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Ecuador: marzo 20, 2025

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Ecuador, marzo 20, 2025

Fiscalía pide llamar a juicio a 37 implicados en “Caso Metástasis”

La Fiscalía General solicitó formalmente a la Corte Nacional de Justicia, que se llame a juicio a los 37 implicados en el denominado “Caso Metástasis”. En su exposición, que duró varios días, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, enumeró las evidencias halladas contra los procesados, y que sirvieron de base para el pedido por el cargo de delincuencia organizada. LEER TAMBIÉN: Sentencia suave para exasesor de Wilman Terán en “Caso Metástasis” LEER TAMBIÉN: Daniel Salcedo condenado a 40 meses de cárcel por “Caso Metástasis” El “Caso Metástasis” estableció la existencia de una red de corrupción, compuesto por jueces, operadores, funcionarios y policías, que gestionaban fallos favorables para cabecillas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Hay bastante evidencia Toainga presentó 340 elementos de convicción, que detalló señalando a cada acusado. Asimismo, explicó la forma en que operaban, y los montos que cobraban por cada sentencia. Como cabecillas de la organización aparecen el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el abogado Cristian Romero; el supuesto empresario, Xavier Jordán; y el exlegislador del correísmo, Ronny Aleaga. Los implicados en la red El fiscal reveló que el peritaje a los teléfonos celulares de Norero, obtenidos luego de su asesinato, estableció la forma en que jueces, fiscales, secretarios, policías, guías penitenciarios y abogados en libre ejercicio, sirvieron para que el narcotraficante y sus familiares obtengan impunidad, seguridad y libertad. LEER TAMBIÉN: Nueva sentencia reducida para otro implicado en “Caso Metástasis” Los demás, anotó Toainga, colaboraron con la red de corrupción, a cambio de diversos pagos. Sentenciados Dentro de “Metástasis”, 12 personas ya han sido sentenciadas gracias al procedimiento abreviado, luego de aceptar su responsabilidad en los delitos imputados, y de confesar la forma en que operaba el resto. El juez debe resolver ahora si llama a juicio a todos o algunos de los implicados.

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Periodista de La Posta y su esposa salieron de Ecuador por supuestas amenazas

Supuestas amenazas motivaron a Andersson Boscán y su esposa, Mónica Velásquez, a abandonar Ecuador, y pedir asilo en Canadá. Boscán, nacido en Venezuela, presentó junto a Velásquez un video de más de 6 minutos, en el cual denunciaron que su integridad y las de sus hijas están en peligro. Leer también: Denuncias de “La Posta” contra el presidente Lasso «no son profesionales» Leer también: Denuncia de “La Posta” no es seria, dice ministro Francisco Jiménez Aunque los comunicadores hablaron de “amenazas”, no precisaron en qué consisten, ni quiénes son los responsables de las mismas. Únicamente dijeron que sufren persecución del crimen organizado y de instituciones estatales, entre ellas la Fiscalía General del Estado y los cuerpos de inteligencia ecuatorianos. No presentaron pruebas de tal persecución. Ambos tenían espacios en el portal digital “La Posta”, seriamente cuestionado por presentar denuncias sin sustento y “a la carta”. Ellos mismos se vieron involucrados en el “Caso Metástasis”. En los chats extraídos de los teléfonos celulares, del fallecido narcotraficante Leandro Norero, Boscán dialoga sobre Fernando Villavicencio, asesinado en agosto del año pasado durante su campaña electoral. “La Posta”, supuestamente, continuará con sus programación, a cargo de otros periodistas.

