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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
Ecuador Continental: 18:44
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Juez rechaza liberación de Pablo Muentes y otros 3 implicados en “Caso Purga”

El juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, rechazó la solicitud de revisión de medidas solicitada por 4 de los implicados en el llamado “Caso Purga”. Entre ellos está el exlegislador Pablo Muentes, actualmente detenido en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de mayor seguridad del país. A un quinto procesado sí le concedió libertad, con la condición de que se presente periódicamente ante la justicia, y no salga del país. De la Cadena acogió el planteamiento de la Fiscalía, y negó la revisión de las medidas cautelares contra los otros 4 inculpados. La Fiscalía, a través de su titular subrogante, Wilson Toainga, advirtió que los delitos son graves, y en caso de conceder medidas alternativas, existía el peligro de una fuga. La audiencia se desarrolló de forma virtual, y tras la respectiva deliberación, el magistrado emitió su fallo. Previamente escuchó los alegatos de la defensa de los procesos, incluyendo la del propio Muentes. El “Caso Plaga” trata sobre delincuencia organizada, e investiga una red de corrupción judicial, presumiblemente liderada por el exasambleísta, que vendía sorteos y sentencias a líderes criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero.

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Implicados en “Caso Purga” piden revisar medidas en su contra

Se realizó en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de revisión de medidas, solicitada por el exlegislador Pablo Muentes y otros implicados, en el denominado “Caso Purga”. Los acusados piden que se levante la orden de prisión, o que, en su defecto, los cambien de cárcel. Muentes está detenido en “La Roca”, la prisión de mayor seguridad del país. Durante la diligencia, la defensa de los implicados presentó certificados médicos y otros documentos que, a su criterio, justifican otorgarles medidas sustitutivas, como presentación periódica ante la autoridad. Sin embargo, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, pidió al juez de la causa, Javier de la Cadena, que deseche las solicitudes de revisión de medidas, y que les ratifique la prisión preventiva. El “Caso Purga” investiga la conformación de una red de corrupción en la justicia, que vendía sorteos y sentencias a cabecillas criminales. De acuerdo a las evidencias, Muentes habría sido el cabecilla de la organización. Tras escuchar las argumentaciones de las partes, el magistrado suspendió la audiencia para deliberar, y señaló que en su momento determinará hora y fecha para la reinstalación, en la cual emitirá su fallo.

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Consejo de la Judicatura destituyó a varios jueces implicados en corrupción

El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a 7 jueces, un fiscal y un secretario de una unidad judicial, todos ellos actualmente procesados en los casos “Purga” y “Metástasis”. Para la sanción, el CJ señaló que los implicados cometieron una infracción disciplinaria gravísima, por “solicitar o recibir favores, servicios, préstamos en dinero u otros bienes, que por sus características ponen en tela de juicio la imparcialidad del servidor”. Entre los jueces destituidos está la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. La exmagistrada es una de las principales implicadas en la red de corrupción descubierta por la Fiscalía, y que cobraba fuertes sumas de dinero a cambio de sorteos y sentencias a cabecillas criminales, incluyendo al fallecido narcotraficante Leandro Norero. Los demás destituidos son Reinaldo Cevallos, Henry Taylor Terán, Nelson Ponce, Ramos Lino Tumbaco, Guillermo Pedro Valarezo y Johann Marfetán. Este último está procesado en los dos casos mencionados. Acerca del secretario, incurrió en una falta “al no poner en conocimiento de la máxima autoridad cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la Función Judicial, y la imparcialidad de los jueces”. Entre “Metástasis” y “purga” hay 64 personas acusadas de delincuencia organizada.

