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Ecuador: octubre 18, 2024

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Ecuador, octubre 18, 2024
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Analista exhorta al gobierno a buscar apoyo ciudadano y no político

Política /

“Un informe aguado es propio de seguidores aguados”. Así calificó el analista político, Alfonso Roggiero, el reporte que presentó la comisión ocasional de la Asamblea Nacional, y que recomendó la interpelación del presidente Guillermo Lasso. Roggiero, entrevistado en nuestro espacio “Punto de Orden”, detalló que la evidente falta de pruebas, provoca que muchos legisladores, que en principio aprobaban el juicio político, ahora se tiren para atrás. Sin embargo, advirtió que estos anuncios no deben hacer bajar la guardia al régimen, pues los golpistas seguramente intentarán a toda costa destituir al jefe de Estado. En su opinión, el gobierno debe buscar el “abrazo ciudadano” y no el político. Es decir, el apoyo de la gente, y no de partidos y movimientos. De ahí la importancia de invertir en la agenda social y en la obra pública, agregó, porque al ecuatoriano común lo que le importa es trabajar, producir y llevar el pan a sus hogares, y no lo que hagan los políticos. De ahí que exhortó al presidente Lasso a enfocar recursos en el sector agropecuario, en la ruralidad, porque de ese modo conectará con quienes más necesitan apoyo, generará empleo, abaratará los alimentos y conseguirá réditos que se volverán a su favor en el campo político. Roggiero urgió al presidente a actuar de inmediato, pues va la mitad de su mandato, y aún tiene muchos puntos pendientes. El analista lamentó el “apetito salvaje” de ciertos líderes políticos de oposición, que en su afán de conquistar el poder, violentan las normas y la Constitución.

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“Torpes” e “idiotas”. Los duros términos de Ramiro García contra autores del informe de Asamblea

Política /

De “torpeza” e “idiotez” calificó el jurista Ramiro García, el informe elaborado por la comisión ocasional de la Asamblea Nacional, y que recomienda el juicio político del presidente Guillermo Lasso. A su criterio, semejante documento, y peor aún, el que fuera aprobado por la mayoría, es una muestra de lo que hoy es nuestro Parlamento. García esperará que el debate apague una falta total de argumentos, y una manifiesta irresponsabilidad de los impulsores del pedido de la interpelación, pues con el argumento de que buscan un juicio político y no penal, se cree con derecho a plantear semejante estupidez. Para García, los asambleístas de oposición “nos están diciendo que la política no necesita ética”, y que cualquier cosa sirve. Con ese argumento, dijo, el asesinato de millones de judíos en Alemania, durante la época del nazismo, y la matanza de millones de civiles en la antigua Unión Soviética, a manos de Stalin, es simplemente un “acto político”. El jurista lamentó que los asambleístas “se pasaran por el forro” todas las normas, las leyes y la Constitución. Sin embargo, se mostró seguro que la Corte Constitucional, que más allá de los lineamientos ideológicos de sus miembros es un organismo serio, hará un tamiz jurídico, y no permitirá el juicio político. García advirtió que es tan absurdo el informe del correísmo, que otros bloques se apartan del caso, a fin de evitar el “papelón”. Y más aún porque carece de efectos jurídicos. El penalista dejó en claro que, al contrario de la Asamblea, el presidente puede decretar la “muerte cruzada” sin necesidad de aprobación de la Corte Constitucional.

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Viceministro fustiga pedido de interpelación de Asamblea

Política /

El informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, creada para investigar el llamado “Caso Gran Padrino”, no tiene validez jurídica alguna, y carece de pruebas que soporten los supuestos delitos. Así lo señaló el viceministro de Gobernabilidad, Mario Cuvi, en nuestro espacio “Punto de Orden”. Cuvi afirmó que el presidente Guillermo Lasso no teme el proceso, pues está convencido de su inocencia. Más bien está enfocado en la tarea encomendada por los ecuatorianos. En su opinión, el “delito por omisión” es tirado de los cabellos, y demuestra los afanes desestabilizadores de ciertos grupos políticos, ansiosos por enjuiciar y destituir al mandatario. En este sentido, exhortó a juristas y constitucionalistas a inscribirse en la Corte Constitucional, para demostrar, en el momento que analice el pedido de interpelación, que es una violación a todos los procesos. En cuanto a la relación con la Conaie, el funcionario aseguró que no existen motivos para una nueva movilización. El gobierno, dijo, tiene un 28% de cumplimiento, y otro 65% en proceso, lo que demuestra el interés de atender sus promesas. Entre las obras atendidas por el actual régimen, citó los hospitales de Durán y Bahía de Caráquez, así como las fuertes inversiones que se realizan para la compra de medicinas, para repotenciar la Policía Nacional, y combatir la desnutrición infantil. Cuvi subrayó que el gobierno sigue con la mano extendida, pero que no se confunda su apertura democrática con debilidad.

