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Ecuador: octubre 18, 2024

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Ecuador, octubre 18, 2024
Ecuador Continental: 01:23
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Frente Parlamentario Anticorrupción presentará a la Fiscalía nombres de candidatos a alcaldes, prefectos y concejales vinculados al narcotráfico

El legislador Fernando Villavicencio, como ejemplo de las supuestas vinculaciones habló del actual alcalde de Manta, Agustín Intriago, candidato a la reelección   El Frente Parlamentario Anticorrupción, este 6 de enero, oficializará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de legisladores y candidatos a alcaldes, prefectos y concejales del país que estarían vinculados al narcotráfico.   El anuncio lo realizó el legislador nacional, Fernando Villavicencio, quien dijo que este jueves el país conocerá los primeros nombres de candidatos supuestamente vinculados al narcotráfico y que el Frente Parlamentario pedirá a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a todos los organismos encargados de la lucha contra el crimen organizado investiguen los nombres de quienes están vinculados a la narcopolítica. La denuncia también la presentarán al presidente de la República, Guillermo Lasso. Villavicencio adelantó que la primera denuncia, de una serie de documentos que entregarán a la Fiscalía General del Estado, incluye varios nombres de candidatos a gobiernos locales y también incluye operaciones de al menos un asambleísta, que en otros momentos ya se ha presentado información.   “Entregaremos indicios y relaciones de varios candidatos y partidos políticos relacionados con operaciones ilegales, delincuencia organizada y crimen organizado en el país”, reiteró Villavicencio.   En la lista hay nombres de candidatos a alcaldes, prefectos, concejales y asesores, y como un ejemplo reveló que posee todos los documentos entregados por la Notaría del cantón 24 de mayo en la provincia de Manabí, que confirman que al menos dos empresas de Leandro Norero (quien tenía procesos penales por lavado de activos y tráfico ilícito), maquilladas a través de Daniel Mistele, representante del consorcio Mantavía, firmaron contratos y auspiciaron varias candidaturas en la provincia de Manabí, en particular la del actual alcalde de Manta, Agustín Intriago. Hay dos contratos firmados, reiteró Villavicencio, quien dijo que la Fiscalía tiene la obligación de investigar a esas dos empresas, cuyos representantes están vinculados a una empresa del actual alcalde de Manta y candidato a la reelección.   Aclaró que no es un problema contra un partido, porque no solamente es de un partido sino de varios movimientos políticos que inscribieron candidatos a las alcaldías, y que existen otros candidatos de provincias fronterizas como Esmeraldas, donde existen aportes y financiamientos a varios partidos políticos y candidatos. Fuente: El Universo

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Vicepresidente de la Asamblea, en contra de destituir al presidente de la República

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira, no considera necesario destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso, como plantea el correísmo y otros sectores de oposición. Pereira concedió una entrevista a “Punto de Orden”, donde analizó este y otros temas de coyuntura política. A su juicio, las condiciones del país no son las apropiadas para un cambio de mandatario. Dijo que hubo momentos complejos donde Lasso pudo caer, pero considera que ahora la situación es distinta. Pereira dejó en claro que las expresiones que lance en este sentido Virgilio Saquicela, el presidente de la Asamblea, son a título personal, y no en representación de todos los legisladores. Sin embargo, lamentó que el Gobierno mantenga su postura de alejamiento con la Asamblea. Como ejemplo citó que ya no acuden los ministros a las mesas de diálogo, donde se analizaban diversos proyectos de ley. Asamblea le debe al país Pereira reconoció que, a nivel general, la Asamblea Nacional le debe al país, ya que muchos legisladores no cumplen sus funciones. Aceptó, por ejemplo, que numerosos asambleístas no han presentado ni un solo proyecto de ley, no intervienen en las sesiones, no hacen aportes al debate, e inclusive faltan de forma continua, pese a lo cual cobran puntualmente sus salarios.

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Otto Sonnenholzner: La mayoría de ecuatorianos rechaza a los legisladores y si les preguntas si quieren que haya menos, es como que les preguntaras si quieren abrazar a su mamá en Navidad

