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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
Ecuador Continental: 22:33
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Detectan posible pedido de sobornos en concurso para nuevos jueces

La Fiscalía realizó varios allanamientos en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Azuay, en el marco de una investigación por presunta concusión. El proceso apunta a varios funcionarios del Consejo de la Judicatura, implicados en este caso. Según el reporte, los implicados habrían exigido dinero a participantes en el concurso, que elegirá nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. El soborno sería para favorecerlos en este proceso, y que sean designados. Entre los indicios hallados había computadoras y dispositivos electrónicos, que fueron decomisados como parte de la investigación. La Fiscalía aún se encuentra recabando información sobre los resultados de esta operación, desarrollada en conjunto con la Policía. En las próximas horas se emitirán informes sobre los resultados de esta acción, y sobre posibles procedimientos legales por el delito de concusión.

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Juez que liberó a Jorge Glas, sentenciado a 40 meses de prisión

Más implicados en la trama del denominado “Caso Metástasis”, reciben condenas de prisión algo reducidas, gracias a que decidieron acogerse al procedimiento abreviado. Uno de los más recientes es Emerson Curipallo, exjuez de Santo Domingo, y quien liberó al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, a cambio de 200.000 dólares. En su testimonio, Curipallo aceptó su culpabilidad en este acto de corrupción, y se acogió al procedimiento abreviado. En compensación, recibió una condena de 40 meses de prisión, así como una multa, y la orden de pedir disculpas públicas. Serán 5.520 dólares como sanción y 11.040 dólares de reparación en favor del Estado ecuatoriano, representado por la Procuraduría General del Estado. También deberá devolver el dinero que recibió por liberar delincuentes. Además de Glas, Curipallo facilitó la excarcelación de 2 de los sicarios de confianza del fallecido narcotraficante Leandro Norero, previo el pago de un cuantioso soborno. Los chats hallados en los teléfonos celulares de Norero, y decomisados en la Cárcel de Latacunga después de su muerte, establecieron la forma en que operaba con Curipallo. Pero las investigaciones establecieron que desde mucho antes, desde el año 2015, el exjuez ya tenía la costumbre de aceptar fuertes pagos, a cambio de liberar presos peligrosos. Allanamientos Mientras tanto, y también dentro del “Caso Metástasis”, La Fiscalía allanó inmuebles y oficinas en Santo Domingo de Los Tsáchilas, para recabar indicios dentro de la investigación por presunta asociación ilícita. En la misma están implicados los exjueces Wilman Terán y Emerson Curipallo, así como otros funcionarios judiciales.

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Fiscalía allana oficinas de empresa de alcalde Aquiles Álvarez, por denominado “Caso Triple A”

Agentes de la Fiscalía General allanaron las oficinas de la empresa de hidrocarburos Copedesa, propiedad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de su hermano, Antonio. La irrupción fue dispuesta dentro de las investigaciones del llamado caso “Triple A”, sobre posible contrabando de combustible. El operativo, respaldado por la Policía Nacional, abarcó varias dependencias de la empresa. En la acción se incautaron computadoras, documentos, facturas y dispositivos electrónicos. Durante los allanamientos no se reportaron arrestos. Reacción del alcalde La intervención de la Fiscalía generó el comentario inmediato de Aquiles Álvarez. En su cuenta en la red social “X”, antes Twitter, el alcalde confirmó la intervención en las oficinas de su compañía. “Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, con la confianza de que actuarán con técnica y justicia. De nuestro lado no hay nada que ocultar ni nada que temer”, posteó el personero. Sin embargo, estimó que los allanamientos eran innecesarios, ya que desde el primer momento se mostró dispuesto a colaborar. “Nos hubieran solicitado directamente la información, lo que habría hecho todo más fácil, y sin necesidad de ningún acto urgente. Seguiremos adelante sin distracciones”, agregó en su cuenta. Por su parte, la Fiscalía, también en “X”, se limitó a postear fotos de la intervención, señalando que “allana las empresas de Aquiles Álvarez ligadas al tráfico de combustible. El caso es denominado AAA”.

