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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
Ecuador Continental: 22:29
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Wilman Terán compareció ante Comisión de Fiscalización de la Asamblea

Apelando a los tradicionales gestos que utilizaba cuando presidía el Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, encausado y detenido por ser parte de la red de corrupción del “Caso Metástasis”, se enfrentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Terán fue llevado desde la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de máxima seguridad del país, para que responda por las acusaciones que le endilgan, dentro del juicio político. También serán interpelados sus antiguos compañeros del CJ, Xavier Muñoz –detenido con él en “La Roca”- y Maribel Barreno, con quienes solía hacer mayoría. Terán no desaprovechó la ocasión para decir que es un perseguido, y que en “La Roca” no le permiten acceder a internet, a fin de analizar las acusaciones en su contra. Por ello, solicitó que el juicio político se suspenda por cuatro días, para leer todo el expediente. Sin embargo, la correísta Pamela Aguirre, presidenta de la comisión, se negó a darle ese plazo pues, según dijo, los tiempos están ajustados. Terán se quejó de las condiciones de su encierro, al punto que ni siquiera puede salir al patio, sino pasando un día, y que no le han permitido leer la documentación del caso, pues tiene restringido el internet. También usó sus minutos para gesticular, como en sus mejores tiempos, e insistir que es inocente. En su testimonio afirmó que recibió presiones de la fiscal general, Diana Salazar, para la sentencia contra el expresidente Rafael Correa. Todo se habría realizado por medio de su emisario, Iván Saquicela. Sin embargo, no pudo presentar evidencias de estas acusaciones. También anotó que ella (Salazar) “cuidaba sus juicios”, los cuales manejaba su juez nacional de apellido Macías. Según el detenido, a Saquicela se lo suspendió en su momento, pero esa suspensión no tuvo un grado penal como a él se lo está haciendo. Menciona que la fiscal le hablaba sobre el interés de cortar espacios en la Corte Nacional, para evitar “las cuotas de poder” y que la justicia sea manoseada por la política. Hace dos meses y medio, acotó, y luego de estar en la Cárcel 4 de Quito, fui llevado a la Roca. No me estoy victimizando, no he podido leer por la falta de lentes, la visibilidad en este último centro penitenciario se ha afectado. Soy una persona inocente procesada por un delito de papeles. Según dijo, habían quedado de acuerdo con el presidente Daniel Noboa, en que la Función Judicial no reclamaría los 250 millones de dólares que les correspondía, sino que podían hablar y hacer las coordinaciones, pero días después lo detuvieron. Conociendo que lo detendrían no huyó, ya que no tiene nada que ver con el narcotráfico, no es un ladrón, y su patrimonio es similar al que tiene hace 25 años, afirmó. Los jueces están bajo presión y no tuve ninguna sola conversación ni relación con el Caso Metástasis ni con el Caso Purga, agregó el detenido exfuncionario. En referencia al concurso de jueces, Terán indica que en el 2017 hubo una convocatoria para el remplazo en el 2018, y antes de la reconsideración final de los finalistas hubo puntuados, y por la paridad de género se eligió al presidente de ese entonces. También indicó que, luego de la designación de jueces y conjueces, se designó a los magistrados. Señala que dentro de la renovación parcial de la Corte Nacional en el 2021 se designó a jueces provinciales como temporales. Sin embargo, luego del concurso del 2021 se lo consideró inconstitucional, y se abstuvieron de participar. Aguirre prometió gestionar ante el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que le permitan acceder al infocentro de la prisión. Ya en materia de la interpelación, la comisión reiteró los cargos de irregularidades en el proceso de suspensión y destitución, del entonces juez Walter Macías; irregularidades en el concurso nacional de jueces; extensión arbitraria del periodo de jueces de la Corte Nacional, entre otros.