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OEA llama al “respeto a la estabilidad de los períodos constitucionales” en Ecuador

Nacionales /

EL UNIVERSO .- El organismo dijo que ha seguido de cerca los recientes acontecimientos políticos, a propósito de la recomendación de juicio político a Guillermo Lasso.   La Organización de Estados Americanos (OEA), pidió este domingo a los sectores políticos del país, “enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional”. Lo hizo un día después de que la Asamblea Nacional aprobara un informe que recomienda enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso. “La Secretaría General expresa la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los períodos constitucionales”, indicó el organismo en un comunicado en su página web.   La OEA, que tiene 35 países miembros, incluido Ecuador, aseguró que “ha venido siguiendo los últimos acontecimientos” en el país.   Una mayoría legislativa aprobó el sábado el informe de una Comisión multipartidista que investigó las denuncias respecto a que Danilo Carrera, cuñado del mandatario, gestionó cargos públicos. El documento, votado en el Pleno, recomienda que se inicie el proceso en el Parlamento.   Sin embargo, el documento no es vinculante, es decir, no es de obligatorio cumplimiento para el Legislativo. Sin embargo, la oposición confirmó que trabaja en definir qué legislador iniciará el proceso formal para realizar el juicio, que ha sido rechazado por el Gobierno Nacional.

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Por no apoyar informe del caso El Gran Padrino, expresidente Rafael Correa ataca a dos legisladores que llegaron por UNES en el 2021

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EL UNIVERSO .- Vanessa Freire le respondió al exmandatario: “No asistí porque mi suegro falleció”. Francisco León no se ha pronunciado.   En su cuenta de la red social Twitter, el expresidente Rafael Correa fustigó a dos legisladores que no apoyaron el pasado 4 de marzo el informe de la comisión legislativa ocasional que investigó el caso llamado El Gran Padrino y que recomendó el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso invocando dos causales previstas en la Constitución.   Se trata de Francisco León, que fue uno de los 18 legisladores que votaron en contra; y Vanessa Freire, que fue una de las doce que no asistieron a la sesión. Ambos fueron auspiciados en el 2021 por la alianza Unión por la Esperanza (UNES), integrada por los movimientos Centro Democrático, Fuerza Compromiso Social y otros grupos políticos y sociales.   “Los asambleístas que no votaron por el juicio a Lasso. Pilas Salitre: Francisco León. Pilas Babahoyo: Vanessa Freire no asistió. Ambos llegaron por la Revolución Ciudadana y enseguida se vendieron a Lasso por un plato de lentejas ¡Prohibido olvidar! #LosCorruptosSiempreFueronEllos”, tuiteó Correa. También en Twitter, Freire le respondió: “No asistí porque mi suegro falleció, deja de ser resentido e inhumano; de no haber pasado por estos difíciles momento hubiera votado a FAVOR DE LA DEMOCRACIA, algo q intentas arrebatar. Pd. Yo llegué por CS5 (Fuerza Compromiso Social), el partido que también arrebataste”. A lo que Correa, a su vez, replicó: “Hubiera votado por la «democracia» -léase Lasso- y por el plato de lentejas No asistió a votar. El resto de explicaciones se las tiene que dar a Babahoyo y a Los Ríos, a ver si le creen después de tanta corrupción y engaño. Aquí termino. #LosCorruptosSiempreFueronEllos”. En tanto que León no se ha pronunciado respecto a las críticas de Correa. En un comunicado, el movimiento Revolución Ciudadana manifestó su “orgullo” por los 47 legisladores de su bancada. Señaló que “una vez más han interpretado de manera precisa el sentir ciudadano”. Los legisladores de este bloque fueron parte de los 104 que votaron a favor del informe de El Gran Padrino.

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Guillermo Lasso pide a Fiscalía realizar investigaciones ‘rigurosas y con profundidad’, luego que la Asamblea aprobó informe que recomienda su juicio político

