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Ecuador: abril 15, 2025

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Denuncian corrupción en compra de insumos médicos para hospitales públicos

Nacionales / /

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ante la Fiscalía General, presuntas irregularidades en 54 contratos de compra de insumos, equipos reactivos y dispositivos médicos. Los actos de corrupción abarcan a 9 hospitales del IESS y del Ministerio de Salud Pública. La documentación señala que de los contratos denunciados, por un total de 34,3 millones de dólares, 26,4 millones corresponden al MSP y los 7,9 millones restantes al IESS. La denuncia anota que algunos de los proveedores favorecidos con los contratos, tienen RUC para vender licor o fabricar ropa. Es decir, no son personas idóneas para proveer insumos médicos. Al mismo tiempo, las comisiones técnicas de los hospitales se encargaban de eliminar a posibles competidores, para que solo queden dos concursantes. La CNA señaló que a pesar de las escandalosas irregularidades detectadas, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) mantiene un silencio cómplice. Durante los 3 últimos años, casi la mitad de las empresas que vendieron insumos a los hospitales públicos, aparecían como especializadas en otras actividades. Otras eran gerenciadas por personas con indagaciones, juicios y órdenes de prisión. Los contratos investigados entre el 2023 y el 2024, comprende compras realizadas por los hospitales IESS Quito Sur, Carlos Andrade Marín (Quito), Teodoro Maldonado Carbo, Los Ceibos, Monte Sinaí (Guayaquil), Rodríguez Zambrano (Manta), entre otros.

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Segunda jornada de juicio por asesinato de Fernando Villavicencio

Nacionales / /

El juicio por el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, entró este miércoles a su segunda jornada. El proceso tardaría varios días más, ya que incluye testimonios y presentación de evidencias, tanto de la Fiscalía como de los 5 implicados que aún siguen con vida. Otros sindicados fueron asesinados en prisión. El crimen se produjo el pasado 9 de agosto, a la salida de un acto proselitista en Quito. Durante la diligencia del martes se proyectó la versión del testigo protegido, identificado solo por sus iniciales JPAM, y quien formó parte del plan para cometer el crimen. El sujeto afirmó que la orden partió de un líder criminal, internado entonces en la cárcel de Latacunga, conocido con el alias de “Chino Honda”, y que sería uno de los líderes de la temible banda criminal “Los Lobos”. Sería el mismo, dijo, relacionado con el asesinato de Harrison Salcedo, exabogado de Jorge Glas, y de “Alias Rasquiña”, antiguo líder de la peligrosa banda “Los Choneros”. También afirmó que dirigentes del correísmo contrataron a los sicarios. Protesta de Verónica Sarauz Antes de comenzar la jornada, la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, criticó la actuación de la Fiscalía, pues a su criterio, ha manejado el caso de una forma muy débil. También mencionó contradicciones en la versión del testigo protegido, pues mencionó que el contrato del asesinato fue de 200.000 dólares, cuando la propia fiscal había mencionado antes, que llegaba a un millón. Sarauz opinó que en la lista de acusados no están todos, incluyendo al “Chino Honda” que mencionó el testigo.

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Chats presentados por Wilman Terán son falsos, afirma Fiscalía

