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Ecuador: julio 26, 2024

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Pese al asesinato de Rubén Chérres, Fiscalía avanza en casos Encuentro y León de Troya; Diana Salazar asegura existirían elementos que ayudarían a sostener una ‘posible acusación’

Nacionales /

El Universo .- El asesinato de Rubén Chérres y de tres personas más ocurrieron el 31 de marzo pasado en una vivienda en Punta Blanca, provuincia de Santa Elena. “El hecho de que Rubén Chérres haya desaparecido ahora, no significa que desaparezcan los elementos con los que ya cuenta la Fiscalía para seguir avanzando en la investigación. Solamente ha desaparecido un presunto responsable, pero los hechos continúan y tenemos manera de llegar a la verdad”.   Lo dicho por la fiscal general Diana Salazar, este 4 de de abril, durante una comparecencia en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, terminó siendo la respuesta a interrogantes que se generaron tras el asesinato de Rubén Chérres y tres personas más, hechos ocurridos en una vivienda en Punta Blanca, provincia de Santa Elena, y conocidos la tarde del viernes 31 de marzo pasado.   Cuál sería el rumbo de las indagaciones abiertas en la Fiscalía bajo los nombres de caso Encuentro y caso León de Troya o si las causas penales que están en investigación previa se quedan sin piso con la muerte de Chérres, estaban entre las preguntas más comunes entre la gente.   Justamente, los siete asambleístas del bloque de la Revolución Ciudadana y los dos del Partido Social Cristiano que integran la Comisión de Participación buscaban no solo que la fiscal Diana Salazar, sino también que el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de la Policía Nacional, General, Fausto Salinas, informen respecto a las acciones ejecutadas sobre la orden de detención que pesaba en contra el hoy fallecido Chérres, así como den pormenores del asesinato. Ni Zapata, ni Salinas asistieron al llamado.   Aunque para correístas como la asambleísta Viviana Veloz, quien es una de las solicitantes del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, Chérres era un testigo clave dentro de los casos Encuentro y León de Troya, Salazar aclara que el hoy fallecido no era ningún “testigo clave” en el caso, sino era un sospechoso que podía haber avanzado, si las investigaciones lo ameritaban, a ser un procesado. Cherres, quien era amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, era uno de los directos investigados por supuestos actos de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico, caso denominado Encuentro, y también por presuntos vínculos con negocios relacionados con el narcotráfico y la mafia albanesa, caso llamado León de Troya. Como parte de la primera causa, desde el 21 de enero pasado el empresario Chérres mantenía una orden de detención. Según Salazar, las investigaciones siguen su marcha sin habérselas unificado, es decir, tanto el caso Encuentro como León de Troya son manejadas de forma autónoma por dos fiscales de los cuales no se reveló su nombre, pese a que así lo pidió una asambleísta de la Comisión de Participación Ciudadana. “Entendamos que estos son hechos graves y sensibles y tenemos que proteger la identidad de los fiscales que están conociendo cada una de las causas”, refirió.   Al no existir entre los sospechosos personas con fuero de Corte Nacional, ninguna de estas causas están en manos de Salazar. Fiscales de las unidades especializadas en Delincuencia Organizada (Unidot) y de Indagaciones Previas del despacho de la Fiscalía General llevan las investigaciones que el caso Encuentro inició mediante un parte policial remitido por la Unidad de Investigación de la Fiscalía General; y que el caso León de Troya arrancó por un parte de la Unidad Contra el Tráfico Interno (UCTI) de la Policía.   Según la Fiscalía, dentro del expediente del caso Encuentro se habrían realizado, desde enero hasta inicios de abril últimos, 487 requerimientos de información, 97 señalamientos de versiones -de las cuales se ha receptado 23-, seis incautaciones, doce allanamientos y se han solicitado cerca de 16 autorizaciones judiciales.   “Estas actuaciones investigativas evidencian el trabajo técnico, jurídico y responsable que ha venido desplegando la Fiscalía, cuyos resultados han permitido obtener 56 indicios generales respecto a la materialidad y presuntas responsabilidades. Es decir, estamos avanzando y vamos por buen camino. También se han recabado 54 indicios electrónicos, los mismos que están siendo sometidos a pericias informáticas. (…) No puedo informar los detalles, pero sí se puede indicar, sin poner en riesgo el avance de la investigación, que hemos encontrado elementos muy importantes que nos ayudarán a sostener una presunta acusación”, aseveró Salazar.   Como parte del caso León de Troya, informó la Fiscalía, el 27 de febrero se obtuvo la autorización judicial para continuar con la investigación previa y el 6 de marzo pasado se dio la delegación a la Unidad Especializada en Investigaciones de la Fiscalía General. En este tiempo se han emitido 55 impulsos en los cuales, entre otras cosas, se ha solicitado la lista de agentes y oficiales que fueron designados a esta investigación previa en el caso León de Troya y que participaron realizando los seguimientos y vigilancias, para que den cuenta a la Fiscalía de cuál fue su actuación.   Para esta misma investigación previa se habría solicitado al fiscal de la Sala de Interceptación Telefónica den acceso para que los nuevos agentes policiales de la ULCO designados puedan analizar 5.531 audios que forman parte de la investigación León de Troya.   Ni en lo referente a Encuentro o León de Troya la fiscal Diana Salazar ahondó en detalles. Indicó que al estar ambos casos en investigación previa, existe una prohibición legal que obliga a mantener la reserva en las actuaciones que se realizan.   La Fiscalía mantiene una tercera investigación abierta en relación a Rubén Chérres. Está última estaría encaminada a definir los responsables materiales e intelectuales de los cuatro asesinatos ocurridos en Santa Elena.   Ante la sensibilidad, la gravedad, la magnitud y trascendencia de los hechos que rodean el asesinato de Chérres la investigación previa de este caso fue desplazada a la ciudad de Quito. La etapa preprocesal será conocida e impulsada por uno de los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot). 

