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Ecuador, septiembre 07, 2024
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PSC reitera: no votará por censura de la fiscal Diana Salazar

Nacionales /

El arresto del ex legislador Pablo Muentes, por graves actos de corrupción, no cambia la posición del Partido Social Cristiano frente al juicio político a la fiscal general, Diana Salazar. Consultado por “Punto de Orden”, el presidente de la organización política, Alfredo Serrano, reiteró que la decisión está tomada: no votarán por una eventual censura y destitución de Salazar. Serrano explicó que el problema legal de Muentes es un tema personal, y no partidista. Por tanto, no compromete al PSC, si bien se mantendrán vigilantes de que se cumpla el debido proceso, y se acaten las resoluciones de la justicia. Nadie está por encima de ley, subrayó el directivo. Además, el PSC está comprometido con los intereses del país, y no con los de alguien en particular. Tampoco comparte el criterio del expresidente Rafael Correa, quien afirmó que se trataba de “una venganza de la fiscal”, por la censura y destitución de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. En cuanto a las supuestas advertencias que hizo María Josefa Coronel al líder histórico del partido, Jaime Nebot, sobre el manejo turbio de la justicia por parte de Muentes, Serrano precisó que ella misma se retractó al poco tiempo. Incluso, anotó, en su calidad de directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, estaba obligada a denunciar las supuestas irregularidades, lo cual no hizo. Para Serrano, esta actitud “mató el relato” que pretendió realizar Coronel. Finalmente, recalcó que están a la espera de la resolución que tome Jan Topic, para ser el candidato presidencial social cristiano en las elecciones del 2025. En caso de no aceptar, buscarán un plan “B” o un “C”, pues existe la convicción de correr con aspirante propio.

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“Quieren meterle mano a la justicia”. Fiscal Diana Salazar insiste en sus denuncias

Nacionales /

La fiscal Diana Salazar lo dice y lo ratifica: el correísmo pretende meterle la mano a la justicia. Se refiere específicamente al proyecto de reformas penales, que intentaron aprobar en la Asamblea Nacional poco después de Carnaval, y que no pasó al descubrirse sus verdaderas intenciones. En una entrevista concedida a la agencia EFE, Salazar denunció que el verdadero objetivo de esas reformas, era beneficiar al ex presidente Rafael Correa, con causales “a la medida” para revisar su sentencia por corrupción. También rechazó la posibilidad de que se levante la reserva de las investigaciones fiscales, como pretendía el proyecto de ley. “Es una nueva metida de mano en la Justicia. Esa es la única forma de definir este intento de reformas, ingresadas a última hora por una bancada en la Asamblea”, precisó la fiscal. “Cierto grupo de asambleístas quiere reformar el Código Penal a su conveniencia, para buscar la impunidad de algunos de sus coidearios, a los cuales hemos procesado y que han sido sentenciados en derecho, que no pudieron defenderse en los tribunales debido a la cantidad de pruebas que presentamos”, agregó Salazar. La funcionaria rechazó la posibilidad, de que se permita como causal para revisar un fallo, una simple resolución del Comité de Derechos de la ONU. Algo que ella calificó como “populismo penal”. “Lo único que va a permitir eso es tener prófugos de por vida y no sentenciados”, dijo. La fiscal fustigó el mal uso de recursos y garantías, como ocurrió con los fallos que favorecieron al ex vicepresidente Jorge Glas.

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Correa teme que la Fiscalía lo vincule con el narcotráfico

Nacionales /

El ex presidente Rafael Correa está muy activo en las redes sociales, y especialmente en su favorita, la “X”, antes Twitter. Esta vez expresó su preocupación de que la Fiscalía General del Estado, lo vincule con las bandas del narcotráfico que azotan al país. Esto como parte del “Caso Metástasis”, que relaciona a miembros de su partido con el fallecido narcotraficante Leandro Norero. “Guarden este tuit. Diana Salazar prepara involucrarnos en narcotráfico”, escribió Correa. Sin embargo, no reveló la evidencia de esa posible medida. Como hace siempre, el mandatario atacó a la Fiscal Salazar, y la acusó pretender venganza contra su movimiento político. También la llamó inepta y perversa. También en la red “X”, Correa salió a responder la burla que hizo el actual presidente, Daniel Noboa, de su mala pronunciación del inglés. Se llamó a sí mismo “un vulgar guayaquileño”, pero no fue bien recibido en los comentarios.