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Prisión preventiva para 8 de 13 nuevos implicados en “Caso Purga”

El juez de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, dictó prisión preventiva para 8 de los 13 involucrados en el “Caso Purga”. La Fiscalía General había solicitado la detención de todo el grupo, pero el magistrado se limitó a 8 de los implicados. Para el resto estableció otras medidas cautelares y sustitutivas. En este caso están acusados en total 25 personas, incluyendo jueces, exjueces, funcionarios judiciales y militares. El “Caso Purga” investiga la conformación de una red de corrupción en la Corte de Justicia del Guayas, que vendía por fuertes sumas de dinero sorteos y sentencias a cabecillas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. La red era liderada por el exasambleísta Pablo Muentes, quien está detenido junto con varios implicados más en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de mayor seguridad del país. En su intervención, la fiscal, Diana Salazar, solicitó la prisión preventiva, en vista de la gravedad de las acusaciones y el riesgo de fuga. Con el arresto, explicó, se aseguraría la presencia de los imputados en el proceso. El juez de la Cadena dictó prisión preventiva para José Poveda, exjuez de la Corte del Guayas; Esteban Chávez, asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; Mercedes Villarreal, exdirectora provincial de la Judicatura (CJ) en Guayas; Tatiana Villafuerte, exasesora de Pablo Muentes en la Asamblea Nacional; Susana Batalla, ex técnico de ventanilla en el Consejo de la Judicatura del Guayas; Jackeline Domínguez, coordinadora de Talento Humano de la Judicatura del Guayas; Mirian Rodríguez, coordinadora de Secretaría de la Judicatura del Guayas; y Silvia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil, Mercantil e Inquilinato de Guayaquil. En cambio, para Rubén Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura del Guayas; Hugo González, expresidente de la Corte del Guayas y juez de la sala especializada de lo Civil y Mercantil; Juan Xavier Riofrío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y Freddy José Játiva, excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el juez dictó medidas cautelares que les prohíben ausentarse, del país y les obligan a presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad designada. Finalmente, Andrea Patiño, jueza de Durán, por estar embarazada recibió medidas sustitutivas, y debe presentarse semanalmente ante la justicia en Guayaquil. Como parte del dictamen, el periodo de instrucción fiscal se extendió por 30 días.

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Miércoles se resolverá situación de nuevos procesados en el “Caso Purga”

Este miércoles se reinstalará la audiencia de vinculación, contra los 13 nuevos procesados en el llamado “Caso Purga”. El mismo investiga la existencia de una red de corrupción, liderada por el exasambleísta Pablo Muentes, y conformada por jueces y operadores judiciales y políticos. La organización vendía sorteos y fallos a cabecillas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Asimismo, la red favoreció un proceso de Muentes contra el Banco del Pacífico, a quien pretendía sacarle casi 4 millones de dólares como “indemnización”. La audiencia comenzó este martes, pero fue suspendida. Este miércoles determinaría si proceden las órdenes de prisión preventiva contra los 13 nuevos implicados, tal como solicitó la Fiscalía. En la diligencia participó el fiscal subrogante, Wilson Toainga. Durante la misma se individualizaron las actuaciones de cada uno de los nuevos vinculados, empezando por Mercedes Villareal Vera, señalada como autora directa, pues era directora del Consejo de la Judicatura. Otros implicados son Tatiana Villafuerte Moreno, exasesora de Muentes en la Asamblea Nacional, y Hugo González Alarcón, ex presidente de la Corte del Guayas, entre otros. La Fiscalía insistirá en la prisión preventiva, por el riesgo de que los acusados puedan fugar.

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Es hora de depurar la justicia, exhorta reconocido penalista Julio César Cueva