Nacionales /

EL UNIVERSO .- Un total de 104 integrantes del pleno de la Asamblea Nacional aprobaron una resolución que recomendó la interpelación del presidente Guillermo Lasso.   Como un informe “inusual e infundado” que contiene “elucubraciones inconexas” sobre supuestos actos de corrupción fue calificado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el documento con la investigación denominada El Gran Padrino que fue aprobado por 104 votos de la Asamblea Nacional y que, entre otras cosas, recomendó llevar a juicio político al primer mandatario.   La respuesta de Lasso llegó poco después de una jornada de debates en el pleno del Legislativo. La carta está dirigida a la fiscal general, Diana Salazar, pues en el informe existe la recomendación de que el contenido del informe aprobado sea puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que investigue los nombres ahí señalados y hechos como una “comisión por omisión” y la existencia de delitos de “cohecho, peculado, y concusión”.   “Solicito a usted que desarrolle todas las investigaciones pertinentes con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita. La acusación de la Asamblea Nacional se enfrenta a la imposibilidad lógica de probar un hecho falso, y a la imposibilidad jurídica de robar la autoría por omisión en delitos en los que tal figura no aplica”, apuntó el mandatario ecuatoriano. También, más allá de lo “inusual e infundado” del informe aprobado, el cual, dice Lasso, contiene “elucubraciones inconexas sobre supuestos actos de corrupción en los que maliciosamente” se le pretende inmiscuir, el primer mandatario dispuso que toda la Función Ejecutiva conteste, con celeridad, todo pedido de información que realice la Fiscalía en torno a la investigación que decida abrir y en especial a datos respectos a cualquier actividad que hubiera podido desarrollar Danilo Carrera, su cuñado.   “Con la fuerza de la verdad, la democracia y la razón, confío en encontrar en la justicia la rigurosidad de la que el informe referido carece”, concluyó Lasso. Con la votación dada en la Asamblea, el presidente Lasso será llevado a juicio político por supuestos delitos contra la seguridad del Estado y omisión en delitos contra la administración pública. 104 asambleístas aprobaron una resolución que recomendó la interpelación tras una investigación política a nivel legislativo.   La Asamblea Nacional, el sábado 4 de marzo, cerró un debate de 54 días que se originó por una filtración de audio sobre supuestos negocios de Danilo Carrera en las empresas públicas, y que terminó recomendando un juicio político, en el que se habla de posibles vinculaciones con el narcotráfico.   Tras siete horas de sesión, la Asamblea Nacional aprobó el texto de resolución planteado por la presidenta de la Comisión ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, Viviana Veloz (UNES), donde se incluyeron algunas modificaciones y dio paso a un pedido de su aliado político el Partido Social Cristiano, que pidió precisar que Guillermo Lasso será llevado a juicio político “en el grado de comisión por omisión, al tenor de lo que prescriben los artículos 23, 28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.

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Guillermo Lasso tiene tres escenarios para no ir a juicio político