El exvicepresidente dice que la consulta popular que impulsa el régimen no es lo que se necesita para superar la inseguridad y la crisis de institucionalidad. El exvicepresidente Otto Sonnenholzner no confirma una candidatura presidencial para el 2025, pero sí se anima a darle algunas ideas al mandatario Guillermo Lasso para solucionar algunos problemas del país en cuestiones de seguridad y economía. No cree que la consulta popular que impulsa el régimen logre nada, pues opina que lo que hace falta es más decisión para tomar acciones concretas y efectivas. Actualmente, Sonnenholzner reside en Estados Unidos, pues está estudiando en Harvard. Regresó unos días a Guayaquil por las fiestas de Navidad y de fin de año, aunque también se reunió con grupos ciudadanos que apoyan una eventual postulación.   ¿Cree que las elecciones del 2023 serán un termómetro de las del 2025? No necesariamente, porque si usted revisa las del 2019 el correísmo sacó 0 alcaldías a nivel nacional, y en el 2021 fueron finalistas en las presidenciales; sin embargo, no dejan de ser una foto del momento político, y un espacio para identificar nuevos liderazgos a nivel nacional. Eso es importante. Y las discusiones locales no siempre, o casi nunca, están ligadas a la nacional. Los problemas locales son otros, tienen que ver más con servicios básicos, la calidad de vida… lo nacional tiene relación con lo político, el desarrollo del país.   Pero este año la problemática local coincide con la nacional: la inseguridad. Sí, y eso es interesante porque sin duda esta será una campaña, sobre todo en la Costa, que estará muy centrada en la inseguridad. Hago énfasis en la Costa porque los problemas de inseguridad en las provincias que no son costeras son menores. De hecho ya hay candidatos que ofrecen resolver los problemas de inseguridad sin que sea su competencia. Y además está la consulta popular del Gobierno, que plantea cuestiones sobre el tema, como las extradiciones.   Sobre las propuestas de los candidatos, creo que prácticamente todas las propuestas son concurrentes, incluso la seguridad. Los alcaldes y prefectos no están a cargo de la fuerza pública, pero de todos modos hay una serie de medidas, acciones que son complementarias que se pueden ejecutar en beneficio de las ciudades. Lo principal es la cooperación con el Gobierno nacional, que esto deje de ser una especie de discusión o acusación de quién es más o menos responsable, es lo que la ciudadanía necesita. Y sobre la consulta, el Gobierno la vende como necesaria por dos razones: para mejorar la gobernabilidad y combatir la inseguridad. Creo que en ninguno de esos dos casos se cumple ese propósito. Entonces, eso se vuelve riesgoso porque generas una expectativa que mañana se va a devolver en forma de reclamo.   ¿Por qué cree que ninguna pregunta cumplirá su propósito? Algunas preguntas son interesantes, pero no son una solución mayor. Lo de las extradiciones, sí, puede ser válido porque hay desconfianza en los sistemas judicial y penitenciario ecuatorianos, pero lo ideal es que resolvamos esos problemas, no se puede tercerizar las responsabilidades del país. Pero ¿con las extradiciones se resuelve el problema del narcotráfico? Conozco muchos países donde la extradición existe hace años y ese problema no está resuelto. Eso puede ser una ayuda temporal, pero no definitiva… En el tema de institucionalidad, la mayoría de ecuatorianos siente rechazo por los legisladores, no de ahora, y si les preguntas si quieren que haya menos, es como que les preguntaras si quieren abrazar a su mamá en Navidad, van a decir que sí, eso no resuelve los problemas de gobernabilidad e institucionalidad del país, ni los económicos. La mayoría dirá que sí, pero la próxima elección ya no estaremos molestos con 137 sino con 100. No son soluciones definitivas para esos problemas, ni tampoco para los problemas de inestabilidad que tiene el Gobierno, estos últimos se resolverán cuando el Gobierno tenga una gestión que dé resultados que la ciudadanía perciba, sino siempre tendrán conflictos con las demás fuerzas políticas e instituciones del país.   ¿Y cómo se podrían resolver todos estos según usted? En materia de seguridad, acciones concretas en materia de fortalecimiento, equipamiento, y formación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tengo mucho interés en conocer los pormenores de la reunión de Lasso con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuáles son los acuerdos en material de seguridad, esas cooperaciones son necesarias. Además, entiendo que están avanzando en una hoja de ruta con el Gobierno de Israel, no tengo detalles, pero he oído que se propone con ellos alguna inversión en materia de seguridad… hay que ejecutar estos acuerdos, no pueden quedar solo en conversaciones, pues los problemas siguen asfixiando a la gente. En lo económico, la única solución que tiene el país es que se reactive con fuerza una inversión pública en infraestructura, sobre todo, que se ha pagado desde hace años. Ya el país, gracias a las decisiones oportunas que se tomaron en su momento y a los ecuatorianos que estamos haciendo un esfuerzo pagando un poco más de impuestos, combustibles, ha estabilizado la economía, ahora el Gobierno tiene que transformar esta estabilidad en bienestar, y eso solo se logrará con crecimiento económico… Sí hay caminos, pero todos están en la cancha de la gestión del Ejecutivo.   Pero hay iniciativas legales que el Gobierno planteó a la Asamblea para consolidar su plan de gobierno y no se los aprobaron, como la ley de inversiones. El régimen habla de un bloqueo permanente. Sí, el marco actual puede mejorarse, pero con el que existe hubo récords de inversión en el 2018. Pero cuando se está a cargo de Ecuador y tienes doce legisladores y te has peleado con todas las fuerzas políticas sin excepción, que firman comunicados conjuntos, no tienes apoyo de un legislativo con el que casi nunca se puede contar, entonces no te puedes echar a lamentar si no que tienes que ver cómo resuelves, en el marco de tus competencias como Ejecutivo, a

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Presidente vetó totalmente la Ley para derogar la reforma tributaria vigente