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Allanamientos en Quito dentro del llamado “Caso Pantalla”

Agentes de la Fiscalía, con el respaldo de la Policía Nacional, realizaron la madrugada de este jueves varios allanamientos en Quito, como parte del denominado “Operativo Pantalla”. El principal sitio investigado fue el propio Consejo de la Judicatura. Leer también: Más jueces y abogados salpicados por corrupción en el “Caso Plaga” Leer también: En firme sentencias reducidas para implicados en corrupción judicial que confesaron Se trata de una investigación, sobre presunto tráfico de influencia en el concurso realizado el año pasado, para la elección de nuevos jueces para la Corte Nacional de Justicia. Este proceso fue descartado meses atrás, tras detectarse graves irregularidades, que pretendían favorecer a personas vinculados a cierta organización política. Este es el cuarto caso vinculado a corrupción judicial. Los anteriores son Metástasis, Plaga y Purga, y establecieron la existencia de una red de jueces y funcionarios, que vendían sentencias a cabecillas de organizaciones criminales, incluyendo al fallecido narcotraficante Leandro Norero. Como parte de los operativos, se decomisaron documentos y dispositivos electrónicos. Se reportaron 2 arrestos: Santiago C. y Milton Fabricio H. Leer también: Consejo de la Judicatura destituye a más jueces implicados en actos de corrupción Las incursiones incluyeron las oficinas de las direcciones nacionales de Gestión Procesal, Talento Humano y Tecnologías de la Información.

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Ni justicia ni transparencia en proceso por asesinato de Fernando Villavicencio

A pocos días de cumplirse el primer aniversario del asesinato de Fernando Villavicencio, su familia mantiene sus dudas sobre el proceso investigativo. Consultada por “Punto de Orden”, Verónica Sarauz, esposa del malogrado excandidato presidencial, va más allá. A su criterio, todavía no hay justicia ni transparencia. Además, promete que sin importar quién esté en la Fiscalía, no permitirá que este caso quede en la impunidad. Sus dudas apuntan a la forma extraña en que los 8 sicarios, autores materiales del crimen, perecieron. Uno, a los pocos segundos de matar a Villavicencio, y los demás en prisión, ahorcados a los pocos días, cuando supuestamente estaban bajo vigilancia. Esta matanza de los principales implicados, debió ser investigada a fondo. Sin embargo, por alguna razón no ocurrió. Lo extraño es que los celulares de estos delincuentes, reconocidos como integrantes del complot, no fueron explotados, pese a estar en manos de la Fiscalía. Hay que exigirle al Estado que no minimice este asesinato, agrega Sarauz. Villavicencio era un candidato presidencial, y por trató de un crimen político, perpetrado por un Grupo de Delincuencia Organizada, y con el financiamiento del narcotráfico. Asimismo, advierte que el delito no pudo perpetrarse sin la “participación” de la Policía. Cabe recordar que, en el momento del atentado, los agentes que protegían al entonces aspirante se lanzaron al piso, en vez de protegerlo con sus vidas, como era su obligación. De la Asamblea Nacional tampoco espera mucho. La comisión especial que investigó el caso, en su informe de mayoría, estableció que fue un crimen perpetrado “por delincuencia común”. Para Sarauz, al gobierno de Daniel Noboa no le importa aclarar este suceso. La gente tiene miedo, agrega. El mensaje es este: si a Fernando Villavicencio lo mataron con tanta facilidad, a cualquiera que levante la voz le pasará lo mismo.

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Fiscalía plantea sentencia reducida para policía en “Caso Metástasis”

Como parte del proceso abreviado, que se negoció con varios implicados en el “Caso Metástasis”, esta vez llega el turno del expolicía Cristian Chauca Chicaiza. El exgendarme, quien fue cabo primero y agente de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIAT), aceptó su responsabilidad en el delito imputado por la Fiscalía, es decir, autor directo de delincuencia organizada, por lo cual recibiría una condena reducida de 40 meses de cárcel. Caso contrario habían sido de 6 años en adelante. El expolicía confesó que recibió del fallecido narcotraficante Leandro Norero un celular de alta gama, a cambio de filtrarle cierta información sobre las investigaciones a su red delictiva. Asimismo, Norero le ordenó que anticipe las acciones que tomaría la fiscal del caso, que adultere las evidencias en su contra y que le remita los informes policiales. Finalmente, Chauca se mostró arrepentido de haber colaborado con el cartel del narcotráfico, y tras ser detenido ofreció colaborar con las investigaciones, que dieron como resultado una propuesta de sentencia de solo 40 meses, a cambio de revelar todo lo que sabía. El juez que lleva el “Caso Metástasis” deberá confirmar la condena acordada.

