PECULADO archivos - Centro 101.3 FM Guayas y Santa Elena

Prisión para funcionaria por peculado en contrato de agua potable para Durán

Nacionales / Fernando Castilla Fassio / 28/01/2025

Una exintegrante de la Comisión de Fiscalización del Municipio de Durán, implicada en un posible peculado en la contratación de agua potable para la ciudad, recibió orden de prisión. La decisión fue tomada por la Presidencia de la Corte de Justicia del Guayas. LEER TAMBIÉN: Exalcaldesa de Durán, señalada en caso de peculado LEER TAMBIÉN: Capturado en Colombia exalcalde de Durán, Dalton Narváez El dictamen establece que Roxana VM, entonces funcionaria de Durán, participó en el millonario sobreprecio detectado en este caso. Exalcaldesa, en la mira por peculado La principal encausada es la exalcaldesa, Alexandra Arce, quien ahora es legisladora y, por tanto, goza de inmunidad. Los informes de Contraría vinculan a Arce y otras 17 personas, incluyendo Roxana VM, por las graves irregularidades detectadas en el contrato de agua potable citado, por 40 millones de dólares. Se trata del proyecto Sistema Conducción de Agua Potable El Chobo, que supuestamente iba a solucionar el servicio en la ciudad, y que terminó en escándalo. La acusada Roxana VM formó parte de la comisión de fiscalización, que intervino en la contratación. Tenía medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salir del país, pero la Fiscalía pidió a la Corte revocarlas y ordenar su prisión preventiva, dado que no cumplió, lo cual fue aceptado.

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Capturado en Colombia exalcalde de Durán, Dalton Narváez

Nacionales / Fernando Castilla Fassio / 08/01/2025

La policía colombiana capturó en Bogotá a Dalton Narváez, exalcalde de Durán, e implicado en un millonario caso de peculado. El exfuncionario fue detenido cuando pretendía viajar a Perú, posiblemente para evadir la acción de la justicia. Incluso había cambiado su físico, en su afán de no ser reconocido. LEER TAMBIÉN: Suspendida nuevamente audiencia dentro de caso de peculado contra exalcaldes de Durán LEER TAMBIÉN: Exalcaldesa de Durán, señalada en caso de peculado Una vez realizados los trámites de rigor, será expulsado rumbo a Ecuador, donde irá a prisión. Peculado Narváez tenía orden de arresto, debido al posible peculado de 37 millones de dólares detectado en los contratos de consultoría, para el sistema de conducción de agua potable. El proceso se remonta al año 2001, cuando la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal, en las fases precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de contratos de consultoría, relacionados con el mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable, del Chobo al cantón Durán. El periodo corresponde a Narváez. Alexandra Arce, también señalada por peculado La Contraloría también halló irregularidades, en el contrato para la ampliación de cobertura del servicio en varios sectores, entre los periodos comprendidos entre 2013 y febrero de 2019. En este caso la implicada es la correísta Alexandra Arce, también exalcaldesa de dicho cantón y actual legisladora. Narváez pertenecía al Partido Social Cristiano.

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Exalcaldesa de Durán, señalada en caso de peculado

Nacionales / Fernando Castilla Fassio / 12/11/2024

La exalcaldesa de Durán y actual legisladora correísta, Alexandra Arce, afronta cargos por peculado. Es decir, por robo de fondos públicos. LEER TAMBIÉN: Exalcaldesa de Durán, vinculada en caso de peculado LEER TAMBIÉN: Asambleísta Ricardo Vanegas pide responsabilidad penal contra Alexandra Arce La Fiscalía General la vinculó a ella y a 17 personas más al proceso abierto, por las graves irregularidades detectadas en el contrato de agua potable, por 40 millones de dólares. Agua potable Se trata del proyecto Sistema Conducción de Agua Potable El Chobo, que supuestamente iba a solucionar el servicio en la ciudad, y que terminó en escándalo. Durante la diligencia de vinculación, el presidente de la Corte de Justicia del Guayas ordenó la prisión preventiva de Aldo R., director de Planeamiento Territorial, y administrador del contrato cuestionado. También de Stalin P, residente de obra; Johnny V, administrador del contrato principal; y Edgar Q, verificador de avance. Asimismo, hay arresto domiciliario para otras 4 personas, por ser de la tercera edad o con enfermedades catastróficas, además de retención de cuentas bancarias. El magistrado aún no resuelve la situación de Arce, la principal acusada. El caso se abrió en el año 2021. Junto a Arce es investigado otro exalcalde, Dalton Narváez.

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Este miércoles será audiencia preparatoria por Caso «Reconstrucción de Manabí»

Nacionales / Fernando Castilla Fassio / 14/10/2024

Para este miércoles 16 de octubre quedó fijada la audiencia preparatoria de juicio, por posible peculado en el denominado “Caso Reconstrucción de Manabí”. La causa tiene como principal acusado al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente detenido en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de mayor seguridad del país, donde debe purgar condenas pendientes por su implicación en los casos “Odebrecht” y “Sobornos”. LEER TAMBIÉN: Dictan prisión para ex vicepresidente Glas por peculado en Reconstrucción de Manabí LEER TAMBIÉN: Correa y ex ministros, llamados a declarar en “Caso Reconstrucción de Manabí” Implicados Hay otros 8 implicados. Se trata de Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal “Ecuador Estratégico”, con quienes se arrancó el proceso penal; el exsecretario del Comité de la Reconstrucción, Carlos Bernal, hijo de Franklin Bernal, quien está prófugo en Miami; y Walter Solís, exministro de Transporte. Asimismo, Franklin José B Q, Boris Sebastián CG, y Omar Wilfrido ChR, exsubsecretarios del MTOP; Víctor Salvador JV, exdirector del Servicio de Contratación de Obras; y Milton Daniel M, exfuncionario de Inmobiliar. Julio Inga, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), fijó por quinta vez la fecha para iniciar el proceso. La Fiscalía determinó abuso de dinero público, que los ecuatorianos entregaron para enfrentar la emergencia, provocada por el terremoto del 16 de abril de 2016. Para la Fiscalía, Glas y el resto de los procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de la emergencia. Además, se evadió el proceso de contratación pública y se benefició a una empresa relacionada con familiares, del ahora procesado Carlos Bernal. El dinero desviado alcanzaría la suma de 367 millones de dólares. Esta es la quinta convocatoria que hace Inga dentro de esta causa penal, luego de cuatro pedidos de diferimiento hechos por la Fiscalía en dos ocasiones (el 16 y 28 de mayo) y por otros procesados (el 26 de junio y el 8 de octubre).

