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La oposición ‘barre’ en la Asamblea antes de iniciar el juicio político a Lasso

Nacionales / /

La Hora .- Los legisladores, que impulsan la salida del presidente de la República Guillermo Lasso, se impusieron en el Pleno. El oficialismo perdió un puesto en el CAL. El Gobierno y su bloque de asambleístas quedaron relegados de todos los puestos de mando en la Asamblea Nacional. Para la elección se unieron el correísmo, socialcristianos y algunos legisladores de la Izquierda Democrática y de Pachakutik. La fórmula hizo que las nuevas autoridades cuenten con más de 94 votos. Incluso, Esteban Torres (PSC) logró el apoyo de 100 de los 137 asambleístas (ver cuadro de votaciones). Virgilio Saquicela fue reelegido como máxima autoridad para el período 2023-2025. En su discurso, luego de la posesión, ratificó que sí tiene un pacto con el correísmo, aunque aclaró que es un pacto por la “institucionalidad de la Asamblea”. Pese a que desde el oficialismo se decía que ellos trabajaban para poner las nuevas autoridades y que tendrían éxito, finalmente ni siquiera postularon a legisladores a ninguna autoridad. Solamente al final de la sesión, el legislador oficialista Juan Fernando Flores dijo que la decisión política de dejarlos fuera de todo puesto de autoridad, pese a que son bancada, está empujada por la fuerza de los votos. Y que ahora ellos serán la oposición dentro del poder Legislativo. No obstante, ante el vendaval de los críticos de Guillermo Lasso, hay la preocupación de que esa misma cantidad de votos puedan repetirse para destituirlo de la Presidencia de la República. Para sacarlo del poder se requieren de 92 votos a favor y en las votaciones para los nuevos dirigentes los opositores obtuvieron entre 94 y 100 voluntades. Flores salió al paso. Aseguró que esa cantidad de votos no necesariamente se trasladarán al juicio a Lasso. “No se puede asumir que ni la anterior votación (la que dio paso al juicio político pese a no existir un informe favorable) ni esta, marcan la cancha (…). El juicio político está caído, no tiene los votos”. Lo único cierto es que el bloque de Guillermo Lasso perdió una vocalía en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Salió Nathalie Arias de CREO. (DLH) Las nuevas autoridades  Virgilio Saquicela (Independiente): Presidente con 96 votos Marcela Holguín (UNES): Primera Vicepresidenta con 94 votos Esteban Torres (PSC): Segundo Vicepresidente con 100 votos Viviana Veloz (UNES): Primera vocal del CAL con 94 votos Ángel Maita (PK): Segundo Vocal del CAL con 96 votos Yeseña Guamaní (ID): Tercera Vocal del CAL con 98 votos Jorge Abedrabo (PSC): Cuarto Vocal del CAL con 99 votos La votación del juicio a Lasso podría ser el sábado  La Asamblea Nacional convocó para mañana a los legisladores para una sesión en la que se desarrollará el juicio político contra Guillermo Lasso, a quien la oposición lo acusa de presunto peculado. Con base en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y por disposición del presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, la Secretaría General de la Asamblea convocó a la sesión 872 del Pleno, que tendrá lugar a las 10:00. De acuerdo con la convocatoria realizada este domingo, el primer punto del día es el Himno Nacional de Ecuador y el segundo, el «juicio político en contra del Presidente Constitucional de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza». Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado. El presidente Lasso tiene tres salidas: la supervivencia, la destitución o la muerte cruzada. Con esta última el país iría a elecciones, presidenciales y legislativas, en los próximos seis meses. El reelegido Virgilio Saquicela aseguró que no hay motivo para activar la “muerte cruzada”.

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Jurista Ramiro García opina que no habrá votos para censurar a Lasso

Nacionales, Política / /

El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, no es más que una “sucesión de errores”, que deja en pésimo predicamento a la Asamblea Nacional. Así opinó el jurista Ramiro García, en diálogo con “Punto de Orden”. Para García, los interpelantes deberían probar el supuesto delito de peculado, o al menos presentar algún indicio, pues si bien de trata de un proceso político, hasta ahora no han sido capaces de exhibir prueba alguna. Y peor aún cuando el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, punto central de la acusación, no fue firmado en el actual periodo. A su criterio, es evidente que se trata de un tema ideológico y no jurídico, pero ante el país quedan cada vez más dudas, y fruto de ello es que, de los más de 100 votos que había a favor al iniciar el juicio, ya solo fueron 88 en la sesión del martes. García estimó que, a este paso, y dada la debilidad de las acusaciones, sin mencionar los gravísimos errores de los acusadores, difícilmente la oposición reunirá los 92 votos para conseguir la censura y destitución de Lasso. El jurista consideró que, si bien el país cuestiona la forma de gobernar del presidente, siempre pidió una interpelación limpia, lo cual no ocurre. Más bien en la Asamblea impera la idea de que “todo vale”, y que con cualquier pretexto se puede sacar al mandatario. Es decir, ciertos líderes creen que 92 voluntades en el Parlamento, pesan más que la opinión de 16 millones de ecuatorianos. Tanto así, dijo, que el Partido Social Cristiano ha perdido en los últimos días varios legisladores, precisamente por mantener una acusación sin evidencias, y por insistir en una alianza con el correísmo que va contra de su base ideológica de derecha. Corte Constitucional no intervendrá El jurisconsulto también precisó que la Corte Constitucional, dadas las cosas, difícilmente intervendrá en el juicio político, como pidió el gobierno. En especial porque la ley le prohíbe expresamente analizar las “pruebas”, por más tibias que sean. Por tanto, predijo que la Corte se mantendrá al margen, y dejará que el Parlamento tome una decisión, que al parecer va encaminada a una derrota de la oposición. Si bien, por tratarse de una interpelación, no es necesaria la certeza de que Lasso cometió peculado, indicó que al menos se requiere un indicio sólido. De hecho, si el presidente fuera censurado y destituido, difícilmente después la Fiscalía tendría algún elemento para entablarle una acción penal.