El presidente Guillermo Lasso vetó totalmente la ley que pretendía derogar la reforma tributaria vigente desde el 29 de noviembre de 2021. La norma fue aprobada por la Asamblea Nacional el 30 de noviembre de 2022. El Jefe de Estado explicó que esta decisión se toma “por inconstitucional e inconveniente” del proyecto, por lo que pasará a la Corte Constitucional (CC) que, en 30 días, deberá pronunciarse a favor o no de la lectura del Gobierno. En caso de que la CC falle a favor de la opinión del Ejecutivo la derogatoria a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia covid-19 no podrá ser tratada por el Legislativo en al menos un año. Pasado este tiempo y para tratar el articulado nuevamente la Asamblea necesitará el voto favorable de 92 asambleístas. “Ante el obrar irresponsable del legislativo y en atención a la responsabilidad constitucional que la Función Ejecutiva ejerce sobre la Administración Pública, corresponde al colegislador actuar con responsabilidad y objetar totalmente este proyecto de ley”, sostuvo el presidente Lasso. En el documento remitido por el Primer Mandatario además se reitera que la decisión se dio tanto por ser inconstitucional e inconveniente. “…al derogar una ley que permite una recaudación estimada de 946,32 millones de dólares anuales, que se destina para educación salud, y demás prestaciones y servicios públicos, la Asamblea Nacional incumple con su mandato de conducirse de forma responsable y atenta contra la estabilidad y sostenibilidad económica”. Y recordó que: “esta Administración asumió la economía nacional con un déficit fiscal superior a los 7.000 millones de dólares, lo que obligó a tomar medidas como el incremento impositivo enfocado en quienes más poseen, y que mediante una administración prudente se ha logrado reducir dicho déficit a menos de 2.000 millones…”. Fuente: El Telegrafo

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Entra en vigencia la ley del trabajador autónomo que prohíbe confiscación. Estos son sus seis puntos clave

Normativa contempla régimen especial para afiliación al IESS, un sistema nacional de registro y acceso a crédito y bonos de vivienda. Desde este 16 de diciembre de 2022 empezó a regir la Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y del Comerciante minorista (tras su publicación en el Registro Oficial) luego que fuera aprobada el 17 de noviembre pasado por la actual Asamblea Nacional. Su proceso de tratamiento, desde el debate y la entrada en vigencia ha durado al menos trece años. Ahora, a través de esta normativa se establecen al menos seis puntos clave para el trabajo de este sector productivo de la sociedad. Deberes y derechos de los comerciantes minoristas. Creación, ampliación y mejoramiento de centros minoristas para acopio, distribución y comercialización que tengan instalaciones necesarias, guarderías, centros médicos, centros de desarrollo infantil, entre otros. Se creará un Sistema Nacional de Información y Registro. Derecho de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en un régimen especial con todos los beneficios. Tendrán financiamiento preferente de hasta 25 salarios básicos y acceso al bono de la vivienda. Se prohíbe la confiscación de los productos a los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas. La nueva normativa se publicó en el tercer suplemento del Registro Oficial n.º 2113 publicado el 16 de diciembre pasado. Ahí se recuerda que el primer debate había sido celebrado el 23 de junio de 2009 por parte de la Asamblea Nacional y que el segundo debate fue el 26 de octubre de 2010, siendo aprobado el 14 de febrero de 2011 por 103 votos. Sin embargo, dicho proyecto de ley fue objetado totalmente por el entonces presidente Rafael Correa, el 17 de marzo de 2011. Argumentó el entonces mandatario que esa ley contenía temas que ya se abordaban en la Ley de Economía Popular y Solidaria que estaba por enviarse a la Asamblea. De acuerdo con la ley vigente sobre el tema de vetos, la Asamblea hubiese podido tratar el tema un año después del veto total, sin embargo, se animó a retomarla recién once años después, y la aprobó. La ley indica que toda persona natural que, dentro del territorio nacional, se dedique al trabajo autónomo y/o al comercio minorista será amparado por esta ley. El trabajador autónomo o por cuenta propia es quien desarrolla actividades de fabricación, producción, distribución y/o comercialización de bienes y/o prestación de servicios, de manera personal, ambulante o fija, habitual o temporal, sin relación de dependencia y cuyo capital de operación no supere los 36 salarios básicos unificados del trabajador privado. En cambio, el comerciante minorista tiene las mismas características, pero es considerado minorista porque comercializa y no fabrica productos. Entre los derechos de trabajadores autónomos y minoristas, se nombra: Derecho al trabajo utilizando espacios adecuados de conformidad con la normativa jurídica dictada por los gobiernos autónomos descentralizados. La capacitación gratuita, en los diversos campos ocupacionales. Acceso a la seguridad social. Obtención de líneas preferenciales de financiamiento en el sector público hasta 25 salarios básicos. Acceso a planes y programas preferenciales de financiamiento para vivienda, a través de las entidades financieras del sector público o del sector financiero popular y solidario y de los ministerios respectivos. La participación en la silla vacía de conformidad con la Constitución de la República. En cuanto a las obligaciones de las personas dedicadas a estas actividades se les establecen: Desarrollar sus actividades de conformidad con normativa jurídica dictada por los gobiernos autónomos descentralizados. Comercializar y distribuir, en forma preferente, bienes y/o servicios generados por la producción nacional. Sujetarse a los procesos de regulación y control. Respetar las normas de calidad, así como los pesos, medidas y precios, de los bienes y servicios que produzcan y/o comercialicen. Registrarse, ante la autoridad competente, en el Sistema Nacional de Información y Registro de las y los trabajadores autónomos y de las y los comerciantes minoristas, a fin de contar con una base de datos que permita determinar su condición y establecer e implementar políticas públicas en su beneficio. De manera resumida, el Estado se compromete a garantizar el ejercicio de sus derechos, a través de los diversos niveles de gobierno. Los Gobiernos Autónomos incluirán dentro de sus planes, programas y proyectos de desarrollo y en su presupuesto inmediato anual, partidas presupuestarias para la creación, ampliación, mejoramiento y administración de los centros de acopio de productos, centros de distribución y comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados, en los cuales los trabajadores autónomos y los comerciantes minoristas ejerzan sus actividades. Dichos establecimientos contarán con todos los servicios básicos, con centros de desarrollo infantil, comedores populares, centros médicos, guarderías y centros de capacitación para los trabajadores autónomos y los comerciantes minoristas. Un artículo importante de la ley es el que prohíbe toda forma de confiscación, requisa, decomiso, incautación, apropiación, desposeimiento o cualquier otra medida punitiva que involucre la privación de fabricar, producir, distribuir y comercializar bienes y servicios, de los trabajadores autónomos y de los comerciantes minoristas, en los espacios públicos autorizados por la autoridad competente. Pero además se les prohíbe fabricar, producir, distribuir y comercializar toda clase de bienes o servicios que se encuentren prohibidos por la ley o sean de dudosa procedencia. Adicionalmente la ley establece una serie de disposiciones transitorias con plazos para cumplir varias tareas. Seis meses Los gobiernos autónomos descentralizados del país dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la vigencia de esta ley, armonizarán su normativa jurídica de conformidad con la Constitución y esta ley. Doce meses El Estado pondrá en funcionamiento un programa nacional de capacitación, asistencia técnica y financiamiento a fin de mejorar la competitividad y eficiencia de los trabajadores autónomos y de los comerciantes minoristas. Doce meses El Estado a través del órgano competente, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, implementarán el Sistema Nacional de Información y Registro de los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas. Noventa días El presidente de la República expedirá el reglamento para la aplicación de la presente ley. Fuente: El Universo