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Jorge Glas recusa al juez Luis Rivera y vuelve a impedir que se instale audiencia en caso Reconstrucción de Manabí

Nacionales / Victor Gonzalez / 04/01/2024

El Universo .- El exvicepresidente Jorge Glas y los exfuncionarios del correísmo Carlos Bernal y Pablo Ortiz son investigados por Fiscalía por el delito de peculado. Dos días antes de que se realice la audiencia de formulación de cargos en el caso Reconstrucción de Manabí, el exvicepresidente Jorge Glas, uno de los tres exfuncionarios públicos al que se los relaciona con el delito de peculado, presentó una demanda de recusación contra el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera. La acción fue interpuesta la mañana del 3 de enero pasado y, por sorteo, recayó la causa en manos del también juez penal de la CNJ Byron Guillén. Esta formulación de cargos la viene solicitando la Fiscalía General desde el 1 de junio pasado. Por dos ocasiones no se ha podido instalar la diligencia e incluso se solicitó a la Asamblea Nacional que se pronuncie sobre si da o no paso al procesamiento penal del ex segundo mandatario. El 29 de noviembre pasado, Rivera acogió el pedido hecho por la defensa de Glas y decidió que antes de que exista una audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado se remita un oficio a la Asamblea Nacional solicitando la autorización para enjuiciar penalmente a quien formó binomio presidencial con Rafael Correa. Sobre esta solicitud, en el pleno del Legislativo, el jueves 21 de diciembre último, no se alcanzaron los votos para autorizar el enjuiciamiento penal de Glas. Con la respuesta de la Asamblea, el juez Rivera dispuso para el 5 de enero la instalación de la audiencia de formulación de cargos contra Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. En el conocido caso Reconstrucción de Manabí se analizan supuestas irregularidades en la contratación del proyecto vial Manta-Colisa. La teoría manejada por Fiscalía habla de que pese a que el proyecto no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación), fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto ocurrido en Ecuador, en abril de 2016. El juez Guillén no ha definido aún la fecha en la que se analizará en audiencia la demanda de recusación planteada contra el magistrado Rivera. Una vez que haya sido notificado de la recusación, Rivera deberá apartarse del conocimiento de la causa y ese hecho durará hasta que exista una resolución de Guillén. Los nombres de los jueces Rivera y Guillén, así como también de Jorge Glas aparecen en las conversaciones periciadas del denominado caso Metástasis, proceso penal en el que se investiga una delincuencia organizada que se habría estructurado en torno al narcotraficante Leandro Norero y la posibilidad de conseguir fallos judiciales favorables y beneficios penitenciarios para quien era conocido con el alias de Patrón y su familia. El 17 de diciembre último, Jorge Glas ingresó a la Embajada de México, en Quito, argumentando que tenía temor por su seguridad y libertad personal. Fue recibido en esa delegación diplomática en calidad de huésped y sus abogados han dicho que ya entregaron una solicitud formal de asilo político y refugio. Aún se desconoce la respuesta del Gobierno mexicano. Glas tomó esa decisión una vez que conoció el requerimiento hecho al comandante de la Policía Nacional, general César Zapata, por la fiscal Salazar para que se detenga a Glas y, sin esposas y sin esposar, sea llevado a la Fiscalía del Fuero de Corte Nacional, en el norte de la capital, para la práctica de varias diligencias investigativas dentro del caso Reconstrucción de Manabí.

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Jorge Glas solicita su prelibertad en medio del incumplimiento de la presentación semanal, parte de su “libertad provisional”

Nacionales / Victor Gonzalez / 26/12/2023

El Universo .- La defensa del exvicepresidente Jorge Glas asegura que para acceder al beneficio de prelibertad él cumplió el 40 % de la pena impuesta en diciembre de 2020. Haber ingresado el exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México, en Quito, el 17 de diciembre pasado, y estar en ese lugar más de una semana en calidad de “huésped”, le ha llevado a incumplir al líder de la Revolución Ciudadana la presentación semanal dispuesta en noviembre de 2022, como parte de una medida cautelar autónoma en la que el juez constitucional en Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo, decidió beneficiar a Glas con una “libertad provisional”. El juez Curipallo, hoy uno de los 31 procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis, acogió las medidas propuestas por la defensa de Glas y permitió que él, el 28 de noviembre pasado, salga de la denominada Cárcel 4, al norte de Quito, en la que se encontraba. Como parte de la “libertad provisional” se dispuso inicialmente que el exbinomio presidencial de Rafael Correa se presente en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y tenga prohibido salir del país. Esa presentación periódica semanal se reformó a mediados de abril pasado, no en el tiempo, pero sí en el lugar. Debido a la situación de violencia e inseguridad que existía en la Penitenciaría del Litoral, en lugar de hacerlo ahí se le dispuso a Glas se presente una vez por semana ante un juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. Ese cumplimiento se dio por un año y dos semanas, hasta antes de ingresar a la delegación diplomática mexicana en Ecuador, aduciendo que tenía temor por su seguridad y libertad personal. Dentro de la medida cautelar, Curipallo aseguró que la “libertad provisional” estará vigente hasta que un juez de garantías penitenciarias disponga lo contrario. Según la resolución, se acogió la pretensión para precautelar en libertad los derechos de Glas, pues supuestamente la demora que existía en el trámite realizado por la defensa de Glas ante otro juzgador para obtener beneficios penitenciarios podría lesionar sus derechos a la seguridad jurídica y el debido proceso. El constitucionalista Ismael Quintana resalta que constitucionalmente la medida es temporal y por esencia revocable, por lo que si el beneficiario no la está cumpliendo, el juez que conoce la causa la debe revocar, porque ya no se cumplen las definiciones dispuestas en el propio fallo. Curipallo al momento se encuentra cumpliendo la medida de prisión preventiva en el caso Metástasis, al ser uno de los colaboradores de una red que habría operado para brindar facilidades penitenciarias y fallos judiciales al narcotraficante Lenadro Norero y su familia. Procesalmente lo que correspondería, explica Quintana, es que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), al ser el órgano del poder público al que se le planteó la medida cautelar, pida la revocatoria de las medidas cautelares dadas a Glas dentro del recurso constitucional tramitado. “Debía presentarse ante autoridad competente en lugar de la prisión que tenía y resulta que no está cumpliendo con la decisión que a él mismo le beneficia. Eso es causal para revocar la medida cautelar”. Pero el constitucionalista va más allá y cree que en el caso de la medida cautelar otorgada a Glas lo que debería ocurrir es que la Corte Constitucional (CC) la seleccione, la revise y la deje sin efecto. Anota que la CC tiene la posibilidad de escoger casos que son importantes desde su trascendencia para desarrollar jurisprudencia, dice, así como lo hizo, aunque con demora, en los dos habeas corpus que beneficiaron a Jorge Glas. “Lo que se ha hecho con la medida cautelar (otorgada a Jorge Glas) es que se ha tratado de desnaturalizarla, se ha mal utilizado la medida cautelar constitucional para discutir ahí asuntos que se deben discutir en los procesos penales ordinarios o en el régimen de justicia penal ordinaria. Un juez indebidamente le otorgó la medida cautelar, cuando en el fondo lo que se ordenó fue una prelibertad. (…) Debería definirse eso para evitar empañar el proceso penal”, sostuvo el constitucionalista. Este incumplimiento de medida cautelar se da en momentos en que se definió para este miércoles 27 de diciembre, a partir de las 15:00, una audiencia en la que la jueza Melissa Muñoz tratará el beneficio penitenciario de prelibertad que exige Jorge Glas una vez habría cumplido las dos quintas partes de la pena o el 40 % de la sentencia de ocho años impuesta por dos casos de corrupción (Odebrecht y Sobornos 2012-2016) en los que tiene fallos en firme y en proceso de ejecución. Mañana en una diligencia una jueza de garantías penitenciarias deberá analizar los informes que entreguen las autoridades del SNAI del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi y la Cárcel 4, más allá del tiempo de la pena cumplido, sobre condiciones de rehabilitación, cursos realizados mientra estuvo interno, nivel de seguridad en que se mantuvo el interno condenado, entre otros elementos que puedan definir si la persona que requiere el beneficio está apta para completar su rehabilitación fuera de un CPL. Eduardo Franco Loor, parte de la defensa de Glas, cree que a su representado le corresponde acceder a la prelibertad, pues ya cumplió más alla del 40 % de la pena. Ya en lo referente al ingreso del exvicepresidente a la Embajada de México en Ecuador, según Franco Loor ya el 20 de diciembre pasado se habría presentado basta información que respalda la solicitud de asilo a favor del líder del correísmo. El penalista y catedrático universitario, Pablo Encalada, refiere que en principio Glas tendría todo el derecho de solicitar la prelibertad, pero aclara que las estas últimas circunstancias ocurridas en torno al exvicepresidente tendrían que ser valoradas por quien juzgue el pedido de prelibertad. “Que se hayan emitido los informes (del SNAI) previamente no quiere decir que estos no puedan variar y en esta última semana esto precisamente ha variado. El régimen semiabierto o libertad condicional o prelibertad es uno en el cual él (Jorge Glas) tenía que presentarse periódicamente. Así que ya está incumpliendo, entonces el juez debería valorar y negar. El Código Orgánico de la Función Judicial dice que los hechos públicos y notorios no requieren prueba. Entonces basta con la mención de quien vaya a esa audiencia y