Nacionales /

EL COMERCIO .- Guillermo Lasso se enfrenta a un nuevo reto para permanecer en Carondelet: la posibilidad de un juicio político dentro de pocas semanas. Tras la aprobación del informe no vinculante en el Pleno de la Asamblea, tres expertos consultados por EL COMERCIO exponen los escenarios que el Primer Mandatario tendría para descartar su comparecencia ante los parlamentarios.   La Corte Constitucional determinará la validez del juicio político En el informe no vinculante aprobado por la Asamblea este 4 de marzo de 2023 se menciona que el juicio político estaría amparado por el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución del Ecuador. Este plantea que la Asamblea Nacional puede proceder al enjuiciamiento político “Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito”.   Para Byron Villarreal, especialista en Derecho Administrativo y abogado litigante, el primer escenario donde deberá trabajar Guillermo Lasso será la Corte Constitucional. Esta tendrá que calificar el informe presentado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional para verificar que efectivamente existan los elementos que están puestos en el informe.   “Lo que califica la Corte Constitucional es si los elementos que están determinados dentro del informe, contra la documentación que evidentemente van a tener que adjuntar, tienen un grado de similitud para encajarse en las causales de destitución del Presidente”, señala Villareal. Para él, en los siguientes días el debate va a ser sobre cómo se puede sustentar el informe que llegará a la Corte Constitucional.   Alexander Barahona, abogado constitucionalista y académico universitario, cree que sería aconsejable que ahí mismo intervenga el Presidente para oponerse a la acusación, “de tal manera que se busque que la Corte dictamine la inadmisibilidad del juicio, con lo cual el tema se quedaría ahí”.   Por su parte, el constitucionalista Ismael Quintana explica que “si la acusación constitucional se basara en el informe aprobado en la legislatura, difícilmente la Corte Constitucional podría dar un dictamen de admisibilidad porque no hay, en este caso al menos, los delitos contra la seguridad del Estado”. Al mismo tiempo afirma que el Presidente está “pecando de exceso de confianza terrible al creer que esto es un mamotreto. Y sí, es un mamotreto el informe, pero confiarse del rival y creer que ese mamotreto no pudiese llegar a convertirse en una acusación constitucional es pecar de ingenuo en política”. La negociacion en el CAL y la Comisión de Fiscalización son claves Dentro de este nuevo proceso que se avecina, el CAL juega un papel importante. En un inicio, este recepta la solicitud de juicio político a Guillermo Lasso para verificar la documentación y presentarla a la Corte Constitucional. Si este organismo da paso al proceso, el CAL nuevamente recibe la documentación y la remite a la Comisión de Fiscalización, donde el Presidente podría trabajar políticamente para desestimar la solicitud de juicio. Para Barahona, “los juicios políticos dependen mucho de la situación coyuntural actual y son, sobre todo, muy volátiles, es decir, los 104 votos actuales a favor del informe podrían reducirse en unos días, una semana, incluso un mes”. La muerte cruzada es otra opción Para los tres expertos en Derecho, la muerte cruzada es una carta que tiene el presidente Guillermo Lasso y que podría usarla en cualquier instante. Incluso, esta opción podría ser utilizada durante la comparecencia del Presidente o su representante legal ante el Pleno de la Asamblea. Pero existen limitaciones para su aplicación, que no pueden ser evadidas por el Primer Mandatario. Según el art.148 de la Constitución, el “Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna”. Si se la activara en este momento, Villareal dice que sería un error para la imagen de Lasso. Esto debido a que aparecería como una opción que podría interpretarse como un salvavidas de último minuto. Barahona también apunta que sería una equivocación realizar la muerte cruzada en este instante. Es una opción válida, “pero realmente no tendría una legitimidad social porque causaría sorpresa que, cuando la Asamblea está realizando su ejercicio fiscalizador, él la disuelva a manera de salvarse de alguna forma”. Quintana explica que el Presidente no puede disolver la Asamblea porque ha iniciado juicio político en su contra. “Eso sería interpretado como un mecanismo para esquivar la censura y destitución, lo cual es conocido como fraude a la Constitución”. Para disolver la Asamblea, Guillermo Lasso tiene que justificar una de las causales que se establecen en el artículo 148 de la Constitución. ¿Cómo sería el proceso para llegar a destituir a Guillermo Lasso por juicio político? Un asambleísta presenta al CAL la petición de juicio político con al menos 46 firmas. El CAL tiene cinco días para poder tramitarla y remitirla a la Corte Constitucional. El momento en que llega a la Corte Constitucional, la Corte en pleno (nueve jueces) sortea la causa. De allí tienen cinco días para pronunciarse y remitir su dictamen a favor o en contra. Si es en contra se archiva el juicio político. Si es a favor vuelve al CAL. El CAL revisa nuevamente la documentación enviada por la Corte y la envía a la Comisión de Fiscalización. De allí, en más o menos cinco días, el Presidente puede defenderse y presentar pruebas para desestimar el caso. Si la Comisión da paso al juicio se convoca a sesión y se abre el debate. El Presidente podrá nuevamente presentar pruebas de descargo ante el Pleno de la Asamblea y sin límite de tiempo. 72 horas después de cerrado el debate, hay una nueva sesión en la que debe mocionar si cabe la censura y destitución. En ese momento se realiza la votación para ver si hay los 92 votos para censurar y destituir al Presidente. De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, “la Asamblea Nacional podrá destituir al Presidente de la República en los siguientes casos: 1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; 2. Por grave crisis política y conmoción interna”. Si el Presidente es destituido, el Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República”.

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Tres presidentes y dos vicepresidentes han sido destituidos mediante juicios políticos en el Legislativo desde 1932

