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Ecuador: enero 21, 2025

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Ecuador, enero 21, 2025
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Ecuador, enero 21, 2025

Habrá juicio político contra la ministra Mónica Palencia

El correísmo se salió con la suya en la Asamblea Nacional. Al menos por ahora. Con 89 votos afirmativos y 40 en contra, sin abstenciones ni pronunciamientos en blanco, el Pleno aprobó la moción de la legisladora de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, de continuar con el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. La sorpresa fue el pronunciamiento del Partido Social Cristiano, que se sumó a la RC5 para apoyar la iniciativa. El bloque de Gobierno, en cambio, votó en contra. LEER TAMBIÉN: «Mamarrachada y sinvergüencería»: la definición de reconocido jurista al juicio político contra Mónica Palencia LEER TAMBIÉN: Ministra Mónica Palencia insiste que correísmo no ha presentado pruebas válidas en su contra Esto a pesar que, en la Comisión de Fiscalización, no hubo los votos necesarios para aprobar el informe, que recomendaba la interpelación. En manos del CAL Algo similar pasó antes con la canciller, Gabriela Sommerfeld, y la fiscal general, Diana Salazar. En ambos casos, el pleno resolvió archivar las causas. Con base al resultado, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), deberá establecer las fechas del juicio político. Intensas presiones La jornada en la Asamblea estuvo llena de presiones. El bloque oficialista de ADN colocó en sus curules carteles, que decían “La patria o la mafia”. Una medida que generó que algunos bloques, que se sintieron aludidos, expresaran su rechazo. El correísmo insistió en el llamado a la ministra. Incluso Paola Cabezas, una de las más revoltosas, amenazó con renunciar si no se producía el juicio político contra Palencia. La ministra está acusada de “incumplimiento de funciones”, por no controlar los intensos brotes delictivos. Previamente fue cuestionada por el operativo policial en la embajada mexicana, donde fue arrestado el exvicepresidente Jorge Glas.

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No se aprueba informe que recomendaba juicio político a la ministra Palencia

Mal día para el correísmo. Poco después de conocerse que el Gobierno de Estados Unidos, declaró “no elegibles” para futuros visados al expresidente Rafael Correa, y al exvicepresidente Jorge Glas, fracasa el intento de llevar a juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. LEER TAMBIÉN: Denuncian presiones para apoyar juicio contra ministra Palencia LEER TAMBIÉN: Ministra Mónica Palencia insiste que correísmo no ha presentado pruebas válidas en su contra Durante la sesión telemática de este miércoles, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea analizó el informe, que recomendaba la interpelación de la funcionaria. La legisladora Sofía Espín, de la Revolución Ciudadana, mocionó la aprobación del documento. Su iniciativa tuvo el apoyo de su coideario Lenín Barreto. Sin embargo, 5 de los integrantes de la mesa votaron en contra, haciendo estériles los 4 votos a favor del correísmo. Pleno decidirá De acuerdo a la ley, la resolución pasará a manos del pleno, que deberá establecer si archiva definitivamente la causa, o si lleva a Palencia a juicio político. Tomando en cuenta lo que sucedió con los 2 procesos anteriores, contra la canciller, Gabriela Sommerfeld, y la fiscal general, Diana Salazar, lo más probable es que la interpelación a Palencia sea archivada. Tanto en el juicio a Sommerfeld como a Salazar, la misma mayoría (5 contra 4) negó la recomendación. Y en vista que este viernes vence el plazo de ley, o hay más tiempo para debates. Con visible malestar, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, calificó la resolución como “una victoria para la democracia”.

