Fernando Villavicencio. El organismo le otorgó la protección luego que Zurita reemplazó a Villavicencio en la carrera presidencial, al evidenciar el peligro que enfrentaba y las amenazas que recibió él y su equipo de campaña. La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apareció a pocas semanas de que se lleve a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los presuntos asesinos de Fernando Villavicencio. La audiencia fue fijada para el miércoles 29 de noviembre, a las 09:30, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.De las trece personas que fueron detenidas dentro de las investigaciones, al momento solo seis están con vida, ya que entre el 6 y 7 de octubre fueron asesinados siete de los sospechosos, en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) y en la cárcel de El Inca (Quito).

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Alcalde de Durán, Luis Chonillo, recibe medidas cautelares de la CIDH

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El Universo .- Debido a los atentados y amenazas recibidos, el alcalde de Durán (Guayas), Luis Chonillo, solicitó medidas cautelares para él, su esposa Cristina Córdova y a su hijo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo aceptó el pedido este viernes 6 de octubre. De acuerdo a un comunicado, la Comisión concedió las medidas cautelares tras considerar que Chonillo y su familia “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo a sus derechos en Ecuador”. En el pedido, el alcalde de Durán recordó el ataque armado que sufrió el 15 de mayo de este año, cuando empezó su gestión en la Alcaldía. Además, puso en conocimiento sobre amenazas de bombas, atentados contra diversas instituciones y mensajes intimidatorios enviadas de manera directa por intermedio de funcionarios municipales de Durán. “La solicitud resaltó que el beneficiario enfrenta desafíos para administrar la ciudad con el esquema de seguridad ofrecido y tiene que trabajar de distintos lugares frente a los riesgos y amenazas recibidas”, indicó el comunicado. Así mismo, la Corte indicó que el Estado, por su parte, expuso que se han realizado distintas diligencias y acciones desde el 2020 para abordar la situación de inseguridad, así como medidas adoptadas después del atentado de mayo de 2023. Que además explicaron las medidas implementadas en el distrito policial Durán Z8, acercamientos con el alcalde y su familia, y avances en las investigaciones de la Fiscalía. La Comisión indicó que valoró las medidas de protección a favor de Chonillo, pero concluyó que “la situación de riesgo no ha sido debidamente mitigada” y que continúan los ataques contra funcionarios del Municipio. Además, señaló que la violencia contra el alcalde ha limitado su actuación como funcionario público. Junto con las medidas cautelares la Comisión solicitó al Estado ecuatoriano tres temas: Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y e integridad personal del señor Luis Esteban Chonillo Breilh, su esposa Silvia Cristina Córdova Arteaga e hijo Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición.

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CIDH llama a “mantener el orden constitucional” en Ecuador

Nacionales /

Primicias .- Tras la declaratoria de muerte cruzada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la coyuntura política en Ecuador.   El presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional, el 17 de mayo de 2023. En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está próximo a convocar a elecciones extraordinarias de Presidente y legisladores.   Ante esta situación, la CIDH emitió un comunicado en el que se aseguró que monitorea de cerca el desarrollo de la situación en Ecuador, “tras el ejercicio de la atribución constitucional” denominada muerte cruzada. En medio de este escenario, el organizo regional hizo un llamado a las autoridades en Ecuador para que se “mantenga el orden constitucional democrático, promoviendo y fortaleciendo la independencia y separación de los poderes del Estado y su pleno funcionamiento”.   Al respecto, la Comisión tomó nota de la decisión de la Corte Constitucional (CC), con la que inadmitió las demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 741 con el que operó la muerte cruzada.   Además, la CIDH exhortó a las autoridades a continuar garantizando la protección de los derechos humanos de todas las personas, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación, de reunión pacífica y el derecho a la participación ciudadana.

