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Ecuador: septiembre 7, 2024

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Ecuador, septiembre 07, 2024
Ecuador Continental: 18:34
Ecuador Insular: 18:34

Revolución Ciudadana se desmarca de exasambleísta Ronny Alega

El movimiento Revolución Ciudadana marca alguna distancia con su exlegislador Ronny Aleaga, uno de los principales involucrados en el llamado “Caso Purga”, sobre corrupción judicial y vínculos con el narcotráfico. Sobre Aleaga pesa una orden de prisión y una orden de difusión roja, precisamente a causa de esta relación. Para la asambleísta Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, cada quien debe responder por lo que hace y por lo que dice. Puede ser mi amigo del alma, mi compadre, pero si hace o dice algo, debe ser usted el que responda, dijo. A su criterio, tampoco debe trasladarse al movimiento, o peor aún, a la Asamblea, el eventual delito. Él fue militante, y no sé si lo siga siendo –apuntó Pierina Correa- de la Revolución Ciudadana. La legisladora hizo una analogía con el caso del también exasambleísta Pablo Muentes. ¿Qué hizo el Partido Social Cristiano, al cual pertenecía? Aclarar que él –Muentes- debe responder por sus actos. Correa también indicó que no se puede afectar al PSC por lo que hizo o dejó de hacer su exparlamentario, porque no fue a nombre del partido, y mucho menos de la Asamblea Nacional. Salvo que la investigación señale que existe algún otro tipo de señalamiento, no se puede hacer una afectación a un partido o movimiento, por lo que haga una persona en particular, remarcó.

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Está comprobado: el expresidente Correa coincide con el crimen organizado, afirma jurista Ramiro García

La corrupción judicial dio un nuevo giro. Y para el jurista Ramiro García, estamos frente a un fenómeno inédito. Consultado por “Punto de Orden”, explicó que, durante mucho tiempo, esta corrupción mostró sus vínculos con sectores políticos, financieros y económicos. Pero ahora fue más allá: hay relación de jueces con el narcotráfico y el crimen organizado. A tal punto, dijo, que ciertos magistrados ansiaban convertirse en narcos. Basta leer los chats extraídos del teléfono celular de Mayra Salazar, detenida en el “Caso Metástasis”, para comprobar como algunos de ellos querían “enviar kilitos” de droga para hacer dinero. Para el jurisconsulto, son evidentes los vínculos de ciertos actores políticos con la mafia y la justicia. Y en primer lugar mencionó al expresidente Rafael Correa, quien ahora dice que “no conocía” a Mayra Salazar. De ahí la necesidad de mejorar sustancialmente la metodología, utilizada en la selección de jueces. Junto con otros jurisconsultos, García presentó una propuesta que fue parcialmente aceptada, y que permitirá mejorar el sistema. El objetivo es designar a magistrados con los más altos estándares académicos, de modo que sus fallos se conviertan en puntos de referencia para otras instancias. Entre estos requisitos está una calificación adecuada de los posgrados o masterados, ya que muchos candidatos presentan títulos comprados a “universidades de garaje”. El mejor antídoto a estas trampas, anotó, es que cada paso sea público. García advirtió que solo al crimen organizado le interesa tener jueces ignorantes, “para pasarles los fallos en un pen drive”. Y como prueba mencionó que la mitad de los magistrados de la Sala Penal de la Corte del Guayas está en prisión. Y algunos de ellos, para remate, eran candidatos a ser jueces nacionales. En su opinión, solo con concursos claros y transparentes, que atraigan a los mejores profesionales del país, mejorará la justicia. Caso contrario, tendremos “una corte de delincuentes”, como era el deseo de Wilman Terán. Parte del problema está en que el Consejo de la Judicatura “gira sobre su eje”, en vez de avanzar. Es decir, sus vocales están más preocupados en repartirse los cargos internos, bajo una “lógica mafiosa” dominada por Terán y Xavier Muñoz, también detenido por corrupción. García lamentó que la justicia se prostituyera en el camino. Por ejemplo, en la emisión de medidas cautelares.