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Largas disertaciones pero pocos argumentos durante juicio contra ministra Palencia

El correísmo está en guerra con la ministra del Interior, Mónica Palencia. Durante la sustanciación del juicio político, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ambas partes intercambiaron acusaciones y críticas. Y si bien las sesiones últimas han sido virtuales, no por ello carecen de tensión. Todo apunta a Glas Los argumentos, aunque empiezan con los niveles de inseguridad del país, se dirigen inevitablemente a la incursión policial a la embajada de México, donde fue arrestado Jorge Glas. El exvicepresidente está recluido en la Cárcel “La Roca”, la de mayor seguridad del país, donde deberá cumplir su condena pendiente por los casos Odebrecht y Sobornos, y afrontar los cargos por peculado en el Caso Reconstrucción de Manabí. LEER TAMBIÉN: Incidentes en la Asamblea al retomarse juicio político contra ministra Palencia LEER TAMBIÉN: Incidentes durante sesión por juicio político contra ministra Palencia Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana y proponentes de la interpelación, afirman que la actuación de Palencia en este caso equivale a “incumplimiento de funciones”, a pesar que el presidente Noboa reveló que fue él quien dio la orden de capturar a Glas, debido a que pretendía huir. Para guardar las formalidades, los legisladores correístas cuestionaron a la ministra, por supuestamente “no fortalecer a la Policía Nacional”. Palencia presentó en descargo declaraciones de varios funcionarios de su cartera, que señalaron lo contrario. Cabezas dice ser «perseguida» Pero la RC5, finalmente, volvió al tema de su interés principal: la incursión en la embajada mexicana. Berrezueta afirmó que, más allá de las sentencias que pesan sobre Glas, gozaba de un asilo político. Por su parte, Cabezas disertó largamente sobre estadísticas poco claras sobre los niveles de inseguridad, exponiendo su opinión, y quejándose de ser “perseguida”. Sin embargo, no mencionó los gritos, insultos y desmanes que provocó en anteriores sesiones. Cada uno utilizó las 3 horas asignadas para hablar. El proceso seguirá hasta elaborar un informe, que recomiende o no el juicio político ante el pleno de la Asamblea, que finalmente será el que decida.

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Incidentes en la Asamblea al retomarse juicio político contra ministra Palencia

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea retomó el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. El proceso estaba paralizado, debido a que un juez de Quito había ordenado evacuar primero las interpelaciones de 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Dichas causas fueron archivadas, con lo cual se pudo reanudar la de Palencia. LEER TAMBIÉN: «No le temo al juicio político», advierte ministra Mónica Palencia LEER TAMBIÉN: Correísmo insistirá en juicio político contra ministras Sommerfeld y Palencia La ministra está acusada de la incursión policial a la Embajada de México, ocurrida en abril pasado, pese a que el presidente Daniel Noboa señaló públicamente que dio en persona la orden. También es señalada por el denominado “Plan Fénix” de seguridad, y por la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, en enero pasado. Incidentes La jornada, una vez más, se caracterizó por los incidentes, provocados de nuevo por la legisladora correísta Paola Cabezas. Al comenzar la sesión, Cabezas cuestionó duramente la aparente inasistencia de la ministra, quien apareció a los pocos minutos. Previamente había enviado a su equipo legal. El malestar apuntó específicamente a Fernando Yávar, defensor de la funcionaria. Las protestas de Cabezas, con gritos destemplados, no tuvieron finalmente efecto. La presidenta de la comisión, la también correísta Pamela Aguirre, trató de evitar la intervención de los defensores de Palencia. Mientras tanto, la ministra sostenía un acalorado debate con la asambleísta Cabezas, quien la acusaba de “tener muertes en su conciencia”. La tensión aumentó cuando Aguirre, a pedido de su coideario Leonardo Berrezueta, intentó dar paso al exministro de Gobierno, José Serrano, para que intervenga de forma telemática. De inmediato los demás integrantes de la mesa se levantaron en señal de protesta, dejando sin quorum la sesión. El pedido de Berrezueta no estaba incluido dentro de la agenda, por lo cual carecía de validez. Serrano se quedó con las ganas de intervenir, pues la propia Palencia pidió constatar el número de legisladores presentes, comprobando que eran insuficientes. Ante la falta de quorum, Aguirre, visiblemente molesta por el fracaso de su estrategia, no tuvo más salida que suspender la diligencia. En las próximas horas se anunciaría día y hora para reanudar la sustanciación del juicio político. Ministra promete que se defenderá En los pocos minutos en que hubo claridad, la ministra dejó en claro que no aceptará la forma de fiscalizar de la oposición. “Yo no tengo las manos manchadas de sangre. Me voy a defender en contra de cualquier precedente que no respete la Constitución y mi derecho a la defensa, de acuerdo con lo que establece el artículo 79”, dijo. “Es importante que este juicio político se mantenga, insisto, con la altura que se necesita”, agregó la funcionaria. Queja contra Cabezas Poco después de la accidentada jornada, la legisladora oficialista, Inés Alarcón, presentó ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), una nueva queja contra Cabezas. Su reclamo se debe a la forma grosera y escandalosa con que se condujo la correísta, durante la mencionada sesión. “¿Hasta cuándo el país tiene que aguantar las rabietas, los gritos y los insultos del viejo Ecuador? ¿Cuándo vamos a elevar el nivel del debate con ideas y argumentos? ¿Hasta cuándo el país soporta este tipo de asambleístas como Paola Cabezas?”, se preguntó Alarcón. Es la segunda queja contra Cabezas. La primera fue archivada gracias a una mayoría formada por el correísmo y el PSC.