Los escándalos generados por los casos “Metástasis”, “Purga” y “Plaga”, demuestran que en Ecuador es necesario depurar la justicia. Así lo señaló el reconocido penalista, Julio César Cueva, en diálogo con “Punto de Orden”. El jurista advirtió que los testimonios de Daniel Salcedo y Mayra Salazar, implicados en estos procesos de delincuencia organizada, y quienes decidieron acogerse a la cooperación eficaz, solo pueden usarse como referencia, pues existe la doctrina de quiénes son más y menos creíbles, y ambos, como encausados, están en este último grupo. Es decir, las declaraciones de Salcedo y Salazar deben tomarse “con pinzas”, y sujetas a confirmación. Sin embargo, el jurista precisó que esta figura de “cooperación eficaz” funciona, pues permite desmantelar estructuras delictivas. En este caso, una red de corrupción judicial que aún persiste, y que se sigue “llevando en peso” todo lo que puede. Cueva explicó que, de acuerdo a la ley, corresponde a la Fiscalía solicitar la prisión preventiva cuando lo considere conveniente, y justificar que las demás medidas cautelares –prohibición de salida del país, grillete electrónico o presentación periódica ante una corte- son insuficientes. En último caso quien resuelve es el juez, a pedido de la Fiscalía, pues no puede actuar de oficio en este caso. Basta de injerencias políticas Cueva reconoció que es muy difícil erradicar el manejo de la justicia, así como de otros organismos de control, y en gran medida depende de la mentalidad del funcionario. Mientras exista una “génesis política”, es decir, una designación de autoridades en base a acuerdos políticos, ninguna fórmula funcionará, dijo. De ahí que la elección de jueces y otros funcionarios de control debe alejarse de intereses políticos. Entrevista completa:

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Fiscalía involucra a otras 13 personas en el “Caso Purga”

En una audiencia realizada la mañana de este martes, la Fiscalía General involucró a otras 13 personas en el llamado “Caso Purga”, que investiga una red de corrupción en la función judicial, con la participación de operadores políticos. Los nuevos implicados se suman a los otros 12, con lo cual serán 25 los encausados por el delito de delincuencia organizada. La diligencia debía realizarse el lunes, pero el juez de la causa, Javier de la Cadena, ordenó diferirla 24 horas, a fin de darle tiempo a los abogados de los involucrados a que estudien los expedientes. El principal acusado en el “Caso Purga” es el exasambleísta Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano. De acuerdo a la Fiscalía, él dirigía la red de corrupción formada en la Corte del Guayas, donde los jueces vendían sorteos y sentencias a cabecillas de bandas criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Debido al mayor número de implicados, el juez dispuso la ampliación del periodo de instrucción fiscal, hasta fines del presente mes. Encabeza la lista de los 13 señalados Mercedes Villarreal, ex directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, acusada de archivar procesos disciplinarios contra varios jueces, incluida la ex presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo. También fueron involucrados Tatiana Villafuerte, asesora de Muentes en la Asamblea; Rubén Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura en Guayas; Hugo González, juez y ex presidente de la Corte del Guayas; José Poveda, exjuez, y detenido cuando pretendía salir del país; Andrés Chávez, ex asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE); Coronel Juan Riofrío, comandante de la misma unidad; Coronel Freddy Játiva, ex comandante del citado CIE; Andrea Patiño, jueza de Durán; Susana Batalla, funcionaria del área de sorteos de la Corte del Guayas; Jackeline Domínguez, coordinadora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en Guayas; Mirian Rodríguez, secretaria de la misma institución; y Silvia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. Algunos de los implicados favorecieron a Muentes en su causa contra el Banco del Pacífico. El exlegislador falsificó recibos de una deuda que mantenía con dicha institución, y después la demandó por supuesta afectación. Gracias a la red de corrupción, logró que le dictaran una indemnización por casi 4 millones de dólares, aunque no llegó a cobrarla.

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En 2 semanas se elegirían a nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional