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Fiscalía emite dictamen acusatorio contra Wilman Terán y Maribel Barreno

Tras una accidentada sesión en la Corte Nacional de Justicia, que se extendió hasta la madrugada del sábado, la Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y la exvocal, Maribel Barreno. Ambos están señalados como principales implicados en el denominado “Caso Independencia Judicial”. El mismo establece graves irregularidades y actos de corrupción, cuando ambos estaban en funciones. Además de Terán y Barreno, la Fiscalía solicitó encausar a otros 9 involucrados, en calidad de cómplices. La diligencia comenzó mucho más tarde de la hora prevista, que eran las 12h00, debido a que Terán, quien permanece detenido en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de mayor seguridad del país, no pudo ser trasladado antes a Quito vía aérea, debido a condiciones climáticas adversas. Apenas ingresó a la sala, el expresidente del CJ, mediante gritos desaforados, exigió un recurso de Habeas Corpus, que por lo demás no estaba planteado de forma oficial. También exigió que Julio Inga, juez de la causa, se excuse, por ser “su enemigo manifiesto”. Nada de eso le valió. Terán fue obligado a guardar silencio y a permanecer en el sitio asignado. Ya en su intervención, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, planteó el juicio para los 11 procesados en este caso, toda vez que se ha demostrado que cometieron obstrucción a la justicia. Como respaldo presentó 150 elementos de convicción. Corresponderá al juez Inga, en los próximos días, determinar si llama a todos a algunos de los señalados en el caso.

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Procesado exjuez que favoreció con dictamen a “Alias Fito”

La Fiscalía inició una instrucción fiscal de 90 días, por el delito de prevaricato, contra el exjuez de Manta, Juan Espinoza Zambrano. En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada vía telemática, el fiscal de Pichincha, Hernán Flores, presentó 21 elementos de convicción ante la Presidencia de la Corte de Justicia de Manabí. El entonces magistrado es investigado por devolver bienes a la familia de José Adolfo Macías Villamar, “Alias Fito”, en el contexto de un proceso por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria, que la Fiscalía llevó adelante desde hace 4 años. En dicha causa, el 23 de diciembre del 2020, Espinoza Zambrano dictó auto de sobreseimiento a favor de cinco familiares de “Alias Fito”, entre ellos la esposa. También ordenó que se levante la incautación y prohibición de enajenar, que pesaba sobre varios vehículos e inmuebles. Sin embargo, el Fiscal que llevó la causa presentó un recurso de apelación a la decisión del juez de primera instancia. El 4 de enero del 2021, el proceso fue sorteado a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte de Justicia de Manabí, la misma que avocó conocimiento el 7 de enero de 2021. Ese mismo día, cuando el proceso ya no se encontraba a su cargo, el exjuez procesado suscribió los oficios de levantamiento de la incautación de los bienes, a nombre de los familiares de “Alias Fito” a la ANT, Inmobiliar y Registro de la Propiedad, de los cantones Manta y Bolívar. Por pedido de Fiscalía, la Jueza ordenó arresto domiciliario, por cuanto el procesado tiene 65 años de edad, es decir, es adulto mayor, y prohibición de enajenar sus bienes. En caso de ser hallado culpable, el exmagistrado podría recibir entre 5 y 7 años de prisión, y una multa de hasta 30 salarios básicos.

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Exalcaldesa de Durán, vinculada en caso de peculado

Otra figura del correísmo es implicada en un caso de corrupción. Se trata de Alexandra Arce, exalcaldesa del cantón Durán, y actual asambleísta por la Revolución Ciudadana. La Fiscalía General solicitó fecha y hora para vincularla en una investigación, relacionada a contratos para la compra de un sistema de conducción de agua potable. Una vez realizada la audiencia, el juez que lleve la causa establecerá las medidas cautelares que procedan, en base al pedido. El contrato cuestionado buscaba el traslado de líquido, desde los pozos del sector El Chobo, en Durán, hasta reservorios y posteriormente redes domiciliarias. La Fiscalía estableció irregularidades en el proceso, con un perjuicio de 37 millones de dólares. La causa por peculado involucra a Arce, alcaldesa en el periodo 2014-2019, y promotora del proyecto, y a otras 18 personas. Dentro de este caso también es procesado otro exalcalde, Dalton Narváez Mendieta, burgomaestre entre los años 2008-2014 y 2019-2023. Narvaéz tiene orden de prisión desde el pasado mes de abril, y actualmente se encuentra prófugo. La irregularidad fue detectada gracias a un informe de la Contraloría General, que realizó un examen especial a los contratos de consultoría, relacionados al mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable en El Chobo.