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No prosperó queja contra Paola Cabezas por insultos y desmanes

La legisladora correísta, Paola Cabezas, vuelve a salvarse de una sanción por mal comportamiento. Cabezas estuvo en el centro de la polémica, por su agresivo comportamiento en la Comisión de Fiscalización, durante la sesión del pasado 9 de septiembre. LEER TAMBIÉN: Naufraga intento correísta de interpelar a la fiscal Diana Salazar LEER TAMBIÉN: “Al correísmo solo le importa la impunidad”, afirma periodista Roberto Aguilar Aquella jornada, cuando se trataba el juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, Cabezas golpeó repetidamente la mesa, lanzó gritos e imprecaciones, e interrumpió las intervenciones de otros legisladores. Críticas Su actuación fue ampliamente difundida y criticada en medios de comunicación y redes sociales, donde muchos usuarios comentaron la falta de cordura de la asambleísta. Debido a sus acciones, los legisladores Inés Alarcón y César Umajinga, plantearon ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sendas quejas, exigiendo que la representante correísta sea sancionada. Sin embargo, su pedido no tuvo éxito gracias a los votos de la RC5 y el PSC. El castigo para estos casos era de 3 meses de suspensión, obviamente sin derecho a sueldo. La queja se basaba en que Cabezas, con sus desmanes y altanería, lesionó la institucionalidad de la función del Estado. Además, Alarcón y Umajinga afirmaron que siempre reciben insultos de ella. Mayoría la salvó La también correísta, Esther Cuesta, salió en defensa de su coidearia, y planteó que el reclamo sea archivado, lo cual finalmente ocurrió. En cambio, el CAL calificó a trámite las denuncias contra Umajinga, Alarcón y Lenín Rogel, planteadas por Paola Cabezas, Jhajaira Urresta y Arisdely Parrales. La causa es haber dicho que la interpelación a la fiscal Salazar, era un “narcojuicio”.

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Archivado pedido de juicio político contra Sebastián Corral

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea archivó el pedido de juicio político contra el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral. Irónicamente, esta interpelación, junto con la del exministro de Economía, Pablo Arosemena, y de la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo, fueron reactivadas en la mesa hace apenas 4 días, por orden de un juez de Quito. Leer también: Naufraga intento correísta de interpelar a la fiscal Diana Salazar Leer también: Juez acepta acción de protección y ordena reanudar interpelaciones de exministros de Lasso Los 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, habían sido llamados a juicio. Sin embargo, el correísmo, a fin de agilizar la interpelación de las ministras de Relaciones Exteriores y del Interior, y de la fiscal general, optó por archivarlos. Reactivados por orden de un juez Una acción de protección, concedida por un juez a una asambleísta de ADN, reactivó los procesos. Pero uno de ellos ya quedó en el pasado. La maniobra no tuvo efecto para el correísmo, pues tanto los juicios contra la canciller como contra la fiscal, fueron archivados también por falta de votos. Corral fue acusado por la asambleísta Patricia Núñez, de supuesto “incumplimiento de funciones”. Leer también: Contraloría multa a ex presidente Lasso por designar a Sebastián Corral Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, la propia Núñez anunció su decisión de retirar el pedido de juicio político. Ante la falta de interés de otras bancadas, su propuesta fue aprobada. La interpelación de Montalvo seguiría el mismo camino De los otros procesos pendientes, el de Montalvo también sería retirado, mientras que el de Arosemena sigue pendiente. El objetivo evidente del correísmo es apuntar sus cañones contra la única funcionaria disponible: la ministra Mónica Palencia.