Nacionales / /

Los supuestos chats telefónicos que presentó el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, son falsos. Así lo reveló un comunicado de la Fiscalía General. Terán, detenido en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, por su participación en graves actos de corrupción en los casos “Metástasis” e “Independencia Judicial”, aprovechó su presencia ante la comisión, para presentar como evidencia los chats de unas presuntas conversaciones sostenidas con la fiscal, Diana Salazar. Según el detenido exfuncionario, las conversaciones revelarían que fue presionado por Salazar para condenar al expresidente Rafael Correa, cuando fue juez de la causa en su contra por el “Caso Sobornos”. Terán aprovechó la luz verde, concedida por los legisladores del correísmo, para explayarse e incluso citar algunos de los supuestos chats, que quiere adjuntar como pruebas a su favor dentro de la causa penal. Sin embargo, no fue capaz de sustentar la veracidad de esas aparentes evidencias, las cadenas de custodia y los peritajes. Asimismo, otros asambleístas le recordaron que él, junto a Xavier Muñoz y Maribel Barreno, serían sometidos a un juicio político, que es de un carácter distinto al penal. Según la Fiscalía, el objetivo de Terán es desprestigiar a la fiscal Diana Salazar, mediante una “artimaña”, que busca contaminar los casos de corrupción y narcotráfico investigados, que involucran a políticos, jueces, fiscales, policías y otros. Además, los teléfonos celulares de Wilman Terán, incautados durante el operativo del “Caso Metástasis”, fueron periciados, esa vez sí de forma legal y técnica, sin que se encontraran los chats presentados. Para la Fiscalía, estos intentos buscan entorpecer la justicia a través de “jugadas políticas”. Terán, Muñoz y Barreno están acusados de suspender y destituir, sin argumentos, al entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, además de extender arbitrariamente los plazos en funciones de otros magistrados. Asimismo, de cometer numerosas irregularidades en el concurso para designar nuevos jueces nacionales, a fin de favorecer a ciertos elementos. El concurso fue recomenzado por la nueva administración del Consejo de la Judicatura. Muñoz ya se declaró culpable de los delitos, y también ofreció su cooperación eficaz. Lo cual significó una sentencia leve para él, pero traería una condena larga para Terán, quien insiste en su inocencia.

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Exvocal del CJ Xavier Muñoz, condenado a 9 meses de prisión

Nacionales / /

El exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, logró su cometido. Gracias a su confesión, y a su colaboración eficaz en el denominado “Caso Independencia Judicial”, logró una sentencia benigna. El juez de la Corte Nacional, Julio Inga, lo condenó a 9 meses y 6 días de cárcel, de los cuales se descontará el tiempo que lleva detenido. Es decir, saldría en libertad probablemente en octubre. Muñoz, acusado de obstrucción a la justicia, aceptó su culpabilidad, se sometió a un procedimiento abreviado voluntario y dio su cooperación. Por tanto, la Fiscalía aceptó reducir en un 90% su sentencia. El exvocal se exponía, en caso de persistir en su declaración de inocencia, a recibir hasta 9 años de prisión. Dicha condena se establece por el agravante de haber sido funcionario judicial. Según el dictamen, Muñoz “develó información no solo relevante para esta causa (Independencia Judicial), sino que ha permitido que se abran tres investigaciones previas, y que ha ayudado a sustentar otras dos causas que ya se están procesando”. El exvocal lleva preso más de cinco meses en la Cárcel 4, de Quito. Pero las buenas noticias se limitan a él. Su excompañero en el CJ, el entonces presidente Wilman Terán, sí recibiría los 9 años de cárcel, y otra exvocal, Maribel Barreno, posiblemente algo similar. Terán y Muñoz provocaron un escándalo nacional, por formar “mayoría de 2” en el pleno del CJ, conformado por 5 vocales, sin respetar que se necesitaban al menos 3 votos para ello. Muñoz fue declarado responsable de interferir en las actuaciones del entonces juez Walter Macías, quien llevaba un caso por tráfico de influencias contra los ahora exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo. Como parte de la sentencia, deberá pagar una multa de 24 salarios básicos, y ofrecer disculpas a Walter Macías.

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Xavier Muñoz confiesa sus culpas y busca una pena reducida

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Los implicados en el “Caso Metástasis” buscan desesperadamente un acuerdo, para evitar largas sentencias en prisión. Mientras Wilman Terán proclama en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que supuestamente lo presionaron para que emita una sentencia condenatoria contra el expresidente Rafael Correa, su antiguo compañero, Xavier Muñoz, confiesa sus culpas antes la Fiscalía. Ambos están acusados de obstrucción a la justicia, y de ser parte de una red de corrupción que obtuvo enormes ganancias, ya que cobraban por sorteos y sentencias a cabecillas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. De ser hallados culpables, podrían recibir una pena de hasta 7 años de prisión. Una posibilidad que los asusta, y más aún porque por ahora guardan prisión en la Cárcel “La Roca”, la de mayor seguridad del país. Muñoz solicitó formalmente el denominado “procedimiento abreviado”, que consiste en aceptar la culpa, a cambio de que la Fiscalía recomiende al juez una sentencia más benigna. Además de Terán y Muñoz, están implicados en este caso otra exvocal, Maribel Barreno, así como varios funcionarios y exfuncionarios del CJ. Incluso con la rebaja de la condena, la multa por el delito sería de hasta 40 salarios básicos unificados. Es decir, 18.400 dólares.