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«El peculado solo existe en la imaginación de algunos asambleístas», afirma penalista Pablo Encalada

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Para el reconocido penalista Pablo Encalada, el supuesto peculado cometido por el presidente Guillermo Lasso, y por el cual le iniciaron un juicio político, no existe, “más allá de la imaginación de algunos asambleístas”. En diálogo con “Punto de Orden”, Encalada opinó que, tras revisar exhaustivamente el caso, no ha podido encontrar el presunto delito. Tanto es así, dijo, que durante la sesión parlamentaria del martes pasado, para definir la continuidad de la interpelación, algunos legisladores votaron a favor, pero advirtiendo que solo para que el mandatario rinda cuentas. De ahí que, en su opinión, difícilmente la oposición reunirá los 92 votos necesarios para la censura y destitución de Lasso. El jurista recordó que el peculado, uno de los delitos más graves del Código Penal, consiste en el abuso doloso de recursos públicos, en beneficio propio o de terceras personas. Un ejemplo es el sobreprecio en la contratación. Sin embargo, a su criterio no se ha podido demostrar que el presidente cometiera peculado, que es de tipo penal, y debe demostrar forzosamente voluntad. Encalada se preguntó de dónde sacan ciertos asambleístas la idea, de que el mandatario cometió peculado. Y más aún porque el contrato en cuestión, entre Flopec y Amazonas Tankers, fue firmado en el gobierno anterior. También cuestionó que los impulsadores del juicio político, aleguen que “no necesitan demostrar el peculado”. ¿Con que grado de convencimiento podemos llegar a este acto?, dijo. No pueden actuar simplemente “porque les da la gana”. El jurisconsulto advirtió que, al ser un juicio político, debe demostrarse, al menos, un grado de responsabilidad, lo cual no ocurre en este caso. Simplemente existe un “parece que hubo peculado”.

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Sin informe motivado no puede existir juicio, advierte constitucionalista Gonzalo Muñoz

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La Asamblea Nacional cometió una grave irregularidad, pues aprobó continuar con el juicio político al presidente Guillermo Lasso, pero sin tener el respectivo informe de la Comisión de Fiscalización. Así se pronunció el constitucionalista Gonzalo Muñoz, entrevistado por los micrófonos de “Punto de Orden”. El jurista recordó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 92, exige que, para la interpelación de un presidente, es imprescindible el informe motivado de la comisión. Y ese documento no existe, pues no fue aprobado en la Comisión. Al no haber informe, dijo, se deja al jefe de Estado sin su legítimo derecho a la defensa. En su opinión, es inaceptable que ahora pretendan “socializar” otro informe, que debió ser tratado antes de la votación, y no después. Para el jurista, la acusación de peculado carece de toda prueba, pues nunca se estableció la existencia de un nuevo contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. También quedó aclarado que Johnny Estupiñán, entonces gerente de la empresa pública, no fue destituido por denunciar irregularidades, sino por no presentar informes financieros, y no acudir a las sesiones de directorio, como era su obligación. Muñoz advirtió que, si la Asamblea insiste en violentar el dictamen de la Corte Constitucional, que estableció parámetros precisos para la interpelación, correría peligro de recibir sanciones. Empezando por un llamado de atención, para que actúe conforme a derecho. Sin embargo, y en vista que los tiempos son cortos, considera poco probable una intervención en este sentido. Para el constitucionalista, el Parlamento no reunirá los votos necesarios para censurar y destituir a Lasso, quien todavía tiene el recurso de la “muerte cruzada”. A su criterio, existen los causales necesarios para ello, si bien la decisión final está en manos del propio mandatario.

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«Ignorancia y osadía»: los términos que asambleísta Villavicencio lanza al correísmo

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De “atrocidad jurídica” calificó el asambleísta independiente, Fernando Villavicencio, la resolución del Parlamento, que aprobó continuar con el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En diálogo con “Punto de Orden”, el legislador advirtió que, en la jornada de ayer, la Asamblea mostró “ignorancia y audacia”, pues violentó toda clase de normas legales y constitucionales. Por ello su decisión de abandonar la sesión, para no ser cómplice. Lo rescatable, dijo, es que la “oposición golpista”, como la llamó, cada vez tiene menos votos, lo que hace prever que la interpelación está caída, y no les alcanzará para la censura. Villavicencio, como presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró haber cumplido su labor, incluyendo la elaboración de un informe motivado. Ese documento, el cual sugería no continuar el juicio político, estuvo a cargo de los asesores, como señala la ley, pero no fue aprobado. Es decir, jurídicamente no existía. Al no existir un informe aprobado, dijo, la Asamblea mal podía votar sobre el mismo. Sin embargo, los correístas, “tramposos por naturaleza”, quisieron meter su propio documento, de 65 páginas, y que sí aceptaba seguir la interpelación, incluyendo temas no autorizados por la Corte Constitucional. En su opinión, la asambleísta Viviana Veloz, impulsora del juicio, es dueña de enorme ignorancia y atrevimiento, pues violentó la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que hizo, anotó, equivale a tratar de meter un rinoceronte en un volkswagen. Y para colmo, agregó, Veloz presentó una adenda del contrato de Flopec con Amazonas Tankers, es decir un anexo, como si se tratara de un nuevo acuerdo, con el fin de sorprender al Parlamento. Algo que confirma su ignorancia y osadía. Seguramente, estimó, ese “informe” presentado por Viviana Veloz, fue creado “entre los delincuentes de Bélgica, México y Ecuador”. Esta desesperación por hacerse con el poder, acotó, coincide con el inminente juicio en Estados Unidos al ex contralor, Carlos Pólit, que, por tratar de recortar su condena, habría ya confesado algunos delitos y delatado a sus cómplices. De ahí que exhortó a la Corte Constitucional a intervenir, y destituir al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y a todos los legisladores que votaron a favor de seguir el juicio político, por atropellar su dictamen. PSC: “crónica roja” A su criterio, es vergonzosa la actuación del Partido Social Cristiano dentro de este proceso. Y la muestra es la actuación de la legisladora Nathaly Viteri, que aparece en comunión con “personajes de crónica roja”. Entre ellos mencionó a Pablo Muentes, “quien le ha robado 4 millones de dólares al Banco del Pacífico”, y Luis Almeida. Villavicencio estimó que la complicidad de Saquicela, con el intento golpista del correísmo, solo se entiende por su afán de “seguir atornillado” al cargo. El legislador insistió en que el juicio no solo está caído, sino en el fango. Y que la oposición, en su desesperación de tumbar al presidente, ahora le exige a la Comisión de Fiscalización que entregue el expediente físico, para tratar de encontrar algún argumento que sustente la ilegalidad, pues ya se percató que carece de la más remota evidencia del supuesto peculado. Villavicencio anotó que él, si estuviera en el lugar del presidente Lasso, no acudiría a la Asamblea, pues no existe un informe motivado y, por tanto, un sustento de la acusación. Muerte cruzada es necesaria Para el legislador independiente, Lasso debería decretar la “muerte cruzada”, pues si ahora evade el cuarto intento de destitución, seguramente la oposición hará un quinto intento. Villavicencio precisó que, lo que quiere el correísmo, es destituir al presidente, asumir el control del gobierno y la justicia, “liberar a los delincuentes que están presos”, y tomarse la Contraloría, a fin de eliminar los cientos de glosas que señalan a sus integrantes, implicados en actos de corrupción. De ahí que la “muerte cruzada” sería un valioso recurso de sanidad mental y pública, para mandar a sus casas a unos legisladores que apenas cuentan con el 5% de aceptación popular.