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Naufraga intento correísta de interpelar a la fiscal Diana Salazar

En medio de incidentes, reclamos y gritos destemplados, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resolvió, durante su sesión de la noche del lunes, “recuperar” los juicios políticos contra 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Además, no calificó el proceso contra la fiscal general, Diana Salazar, si bien la decisión final debe ser tomada por el pleno. Las normativas establecen que los informes de las comisiones deben ser aprobados o rechazados por todo el Parlamento. Leer también: Fiscal Diana Salazar reasume funciones y afrontará juicio político Leer también: Juez acepta acción de protección y ordena reanudar interpelaciones de exministros de Lasso La jornada se extendió hasta horas de la madrugada, y estuvo salpicada de acusaciones mutuas y algunos insultos. Asesores y parlamentarios ajenos a la comisión también estuvieron presentes, y por la falta de espacio la tensión aumentó. Con la decisión, la comisión ataca el fallo del juez de Quito, Edgar Romero, quien aceptó una acción de protección planteada por la legisladora de ADN, Inés Alarcón, y dispuso que se cumplan los citados procesos. Los juicios contra el exministro de Economía, Pablo Arosemena, y los exsecretarios de la Administración, Sebastián Corral, y de Educación Superior, Andrea Montalvo, habían sido archivados, pero ahora tendrán que cumplirse de forma obligatoria. Solo cuando sean evacuados, habrá vía libre para la interpelación de la ministra del Interior, Mónica Palencia. El de la fiscal general, Diana Salazar, como quedó señalado, no fue calificado, tal como ocurrió semanas atrás con el de la canciller, Gabriela Sommerfeld. Leer también: Archivado el pedido de juicio político contra canciller Gabriela Sommerfeld Leer también: Diana Salazar insiste: no le teme a un juicio político La intención del correísmo, que preside la comisión a través de Pamela Aguirre, era enjuiciar a Palencia y a Salazar cuanto antes. Sin embargo, la maniobra no tuvo éxito. La causa contra la fiscal prácticamente está perdida, y el tiempo no alcanzaría para el de la ministra, pues quedan por tratar los otros 3 juicios ya citados. De acuerdo a la ley, las interpelaciones deben sustanciarse en el orden en que son presentadas. Durante la sesión, César Umajinga, vocal de la mesa, apeló la gestión de Aguirre, por no acatar el fallo judicial y no convocarlos con rapidez. Por 5 votos contra 4, y pese a sus reclamos, la correísta fue apartada provisionalmente de sus funciones. Luis Alvarado, del oficialista ADN, quedó a cargo de la sesión. El propio Umajinga planteó acatar la decisión del juez, lo cual fue aprobado por similar votación. A la hora de calificar el juicio contra la fiscal, el correísmo tampoco logró los votos suficientes. ADN, el PSC y CONSTRUYE se pronunciaron en contra, lo que prácticamente significaría el fin de la aspiración de la Revolución Ciudadana. Fiscal se pronunciará después de decisión del pleno Por su parte, la fiscal general, Diana Salazar, anunció en sus redes sociales que se pronunciará sobre la no calificación de su juicio político en la Asamblea Nacional, una  vez que el pleno se pronuncie al respecto. Salazar insistió en que se trata de un «narcojuicio», que solo busca la impunidad.