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Sancionadas activistas que injuriaron a fiscal Diana Salazar

Las injurias contra la fiscal, Diana Salazar, le salieron caras a Angélica Porras, ex integrante del Consejo de la Judicatura transitorio, y Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión. Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), estableció que hubo violencia de género, y las condenó a pagar una fuerte indemnización, a pedir disculpas a Salazar y a eliminar de sus redes sociales toda alusión a ella. En su fallo de primera instancia, que puede ser apelado, Muñoz sancionó a Schettini con 22.500 dólares y la suspensión de sus derechos de participación política por tres años, contados a partir de la ejecución de la sentencia. En tanto, a Porras la multó con 13.500 dólares, y la suspensión de sus derechos de participación política por dos años. Ambas, integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular, realizaron una intensa campaña contra la fiscal, a quien llamaban “Lady Impericia”, porque supuestamente falsificó su tesis doctoral. Sin embargo, sus evidencias fueron pobres y quedaron desechadas. El conflicto se produjo cuando el esposo de Schettini, Freddy Carrión, durante la pandemia de Covid, y en completo estado etílico, violentó el toque de queda, provocó un escándalo e intentó abusar sexualmente de la esposa de un amigo suyo. Por este suceso, debidamente probado, fue condenado a 3 años de prisión, que ya cumplió. La actuación de la fiscal en este caso le granjeó el odio de Schettini, que desde entonces la acusó de falsificar su tesis doctoral, pero sin éxito. Porras la secundó como parte de Acción Jurídica Popular. La sentencia del juez del TCE establece que, en un plazo de 10 días, deben retirar de sus redes todas las acusaciones contra fiscal, y pagar la respectiva multa. Además, deberán fijar en sus cuentas, durante 6 meses, las disculpas hacia Salazar.

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Asamblea suspenderá juicio político de fiscal, debido a su embarazo de riesgo

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, anunció que se suspendería el juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, una vez conocido que está embarazada, y que esa gestión es de alto riesgo. En un video difundido en sus redes sociales, Kronfle explicó que, de acuerdo a la documentación enviada por Salazar, su embarazo es complicado, por lo cual pide que se respeten los derechos consagrados en la Constitución, y en los tratados internacionales de Derechos Humanos. Ante esta situación, como titular del Parlamento elevó una consulta al Procurador General del Estado, quien confirmó que la interpelación debe suspenderse hasta que las vidas de la fiscal y de su bebé estén garantizadas. En vista que su pronunciamiento es vinculante, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en una sesión prevista para la mañana de este viernes, conocerá y resolverá la sustanciación del juicio político contra la fiscal general. Kronfle explicó que, en vista del alto riesgo que vive ese embarazo, deben respetarse los principios de justicia y respeto a las dos vidas. Además, dijo, hay que precautelar un proceso justo y equitativo para las partes, respetando el debido proceso, y la situación de personas en situación de riesgo, tal como lo establece la Constitución. Su intervención completa, a continuación:

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Asamblea debe sancionar a Pamela Aguirre por promover fallida “emboscada” contra fiscal, según jurista José Chalco

Los incidentes registrados el pasado lunes en la Asamblea Nacional, durante la comparecencia de la fiscal general, Diana Salazar, ante la Comisión de Fiscalización, deben ser sancionados. En diálogo con “Punto de Orden”, el reconocido constitucionalista, José Chalco, advirtió que la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de forma clara, penaliza el mal uso de las instalaciones, y castiga con una suspensión sin remuneración de entre 9 y 30 días al responsable. En este caso, a la correísta Pamela Aguirre. A su criterio, lo que pretendió Aguirre fue montar un careo entre Salazar y su coideario Ronny Aleaga, prófugo de la justicia por el “Caso Metástasis”. Un sainete que el Consejo de Administración Legislativa debe investigar y sancionar, y que incluso podría llevar a la Fiscalía a un caso, por fraude procesal y obstrucción de la justicia. Solo falta, apuntó Chalco, que la Asamblea también organice una “narcofiesta” en sus instalaciones. El jurista advirtió que algunos asambleístas, confunden su inmunidad con impunidad, y no tienen claro que pueden ir a prisión si son descubiertos en delito fragrante. Asimismo, advirtió que el nuevo llamado a juicio político a Diana Salazar, tiene el único propósito de confundir su actividad investigativa, pues habla de “incumplimiento de funciones” en casos, cuando la fiscal aún no estaba en el cargo. En cuanto a la interpelación ya planificada, dejó en claro que el resultado dependerá de los votos, y no de quién tenga la razón. De ahí que llamó a los asambleístas a actuar con seriedad, y dejar de lado su miopía. Chalco lamentó que algunos sectores, por intereses políticos, estén más cerca de las bandas y los bandidos, en vez de la seguridad del país.