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Guillermo Lasso está obligado a mejorar temas de seguridad y comunicación para superar crisis por juicio político

Nacionales / /

La Hora .– Mejor comunicación y más seguridad es la fórmula para que el Gobierno supere la crisis, dicen analistas. Paco Moncayo puede ser clave para revivir la relación con Quito. La decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de avanzar en el juicio político, nuevamente pone en la palestra el escenario para la activación de la muerte cruzada como la opción del presidente Guillermo Lasso para mantenerse en el poder. El escenario de que el Gobierno de Lasso superé el juicio político en la Asamblea parece cada vez más remoto y para los analistas ya implica un alto costo en términos de gobernabilidad y espacios de poder. Tanto Pedro Donoso como Lolo Echeverría consideran que la seguridad y comunicación deben ser puntos claves en la nueva estrategia del Gobierno, sí espera sobrevivir con gobernabilidad los siguientes dos años de gestión. Temas claves La asambleísta de CREO, Ana Belén Cordero, dijo a LA HORA que el Gobierno debe “enfocarse en los problemas” de los ecuatorianos. “En el tema de la seguridad hay cambios importantes dentro del gabinete, pero deben darse otros giros de timón”, sentenció. Cordero considera que la presencia de los militares en las calles y la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, “es un tema clave”. Considera además que el Gobierno también debe abrir y dar un giro en cuanto a la política social para ayudar a las clases más desfavorecidas. Agregó que la reforma tributaria, con la que se busca elevar los gastos deducibles, “permitirá que exista más dinero disponible para los ecuatorianos y esto llega una vez que se ha puesto la casa en orden, justamente en este orden fiscal con enfoque social que lidera el presidente Lasso”, apuntó. Tiempo de enmendar El analista político, Lolo Echeverría, manifestó a LA HORA que el Gobierno, en caso de permitir que el juicio político avance, debería esperar los resultados de la votación, pues desde su punto de vista “en este momento de la muerte cruzada ya no es conveniente y los resultados serían peores para el país”. Y, en el caso de no prosperar el juicio político, el Presidente Lasso está obligado a “corregir los errores” que ha cometido a lo largo de los últimos dos años. Echeverría destacó que el Gobierno debe proponer un proyecto de país que dé esperanza y visión de futuro a los ciudadanos. Dentro de los errores a corregir, el analista puntualizó la comunicación como el principal problema en la gestión. “El Gobierno no ha tenido un relato, no ha tenido una propuesta y lo que es peor, ha dejado que relatos contrarios se comuniquen con mayor efectividad”, cuestionó Echeverría. Para el analista, hasta el momento, quienes han asumido la Secretaría de Comunicación no han engranado una estrategia de comunicación correcta. Por otro lado, considera como una “excelente decisión” el nombramiento de Paco Moncayo como Consejero de Seguridad Nacional. “El Presidente debe darle (a Paco Moncayo) mayor poder de decisión, recursos y la capacidad para generar un equipo de inteligencia que contrarreste a los grupos criminales”, puntualizó. Gobernabilidad Por su parte, el analista Pedro Donoso, consideró que si se supera el escenario del juicio político, el Gobierno debe apostar por la gobernabilidad y no por la sobrevivencia. Donoso destacó que dentro de los escenarios que se manejan de fracasar el juicio político, el primer escollo que el régimen deberá enfrentar es el “calentamiento de las calles”. Recomendó realizar una radiografía de los actores que fueron claves en las movilizaciones de 2022, para “neutralizarlos políticamente hablando”. El analista asegurá que el Presidente debe tratar de quitar el capital social a quienes traten de avanzar en un estallido social y de esta forma lograr “gobernabilidad”. Agrega que las consecuencias de un fracaso del juicio político podría provocar una implosión dentro del Poder Legislativo, que generará la existencia de nuevos ‘mini bloques’ parlamentarios, lo que obligará a una relación con cada uno de ellos. “El Gobierno debe pensar en la gobernabilidad, tener una estrategia política mucho más clara y replantear la relación con los gobiernos autónomos y descentralizados”, apuntó. Quito y una relación pragmática Sobre la relación del Gobierno con la capital, los analistas consideran que la inclusión de Paco Moncayo puede aportar. Aunque advierten que deberá buscar una relación cercana y “pragmática” con el alcalde Pabel Muñoz. Pedro Donoso asegura que tanto el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, como el consejero de Seguridad, Paco Moncayo, pueden jugar un papel importante en la relación con el nuevo Alcalde de Quito. Cucalón y Muñoz “pueden tener un diálogo bastante fluido”, recordando que ambos formaron parte del parlamento como asambleístas en el mismo momento histórico. “Es altamente probable que la Alcaldía de Muñoz, por lo menos los seis primeros meses, sea más pragmática para sentarse y poder gobernar a la ciudad”, apuntó que el pragmatismo debería permitir una buena relación inicial entre el Gobierno y la Alcaldía. Por su parte, Echeverría recalcó que “el Gobierno debe cambiar el enfoque de cómo concibe a Quito”. Desde su óptica, Paco Moncayo será un factor importante en la nueva relación con la ciudad porque como exalcalde conoce los problemas de la ciudad, “en los cuales el Gobierno debe ayudar”.