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El giro de Bukele con el aborto: de defenderlo a calificarlo de “genocidio”

Internacionales /

EL PAÍS .- En El Salvador, la interrupción del embarazo está penada con hasta 50 años de cárcel. La Corte IDH podría obligar al país a reformar la ley en un tema en el que el presidente ha cambiado de opinión, según analistas,para ganar votos.   Es 31 de octubre de 2018. El Auditorio Ignacio Ellacuría de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) está más lleno que nunca. En una de las sillas, un joven y engominado Nayib Bukele, recibido como una rockstar, es abucheado por primera vez en el conversatorio. “En el tema del aborto, únicamente estamos de acuerdo cuando esté en riesgo la vida de la madre”, dice el que se convertiría cuatro meses después en el presidente más joven del continente. Los aplausos de los fans más incondicionales intentan eclipsar los gritos. “Cuando alguien de altos recursos tiene un aborto espontáneo, la tratan […] Y nadie la cuestiona”. Meses después de llegar a la Presidencia, el discurso dio un giro de 180°. “Algún día, nos vamos a dar cuenta de que es un gran genocidio”, dijo en la viral charla con el cantante puertorriqueño René Pérez, Residente.   “No es esquizofrenia”, advierte Celia Medrano, ex coordinadora general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Centroamérica. “Es conveniencia y pura estrategia política. Pasa con el aborto y con todo lo que mueva votos en masa”. Esta tendencia, que los expertos definen como “ideología líquida”, se ha convertido en un patrón durante su controvertido mandato. Basta con recurrir a la hemeroteca para encontrar versiones del presidente antagónicas, también en materia de corrupción o sobre los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Moisés Castellanos, estratega en comunicación política, lamenta que sus posiciones “siempre sean flexibles”: “Él siempre testea la percepción de un tema para ser él quien tome la decisión política. Y en eso es un experto. Con Bukele nada, absolutamente nada, es al azar”. Como un espejo, la “flexibilidad” en el discurso ha sido también la norma entre los diputados de Nuevas Ideas, el partido de Gobierno. Si bien en 2017, la diputada Suecy Callejas pedía en sus redes sociales despenalizar cuatro causales del aborto para “garantizar nuestras libertades y autonomía”, la actual vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, fue tajante este miércoles: “El aborto no es ni será legal”. Nayib Bukele sostiene una bandera gay junto a miembros de la Asociación Generación de Hombres Trans de El Salvador, durante la campaña electoral de la Alcaldía de San Salvador.RR SS Sus tuits, y los de más de una decena de diputados, no fueron casuales. Este miércoles se llevó a cabo en Costa Rica la audiencia en la la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del caso Beatriz vs El Salvador. Esta es la primera vez que el máximo órgano judicial de la región investiga explícitamente las consecuencias de la penalización absoluta del aborto que rige en el país desde 1998. En El Salvador, la interrupción voluntaria o no del aborto está penada con hasta 50 años de cárcel. Además, los médicos que ayuden o lo recomienden pueden ser condenados hasta a 12 años de prisión. El presidente, que llamó “fanáticos” a quienes no dejaron abortar a la joven salvadoreña con lupus en 2013, esta vez no se pronunció. Pero sus simpatizantes, fuera y dentro del Gobierno, no tardaron en hacerlo.   “Sin posibilidades de que el aborto se legalice en El Salvador”   “Que quede totalmente claro: mientras Nuevas Ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador”, dijo en Twitter Ernesto Castro, el presidente de la Cámara. Un fallo positivo para Beatriz, implicaría un cambio en la legislación más restrictiva de América. Y esta normativa pasaría ineludiblemente por la Asamblea Legislativa, ampliamente oficialista. Morena Herrera, la feminista que preside la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, se muestra optimista, a pesar de las declaraciones ultraconservadoras: “El Gobierno tiene claridad de que las sentencias de la Corte IDH son de obligado cumplimiento. Aunque digan que no van a aceptar injerencias de ningún organismo internacional, son un mero discurso coyuntural. Ellos saben que tienen que cumplir”.   Castellanos, sin embargo, se muestra más escéptico. “Aquí ya no existe separación de poderes. No existe ni una sola propuesta gubernamental que vaya en contra del presidente. Lo que le dicen los diputados a Bukele es: ‘Sí, señor presidente. Lo que usted ordene’. Esto, en efecto, lo convierte en el CEO de El Salvador”.   La audiencia en la corte IDH fue un altavoz de la opinión gubernamental frente al derecho al aborto. “Los argumentos de la defensa estuvieron llenos de imprecisiones y usaron mucha información tergiversada y falsa. Lo que dijeron las abogadas es idéntico al argumentario de los grupos antiderechos; permea mucho en la posición oficial”, explica por teléfono Sonia Rubio Padilla, oficial del programa senior de la Fundación para el Debido Proceso. Uno de los dos peritos aportados por las abogadas, el polémico Doctor Rafael Barahona, puede ser de hecho desacreditado como testigo ya que nunca tuvo contacto directo con la víctima, como reconoció tímidamente ante los siete magistrados del sistema interamericano.   La injerencia de los autodenominados grupos “provida” es cada vez más palpable. A finales de 2022, el Ministerio de Educación despidió al director del Instituto Nacional de Formación Docente y anunció una “reestructuración” de la institución, por emitir un programa televisivo de educación a distancia que explicaba el concepto de la orientación sexual. Además, la primera dama ha tomado las riendas de políticas vinculadas con la infancia y la mujer que ignoran cualquier contenido LGTBIQ+ e introduce estructuras con mayor peso gubernamental.   Para Medrano, también periodista experta en derechos humanos, el peso de sectores ultraconservador es “evidente”. “Bukele y su equipo representan un sector ultraderechista donde la mujer no tiene apenas derechos. No se puede entender su política de manera aislada, es de una línea muy trumpista. Y es muy cercano a sectores religiosos católicos”. Y añade: “Ya el gesto de delegar en la primera dama todo lo vinculado a la mujer