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Juicio político a la fiscal Salazar, con “tráfico” en la Asamblea

Nacionales /

El anunciado juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, no será tan rápido como se esperaba. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, controlada por el correísmo, y que ansía acelerarlo, tiene que resolver primero otros puntos, ya que, de acuerdo a la ley, las interpelaciones deben despacharse en el orden en que llegan. Antes de Salazar está pendiente el juicio al ex ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, a quien acusan de “incumplimiento de funciones”, por supuestamente no cubrir los bonos solidarios de la forma adecuada. Después de resolver la situación de Bernal, la Asamblea debe acometer las interpelaciones de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y Juan José Morillo, ex vocal. De ahí seguirá el ex ministro del Interior, Juan Zapata. Solo entonces se podrá gestionar el proceso contra la fiscal, piedra en el zapato del correísmo por la forma en que ha perseguido los actos de corrupción. Pero cálculos conservadores señalan que al menos se tardará 2 meses el Parlamento, en convocar formalmente a Salazar. Después de la fiscal será el turno del ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, actualmente en prisión, e implicado en irregularidades durante su gestión como juez. Aunque la Revolución Ciudadana persigue el juicio a la fiscal, la alianza ADN, del gobierno, y el Partido Social Cristiano, señalaron varias veces que no respaldarán una moción de censura.

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Asamblea Nacional expresa apoyo a la fiscal Diana Salazar

Política /

Con 74 votos a favor, el Parlamento aprobó una resolución en respaldo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. 46 legisladores votaron en contra del pronunciamiento, que aplaude la gestión de Salazar en el “Caso Metástasis”. Esos sufragios corresponden a la bancada de la Revolución Ciudadana, que promueve un tercer intento de destituir a la fiscal, a través de un juicio político en la misma Asamblea. La resolución a favor de Salazar fue propuesta por el bloque del movimiento CONSTRUYE. Más exactamente por el asambleísta Jorge Peñafiel. El legislador hizo un recuento de los hallazgos del Ministerio Público durante los allanamientos del 14 de diciembre. Según Jorge Peñafiel, “Diana Salazar está dando una lucha feroz en contra del crimen organizado. Estamos ante la debacle total de la Función judicial y en este momento se ha atestado un golpe sustancial al crimen organizado” Con la aprobación de la resolución, también se rechaza “todo intento de manipulación de la justicia, abuso del derecho o mal uso de las acciones constitucionales”.

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Diana Salazar revela que Jorge Glas logró la libertad por soborno del narcotráfico

Nacionales /

Vistazo .- La fiscal general del Estado, Diana Salazar, reveló este lunes 18 de diciembre del 2023 que el narco Leonardo Norero habría pagado 250.000 dólares por la libertad del exvicepresidente Jorge Glas. Esta retribución también habría beneficiado a Daniel Salcedo. El caso Metástasis, en el que se investiga a 31 personas por presunta delincuencia organizada, ha salpicado a varios personajes de la política ecuatoriana. Entre ellos, el número dos del correísmo, quien ya ha sido condenado por el caso Odebrecht y Sobornos 2012-2016. Ahora la fiscal Salazar comentó en entrevista con Teleamazonas que a Norero (alias ‘El Patrón’) le costó 250.000 dólares la liberación del exvicepresidente. Agregó que el narco pretendía cobrar este ‘favorcito’ cuando Glas se convierta en presidente. “Porque parte de la estrategia de la delincuencia organizada es tener el control político, el control de las autoridades. ¿Cómo tienen el control de las autoridades? Entregando favores para luego cobrárselos”, señaló Salazar. Este pago de alias ‘El Patrón’ también habría beneficiado a Daniel Salcedo, quien se encuentra prófugo de la justicia y ha sido sentenciado por la venta ilegal de insumos médicos durante la pandemia del covid-19. Salazar continuó narrando que en otra parte de los chats, extraídos del celular de Leonardo Norero, “dicen que necesitan que regresen los expresidentes porque están perdiendo dinero”. Los periodistas de Teleamazonas cuestionarion: ¿A quién se refiere al decir expresidentes? Salazar contestó: “El expresidente refiriéndose al compañero de fórmula del señor Jorge Glas. Decía RC”. A raíz del asesinato de Leandro Norero en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, la Fiscalía inició una investigación que reveló los tentáculos del narcotráfico en varias instituciones del Estado. En los celulares de Norero se habría evidenciado una estrategia delincuencial para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI. También están implicados abogados en libre ejercicio y otros. “Ese es el nivel de putrefacción que hemos podido revelar en esta trama del caso Metástasis”, aseguró la fiscal Diana Salazar. GLAS EN LA EMBAJADA DE MÉXICO Desde el pasado domingo, Jorge Glas permanece en la Embajada de México en Quito como huésped. Autoridades ecuatorianas han pedido a los funcionarios extranjeros que lo inviten a abandonar dicha representación diplomática. Por su parte, la fiscal Salazar detalló que el exvicepresidente es requerido para que rinda versión en el caso Reconstrucción de Manabí, pero no existe orden de detención. Explicó que “simplemente el ciudadano tiene que concurrir a la Fiscalía General del Estado, no tiene una orden de detención, entonces no se puede hablar de que se está persiguiendo, simplemente estamos realizando actos de investigación”, insistió.