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Oposición se impone pero no asegura los votos para la destitución del Presidente de la República

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La Hora .- El presidente de la República, Guillermo Lasso, será notificado en las próximas horas sobre la resolución del juicio político en su contra . En la Asamblea Nacional volvió a imponerse la mayoría de oposición para que el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso avance a la etapa en la que el jefe de Estado tendrá que defenderse en el Pleno ante la acusación de presunto peculado. La moción planteada por Viviana Veloz (UNES) en la sesión del Parlamento de este martes, 9 de mayo de 2023, tuvo el respaldo de 88 votos. A los 47 votos correístas se sumaron 12 de un fragmentado Partido Social Cristiano (PSC), 12 de Pachakutik,  6 de la Izquierda Democrática (ID), 3 disidentes de la ID  y 8 independientes. Este avance, sin embargo, no les asegura contar con los 92 de 137 votos de asambleístas para destituir al jefe de Estado. Si bien entre los 88 votos está un sector disidente de la ID,   pocas horas antes de la instalación de la sesión de este martes, la presidencia nacional del partido naranja dispuso a la bancada legislativa abstenerse en su pronunciamiento para continuar con el juicio. Argumentaron que “existe un claro incumplimiento del procedimiento para el trámite de enjuiciamiento, lo cual afecta la seguridad jurídica y el debido proceso”. No se descarta que la ID asuma la misma línea el día de la votación, cuando la oposición intentará censurar y destituir a Lasso. Al menos, esto lo dejó entrever el asambleísta Ramiro Narváez (ID) durante el debate parlamentario. “Al final del proceso, cuando escuchemos a los interpelantes y al presidente Lasso; cuando escuchemos las pruebas de cargo y descargo, allí tomaremos la mejor decisión para el país. Este voto que voy a dar hoy es para garantizar el rol fiscalizador de la Asamblea, pero bajo ningún concepto es anticiparme a la votación que tendremos luego de que el juicio termine», precisó el legislador. Para concretar su objetivo, el correísmo ya no contaría con los votos de un sector de la bancada de la Izquierda Democrática. Hasta ahora tendría asegurados 12 votos del Partido Social Cristiano (PSC), que volvió a sufrir una nueva derrota con la salida de Geraldine Weber. La asambleísta dejó el bloque por presuntos desacuerdos. También denunció que lo que está ocurriendo al interior de la bancada es “insostenible”. A los 12 votos del PSC se sumarían 8 de la ID y 8 independientes, pero la división interna en el movimiento Pachakutik pondría al correísmo cuesta arriba. Incluso desde la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN-CREO), se considera que en la sesión se hizo una “medición” sobre el juicio. “El juicio está caído porque no tienen el respaldo de los 92 votos para lograr la destitución”, afirmó Juan Fernando Flores, jefe del BAN. Los votos sueltos En la sesión de este 9 de mayo se registraron cinco abstenciones:  4 de la Izquierda Democrática y 1 independiente. Entre los asambleístas ausentes se registran 11 de Pachakutik,  3 del BAN, 1 de la ID y 6 independientes. Este panorama deja ver que la disputa de los votos se intensificará en los próximos días. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, deberá fijar la fecha del proceso al que será convocado el presidente Lasso, para que ejerza su derecho a la defensa en el pleno. (SC)  Lasso está decidido a ‘decir su verdad’ La primera reacción de Juan Pablo Ortíz, secretario jurídico de la presidencia de la República, fue que la decisión de la Asamblea estaba dentro de las consideraciones del Ejecutivo, a pesar de “ser una ilegalidad, la cual no compartimos porque es una violación al debido proceso”. Insistió que el jefe de Estado está decidido a comparecer al pleno del Parlamento a “decir su verdad”. Ortiz, sin embargo, afirmó que en la sesión quedó en evidencia que los 88 votos no son definitivos al momento de decidir una censura al Presidente. “Creo que tendrán menos de los 88 votos; una cosa distinta es votar por continuar con el juicio y otra es votar sobre el futuro del país o destituir a un Presidente de la República”. El Secretario Jurídico cree que los jueces de la Corte Constitucional (CC) deberían realizar un seguimiento a su dictamen porque la decisión del Pleno no estaba dentro del procedimiento establecido. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, también realizó a la CC una solicitud similar. “La Corte debería empezar a atender los pedidos que se han formulado”, agregó Juan Pablo Ortiz. La votación POR EL SÍ UNES: 47 Pachakutik  12 PSC 12 ID 6 Disidentes ID  3 Independientes  8 EN CONTRA BAN 21 ID  1 Independientes  1 ABSTENCIONES ID 4 Independientes 1 AUSENTES Pachakutik 11 BAN 3 ID 1 Independientes 6

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Habrá nueva elección interna en Pachakutik, según subcoordinadora