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Excomandos de Taura demandarán al Estado ecuatoriano ante la CIDH

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En la sede del club social de aerotécnicos de la FAE este 16 de enero a las 10:00 anunciarán el inicio del juicio al Estado. Los excomandos de Taura demandarán al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pedirán que disponga al Ecuador resarcir los derechos al grupo militar.   Este 16 de enero, a las 10:00, en la sede del Club Social de Aerotécnicos en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), este grupo anunciará el inicio del juicio al Estado al cumplirse 36 años de los hechos.   El 16 de enero de 1987, el Escuadrón de Fuerzas Especiales de los Comandos de Taura se levantó en armas en defensa de la democracia y exigió la libertad del general Frank Vargas Pazzos, excomandante de la FAE, quien recibió la amnistía otorgada en derecho por el Congreso Nacional de esa época.   Los excomandos fueron recluidos en el antiguo penal García Moreno y condenados por un Consejo de Guerra que los sentenció a reclusión mayor extraordinaria por “atentar contra la seguridad del Estado”.   En diciembre de 1988, el pueblo ecuatoriano presionó al Gobierno de turno para que los excomandos de Taura puedan recuperar su libertad. Luego, la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes del 2008 les otorgó la “amnistía general” a los comandos de Taura, ordenando la recuperación de todos sus derechos civiles, políticos y económicos.   El Estado, a través de “la Comisión de la Verdad”, en su informe de “verdad y justicia”, reconoció como “crímenes de lesa humanidad” los abusos, torturas y atropellos cometidos en contra de los excomandos de Taura y demandó la inmediata reparación e indemnizaciones en torno a la Ley de Reparación de Víctimas por los atentados y violaciones de los derechos humanos en el Ecuador, durante el gobierno de León Febres-Cordero.   Desde esa fecha los gobiernos no han cumplido con la disposición, por lo que han victimizado y revictimizado por varias ocasiones la situación de los excomandos de Taura, quienes han decidido este 16 de enero de 2023 plantear su demanda al Estado ante la CIDH. Fuente: El Universo 

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La solicitud de Petro a la CIDH para proteger a Castillo no tiene cómo prosperar