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Padres están obligados a pagar doble pensión alimenticia aunque no reciban décimo

Según cifras de Coparentalidad, 650 mil juicios de pensiones alimenticias se registraron a diciembre de 2021. Juan Andrade (nombre protegido) tiene 38 años y un hijo menor de edad. El 30 de junio de 2022 fue despedido de su trabajo en una consultora privada. Su primera preocupación fue la pensión alimenticia de su hijo. ¿Cómo pagaré sus alimentos? ¿Puedo ir preso si no cancelo? ¿Puedo llegar a un acuerdo con la madre? Su inquietud se asemeja a la de otros padres de familia que atribuyen la responsabilidad al Estado y que en Diciembre deben pagar el doble aunque no reciban décimos. Darío Paladines, vocero del colectivo Coparentalidad Ecuador, advierte que el Estado no cuenta con una base de datos que permita conocer cuál es la situación laboral de aquellos padres de familia judicializados por pensión de alimentos.  Cada año sube el Salario Básico Unificado (SBU) pero no se toma en cuenta la realidad económica del demandado. El demandante fija,  a través de un juez la pensión que corresponde a agosto y diciembre en la región Sierra, y abril y diciembre para el régimen Costa y Galápagos. Santiago Villarreal, otro representante del colectivo, explicó que todo padre tiene que cancelar 14 pensiones alimenticias reciba o no reciba décimos. Esta es una inconstitucionalidad que tiene el Código de la Niñez, porque obliga a los padres que no reciben esos recursos a cancelar sobre lo que no tienen, dijo.  “Se podría llegar a un acuerdo de pago, pero hay que pagar sea como sea, de lo contrario le emiten una boleta de apremio por no cancelar dos pensiones alimenticias”. Por eso, diciembre (por Navidad) y agosto (por inicio de clases) son los meses en que más boletas se emiten.. Según Coparentalidad, 650 mil juicios de pensiones alimenticias se registraron a diciembre de 2021. Esta situación es preocupante, porque la pensión se calcula sobre los ingresos recibidos por el prestador de alimentos. Paladines, quien tiene un proceso por alimentos desde hace cinco años (tiene empleo, pero no está en rol de pagos),  pide a la Asamblea Nacional emprender en un estudio actuarial de la situación laboral de los demandados, y la realidad económica del padre y la madre “sin favoritismos”, expresó. Reformas a la vista El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció en una entrevista con NTN24 en Washington, que prepara reformas para endurecer penas y sustituir otras. Uno de estos cambios es reemplazar la prisión por falta de pago de pensiones alimenticias. “Necesitamos que estén trabajando para que cumplan las responsabilidades”, dijo el mandatario. El proyecto de reforma ya lo analizan en Presidencia y Lasso tiene previsto presentarlo en enero a la Asamblea. ‘Es incoherente’ Darío Paladines califica de incoherencia que se exija el doble pago cuando solo 3 de cada 10 trabajadores tienen empleo formal.  La pensión debe cancelarse hasta que el beneficiario haya cumplido los 21 años. El incumplimiento del pago no debe pasar de dos cuotas. El tercer atraso puede significar que el demandante emita una boleta de apremio (prisión preventiva). Se solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) información sobre cuál es la tendencia de atraso en pensiones alimenticias que se da en los meses de septiembre y diciembre, y se informó que se realizan las consultas internas pertinentes con el área respectiva. Vías de solución La legislación ecuatoriana prevé vías de solución en caso de que un alimentante no pueda cumplir con la pensión asignada por pérdida de empleo.  El experto en litigios de familia, Alonso Sarzosa, dijo que se puede propiciar una demanda o incidente de rebaja de la pensión de alimentos si un juez dictó anteriormente una sentencia y fijó un monto económico para el menor.  Los jueces pueden reducir las pensiones a quien no tiene trabajo, y se fijan en función de los ingresos, y el demandante debe probar su realidad económica. (SC) Ecuatorianos con empleo adecuado Según cifras del Ministerio de Trabajo, 1´595.629 trabajadores recibieron el décimo tercer sueldo en 2021.Eso representó un 3% más que en 2020, pero un 8% menos que en 2019. En promedio, en estos tres años, 1´621.292 personas recibieron dicho bono. Se espera que para el 2022 sea una cifra similar. En otras palabras, todo apunta a que alrededor de cinco de cada diez ecuatorianos con empleo adecuado recibirán el doble sueldo de diciembre.  Es decir, una minoría dentro del mercado laboral se beneficiará del bono navideño, que debe ser pagado a los empleados en relación de dependencia y jubilados hasta el 24 de diciembre de cada año. Para su cálculo, se toma en cuenta todo lo ganado durante el año calendario, desde el 1 de diciembre del año inmediatamente anterior hasta el 30 de noviembre del año en curso, dividido para 12. Esto si el empleado ha solicitado su acumulación. Sin embargo, cada vez menos personas ingresan al mercado laboral con todos los beneficios de Ley. Por eso, el décimo tercer sueldo ha quedado como una ventaja para unos pocos, lo que hace que sea más importante utilizarlo de la mejor manera posible. (JS). Pensiones alimenticias Recaudación y pago entre enero de  2019 y noviembre de 2022. 2019: $660’361.072 2020: $600’040.507 2021: $688’794.236 2022: $643’030.658 (al 30 de noviembre de 2022) Fuente: Consejo de la Judicatura Trámite El padre que debe pagar los alimentos debe ingresar a la página del CJ. Allí encontrará el formulario de rebaja de alimentos. Debe descargar el archivo y llenarlo. También debe adjuntar al formulario un documento que acredite la desvinculación. Puede ser un acta de finiquito, aviso de salida del IESS. Luego Debe esperar que un juez convoque a una audiencia para revisar el monto de las pensiones. La audiencia se realizará vía telemática; el juez evaluará los argumentos de quien solicita la reducción y tomará una decisión. Puede fijar una pensión mínima que puede ser del 28% de un salario básico.   Fuente: La Hora