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La subcoordinadora de Pachakútik, Cecilia Velasque, ratificó que se repetirán las elecciones internas en el movimiento, para elegir al nuevo coordinador. Velasque explicó que el Tribunal Nacional Electoral de Pachakútik, anuló los comicios del pasado 29 de abril, en los cuales ganó el alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, en medio de incidentes e irregularidades. El mismo Tribunal aceptó la impugnación de su lista, dijo, y ordenó nuevas elecciones. Con este antecedente, restó peso a la declaración del Consejo Nacional Electoral, que reconoció a Churuchumbi. Algo que no puede hacer, porque existía un reclamo. Velasque culpó de los incidentes al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien, según ella, se cree el dueño de Pachakútik, y por ello quiere imponer a la fuerza a su gente de confianza. Según la dirigente, a Iza le molestan los liderazgos femeninos. Algo que es inaceptable, pues no están dispuestos a agachar la cabeza ante sus exigencias. El juicio político está caído También advirtió que las amenazas de Churuchumbi, de “aplicar justicia indígena a quienes no voten por la censura del presidente Lasso, en el juicio político”, carecen de respaldo. Por algo existe en Pachakútik un tribunal de ética y disciplina, que se encarga de analizar la actuación de todos los adherentes. Si bien cree que el juicio “está caído”, opina que cada asambleísta debe decidir libremente su voto, pero tomando en cuenta que el actual gobierno no ha cumplido con el pueblo en materia económica y social, con graves deficiencias en medicinas, educación y respaldo a la agricultura. Velasque exhortó a Churuchumbi a no desprestigiar la justicia comunitaria, y respetar el pronunciamiento de las bases del movimiento.

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La Asamblea Nacional decidirá si avanza o no el juicio político a Guillermo Lasso

Política / /

El martes, 9 de mayo, se decidirá en la Asamblea si avanza o no el juicio político de censura y destitución al presidente Guillermo Lasso sobre el caso de presunto peculado. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó la sesión del pleno para las 10:45 del martes luego de que la Comisión de Fiscalización del Legislativo no lograra aprobar un informe que recomendaba el archivo del juicio. En una misiva enviada el domingo a los legisladores, el titular de la Asamblea explicó que se aplicará el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; es decir, se decidirá a través del voto de los Asambleístas. Se necesitan 70 votos para avanzar con el juicio de censura. El analista político César Ulloa afirma que la cifra lo podrá lograr la oposición. Opina que la Asamblea Nacional podrá desconocer el informe presentado por cuatro de los nueve integrantes de la Comisión de Fiscalización el que señala “que no hay causal probada en temas de peculado. A pesar de ello, duda que se alcanzará los 92 votos para la destitución del primer mandatario debido a la inestabilidad y poca certeza al interior de los partidos de oposición. “Van a dar paso al juicio, lo que no quiere decir, sin embargo, es que existan los votos para la destitución del presidente”, señaló Ulloa a EFE. El analista político señala que mientras el país esté atento al juicio político a Guillermo Lasso, el país continuará “sin encontrar un norte”, en temas de estabilidad política y económica. “Mientras no exista una definitiva en la Asamblea, es como que estuviéramos en el aire”. Cita: EFE

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Jurista Alfonso Zambrano predice que UNES busca ahora la «muerte cruzada»

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Otra voz se suma a las críticas contra el juicio político, que se realiza en la Asamblea Nacional contra el presidente Guillermo Lasso. Para el reconocido jurista Alfonso Zambrano Pasquel, es evidente que Lasso no cometió peculado, dentro de las contrataciones de la empresa Flopec con Amazonas Tankers. Zambrano recordó que la interpelación comenzó mal, ya que la Corte Constitucional la aceptó únicamente por el supuesto peculado, pues consideró que este argumento tenía una “mínima verosimilitud”. Sin embargo, ese fallo se basa en información equivocada. Es decir, los jueces de la Corte Constitucional emitieron un dictamen en base a informes falsos o distorsionados. En su opinión, no está probado el perjuicio al Estado, y mucho menos la participación del jefe de Estado en algún delito. Zambrano recordó que, en materia jurídica, la “duda razonable” implica la absolución del acusado. Incluso en el plano político, pues al analizar la situación financiera de Flopec, se descubre que obtuvo considerables ganancias, lo que demuestra que hubo un manejo acertado. Para el jurista, el propio correísmo ya reconoció que tiene las de perder y por eso pide la “muerte cruzada”, pues permitiría elecciones a corto plazo, en las cuales confía recuperar el poder. Es por ello que desiste de “calentar las calles”, es decir, promover movilizaciones y protestas, pues se siente como favorito electoral. Zambrano anotó que si bien UNES es la fuerza política más importante del país, no es la mayoritaria, y podría perder en los comicios, sin importar cuando sean, en el caso que los demás partidos y movimientos se unan en su contra. Esta posibilidad cobra fuerza, dijo, porque muchos asambleístas no quieren perder sus cargos, lo cual sucedería con la “muerte cruzada”.

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«Hay opositores que solo predican la barbarie», advierte ministro de Gobierno