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Henry Kronfle se pronuncia sobre sesión para tratar caso Glas: «Debe ser enjuiciado penalmente»

Nacionales / Victor Gonzalez / 21/12/2023

Vistazo .- Esta tarde la Asamblea Nacional analizará la solicitud enviada por el juez Luis Rivera para que los legisladores decidan si es que procede o no enjuiciar al exvicepresidente Jorge Glas por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. La sesión fue convocada por la vicepresidenta del Parlamento, Viviana Veloz, quien está encargada de la presidencia, ya que Henry Kronfle pidió una licencia sin remuneración para este día. De hecho, este panorama ha generado una serie de dudas y críticas en redes sociales, por lo que Kronfle emitió un comunicado en el que asegura que no estaba dispuesto a convocar a una sesión por pedido de un juez, que está siendo investigado por la Fiscalía en el caso Metástasis. “Sin embargo, mi opinión personal no puede anteponerse a la voluntad de la Asamblea Nacional, y al existir diferentes posiciones al respecto en el interior de la misma, de ninguna manera podía yo, impedir que el pleno se pronuncie ante el requerimiento expreso de la justicia”, manifestó el militante del PSC. Agregó que se sumará de fondo y forma al pronunciamiento que hará su partido esta tarde, “el cual ya fue anticipado por Vicente Taiano: Jorge Glas debe ser enjuiciado penalmente”. Por su parte, la bancada de Construye aseguró que ha presentado un cambio del orden del día para que se pueda escoger el trámite constitucional adecuado. Se trataría de una resolución que devuelva la consulta a la Corte Nacional para que el juicio continúe. Así que esperan que ADN y PSC se sumen a esta propuesta, ya que esas organizaciones han expresado públicamente que darán paso a que Jorge Glas sea procesado. Tras conocer la decisión del juez Rivera, la Fiscalía señaló que la consulta a la Asamblea “es innecesaria y dilatoria al existir precedentes”, puesto que Glas no es funcionario público (de hecho, ya estuvo sentenciado por otras dos causas). “No se encuentra cumpliendo funciones, como lo expresa la Constitución, que debe ser aplicada de forma expresa y no según interpretaciones a conveniencia”, mencionaba un comunicado. En el caso Reconstrucción de Manabí se investiga un presunto abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016. Glas es procesado por las acciones tomadas en el 2016 como presidente del Comité de Reconstrucción. Además, están implicados los exfuncionarios públicos Carlos B. y Pablo O.

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Dentro de investigación previa por pecualdo, Fiscalía convoca a la prefecta Paola Pabón a rendir versión el próximo 17 de noviembre