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Reacciones encontradas tras aprobación del informe que recomienda juicio político a Guillermo Lasso

Nacionales /

EL COMERCIO .- La aprobación del informe que recomienda a la Asamblea llevar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, ha generado reacciones de diversos actores políticos. La asambleísta Viviana Veloz, de la bancada UNES, señaló en su cuenta de Twitter: “Presidente Lasso, la Asamblea en nombre del pueblo con 104 votos le ha dicho ¡BASTA! Le queda poco tiempo en el poder. El juicio político es inminente. No podrá escapar de sus delitos políticos. Tenga algo de dignidad y permita una transición en paz por el bien del Ecuador”.   Mario Cuvi, viceministro de Gobernabilidad, también reaccionó ante la decisión de la Asamblea. El funcionario señaló: “Ecuatorianos: tranquilos. Lo de hoy es solo más show desde la Asamblea. La votación y aprobación de informe no tiene valor legal. Todos quieren mostrarse como ‘fiscalizadores’ para ocultar la verdad: no han hecho nada positivo por el país. Aún no existe juicio político”. Cuvi explicó que “un juicio político puede empezar con pedido de 1 asambleísta y 46 firmas. Sin embargo, el informe aprobado cambiando cosas a última hora es un retaso mal armado que no vincula al Presidente de la República. Lo importante: la votación de hoy no tiene valor legal alguno”. Más reacciones Virgilio Hernández, parlamentario andino, señaló por su parte: “Para gobernar se requiere legitimidad! Al Pdte @LassoGuillermo: No le apoya 9 de cada 10 ecuatorianos. 85% rechaza su gestión. 104 asambleístas de 137 apoyan juicio político! Solo le queda la canalla mediática, FFAA, Policía y un sector de la banca! #LassoAJuicio”. Mientras tanto, el Movimiento Revolución Ciudadana emitió un comunicado en el que felicita “el valiente trabajo de nuestros 47 asambleístas quienes hoy, una vez más, han interpretado de manera precisa el sentir ciudadano recomendando con sus votos el llamamiento a juicio político al presidente Lasso”. Por su parte el expresidente Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, envió el siguiente mensaje: “Presidente Lasso NO tenga miedo, vaya al Juicio Político y si no le llaman pida a la Asamblea ser recibido y desnude la narco corrupción de los interpelantes y recuperará el apoyo del pueblo. Y si los asambleístas insisten en su destitución convoque a Muerte Cruzada“.

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CREO confía en que Corte Constitucional, no dará paso a juicio político contra presidente Lasso