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Gobierno indignado por decisión de la Asamblea sobre juicio a vicepresidenta Abad

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El gobierno de Daniel Noboa reaccionó con indignación a la decisión que tomó la Asamblea Nacional, que negó la autorización para el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. “Un sucio pacto político”. Así definió el régimen, en un comunicado difundido en redes sociales, la suma de votos que impidió que Abad sea procesada por el llamado “Caso Nene”. Según el post, en el acuerdo “priman la impunidad y los intereses personales y partidarios, por encima de la dignidad y la justicia que merece el país y sus ciudadanos”. Para el régimen, “la troncha política –refiriéndose al Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y CONSTRUYE- queda en evidencia. La solicitud de justicia de levantar la inmunidad a Verónica Abad, era clara y motivada”. Lamentablemente, agrega, “sus acuerdos bajos y vergonzosos impidieron que el proceso continúe como correspondía. Aquellos que hace poco eran enemigos, ahora resulta que han tranzado debajo de la mesa”. El comunicado puntualiza que “las jugarretas de la troncha se han evidenciado ya en otras circunstancias”, alegando la forma en que frenaron ciertas instituciones del gobierno. Pese a todo, remarca el post, el gobierno mantendrá su transparencia. Investigaciones seguirán Por su parte, también en un comunicado difundido en redes, la Fiscalía General del Estado anunció que respetará la decisión de la Asamblea Nacional, en torno a la vicepresidenta Abad. Sin embargo, continuará con las investigaciones del llamado “Caso Nene”, “con el fin de aclarar los hechos y determinar responsabilidades”. Además, seguirá el proceso en contra de la persona investigada, una vez que termine su periodo como vicepresidenta.

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Fiscalía vincula a vicepresidenta Abad en el “Caso Nene”

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La Fiscalía decidió vincular a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en el llamado “Caso Nene”. Este proceso investiga tráfico de influencias y pago de diezmos en la Vicepresidencia, a favor de Francisco Barreiro, hijo de la segunda mandataria. El fiscal de la causa, Leonardo Alarcón, estableció que Abad tiene participación en el caso. Por tanto, el mismo pasa a la Unidad de Fuero de la Corte Nacional, debido a la condición de la vicepresidenta. De acuerdo a las investigaciones, hay elementos que vinculan a Abad en este caso, pues habría dado disposiciones directas para permitir el cobro de diezmos a cargo de su hijo. Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se amparó en la versión del denunciante. Dado que la segunda mandataria está sujeta a Fuero de Corte Nacional, se inhibe de seguirlo tratando, y lo traslada a la Corte Nacional. Hasta ahora Abad no ha emitido pronunciamientos sobre este caso, pues exige que la Fiscalía aclare bajo qué condición pidió su testimonio. Las indagaciones señalan que Barreiro, aprovechando su vínculo, exigía parte del sueldo de algunos funcionarios de la Vicepresidencia, a cambio de mantenerlos en sus cargos. Barreiro estuvo detenido varios meses en “La Roca”, la cárcel de máxima seguridad del país, hasta que fue liberado bajo una fianza de 20.000 dólares.

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Prisión preventiva para 8 de 13 nuevos implicados en “Caso Purga”

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El juez de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, dictó prisión preventiva para 8 de los 13 involucrados en el “Caso Purga”. La Fiscalía General había solicitado la detención de todo el grupo, pero el magistrado se limitó a 8 de los implicados. Para el resto estableció otras medidas cautelares y sustitutivas. En este caso están acusados en total 25 personas, incluyendo jueces, exjueces, funcionarios judiciales y militares. El “Caso Purga” investiga la conformación de una red de corrupción en la Corte de Justicia del Guayas, que vendía por fuertes sumas de dinero sorteos y sentencias a cabecillas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. La red era liderada por el exasambleísta Pablo Muentes, quien está detenido junto con varios implicados más en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de mayor seguridad del país. En su intervención, la fiscal, Diana Salazar, solicitó la prisión preventiva, en vista de la gravedad de las acusaciones y el riesgo de fuga. Con el arresto, explicó, se aseguraría la presencia de los imputados en el proceso. El juez de la Cadena dictó prisión preventiva para José Poveda, exjuez de la Corte del Guayas; Esteban Chávez, asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; Mercedes Villarreal, exdirectora provincial de la Judicatura (CJ) en Guayas; Tatiana Villafuerte, exasesora de Pablo Muentes en la Asamblea Nacional; Susana Batalla, ex técnico de ventanilla en el Consejo de la Judicatura del Guayas; Jackeline Domínguez, coordinadora de Talento Humano de la Judicatura del Guayas; Mirian Rodríguez, coordinadora de Secretaría de la Judicatura del Guayas; y Silvia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil, Mercantil e Inquilinato de Guayaquil. En cambio, para Rubén Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura del Guayas; Hugo González, expresidente de la Corte del Guayas y juez de la sala especializada de lo Civil y Mercantil; Juan Xavier Riofrío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Freddy José Játiva, excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el juez dictó medidas cautelares que les prohíben ausentarse, del país y les obligan a presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad designada. Finalmente, Andrea Patiño, jueza de Durán, por estar embarazada recibió medidas sustitutivas, y debe presentarse semanalmente ante la justicia en Guayaquil. Como parte del dictamen, el periodo de instrucción fiscal se extendió por 30 días.