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Fiscalía presentó a peritos dentro del juicio por asesinato de Fernando Villavicencio

Durante el quinto día de la audiencia de juicio, contra los 5 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía presentó a varios peritos. El homicidio se produjo el 9 de agosto del año pasado en Quito, cuando Villavicencio salía de una concentración proselitista. El aspirante recibió varios disparos a corta distancia, y aunque fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, no pudieron hacer nada por salvarlo. Los primeros en acudir fueron 4 oficiales de la Policía Nacional, quienes explicaron los procedimientos efectuados y los pasos dados en el marco de la investigación. Sus testimonios revelan la forma en que los criminales recorrieron el escenario del crimen, pocas horas antes del mismo, a fin de preparar el atentado que cobró la vida del entonces candidato presidencial. Con la ayuda de las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad, los oficiales identificaron los vehículos utilizados por los asesinos. En uno de ellos, posteriormente, encontraron una de las armas. Gracias a los videos, se logró la ubicación y captura de 6 ciudadanos colombianos implicados en el suceso. Los sospechosos fueron asesinados poco tiempo después dentro de sus celdas, una situación que todavía no ha sido aclarada. De acuerdo al testimonio de un testigo protegido, el asesinato fue encargado “por el correísmo”, que habría pagado 200.000 dólares por la vida de Villavicencio.

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Denuncian a dirigente sindical Rosa Argudo, de Azuay, por graves irregularidades

Asambleístas del Azuay presentaron ante la Fiscalía una “noticia criminis”, que involucra directamente a la secretaria del sindicato del IESS en esa provincia, Rosa Argudo. El expediente consta de 200 fojas, y relata detalladamente las graves irregularidades detectadas contra Argudo, quien dirige el gremio desde hace 21 años. Los legisladores iniciaron un proceso de fiscalización, tras detectar que la mujer benefició a más de una docena de familiares, en contratos que realiza el IESS en hospitales de Cuenca. Los asambleístas, que por esta vez no mostraron diferencias políticas, acusan a Argudo de nepotismo. Su preocupación es mayor porque, según revelaron, varios de los sospechosos estarían pidiendo permisos en sus lugares de trabajo, posiblemente para abandonar el país. A medida que se profundiza la investigación, se van encontrando más irregularidades las dependencias del IESS. Por ejemplo, un convenio de máquinas expendedoras que tendría la institución, con una hija de la dirigente sindical. Además, en áreas estratégicas como bodegas de insumos médicos, farmacias y compras públicas, hay personas que tendrían relación con Argudo. Las denuncias señalan que con cada retiro de medicamentos, solo dan la mitad, pero en el sistema se registra que se ha entregado todo. Entre los sospechosos están hijos, yernos, sobrinos y hasta exyernos de la secretaria del sindicato del IESS en el Azuay. Pese a los llamados de atención, Argudo aún no ha entregado la información exigida por los legisladores.

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Más jueces detenidos por corrupción dentro del “Caso Plaga”