Nacionales /

EL UNIVERSO .- El último proceso se realizó en 1995 en contra del vicepresidente Alberto Dahik, por mal uso de gastos reservados. La propuesta de destituir al mandatario Guillermo Lasso mediante un juicio político tomó fuerza en los últimos días en la Asamblea Nacional tras la aprobación del informe de la comisión ocasional que investiga el caso El Gran Padrino, que vincula a su cuñado con una supuesta red de tráfico de influencias en las empresas públicas, y que será analizado en el pleno este 4 de marzo. En ese se sugiere el enjuiciamiento de Lasso alegando delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública.   En caso de que el proceso de interpelación se concrete, este se sumaría a otros cinco que desde 1932 y hasta el momento ha desarrollado el Legislativo, tres contra presidentes y dos contra vicepresidentes. El último proceso de este tipo se realizó en 1995 contra el entonces vicepresidente Alberto Dahik.   1. Juicio para inhabilitar a Neptalí Bonifaz como presidente (1932) En 1931 ganó las elecciones presidenciales Neptalí Bonifaz, candidato de la alianza entre la Compactación Obrera Nacional y el Partido Conservador. Luego de conocerse el triunfo, sectores de la oposición denunciaron ante el Congreso Nacional que el presidente electo se había atribuido la nacionalidad peruana en diferentes correspondientes. El juicio se desarrolló el 22 de agosto de 1932 y después de un amplio debate, el Congreso Nacional lo declaró no apto para ejercer la Presidencia de la República. 2. Juicio contra el presidente Juan de Dios Martínez Mera por fraude electoral (1933) En las elecciones de 1932 ganó la presidencia Juan de Dios Martínez Mera, miembro del Partido Liberal y el año siguiente, en mayo de 1933, el entonces diputado José María Velasco Ibarra lo acusa de haber llegado a la presidencia producto de un fraude electoral. En medio de las presiones políticas, durante esos meses y hasta octubre de ese año, el mandatario se vio forzado a cambiar constantemente de Gabinete, mientras en el Senado y en el Congreso pedían su destitución por fraude electoral y mal manejo de la política internacional. El pedido de destitución fue llevado por Velasco Ibarra y el 17 de octubre de 1933 se concretó dejando a Martínez Mera destituido de la Presidencia.   3. Juicio al presidente Carlos Julio Arosemena Monroy por conducta “impropia” (1962). En 1962, el diputado Jorge Salvador Lara, del Partido Conservador, pide enjuiciar políticamente al entonces presidente de la República, Carlos Julio Arosemena Monroy, por conducta impropia a sus funciones durante la visita que realizó al país el presidente chileno, Jorge Alessandri, en diciembre. Arosemena lo recibió ebrio, excediéndose de confianza al darle una palmada en el trasero cuando se dirigían a embarcarse en un automóvil. Salvador Lara alegó para el juicio que el recurrente consumo de alcohol del mandatario atentaba contra el decoro nacional, pero no logró reunir lo votos suficientes para su censura y destitución.   4. Juicio al vicepresidente Reynaldo Varea Donoso, Caso Chatarra (1962). Al igual que el proceso anterior, también en 1962 se registró otro juicio político en el entonces Congreso Nacional. Un sector de diputados, encabezados por Luis Félix López, del partido Concentración de Fuerzas Populares (CFP), entablaron un juicio político al entonces vicepresidente de la República, Reynaldo Varea Donoso, al ministro de Defensa y a los miembros de la cúpula militar, por el llamado ‘caso Chatarra’. Este caso fue analizado por la Procuraduría General del Estado (PGE) en enero de ese año, y consistía en la compraventa de equipo militar hecho por la Junta de Defensa Nacional con la firma “Americana L.A. Parts Co. Inc.”. El material llegado al país, y en especial los tanques y carros blindados, resultaron ser chatarra militar de la Segunda Guerra Mundial, lo que se convirtió en ese momento en uno de los peores escándalos de corrupción del país. El vicepresidente Varea salió exculpado de la interpelación.   5. Juicio contra el vicepresidente Alberto Dahik por supuesto uso indebido de gastos reservados (1995) En julio de 1995, más de veinte diputados de oposición de partidos como el Roldosista Ecuatoriano, Social Cristiano y del Movimiento Popular Democrático, iniciaron el trámite para llamar al vicepresidente Dahik a juicio político acusándolo de cohecho y de atentar contra el honor de la nación por el uso indebido de gastos reservados, suma de dinero público que estaba destinada para ejecutar acciones específicas relacionadas con la seguridad y orden público. El juicio de Dahik se desarrolló el 6 de octubre de ese año y no alcanzó la mayoría de votos necesaria para lograr su destitución. Días después, el 11 de octubre, el presidente Sixto Durán-Ballén le pidió le renuncia y Dahik abandonó el país con destino a Costa Rica, que el 29 de marzo de 1996, le otorgó asilo político.

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Reacciones encontradas tras aprobación del informe que recomienda juicio político a Guillermo Lasso

Nacionales /

EL COMERCIO .- La aprobación del informe que recomienda a la Asamblea llevar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, ha generado reacciones de diversos actores políticos. La asambleísta Viviana Veloz, de la bancada UNES, señaló en su cuenta de Twitter: “Presidente Lasso, la Asamblea en nombre del pueblo con 104 votos le ha dicho ¡BASTA! Le queda poco tiempo en el poder. El juicio político es inminente. No podrá escapar de sus delitos políticos. Tenga algo de dignidad y permita una transición en paz por el bien del Ecuador”.   Mario Cuvi, viceministro de Gobernabilidad, también reaccionó ante la decisión de la Asamblea. El funcionario señaló: “Ecuatorianos: tranquilos. Lo de hoy es solo más show desde la Asamblea. La votación y aprobación de informe no tiene valor legal. Todos quieren mostrarse como ‘fiscalizadores’ para ocultar la verdad: no han hecho nada positivo por el país. Aún no existe juicio político”. Cuvi explicó que “un juicio político puede empezar con pedido de 1 asambleísta y 46 firmas. Sin embargo, el informe aprobado cambiando cosas a última hora es un retaso mal armado que no vincula al Presidente de la República. Lo importante: la votación de hoy no tiene valor legal alguno”. Más reacciones Virgilio Hernández, parlamentario andino, señaló por su parte: “Para gobernar se requiere legitimidad! Al Pdte @LassoGuillermo: No le apoya 9 de cada 10 ecuatorianos. 85% rechaza su gestión. 104 asambleístas de 137 apoyan juicio político! Solo le queda la canalla mediática, FFAA, Policía y un sector de la banca! #LassoAJuicio”. Mientras tanto, el Movimiento Revolución Ciudadana emitió un comunicado en el que felicita “el valiente trabajo de nuestros 47 asambleístas quienes hoy, una vez más, han interpretado de manera precisa el sentir ciudadano recomendando con sus votos el llamamiento a juicio político al presidente Lasso”. Por su parte el expresidente Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, envió el siguiente mensaje: “Presidente Lasso NO tenga miedo, vaya al Juicio Político y si no le llaman pida a la Asamblea ser recibido y desnude la narco corrupción de los interpelantes y recuperará el apoyo del pueblo. Y si los asambleístas insisten en su destitución convoque a Muerte Cruzada“.