El 16 de junio culminaría la fase de calificación, dentro del concurso para la selección de nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En diálogo exclusivo con “Punto de Orden”, el presidente de la institución, José Suing, explicó que la presente etapa consiste en la valoración de los méritos académicos y profesionales, de los 172 candidatos que todavía siguen en carrera. De acuerdo a lo establecido, de entre ellos serán seleccionados los 26 mejores: 10 para jueces, y los restantes 16 para conjueces. El proceso no es fácil, precisó Suing, debido a que se presentaron acciones de protección, que felizmente ya han sido solventadas. Dentro del concurso hay una veeduría internacional, con las atribuciones necesarias para detectar y denunciar posibles falencias, a fin de tomar los correctivos necesarios. Apoyo a depuración judicial En otro ámbito, el titular de la CNJ expresó su total apoyo a los procesos, contra los operadores judiciales implicados en actos de corrupción, y particularmente en los casos “Metástasis”, “Purga” y “Plaga”. Suing afirmó que todos los magistrados están atentos y expectantes de lo que sucede, pues existe el criterio general de que hay que sanear a la justicia. De ahí que mantendrán su respaldo a la gestión de la Fiscalía, encargada de llevar adelante los enjuiciamientos. El magistrado reconoció que la corrupción existe en muchas de las estructuras judiciales del país. Es por ello que se requieren controles más rigurosos y estrictos mecanismos de control, con permanentes evaluaciones a jueces y funcionarios. Y si bien considera que hay errores, también destacó que existen buenos elementos, que brindan justicia especializada. Reformar Consejo de la Judicatura Para Suing, es necesaria una reforma al Consejo de la Judicatura (CJ). Más que de nombres, señala una reforma institucional. A su criterio, se requiere plantear un modelo diferente, de tal modo que el CJ se convierta en el organismo administrativo que debe ser, pero recordando que maneja a la Función Judicial, y esta se compone de jueces. Es decir, sin delegados políticos. Como alternativa podría hablarse de una institución, exclusivamente integrada por delegados de la CNJ, la Defensoría pública y la Fiscalía, dejando fuera a representantes del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional.

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Mayra Salazar reiteró que Pablo Muentes manejaba red de corrupción judicial

Daniel Salcedo no fue el único en rendir su versión este lunes, dentro del llamado “Caso Purga”, que investiga a la red de corrupción que operaba en la Corte de Justicia del Guayas. Dicha organización, manejada por el exlegislador Pablo Muentes y otros operadores políticos y judiciales, vendía sentencias y sorteos a cabecillas del crimen y narcotráfico, incluyendo el fallecido Leandro Norero. Además de Salcedo, rindió su versión la ex comunicadora de la Corte, Mayra Salazar, quien ya había reconocido su participación en la red, y que aceptó confesarlo todo para conseguir una sentencia más benigna. En su intervención, reiteró que conocía el conflicto de Muentes con el Banco del Pacífico, la forma fraudulenta en que adquirió tierras, y la corrupción de la entonces presidenta, Fabiola Gallardo. Salazar también repasó su relación con los antes mencionados. En octubre del 2021 fue contratada, pero le explicaron que su sueldo sería pagado por Muentes. Eran 2.500 dólares mensuales. Entre sus obligaciones estaba asesorar a Gallardo sobre cómo vestirse y maquillarse, así como hablar con mejor dicción. Incluso viajaban juntas. Caso Banco del Pacífico Uno de los temas que mencionó, fue el conflicto legal que mantuvo Muentes con el Banco del Pacífico. El entonces legislador debía pagar una deuda, pero falsificó pagarés y exigió que el banco los aceptara. Cuando se descubrió la trampa, gracias a sus contactos judiciales demandó a la institución, y ganó una “indemnización” por casi 4 millones de dólares. La sentencia de primera instancia fue redactada por Tatiana Villafuerte, exasesora de Pablo Muentes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, exjueza, de la Mujer y expareja sentimental de Fabiola Gallardo. Salazar también mencionó muchos otros casos vinculados a Gallardo y Muentes, y que demostrarían cómo vendían sentencias de forma escandalosa. La excomunicadora exhortó a Gallardo a confirmar su versión.