Un operativo realizado el fin de semana en diversos puntos del país, permitió detener a 17 personas, vinculadas al denominado “Caso Plaga”. Entre ellas hay 8 operadores de la justicia: 7 jueces y un secretario. La Fiscalía estableció que dichos funcionarios, formaban parte de la red de corrupción creada en la función judicial, y que vendía sorteos y sentencias a líderes de organizaciones criminales. En un comunicado difundido en redes sociales, el Consejo de la Judicatura confirmó que, en efecto, 8 de los detenidos son parte de la función. Su arresto se produjo durante acciones realizadas en 5 provincias. Entre ellos están Jorge Eduardo A, juez de Santo Domingo, y quien cobró 70.000 dólares por la libertad de integrantes de la banda “Los Lobos”; Luis Abelardo LL, juez de Huaquillas, quien concedió la libertad a otros líderes de “Los Lobos”, a cambio de 30.000 dólares; Adriana Carolina ZC, jueza de Milagro, quien tramitó un habeas corpus en favor de la conviviente del líder de “Los Lobos”; y otros magistrados. 14 de los capturados recibieron prisión preventiva, mientras otros se beneficiaron de medidas sustitutivas, que incluyen no salir del país, y presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales. Los otros detenidos eran los nexos entre las bandas criminales y los jueces. Su labor era pactar la libertad de los integrantes de los grupos delictivos, a cambio de determinadas cantidades.

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Denuncian corrupción en compra de insumos médicos para hospitales públicos

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ante la Fiscalía General, presuntas irregularidades en 54 contratos de compra de insumos, equipos reactivos y dispositivos médicos. Los actos de corrupción abarcan a 9 hospitales del IESS y del Ministerio de Salud Pública. La documentación señala que de los contratos denunciados, por un total de 34,3 millones de dólares, 26,4 millones corresponden al MSP y los 7,9 millones restantes al IESS. La denuncia anota que algunos de los proveedores favorecidos con los contratos, tienen RUC para vender licor o fabricar ropa. Es decir, no son personas idóneas para proveer insumos médicos. Al mismo tiempo, las comisiones técnicas de los hospitales se encargaban de eliminar a posibles competidores, para que solo queden dos concursantes. La CNA señaló que a pesar de las escandalosas irregularidades detectadas, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) mantiene un silencio cómplice. Durante los 3 últimos años, casi la mitad de las empresas que vendieron insumos a los hospitales públicos, aparecían como especializadas en otras actividades. Otras eran gerenciadas por personas con indagaciones, juicios y órdenes de prisión. Los contratos investigados entre el 2023 y el 2024, comprende compras realizadas por los hospitales IESS Quito Sur, Carlos Andrade Marín (Quito), Teodoro Maldonado Carbo, Los Ceibos, Monte Sinaí (Guayaquil), Rodríguez Zambrano (Manta), entre otros.

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Segunda jornada de juicio por asesinato de Fernando Villavicencio

El juicio por el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, entró este miércoles a su segunda jornada. El proceso tardaría varios días más, ya que incluye testimonios y presentación de evidencias, tanto de la Fiscalía como de los 5 implicados que aún siguen con vida. Otros sindicados fueron asesinados en prisión. El crimen se produjo el pasado 9 de agosto, a la salida de un acto proselitista en Quito. Durante la diligencia del martes se proyectó la versión del testigo protegido, identificado solo por sus iniciales JPAM, y quien formó parte del plan para cometer el crimen. El sujeto afirmó que la orden partió de un líder criminal, internado entonces en la cárcel de Latacunga, conocido con el alias de “Chino Honda”, y que sería uno de los líderes de la temible banda criminal “Los Lobos”. Sería el mismo, dijo, relacionado con el asesinato de Harrison Salcedo, exabogado de Jorge Glas, y de “Alias Rasquiña”, antiguo líder de la peligrosa banda “Los Choneros”. También afirmó que dirigentes del correísmo contrataron a los sicarios. Protesta de Verónica Sarauz Antes de comenzar la jornada, la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, criticó la actuación de la Fiscalía, pues a su criterio, ha manejado el caso de una forma muy débil. También mencionó contradicciones en la versión del testigo protegido, pues mencionó que el contrato del asesinato fue de 200.000 dólares, cuando la propia fiscal había mencionado antes, que llegaba a un millón. Sarauz opinó que en la lista de acusados no están todos, incluyendo al “Chino Honda” que mencionó el testigo.