Política /

Como de “una fantasía” calificó Guido Chiriboga, asambleísta de CREO y jefe de su bloque, el informe elaborado por la Comisión Ocasional del llamado “Caso Gran Padrino”. Dicho documento asegura que el presidente de la República, Guillermo Lasso, incurrió en delitos de cohecho y omisión de la seguridad del país, por lo cual recomienda su enjuiciamiento político. De acuerdo a la ley, el reporte será presentado este jueves ante el pleno del Parlamento, y de ser aprobado, será enviado a la Corte Constitucional, para que autorice o no la interpelación. Para Chiriboga, ni a Esopo, famoso fabulista de la antigua Grecia, fallecido hace 2.500 años, se le hubiera ocurrido tanto. El legislador advirtió que la comisión, conformada en su mayoría por correístas, tenía desde el principio el objetivo de recomendar el juicio político, sin analizar siquiera si las supuestas causales existen. De ahí que confía plenamente que la Corte Constitucional, cuando llegue el pedido, lo rechazará de inmediato. De ser así, dijo, la Asamblea ya no tendrá argumentos para destituir al presidente, pues el anterior fue utilizado el año pasado, sin éxito. Chiriboga recordó que, en cambio, el presidente Lasso puede aplicar el recurso denominado “muerte cruzada”, por 3 posibles causales, de las cuales solo una requiere la aprobación de la CC. Asimismo, el parlamentario señaló su extrañeza ante los constantes cambios de opinión de la Conaie, lo cual demuestra que sus propias bases se dan cuenta de los fines políticos que persiguen ciertos líderes. De ahí que se mostró confiado de que podrán evitarse las movilizaciones de los indígenas, ante la evidencia de que el país quiere paz y progreso, algo que solo es posible bajo el liderazgo del presidente Lasso.

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“Traición a la patria” Comisión Legislativa Ocasional plantea juicio político contra Guillermo Lasso

Nacionales /

La Comisión Ocasional Multipartidista de la Verdad, Justicia y Lucha Anticorrupción -que investiga el caso llamado El Gran Padrino- plantea enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, por Traición a la Patria. Este es un delito estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el cual se sanciona con cárcel de siete a 10 años. Esa comisión emitió hoy el informe borrador, de 221 páginas, que mañana a las 08:00 prevé debatir y aprobar. En el documento refieren que Lasso habría incurrido en el causal 7, de los 15 que conforman el delito Traición a la Patria. “No informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil”, indica el causal 7 del artículo 353. Omisión de delitos contra la administración pública En el borrador, además, se recomienda aplicar el proceso judicial al Presidente por supuestamente haber adecuado su conducta al artículo 129, numeral 1 de la Constitución. El texto establece el enjuiciamiento político en casos de delitos contra la seguridad del Estado. Igualmente, por el numeral 2. Refiere delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. “La conducta analizada se adecúa al cometimiento de delitos contra la administración pública (…) a través de los actos perpetrados y que han sido expuestos en el informe, dan mérito al enjuiciamiento político, su censura y destitución”, refiere el documento de la comisión. 🔴 #ATENCIÓN | El informe borrador de la Comisión que investiga el #CasoEncuentro recomienda la destitución del presidente @LassoGuillermo. ⤵️ pic.twitter.com/z1F419Ynnn — CENTRO Digital (@radiocentroec) February 28, 2023 Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Por otro lado, en el documento de la Comisión Ocasional se agrega que el mismo será remitido a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado a fin de que dentro de sus competencias inicien las investigaciones respectivas y adopten las medidas pertinentes. Fuente/redacción: Metro

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Asamblea no ha establecido delitos que ameriten juicio del presidente Lasso, según analista Carlos de Tomaso

Nacionales /

La Constitución de la República establece muy claramente, cuáles son los únicos motivos para el enjuiciamiento político del presidente de la República, por lo cual no se pueden incluir otros. Así lo señala el analista Carlos de Tomaso, en su columna publicada en Diario El Universo. De Tomaso recuerda que, en las actas de la Asamblea Constituyente, el 18 de julio del 2008, se incluyó la posibilidad de una interpelación al jefe de Estado, siempre y cuando hubiera incurrido en: delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y delitos de lesa humanidad. El mismo capítulo, agrega en analista, establece que el juicio político, si bien no requiere enjuiciamiento penal, sí debe tener dictamen favorable de la Corte Constitucional. Es decir, si la Corte no lo aprueba, no hay juicio. Dicho dictamen depende de lo siguiente: uno, si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución; dos, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa; y tres, si, en consecuencia, procede o no iniciar el juicio político. El objetivo es brindar protección reforzada a la democracia, para que no se desvíe el poder, y por ende no se corra el riesgo antidemocrático de la destitución sin causa de un presidente, señala De Tomaso en su columna. En su opinión, no existe respecto al presidente Lasso, conexión con ninguno de los tipos penales que son causal de juicio político, dentro del llamado “Caso Encuentro”. De ahí, concluye, es la oportunidad de oro de la Corte Constitucional de dictar una nueva jurisprudencia respecto al alcance de su dictamen, y dejar sentado que no es un simple examen formal, sino que tienen que examinar si hay causa o es un forjamiento de la causal.