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Daniel Salcedo ratificó que jueces cobraban enormes sumas por sus sentencias

Daniel Salcedo, condenado por el negociado de insumos médicos durante la pandemia del Covid, y ahora implicado en la red de corrupción judicial, realizó su testimonio anticipado, dentro del llamado “Caso Purga”. Salcedo, quien realizó un trato con la Fiscalía a cambio de una menor sentencia, ofreció muchos detalles de la forma en que operaba esta organización, conformada por jueces y fiscales, y vinculada a operadores políticos. La red vendía sorteos y sentencias a líderes de bandas criminales y del narcotráfico, incluyendo al fallecido Leandro Norero. La diligencia se realizó ante el juez de la causa, Javier de la Cadena, con la asistencia presencial de la fiscal general, Diana Salazar. En su exposición, afirmó que Mayra Salazar, también incluida ahora como testigo protegido, manejaba muchas de las operaciones, descartando así que su labor se limitara a la comunicación social en la Corte del Guayas. Salcedo, utilizando un chaleco antibalas, reconoció que sabía cómo operaba la red de corrupción, liderada por el exasambleísta Pablo Muentes, también detenido, y que la usó en su propio beneficio. De acuerdo a su versión, en el 2020, cuando se conoció su participación en el negociado de insumos médicos, intentó huir en una avioneta a Perú, pero sufrió un percance y fue capturado. En ese entonces el juez Reinaldo Cevallos, también procesado por el “Caso Purga”, le solicitó 300.000 dólares a cambio de darle arresto domiciliario. Pero le pareció excesivo el monto y lo rechazó. En castigo lo enviaron a la Cárcel del Inca, en Quito. Meses después, el mismo Cevallos le ofreció cambiarlo de prisión por 100.000 dólares, aunque quedaron finalmente en 70.000. Fue así que lo llevaron a la cárcel 4, también de Quito, donde incluso podían pedir comida a domicilio. Caso de Jorge Glas Mientras estaba en la cárcel de Latacunga, Cristian Romero, prófugo del Caso Metástasis, se reunió con él y el exvicepresidente Jorge Glas, para pactar los montos que debían pagar a cambio de su libertad. A Salcedo, según dijo, le pidieron 150.000 dólares, mientras en el caso de Glas, le explicaron que de ello se encargaría “Virgilio”, refiriéndose a Virgilio Hernández, figura del correísmo. En ambos casos, la figura usada sería el Habeas Corpus. Gracias a ese pago, agregó, salió en prelibertad en diciembre del 2022. En el 2023, tras ser vinculado al “Caso Metástasis”, huyó a Panamá, donde fue arrestado, para de ahí ser extraditado y llevado a la cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de máxima seguridad del país, donde se encuentra actualmente. Cae otro implicado De forma paralela a la intervención de Salcedo, la Policía Nacional capturó al juez de la Corte de Justicia de Guayas, José Daniel Poveda, implicado en el “Caso Purga”. Poveda intentaba viajar a Nueva York, Estados Unidos, para evadir su responsabilidad en la red de corrupción, pero en los filtros del aeropuerto “José Joaquín de Olmedo”, de Guayaquil, fue detectado y arrestado. De inmediato las autoridades ordenaron su traslado a la Fiscalía de Quito, para llevar a cabo las diligencias correspondientes. El magistrado había sido destituido por el Consejo de la Judicatura, en diciembre del 2022, por procesara una persona cuando la causa ya había prescrito. Asimismo, giró una boleta de libertad a favor del propio Salcedo. Sin embargo, regresó a la Corte de Justicia de Guayas, y se convirtió en uno de los 13 nuevos implicados en el “Caso Purga”.

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Procuradoría acusa a Pablo Muentes y otras 10 personas por “Caso Purga”

La Procuradoría General del Estado presentó una acusación particular contra el exlegislador Pablo Muentes y otros 10 procesados, del denominado “Caso Purga”. La acusación se basa en un artículo del Código Penal, que confiere al Estado la condición de víctima de la infracción penal. La demanda fue interpuesta en la Sala Especializada de lo Penal, Corrupción y Crimen Organizado. Aparte de Muentes, están acusados su esposa, Mónica Alvarado; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; los jueces Johann Marfetán, Henry Taylor, Nelson Ponce, Reinaldo Cevallos, Alberto Lino Tumbaco y Guillermo Valarezo; la ex procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Solano; y el empresario Fausto Alarcón, primo de Muentes. La Procuraduría basa su acción en el artículo 441, numeral 6, del Código Penal, que reconoce al Estado la condición de víctima de la infracción penal, por el “Caso Purga”. Por ello solicita el cumplimiento de medidas de satisfacción, y la reparación material que corresponda. De ser hallados culpables, los implicados tendrían que cubrir fuertes montos.