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Presidencia ordena a INEC investigar cifras reales de fallecidos durante gobierno de Correa

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), realizará una auditoría interna a las cifras de muertes violentas del Ecuador, desde que entró en vigor la actual Constitución. La orden fue emitida por el presidente de la República, Daniel Noboa, en respuesta a la polémica desatada por el tema. De acuerdo al expresidente Rafael Correa, durante su mandato (2007-2017) hubo muchos menos crímenes. Leer también: Cifra de homicidios baja en el 2024, según reporte de autoridades Leer también: El nivel de asesinatos resueltos está por debajo del 9% en cinco provincias costeras Sin embargo, diversos analistas afirman que esa apreciación es falsa, debido al avance de los carteles del narcotráfico en ese periodo. Y citan un alto número de decesos –más de 7.000- que aparecen como “causas indeterminadas”, en las provincias con mayor presencia de bandas. Basta de impunidad En un comunicado difundido en redes sociales, la Presidencia de la República advierte que no permitirá más impunidad, y señala que, «si no actuamos, somos cómplices». Esto a raíz de la controversia que han generado las estadísticas. Fiscalía debe investigar El mensaje anota que se pedirá a la Fiscalía General del Estado, que inicie la investigación que corresponda, ante la posibilidad de falsificación de documentos públicos, precisamente para “maquillar” la cifra de fallecidos a consecuencia del narcotráfico. Según algunos analistas del correísmo, podría tratarse, incluso de “suicidios”. Hay que buscar justicia El objetivo de esta investigación, agrega el comunicado presidencial, es obtener justicia, y no buscar razones políticas. La Presidencia de la República invita a periodistas y a exfuncionarios, a rendir sus testimonios dentro de este proceso, y a brindar los datos que consideren más importantes para esclarecer el tema. Los resultados serán transmitidos a la Fiscalía, para que los investigue e incorpore al proceso abierto en torno a este polémico caso.

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Correísmo irá en alianza con RETO en elecciones próximas

Los movimientos Revolución Ciudadana y RETO anunciaron una alianza, con miras a las elecciones presidenciales del 2025. Sin embargo, ninguna de las 2 agrupaciones ha especificado las condiciones del pacto, y si el mismo cambiaría la conformación de sus candidaturas. El correísmo había planteado a Luisa González y Diego Borja como su binomio, mientras RETO tenía a Eduardo Sánchez y Katya Caicedo. Esta es la única alianza confirmada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), al vencer el plazo determinado por la ley. En caso de cambiar las candidaturas, la ley establece la obligación de paridad de género. Por tanto, González tendría que hacer binomio con Sánchez y Borja con Caicedo, al margen de quien vaya primero. También podría concretarse uno de los 2 binomios, y el otro movimiento lo apoyaría. RETO es liderado por el concejal de Guayaquil, Raúl Chávez, antes de la RC5. Otra figura muy cercana es el alcalde, Aquiles Álvarez.

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Penalista denuncia que el correísmo está detrás del “mangoneo” a la justicia

No hay vueltas que darle: el correísmo está detrás de los concursos en marcha, para elegir al futuro fiscal y a los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Así lo afirmó el reconocido penalista, Francisco Pesantez, al ser consultado por “Punto de Orden”. Según Pesantez, el correísmo busca la forma de recuperar el control de la justicia, algo que tuvo durante los 10 años de su mandato, donde ponía a fiscales y jueces “a la carta”. A partir del “Caso Metástasis”, apuntó el jurista, perdieron a todas sus fichas en la función judicial, y ahora buscan la forma de arremeter contra la fiscal general, Diana Salazar, para tratar de desacreditarla. Pesantez explicó que, ante la imposibilidad de recuperar la Presidencia de la República, ahora quieren ganar espacio en la Función Judicial para proteger a sus líderes procesados. Mientras sigan los politiqueros metiendo la mano, no tendremos justicia, y no vendrá inversión extranjera al país, señaló el penalista. Lo que vivimos hoy es crítico, pues está en prisión la mitad de la Corte del Guayas y el propio expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. El experto expresó sus reparos a los concursos para la elección del futuro fiscal y de los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional, pues los están manipulando para que no vayan los mejores. Sus críticas apuntan principalmente al reglamento para nuevo fiscal, que limita el requisito de “probidad notoria” a no tener sentencia ejecutoriada, y elimina la prueba oral. Una forma de no tomar en cuenta los conocimientos de los candidatos, y facilitar que defensores de delincuentes puedan acceder. Y además tenemos el futuro juicio político a la fiscal, Diana Salazar, que tan acertadamente ella lo calificó como “narcojuicio”. Pesantez exhortó a seguir de cerca ambos procesos, y evitar que el correísmo vuelva a meter las manos en la justicia.