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La justicia se convirtió en la plataforma del crimen organizado, señala exministro Henry Cucalón

El escándalo desatado por los Casos Metástasis y Purga, y que demostró graves casos de corrupción judicial, genera voces críticas, así como reclamos para cambios urgentes. Uno de ellos es del ex ministro de Gobierno, Henry Cucalón. En diálogo con “Punto de Orden”, Cucalón señaló que los dos casos antes mencionados, simplemente confirmaron la complicidad de cierta clase política y de operadores de la justicia con el crimen organizado, a un nivel nunca antes visto. El expremier señaló que la valiente acción de la fiscal general, Diana Salazar, le está mostrando al país la forma en que jueces corruptos, se convirtieron en parte de esta plataforma delictiva, que tenía el único fin de someter al estado, mediante actos de terrorismo y anarquía. Para Cucalón, “perros de los perros” fueron capaces de poner jueces, para favorecer a narcotraficantes. Es hora que la justicia, la verdadera justicia, les demuestre que no habrá impunidad, y que caerá todo el peso de la ley sobre sus hombros, anotó el ex ministro. A su criterio, la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa, debió mantener preguntas sobre el mejoramiento de la justicia. Un tema que estaba en el borrador original, pero que después fue eliminado. De ese modo, dijo, evitaríamos que “fichas” como “el borrachín” Xavier Muñoz, y el “Luis Miguel” de la Justicia, como calificó a Wilman Terán, ambos presos por actos de corrupción del “Caso Metástasis”, puedan nuevamente comandar el Consejo de la Judicatura. Es decir, evitar que sujetos así tengan poder, para satisfacer los voraces apetitos de los “enloquecidos por el dinero”. Nuevos jueces con mejores reglas El ex ministro de Gobierno se mostró partidario de aplicar reglas más estrictas, en los concursos para elección de nuevos jueces y directivos judiciales. Por ejemplo, la “probidad notoria”, uno de los requisitos, debe ir más allá de un simple certificado. De ese modo se evitaría la presencia de personajes como el propio Terán, pues ya se conocía que estaba involucrado con el crimen organizado. PSC debe responder En cuanto a los vínculos del Partido Social Cristiano con la red de corrupción del “Caso Purga”, Cucalón exhortó a la prensa a preguntarle a sus directivos, sobre el poder que tenía el exasambleísta Pablo Muentes, actualmente detenido. Según dijo, Muentes era el “jefe de facto” del bloque del PSC, durante el anterior periodo legislativo, junto a personajes del calibre de Ronny Aleaga, prófugo de la justicia, Virgilio Saquicela y el “guacharnaco”. En su opinión, todo partido está por encima de sus integrantes, y no debe proteger sus delitos. La “vendetta” del correísmo El exministro lo tiene claro: el juicio político a la fiscal, Diana Salazar, no es más que una “vendetta” del correísmo, por su combate al crimen organizado. ¿A quién le conviene que no combatan al crimen organizado? Solo a una organización política, puntualizó. Si bien el PSC ha prometido no votar por la censura de la fiscal, sus expresiones no convencen a Cucalón.

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Defensa de Pablo Muentes insiste en que lo trasladen a Cárcel 4, de Quito

La defensa del exasambleísta social cristiano Pablo Muentes, uno de los principales implicados en la red de corrupción del llamado “Caso Purga”, insiste en que lo trasladen de la Cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, a la Número 4, de Quito. Diego Chimbo, abogado de Muentes y de su primo, Fausto Alarcón, tiene el encargo de realizar esta gestión. El jurista reconoció haber planteado un recurso de Habeas Corpus para sus clientes, pero finalmente desistió. Tanto así, que no se realizó la audiencia respectiva. Muentes y Alarcón estuvieron primero en la Cárcel 4, pero el SNAI ordenó su traslado a la Cárcel de Cotopaxi. Chimbo calificó este cambio de arbitrario e ilegal, y presentó una apelación. Según el jurista, el ex legislador “sufre de depresión” por los cargos que afronta. Dentro del “Caso Purga”, la Fiscalía estableció que Muentes lideraba una estructura criminal, coordinada con jueces de la Corte de Guayas, para beneficiarse de fallos judiciales. Se vendían desde sorteos hasta sentencias, y se gestionaban incluso acuerdos para evadir multas de tránsito. Entre los 12 detenidos está Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Guayas, y quien era promocionada para ser la futura fiscal.