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Fabiola Gallardo en la mira por compra de lujosa oficina

Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, e implicada en la red de corrupción establecida en el “Caso Purga”, es investigada por la Fiscalía, debido a bienes no declarados. En especial se analiza la compra que hizo de una oficina de 68 metros cuadrados y un parqueadero, en el año 2021, en el futuro edificio “Soho,” por un valor de 167.132 dólares. Esta adquisición consta en el expediente del caso, ya que Gallardo, de acuerdo a las investigaciones, formaba parte de la organización delictiva, que vendía sorteos y sentencias de todo tipo a criminales y narcotraficantes, incluyendo el fallecido Leandro Norero. Gallardo no incluyó la oficina en su última declaración de bienes, realizada en el año 2022 ante la Contraloría, pese a que estaba obligada. Cuando compraba la oficina, la entonces magistrada no especificó la forma en que la pagaría. Se limitó a dar nombres de referencias personales. Hasta el momento de su arresto, la ex presidenta de la Corte del Guayas canceló 31 cuotas, equivalentes a más de 62.599 dólares. Quedan pendientes más de 104.776 dólares. La Fiscalía debe culminar el próximo lunes, 3 de junio, el proceso de instrucción, si bien quedan por analizar reportes financieros de los involucrados. Por tanto, podría solicitar una prórroga. Por lo pronto, el exlegislador Pablo Muentes, uno de los involucrados, fue denunciado por el Banco del Pacífico por falsificar documentos de pago de una deuda. Muentes pretendía una indemnización de casi 4 millones de dólares del banco, pero ahora afronta posibles reparaciones por 6,5 millones.

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Fiscalía pide recibir testimonios anticipados de Mayra Salazar y Daniel Salcedo en “Caso Purga”

La Fiscalía General del Estado solicitó de forma oficial a Javier de la Cadena, juez de la Corte Nacional encargado del llamado “Caso Purga”, que reciba de forma anticipada los testimonios de Daniel Salcedo y Mayra Salazar. Ambos son dos de los principales implicados en la red de corrupción, integrada por jueces, exjueces políticos, y que manejaba sorteos y sentencias en la Corte de Justicia del Guayas. Las investigaciones de la Fiscalía, basadas en gran medida en los chats telefónicos extraídos de los teléfonos celulares del fallecido narcotraficante Leandro Norero, revelaron la forma en que operaba esta organización. De la Cadena deberá fijar día y hora para escuchar los testimonios. Salcedo y Salazar solicitaron un procedimiento abreviado, y ofrecieron revelar todos los detalles del entramado de corrupción, a cambio de ser considerados testigos protegidos y recibir una condena menor, ya que dicen temer por sus vidas. Salcedo, actualmente internado en la Cárcel “La Roca”, la de mayor seguridad del país, fue sentenciado a 13 años de prisión por la venta con sobreprecio de insumos médicos, durante los meses más duros de la pandemia de Covid. Mientras rendía su versión preliminar, Salcedo negoció protección a cambio de más detalles sobre la red que se investiga en el caso Purga. La Fiscalía aceptó su pedido, siempre y cuando entregue todos los datos que conozca sobre la venta de sentencias. Por su parte, Salazar, quien fue comunicadora de la Corte del Guayas, reveló cómo funcionaba el esquema de corrupción, para favorecer al narcotráfico y el crimen organizado, destapado en el “Caso Metástasis”.