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“No le temo al narcojuicio”, insiste fiscal Diana Salazar

La funcionaria advierte que el crimen organizado, se ha infiltrado en instituciones públicas y medios de comunicación digitales. También denuncia que quieren debilitar la tarea de la Fiscalía. La fiscal, Diana Salazar, insistió: lo que planteó la Asamblea Nacional en su contra es un “narcojuicio” -a pesar que el término molesta al correísmo- y está lista para afrontarlo. Reconoció que “es un término duro” pero necesario, ya que casos como “Metástasis” han demostrado la forma en que el crimen organizado, se infiltra en instituciones públicas y medios digitales. Durante una entrevista concedida a Ecuavisa, reiteró recibió el alta médica para reanudar sus actividades, una vez superada la etapa riesgosa de su embarazo. Y esas labores incluyen responder a la interpelación presentada por el correísmo. El proceso fue suspendido en mayo pasado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), precisamente por su delicada salud. Sin embargo, el riesgo ya quedó atrás. Salazar remarcó que ella misma pidió la reactivación del juicio político, por motivos de transparencia. Y más aún al no existir razones políticas o jurídicas para una eventual moción de censura y destitución, ya que su despacho ha actuado con contundencia. La fiscal recordó que una de las acusadoras, Gissela Garzón, reconoció no saber nada de derecho. Aun así, se presentará a responder las acusaciones, confiada en que desestimará las supuestas pruebas. Salazar reiteró que la intención de la interpelación, es debilitar su labor, “justamente cuando hemos liderado la mayor lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”. Una especie de “revancha”, dijo, por mostrar la estructura que mantenía dentro del Estado, y por los vínculos de ciertos miembros del correísmo en las redes de corrupción, citando entre ellos al exasambleísta Ronny Aleaga, actualmente prófugo. Salazar repasó además los allanamientos realizados a las oficinas y las viviendas de las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz, de la Corte Nacional, quienes favorecieron al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, con el cambio de prisión: desde “La Roca”, de Guayaquil, a la Cárcel 4, de Quito. La fiscal advirtió que no existe contra ellas una persecución, sino que se trata del resultado de una investigación, motivada por una denuncia. Además, precisó que Terán, dentro de la Cárcel 4, lidera una campaña para que los demás implicados en la red de corrupción judicial, y que están detenidos ahí, no se acojan al procedimiento abreviado, como ha ocurrido con varios. Gracias a los testimonios de quienes sí aceptaron confesar, se ha podido conocer la forma en que se vendían sentencias a cabecillas criminales, incluyendo al fallecido narcotraficante Leandro Norero. Terán, apuntó la fiscal, señala «a viva voz que aún mantiene el control de la Corte Nacional de Justicia», y que por ende los beneficiará para que no sean sentenciados.

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Juez acepta acción de protección y ordena reanudar interpelaciones de exministros de Lasso