Nacionales / Victor Gonzalez / 09/11/2023

El Universo .- La investigación previa se abrió el 24 de octubre pasado, luego de se filtró un audio en el que dialogan Soledad Padilla y el exvicepresidente Jorge Glas. En la continuación de la investigación previa abierta por el delito de peculado contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, la Fiscalía General del Estado convoca el 17 de noviembre próximo a la funcionaria a rendir versión y así hablar de la forma de contratación y las labores que Soledad Padilla mantuvo en la Prefectura de Pichincha entre 2019 y 2023. La indagación en este caso se abrió el 24 de octubre pasado y parte de lo dicho por la propia Padilla en un audio filtrado en el que dialoga con el exvicepresidente Jorge Glas. Aparentemente, mientras era funcionaria de la Prefectura de Pichincha Soledad Padilla era la asistente del líder correísta, quien estuvo en varios Centros de Privación de Libertad (CPL), entre 2017 y 2023, cumpliendo dos sentencias en firme por actos de corrupción relacionados con los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016. La versión a la que es convocada Pabón fue solicitada por su defensa. Como parte de la información requerida por la Fiscalía, la prefectura de Pichincha ya habría facilitado informes sobre la creación de la necesidad de los cargos de asistente de promoción turística 2 y directora técnica de apoyo que ocupó Padilla desde el 5 de noviembre de 2019 que ingresó al Gobierno Autónomo Descentralizado provincial liderado por Pabón. Además información del área de Recursos Humanos sobre la selección, el sueldo, informes de trabajo y otros documentos de registro. En uno de los audios filtrados se escucha a Glas decir que Padilla no trabajaba para él, sino para la Prefectura de Pichincha. Padilla le respondió: “Cuanto no lo conozco que de entrada me va diciendo, me va lanzando una pastillita: Para mi no trabajabas, trabajabas para la prefectura. Por favor, hay conversaciones, las llamadas que usted hacía para que me contraten. Por favor Jorge, por favor, entre gitanos no nos leemos las cartas, Jorge”. Padilla ha denunciado a Glas en la Fiscalía por acoso e intimidación; mientras que Jorge Glas días después la demandó por extorsión, pues supuestamente le exigió $ 350.000 a cambio de no publicar audios relacionados con el tema. Entre la tarde y noche del jueves 2 de noviembre pasado y como parte de un acto urgente, la Fiscalía allanó una vivienda en la provincia del Guayas y varias oficinas de la Prefectura de Pichincha, en el centro de Quito, entre ellas, la que ocupaba Padilla en el piso 19 y otra del área de tecnologías en el piso 8. Equipos electrónicos (cuatro computadoras) y documentos habrían sido levantados en los lugares en los que se dieron los allanamientos. Para la prefecta Pabón era inaudito que habiendo señalado casillero judicial y entregado toda la información requerida por la Fiscalía, “en un burdo intento por polemizar y mediatizar un caso”,se allane la Prefectura en feriado nacional, cuando nuestro personal está trabajando en las vías en el operativo Pichincha Segura. Durante el allanamiento, el procurador de la Prefectura de Pichincha, Freddy Vega, tampoco entendía la acción de Fiscalía, más aún cuando la institución ha brindado las facilidades y entregado la información que se ha requerido. De Padilla explicó que era una funcionaria más del área de Protocolo. Mostró reparos por el momento en el que se hace el allanamiento, pues, según él, la acción podría haber sido hecha en horarios laborales en el que están los funcionarios laborando y pueden hacer los requerimientos del caso y no en medio de un feriado nacional. “Vienen en momentos en que no están los funcionarios y no les podemos dar mayor información”, indicó Vega, quien además calificó al acto de Fiscalía como inoficioso. Entre los delitos contra la eficiencia de la administración pública se encuentra el delito de peculado, el cual está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa explica que los servidores públicos; las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado; o, los proveedores del Estado que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad que pueden ir de los cinco a los trece años. Serán sancionados con la misma pena como responsables de peculado los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que realicen actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración y vigilancia de estas entidades; que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo.

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Fiscalía asegura que acusados dentro del caso Isspol – Bonos pretenden deslindar su responsabilidad en el delito de peculado

Nacionales / Victor Gonzalez / 08/11/2023

El Universo .– Aún restan ser escuchadas en audiencia las defensas de cinco de los diez acusados de participar en supuestas irregularidades eninversiones del Isspol. Entre el lunes y martes pasados, en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio dentro del denominado caso Isspol, cinco de los diez acusados por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), han desestimado las acusaciones de la Fiscalía General del Estado y piden a la jueza de Pichincha, Irene Pérez, emita a su favor un sobreseimiento. Luego de poco más de tres meses de suspensión, el lunes último se reinstaló la diligencia para continuar con la respuesta que tienen las defensas de los diez procesados al dictamen acusatorio dado por el fiscal a cargo de la causa, Álex Castillo, a finales de julio pasado y luego de cinco días de intervenciones. Él presentó un dictamen acusatorio contra los diez procesados y pidió que se llame a juicio a todos. Castillo fundamentó su dictamen en calidad de autores contra el empresario Jorge Chérrez; los general (sp) exdirectores del Isspol, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Núques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; y Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y exintegrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil. También presentó su acusación como coautores del delito de peculado contra Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi, y Carlos Carbo Cox. Los diez, para la Fiscalía, serían parte de un peculado ocurrido en la negociación de $ 216.2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos. Hasta el momento han intervenido las defensas de Enrique Espinosa de los Monteros, Santiago Duarte, Jhon Luzuriaga, entre otros exdirectores del Isspol. Pese a que se convocó para las 10:00 de este miércoles 8 de noviembre a la tercera jornada de audiencia dentro de esta causa en la que restan aún cinco defensas por intervenir, por solicitud de uno de los abogados, la audiencia fue diferida para este jueves 9 de noviembre, desde las 09:30. Básicamente quienes han intervenido en la diligencia en defensa de los procesados han indicado que el delito investigado no corresponde al período de gestión que mantuvieron en el Isspol, que las investigaciones realizadas fueron recuperadas, que su rol como asesor jurídico se circunscribe únicamente a ese ámbito y por lo tanto no participó de las decisiones de inversión o que los procesados no tenían voz, ni voto para influir en las inversiones que realizaba el Isspol. El actual director del Isspol, coronel Renato González, critica los argumentos, pues lo que estarían diciendo es que ahora nadie conoce nada, que nadie firmó nada, que ‘pasaron en el Isspol consumiendo los sueldos sin saber de qué se trataba lo que hacían’. Según la acusación de Fiscalía, el pacto de recompra de bonos global se habría dado sin ninguna garantía. La reinstalación del 6 de noviembre pasado, es la continuación de la audiencia instalada el 10 de julio pasado por la jueza Irene Pérez. La diligencia de evaluación y preparatoria de juicio se instaló a inicios de enero pasado y se resolvió la fase de nulidades. Luego, por diferentes razones, la diligencia no ha podido ser reinstalada o avanzar con la velocidad adecuada. El fiscal Castillo tiene clara la estrategia de defensa aplicada por los abogados que han intervenido: tratar de desplazar la responsabilidad de los procesados, argumentando que desde su cargo no podían ellos disponer de estos fondos. Lo señalado sería poco probable, a decir de la Fiscalía, pues ellos fueron quienes firmaron cada una de las actas donde se dispuso realizar las inversiones. Las pericias de flujo de procesos, financiera y contable serían la base de la acusación que lleva adelante la Fiscalía. Por ejemplo, según la pericia contable el perjuicio en este caso ascendería a $ 188 millones hasta el 6 de abril de 2021, monto que continuaría en incremento. Para la Fiscalía, en los hechos ocurridos entre el 2017 y 2019 se violentó un bien jurídico protegido, una vez los procesados se valieron de sus cargos para “apropiarse, distraer y disponer” de los fondos de propiedad de los afiliados al Isspol. A la acusación se sumó el agravante de que hayan participado más de dos personas en el cometimiento del delito de peculado.