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“Iza es un delincuente secuestrador”, afirma asambleísta Dalton Bacigalupo

Política /

Como de “un profesional de la violencia y la agitación” calificó el asambleísta de la Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo, al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, a raíz de sus amenazas de paralizar nuevamente el país, si no consigue su objetivo de destituir al presidente de la República. Durante nuestro espacio “Vera a su Manera”, conducido por Carlos vera, Bacigalupo recordó que los orígenes de la violencia de Iza, “pasa por el secuestro de personas”. “Él ha tenido juicio por secuestro de personas. Eso es lo que el país entero no conoce”, precisó el legislador, que representa a la provincia de Cotopaxi. Bacigalupo fustigó la decisión de la Asamblea Nacional, de concederle a él y a muchos otros agitadores una amnistía, pese a su responsabilidad en las graves protestas del año pasado, que dejaron víctimas y cuantiosos daños en todo el país, especialmente Quito. “La Asamblea no debía amnistiar a delincuentes denunciados como secuestradores de personas. Eso lo conocemos en Cotopaxi, y la documentación existe”, subrayó el asambleísta social demócrata. En su opinión, resulta inadmisible aceptar las presiones de Iza, de quien dijo, “vive de las movilizaciones, pues le pagan para ello”, y que, según afirmó, “estuvo asistido en gran medida por el ex prefecto corrupto que yo he perseguido en la provincia de Cotopaxi, el señor Guamán, que acaba de perder las elecciones para alcalde de Latacunga”. Además, precisó que el titular de la Conaie amenaza a los indígenas con castigos, en caso que no se unan a las protestas que él ordena. Castigos que consisten, entre otras cosas, en no tener agua para sus cultivos. Felizmente, anotó Bacigalupo, el revés electoral en esa provincia impedirá que Iza, y otros “dirigentes mafiosos”, como los llamó, puedan levantar nuevas protestas ahí.

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CREO confía en que Corte Constitucional, no dará paso a juicio político contra presidente Lasso

Política /

Como de “una fantasía” calificó Guido Chiriboga, asambleísta de CREO y jefe de su bloque, el informe elaborado por la Comisión Ocasional del llamado “Caso Gran Padrino”. Dicho documento asegura que el presidente de la República, Guillermo Lasso, incurrió en delitos de cohecho y omisión de la seguridad del país, por lo cual recomienda su enjuiciamiento político. De acuerdo a la ley, el reporte será presentado este jueves ante el pleno del Parlamento, y de ser aprobado, será enviado a la Corte Constitucional, para que autorice o no la interpelación. Para Chiriboga, ni a Esopo, famoso fabulista de la antigua Grecia, fallecido hace 2.500 años, se le hubiera ocurrido tanto. El legislador advirtió que la comisión, conformada en su mayoría por correístas, tenía desde el principio el objetivo de recomendar el juicio político, sin analizar siquiera si las supuestas causales existen. De ahí que confía plenamente que la Corte Constitucional, cuando llegue el pedido, lo rechazará de inmediato. De ser así, dijo, la Asamblea ya no tendrá argumentos para destituir al presidente, pues el anterior fue utilizado el año pasado, sin éxito. Chiriboga recordó que, en cambio, el presidente Lasso puede aplicar el recurso denominado “muerte cruzada”, por 3 posibles causales, de las cuales solo una requiere la aprobación de la CC. Asimismo, el parlamentario señaló su extrañeza ante los constantes cambios de opinión de la Conaie, lo cual demuestra que sus propias bases se dan cuenta de los fines políticos que persiguen ciertos líderes. De ahí que se mostró confiado de que podrán evitarse las movilizaciones de los indígenas, ante la evidencia de que el país quiere paz y progreso, algo que solo es posible bajo el liderazgo del presidente Lasso.