El panorama político del Ecuador da un drástico giro. Edgar Romero, juez de primera instancia de Quito, ordenó a la Asamblea Nacional, que retome los enjuiciamientos políticos de Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo, quienes fueron altos funcionarios durante el gobierno de Guillermo Lasso. Arosemena ocupó el Ministerio de Finanzas, Corral fue secretario de la Administración, y Montalvo dirigió la Secretaría de Educación Superior. El magistrado acogió la acción de protección planteada por la legisladora de ADN, Inés Alarcón, y dispuso reanudar los procesos de interpelación. Los mismos habían sido archivados por la Comisión de Fiscalización del Parlamento, presidida por la correísta Pamela Aguirre, a fin de dar paso a los juicios contra las actuales ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y del Interior, Mónica Palencia, ya que, de acuerdo a la ley, son tramitados en el orden en que se presentan. La maniobra no le resultó a la Revolución Ciudadana contra Sommerfeld, pues no alcanzó los votos necesarios, y el proceso fue archivado. Resta definir la situación de Palencia. La asambleísta Alarcón protestó por la forma de proceder de la Comisión de Fiscalización, y planteó la acción de protección con el resultado ya señalado. Es decir, la Asamblea deberá tramitar las 3 interpelaciones, de Arosemena, Corral y Montalvo, antes que la de Palencia. Con ello, quedaría postergado el juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, el principal objetivo del correísmo. La legisladora aplaudió la decisión. Asamblea no acataría fallo Pocos minutos después, la Asamblea Nacional dio su respuesta. El secretario del organismo, Alejandro Muñoz, anunció que no acatarán el fallo del juez Romero, y que se reservan el hecho de presentar acciones penales en su contra, así como de pedir su destitución, bajo el criterio de un “error inexcusable”. Muñoz afirmó que esta es “una nueva metida de mano en la justicia”, perpetrada por intereses políticos, y denunció “corrupción judicial” que atenta contra la independencia de las funciones. Ministro agradece acción de la legisladora Alarcón Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Félix, destacó en un video difundido en redes sociales, la a acción de protección obtenida por la legisladora de ADN, Inés Alarcón, y que exige a la Asamblea reanudar los juicios políticos contra 3 funcionarios de Guillermo Lasso, que habían sido archivados por la Comisión de Fiscalización. Félix dijo que el fallo significa «un día triste para el viejo Ecuador», señaló que el objetivo fue ir contra los ministros de Daniel Noboa, y se preguntó si la actuación del correísmo, fue parte de un «show» dentro del contexto electoral. Finalmente, advirtió que el gobierno no se achicará en su combate contra la corrupción.

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CONSTRUYE anuncia respaldo a fiscal Diana Salazar en futuro juicio político

La bancada legislativa del movimiento CONSTRUYE, anunció de forma oficial su respaldo íntegro a la fiscal, Diana Salazar, en el próximo juicio político que afrontará en la Asamblea. La fecha exacta de la interpelación será tratada a partir del 3 de septiembre, en que los parlamentarios regresan de su actual vacancia. El apoyo incluirá votar en contra de una eventual moción de censura y destitución, como pretende la Revolución Ciudadana. En un comunicado difundido en redes sociales, CONSTRUYE anticipó que estará del lado de Salazar. La fiscal lo calificó como “narcojuicio”, debido a los vínculos tiene tienen ciertos sectores del correísmo, los impulsores del proceso, con grupos criminales. “Ese proceso es el ajuste de cuentas de las mafias, que la fiscal ha combatido con las herramientas de la ley, las sentencias de corrupción que pesan sobre (Rafael) Correa y compañía, y el haber demostrado la relación entre las organizaciones criminales y el correísmo”, puntualiza el mensaje. Los legisladores de CONSTRUYE prometen estar vigilantes del debido proceso, y el respeto con que debe ser tratada la fiscal general, “sobre todo considerando que durante ese proceso político, serán precisamente sus acusadores, los reos y prófugos de la justicia, quienes presidan la Asamblea y la Comisión de Fiscalización, a través de Viviana Veloz y Pamela Aguirre, respectivamente”. El comunicado anota que “a eso no referíamos cuando le dijimos al gobierno de Noboa, que no debía pactar con las mafias”.

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Fiscal Diana Salazar reasume funciones y afrontará juicio político