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Fiscalía allana Prefectura de Pichincha y vivienda por presunto peculado en el caso Padilla

Nacionales / Victor Gonzalez / 03/11/2023

El Universo .- También en Guayaquil se produjo un allanamiento en una vivienda presuntamente de la Padilla exfuncionaria de la prefectura dirigida por Paola Pabón La Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento a la instalaciones de la prefectura de Pichincha y también en una vivienda en Guayaquil, en el marco de una investigación previa abierta por un presunto delito de peculado en la contratación de Soledad Padilla, como funcionaria de la entidad y al mismo tiempo asesoraba al ex vicepresidente de la República, Jorge Glas. El allanamiento se produce tras el anuncio que realizó, la semana pasada, la Fiscalía General del Estado de que comenzó una investigación de un supuesto abuso de fondos públicos en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Con los allanamientos se intenta recopilar elementos de convicción para determinar irregularidades en la contratación de Soledad Padilla, como funcionaria de la Prefectura desde el 2019 hasta el 2023, y al mismo tiempo se desempeño como asesora del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, mientras cumplía dos sentencias en la cárcel por actos de corrupción. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, aparecería como la persona por investigar directamente en esta fase reservada, en la que se analizan hechos específicos que podrían configurar un delito por el que finalmente se formulen cargos. Se conoció que la vivienda que se allanó en la provincia de Guayas pertenecería a Soledad Padilla, y el propósito es recabar indicios. La Fiscalía General del Estado este 2 de noviembre 2023 también allanó una vivienda en la ciudad de Guayaquil dentro de la investigación previa por presunto delito de peculado. Foto Cortesía Fiscalía. En el allanamiento se levantó indicios electrónicos y también documentos que permitirán continuar con la investigación, según el reporte oficial de la Fiscalía. De su lado la Contraloría General de Estado ya formuló observaciones a la Prefectura de Pichincha por los procesos de contratación de personal durante la administración de Pabón, como pagos de sueldos excesivos. (I)

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Jueza penitenciaria declara ‘no ha lugar’ solicitud de prelibertad de Jorge Glas, mientras aún se mantiene pendiente formulación de cargos por peculado

Nacionales / streaming streaming / 17/10/2023

El Universo .- Jorge Glas mantiene en firme una pena de seis años de prisión por asociación ilícita y otra de ocho años de cárcel por un cohecho atado al caso Sobornos. La jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha Soledad Manosalvas declaró “no ha lugar” por “improcedente” el pedido hecho por el exvicepresidente Jorga Glas para que se analice una solicitud de prelibertad a su favor. El planteamiento fue hecho el 1 de septiembre pasado y descartado cuatro días después. “No ha lugar lo requerido por ser improcedente al estado procesal de la presente causa. Una vez que el centro carcelario consigne a este despacho la documentación correspondiente conforme a las disposiciones establecidas (…) se atenderá lo que en derecho corresponda, por cuanto el peticionario y su defensa técnica ajuste sus actuaciones procesales de conformidad a las disposiciones emitidas en la presente causa y la normativa legal vigente, a fin de velar por la seguridad jurídica y el debido proceso”, señala la providencia emitida por Manosalvas. Desde el 28 de noviembre pasado Jorge Glas está fuera de la conocida como Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. De ese Centro de Privación de la Libertad (CPL) salió bajo “libertad provisional”, debido a medidas cautelares autónomas acogidas por el juez constitucional de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo. Glas mantenía dos penas en firme: seis años de prisión por una asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht y ocho años de cárcel por un cohecho atado al caso Sobornos 2012-2016. Como parte de la “libertad provisional” el ingeniero de profesión debía presentarse en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y tenía prohibido salir del país. La presentación periódica se reformó a mediados de abril pasado, debido a la situación de violencia e inseguridad que existe en la Penitenciaría del Litoral. En su lugar se le dispuso que Glas deje de presentarse una vez por semana en ese CPL y en su lugar lo haga ante un juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. A Jorge Glas ya se le ha determinado la pena única de las dos que tenía en firme en los casos Sobornos 2012-2016 y Odebrecht. Lo que le restaría por cumplir de los ocho años de pena única al binomio de Rafael Correa son poco más de dos años. La defensa de Glas ha estado a la espera de que se tramite su pedido de prelibertad, beneficio penitenciario al que podría acceder por el tiempo cumplido de la condena, pero también ha aprovechado para plantear un recurso de “rebaja de pena por ley más benigna”. En esa causa el juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil (Guayas), Manuel Lima, decidió inhibirse de conocer el recurso propuesto por Glas, el 5 de julio pasado. “Se logra determinar que la competencia para vigilar y controlar el cumplimiento de las penas de Jorge Glas se ha asegurado y ratificado en la causa radicada en Quito. En virtud de las consideraciones expuestas, (…) me inhibo de conocer la presente causa debiéndose remitir las constancias procesales a su juez natural de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Quito, dentro de la causa 17U01-2023-00020G”, refirió en su decisión el juez Lima. De otra parte, aún no se concreta la solicitud hecha por la fiscal general, Diana Salazar, a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que exista una audiencia en la que se formulará cargos por el delito de peculado contra Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, y los exfuncionarios públicos del correísmo Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. La fiscal general hizo el pedido formalmente el 1 de junio pasado, es decir, hace ya casi cinco meses, pero por dos ocasiones no se ha podido instalar la diligencia. El caso está en manos de Luis Rivera, juez de la CNJ que fue parte del Tribunal de Apelación que, en noviembre de 2022, declaró la nulidad en el denominado caso Singue, en el cual uno de los procesados por peculado era Glas, y quien, el 19 de junio pasado, sobreseyó a los 18 procesados por peculado en el conocido caso helicópteros Dhruv. Salazar hizo la solicitud, pues se habrían determinado hechos que configuraría un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016. “En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón la Fiscalía abrió una investigación previa”, recordó Salazar en un video colgado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía. En su explicación, la fiscal general recordó que el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el Gobierno de la época –el de Rafael Correa– conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Diana Salazar sostiene que este proyecto, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto. El último diferimiento en el caso por peculado se dio el 6 de septiembre pasado, debido a un “choque anafiláctico y una dermatitis atópica” que sufrió el abogado del exvicepresidente del correísmo. Ese hecho obligó a que el juez Rivera, para no vulnerar el derecho a que todo procesado tiene para mantener un abogado de confianza como su defensa, decida diferir la audiencia en la que se iba a formular cargos. En

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A cuatro meses del sobreseimiento de los 18 procesados por peculado en el caso Dhruv, un tribunal de la Corte Nacional convoca a audiencia de apelación