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Fiscalía pide enjuiciar a exministro correísta Javier Córdova por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General del Estado emitió dictamen acusatorio contra Javier Córdova, exministro de Minas, y solicitó que sea llamado a juicio. El cargo es enriquecimiento ilícito. Córdova, quien tiene orden de prisión, se encuentra prófugo y fuera del país. Participó en la diligencia de forma telemática. Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, presentó una serie de pruebas, que demostrarían el cometimiento del delito. Toinga explicó que entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de enero de 2018, Córdova ocupó varios cargos públicos, incluyendo el de ministro de Minería. Y fue durante ese tiempo que su patrimonio creció considerablemente, sin proporción a sus ingresos. La investigación abarcó las actividades financieras del investigado, y estableció que el patrimonio del exfuncionario le permitió cubrir 1,2 millones de dólares, entre tarjetas de crédito y compra de vehículos. El análisis se respalda en el informe de responsabilidad penal, emitido por la Contraloría General del Estado, como parte del examen especial a las declaraciones patrimoniales juradas del procesado. En base a los elementos de convicción, presentó dictamen acusatorio ante el juez de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, quien deberá resolver si procede. El delito de enriquecimiento ilícito se sanciona con pena privativa de la libertad de 7 a 10 años.

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Detectan posible pedido de sobornos en concurso para nuevos jueces

La Fiscalía realizó varios allanamientos en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Azuay, en el marco de una investigación por presunta concusión. El proceso apunta a varios funcionarios del Consejo de la Judicatura, implicados en este caso. Según el reporte, los implicados habrían exigido dinero a participantes en el concurso, que elegirá nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. El soborno sería para favorecerlos en este proceso, y que sean designados. Entre los indicios hallados había computadoras y dispositivos electrónicos, que fueron decomisados como parte de la investigación. La Fiscalía aún se encuentra recabando información sobre los resultados de esta operación, desarrollada en conjunto con la Policía. En las próximas horas se emitirán informes sobre los resultados de esta acción, y sobre posibles procedimientos legales por el delito de concusión.

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Juez que liberó a Jorge Glas, sentenciado a 40 meses de prisión

Más implicados en la trama del denominado “Caso Metástasis”, reciben condenas de prisión algo reducidas, gracias a que decidieron acogerse al procedimiento abreviado. Uno de los más recientes es Emerson Curipallo, exjuez de Santo Domingo, y quien liberó al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, a cambio de 200.000 dólares. En su testimonio, Curipallo aceptó su culpabilidad en este acto de corrupción, y se acogió al procedimiento abreviado. En compensación, recibió una condena de 40 meses de prisión, así como una multa, y la orden de pedir disculpas públicas. Serán 5.520 dólares como sanción y 11.040 dólares de reparación en favor del Estado ecuatoriano, representado por la Procuraduría General del Estado. También deberá devolver el dinero que recibió por liberar delincuentes. Además de Glas, Curipallo facilitó la excarcelación de 2 de los sicarios de confianza del fallecido narcotraficante Leandro Norero, previo el pago de un cuantioso soborno. Los chats hallados en los teléfonos celulares de Norero, y decomisados en la Cárcel de Latacunga después de su muerte, establecieron la forma en que operaba con Curipallo. Pero las investigaciones establecieron que desde mucho antes, desde el año 2015, el exjuez ya tenía la costumbre de aceptar fuertes pagos, a cambio de liberar presos peligrosos. Allanamientos Mientras tanto, y también dentro del “Caso Metástasis”, La Fiscalía allanó inmuebles y oficinas en Santo Domingo de Los Tsáchilas, para recabar indicios dentro de la investigación por presunta asociación ilícita. En la misma están implicados los exjueces Wilman Terán y Emerson Curipallo, así como otros funcionarios judiciales.