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El mandatario colombiano pide medidas cautelares en favor del expresidente peruano. El organismo de la OEA, sin embargo, declara que reconoce “la respuesta democrática” de las instituciones del país vecino El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha vuelto el jueves a mostrar su afinidad con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ha solicitado en sus redes sociales que el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) expida medidas cautelares “en favor” del exmandatario peruano Pedro Castillo, destituido el pasado miércoles. Además, ha afirmado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es “el gran pacto latinoamericano” que la región necesita para salir adelante. No obstante, el sistema interamericano de justicia no está en la misma sintonía: la CIDH había cuestionado antes el frustrado intento de Castillo de disolver el Congreso para mantenerse en el poder. Y había reconocido “la respuesta democrática” de las instituciones peruanas. En ningún momento expresó preocupación por los derechos potencialmente violados del expresidente. Petro conoce bien el sistema interamericano de justicia, encargado de promover el respeto de los derechos humanos por los países que integran la OEA. Recurrió a él en 2013 cuando la Procuraduría lo destituyó como alcalde de Bogotá por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo. La Corte IDH le dio la razón en 2020: declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la entidad implicada para destituir funcionarios electos por voto popular. El presidente presenta similitudes entre su caso, el de Castillo y los de otros líderes latinoamericanos. “Por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día”, declaró en redes sociales. El Legislativo peruano, según Petro, vulneró los derechos a “a elegir y ser elegido” y a tener un tribunal independiente. Y avanzó por una senda que revivieron los “golpes parlamentarios” que destituyeron al expresidente hondureño Manuel Zelaya en 2009 y al paraguayo Fernando Lugo en 2012. “Es el camino de la eliminación del contrincante, irrespetando las decisiones populares en las urnas. Ese es el camino que acabó con [Salvador] Allende y sumió las Américas en la dictadura”, agregó antes de señalar que Castillo “se equivocó” al disolver el Congreso. Pero los casos de Petro y de Castillo son distintos. La experta en derecho constitucional Catalina Botero remarca por teléfono que la Procuraduría es un organismo administrativo sin garantías de independencia o imparcialidad, mientras que el Congreso es una entidad política facultada para realizar un juicio político. Botero explica que la “pérdida de confianza” es una figura reconocida en la constitución peruana y que Castillo atentó contra el orden constitucional. “Aún si se hubiesen cumplido condiciones para revocar el Congreso, en ninguna parte se reconocen facultades para reorganizar el poder judicial”, comenta en referencia a otra de las medidas que llegó a anunciar el entonces presidente. Además, las decisiones de Castillo fueron consideradas como un golpe de Estado por toda la institucionalidad peruana: la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía. También por entidades internacionales, como la CIDH que las condenó como “contrarias al orden constitucional”. “La Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional”, se lee en su comunicado. En ninguna parte expresa preocupación por los derechos del exmandatario y ha preferido no pronunciarse sobre el mensaje de Petro, tras ser consultada por este periódico. En todo caso, el sistema interamericano de justicia no actúa a través de medidas preventivas. Walter Arévalo, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, comenta por teléfono que no se han vulnerado los derechos del expresidente peruano. “En un futuro procedimiento penal es que Castillo tiene derecho a una serie de garantías. Una medida cautelar se puede solicitar en ese momento, si las garantías se vulneran y se agotan las instancias pertinentes en Perú”, resalta. Más allá del caso de Castillo, Petro ha dicho que le apuesta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la gran solución para América Latina. Según sus mensajes en Twitter, es el gran pacto que necesita la región para avanzar en un “un camino pacífico, sólido y democrático”. En eso coincide Botero, aunque matiza: “Tiene que haber voluntad política de mantenerse fieles a esos principios, más allá de las ideologías”. Arévalo agrega que el sistema que construyó la región ya es eficiente jurídicamente. Para él, los Estados deben aumentar el financiamiento, pero no hay reformas significativas que sean necesarias. “Las instituciones peruanas saben que están siendo observadas y que la Comisión tiene competencia sobre el Perú. Van a estar atentos a cumplir”, comenta el profesor, que también es presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. La integridad física y los derechos de Castillo, que ha solicitado asilo político en México, no parecen estar en peligro. Fuente: El País

La solicitud de Petro a la CIDH para proteger a Castillo no tiene cómo prosperar Leer más »

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