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Chats presentados por Wilman Terán son falsos, afirma Fiscalía

Los supuestos chats telefónicos que presentó el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, son falsos. Así lo reveló un comunicado de la Fiscalía General. Terán, detenido en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, por su participación en graves actos de corrupción en los casos “Metástasis” e “Independencia Judicial”, aprovechó su presencia ante la comisión, para presentar como evidencia los chats de unas presuntas conversaciones sostenidas con la fiscal, Diana Salazar. Según el detenido exfuncionario, las conversaciones revelarían que fue presionado por Salazar para condenar al expresidente Rafael Correa, cuando fue juez de la causa en su contra por el “Caso Sobornos”. Terán aprovechó la luz verde, concedida por los legisladores del correísmo, para explayarse e incluso citar algunos de los supuestos chats, que quiere adjuntar como pruebas a su favor dentro de la causa penal. Sin embargo, no fue capaz de sustentar la veracidad de esas aparentes evidencias, las cadenas de custodia y los peritajes. Asimismo, otros asambleístas le recordaron que él, junto a Xavier Muñoz y Maribel Barreno, serían sometidos a un juicio político, que es de un carácter distinto al penal. Según la Fiscalía, el objetivo de Terán es desprestigiar a la fiscal Diana Salazar, mediante una “artimaña”, que busca contaminar los casos de corrupción y narcotráfico investigados, que involucran a políticos, jueces, fiscales, policías y otros. Además, los teléfonos celulares de Wilman Terán, incautados durante el operativo del “Caso Metástasis”, fueron periciados, esa vez sí de forma legal y técnica, sin que se encontraran los chats presentados. Para la Fiscalía, estos intentos buscan entorpecer la justicia a través de “jugadas políticas”. Terán, Muñoz y Barreno están acusados de suspender y destituir, sin argumentos, al entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, además de extender arbitrariamente los plazos en funciones de otros magistrados. Asimismo, de cometer numerosas irregularidades en el concurso para designar nuevos jueces nacionales, a fin de favorecer a ciertos elementos. El concurso fue recomenzado por la nueva administración del Consejo de la Judicatura. Muñoz ya se declaró culpable de los delitos, y también ofreció su cooperación eficaz. Lo cual significó una sentencia leve para él, pero traería una condena larga para Terán, quien insiste en su inocencia.

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Exvocal del CJ Xavier Muñoz, condenado a 9 meses de prisión

El exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, logró su cometido. Gracias a su confesión, y a su colaboración eficaz en el denominado “Caso Independencia Judicial”, logró una sentencia benigna. El juez de la Corte Nacional, Julio Inga, lo condenó a 9 meses y 6 días de cárcel, de los cuales se descontará el tiempo que lleva detenido. Es decir, saldría en libertad probablemente en octubre. Muñoz, acusado de obstrucción a la justicia, aceptó su culpabilidad, se sometió a un procedimiento abreviado voluntario y dio su cooperación. Por tanto, la Fiscalía aceptó reducir en un 90% su sentencia. El exvocal se exponía, en caso de persistir en su declaración de inocencia, a recibir hasta 9 años de prisión. Dicha condena se establece por el agravante de haber sido funcionario judicial. Según el dictamen, Muñoz “develó información no solo relevante para esta causa (Independencia Judicial), sino que ha permitido que se abran tres investigaciones previas, y que ha ayudado a sustentar otras dos causas que ya se están procesando”. El exvocal lleva preso más de cinco meses en la Cárcel 4, de Quito. Pero las buenas noticias se limitan a él. Su excompañero en el CJ, el entonces presidente Wilman Terán, sí recibiría los 9 años de cárcel, y otra exvocal, Maribel Barreno, posiblemente algo similar. Terán y Muñoz provocaron un escándalo nacional, por formar “mayoría de 2” en el pleno del CJ, conformado por 5 vocales, sin respetar que se necesitaban al menos 3 votos para ello. Muñoz fue declarado responsable de interferir en las actuaciones del entonces juez Walter Macías, quien llevaba un caso por tráfico de influencias contra los ahora exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo. Como parte de la sentencia, deberá pagar una multa de 24 salarios básicos, y ofrecer disculpas a Walter Macías.