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Asamblea analiza posibles sanciones contra Pamela Aguirre

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) y el Comité de Ética de la Asamblea, analizarán posibles sanciones contra Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, por el incidente ocurrido el pasado lunes, durante la comparecencia de la fiscal general, Diana Salazar. Tras exponer sobre varios casos de interés nacional, Salazar fue informada por Aguirre, sin aviso previo, que intervendría vía telemática el exlegislador Ronny Aleaga, implicado en el “Caso Metástasis”, y actualmente prófugo de la justicia. La fiscal se negó a participar en ese “careo”, y abandonó la sala. Lo mismo hicieron otros miembros de la comisión, que ya no pudo continuar debido a la falta de quorum. Para el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, lo que ocurrió es grave, ya que la parlamentaria correísta quería dar paso a Aleaga, pese a que no estaba ese punto en la agenda. Además, al ser uno de los implicados en un proceso legal en curso, no era válido que tuviera un enfrentamiento verbal con la fiscal. Kronfle anticipó que en el CAL se analiza la existencia de una violación al procedimiento legislativo, lo que traería medidas disciplinarias. De su lado, la asambleísta Gissella Molina, del movimiento Gente Buena, presentó una denuncia contra Aguirre, por inobservar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Molina explicó que la parlamentaria correísta, faltó al uso debido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura, tales como credenciales o cualquier otro distintivo, además de permitir actos ajenos a su naturaleza, y que lesionen el prestigio de la institución. La sanción podría ser de una suspensión sin remuneración por 90 días, e incluso la destitución. La eventual medida dejaría la Presidencia de la Comisión de Fiscalización en manos de Luis Alvarado, del oficialista ADN. En lo que sí coinciden las principales bancadas, es que se trató de un intento de “emboscada” contra Salazar, y que la “invitación” a que intervenga Aleaga no era válida, por no constar en el orden del día y por tratarse de un prófugo de la justicia. La Fiscalía exigió que Aguirre informe sobre el paradero de su coideario, pero ella dijo desconocerlo.

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Correísmo plantea nuevo juicio político contra la fiscal Salazar

El asambleísta Héctor Valladares, de la Revolución Ciudadana, planteó un nuevo pedido de juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. La solicitud busca unificarse con una ya existente, y que está dentro de la “cola” de interpelaciones. Según Valladares, la fiscal es responsable de incumplimiento de funciones, pues no actuó en torno a información proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que investiga delitos como el blanqueo de dinero o lavado de activos. El parlamentario afirmó que la UAFE remitió a la Fiscalía 97 procesos, entre los años 2009 y 2022, pero que sólo se han llevado adelante doce causas, y de ellas, solo 5 han recibido sentencia judicial. También dijo que en el año 2019 se reportó a la Fiscalía, un monto de 98,6 millones de dólares por casos de lavado de activos. Sin embargo, anotó que en estas causas no se iniciaron procesos. Por su parte, la Fiscalía respondió a Valladares con otro comunicado. En el mismo indica que el pedido de un nuevo juicio carece de sustento, y exhortó al parlamentario a informarse mejor, y repasar los tiempos en que ocurrieron los supuestos delitos. La Fiscalía, agrega el comunicado, a través de la unidad especializada antilavado de activos, tiene 32 causas en instrucción fiscal, 7 en etapa preparatoria de juicio, 23 en procesos en tribunales y 8 en impugnación. Por tanto, mal se puede decir que “no hizo nada”. En cuanto al llamado “Caso Copaco”, la institución aclara que data de 2016, y que partió de información falsa que la UAFE remitió a la Fiscalía. Para la Fiscalía, el nuevo pedido de interpelación solo tiene tintes políticos.