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Para el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso está muerto. En diálogo con nuestro noticiero “Punto de Orden”, Cucalón precisó que, en lo que va de la interpelación, los asambleístas acusadores no han podido demostrar en lo absoluto el supuesto peculado. Un punto fundamental que el pueblo debe saber. Una vez esclarecido que el mandatario no perpetró el supuesto delito, dijo, el siguiente paso es que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional elabore el informe respectivo, que señale la falta de pruebas. Sin embargo, Cucalón recordó que ese informe no será vinculante, a pesar que los interpelantes no aportaron pruebas, y que lo poco que “balbucearon” solo sirvió para corroborar varias mentiras: que no hubo nuevo contrato entre Flopec y Amazonas Tankers en el año 2022, y que la Contraloría se equivocó al mencionarlo, ya que no existe. Además de que jamás estableció responsabilidades penales. En su opinión, una vez desvanecida cualquier presunta responsabilidad jurídica, es el turno de hacer lo mismo con las responsabilidades políticas, puesto que en este proceso los asambleístas actúan de forma subjetiva, de acuerdo a su conveniencia, hasta el punto de convertirse en jueces. Incluso llegan al punto, anotó, de decir que “no tienen que probar el delito”, cuando eso es la base de todo debido proceso. Cucalón tiene la esperanza que muchos legisladores de oposición, al percatarse de las verdaderas intenciones de sus partidos, votarán por la estabilidad, seguridad y economía del país, y no por intereses políticos. El premier advirtió que los votos “se cuentan después, no antes”, y reiteró que el presidente Lasso acudirá en su momento a la Asamblea, a defender su buen nombre. Cucalón también lamentó que la intención de ciertos políticos, sea exclusivamente tumbar al jefe de Estado, sin motivo alguno. Ya lo demostraron en junio del año pasado, cuando intentaron destituir a Lasso en la Asamblea. El ministro precisó que en aquel entonces, varios parlamentarios fueron amenazados, e incluso agredidos, por no votar por la destitución, como ordenaron los jefe de sus bloques, que se creen dueños de los partidos y movimientos. Para Cucalón, ciertos “dirigentes” en especial los indígenas, no deben ser llamados “radicales”, como ellos quieren. Lo que hacen realmente es predicar la barbarie, tratando de implementar a la fuerza un “comunismo indoamericano”, sin consultar al resto de la población, y sin tomar en cuenta que solo representan a una parte pequeña del país. El ministro advirtió que esos «líderes» querían implementar un nuevo levantamiento en las calles, pero se dieron cuenta que la gran mayoría de ecuatorianos está hasta la coronilla de sus intentonas golpistas, porque su deseo es de paz, trabajo y progreso. Cucalón dejó en claro que no permitirán que se atropellen principios y procesos, y a cualquier acción política de la Asamblea, tendrán una respuesta política. El secretario de Estado afirmó además que triunfarán en la interpelación, y que de ahí implementarán reformas legales y cambios, a fin de llevar al país por el rumbo que necesita. Entre estas reformas, destacó el proyecto de urgencia económica, que se enviará a la Asamblea Nacional, para modificar la actual deducción de gastos, que rige en el pago del Impuesto a la Renta. Asimismo, y junto al sistema judicial y la Fiscalía, trabajan en el proyecto destinado a reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Un tema que es de enorme importancia para todos los ecuatorianos. Finalmente, en materia de seguridad, destacó la incorporación de dos héroes de la Guerra del Cenepa, en el equipo de gobierno. Son los generales en retiro Paco Moncayo y Wagner Bravo, el primero como asesor, y el segundo como Secretario de Seguridad Pública Ambos, dijo Cucalón, son un enorme aporte de experiencia y compromiso, pues conocen y valoran lo que pueden y deben hacer las Fuerzas Armadas, para combatir el crimen organizado. Es decir, su nuevo papel, una vez que quedó atrás el peligro de un nuevo conflicto internacional. La reforma constitucional para que las @FFAAECUADOR apoyen a la @PoliciaEcuador en la seguridad interna es el nuevo contrato social que necesitan los ecuatorianos para enfrentar al enemigo mortal que es el crimen organizado. pic.twitter.com/sauYiuHDS2 — Henry Cucalon (@henrycucalon) April 27, 2023 El ministro indicó que ambos laboran en asesoramiento, y no como figuras operativas. A su juicio, los resultados ya empiezan a surgir. Por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas volvió la calma, precisamente gracias a los operativos militares. La entrevista completa, a continuación:

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Oposición calcula fecha para votación del juicio político contra Guillermo Lasso en la Asamblea

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El Comercio .- La oposición legislativa proyecta que la votación del juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, se dará en la última quincena de mayo próximo, es decir, después de que el Parlamento cuente con nuevas autoridades. Así lo señalaron la correísta Viviana Veloz y el socialcristiano Esteban Torres este martes 25 de abril del 2023, a un día de que sesione la Comisión de Fiscalización para cerrar la etapa de práctica de pruebas en esta causa.   «Estaríamos hablando que este proceso, tanto de debate en el Pleno y la posterior votación estaríamos culminando entre el 18 y el 21 de mayo», dijo Veloz, una de las cuatro proponentes del juicio político.   Esto supone que la votación de una posible censura y destitución de Lasso se dará después de que la Asamblea designe nuevas autoridades para lo que resta de su mandato, lo que se prevé para el 14 de mayo.   Torres, quien es coordinador del PSC, explicó que esto se debe a los plazos específicos que tiene el juicio político y responsabilizó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.) de haber «demorado el inicio del proceso».   «Todo esto hace que necesariamente tenga que votarse posterior al 14 de mayo, eso significa entre 17, 18 de mayo», aseveró.   La vicepresidenta de la Comisión, la oficialista Ana Belén Cordero, manifestó que todo dependerá de cómo el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), maneje los tiempos y a cuántos asambleístas permite intervenir en el debate del juicio político.   Una vez cerrada la fase de pruebas, la Comisión tendrá un plazo de 10 días, sin posibilidad de prórroga, para entregar un informe no vinculante y recomendar o no el enjuiciamiento político a Lasso en el Pleno. En este caso, hasta el 6 de mayo.   «Hay que ver los calendarios cómo se manejarían. Una vez que la Presidencia de la Asamblea conozca este informe tiene hasta 48 horas para poner en conocimiento de los 137 legisladores. Luego tiene hasta 72 horas para convocar al Pleno, luego se daría un debate», mencionó Cordero.   La legisladora calcula que el debate de esta acusación constitucional tomará entre dos y tres días. Y una vez cerrado el debate, el Presidente de la Asamblea tiene un plazo de 5 días para convocar a la votación.   Los votos Para una posible censura y destitución de Lasso se requerirán de, al menos, 92 votos. La oposición asegura contar con 96; mientras el oficialismo dice que eso no es factible, pues más de 50 de los 137 asambleístas estarían en contra.   «Yo creo que el juicio político es bastante complejo en el tema de la votación. Hay días donde se vislumbran los apoyos necesarios, hay días donde se ve que no y esos síntomas se verán hasta el día mismo de la votación», concluyó Torres.   Cierre de comparecencias El juicio político contra Lasso es impulsado por los asambleístas Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo, quienes son parte de la oposición legislativa que lidera el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).   Ellos se presentarán a la Comisión de Fiscalización para presentar sus argumentos este miércoles 26 de abril, a las 9:00, pero acordaron que solo intervendrá Veloz para sustentar esta causa. En la misma sesión se presentará el abogado de Lasso, Edgar Neira.   La oposición acusa a Lasso de supuesto peculado en un contrato de Flopec con Amazonas Tanker, que fue suscrito en el anterior Gobierno.