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Xavier Muñoz confiesa sus culpas y busca una pena reducida

Los implicados en el “Caso Metástasis” buscan desesperadamente un acuerdo, para evitar largas sentencias en prisión. Mientras Wilman Terán proclama en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que supuestamente lo presionaron para que emita una sentencia condenatoria contra el expresidente Rafael Correa, su antiguo compañero, Xavier Muñoz, confiesa sus culpas antes la Fiscalía. Ambos están acusados de obstrucción a la justicia, y de ser parte de una red de corrupción que obtuvo enormes ganancias, ya que cobraban por sorteos y sentencias a cabecillas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. De ser hallados culpables, podrían recibir una pena de hasta 7 años de prisión. Una posibilidad que los asusta, y más aún porque por ahora guardan prisión en la Cárcel “La Roca”, la de mayor seguridad del país. Muñoz solicitó formalmente el denominado “procedimiento abreviado”, que consiste en aceptar la culpa, a cambio de que la Fiscalía recomiende al juez una sentencia más benigna. Además de Terán y Muñoz, están implicados en este caso otra exvocal, Maribel Barreno, así como varios funcionarios y exfuncionarios del CJ. Incluso con la rebaja de la condena, la multa por el delito sería de hasta 40 salarios básicos unificados. Es decir, 18.400 dólares.

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Gobierno indignado por decisión de la Asamblea sobre juicio a vicepresidenta Abad

El gobierno de Daniel Noboa reaccionó con indignación a la decisión que tomó la Asamblea Nacional, que negó la autorización para el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. “Un sucio pacto político”. Así definió el régimen, en un comunicado difundido en redes sociales, la suma de votos que impidió que Abad sea procesada por el llamado “Caso Nene”. Según el post, en el acuerdo “priman la impunidad y los intereses personales y partidarios, por encima de la dignidad y la justicia que merece el país y sus ciudadanos”. Para el régimen, “la troncha política –refiriéndose al Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y CONSTRUYE- queda en evidencia. La solicitud de justicia de levantar la inmunidad a Verónica Abad, era clara y motivada”. Lamentablemente, agrega, “sus acuerdos bajos y vergonzosos impidieron que el proceso continúe como correspondía. Aquellos que hace poco eran enemigos, ahora resulta que han tranzado debajo de la mesa”. El comunicado puntualiza que “las jugarretas de la troncha se han evidenciado ya en otras circunstancias”, alegando la forma en que frenaron ciertas instituciones del gobierno. Pese a todo, remarca el post, el gobierno mantendrá su transparencia. Investigaciones seguirán Por su parte, también en un comunicado difundido en redes, la Fiscalía General del Estado anunció que respetará la decisión de la Asamblea Nacional, en torno a la vicepresidenta Abad. Sin embargo, continuará con las investigaciones del llamado “Caso Nene”, “con el fin de aclarar los hechos y determinar responsabilidades”. Además, seguirá el proceso en contra de la persona investigada, una vez que termine su periodo como vicepresidenta.

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Fiscalía vincula a vicepresidenta Abad en el “Caso Nene”

La Fiscalía decidió vincular a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en el llamado “Caso Nene”. Este proceso investiga tráfico de influencias y pago de diezmos en la Vicepresidencia, a favor de Francisco Barreiro, hijo de la segunda mandataria. El fiscal de la causa, Leonardo Alarcón, estableció que Abad tiene participación en el caso. Por tanto, el mismo pasa a la Unidad de Fuero de la Corte Nacional, debido a la condición de la vicepresidenta. De acuerdo a las investigaciones, hay elementos que vinculan a Abad en este caso, pues habría dado disposiciones directas para permitir el cobro de diezmos a cargo de su hijo. Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se amparó en la versión del denunciante. Dado que la segunda mandataria está sujeta a Fuero de Corte Nacional, se inhibe de seguirlo tratando, y lo traslada a la Corte Nacional. Hasta ahora Abad no ha emitido pronunciamientos sobre este caso, pues exige que la Fiscalía aclare bajo qué condición pidió su testimonio. Las indagaciones señalan que Barreiro, aprovechando su vínculo, exigía parte del sueldo de algunos funcionarios de la Vicepresidencia, a cambio de mantenerlos en sus cargos. Barreiro estuvo detenido varios meses en “La Roca”, la cárcel de máxima seguridad del país, hasta que fue liberado bajo una fianza de 20.000 dólares.

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