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Se realizó plantón en respaldo a fiscal Diana Salazar

Decenas de personas realizaron en la Tribuna de los Shyris, en Quito, una concentración, en respaldo a la gestión que realiza la fiscal general, Diana Salazar. Portando carteles y banderas, los asistentes lanzaron consignas en apoyo a la funcionaria, y en rechazo a ciertos grupos políticos que la cuestionan, debido a su participación en hechos de corrupción. Entre los participantes estuvieron asambleístas y exasambleístas, que consideran fundamental estar del lado de la fiscal, en su dura lucha contra el crimen organizado. Los intervinientes repasaron los casos gestionados por Salazar. Entre ellos los más recientes: Metástasis, Purga y Plaga, que permitieron descubrir el nivel de corrupción en la justicia, y el vínculo de ciertos jueces con actores políticos y narcotraficantes. Por su parte, el organizador del acto, Emilio Palacio, dejó un mensaje claro: “si se meten con Diana Salazar, se meten con todo el pueblo ecuatoriano.”, y anotó que que el país entero defenderá la gestión de la fiscal, a quien llamó “una mujer valiente”. Salazar, quien tenía ya compromisos pactados, no asistió, pero envió un mensaje de gratitud, y reiteró que estos actos refuerzan su objetivo de no ceder ante la impunidad.

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Abogado de Ronny Aleaga presentó “pericias” de supuestos chats con la fiscal

Geovan Crespo, abogado del exasambleísta Ronny Aleaga, vinculado al “Caso Purga”, y actualmente prófugo de la justicia, presentó ante la Fiscalía las “pericias” de los chats telefónicos, que su cliente supuestamente sostuvo con la fiscal Diana Salazar. En videos colgados en sus cuentas en redes sociales, Aleaga afirmó que durante largo tiempo tuvo “chats íntimos” con Salazar. Y a través de su defensor, ya que se encuentra fuera del país, envió las aparentes pericias. El trabajo fue realizado presuntamente por una empresa estadounidense, denominada “Digital Forensics”. Según Crespo, para las pericias se utilizaron las mismas técnicas especializadas, que se aplicaron a los teléfonos del fallecido narcotraficante Leandro Norero, y que dieron paso a los casos “Metástasis” y “Purga”. El jurista afirmó que la documentación entregada a la Fiscalía, permitirá sostener la defensa de su patrocinado, que fue vinculado con Norero y con numerosas actividades ilegales, por lo cual le dictaron orden de prisión. Al personal técnico responderá, que se oficie a la empresa que realizó pericia La documentación incluye los contactos de “Digital Forensics”, apuntó Crespo. “Pericia” no sirve Sin embargo, la Fiscalía advierte que la supuesta “pericia” presentada por la defensa de Aleaga, carece de valor legal. En un comunicado difundido en redes sociales, señala que es un error referirse a las aparentes evidencias como “pericias”, toda vez que no se cumplió la respectiva cadena de custodia del aparato –el teléfono celular de Aleaga- del cual se extrajo la información. Sin embargo, la Fiscalía promete investigar estas supuestas pruebas, con toda la seriedad y responsabilidad del caso. Además, exhorta al exlegislador a entregarse a la justicia, si tanto es su interés de colaborar con las investigaciones.

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Henry Kronfle ratifica que PSC no votará por posible censura de la fiscal