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Fiscalía allana oficinas de empresa de alcalde Aquiles Álvarez, por denominado “Caso Triple A”

Agentes de la Fiscalía General allanaron las oficinas de la empresa de hidrocarburos Copedesa, propiedad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de su hermano, Antonio. La irrupción fue dispuesta dentro de las investigaciones del llamado caso “Triple A”, sobre posible contrabando de combustible. El operativo, respaldado por la Policía Nacional, abarcó varias dependencias de la empresa. En la acción se incautaron computadoras, documentos, facturas y dispositivos electrónicos. Durante los allanamientos no se reportaron arrestos. Reacción del alcalde La intervención de la Fiscalía generó el comentario inmediato de Aquiles Álvarez. En su cuenta en la red social “X”, antes Twitter, el alcalde confirmó la intervención en las oficinas de su compañía. “Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, con la confianza de que actuarán con técnica y justicia. De nuestro lado no hay nada que ocultar ni nada que temer”, posteó el personero. Sin embargo, estimó que los allanamientos eran innecesarios, ya que desde el primer momento se mostró dispuesto a colaborar. “Nos hubieran solicitado directamente la información, lo que habría hecho todo más fácil, y sin necesidad de ningún acto urgente. Seguiremos adelante sin distracciones”, agregó en su cuenta. Por su parte, la Fiscalía, también en “X”, se limitó a postear fotos de la intervención, señalando que “allana las empresas de Aquiles Álvarez ligadas al tráfico de combustible. El caso es denominado AAA”.

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Fiscalía emite dictamen acusatorio contra Wilman Terán y Maribel Barreno

Tras una accidentada sesión en la Corte Nacional de Justicia, que se extendió hasta la madrugada del sábado, la Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y la exvocal, Maribel Barreno. Ambos están señalados como principales implicados en el denominado “Caso Independencia Judicial”. El mismo establece graves irregularidades y actos de corrupción, cuando ambos estaban en funciones. Además de Terán y Barreno, la Fiscalía solicitó encausar a otros 9 involucrados, en calidad de cómplices. La diligencia comenzó mucho más tarde de la hora prevista, que eran las 12h00, debido a que Terán, quien permanece detenido en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de mayor seguridad del país, no pudo ser trasladado antes a Quito vía aérea, debido a condiciones climáticas adversas. Apenas ingresó a la sala, el expresidente del CJ, mediante gritos desaforados, exigió un recurso de Habeas Corpus, que por lo demás no estaba planteado de forma oficial. También exigió que Julio Inga, juez de la causa, se excuse, por ser “su enemigo manifiesto”. Nada de eso le valió. Terán fue obligado a guardar silencio y a permanecer en el sitio asignado. Ya en su intervención, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, planteó el juicio para los 11 procesados en este caso, toda vez que se ha demostrado que cometieron obstrucción a la justicia. Como respaldo presentó 150 elementos de convicción. Corresponderá al juez Inga, en los próximos días, determinar si llama a todos a algunos de los señalados en el caso.

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Procesado exjuez que favoreció con dictamen a “Alias Fito”

La Fiscalía inició una instrucción fiscal de 90 días, por el delito de prevaricato, contra el exjuez de Manta, Juan Espinoza Zambrano. En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada vía telemática, el fiscal de Pichincha, Hernán Flores, presentó 21 elementos de convicción ante la Presidencia de la Corte de Justicia de Manabí. El entonces magistrado es investigado por devolver bienes a la familia de José Adolfo Macías Villamar, “Alias Fito”, en el contexto de un proceso por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria, que la Fiscalía llevó adelante desde hace 4 años. En dicha causa, el 23 de diciembre del 2020, Espinoza Zambrano dictó auto de sobreseimiento a favor de cinco familiares de “Alias Fito”, entre ellos la esposa. También ordenó que se levante la incautación y prohibición de enajenar, que pesaba sobre varios vehículos e inmuebles. Sin embargo, el Fiscal que llevó la causa presentó un recurso de apelación a la decisión del juez de primera instancia. El 4 de enero del 2021, el proceso fue sorteado a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte de Justicia de Manabí, la misma que avocó conocimiento el 7 de enero de 2021. Ese mismo día, cuando el proceso ya no se encontraba a su cargo, el exjuez procesado suscribió los oficios de levantamiento de la incautación de los bienes, a nombre de los familiares de “Alias Fito” a la ANT, Inmobiliar y Registro de la Propiedad, de los cantones Manta y Bolívar. Por pedido de Fiscalía, la Jueza ordenó arresto domiciliario, por cuanto el procesado tiene 65 años de edad, es decir, es adulto mayor, y prohibición de enajenar sus bienes. En caso de ser hallado culpable, el exmagistrado podría recibir entre 5 y 7 años de prisión, y una multa de hasta 30 salarios básicos.