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Ex presidenta de la Corte de Guayas se desmarca de Mayra Salazar

La ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, negó ser parte de la red de corrupción detectada dentro del llamado “Caso Purga”. Gracias a la colaboración eficaz de Mayra Salazar, relacionadora pública de la entidad, y detenida por sus vínculos con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, la Fiscalía estableció la forma en que se vendían sorteos y sentencias en la función judicial del Guayas, y hasta los montos que debían pagar los usuarios. Entre los señalados y capturados está la propia Gallardo. Sin embargo, ahora marca distancias con quien era su amiga. “Mayra se ha inventado una historia en esos chats. Siempre me he dedicado por la lucha ante la corrupción, siempre. Esa ha sido mi característica”, fue la respuesta de la todavía magistrada emitió, a la acusación de la Fiscalía. “Yo no he recibido dinero alguno, ni he recibido ningún beneficio y tampoco lo he pedido”, agregó Gallardo. La ex titular de la Corte del Guayas y los demás implicados en el “Caso Purga”, tienen orden de prisión preventiva. El proceso abrió el 5 de marzo pasado su etapa de instrucción fiscal, que durará 3 meses. En total hay 12 personas involucradas, incluyendo el exasambleísta social cristiano Pablo Muentes. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Gallardo lideró la red de corrupción, generando cambios de jueces y archivo de sumarios administrativos, de acuerdo a sus intereses. Adicionalmente, hay versiones de que esta organización tenía como objetivo, conseguir la destitución de la actual fiscal, Diana Salazar, y colocar precisamente a Gallardo como su reemplazo.

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Fiscalía publica en su web los chats de Mayra Salazar

La Fiscalía General del Estado colgó en su página web oficial, los chats extraídos del teléfono celular de Mayra Salazar, una de las principales implicadas en el “Caso Purga”. Dicho caso establece graves actos de corrupción dentro de la función judicial del Guayas, donde se montó una red de delincuencia organizada, que vendía sorteos y fallos de jueces. Tal como en el “Caso Metástasis” la Fiscalía subió a su página los chats del “Caso Purga”. Salazar se acogió la cooperación eficaz, y brindó detalles de la forma en que operaban jueces, fiscales y funcionarios. Por ahora hay 12 personas detenidas, de las cuales 9 están con prisión preventiva, 2 con medidas cautelares y la restante con arresto domiciliario, por tratarse de una persona de la tercera edad. Las investigaciones establecieron que los implicados, utilizaron a la justicia para enriquecerse. Salazar trabajó directamente con los procesados, y gracias a su testimonio, que le permitirá recibir una sentencia menor, se conoció la forma en que operaba la red de corrupción. Los chats revelan, entre otros detalles, las tarifas que tenían los jueces para emitir ciertos fallos, y los “favores” que se pedían entre los participantes para determinados beneficios.

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“Justicia a la carta”: la realidad que vive Ecuador, según periodista Juan Carlos Calderón

Ecuador vive un grave problema de “justicia a la carta”. Así lo definió el periodista Juan Carlos Calderón, director del portal digital de investigación “Plan V”, en diálogo con “Punto de Orden”. Para Calderón, los casos “Metástasis” y “Purga” dejaron en evidencia cómo se falsifican sorteos y se venden sentencias, mediante redes delictivas y operadores políticos que están al servicio del narcotráfico, y prácticamente de cualquier otro delito. El gran objetivo, dijo, es la impunidad. En este marco, estimó que existe un sospechoso interés de desviar la atención del público, para hacerle creer que el mayor problema es la presencia de mafia albanesa en Ecuador, cuando la realidad nos indica que son los carteles mexicanos, especialmente los de Sinaloa y Jalisco, los que tienen tomado el país. Calderón calificó de alta gravedad el intento que perpetraron ciertos legisladores, de levantar la reserva de las investigaciones fiscales, con el exclusivo propósito de conocer detalles y transmitirlos a sus socios del crimen. Asimismo, advirtió otro grave problema: la mala experiencia que nos dejan los organismos de control. Por ejemplo, la Contraloría. Los dos últimos contralores están en prisión. El comunicador lamentó que muchos funcionarios miren los recursos públicos como botín, con el fin de saquearlos, en lugar de buscar la forma de protegerlos. Basta recordar que solo en los últimos gobiernos, se han reportado más de 300 casos de corrupción. Un problema que se agrava, por las justificaciones que intentan dar. Basta recordar al ex presidente Correa, defendiendo sobornos porque los considera “acuerdos entre privados” y no delitos. A su criterio, gran parte del problema se debe al deterioro del sistema electoral, que ahora tiene campañas al estilo feria, llenos de dinero sucio y ofreciendo espacios de poder a cambio de financiamiento. Prueba de ello es la falta de control dentro del Consejo Nacional Electoral, precisamente porque sus miembros son representantes de los partidos y movimientos. En resumen, quieren poner la institucionalidad del país a su servicio, cuando debería ser al revés.