El apoyo a la fiscal ya existe. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, restó importancia a la falta de un acuerdo, que permita hacer público un respaldo legislativo a Diana Salazar. ¿Y por qué? Porque el 18 de diciembre pasado ya hubo una resolución en ese sentido. En diálogo con “Punto de Orden”, Kronfle explicó que, en el pronunciamiento antes mencionado, el Parlamento ratificó su intención de no interferir en las gestiones que realice la fiscal, y exhortó además al gobierno de Daniel Noboa a reforzar su seguridad. Sin embargo, dijo, cierta organización política quiso “llevarse el trofeo”, y planteó una nueva resolución de apoyo a Salazar, que considera ahora irrelevante. Descarta presiones Kronfle aclaró que jamás hubo presiones en la Asamblea, para que Salazar revele información reservada de ciertos casos sensibles, como declararon algunos bloques. Lo que sí hubo fue un pedido, para que la fiscal incluya en sus investigaciones al expresidente Guillermo Lasso, y a los ex vocales del Consejo de la Judicatura, Pablo Murillo y Juan José Morillo, por presuntos actos de corrupción. Más allá de estos puntos, el titular del Parlamento ratificó que su partido, el Social Cristiano, no votará por una eventual censura y destitución de la fiscal, como ha afirmado en varias ocasiones. Personalmente cree que Salazar ha realizado un gran trabajo, y que su lucha contra la corrupción es fundamental para sacar al país adelante. Sin embargo, deslizó la posibilidad de que, si aparecieran evidencias que ameriten sanciones políticas, tendría que analizarlas. Kronfle precisó que el actual acuerdo parlamentario, con el correísmo y el gobierno, en realidad fue mucho más amplio. Tanto así que él fue electo con 128 votos. Es decir, casi de forma unánime. Un buen trabajo A pocas horas de comenzar un periodo de vacaciones de 15 días, el titular de la Asamblea señaló estar satisfecho con el trabajo realizado estos 4 meses. Como ejemplo, puntualizó que se ha aprobado cada semana una ley, un acuerdo o un juicio político, lo cual demuestra la celeridad y seriedad de la gestión. Kronfle no descartó que, a corto plazo, el Parlamento retome el tratamiento del proyecto de reformas al Código Penal, que tanta polémica generó en su momento. Sobre ese punto existen varias mociones pendientes, que serán tratadas en su momento. Por lo pronto se buscará crear una normativa, que obligue a los vocales principales de las comisiones, encargadas de los proyectos que pasen a votación del pleno, a estar presentes, y de ese modo asuman la responsabilidad de los textos finales. Precisamente para que no existan denuncias de artículos “sorpresa”, o cambios no autorizados en los documentos. A esta propuesta se sumaría un proyecto de reformas jurisdiccionales, que tendría como propósito evitar que cualquier juez del país emita acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus o habeas data, en favor de personas sentenciadas. Una opción sería que la Corte Constitucional, máximo organismo judicial, designe jueces especializados, que serían los únicos con la atribución de conceder dichos recursos. No será candidato Finalmente, Henry Kronfle informó que no será candidato a la Presidencia de la República por el PSC, como se mencionaba en ciertos sectores. Un tema que, incluso, ya trató con el presidente Daniel Noboa. En vista que Noboa buscará la reelección, como él mismo ratificó, Kronfle consideró necesario explicarle que no será su competencia, lo cual permitiría trabajar de la mano. Tampoco podrá aspirar a un nuevo periodo en el Parlamento, pues ya cumplió los tiempos que le permite la ley.

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Posible marcha de respaldo a la fiscal suma apoyo en todo el país

Cada vez más grupos sociales se suman a la proyectada marcha, que se realizará en respaldo a la fiscal general, Diana Salazar. Consultado por Carlos Vera, en nuestro programa “Del Día a la Noche”, Emilio Palacio, analista político y uno de los mentalizadores de la iniciativa, destacó el apoyo que ha recibido hasta ahora de todos los sectores del país. A su criterio, esta muestra de afecto a la fiscal demuestra el nivel de respaldo con que cuenta, en gratitud a su lucha contra las mafias y los enemigos de la democracia. También, como parte del análisis, citó la forma en que el correísmo y el Partido Social Cristiano, pretenden desmarcarse de los ex asambleístas Ronny Aleaga y Pablo Muentes, respectivamente, implicados en graves actos de corrupción. Para Palacio, resulta inaceptable que Pierina Correa y Henry Kronfle, líderes de las bancadas legislativas, pretendan mostrarse ajenos a lo que hacían sus coidearios. Es decir, pretendan señalar que no conocían sus actividades delictivas. El analista mostró su esperanza que el bloque de gobierno, que hasta ahora es ambiguo, se pronuncie con firmeza contra la intención del correísmo, de censurar y destituir a la fiscal. Algo que no le convendría al presidente Noboa, agregó, pues quien llegue, si es puesto por sus socios correístas y social cristianos, tarde o temprano le clavará un puñal por la espalda. También expresó su indignación por la trampa que la RC y el PSC pretendieron ponerle a Salazar en la Asamblea, de condicionar un supuesto “respaldo”, a cambio de exigirle información sobre casos sensibles, en los cuales justamente están implicados sus ex legisladores. Felizmente, esta burda treta quedó al descubierto, y no prosperó.