Nacionales / streaming streaming / 09/10/2023

El Universo .- El 19 de junio pasado, el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, emitió un sobreseimiento que favoreció a 18 personas procesadas por el delito de peculado. El próximo martes 10 de octubre, desde las 10:00, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Byron Guillén, conocerán en audiencia la apelación interpuesta por la fiscal general Diana Salazar y la Procuraduría General del Estado contra el sobreseimiento decidido a favor de 18 personas acusadas de un peculado ocurrido en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv por parte del Estado ecuatoriano y la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India. La apelación por parte de Fiscalía se la hizo de forma oral y lo ratificó de manera escrita, de la misma manera que lo hizo la Procuraduría, después de la decisión adoptada por el juez nacional Luis Rivera, el 19 de junio pasado, durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Dhruv. Esta reinstalación demoró casi once meses en concretarse, pese a que lo único que restaba era conocer la decisión de Rivera de si llamaba o no a juicio. La fiscal Salazar no estuvo de acuerdo con la resolución y el mismo día de la audiencia anunció oralmente su apelación al auto de sobreseimiento. Dijo que existían los “suficientes elementos” para sustentar la acusación oficial de que en el caso existe el delito de peculado, así como la participación de todos quienes en su momento recibieron un dictamen acusatorio de Fiscalía. Pero Rivera tuvo un análisis distante al de la líder de la Fiscalía. Desde la perspectiva del juez nacional dentro de la audiencia no se evidenció que existen los elementos del tipo penal de peculado. “Las actuaciones -o si se quiere llamar conductas- no caen en la esfera de lo penal, por lo tanto no hay dolo. A lo cual se suma el siguiente elemento decidor que es el perjuicio económico, factor que en el presente caso tampoco se ha evidenciado”, explicó en su sentencia oral el juez nacional. El magistrado de la Corte Nacional resaltó en su decisión que la contratación de los siete helicópteros Dhruv se realizó por $45 millones, que las siete aeronaves fueron aseguradas y si bien hubo 4 aeronaves accidentadas, respecto de ellas la compañía de seguros canceló el Estado Ecuatoriano aproximadamente $ 53 millones. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) asesinado en diciembre de 2010 y quien fue uno de los principales opositores a la compra de los helicópteros Dhruv, denuncia que ha pasado el máximo de tiempo de 60 días que existente en la norma para resolver el recurso y podría ser archivado definitivamente el caso. Aparentemente ese sería el fundamento de los investigados para pedir que se deseche la apelación y se confirme el sobreseimiento inicial. “Con esa argucia dirán que el caso quedó ahí y no pasó nada. Es lamentable que esto nunca vaya a llegar a la verdad, principalmente por todas las personas que están de detrás, por todo lo que hay detrás del caso Gabela (investigación del asesianato del general Jorge Gabela). (…) Es duro saber cómo actúa la justicia. Yo no tengo confianza en la justicia y mucho menos ahora”, anotó Ochoa. Dos exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, hacen parte de la lista de sobreseídos y que en su momento fueron acusados de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en 2008 en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C.A. También fueron beneficiados con el sobreseimiento Juan Cortéz, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la FAE, Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez; el exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres Generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp), Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre, Francisco Torres. Durante estos cuatro meses que han pasado, las medidas cautelares dispuestas sobre los 18 investigados han ido desapareciendo una a una, pues fue orden del juez Rivera que se levanten todas las medidas cautelares de carácter real y personal que mantenían los ahora sobreseídos.

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Reconstrucción de Manabí: Audiencia por caso de peculado contra Glas se difiere

Nacionales / streaming streaming / 06/09/2023

Primicias .- El exvicepresidente Jorge Glas no se presentó a la audiencia de formulación de cargos y alegó que su abogado tiene un problema de salud. La audiencia de formulación de cargos en contra de Jorge Glas y dos personas más por el presunto delito de peculado, por la reconstrucción de Manabí, quedó diferida. En este caso también serán procesados Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico. La instalación de la audiencia estaba prevista para este miércoles 6 de septiembre de 2023, pero el exvicepresidente solicitó su diferimiento, alegando que su abogado tenía un problema de salud. Glas, quien está libre de manera provisional desde noviembre de 2022, no asistió a la sala de audiencias de la Corte Nacional. Su abogado Andrés Villegas tampoco se presentó. El exvicepresidente presentó un escrito en el que explica que su abogado padece de una enfermedad, un choque anafiláctico y dermatitis atópica desde el lunes 4 de septiembre, por lo que tiene certificado médico por tres días. La fiscal Diana Salazar aseguró que hay inconsistencias en el certificado médico entregado. Además, que el diagnóstico se refiere a una alergia, por lo que “pudo conectarse vía telemática”. La funcionaria sostuvo que la intención de Glas es retrasar su procesamiento. Salazar pidió que se instale la audiencia y que Jorge Glas sea representado por el abogado Diego Jaya, defensor público que está presente en la sala. Juez acepta diferimiento Pero el funcionario se negó, alegando no está preparado para asumir la defensa de Glas, ya que públicamente se conocía que los tres investigados asignaron abogados privados para su defensa. Además, dijo que asumir esa defensa sería ir contra la ley. Los abogados de Bernal y García también pidieron diferir la audiencia, para garantizar el derecho a la defensa de todos los procesados y evitar eventuales nulidades que afectarán a todos los procesados. El juez Luis Rivera dijo que no se puede violentar el derecho del exvicepresidente a tener un abogado de confianza y aceptó el pedido para diferir la audiencia. Rivera dio 48 horas para que el certificado médico del abogado sea validado por una entidad de la Red Pública de Salud. Señaló que volverá a convocar la audiencia para una nueva fecha que no será postergable, y en la que de no estar presente algún abogado, la Defensoría Pública deberá asumir cualquier defensa. El caso El caso está a cargo del juez nacional Luis Rivera, quien ha sido señalado por la Fiscalía de retrasar el procesamiento de Glas, Bernal y Ortiz. Ya que pasaron tres meses para que se convoque a esta audiencia. Según la teoría inicial de la Fiscalía General del Estado, los funcionarios fueron los encargados de manejar los recursos públicos destinados para la reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Sin embargo, según el Ministerio Público, hubo irregularidades al momento de priorizar las obras en las que se invirtieron esos dineros, que fueron recaudados a través de la Ley de Solidaridad. Por ejemplo, se gastó en la construcción de la vía Manta-Colisa y del Parque Las Vegas. Pese a que estas obras no fueron afectadas con el movimiento telúrico. Gustavo García, abogado de Ortiz, dijo antes del inicio de la audiencia que esto no significa peculado, ya que las obras en las que se debía invertir no eran únicamente de reconstrucción sino también de reactivación económica. Durante la audiencia, la fiscal Salazar deberá solicitar las medidas cautelares para los procesados, entre las que puede estar la prisión preventiva. García adelantó que se opondrán a esta posibilidad.