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Cinco asambleístas rindieron versión por denuncia penal por el caso Cpccs

Virgilio Saquicela, Presidente de la Asamblea, acudió ayer con Marcela Holguín (correísmo) y Mireya Pazmiño (exPK) a la Fiscalía. Un total de Cinco asambleístas rindieron versión por denuncia penal por el caso Cpccs. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), estuvo en la diligencia en la Fiscalía General del Estado, en medio del receso legislativo este jueves 22 de diciembre del 2022. Lo hicieron para rendir su versión sobre la noticia criminis que presentaron en contra del ciudadano Manuel Vicente Párraga Quiroz, por haber interpuesto siete acciones de protección a favor de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que fue censurada y destituida por el Pleno. Investigación “La Fiscalía tiene que investigar y luego de su investigación determinar si existe la comisión de un delito y llamar al procedimiento judicial respectivo”, dijo Saquicela, quien requerió agilidad de este organismo frente a lo que calificó de “manipulación de la justicia”. Además de Saquicela, se presentaron las asambleístas del correísmo Marcela Holguín y Pamela Aguirre; el socialcristiano Esteban Torres; y Mireya Pazmiño, separada de la bancada de Pachakutik. Cuestionamientos Los legisladores cuestionaron que Párraga presentara siete acciones de protección con medidas cautelares entre las 15:18  y las 16:49 del 22 de noviembre del 2022 en el cantón La Concordia, de las cuales solo una fue admitida a trámite por el juez Ángel Lindao, quien anuló el juicio político a la mayoría del Cpccs. “De manera sospechosa se concedió la medida a las 22:38 del mismo día, teniendo como antecedente que todas las anteriores acciones planteadas después del análisis prolijo de los jueces constitucionales del cantón La Concordia fueron inadmitidas”, comentó Pazmiño. Versión del juez En la diligencia, los asambleístas solicitaron que también se requiera la versión del juez Lindao por tramitar esta acción de protección en un cantón alejado de Quito, en donde tiene la sede el Legislativo. Posible destitución A su vez, Saquicela rechazó que el magistrado amenazara con destituir a los legisladores por desacatar el fallo y alterar el orden democrático. “Rechazamos la pretensión insólita, ilegal, inconstitucional, inmoral, improcedente, de pretender la destitución de los legisladores”, puntualizó. El presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, dijo el miércoles pasado que no conoce al ciudadano que presentó las acciones de protección. Fuente: El Comercio

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Francisco Jiménez considera que algunos asambleístas quieren sabotear al Gobierno