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PSC lo mantiene: no votará por la censura de la fiscal Diana Salazar

Nacionales, Política /

El Partido Social Cristiano reiteró su posición en torno al juicio político, planteado contra la fiscal general, Diana Salazar. En diálogo con “Del Día a la Noche”, el legislador de esa bancada, Vicente Taiano, lo dijo y lo remarcó: no votarán por una eventual moción de censura, tal como lo prometieron tiempo atrás, pese a las insistencias del correísmo, impulsador de la interpelación. Taiano aclaró que una cosa es calificar el juicio político, cumpliendo así el procedimiento administrativo, y otra muy distinta apoyar una posible censura. Y eso cuando ocurra el proceso, que podría ser en un año o más, ya que la ley establece que deben evacuarse las interpelaciones –que son muchas- en el orden en que sean propuestas. El legislador explicó que el pedido de juicio fue calificado –y solo eso- por el CAL. De ahí debe pasar a la Comisión de Fiscalización, donde se despacharán evidencias, testimonios y pruebas de parte y parte. Y solo entonces, cuando se agoten los trámites, llegará al pleno. Sin embargo, y desde ya, Taiano puntualizó que no votarán por la censura, si es que llega a plantearse. ¿El motivo? Al revisar las acusaciones, establecieron que en el fondo son apreciaciones muy subjetivas. Así de simple. Sí al Consejo de la Judicatura En cambio, el PSC sí apoya y apoyará el juicio político a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura; Xavier Muñoz, vocal del organismo; y Maribel Barreno, ex vocal. Los motivos: las graves, gravísimas irregularidades detectadas en el concurso que realizan para elegir nuevos jueces de la Corte Nacional; la prórroga de algunos magistrados por su cuenta y riesgo; y el atropello a ciertas decisiones judiciales. Taiano dijo sentirse preocupado por la gravedad de estas denuncias, e incluso por las críticas de veedores internacionales, que han señalado sus preocupaciones por las anomalías en el concurso. Reformas penales En otro ámbito, el asambleísta anunció que su bancada traba en el análisis de varios proyectos de reformas penales, a fin de unificarlos y plantearlos ante el pleno. Asimismo, destacó la propuesta de su bloque para aumentar las penas contra ciertos delitos, como extorsión y secuestro, y establecer que ningún sentenciado por estos motivos podrá acogerse a beneficios penitenciarios. Es decir, deberán cumplir toda la condena. Con ello, dijo, se evitarán “acciones de protección” y otros recursos, que usan los delincuentes para salir de prisión, en complicidad con jueces corruptos. Entrevista completa:  

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Corte Constitucional aprueba reforma que aumenta requisitos de futuros legisladores

Nacionales /

La Corte Constitucional aprobó un proyecto de enmienda, para la futura elección de asambleístas. Así lo reveló la legisladora azuaya Sofía Sánchez en diálogo con Carlos Vera, en nuestro programa “Del Día a la Noche”. Sánchez explicó que, hace año y medio, durante el anterior periodo, planteó a la CC una propuesta, destinada a mejorar la calidad de los ciudadanos que lleguen al Parlamento. Además de los requisitos básicos ya existentes -18 años de edad mínima y goce de derechos políticos- los aspirantes a integrar la Asamblea deberán cumplir otros: probidad notoria, certificada por organismos debidamente reconocidos; no poseer glosas; haber recibido capacidad sobre su actividad social, sea estudiantil, barrial o sindical, si es el caso; y demostrar trabajo en territorio. La legisladora explicó que el tema educativo no contempla tener una profesión, pues sería atentatorio contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. El proyecto fue aprobado por la Corte Constitucional, con el voto de 6 de los 9 jueves, y deberá ser viabilizado por la Asamblea. Comisión Caso Villavicencio En torno a la comisión ocasional, creada en el Parlamento para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, Sánchez expresó su temor de que no cumpla su cometido. Más aún por los fuertes intereses que están en juego. La asambleísta señaló como causa de su preocupación, que ciertos sectores usen la investigación para fomentar el juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. Un proceso que, a su criterio, no tiene ni pies ni cabeza. Sánchez dijo confiar en al menos 2 integrantes de la comisión –Viviana Zambrano, de CONSTRUYE, y Hernán Zapata, su coideario en GENTE VALIENTE-. Lo menos que queremos, puntualizó, es que la investigación se convierta en un “show político”, un “espectáculo mediático” destinado a atacar a la fiscal, acotó. Finalmente, expresó sus dudas sobre el proyecto tributario enviado por el presidente Noboa a la Asamblea Nacional, ya que, sin seguridad, ninguna propuesta económica tendrá éxito. De ahí que insistió en una enmienda constitucional, que vincule a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.