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Diputado alemán expresó su respaldo a la ‘democracia ecuatoriana’ con el presidente Lasso ante juicio político

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El Comercio .- Peter Beyer, diputado de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, expresó su respaldo a la democracia ecuatoriana con el presidente Guillermo Lasso. En su cuenta de Twitter el funcionario escribió: «Pido la protección de las instituciones democráticas y el diálogo pacífico en #Ecuador 🇪🇨. Apoyo total a la democracia ecuatoriana con el Presidente @LassoGuillermo, elegido democráticamente».   En un comunicado, Beyen señaló: «A la luz del proceso de juicio político en curso contra el presidente Guillermo Lasso en Ecuador, así como de la devastadora situación de inseguridad y la creciente violencia en el país andino, me gustaría transmitir mi firme apoyo a la democracia ecuatoriana».   En el texto, Beyer recuerda que como demócrata-cristiano alemán, «apoyo el liderazgo democrático, la protección a la institucionalidad». También la «decisión democrática de la ciudadanía que se refleja en la elección de un Presidente para un período determinado».   ‘Proteger las instituciones’ Por lo tanto, el diputado alemán hace un llamado «a proteger las instituciones democráticas y generar espacios de diálogo para encontrar juntos vías que mejoren de forma sostenible la calidad y la seguridad de las condiciones de vida de los ciudadanos ecuatorianos».   Peter Beyer es diputado de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, ponente para América Latina en la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag alemán. Además, es el antiguo Coordinador Transatlántico del Gobierno Federal,   El juicio político fue planteado por la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea, por los presuntos delitos de concusión por una presunta trama de corrupción en empresas públicas y por peculado (malversación) ante supuestas irregularidades en un contrato de la flota petrolera estatal Flopec con la compañía Amazonas Tankers.   Sin embargo, tras revisar los documentos de la acusación, la Corte Constitucional dejó fuera por falta de sustento el delito de concusión y solo permitió que se realice el juicio político por el delito de peculado. Ahora la Comisión de Fiscalización debe realizar un informe bajo esas premisas y para ello se encuentra en la fase de recepción de pruebas y de declaraciones de testigos.

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Juicio político: por informe anterior, Pazmiño pasa de acusadora a acusada

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Expreso .– La proponente del juicio político a Lasso tiene dos discursos sobre Amazonas Tanker. Su apoyo a este contrato tendría consecuencias políticas   Su propio informe la deja en evidencia. Uno de los momentos con mayor tensión en el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, ha sido la confrontación de la asambleísta y proponente del proceso, Mireya Pazmiño, con sus posturas del pasado. El 21 de abril, en una sesión más de la fase de comparecencias del juicio político, Pazmiño fue interrogada por Édgar Neira, abogado del presidente, sobre un informe suscrito por la comisión que ella preside, la de Régimen Económico, donde se defendía lo que ahora critica e, incluso, se le imputa a Guillermo Lasso. La presidencia de la comisión fue impugnada a Fernando Villavicencio. Ahora lidera Ana Belén Cordero.ARCHIVO El documento, aunque explícitamente no recomienda la continuación de los contratos entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker, según el legislador Fernando Villavicencio, sí es una aprobación velada de los integrantes de la comisión, y de Pazmiño, que podría tener consecuencias. “Podrían estar incurriendo en delitos por el fondo y la forma del tema. De fondo, por haber hecho conclusiones y recomendaciones que van más allá de los alcances de una comisión. De forma, por el hecho que dicho informe no fue hecho por funcionarios de la Asamblea”, dice. Incurren delitos por el fondo y la forma. De fondo por hacer cosas que están más allá de la competencia de la comisión y, de forma, porque el informe no fue hecho por ellos. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización En ese sentido, Ana Belén Cordero, también integrante de la mesa de Fiscalización, señala que Pazmiño y el resto de asambleístas de la Comisión de Régimen Económico habrían violado la Constitución. “El artículo 127, numeral 2, dice que los asambleístas no podrán ofrecer tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional”, explicó. Le recuerdo a la asambleísta Pazmiño que recomendar que se mantenga un contrato de una empresa pública, claramente implica captar recursos del Estado y eso es un delito. Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización Sin embargo, en declaraciones para EXPRESO, la legisladora Pazmiño señala que en ningún momento dicho documento recomienda que Flopec continúe o no con Amazonas Tanker. “Se pide que se envíe al presidente y se revise cada uno de los acuerdos comerciales que tiene Flopec”, destaca la asambleísta. Asimismo, ante la amenaza de Villavicencio, la legisladora hace hincapié en que no teme que se busque utilizar este argumento en su contra y que, según ella, lo que buscan es deslegitimar a Johnny Estupiñán, vicealmirante en servicio pasivo y gerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) hasta inicios de marzo de 2022. Señalar que podría haber tráfico de influencias u otro tipo de delitos es una línea muy fina. Se necesitarían más elementos de juicio como para llegar a esa conclusión. José de la Gasca, jurista y exsecretario Anticorrupción En realidad, según explica Pablo Encalada, penalista, el comportamiento de la Comisión de Régimen Económico, y por ende de la legisladora Mireya Pazmiño, no tendría consecuencias penales, pero sí políticas. “No hay delito. En la Constitución hay prohibición de gestión de cargos públicos o contratos y, por ello, tendrían responsabilidad política”, sostiene Encalada. Además, José de la Gasca, penalista y exsecretario Anticorrupción, señala que las prohibiciones de los legisladores mencionadas por la asambleísta oficialista Ana Belén Cordero no guardarían relación con los hechos expuestos. “Esa es una línea muy fina como para hablar de presunto tráfico de influencias, etc. Se necesitarían más elementos de juicio para llegar a esa conclusión”, explica. En el informe de la mesa de Régimen Económico, se defendía la gestión de Flopec con Amazonas Tanker.ARCHIVO. Sin embargo, al igual que Encalada, De la Gasca sí considera que el comportamiento de la asambleísta Pazmiño sí podría activar un llamado de atención en el ámbito político. “Esto debe contradecir algún código de ética dentro de la Asamblea Nacional. Es una vergüenza nacional e internacional que el juicio político esté basado en cosas que la propia proponente ha pedido que se mantengan”, continúa el jurista. Pese a las consideraciones hechas por los juristas, el asambleísta Fernando Villavicencio señala que el accionar de Pazmiño y el resto de la mesa de Régimen Económico, por lo menos, deberían estar bajo el análisis de las autoridades de control. Del mismo modo, Cordero destaca que la intromisión de Pazmiño es evidente y que se habría atribuido una competencia que solo radicaba en la empresa pública Flopec.