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Contraloría investiga patrimonios de jueces del Guayas a raíz del “Caso Purga”

La Contraloría General del Estado puso en marcha un proceso de auditoría, para evaluar los patrimonios de 63 jueces de la provincia del Guayas. En diálogo con “Punto de Orden”, el contralor, Mauricio Torres, explicó que esta investigación deviene del llamado “Caso Purga”, que detectó graves actos de corrupción dentro de la Corte de Justicia del Guayas. Torres precisó que en total se revisarán 423 declaraciones juramentadas, a fin de establecer si los bienes de cada magistrado y funcionario corresponden con la realidad, o si se produjeron incrementos injustificados. Lamentablemente, dijo, por ahora la Contraloría no cuenta con el personal y los recursos logísticos necesarios, para extender de inmediato la investigación a todos los magistrados del país, como sería lo óptimo. Sin embargo, se lo hará de forma paulatina. Torres puntualizó que, lamentablemente, el equipo de la Contraloría es limitado. Apenas tiene 2.900 empleados, incluyendo 600 auditores, para investigar a 3.400 instituciones públicas. Sin embargo, existen ya en marcha varios convenios internacionales, que permitirán mejorar el trabajo de la institución, tanto en equipos como en capacitación. Evaluación positiva Desde que asumió el cargo de contralor, en noviembre pasado, Torres ha encabezado 62 informes penales, que significan un posible perjuicio para el Estado por 42 millones de dólares. Esa información ya fue enviada a la Fiscalía, que establecerá si los indicios ameritan el enjuiciamiento de los responsables. Tales informes corresponden a glosas e irregularidades de ciertas obras, en temas como la vía Aloag-Santo Domingo, contratación de limpiezas y seguridad, y en la liquidación de Tame, y señalan, entre otras instituciones, a los municipios de Quito, Cuenca y Santo Domingo. Otra falla detectada es el alto número de sanciones económicas no cobradas. En total son 360 millones de dólares por glosas, entre los años 2000 y 2023. Sin embargo, la institución tiene en marcha un proyecto de remisión de multas e intereses, que permitirían recaudar 140 millones de dólares a corto plazo. En cuanto a las auditorías realizadas al censo nacional de población y vivienda, Torres señaló que de las 7 previstas ya se han realizado 3, correspondientes a contratos de personal y comunicación. Según sus cálculos, en 3 o 4 meses estarán los resultados respectivos, tras lo cual se procederá a efectuar las investigaciones restantes. También habrá un análisis interno, con exámenes de patrimonio del propio personal de la Contraloría, con miras a establecer eventuales irregularidades patrimoniales.

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Jaime Nebot ratifica apoyo a fiscal Diana Salazar

El ex alcalde de Guayaquil y líder vitalicio del PSC, Jaime Nebot, reiteró la posición de su partido ante el próximo juicio político a la fiscal general, Diana Salazar. En un comunicado difundido en redes sociales, advirtió que su bloque legislativo no apoyará una moción de censura y destitución, como pretende el correísmo, su aliado en la Asamblea Nacional. Al analizar la situación del exasambleísta social cristiano Pablo Muentes, implicado en actos de corrupción y manejo de la justicia, y del contexto del Caso Purga, fue lapidario: “nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos y no por los ajenos”. Nebot precisó que, dentro del debido proceso, “corresponde a la Fiscalía probar sus acusaciones, a los acusados ejercer su derecho a la defensa y a los jueces emitir sentencias conforme a la ley”. Según el ex alcalde, su partido respetará la independencia de las funciones del Estado, y no interferirá en su labor. Sin embargo, anotó que existen calumniadores “que se aprovechan de una situación ajena al PSC”, para, según dijo, perjudicarlos. “Estas calumnias provienen de un grupillo de personajes frustrados, que en el pasado no cumplieron con las responsabilidades hacia el pueblo ecuatoriano”, puntualizó. Según Nebot, estos “inmorales”, mediante “trolls” (cuentas masivas en redes sociales), buscan crear una cortina de humo para desviar la atención de las investigaciones. También reconoció que “los tentáculos de la corrupción se han infiltrado en ciertos funcionarios del Estado, políticos, empresarios, profesionales, y en quienes se prestan para formar parte de este entramado que ha afectado a las más altas esferas políticas y judiciales ecuatorianas”. Finalmente, afirmó que no necesita manipular la justicia, y repasó como muestra su larga trayectoria política y personal.