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, cuestionó este lunes 19 de diciembre del 2022 a los legisladores que no se presentaron en las dos últimas sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Debido a la ausencia de los parlamentarios, no se debatió el proyecto de reformas en materia de seguridad, tampoco se posesionó al Superintendente de Bancos. Eso constituye un sabotaje para el Gobierno. Para Jiménez, existe una falacia que tiene que ser desmontada respecto a la actuación de los legisladores de Unión por la Esperanza (Unes), del Partido Social Cristiano (PSC), algunos de la Izquierda Democrática (ID) y de Pachakutik (PK). Los asambleístas emitieron un comunicado el 18 de diciembre donde informaron que no legitimarán con su presencia la posesión del Superintendente, prevista para la noche del domingo. No hubo quórum. Tampoco hubo suficientes legisladores, en la tarde, para tratar el segundo debate del proyecto de reforma sobre seguridad, enviada por el Ejecutivo. El Superintendente fue designado por los cuatro consejeros de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), para quienes se anuló la destitución por orden del juez Ángel Lindao. “Eran dos sesiones distintas. Si fuese verdad de que no le iban a dar crédito al Juez, entonces por qué, al menos, no sesionaron en la tarde como les correspondía. Simplemente no les interesa el país. Hay algunos asambleístas que, lamentablemente, están obsesionados con poner cortapisas al Gobierno. Lo único que buscan es sabotear el trabajo del Gobierno”, expresó Jiménez durante una entrevista en radio Democracia. Según Jiménez, los legisladores que no dieron cuórum buscan proteger sus “parcelas de poder” y persiguen el control del Cpccs. “No se dan cuenta el daño inconmensurable que buscan hacerle al Ecuador. Pero se van a dar con la piedra en los dientes. La ciudadanía no es tonta. El próximo febrero vamos a ver cómo la ciudadanía ajusta cuentas con todos los actores políticos”, sentenció en relación a las ocho preguntas de la consulta popular. Expectativas del Gobierno Jiménez fue legislador antes de llegar al Ministerio y bajo esa experiencia supone que el proyecto en materia de seguridad no se debatió porque fue estrategia de los asambleístas que se opusieron a la posesión del Superintendente. Espera que, en una próxima sesión del Pleno, en la que se programe solo el tratamiento de temas de seguridad, los legisladores aprueben el proyecto. Sin embargo, no tiene el mismo optimismo para el caso del Superintendente. “Allí, hay la obsesión de poner al frente del Cpccs a Sofía Almeida, creo que esa es una hoja de ruta que ya la han definido y la van a forzar de cualquier manera”, manifestó. La posesión quedará estancada y la justicia tendrá que dirimir. Un escenario de enfrentamiento entre la Función Judicial y el Legislativo es lo que prevé el Ministro si los legisladores incumplen decisiones constitucionales porque implica el desacato. Desde este 19 de diciembre, la Asamblea Nacional entró en vacancia legislativa. El funcionario aseguró que el Gobierno termina el 2022 satisfecho y tranquilo de haber mejorado los índices en materia económica y devuelta paz al país en lo que respecta a las manifestaciones. Reconoció que aún está pendiente el tema de la seguridad, que debe ser trabajado. El Ejecutivo se mantiene alerta a posibles movilizaciones de organizaciones sociales en el 2023. Reunión Ecuador y EE.UU. Jiménez refirió que el presidente Guillermo Lasso se encuentra en Estados Unidos (EE.UU.). Allí se reunirá con su homólogo Joe Biden. En ese país, el Primer Mandatario tiene tres objetivos: dialogar sobre la producción para establecer un Tratado de Libre Comercio, fortalecer la institucionalidad democrática, y sobre la seguridad. Fuente: El Comercio

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Asamblea Nacional no posesiona al Superintendente de Bancos, Roberto Romero, y se va de vacaciones por quince días

A partir de este 19 de diciembre, los 137 asambleístas se acogen a la vacancia legislativa por dos semanas La Asamblea Nacional no pudo cumplir con la orden judicial del juez multicompetente, Ángel Lindao, de posesionar a Roberto Romero, como nuevo Superintendente de Bancos, pues no acudieron los legisladores a la convocatoria a la sesión 833, en modalidad virtual, formulada por el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela.   Hasta las 21:00 de este domingo 18 de diciembre, solo se registraron 56 asambleístas conectados de manera virtual, y el presidente de la legislatura dejó constancia de que se convocó a la sesión e inclusive se invitó al funcionario que tenía que tomar posesión, pero que no hubo el quórum reglamentario para instalar la sesión.   La posesión del funcionario deberá esperar el retorno de la Asamblea de su periodo de vacaciones que inicia este lunes 19 de diciembre por quince días, los legisladores recién reactivarán las labores plenarias a partir del 3 de enero de 2023.   El pasado 16 de diciembre, dentro de la acción de protección planteada por el ciudadano, Manuel Párraga, el juez de La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ordenó la posesión de Romero y para lo cual concedió 48 horas; por ello, Saquicela convocó a sesión virtual este domingo.   Al conceder la acción de protección, el juez Lindao, declaró nulo el juicio político y consecuentemente la censura y destitución aprobada por 85 asambleístas el 18 de noviembre en el pleno de la Asamblea de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. La razón de la nulidad: haberse vulnerado sus derechos dentro del proceso. Con ello, los cuatro consejeros recuperaron sus cargos y continuaron con el proceso de selección de funcionarios de control y entre ellos, del nuevo Superintendente de Bancos que aún no se posesiona ante el Parlamento como lo señala la Constitución.   Comunicado Tras la convocatoria realizada por Saquicela, los asambleístas que integran las bancadas Unión por la Esperanza, el Partido Social Cristiano, los legisladores Yeseña Guamaní, Marlon Cadena, Wilma Andrade, Luis Marcillo, Daniel Onofa y Ramiro Frías de la bancada Izquierda Democrática, así como Mireya Pazmiño, Peter Calo y Ángel Maita, del sector denominado Rebelde de Pachakutik, suscribieron un comunicado anunciando que no asistirán a la reunión.   Este grupo de parlamentarios advierten la ruptura del Estado de derecho en el país cuando se pretende obligar a posesionar al Superintendente de Bancos designado por una mayoría del CPCCS, que a su criterio fue censurada y destituida del cargo.   En el comunicado, ese sector de políticos, señala que no legitimarán con su presencia en el pleno la intromisión de un juez desacreditado en la primera función del Estado.   “Rechazamos y advertimos al país el ridículo abuso de derecho con el cual se pretende utilizar la justicia para beneficiar a un ciudadano designado como Superintendente de Bancos en un proceso que carece de eficacia jurídica”, incluye el comunicado.   Además anuncian que impulsarán todas las acciones necesarias contra “el flagrante abuso del juez”; que, si es necesario, apelarán a las instancias internacionales para evitar el despropósito judicial.   ID desconoce apoyo El presidente nacional de la Izquierda Democrática, Enrique Chávez Vásquez, rechazó el pronunciamiento de las bancadas UNES, PSC y de cinco asambleístas de la ID, liderados por Wilma Andrade, Yeseña Guamaní y Marlon Cadena, de no asistir a las convocatoria a las dos últimas sesiones de la Asamblea para aprobar el proyecto de ley que reforma varias leyes en materia de seguridad y a la posesión del Superintendente de Bancos.   Chávez desconoce la posición personal asumida por los legisladores: Wilma Andrade, Luis Marcillo, Daniel Onofa y Ramiro Frías, así como también de otros asambleístas que fueron separados de la bancada legislativa de la ID: Marlon Cadena y Yeseña Guamaní.   Su postura, añadió el dirigente nacional de la ID, está alineada al correísmo y socialcristianismo, la cual no representa a los principios ideológicos del partido naranja. Que la ID no será un vehículo para posicionar ni defender intereses personales, anotó Chávez. Fuente: El Universo  