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Exalcaldesa de Durán, vinculada en caso de peculado

Otra figura del correísmo es implicada en un caso de corrupción. Se trata de Alexandra Arce, exalcaldesa del cantón Durán, y actual asambleísta por la Revolución Ciudadana. La Fiscalía General solicitó fecha y hora para vincularla en una investigación, relacionada a contratos para la compra de un sistema de conducción de agua potable. Una vez realizada la audiencia, el juez que lleve la causa establecerá las medidas cautelares que procedan, en base al pedido. El contrato cuestionado buscaba el traslado de líquido, desde los pozos del sector El Chobo, en Durán, hasta reservorios y posteriormente redes domiciliarias. La Fiscalía estableció irregularidades en el proceso, con un perjuicio de 37 millones de dólares. La causa por peculado involucra a Arce, alcaldesa en el periodo 2014-2019, y promotora del proyecto, y a otras 18 personas. Dentro de este caso también es procesado otro exalcalde, Dalton Narváez Mendieta, burgomaestre entre los años 2008-2014 y 2019-2023. Narvaéz tiene orden de prisión desde el pasado mes de abril, y actualmente se encuentra prófugo. La irregularidad fue detectada gracias a un informe de la Contraloría General, que realizó un examen especial a los contratos de consultoría, relacionados al mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable en El Chobo.

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Fiscalía presentó a peritos dentro del juicio por asesinato de Fernando Villavicencio

Durante el quinto día de la audiencia de juicio, contra los 5 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía presentó a varios peritos. El homicidio se produjo el 9 de agosto del año pasado en Quito, cuando Villavicencio salía de una concentración proselitista. El aspirante recibió varios disparos a corta distancia, y aunque fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, no pudieron hacer nada por salvarlo. Los primeros en acudir fueron 4 oficiales de la Policía Nacional, quienes explicaron los procedimientos efectuados y los pasos dados en el marco de la investigación. Sus testimonios revelan la forma en que los criminales recorrieron el escenario del crimen, pocas horas antes del mismo, a fin de preparar el atentado que cobró la vida del entonces candidato presidencial. Con la ayuda de las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad, los oficiales identificaron los vehículos utilizados por los asesinos. En uno de ellos, posteriormente, encontraron una de las armas. Gracias a los videos, se logró la ubicación y captura de 6 ciudadanos colombianos implicados en el suceso. Los sospechosos fueron asesinados poco tiempo después dentro de sus celdas, una situación que todavía no ha sido aclarada. De acuerdo al testimonio de un testigo protegido, el asesinato fue encargado “por el correísmo”, que habría pagado 200.000 dólares por la vida de Villavicencio.