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Miércoles se resolverá situación de nuevos procesados en el “Caso Purga”

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Este miércoles se reinstalará la audiencia de vinculación, contra los 13 nuevos procesados en el llamado “Caso Purga”. El mismo investiga la existencia de una red de corrupción, liderada por el exasambleísta Pablo Muentes, y conformada por jueces y operadores judiciales y políticos. La organización vendía sorteos y fallos a cabecillas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Asimismo, la red favoreció un proceso de Muentes contra el Banco del Pacífico, a quien pretendía sacarle casi 4 millones de dólares como “indemnización”. La audiencia comenzó este martes, pero fue suspendida. Este miércoles determinaría si proceden las órdenes de prisión preventiva contra los 13 nuevos implicados, tal como solicitó la Fiscalía. En la diligencia participó el fiscal subrogante, Wilson Toainga. Durante la misma se individualizaron las actuaciones de cada uno de los nuevos vinculados, empezando por Mercedes Villareal Vera, señalada como autora directa, pues era directora del Consejo de la Judicatura. Otros implicados son Tatiana Villafuerte Moreno, exasesora de Muentes en la Asamblea Nacional, y Hugo González Alarcón, ex presidente de la Corte del Guayas, entre otros. La Fiscalía insistirá en la prisión preventiva, por el riesgo de que los acusados puedan fugar.

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Fiscalía investiga irregularidades en selección de nuevas autoridades judiciales

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La Fiscalía General del Estado detectó graves irregularidades, en los concursos para elegir nuevas autoridades de control. Uno de los casos se refiere al proceso para nuevo defensor público. La Fiscalía ya presentó una denuncia formal contra el coordinador general de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), David Soria Tamayo, a quien acusa de fraude procesal. Según la demanda, Soria, en vez de velar por la transparencia del concurso, ha mostrado conductas inadecuadas. La denuncia señala que Soria emitió un informe jurídico, en el cual recomienda al pleno del CPCCS que resuelva una apelación a una impugnación ciudadana, contra una postulante a la Defensoría Pública. Una acción que falta a la verdad procesal, pues existen varios vicios procesales que apuntan a la aspirante, por lo cual fue eliminada. La Fiscalía estableció que este servidor, intentó que el pleno del CPCCS se arrogue funciones para favorecer a la candidata, como la de pronunciarse o emitir un criterio vinculante sobre un fallo judicial, algo que es única y exclusivamente potestad de los magistrados. Asimismo, la Fiscalía inició una investigación de oficio contra Byron Guillen, también eliminado del concurso, por pedir dinero a implicados en una causa de lavado de activos, en la cual era el juez. Guillén también fue mencionado por Daniel Salcedo dentro del llamado “Caso Purga”. Según su testimonio, le pagó 70.000 dólares para que falle a su favor.