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UNES y PSC bloquean reunión plenaria que incluía aprobación de reformas sobre seguridad, y la Asamblea cierra sus actividades hasta el 3 enero de 2023

Los 137 legisladores desde este 19 de diciembre se acogen a la vacancia legislativa aprobada por el Consejo de Administración Legislativa. La ausencia de los legisladores de las bancadas Unión por la Esperanza, Partido Social Cristiano y gran parte de la Izquierda Democrática impidió que la Asamblea Nacional se reúna este 18 de diciembre para tramitar las reformas relacionadas con seguridad que buscaban endurecer las penas a la extorsión que se manifiesta a través de las llamadas “vacunas”. A la sesión convocada por el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, a las 13:50, solo acudieron 47 asambleístas, en su mayoría del oficialismo, independientes, un sector de la Izquierda Democrática y Pachakutik, por lo que la agenda de cuatro puntos quedará para cuando los legisladores retornen de un periodo de vacaciones que comienza este 19 de diciembre y que durará hasta el 3 de enero de 2023, cuando deberán acudir a sus labores. Respecto al proyecto sobre seguridad, las reformas buscan endurecer penas, elevan a categoría de delito la extorsión y tipifican como conducta agravada las llamadas “vacunas”. Tras los resultados obtenidos este domingo, 18 de diciembre, el proyecto se deberá conocer en el pleno en enero de 2023. Para las 20:30 de este domingo, 18 de diciembre, está convocado el pleno a fin de instalar una sesión virtual para posesionar a Roberto José Romero von Buchwald como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos; pero los bloques del PSC, UNES y sus aliados de la ID y Pachakutik adelantaron que tampoco se conectarán. Dentro de la acción de protección que favoreció a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y declaró nulo el juicio político que los censuró y destituyó, el juez de La Concordia Ángel Lindao dispuso a la Asamblea Nacional que posesione en un plazo de 48 horas a Roberto Romero como titular de la Superintendencia de Bancos. La medida se dispone antes de que el Parlamento inicie su periodo de vacancia legislativa. El 16 de diciembre, el juez de la Unidad Judicial de La Concordia notificó a las partes procesales, entre ellas a la Asamblea Nacional, su decisión en la acción de protección que presentó el ciudadano Manuel Párraga en contra de la resolución del 18 de noviembre, con la que se censuró y destituyó a Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo mediante un juicio político. Como medidas también dispuso que la Asamblea pida disculpas públicas, coloque una placa y posesione al superintendente de Bancos. De estas tres cosas, solo la primera ha cumplido, por el momento. El coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, lamentó que los asambleístas de UNES y PSC no hayan asistido a instalar la sesión para aprobar un proyecto de ley que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad. “¿Dónde está el nivel de los legisladores que tienen que darle la cara al país en materia de seguridad?”, preguntó Flores, quien describió que se toparon con curules vacías de legisladores que demuestran que no hay compromiso para abordar los temas que son importantes para los ecuatorianos. De su lado, los asambleístas de UNES y PSC que integran la mayoría legislativa emitieron un comunicado, que también suscriben los legisladores Yeseña Guamaní, Marlon Cadena, Wilma Andrade, Daniel Onofa y Ramiro Frías, de la ID, así como Mireya Pazmiño, Peter Calo y Ángel Maita, del sector denominado Rebelde de Pachakutik, en el que advierten de una ruptura del Estado de derecho en el país cuando se pretende obligar a posesionar al superintendente de Bancos designado por el Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que, según este grupo de asambleístas, fue censurado y destituido por su cargo. En el comunicado, ese sector de políticos, al referirse a la convocatoria nocturna del pleno de este 18 de diciembre, advierte que no legitimarán con su presencia en el pleno la intromisión de un juez desacreditado en la primera función del Estado. “Rechazamos y advertimos al país el ridículo abuso de derecho con el cual se pretende utilizar la justicia para beneficiar a un ciudadano designado como superintendente de Bancos en un proceso que carece de eficacia jurídica”, incluye el comunicado. Este sector de asambleístas anuncia, en su comunicado, que impulsarán todas las acciones necesarias contra “el flagrante abuso del juez”; que, si es necesario, apelarán a las instancias internacionales para evitar el despropósito judicial. Lamentan que se pretenda utilizar un proyecto de seguridad que debía debatirse este domingo, 18 de diciembre, para obligarlos “a asumir la arbitrariedad cometida”. El legislador Salvador Quishpe, del movimiento Pachakutik, advirtió que para la sesión convocada para las 20:30 los asambleístas deberían tener cuidado, porque un juez constitucional de La Concordia dio un plazo de 48 horas para que la Asamblea tome posesión del nuevo superintendente de Bancos electo por el CPCCS; y, de no hacerlo, pueden caer en desacato y puede haber consecuencias que podrían llevar hasta la destitución de asambleístas, porque se está incumpliendo una disposición de autoridad competente. Quienes no acudan a la sesión 833 convocada para este 18 de diciembre podrían incluso ser destituidos del cargo. Fuente: El Universo