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Hay un plan para destituir a Lasso, afirma analista Jorge Ortiz

Política /

El presidente Guillermo Lasso debió aplicar la “muerte cruzada” hace un año, cuando su popularidad estaba en el 75%, luego de la exitosa campaña de vacunación contra el Covid. Así lo afirmó el analista político Jorge Ortiz, en nuestro espacio “Punto de Orden”. Ortiz lamentó que el jefe de Estado, a quien considera de poca agudeza política, no se diera cuenta a tiempo del nivel de conspiración de la Asamblea Nacional. Un punto que hubiera justificado la “muerte cruzada”, para de ese modo llamar a elecciones. Plan ya está listo El analista advirtió que es evidente el plan de la oposición, para destituir al presidente Lasso. En primer lugar, este “pelotón de fusilamiento”, como llama a la mayoría correísta del Parlamento, presionará a la Corte Constitucional para el juicio político, y al no conseguirlo, debido a lo absurdo de los cargos, dará paso a Leonidas Iza y la Conaie, para que se tomen Quito y vuelvan a destruir el país. Una vez cortados los suministros de alimentos y combustibles, y ante el caos provocado por Iza, la Asamblea apelará de nuevo ante la Corte, esta vez con el argumento de “conmoción social” y “alteración del orden interno”, y tal vez entonces, debido a la presión política, tenga éxito. “Saquicela es un recadero” Para Ortiz, Virgilio Saquicela, actual presidente de la Asamblea, no tiene autonomía política, pues únicamente llegó a su cargo como consecuencia de un pacto político. A su criterio, es un simple “mandadero”, un “pasa papeles”, que se limita a cumplir las órdenes que le dan. Es por ello, anotó el analista, que la salida que tiene Lasso es dejar las manos libres a su ministro de Gobierno, Henry Cucalón, a quien considera capaz de enfrentar con éxito la crisis, y más aún cuando la Asamblea muestra ante el país un bajísimo nivel intelectual. Ortiz lamentó que el mandatario se mostrara pusilánime ante la protesta anterior de la Conaie, en lugar de enfrentar con energía “a Iza y sus cómplices”, como los llamó.

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“Traición a la patria” Comisión Legislativa Ocasional plantea juicio político contra Guillermo Lasso

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La Comisión Ocasional Multipartidista de la Verdad, Justicia y Lucha Anticorrupción -que investiga el caso llamado El Gran Padrino- plantea enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, por Traición a la Patria. Este es un delito estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el cual se sanciona con cárcel de siete a 10 años. Esa comisión emitió hoy el informe borrador, de 221 páginas, que mañana a las 08:00 prevé debatir y aprobar. En el documento refieren que Lasso habría incurrido en el causal 7, de los 15 que conforman el delito Traición a la Patria. “No informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil”, indica el causal 7 del artículo 353. Omisión de delitos contra la administración pública En el borrador, además, se recomienda aplicar el proceso judicial al Presidente por supuestamente haber adecuado su conducta al artículo 129, numeral 1 de la Constitución. El texto establece el enjuiciamiento político en casos de delitos contra la seguridad del Estado. Igualmente, por el numeral 2. Refiere delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. “La conducta analizada se adecúa al cometimiento de delitos contra la administración pública (…) a través de los actos perpetrados y que han sido expuestos en el informe, dan mérito al enjuiciamiento político, su censura y destitución”, refiere el documento de la comisión. 🔴 #ATENCIÓN | El informe borrador de la Comisión que investiga el #CasoEncuentro recomienda la destitución del presidente @LassoGuillermo. ⤵️ pic.twitter.com/z1F419Ynnn — CENTRO Digital (@radiocentroec) February 28, 2023 Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Por otro lado, en el documento de la Comisión Ocasional se agrega que el mismo será remitido a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado a fin de que dentro de sus competencias inicien las investigaciones respectivas y adopten las medidas pertinentes. Fuente/redacción: Metro

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Asamblea no ha establecido delitos que ameriten juicio del presidente Lasso, según analista Carlos de Tomaso

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La Constitución de la República establece muy claramente, cuáles son los únicos motivos para el enjuiciamiento político del presidente de la República, por lo cual no se pueden incluir otros. Así lo señala el analista Carlos de Tomaso, en su columna publicada en Diario El Universo. De Tomaso recuerda que, en las actas de la Asamblea Constituyente, el 18 de julio del 2008, se incluyó la posibilidad de una interpelación al jefe de Estado, siempre y cuando hubiera incurrido en: delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y delitos de lesa humanidad. El mismo capítulo, agrega en analista, establece que el juicio político, si bien no requiere enjuiciamiento penal, sí debe tener dictamen favorable de la Corte Constitucional. Es decir, si la Corte no lo aprueba, no hay juicio. Dicho dictamen depende de lo siguiente: uno, si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución; dos, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa; y tres, si, en consecuencia, procede o no iniciar el juicio político. El objetivo es brindar protección reforzada a la democracia, para que no se desvíe el poder, y por ende no se corra el riesgo antidemocrático de la destitución sin causa de un presidente, señala De Tomaso en su columna. En su opinión, no existe respecto al presidente Lasso, conexión con ninguno de los tipos penales que son causal de juicio político, dentro del llamado “Caso Encuentro”. De ahí, concluye, es la oportunidad de oro de la Corte Constitucional de dictar una nueva jurisprudencia respecto al alcance de su dictamen, y dejar sentado que no es un simple examen formal, sino que tienen que examinar si hay causa o es un forjamiento de la causal.