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MIES denuncia graves irregularidades en contratos con fundaciones

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La ministra de Inclusión Económica y Social Zaida Rovira, presentó ante la Fiscalía General una denuncia, sobre posibles actos de corrupción en los contratos del MIES con fundaciones. Según señaló, el perjuicio para el Estado rondaría los 4,5 millones de dólares. Rovira explicó que el Ministerio mantiene convenios con diversas fundaciones, que brindan servicios a niños, ancianos y personas con discapacidades, de acuerdo a su especialidad. Sin embargo, una investigación estableció que 26 de estas organizaciones, no reunían los requisitos para operar. El principal: tener experiencia en su labor. Hasta hace algún tiempo, anotó, las fundaciones que se acogían a los convenios con el MIES, debían tener al menos un año de existencia, y demostrar experiencia en la atención a personas vulnerables. Pero el 20 de diciembre del 2022, el entonces ministro eliminó dicha exigencia, lo que abrió las puertas a estas anomalías. Como resultado, se han entregado 4,5 millones de dólares a dichas instituciones, a veces sin convenios de por medio, con el consiguiente perjuicio para cerca de 5.000 usuarios. Rovira anotó que, de acuerdo a los análisis, algunas de las fundaciones “inflaron” la supuesta cobertura, para justificar el dinero recibido. Es por ello que pidió a la Fiscalía que investigue a los actuales y anteriores directivos del MIES, pues sospecha que hubo peculado y tráfico de influencias. A fin de evitar que estas irregularidades se repitan, a partir del 8 de julio se abrirá un nuevo proceso, totalmente público, al cual se podrán inscribir organizaciones, alcaldías y prefecturas, que deseen brindar servicio a sectores sociales contemplados en el MIES.

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Fiscalía detecta red de corrupción de exfuncionarios de Petroecuador

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Agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional, realizaron 4 allanamientos en 3 provincias del país, donde confirmaron la existencia de una estructura de corrupción, conformada por exfuncionarios de Petroecuador. No se informó si hay detenidos en torno a este caso. La intervención se realizó en inmuebles de Tungurahua, Orellana y Sucumbíos, y permitió recabar información sobre esta red delictiva. La organización delictiva recababa dinero, presumiblemente, mediante contratos irregulares y sobornos. Entre las evidencias incautadas hay vehículos, escrituras de bienes inmuebles y pólizas por altas sumas de dinero. Las investigaciones detectaron que los implicados en esta red, realizaron transacciones financieras inusuales por 1,9 millones de dólares, fruto de las coimas, entre los años 2022 y 2023. No es el único caso de corrupción en Petroecuador. Hace solo 2 meses, la Fiscalía formuló cargos contra 5 personas por peculado. El presunto delito habría ocasionado un perjuicio al Estado por aproximadamente 49 millones de dólares.

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Allanamientos por denuncia de irregularidades en concurso para elegir nuevos jueces

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El concurso para elegir nuevos jueces nacionales, que fue anulado tras descubrirse escandalosas irregularidades, llevó a la Fiscalía a efectuar allanamientos en varios puntos de la provincia de Pichincha. Las investigaciones, dentro del llamado «Caso Pantalla», apuntan a tráfico de influencias, para favorecer a ciertos candidatos. Sin embargo, hasta ahora no hay detenidos. Agentes fiscales, respaldados por elementos de la Policía, realizaron la madrugada de este miércoles un total de 8 allanamientos. Sus investigaciones establecen que “habrían existido irregularidades en el Consejo de la Judicatura, institución a cargo del proceso que es materia de esta investigación”. La operación tuvo como objetivo recabar indicios del posible delito. Las irrupciones se realizaron en los sectores de Tumbaco, Ciudadela Ibarra, Quitumbe, Conocoto, Rumiñahui y Calderón. En dichos puntos se decomisaron terminales móviles, computadores, dispositivos de almacenamiento y documentos. El concurso empezó en el 2023, durante la gestión de Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura. Ahí se establecieron graves anomalías que llevaron a su detención, dentro del “Caso Metástasis”. Finalmente, en vista de las irregularidades, el proceso fue declarado nulo.

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“Operativo Jaguar” desbarata banda ligada al narcotráfico