Tras un periodo de licencia médica, debido a complicaciones en su embarazo, la fiscal general, Diana Salazar, reasumió su despacho. En un video difundido en redes sociales, Salazar anunció que vuelve al trabajo, lo cual incluye a futuro afrontar el juicio político planteado por el bloque legislativo correísta, por supuesto “incumplimiento de funciones”. La interpelación fue suspendida por el Consejo de Administración (CAL), precisamente por la delicada condición de la funcionaria. En el mensaje, Salazar explicó que, con la aprobación de su médico, está ya en condiciones de trabajar, y de acudir a la Asamblea para enfrentar las acusaciones correístas. Para la fiscal, se trata de un “narcojuicio”. Una revancha de sus opositores, debido a los casos de corrupción que ha destapado. “Ees un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo que, junto a mi equipo, hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada”, anotó Salazar. Hay dos solicitudes de interpelación: uno el de Gisella Garzón, y el otro de Héctor Valladares, ambos de la Revolución Ciudadana. La Asamblea, a su retorno de la vacancia, deberá decidir si da luz verde a la interpelación planteada por el correísmo. “Narcojuicio” causa escozor en Comisión de Fiscalización La sola mención de la palabra “narcojuicio”, causó malestar en la Comisión de Fiscalización, que de inmediato se dio por aludida. En respuesta a Diana Salazar, el organismo parlamentario recuerda que tiene la atribución constitucional de impulsar interpelaciones. Además, protesta por el “desprestigio” en que la fiscal señala a la comisión. ADN respaldrá a la fiscal En cambio, el bloque parlamentario de ADN, el partido de gobierno, anunció que respaldará a la fiscal Diana Salazar, y que votará en contra de una eventual moción de censura y destitución. “La gestión de la Fiscalía General del Estado ha sido fundamental para recuperar la justicia en el país, y enfrentar a las mafias de la corrupción y el narcotráfico”, señala un comunicado, difundido por la organización en sus redes sociales. “Esta lucha por la legalidad y la seguridad pretende ser desestabilizada con una serie de juicios políticos, que incluyen a la fiscal general del Estado y a ministros del Gobierno Nacional”, agrega el mensaje. Debido a ello, la bancada de ADN compromete su total respaldo a Diana Salazar, en el próximo “narcojuicio” que tendrá que enfrentar.

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Carlos Rabascall aclara: “nunca fui correísta”

Carlos Rabascall, candidato presidencial por la Izquierda Democrática, aclaró que nunca fue correísta, pese a que aspiró a la Vicepresidencia de la República por esa línea política, en las elecciones del 2021. Durante una entrevista concedida a Notimundo, Rabascall explicó que una cosa es tener amigos dentro de una organización, en este caso la correísta, y otra muy distinto estar afiliada a ella. De hecho, no simpatizaba al 100% con la tendencia, e incluso fue crítico, apuntó. En aquel entonces, acotó, aceptó una alianza política, por las circunstancias y condiciones que vivía el Ecuador. Rabascall afirmó que, más que serle fácil cambiar de partido, se le vuelve sencillo entender los problemas del Ecuador. En momentos como los que estamos viviendo, no podemos seguir peleando y en bronca. Es hora de empezar a trabajar en propuestas, sostuvo el aspirante de la tienda naranja. Rabascall prometió impulsar un “proceso de pacificación” en el país. Y no solo contra el crimen organizado, sino en aras de conseguir la convivencia sana que necesita el Ecuador.

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Regresó al país Ricardo Patiño para participar en las elecciones

El excanciller de la República, Ricardo Patiño, volvió ya al Ecuador. Patiño participará en las elecciones del 2025, como primer aspirante nacional a la Asamblea, por el movimiento Revolución Ciudadana. El exministro, uno de los hombres más cercanos al expresidente Rafael Correa, pudo regresar, una vez que prescribió el proceso en su contra por presunta instigación, que le valió una orden de prisión preventiva. Para evitar su apresamiento fugó a México, donde estuvo autoexiliado durante 4 años. Patiño fue recibido en Quito por un grupo de simpatizantes, entre ellos otro excanciller, Xavier Lasso, también aspirante al Parlamento. En sus primeras declaraciones, señaló estar feliz de su regreso, y al mismo tiempo con “indignación y rebeldía”, según él “porque han destruido al Ecuador”. Durante su gestión como canciller, fue duramente cuestionado por los Casos “Pativideos” y “Narcovalija”. En el primero, por filmar clandestinamente ciertas reuniones con actores políticos y económicos. Y en el segundo, porque en una valija diplomática descubrieron un cargamento de cocaína, cuyo origen Patiño dijo desconocer.

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