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Comisión Encuentro recomendará juicio político contra Guillermo Lasso

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EL COMERCIO .- El informe borrador de la Comisión ocasional del caso Encuentro recomienda enjuiciar políticamente al presidente, Guillermo Lasso, por dos causales constitucionales. La mesa, liderada por el correísmo y sus aliados, fue convocada a sesión para este miércoles 1 de marzo, a las 8:00, para debatir y aprobar este documento que pasará a resolución del Pleno.   En el documento se determina que Lasso adecuó su conducta a los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución. Estos se relacionan con delitos contra la seguridad pública y delitos contra la administración pública como la concusión y el cohecho. En ambos casos se sancionan con la censura y destitución.   La Comisión ocasional de la Asamblea investigó al Primer Mandatario por una supuesta trama de corrupción en empresas públicas, bautizado por la Fiscalía como el caso Encuentro. Además, por una supuesta operación de la mafia albanesa en Ecuador.   Entre las recomendaciones se plantea remitir este expediente a la Fiscalía para sus investigaciones.   Según el procedimiento parlamentario, el informe no tiene carácter de vinculante para el Pleno. Para que pueda activarse el procedimiento del juicio político se requiere que un asambleísta presente el pedido con 46 firmas de respaldo. En ese escenario se requerirá de un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Según conoció EL COMERCIO, el borrador fue discutido el viernes 24 de febrero, en una reunión del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), con los miembros de la Comisión del caso Encuentro y jefes de bancada menos el oficialismo. Entre ellos, Esteban Torres, del PSC; Yeseña Guamani y Rodrigo Fajardo, por la Izquierda Democrática; Mireya Pazmiño, en representación de Pachakutik; Viviana Veloz, Jahaira Urresta, Mauricio Zambrano de Unes; también asistió el parlamentario andino Virgilio Hernández. La reunión duró cuatro horas en el despacho de Saquicela. Recomendaciones del texto Remitir el presente informe a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado para que en el ámbito de sus competencias inicien las investigaciones penales y administrativas respectivamente con relación a las actuaciones y hechos que constan en el expediente, y ambas instituciones adopten las medidas pertinentes. Enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, también por haber adecuado su conducta al artículo 129 numeral 1 de la Constitución, que prevé como causal de censura y destitución del cargo público representativo el cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado, pues existen claros indicios de haber cometido el tipo penal de traición a la patria, previsto en el capítulo VI de los Delitos contra la Estructura del Estado Constitucional, Sección única “Delitos contra la seguridad pública”, artículo 353 numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal. Enjuiciar políticamente al Jefe de Estado, invocando el artículo 129 numeral 2 de la Constitución, pues la conducta analizada se adecúa al cometimiento de delitos contra la administración pública, en concreto las infracciones penales de cohecho, concusión y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión, considerando que, a través de los actos perpetrados y que han sido expuestos en el presente informe, dan mérito al enjuiciamiento político, su censura y destitución.

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Asamblea y Gobierno deben rectificar, o el costo para el país será enorme, según analista César Ulloa

Política /

Difíciles días se le vienen al país. Así lo advierte el analista político, César Ulloa, al evaluar las nuevas movilizaciones anunciadas por la Conaie para el 7 de marzo, y el eventual informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, que estudia el denominado “Caso Encuentro”. En su opinión, es fácil establecer que la “investigación” de dicha comisión ocasional, tiene como único objetivo llevar a juicio político al presidente Lasso, lo cual depende del visto bueno de la Corte Constitucional. Ulloa señaló que se vienen jornadas de altísima tensión, con una guerra “todos contra todos”, tomando en cuenta que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, de forma paralela, investiga si los supuestos casos de narcotráfico con la mafia albanesa, en los cuales pretenden involucrar al actual gobierno, comenzaron realmente años atrás, en la era del correísmo. El analista precisó que tanto el paro indígena como la actuación de la comisión ocasional, en su afán de hacer daño al gobierno, provocarán pérdidas económicas incalculables al país, sin mencionar los daños sociales. De ahí que exhortó al régimen a rectificar sus políticas, para generar empleo, seguridad y salud, y a la Asamblea Nacional a legislar y fiscalizar con seriedad, pues ambas partes tienen hoy un altísimo nivel de repudio en la población.

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