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Oficialismo y correísmo acusan a Pachakutik de chantajes para Ley de transformación digital

El Pleno de la Asamblea se instaló este sábado, 17 de diciembre del 2022, para tramitar en segundo y definitivo debate el proyecto de Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, que fue calificado de carácter económico urgente por el Ejecutivo. El oficialismo y el correísmo repudiaron que, desde la bancada de Pachakutik, el asambleísta Christian Yucailla incluyera disposiciones en el informe para que se realice un nuevo concurso para la selección de notarios en el país. Juan Fernando Flores, coordinador del bloque oficialista, manifestó que esa pretensión pretende desconocer los consensos previos que se dieron en una comisión mixta entre el Ejecutivo y el Legislativo durante siete semanas para este cuerpo legal. “No cuenten con nuestros votos para nada de notarios, para chantajes”, enfatizó Flores. Asambleístas del correísmo como Paola Cabezas, Jahaira Urresta y Ricardo Ulcuango señalaron a la bancada indígena de pretender inducir al Pleno a ilegalidades. Aseguraron que se pretende violentar la unidad de materia de esta ley, que tiene por objeto brindar incentivos para la producción audiovisual en el Ecuador y la digitalización de servicios públicos como las notarías. Yucailla no respondió. Sí lo hizo el coordinador de la bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe, quien emplazó a estos sectores a que se entreguen nombres de quienes han condicionado sus votos. Aseguró que la propuesta de Yucailla no fue consensuada por la bancada, pero José Chimbo, otro de los integrantes, reconoció que él pidió que se la incluyera para el debate. “No habló conmigo”, insistió Quishpe. Como una salida el ponente del proyecto y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Daniel Noboa (ind.), mocionó que se vote por separado la propuesta de Pachakutik del resto del articulado. En su ponencia incluyó un video con testimonios del sector audiovisual a favor del texto. Posturas de gremios Antes de arrancar el debate, la Asamblea recibió en comisión general a José Luis Barzallo, de la Cámara de Innovación Tecnológica, y a Jorge Luis Hidalgo, representante de la empresa Green Power. Barzallo evidenció algunas preocupaciones con el proyecto, en lo que tiene que ver con firma electrónica, identidad digital y catalogar a Internet como un servicio público, algo que catalogó de “error histórico”. Incluso planteó que se postergara el debate. Por su parte, Hidalgo llamó a los legisladores para que no legislen a favor de los importadores de combustibles, sino a favor de las inversiones en energías renovables. Cuestionó las posturas de Pachakutik y el correísmo de eliminar el artículo 17 del proyecto, que tiene que ver con exoneración de impuestos para quienes invierten en la generación de nuevas energías. Aseveró que este 2022 Ecuador destinó USD 7 500 millones para la importación de combustibles. “Gastamos más en subsidios que en educación y estamos condenados al subdesarrollo”. Fuente: El Comercio

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Mentiras y montajes prevalecen en la política, según Hernández

La política nacional está degradada. Así lo afirmó el analista José Hernández, director del portal de opinión “4 Pelagatos”, durante una entrevista concedida a nuestro programa “Punto de Orden”. Para Hernández, no hay un mínimo de racionalidad en la actuación política, especialmente en la Asamblea Nacional, donde solo impera la sumatoria de votos, y no la argumentación. El analista hizo notar la forma en que se presentan hechos antojadizos, mentiras y montajes, incluso inventando cosas, en vez de presentar verdaderos argumentos. Como ejemplo mencionó la forma en que intentaron enjuiciar y destituir al presidente Guillermo Lasso, cuando estalló el sonado caso del asesinato de María Belén Bernal, víctima de su propio esposo. Un suceso trágico, pero que de modo alguno puede culparse al jefe de Estado. Hernández también afirmó que la Asamblea, dominada por el correísmo y los social cristianos, simplemente gana tiempo pidiendo disculpas a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, a quienes había destituido, una vez que un juez tiró por tierra su decisión. Ahora solo falta, dijo, que esa mayoría de oposición se busque otro juez, para anular la resolución. El analista puntualizó que la degradación política, especialmente durante el gobierno de Rafael Correa, llevó a meter abiertamente las manos en la justicia, sin siquiera disimular. De ahí que se hace necesario recuperar la institucionalidad del país, y establecer parámetros legales claros.  

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