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María Josefa Coronel, llamada a Comisión de Fiscalización por “advertencias” de corrupción

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional convocó oficialmente a María Josefa Coronel, ex directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, para este viernes, 8 de marzo. Coronel deberá comparecer de forma telemática, a las 11h00, mediante la plataforma Zoom. La ex funcionaria será interrogada por las supuestas advertencias que lanzó a líderes políticos, sobre la red de corrupción que existía en la Corte de Justicia del Guayas, y que era liderada por el ex asambleísta social cristiano, Pablo Muentes. De acuerdo a las investigaciones del “Caso Purga”, Muentes y varios jueces de la Corte, incluyendo la presidenta, vendían fallos y resoluciones a personas vinculadas al narcotráfico. Coronel, de acuerdo a una entrevista concedida a una radio, advirtió de estas irregularidades al líder del PSC, Jaime Nebot, quien lo negó de forma tajante. Además de la ex funcionaria, fueron convocados Daniel Kuri, Gabriel Díaz y Diana Calderón, ex directores del CJ en Guayas en el ámbito disciplinario; Ana Ayala, actual directora; Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha; y Jorge Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas.

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PSC reitera: no votará por censura de la fiscal Diana Salazar

El arresto del ex legislador Pablo Muentes, por graves actos de corrupción, no cambia la posición del Partido Social Cristiano frente al juicio político a la fiscal general, Diana Salazar. Consultado por “Punto de Orden”, el presidente de la organización política, Alfredo Serrano, reiteró que la decisión está tomada: no votarán por una eventual censura y destitución de Salazar. Serrano explicó que el problema legal de Muentes es un tema personal, y no partidista. Por tanto, no compromete al PSC, si bien se mantendrán vigilantes de que se cumpla el debido proceso, y se acaten las resoluciones de la justicia. Nadie está por encima de ley, subrayó el directivo. Además, el PSC está comprometido con los intereses del país, y no con los de alguien en particular. Tampoco comparte el criterio del expresidente Rafael Correa, quien afirmó que se trataba de “una venganza de la fiscal”, por la censura y destitución de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. En cuanto a las supuestas advertencias que hizo María Josefa Coronel al líder histórico del partido, Jaime Nebot, sobre el manejo turbio de la justicia por parte de Muentes, Serrano precisó que ella misma se retractó al poco tiempo. Incluso, anotó, en su calidad de directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, estaba obligada a denunciar las supuestas irregularidades, lo cual no hizo. Para Serrano, esta actitud “mató el relato” que pretendió realizar Coronel. Finalmente, recalcó que están a la espera de la resolución que tome Jan Topic, para ser el candidato presidencial social cristiano en las elecciones del 2025. En caso de no aceptar, buscarán un plan “B” o un “C”, pues existe la convicción de correr con aspirante propio.

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Detenidos por “Caso Purga”, trasladados a Cárcel 4 de Quito

9 de los 12 detenidos por el llamado “Caso Purga”, y a quienes le dictaron orden de prisión preventiva, fueron trasladados a la Cárcel 4, de Quito, pese a que la Fiscalía había solicitado que sean enviados a la Cárcel Regional de Cotopaxi. De los 3 imputados restantes, uno recibió arresto domiciliario, por tratarse de una persona de la tercera edad, mientras que la esposa del exasambleísta Pablo Muentes y un secretario judicial, obtuvieron medidas sustitutivas. Además deberán usar grillete electrónico. En cambio, para los demás implicados, el juez Javier de la Cadena ordenó la prisión. Por razones de seguridad, la Fiscalía pidió que estas 9 personas no sean recluidas en la misma prisión donde están los implicados en el Caso Metástasis. Por tanto, fueron enviados a la Cárcel 4, de Quito. En el Caso Purga, la Fiscalía presentó 119 elementos de convicción, que muestran que Muentes era el líder del grupo criminal, que negociaba resoluciones judiciales en la Función Judicial de Guayas, para obtener beneficios económicos y materiales. Una de estas resoluciones le permitió beneficiarse, de forma fraudulenta, de una indemnización por 3,9 millones de dólares del Banco del Pacífico, al que le debía dinero. Muentes habría falsificado pagarés, y luego demandó a la entidad financiera.

