EL COMERCIO .- El próximo 14 de mayo, el correísmo asumirá la administración de las ciudades más importantes del país: Quito y Guayaquil. Los alcaldes electos de ambos cantones han marcado distancia ante la posibilidad de manifestaciones y una eventual salida del cargo del presidente, Guillermo Lasso. Desde el 2006, cuando Rafael Correa ganó la Presidencia, su movimiento político no había dirigido en un mismo periodo los municipios de ambas ciudades.   El fin de semana pasado, el alcalde electo de Quito, Pabel Muñoz, publicó una foto en su perfil de Instagram en la que aparece junto al alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez.   “Es inédito para el Ecuador de las últimas décadas que los alcaldes de Quito y Guayaquil compartan la idea de que en sus ciudades primen: justicia, equidad e igualdad”, escribió. También ofreció que coordinará acciones para generar trabajo de calidad, oportunidades y riqueza.   El caso de Guayaquil El caso más emblemático es el de Guayaquil. El correísmo ganó la Alcaldía de esa ciudad y la Prefectura de Guayas al Partido Social Cristiano (PSC). Eso puso fin a décadas de dominio de esa organización política en esa provincia.   Aquiles Álvarez, durante la campaña, ya había mencionado que es un admirador del expresidente Correa. Sin embargo, una vez electo, las declaraciones que llamaron la atención las ofreció en una entrevista con Catrina Tala, el 19 de marzo pasado.   Ante la pregunta sobre el juicio político a Guillermo Lasso dijo: «Soy sincero, mucha gente me dice que estamos dentro de un partido y demás. No creo que, llegando a una administración municipal en mayo, una inestabilidad en el país nos convenga como ciudadanos guayaquileños».   Hay que recordar que la interpelación a Lasso la impulsa, sobre todo, el correísmo y el PSC en la Asamblea Nacional. Además, no es la primera vez que el Legislativo intenta remover al Presidente. Antes ya lo intentó por el caso Pandora Papers y durante el paro de junio del 2022.   La posición del alcalde de Quito El Alcalde electo de Quito cree que no son las calles las que deben hablar sino la institucionalidad. En entrevista con El Comercio, Muñoz dijo que es la legalidad la que debe ofrecer salidas a ese conflicto.   No se pronuncia abiertamente a favor o en contra del juicio y la eventual salida de Lasso. Sin embargo, deja en claro que no se puede acusar a la Asamblea de golpista mientras al Presidente se le “aplaude por invocar la Constitución”, lo cual bien puede referirse a la muerte cruzada.   Pero es crítico con el actual Régimen. Dice que no ha sabido gestionar sus conflictos. Para él, Lasso no debería delegar la atención de las denuncias que enfrenta. Considera que es el Primer Mandatario el que debe tomar “al toro por los cuernos” y dar respuestas.   La obligación de viabilizar la gestión El integrante del colectivo Gobernanza EC, Diego Cevallos y la politóloga Carolina Andrade coinciden en que, en este momento, ambos alcaldes están concentrados en la transición. Para Andrade, inmiscuirse en la disputa entre el Ejecutivo y la Asamblea podría ser contraproducente.   Añade que las agendas de ambas autoridades están concentradas en abrir puentes con sectores empresariales y sociales. Esto porque así lograrán reducir el tiempo que dura la curva de aprendizaje cuando se asume por primera vez un cargo como la alcaldía.   Para Cevallos, Muñoz y Álvarez ya están pensando de manera práctica en lo que tendrán que asumir desde el 14 de mayo. En ese escenario enemistarse con el Gobierno central, con el que tendrán que coordinar acciones, no es la mejor opción.   En Quito, por ejemplo, ha sido ofrecida la puesta en marcha del Metro. Ese proyecto ha sido declarado de interés nacional. Entonces, el mismo Ejecutivo está involucrado. El escenario de inestabilidad y posibles nuevas autoridades retrasaría el trabajo que los alcaldes deben iniciar en poco más de mes y medio. La posibilidad de manifestaciones El proceso de juicio político está aún por resolverse en la Corte Constitucional. Ayer, los jueces a cargo del nuevo proyecto de dictamen entregaron su propuesta. La sesión fue convocada para las 20:00. Hasta las 21:20 de ayer, no se conocía sobre una resolución.   En caso de que sea admitido, la Asamblea iniciará formalmente la interpelación. Sin embargo, este escenario también abre la posibilidad de que el Ejecutivo opte por la muerte cruzada. Ante eso, líderes sociales como Leonidas Iza, de la Conaie, ha advertido con la posibilidad de movilizaciones.   Dicha posibilidad tampoco es deseable para ninguna autoridad, dice Cevallos. Él considera que, independiente de la línea política, ambas autoridades se deben a toda la ciudad y, después de los paros de octubre del 2019 y junio del 2022, los ciudadanos exigirán más control de sus autoridades.