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Denuncian a dirigente sindical Rosa Argudo, de Azuay, por graves irregularidades

Asambleístas del Azuay presentaron ante la Fiscalía una “noticia criminis”, que involucra directamente a la secretaria del sindicato del IESS en esa provincia, Rosa Argudo. El expediente consta de 200 fojas, y relata detalladamente las graves irregularidades detectadas contra Argudo, quien dirige el gremio desde hace 21 años. Los legisladores iniciaron un proceso de fiscalización, tras detectar que la mujer benefició a más de una docena de familiares, en contratos que realiza el IESS en hospitales de Cuenca. Los asambleístas, que por esta vez no mostraron diferencias políticas, acusan a Argudo de nepotismo. Su preocupación es mayor porque, según revelaron, varios de los sospechosos estarían pidiendo permisos en sus lugares de trabajo, posiblemente para abandonar el país. A medida que se profundiza la investigación, se van encontrando más irregularidades las dependencias del IESS. Por ejemplo, un convenio de máquinas expendedoras que tendría la institución, con una hija de la dirigente sindical. Además, en áreas estratégicas como bodegas de insumos médicos, farmacias y compras públicas, hay personas que tendrían relación con Argudo. Las denuncias señalan que con cada retiro de medicamentos, solo dan la mitad, pero en el sistema se registra que se ha entregado todo. Entre los sospechosos están hijos, yernos, sobrinos y hasta exyernos de la secretaria del sindicato del IESS en el Azuay. Pese a los llamados de atención, Argudo aún no ha entregado la información exigida por los legisladores.

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Más jueces detenidos por corrupción dentro del “Caso Plaga”

Un operativo realizado el fin de semana en diversos puntos del país, permitió detener a 17 personas, vinculadas al denominado “Caso Plaga”. Entre ellas hay 8 operadores de la justicia: 7 jueces y un secretario. La Fiscalía estableció que dichos funcionarios, formaban parte de la red de corrupción creada en la función judicial, y que vendía sorteos y sentencias a líderes de organizaciones criminales. En un comunicado difundido en redes sociales, el Consejo de la Judicatura confirmó que, en efecto, 8 de los detenidos son parte de la función. Su arresto se produjo durante acciones realizadas en 5 provincias. Entre ellos están Jorge Eduardo A, juez de Santo Domingo, y quien cobró 70.000 dólares por la libertad de integrantes de la banda “Los Lobos”; Luis Abelardo LL, juez de Huaquillas, quien concedió la libertad a otros líderes de “Los Lobos”, a cambio de 30.000 dólares; Adriana Carolina ZC, jueza de Milagro, quien tramitó un habeas corpus en favor de la conviviente del líder de “Los Lobos”; y otros magistrados. 14 de los capturados recibieron prisión preventiva, mientras otros se beneficiaron de medidas sustitutivas, que incluyen no salir del país, y presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales. Los otros detenidos eran los nexos entre las bandas criminales y los jueces. Su labor era pactar la libertad de los integrantes de los grupos delictivos, a cambio de determinadas cantidades.

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Denuncian corrupción en compra de insumos médicos para hospitales públicos

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ante la Fiscalía General, presuntas irregularidades en 54 contratos de compra de insumos, equipos reactivos y dispositivos médicos. Los actos de corrupción abarcan a 9 hospitales del IESS y del Ministerio de Salud Pública. La documentación señala que de los contratos denunciados, por un total de 34,3 millones de dólares, 26,4 millones corresponden al MSP y los 7,9 millones restantes al IESS. La denuncia anota que algunos de los proveedores favorecidos con los contratos, tienen RUC para vender licor o fabricar ropa. Es decir, no son personas idóneas para proveer insumos médicos. Al mismo tiempo, las comisiones técnicas de los hospitales se encargaban de eliminar a posibles competidores, para que solo queden dos concursantes. La CNA señaló que a pesar de las escandalosas irregularidades detectadas, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) mantiene un silencio cómplice. Durante los 3 últimos años, casi la mitad de las empresas que vendieron insumos a los hospitales públicos, aparecían como especializadas en otras actividades. Otras eran gerenciadas por personas con indagaciones, juicios y órdenes de prisión. Los contratos investigados entre el 2023 y el 2024, comprende compras realizadas por los hospitales IESS Quito Sur, Carlos Andrade Marín (Quito), Teodoro Maldonado Carbo, Los Ceibos, Monte Sinaí (Guayaquil), Rodríguez Zambrano (Manta), entre otros.

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