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Banco del Pacífico demandará a exlegislador Pablo Muentes

El equipo legal del Banco del Pacífico presentará una demanda contra el ex asambleísta del PSC, Pablo Muentes, y 7 personas más. La causa sería perjuicios materiales e inmateriales, por los cuales pedirá un pago de 6,5 millones de dólares. El banco alega que Muentes, implicado en el llamado “Caso Purga” de delincuencia organizada, falsificó 13 supuestos recibos, para no pagar una deuda de 314.800 dólares que mantenía con la institución. De dicho dinero, que recibió como préstamo para la compra de una camaronera, solo llegó a cubrir 60.000 dólares. El acusador agrega que Muentes, utilizando sus influencias en la Corte de Justicia del Guayas, consiguió que los 13 falsos papeles sean recibidos como auténticos y que sean asentados en el balance contable, y demandó al banco por 3,9 millones de dólares, por un supuesto perjuicio sufrido al tratar de cobrarle la deuda. Los otros involucrados son la esposa del exlegislador, la ex presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo; y cinco jueces y exjueces de Guayaquil, quienes fallaron en contra del banco en supuesto contubernio. La entidad financiera afirma que poco faltó que sufriera un enorme perjuicio patrimonial, por “procesos judiciales dolosos e injustificados”. Y si bien no llegó a cubrir la “indemnización” que pedía Muentes, exige sanciones en su contra.

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Daniel Salcedo, dispuesto a contarlo todo para conseguir acuerdo con Fiscalía

Daniel Salcedo quiere revelar todo lo que sabe, sobre la red de corrupción en la Corte de Justicia del Guayas. Sin embargo, a cambio quiere que lo ingresen al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, y que garanticen las vidas de su hermano Noé y demás familiares. En su versión libre y voluntaria, dentro del llamado “Caso Purg”, reveló que la red que manejaba la justicia, exigía dinero por sentencias, sorteos y todo tipo de diligencias. Su participación en la misma comenzó años atrás, cuando conoció a Mayra Salazar, quien después se convirtió en la comunicadora de la Corte. A través de ella entabló amistad con Fabiola Gallardo, presidenta de la institución. A su lado aprendió las “tarifas” por los arreglos judiciales. Suspender audiencias costaba, por ejemplo, entre 2.000 y 5.000 dólares. Incluso para arreglar su situación legal, provocada por la venta con sobreprecios de medicinas, se mostró dispuesto a pagar 150.000 dólares, tema que fue tratado con Salazar y Gallardo. Asimismo, al juez Reinaldo Cevallos le pagó 70.000 dólares por su traslado a otra cárcel, ya que temía por su vida. Salcedo precisó que, con el paso del tiempo, confirmó que ambas eran piezas clave en el manejo de la justicia. Sin embargo, dijo no conocer al exasambleísta Pablo Muentes, a su primo, Fausto Alarcón, y otros implicados. Ahora busca un acuerdo con la Fiscalía, para declarar todo lo que sabe en cuanto al “Caso Purga”, pero con la condición ya mencionada, pues sospecha que podrían atentar contra su seguridad.

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Exasambleísta Pablo Muentes fue llevado a 2 hospitales y ya volvió a “La Roca”

Bajo estrictas medidas de seguridad, el exasambleísta social cristiano, Pablo Muentes, fue trasladado a 2 hospitales de Guayaquil, a fin de que reciba atención médica especializada. Muentes está señalado como líder de la estructura criminal, revelada en el llamado “Caso Purga”. Lo acusan de manejar la justicia en la provincia del Guayas, y de vender sorteos y sentencias judiciales a delincuentes y narcotraficantes. Bajo el resguardo de militares y policías, el exlegislador fue llevado al Hospital Guayaquil, situado en el suburbio de la ciudad. Pero los médicos lo derivaron al Hospital Naval, en el sur de la urbe. Allí estuvo algunas horas, hasta que los doctores le dieron el alta, una vez establecido que carece de dolencias graves. La defensa de Muentes afirma que tiene problemas de ansiedad, y que la atención existente en la prisión no es adecuada. Sin embargo, los médicos determinaron que su condición de salud es adecuada, y autorizaron su regreso a la celda de “La Roca”. En un reciente comunicado, difundido en redes sociales, Muentes afirmó que Mayra Salazar, procesada por el “Caso Metástasis”, y de cuyo celular salió la información en su contra, miente para salvarse.

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