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Asamblea no definió respaldo a la fiscal, pese a insistencia de CONSTRUYE

Nuevamente no hubo acuerdo en la Asamblea Nacional, para emitir una resolución de respaldo a la fiscal general, Diana Salazar. En diálogo con Carlos Vera, en nuestro programa “Del Día a la Noche”, el legislador del movimiento CONSTRUYE, Jorge Peñafiel, explicó que, en la más reciente sesión, súbitamente ciertas bancadas quisieron condicionar sus votos, cambio de información sobre los recientes casos de corrupción. Es decir, Metástasis y Purga. Para el parlamentario, ese requisito fue innecesario e impertinente, ya que dicha información es reservada. Si bien el Partido Social Cristiano prometió varias veces que no apoyaría la censura y destitución de la fiscal, cuando llegue el momento del juicio político, en los últimos días ha cambiado su rumbo, y más aún por las implicaciones de su ex legislador, Pablo Muentes, en los antes mencionados casos. En vez de un firme pronunciamiento de respaldo, el PSC ahora solo respalda un apoyo a la “independencia de funciones”. Por su parte, el correísmo mantiene su decisión de interpelar a la fiscal. Según Peñafiel, su movimiento planteará una enmienda constitucional, para darle total independencia a la Fiscalía en la designación de sus agentes, en vez de mantener tal potestad en manos del Consejo de la Judicatura. También cuestionó el tono dubitativo del movimiento ADN, del gobierno. Peñafiel dejó en claro que CONSTRUYE jamás ha puesto como condición, para su respaldo a la fiscal, diluir los juicios contra su líder, María Paula Romo, por el caso reparto de hospitales.

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SUMA rechaza intentos del correísmo por conseguir la impunidad

Para el movimiento SUMA, no hay ninguna duda: el juicio político planteado a la ministra fiscal, Diana Salazar, tiene el exclusivo propósito de conseguir la impunidad de los líderes correístas. En diálogo con “Punto de Orden”, el director de la agrupación, Guillermo Celi, reiteró que su bancada mantendrá un apoyo contundente a la fiscal, y que si se plantea una moción de censura y destitución, votará en contra. La misma opinión le merece el proyecto de reformas al Código Penal, planteado por la Revolución Ciudadana en la Asamblea, y que tenía como propósito dar excusas para tumbar sentencias ejecutoriadas, con el pretexto de pronunciamientos vinculantes de organismos internacionales. A su criterio, esa propuesta fue una barbaridad, y una evidente acción del correísmo para salvar a quienes están sentenciados por robarse fondos del Estado. Lo que sí apoyaría SUMA, dijo, es una reforma que señale que los condenados por actos de corrupción, no puedan salir de prisión, incluso cumpliendo el tiempo señalado, hasta que paguen las reparaciones y devuelvan el dinero sustraído. Mejorar selección de jueces Celi estimó que la única forma de mejorar los procesos de selección y evaluación de jueces y fiscales, es mediante “pruebas de confianza”. Es decir, con el uso del polígrafo, que permitiría establecer quiénes son honestos y quiénes no lo son. El líder de SUMA recordó que hay dos cosas que no pueden ocultarse: ni la tos ni la corrupción. Por otra parte, expresó su rechazo al posible traslado, de Manta a Quito, del Viceministerio de Pesca. Celi precisó que la pesquería en Ecuador da empleo a 250.000 personas, y representa en exportaciones 3.500 millones de dólares. Por tanto, consideró un “despropósito centralista” trasladar la actividad a la capital de la República, que carece de mar.

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PSC reitera: no votará por censura de la fiscal Diana Salazar

El arresto del ex legislador Pablo Muentes, por graves actos de corrupción, no cambia la posición del Partido Social Cristiano frente al juicio político a la fiscal general, Diana Salazar. Consultado por “Punto de Orden”, el presidente de la organización política, Alfredo Serrano, reiteró que la decisión está tomada: no votarán por una eventual censura y destitución de Salazar. Serrano explicó que el problema legal de Muentes es un tema personal, y no partidista. Por tanto, no compromete al PSC, si bien se mantendrán vigilantes de que se cumpla el debido proceso, y se acaten las resoluciones de la justicia. Nadie está por encima de ley, subrayó el directivo. Además, el PSC está comprometido con los intereses del país, y no con los de alguien en particular. Tampoco comparte el criterio del expresidente Rafael Correa, quien afirmó que se trataba de “una venganza de la fiscal”, por la censura y destitución de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. En cuanto a las supuestas advertencias que hizo María Josefa Coronel al líder histórico del partido, Jaime Nebot, sobre el manejo turbio de la justicia por parte de Muentes, Serrano precisó que ella misma se retractó al poco tiempo. Incluso, anotó, en su calidad de directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, estaba obligada a denunciar las supuestas irregularidades, lo cual no hizo. Para Serrano, esta actitud “mató el relato” que pretendió realizar Coronel. Finalmente, recalcó que están a la espera de la resolución que tome Jan Topic, para ser el candidato presidencial social cristiano en las elecciones del 2025. En caso de no aceptar, buscarán un plan “B” o un “C”, pues existe la convicción de correr con aspirante propio.