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Elementos de la Policía Nacional y de la Fiscalía, desbarataron una banda dedicada al narcotráfico y al lavado de actos. Durante el denominado “Operativo Jaguar”, los agentes realizaron allanamientos en diversos puntos de Guayas, Pichincha y otras provincias, en el marco de una investigación por delincuencia organizada. En total se reportaron 7 personas capturadas, de las cuales 2 serían extranjeros. Asimismo, se establecieron que la red poseía 7 empresas, que les servían de fachada para perpetrar sus delitos. Las acciones fueron exitosas. En uno de los inmuebles, situado en Santo Domingo, había una caja fuerte, cuantioso dinero en efectivo y computadores portátiles, así como alcaloides. Uno de los detenidos tenía en su poder 160.000 dólares en efectivo, producto de la actividad ilegal. También se realizó el allanamiento de una lujosa vivienda situada en el sector de Isla Mocolí, en Samborondón, donde se hallaron armas de grueso calibre y cientos de municiones. Los detenidos y las evidencias fueron puestas a órdenes de la justicia. Un juez Anticorrupción acogió el pedido de la Fiscalía, dictó la prisión preventiva de los vinculados, dispuso la incautación de propiedades y retención de cuentas, y ordenó que la Superintendencia de Compañías intervenga las empresas. De acuerdo a las investigaciones, esta banda tenía conexiones con carteles internacionales de la droga, para exportar y distribuir.

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Preocupación en el correísmo por análisis de celulares de Jorge Glas

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El decomiso de los celulares y la Tablet del exvicepresidente Jorge Glas, durante su arresto dentro de la embajada mexicana, ha desatado una ofensiva encarnizada del expresidente Rafael Correa en redes sociales y medios. La Fiscalía, por orden de un juez, analizará los dispositivos incautados, y tratará de extraer toda la información posible, especialmente chats, tal como sucedió con los teléfonos del fallecido narcotraficante, Leandro Norero, y de Mayra Salazar. La anunciada explotación de los equipos tiene en ascuas a la cúpula correísta, y en especial a Correa. En su cuenta en la red “X”, antes Twitter, sostuvo que cualquier información obtenida en ellos no sería válida, tomando en cuenta que la jueza que analizó el Habeas Corpus de Glas, declaró que la detención fue ilegal, si bien ordenó que siga en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, para cumplir las dos sentencias que tiene pendientes. “Fiscalía ha ordenado explotación pericial de los celulares y tablet de Jorge Glas, pese a que fueron obtenidos ilegalmente”, escribió. Además, dijo extrañarle la prisa con que avanzará esa explotación. “¿Por qué el apuro? Fácil: buscan crear un nuevo escándalo antes de la consulta del 21 de abril, dijo. Además, exhortó a sus simpatizantes a defenderlo. “¡A estar preparados y no olvidar los escándalos que inventaron en anteriores elecciones!”, concluyó el exmandatario.

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Expolicías de “Caso Fybeca” piden rehabilitar sus nombres

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Ex agentes de la Policía Nacional, que participaron hace casi 21 años en el operativo en una farmacia de Guayaquil, realizaron un plantón en las afueras de la Fiscalía, en Quito, para exigir que se rehabiliten sus nombres. Un fallo emitido en el 2014, 11 años después de la acción, condenó a 16 años de prisión a 5 de los procesados, mientras otros 5 recibieron 2 años. El llamado “Caso Fybeca” se produjo en la mañana del 19 de noviembre del 2003. Un contingente policial acudió a una sucursal de las farmacias Fybeca, ubicada en la ciudadela Alborada, norte de Guayaquil, donde presuntos delincuentes cometían un asalto. La intervención de los gendarmes dejó como resultado la muerte de 8 personas, y la detención de varias más. En el piso quedaron pistolas, ametralladoras y hasta granadas de mano. La Policía señaló entonces que todos los fallecidos eran miembros de una banda criminal, pero después se comprobó que uno de ellos era el mensajero del local, y otro un cliente. Además, de los 4 detenidos en la acción, solo una mujer apareció en el proceso. El capitán de Policía, retirado, Douglas Yépez abogado de los agentes involucrados, y quien fue también fue sentenciado a 16 años de prisión, encabezó el plantón. Su reclamo apunta a que se reabra el caso. Según Yépez, el primer juicio estableció que hubo, en efecto, un tiroteo. Pero el siguiente fiscal general, Galo Chiriboga, trajo peritos venezolanos, quienes dijeron que los antisociales fueron ejecutados a sangre fría. Pese a los numerosos pedidos, agregó Yépez, durante 5 años no se han realizado las diligencias planteadas. Tampoco han autorizado la exhumación de los fallecidos, a fin de establecer que no hubo ejecución, sino que perecieron en un cruce de balas. El oficial aclaró que ni él ni sus compañeros señalados son asesinos, y por eso exigen que se reabra el “Caso Fybeca”.

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