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Caso reconstrucción de Manabí: Fiscalía formulará cargos por presunto peculado contra Jorge Glas

Nacionales / Radio Centro 101.3 FM / 04/09/2023

Vistazo .- Por presunto peculado se formularán cargos en contra del exvicepresidente Jorge Glas y otros dos exfuncionarios, dentro del caso denominado «Reconstrucción de Manabí«, en el que se investiga el uso de los fondos recaudados tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Para este miércoles 6 de septiembre a las 08h30 fue señalada la audiencia de formulación de cargos, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) reuniera los elementos de convicción. Ese fenómeno natural, con una magnitud de 7.8 en la escala de Richter, dejó más de 670 muertos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales, principalmente en las provincias de Esmeraldas y Manabí. En vista de aquello, el Gobierno del expresidente Rafael Correa expidió, el 20 de mayo de ese año, la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, que contemplaba una recaudación sobre la remuneración de los trabajadores. Glas fue designado por Correa como presidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas. Con esta ley que implicó el aumento del IVA, se recaudaron más de 1.614 millones de dólares, los cuales, según Fiscalía, se destinaron a contratos y proyectos que no fueron prioritarios en el contexto del terremoto. «Es decir no eran emergentes ni estaban dirigidos a los damnificados», acotó la institución. Asimismo, la FGE formulará cargos contra otros dos ciudadanos: Carlos Bernal Alvarado, quien fue secretario de dicho comité, y Pablo Ortiz Hidalgo, quien fue gerente de la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico (Ecuador Estratégico EP). Fiscalía procesa este caso con base en el artículo en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años. Glas fue condenado a seis años de cárcel al verse salpicado por la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht; y a ocho años de cárcel por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado. No obstante, el exvicepresidente, quien desde 2017 cumplía con una pena de prisión, salió en libertad condicional el 28 de noviembre del 2022 y también recuperó sus derechos políticos.

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Pedido de Jorge Glas para ‘rebaja de pena por ley más benigna’ deberá ser revisado por un juez de Garantías Penitenciarias de Quito

Nacionales / Victor Gonzalez / 02/08/2023

El Universo .– El exvicepresidente Jorge Glas mantiene en firme dos sentencias por actos de corrupción ocurridos en su paso por la función pública. El juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil (Guayas), Manuel Lima, decidió inhibirse de conocer el recurso de “rebaja de pena por ley más benigna” presentado por el exvicepresidente Jorge Glas, el 5 de julio pasado. La decisión la tomó luego de que fue informado sobre sí a nombre del “sentenciado Jorge Glas Espinel existen causas de garantías penitenciarias sorteadas, así como su correspondiente estado”. El juez de garantías penitenciarias para su resolución tomó en cuenta lo que se indica en el artículo dos de la resolución 01-2022 emitida por el pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que establece que el juzgador de garantías penitenciarias, o quien haga sus veces, que previno en el conocimiento de una causa respecto de los regímenes de rehabilitación social, será el competente para conocer todo el sistema de progresividad en la ejecución de la pena, incluidos los incidentes. Además indica que si se presentare una nueva solicitud de cambio de régimen de rehabilitación social o de progresividad, el juez que conozca esta nueva solicitud deberá remitir al juez que previno en el conocimiento de la causa. Lima explica que de la información recibida se desprende que existe una causa de garantías penitenciarias en la Unidad Judicial Especializada en Garantías Penitenciarias en el cantón Quito (Pichincha), la cual fue sorteada con anterioridad al pedido de “rebaja de pena por ley más benigna”, esto es el 10 de mayo de 2023. “Se logra determinar que la competencia para vigilar y controlar el cumplimiento de las penas de Jorge David Glas Espinel se ha asegurado y ratificado en dicha causa radicada en Quito. En virtud de las consideraciones expuestas, (…) me inhibo de conocer la presente causa debiéndose remitir las constancias procesales a su juez natural de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la causa 17U01-2023-00020G”, refirió en su decisión el juez Lima. El caso al que hace referencia el juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil es en el que se resolvió el pedido de cómputo de la pena que estuvo en manos de la también jueza penitenciaria, pero de Quito, Soledad Manosalvas. Ella, luego de una audiencia, señaló que, al 30 de mayo de 2023, al exvicepresidente Jorge Glas le restaban por cumplir dos años, once meses y quince días de su pena única de ocho años de cárcel. En esa misma resolución Manosalvas refirió que el líder del correísmo desde el 13 de diciembre de 2020 ya tenía vía libre para solicitar el beneficio penitenciario de prelibertad. El nuevo recurso planteado por los abogados de Glas, Johanna Cercado y Cristhian Palacios, la “rebaja de pena por ley más benigna”, se da con base en el artículo 230, número 9, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). La norma referida habla de la “competencia de los jueces de garantías penitenciarias” y sostiene que en las localidades donde exista un centro de rehabilitación social habrá, al menos, un juez de garantías penitenciarias, anotando que los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria. Entre las situaciones jurídicas que tendrán competencia los jueces penitenciarios está lo descrito en el numeral 9, del artículo 230, invocado, es decir, “conocer y resolver la situación jurídica de las personas privadas de la libertad cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna”. QUITO (26-01-2023).- En el Complejo Judicial Norte, de Quito, se instaló la audiencia para analizar el pedido de pena única hecho por la defensa de Jorge Glas. La jueza Melissa Muñoz presidió dicha audiencia. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda Desde el 28 de noviembre pasado Jorge Glas está fuera de la Cárcel 4, ubicada al norte de Quito. De ese Centro de Privación de la Libertad (CPL) salió bajo “libertad provisional”, gracias a medidas cautelares autónomas acogidas por el juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Émerson Curipallo. Glas mantenía dos penas en firme: seis años de prisión por una asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht y ocho años de cárcel por un cohecho atado al caso Sobornos 2012-2016. Como parte de la “libertad provisional” el ingeniero de profesión debía presentarse en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y tenía prohibido salir del país. La presentación periódica se reformó a mediados de abril pasado, debido a la situación de violencia e inseguridad que existe en la Penitenciaría del Litoral. Se le dispuso que Glas deje de presentarse una vez por semana en ese CPL y en su lugar lo haga ante un juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. A finales de enero pasado, al tercer intento, Jorge Glas consiguió que una jueza de Garantías Penitenciarias le de paso a la unificación de penas. La jueza de Pichincha, Melissa Muñoz, decidió aceptar el pedido que hizo el líder del correísmo y ordenó que la pena única vigente sea la de ocho años de prisión. Básicamente lo que se decidió es que la pena mayor, la de ocho años de prisión del caso Sobornos, absorba a la pena menor, la de seis años del caso Odebrecht. Un mes después de obtenida la pena única, la defensa del hombre fuerte de los Sectores Estratégicos del gobierno de Rafael Correa pidió se le realice el proceso de cómputo de la pena establecido en el artículo 667 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El 30 de mayo pasado se dio la audiencia respectiva y se confirmó que a Glas le restaban por cumplir poco más de dos años de la pena de ocho años impuesta en la unificación. Jorge Glas está a la espera de que se le defina una fecha para la audiencia en la que la fiscal general Diana Salazar le formule cargos por el delito de peculado a él y a los exfuncionarios del correísmo, Carlos Bernal, exsecretario