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Interpelantes deben demostrar que hubo peculado, advierte asambleísta Pedro Velasco

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El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, carece de toda argumentación lógica y jurídica. Así se pronunció el asambleísta Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Fiscalización, en diálogo con “Punto de Orden”. Velasco lamentó que los impulsadores de la interpelación, digan ahora “que no deben probar que existió peculado”, cuando en su dictamen de admisibilidad, la Corte Constitucional precisamente aprobó ese único supuesto delito, con la necesidad de demostrar que existió. El legislador recordó que, de acuerdo al Código Penal, peculado es apropiarse de bienes del Estado. Y es imprescindible demostrarlo para una eventual censura y destitución del presidente, pues de lo contrario se violarían todas las garantías jurídicas del país. Sin embargo, Velasco reconoció que en la Asamblea mandan los votos, y no el respeto al derecho. Asimismo, lamentó que Johnny Estupiñán, ex gerente de Flopec, se excusara de rendir su testimonio en el Parlamento, pues sus declaraciones son fundamentales para establecer lo que ocurrió. En su opinión, el argumento de la oposición, de que “es un juicio político y no jurídico”, es absurdo, pues se trata de un proceso que no puede estar aislado de la Constitución y las leyes. También precisó que no se pueden esgrimir acusaciones sin sustento alguno, como está sucediendo en el juicio político. A su criterio, las declaraciones de los funcionarios de la Contraloría General del Estado, confirman que no existió el supuesto peculado. Para empezar, el contrato cuestionado corresponde al gobierno de Lenin Moreno, y no al de Lasso. Y además, las observaciones, que son estrictamente administrativas y no penales, desvinculan de culpabilidad a las autoridades actuales.

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Abogado de Guillermo Lasso habla de ‘violaciones’ al procedimiento del juicio político

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EL COMERCIO .- Edgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso, dijo este 11 de abril de 2023 que en la sustanciación del juicio político se irrespetan las reglas básicas del debido proceso. Advirtió que observará la existencia de violaciones al procedimiento y que incumplir el dictamen de la Corte Constitucional (CC) traería consecuencias. “Nosotros no consideramos que las cartas están echadas porque apelamos a esa sensibilidad patriótica y cívica de los comisionados y asambleístas”, expresó en radio Sucesos respecto a la faculta fiscalizadora del Legislativo.   Neira espera que esa facultad “se ejerza con el mínimo de rigurosidad, de seriedad y de apego a la norma jurídica”, al ser el enjuiciamiento del Primer Mandatario “un tema delicado”. Manifestó que esa es la línea de defensa técnica que se mantendrá frente a la sustanciación del juicio político.   Sin embargo, hizo una aclaración. “Estaremos atentos a las infracciones, a los excesos o a las violaciones del procedimiento, si es que estas continúan produciéndose”.   Los principales argumentos que maneja Neira es la inexistencia del delito de peculado, por el que se acusa a Lasso, y la falta de responsabilidad política.   Neira acudió el 10 de abril a la Comisión de Fiscalización. Esa mesa aprobó la actuación de 68 pruebas de oficio en la sustanciación de la solicitud de juicio, 60 de ellas de tipo documental y ocho comparecencias.   Tras esa sesión, Neira concluye que “parecería que en el ánimo de los asambleístas no está el respetar el dictamen de la Corte Constitucional”. Por lo que insistirá en la presentación de las solicitudes probatorias dentro de los plazos legales, es decir los 10 días. Ese tiempo que culmina el próximo 16 de abril.   Abogado habla del dictamen de la CC El abogado de Lasso exigirá que la clase política cumpla con la legalidad “más allá de los afectos y desafectos políticos”. La Corte Constitucional en su dictamen de admisibilidad permitió el enjuiciamiento a Lasso solo por el delito de peculado. El máximo órgano desechó dos acusaciones por concusión.   Neira puntualizó que, si los asambleístas se apartan del dictamen de la CC, eso traerá consecuencias jurídicas. “La CC deberá dar seguimiento al cumplimiento de ese dictamen y tomará las decisiones que correspondan, respecto del comportamiento de esos legisladores”.   La Corte puede actuar de oficio para hacer cumplir sus dictámenes, también tiene la facultad de decidir a partir de las peticiones que formulen los asambleístas o el Presidente de la República, comentó Neira.   El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ya envió el 7 de abril un oficio al presidente de la CC. Solicitó que “realice el seguimiento a la ejecución del dictamen de admisibilidad parcial del juicio político por un presunto peculado en contra de Lasso”.   Frente a esa petición lo que cabe, según Neira, es esperar una respuesta de la CC o que el organismo esté atento al comportamiento de los legisladores.   Consecuencias por incumplimiento Neira evitó profundizar en las consecuencias jurídicas para los proponentes del juicio político por incumplimiento del dictamen.   Pero comparó el caso con el desenlace que tuvieron los siete exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpcccs). La Corte destituyó a todos por incumplir con un dictamen sobre la designación del nuevo titular del Consejo de la Judicatura.   El jurista, además, sostiene que hay un error de parte de la CC al mencionar que la Contraloría en su informe “habría recomendado la terminación del contrato”, de transporte de crudo entre Amazonas Tankers y la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).   Aseguró que el Gobierno tiene elementos probatorios para demostrar que la Contraloría en ningún momento recomendó la terminación de ese contrato, sino que sugirió que se negocien nuevas condiciones para evitar perjuicios económicos al Estado.

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