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Asamblea y Gobierno deben rectificar, o el costo para el país será enorme, según analista César Ulloa

Política /

Difíciles días se le vienen al país. Así lo advierte el analista político, César Ulloa, al evaluar las nuevas movilizaciones anunciadas por la Conaie para el 7 de marzo, y el eventual informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, que estudia el denominado “Caso Encuentro”. En su opinión, es fácil establecer que la “investigación” de dicha comisión ocasional, tiene como único objetivo llevar a juicio político al presidente Lasso, lo cual depende del visto bueno de la Corte Constitucional. Ulloa señaló que se vienen jornadas de altísima tensión, con una guerra “todos contra todos”, tomando en cuenta que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, de forma paralela, investiga si los supuestos casos de narcotráfico con la mafia albanesa, en los cuales pretenden involucrar al actual gobierno, comenzaron realmente años atrás, en la era del correísmo. El analista precisó que tanto el paro indígena como la actuación de la comisión ocasional, en su afán de hacer daño al gobierno, provocarán pérdidas económicas incalculables al país, sin mencionar los daños sociales. De ahí que exhortó al régimen a rectificar sus políticas, para generar empleo, seguridad y salud, y a la Asamblea Nacional a legislar y fiscalizar con seriedad, pues ambas partes tienen hoy un altísimo nivel de repudio en la población.

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Catedrático afirma que no hay pruebas para enjuiciar al presidente Lasso

Política /

No hay ninguna prueba que involucre al presidente Lasso, en los supuestos actos de corrupción denunciados dentro del “Caso Encuentro”. Así lo señaló Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, en entrevista con “Punto de Orden”. En su opinión, la Asamblea Nacional carece de elementos para enjuiciar políticamente al jefe de Estado, y más aún porque las supuestas “pruebas”, proporcionadas por el polémico portal “La Posta”, son bastante flojas, sin argumentos reales, y propias de una prensa sensacionalista. Moscoso justificó la indignación mostrada por Lasso dentro de este proceso, porque se lo vincula incluso al narcotráfico. La intencionalidad de la oposición es clara, dijo, porque busca una causal para la destitución. “Quieren defender a líderes corruptos” El catedrático anotó que la Asamblea, controlada por grupos opositores, tratará de encontrar “la quinta pata al gato”, y justificar así una eventual interpelación. Por suerte, agregó, para un juicio político debe existir primero la aprobación de la Corte Constitucional, que felizmente está conformada por gente proba, seria e inteligente, que no se prestará al sainete que quiere montar la comisión parlamentaria. En este ámbito, Moscoso lamentó que la mayoría de asambleístas no sepa ni siquiera los reglamentos básicos, mucho menos la Constitución, lo cual los lleva a cometer disparates y saltarse las leyes cuando les conviene. A su criterio, lo único que quieren ciertos asambleístas es proteger sus intereses, y en el caso del correísmo, conseguir la impunidad para sus líderes, sentenciados por casos de corrupción. El resto, como la grave situación económica y social del país, les tiene sin cuidado y les importa un pepino. Moscoso es partidario de que el presidente Lasso disponga la muerte cruzada, para librar al país de esta Asamblea, y gobernar, al menos durante unos meses, mientras se convocan elecciones, por decreto. Indígenas buscan detonante Para Arturo Moscoso, la posible movilización indígena, que está en análisis, no es más que un detonante que buscan ciertos sectores, para justificar el juicio político contra el presidente de la República. A su juicio, son “voces destempladas” que quieren configurar un supuesto “escenario de conmoción interna”, que permita dar paso a la interpelación. Y para ello no tienen empacho en disfrazarse de “defensores sociales”, con el único fin de desestabilizar al país.

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Petroecuador no tiene contabilidad ni auditoría actualizada, según el ministro Fernando Santos