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Caso Gabela: cinco exministros del gobierno de Rafael Correa investigados por la Fiscalía por presunto peculado en el tratamiento que se dio al tercer producto

Nacionales / streaming streaming / 18/07/2023

El Universo .– La Fiscalía informó a la Corte Constitucional las acciones emprendidas alrededor de la contratación de una consultoría que hizo un Comité Interinstitucional. Cinco exministros que integraron el gabinete del expresidente Rafael Correa están siendo investigados por presunto peculado, por el tratamiento que se dio al denominado tercer producto, en la investigación del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, en el 2010. La Fiscalía General del Estado comunicó este 17 de julio de 2023 a la Corte Constitucional (CC) el cumplimiento que dio a una sentencia en la que ordenó la reconstrucción de este tercer informe, en el trámite de una acción extraordinaria de protección que presentaron Patricia Ochoa, viuda de Gabela, en conjunto con la Defensoría del Pueblo en el 2018. Ello, porque pese a una acción de acceso a la información pública que tramitaron años atrás, no pudieron acceder a la documentación completa de esa investigación. Los jueces de la Corte, en un fallo de febrero pasado, concluyeron que se vulneró el derecho a la verdad de la familia de Gabela y decretó que se reconstruya este tercer producto y que la Fiscalía y la Contraloría General del Estado informen sobre las «medidas y sanciones» emprendidas hasta este 18 de julio. Alegaron que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina «sanciones civiles, administrativas, penales para aquellos funcionarios estatales que oculten, alteren, pierdan o afecten a la información pública». Según la Corte debe investigarse a aquellos exservidores que en su momento “estaban obligados al manejo de elaboración, recepción del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y a los funcionarios responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe”. De esta manera, la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar, remitió a la Corte Constitucional los resultados de esas medidas y acciones que tomaron por lo que sería la desaparición de este documento de los archivos del Estado. Salazar informó que el 13 de marzo de 2023 abrió un expediente por el delito de peculado y que se encuentra en investigación en la Fiscalía de Fuero de Corte Nacional. El expediente aglutina, por el momento, 2.968 fojas en 30 cuerpos y, como parte de la indagación previa, se han dispuesto 164 diligencias, entre ellas: 26 versiones receptadas, cuatro autorizaciones judiciales obtenidas, cuatro cadenas de custodia relacionadas con evidencia documental, digital y de audio y video, doce pericias dispuestas que incluyen las del sistema informático, 162 requerimientos a instituciones públicas, dos requerimientos a instituciones privadas y diez versiones por receptar. De acuerdo con este procedimiento, la Fiscalía reporta como presuntos involucrados a cinco personas que integraron el equipo de ministros de la gestión de Rafael Correa en el periodo del 2015. Entre ellos: Ledy Andrea Zúñiga Rocha, exministra de Justicia (actual candidata a asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana). César Navas Vera, exministro de Coordinación de Seguridad. Fernando Cordero Cueva, exministro de Coordinación de Seguridad y exministro de Defensa (expresidente de la Asamblea Nacional). José Ricardo Serrano Salgado, exministro del Interior (exasambleísta y expresidente de la Asamblea Nacional). Pedro Solines Chacón, exsecretario de Transparencia de Gestión (actual alcalde de Milagro). También se menciona a «funcionarios públicos que participaron de la contratación», aunque no se detalla sus identidades. Fernando Cordero (i) también fue exministro de Defensa y César Navas, exministro de Coordinación de Seguridad. (Foto: Cortesía. Tomada del Ministerio de Defensa) La investigación a estos exministros de Estado se da en un contexto en el que, en el 2012, el expresidente Correa constituyó un denominado Comité Interinstitucional que tenía como objetivo «conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de la señora Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte del señor Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana». Jorge Gabela, general y excomandante de la FAE, denunció en el 2008 la existencia de presuntos actos irregulares en la compra de siete helicópteros Dhruv que concretó el Ministerio de Defensa por $ 45 millones, a la empresa transnacional Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de los que cuatro se accidentaron y tres quedaron inoperativos. Gabela fue asesinado en diciembre del 2010, luego que su hija fue víctima de una persecución en la que los delincuentes ingresaron a su casa en Guayaquil y en un aparente robo dispararon al general, que murió diez días después en el hospital Luis Vernaza. La justicia procesó a cinco personas y concluyó que el asesinato de Gabela se debió a un delito común, pero Patricia Ochoa insistió al Gobierno de ese entonces que investigue, pues presume que el asesinato fue a causa de sus denuncias alrededor de la compra de los siete helicópteros. Fue así que Correa integró este Comité en el que participaron un representante o delegados de las máximas autoridades del extinto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, quien lo presidía; el Ministerio de Coordinación de Seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, y, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión. Entre sus atribuciones, ese cuerpo colegiado podía recopilar información de cualquier naturaleza, entrevistar personas que pudieron tener conocimiento de los hechos denunciados; también acceder archivos y documentos, incluso aquellos que se encuentraban protegidos con el carácter de secreto, confidencial o reservados; y, también, practicar visitas, inspecciones, sesiones de trabajo, o cualquier otra actividad. Para sus tareas podía contar «con peritos y expertos que les ayuden en el análisis técnico». Bajo esas atribuciones, el Ministerio de Justicia contrató, a través de la modalidad de consultoría, al perito argentino Roberto Meza Niella para que investigue los hechos que rodearon el crimen de Gabela. La contratación se adjudicó por $ 78.000 y de ella se desprendieron tres productos. El primero contenía un cronograma de trabajo; en el segundo producto se había arribado a la hipótesis que el crimen se relacionaba con el crimen organizado por las denuncias de Gabela. En ese segundo momento se había observado que el acto criminal se debía a un «acto ajeno a la delincuencia común» y se encontraron méritos en hechos relacionados con la actividad laboral de Gabela, por lo que se debía emitir un tercer informe sustentado con «recaudos probatorios que permitan determinar a

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Ecuador: abril 30, 2025