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“Quieren meterle mano a la justicia”. Fiscal Diana Salazar insiste en sus denuncias

La fiscal Diana Salazar lo dice y lo ratifica: el correísmo pretende meterle la mano a la justicia. Se refiere específicamente al proyecto de reformas penales, que intentaron aprobar en la Asamblea Nacional poco después de Carnaval, y que no pasó al descubrirse sus verdaderas intenciones. En una entrevista concedida a la agencia EFE, Salazar denunció que el verdadero objetivo de esas reformas, era beneficiar al ex presidente Rafael Correa, con causales “a la medida” para revisar su sentencia por corrupción. También rechazó la posibilidad de que se levante la reserva de las investigaciones fiscales, como pretendía el proyecto de ley. “Es una nueva metida de mano en la Justicia. Esa es la única forma de definir este intento de reformas, ingresadas a última hora por una bancada en la Asamblea”, precisó la fiscal. “Cierto grupo de asambleístas quiere reformar el Código Penal a su conveniencia, para buscar la impunidad de algunos de sus coidearios, a los cuales hemos procesado y que han sido sentenciados en derecho, que no pudieron defenderse en los tribunales debido a la cantidad de pruebas que presentamos”, agregó Salazar. La funcionaria rechazó la posibilidad, de que se permita como causal para revisar un fallo, una simple resolución del Comité de Derechos de la ONU. Algo que ella calificó como “populismo penal”. “Lo único que va a permitir eso es tener prófugos de por vida y no sentenciados”, dijo. La fiscal fustigó el mal uso de recursos y garantías, como ocurrió con los fallos que favorecieron al ex vicepresidente Jorge Glas.

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Correa teme que la Fiscalía lo vincule con el narcotráfico

El ex presidente Rafael Correa está muy activo en las redes sociales, y especialmente en su favorita, la “X”, antes Twitter. Esta vez expresó su preocupación de que la Fiscalía General del Estado, lo vincule con las bandas del narcotráfico que azotan al país. Esto como parte del “Caso Metástasis”, que relaciona a miembros de su partido con el fallecido narcotraficante Leandro Norero. “Guarden este tuit. Diana Salazar prepara involucrarnos en narcotráfico”, escribió Correa. Sin embargo, no reveló la evidencia de esa posible medida. Como hace siempre, el mandatario atacó a la Fiscal Salazar, y la acusó pretender venganza contra su movimiento político. También la llamó inepta y perversa. También en la red “X”, Correa salió a responder la burla que hizo el actual presidente, Daniel Noboa, de su mala pronunciación del inglés. Se llamó a sí mismo “un vulgar guayaquileño”, pero no fue bien recibido en los comentarios.

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Juicio político a la fiscal Salazar, con “tráfico” en la Asamblea

El anunciado juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, no será tan rápido como se esperaba. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, controlada por el correísmo, y que ansía acelerarlo, tiene que resolver primero otros puntos, ya que, de acuerdo a la ley, las interpelaciones deben despacharse en el orden en que llegan. Antes de Salazar está pendiente el juicio al ex ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, a quien acusan de “incumplimiento de funciones”, por supuestamente no cubrir los bonos solidarios de la forma adecuada. Después de resolver la situación de Bernal, la Asamblea debe acometer las interpelaciones de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y Juan José Morillo, ex vocal. De ahí seguirá el ex ministro del Interior, Juan Zapata. Solo entonces se podrá gestionar el proceso contra la fiscal, piedra en el zapato del correísmo por la forma en que ha perseguido los actos de corrupción. Pero cálculos conservadores señalan que al menos se tardará 2 meses el Parlamento, en convocar formalmente a Salazar. Después de la fiscal será el turno del ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, actualmente en prisión, e implicado en irregularidades durante su gestión como juez. Aunque la Revolución Ciudadana persigue el juicio a la fiscal, la alianza ADN, del gobierno, y el Partido Social Cristiano, señalaron varias veces que no respaldarán una moción de censura.

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