Nacionales /

EL COMERCIO  .- La nueva gerente encargada de Petroecuador, María Elisa Soledispa, tiene dos tareas urgentes. La flamante funcionaria deberá contratar una empresa autorizada para llevar la contabilidad de la petrolera estatal y revisar el monto de giro que tiene el titular de esta entidad pública. Así lo informó este 13 de febrero de 2023 Fernando Santos, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Santos advirtió que el gerente general de Petroecuador tiene una capacidad de giro de hasta USD 100 millones. Para este tipo de transacciones el titular de la petrolera estatal no requiere la aprobación del Directorio. “Esto se encuentra permitido en la Ley (de empresas públicas), eso hay que cambiar. No son solo las personas, es el sistema estatista que ha llegado a su agotamiento”, refirió Santos. Petroecuador no tiene contabilidad El manejo de la contabilidad de Petroecuador es otro de los temas pendientes de la nueva gerente encargada de esta empresa pública. Santos mencionó que en esta entidad “no tiene contabilidad, no tiene auditorias. No importa porque la Ley de Empresas Públicas dice que usen cualquier sistema de contabilidad generalmente aceptado, no las normas internacionales de información financiera”. Por esta razón, el Ministro de Energía refirió que solicitó ya al exgerente, Hugo Aguiar, contratar una auditoria y bajar el límite de los giros del titular de Petroecuador sin autorización del Directorio. Aguiar presentó su renuncia irrevocable al cargo el 10 de febrero de 2023, tras el allanamiento que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Nacional en su domicilio y oficinas. Ante esto el Directorio designó el 11 de febrero de 2023 a Soledispa como gerente encargada. Soledispa tendrá ahora que asumir estas tareas que son consideradas “urgentes”, precisó Santos. Petroecuador solicitó al Directorio un presupuesto de USD 5 721 millones para cubrir sus gastos operativos e inversiones en 2023. Esto representa un incremento del 34% con relación al presupuesto de 2022 (USD 4 272 millones). El titular del Ministerio de Energía mencionó también que para erradicar la corrupción en la empresa petrolera se requiere también, entre otros, el apoyo del Legislativo para reformar las leyes. Además, sugirió que en el manejo de esta empresa –una de las más grandes del país- se cuente con veedores de la ciudadanía y de la Comisión Anticorrupción. Los antecedentes Todas estas decisiones se plantean debido a la denuncia de presuntos hechos de corrupción en las empresas públicas, que es parte del caso Encuentro. Dentro de este operativo, aparte del domicilio del exgerente de Petroecuador, la Fiscalía allanó el 10 de febrero pasado el domicilio de Ítalo Cedeño, exgerente de la petrolera estatal. También de César P. y Marcos M., investigados en esta causa. Las oficinas de la Gerencia y la Procuraduría de Petroecuador, y de la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República, en Quito fueron también allanados el 10 de febrero de 2023.

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Denuncia de La Posta carece de pruebas, afirma Diego Ordóñez

Política /

El secretario nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, restó importancia a las denuncias de supuestos actos de corrupción, lanzadas por el portal “La Posta”, y advirtió que hasta ahora no hay una sola evidencia sólida. En su opinión, existen personas interesadas en ingresar a la estructura del gobierno, con el fin de realizar actos ilícitos. Sin embargo, aseguró que no han podido hacerlo, o al menos como ocurrió en los gobiernos anteriores. Tanto así, que de las acusaciones sobre supuesta venta de puestos en Aduanas o Ministerio de Agricultura, todavía no existe ninguna prueba. Ordóñez fustigó la supuesta “denuncia” de La Posta, pues asegura que la investigación tomó 6 meses, y todo eso para presentar un audio cuestionado, y un cuadrito con flechitas y cromos. Algo que incumple todos los códigos deontológicos del periodismo. Ordóñez subrayó que personas como Santiago Cuesta y José Serrano, tan cuestionados por irregularidades y corrupción durante las presidencias de Lenín Moreno y Rafael Correa, ahora pretenden “lanzar piedritas”, en lugar de responder por las gravísimas denuncias que los dejaron expuestos. Se justifica extradición El funcionario también justificó la Consulta Popular planteada por el Gobierno, y en especial la primera pregunta, relacionada con la extradición, pues permitiría aplicar sanciones efectivas contra involucrados en graves escándalos, como narcotráfico y lavado de activos. Ordóñez anotó que los opositores de la Consulta, son justamente quienes serían extraditados por estas anomalías. Por ejemplo, Nielsen Arias y los partipantes en el Caso Las Torres. El secretario de Seguridad explicó, además, que en el directorio de las empresas públicas participan 3 personas, incluyendo el delegado del presidente de la República, quien lo encabeza. Por tanto, mal se puede decir que hay un solo funcionario que concentre todo el poder. Se respeta independencia de funciones Ordóñez advirtió que el Gobierno Nacional, desde el primer momento, se propuso respetar la independencia de funciones. Como prueba señaló que ni la Contraloría ni la Fiscalía hacen informes “a pedido”, como era habitual en las anteriores administraciones, para ocultar atracos. Sobre Luis Verdesoto Por otra parte, justificó la renuncia del secretario de la Comisión Anticorrupción, Luis Verdesoto, debido a que tardó mucho tiempo en elaborar el informe sobre las denuncias, y además simplemente presentó presunciones, sin conclusión alguna. En su opinión, ese informe era inapropiado y carente de responsabilidades, pues no tenía siquiera firma de responsabilidad.

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