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Jurista exhorta a Corte Constitucional a destituir a vocales del CPCCS

Nacionales, Política /

La destitución es la única sanción que cabe para Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), y los demás vocales que hicieron mayoría, por irrespetar un dictamen de la Corte Constitucional (CC). Así se pronunció Gonzalo Muñoz, un destacado constitucionalista, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”. A su criterio, la actuación de Vera y los otros consejeros fue grave, pues hicieron todo lo que estuvo a su alcance, incluyendo algunas “leguleyadas”, para destituir a la fiscal general, Diana Salazar, y a los jueces constitucionales. Muñoz aseveró que los vocales que llegaron al CPCCS por la “liga azul”, auspiciada por el correísmo, desde el primer día se enfocaron en revisar la actuación del CPCCS transitorio, pese a que existe una expresa prohibición. Y con esa premia atacaron a Salazar, por un supuesto plagio de su tesis doctoral, e impulsaron una “veeduría ciudadana”, que apuntaba a descabezar a la CC. Es decir, arreglaron todo con ese propósito, y solo cuando se ven “con el agua en el pescuezo”, intentan alegar inocencia. Para Muñoz, la destitución debe incluir al juez de Montecristi que ordenó la “veeduría”, por irse contra un organismo superior, y al coordinador jurídico del CPCCS, por no apelar ese fallo. Aunque es evidente que obedecía órdenes del propio Vera. El jurista consideró que, si la CC quiere hacer prevalecer sus decisiones y autoridad, y sobre todo el orden jurídico del país, debe sacar a los consejeros de sus funciones y colocar a los suplentes. No hacerlo, dijo, sentaría un precedente nefasto, para que otras autoridades, en el futuro, se sientan con capacidad de incumplir sus dictámenes. Concurso con irregularidades En cuanto al concurso que realiza el CPCCS, para elegir al nuevo contralor del Estado, Muñoz advirtió que hay muchas irregularidades, que buscan favorecer a candidatos vinculados a cierta línea política. En resumen, lo considera viciado. Como prueba mencionó que dos de los aspirantes, Yolanda Velasco y Guido Escobar, académicos respetables, imparciales y de intachable trayectoria, aparecían con puntuaciones altas, y de la nada los rebajaron, con el evidente propósito de beneficiar a otros. Para el constitucionalista, el Consejo no es más que un organismo político disfrazado de ciudadano, entregado a las afinidades políticas de sus directivos. Por ende debe ser mejorado, o simplemente desaparecer.

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Ecuatoriano debe cambiar su mentalidad y condenar la corrupción

Nacionales, Política /

La sentencia del caso conocido como “Las Torres”, liderado por el ex contralor, Pablo Celi, es importante y significa un buen golpe contra la corrupción, pero no significa el fin de las estructuras mafiosas del país. Así lo señaló el reconocido penalista Julio César Cueva, en diálogo con “Punto de Orden”. El dictamen condenó a Celi y a Pablo Flores, ex gerente de Petroecuador, a 13 años y cuatro meses de prisión, por el delito de delincuencia organizada. Los otros 9 implicados recibieron sentencias menores, y en conjunto todos deberán pagar indemnizaciones al Estado, y ofrecer disculpas públicas. Cueva opinó que, lamentablemente, estas sanciones no detienen a la corrupción. Y así como unos caen, otros aparecen para reemplazarlos, tal como ocurre en las bandas criminales. Ni siquiera las placas instaladas en ciertos puntos del país, recordando los delitos cometidos, tienen efectividad. Con ironía señaló que, si así fuera, las calles deberán llenarse de placas, debido a la enorme cantidad de actos irregulares detectados en la administración pública. De ahí que considera imprescindible cambiar la mentalidad del ciudadano, para que asuma que cometer actos ilícitos no es lo correcto. Es decir, el cambio debe partir de cada persona. El jurista también advirtió que ciertos grupos políticos, quieren a toda cosa tomarse la Fiscalía y las instituciones judiciales, a fin de “bajarse” las sentencias que recibieron sus líderes por corrupción. Y con tal de conseguir su objetivo, son capaces de inventar denuncias absurdas, y hasta de lanzar amenazas. Como prueba citó el supuesto plagio del que acusan a la fiscal Diana Salazar, en su tesis de grado, algo que quedó totalmente descartado por las propias autoridades universitarias. Resulta, dijo, que cuando estaban a su favor, los jueces eran una maravilla. Pero ahora los señalan por supuesta “falta de independencia”. En el caso de Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y a su vez acusado de estar vinculado a un movimiento político, pese a la prohibición expresa, el jurista precisó que la ley es clara: podría perder su cargo. Cueva advirtió que la única forma de mejorar la situación jurídica del país, es sentar precedentes claros, aunque signifiquen sanciones drásticas.

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