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Jaime Nebot niega supuestas “advertencias” de Ma. Josefa Coronel en Caso Purga

Nunca recibió tales advertencias. Así lo afirma el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, al responder las declaraciones de la ex directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, sobre los involucrados en el “Caso Purga”. Según Coronel, en una entrevista concedida a una estación radial, tiempo atrás le señaló a Nebot sobre la presunta influencia política que ejercía el exasambleísta de su partido, Pablo Muentes, dentro de la función judicial. Incluso dijo que, desde hace 15 años, existía un “maridaje” el PSC y el correísmo, para manejar la justicia en la provincia. Pero Nebot, en un comunicado difundido en redes sociales, afirmó que eso es algo “absolutamente falso”. Además, dijo, ella (Coronel) era directora del CJ en Guayas. Es decir, la máxima autoridad administrativa y disciplinaria de los jueces y fiscales de la provincia. ¿Por qué, entonces, no presentó la denuncia formal contra los involucrados, ni los sancionó? Coronel formó parte en cierta época de la administración municipal, cuando Nebot era el alcalde de Guayaquil. Fue directora de la Corporación Registro Civil.

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Correístas y PSC quieren tomarse la justicia para afrontar “Caso Purga”, afirma comunicador Martín Pallares

Si el Partido Social Cristiano rompe su palabra, y decide votar a favor de la censura y destitución de la fiscal Diana Salazar, daría un durísimo golpe a su candidato presidencial, Jan Topic. Así lo advirtió el comunicador y analista político, Martín Pallares, en diálogo con “Punto de Orden”. Si bien el PSC anticipó que no apoyará la censura de Salazar, dijo, hay que ver para creer, pues en política nada está descartado. Sin embargo, anotó que censurar a Salazar en estas condiciones, después que expusiera a uno de sus miembros como parte de una red de corrupción, sería sufrir un grave desgaste y un golpe a su imagen, pues aparecería como retaliación. Si se mantiene la situación y la fiscal triunfa en el juicio político, el siguiente paso que darán correístas y social cristianos, según Pallares, sería “meter la mano” en el concurso de nuevos jueces de la Corte Nacional, para tenerlos “a la medida”, y conseguir fallos favorables en los Casos Metástasis y Purga. Este concurso, anotó el comunicador, se volvió un chiste durante la gestión de Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, al punto que los observadores internacionales lo cuestionaron con dureza, y lograron que volviera a cero. Sin embargo, una vez destituido Fausto Murillo, el único que obstaculizaba sus planes, lo intentarán de nuevo. “Purga” puede ir más allá Para Pallares, el Caso Purga aún puede traer muchos otros efectos. Basta que alguno de los implicados decida acogerse a la colaboración eficaz, y diga todo lo que sabe en torno a la red de corrupción. Además, la explotación pericial a los teléfonos celulares de los detenidos, seguramente arrojará importantes revelaciones y contactos. Este entramado solo revela, apuntó, el “caradurismo” de la clase política ecuatoriana. Como ejemplo cita al propio Partido Social Cristiano, que hasta hace poco defendía al ex asambleísta Pablo Muentes, y ahora simplemente se lava las manos, sin siquiera expulsarlo de sus filas, a pesar de la gravedad de las acusaciones. El analista afirmó que, sin el apoyo de Jaime Nebot, Muentes no habría conseguido nada.

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Expectativa por decisión de juez contra implicados en “Caso Purga”

La tarde de este martes se conocería la situación legal de los 12 detenidos, dentro del llamado “Caso Purga”, realizado entre la noche del domingo pasado y la madrugada del lunes. La lista incluye a varios jueces y a un ex asambleísta. La fiscal general, Diana Salazar, como parte acusadora, presentó sus alegatos en la audiencia de formulación de cargos. Su intervención duró varias horas, y estableció la participación de los imputados en crimen organizado. Salazar solicitó la prisión preventiva de 11 de los detenidos, mientras para el restante planteó arresto domiciliario, por ser una persona de la tercera edad. En total presentó más de 10 cajas llenas de expedientes, con las evidencias obtenidas en este caso. Dichas pruebas confirmarían la relación de los implicados con una red de narcotráfico, liderada por el fallecido Leandro Norero. Los abogados de los acusados también tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos, de acuerdo a la ley. En especial cuestionaron la legalidad de los arrestos, lo cual fue rechazado por el juez nacional Javier de la Cadena. El magistrado escuchó a las partes, y anunció que la tarde de este miércoles se pronunciará al respecto.

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