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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
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Contrato para investigar el crimen de Jorge Gabela se firmó en el 2013 por $ 78.000 y deja tres sancionados por la desaparición del informe final

El Universo .- En el 2012, Rafael Correa creó un comité para investigar el asesinato del oficial. En 2015 se informaron sus conclusiones, pero el tercer producto desapareció. Después de siete años de la aprobación de un examen especial, la Contraloría General del Estado confirmó una responsabilidad civil culposa en la contratación de una consultoría para identificar e investigar el crimen del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela Bueno, que la hizo el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la administración del exmandatario Rafael Correa. Los sancionados fueron el perito de nacionalidad argentina Roberto Meza Niella y dos exfuncionarios del ministerio, Jéssica Jaramillo y Jorge Granizo, los dos últimos como responsables subsidiarios. En el 2013, el desaparecido Ministerio de Justicia, que creó Rafael Correa, contrató los servicios de Roberto Meza para que elabore una investigación forense no judicial, relacionada con el asesinato del general de la FAE Jorge Gabela Bueno, ocurrida en diciembre del 2010. Gabela denunció sus sospechas de posibles actos de corrupción en la compra de siete helicópteros Dhruv para la FAE que hizo el Ministerio de Defensa a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por $ 45 millones en el 2008. La justicia ordinaria concluyó que se trató de un delito común y sentenció a los autores materiales. Pero su viuda, Patricia Ochoa, exigió al régimen de Correa una investigación del asesinato, porque estaría relacionado con las denuncias de su esposo. Correa creó un Comité Interinstitucional de varios ministerios y secretarías para que investiguen el suceso y el Ministerio de Justicia contrató los servicios de Roberto Meza con ese propósito. El presidente Rafael Correa (d) y el general Jorge Gabela se saludan en una ceremonia militar por el aniversario de la FAE, en septiembre del 2007. Atrás observa la esposa del fallecido oficial, Patricia Ochoa. El contrato se adjudicó el 10 de abril de 2013 por $ 78. 000 para realizarse en un plazo de 90 días. La pericia se planificó en tres momentos. El primer producto contempló un primer producto que contenía el cronograma de trabajo y por ello se pagaron $ 23.400. El segundo producto debía establecer el móvil, respecto de si era delito común o crimen organizado y por él se pagaron $ 31.200, pues correspondía el 40 % del contrato. Al descartarse que se trataba de un delito común, avanzó al tercer producto. En este último momento, el consultor debía determinar el móvil y los presuntos autores intelectuales y por este expediente se pagaron $ 23.400. Roberto Meza asegura que entregó los tres productos para conocimiento del Comité Interinstitucional; pero, en el 2015, la exministra de Justicia Leidy Zúñiga dio lectura a un conjunto de conclusiones en las que se atribuía que el crimen de Gabela fue por delito común. Meza elevó su reclamo de que esa conclusión no era parte de su informe y que su documento contenía su firma y el sello de su consultora; mientras que Patricia Ochoa expuso que el informe estaba incompleto y no contenía firmas ni sumillas. Desde entonces, este tercer producto se considera desaparecido de los registros y archivos públicos. Es así como la Contraloría señaló en su informe -aprobado el 31 de octubre de 2016- que «no se evidenció la documentación que sustenta la presentación del tercer producto» y predeterminó una orden de reintegro por $ 23.400 en contra del perito Meza, porque además en la parte de las conclusiones «no contiene la firma de responsabilidad, lo que ocasionó perjuicio económico a la entidad». A poco de cumplirse siete años de la aprobación del examen especial, el 26 de octubre de 2023, la Contraloría notificó al perito Meza, a Jéssica Jaramillo y a Jorge Pazmiño que se confirmaba una responsabilidad civil culposa y a la par emitió una orden de reintegro por $ 23.400. La notificación de reintegro se emitió en contra de Roberto Meza, que como consultor se le cancelaron $ 23.400 por el tercer producto, que según el organismo de control, «no se evidenció la documentación que sustente su emisión» y en la parte de las conclusiones «no tiene firma de responsabilidad, por lo que ocasionó un perjuicio económico» al Estado. A Jéssica Jaramillo, como excoordinadora jurídica del ministerio, por suscribir el acta de entrega y recepción del informe final y solicitar la cancelación de $ 23.400 y a Jorge Pazmiño por suscribir el acta de entrega y recepción y solicitar la cancelación de $ 23.400. A este valor se dispone sumar los intereses, que serán calculados a partir del 31 de diciembre de 2013, señala el documento. La institución aclaró que los sancionados pueden presentar recursos legales ante los tribunales contenciosos administrativos en contra de la orden de reintegro. El perito Roberto Meza informó que dispuso a su abogado defensor en Ecuador (pues él vive en Brasil) que inicie las acciones legales que correspondan para impugnar esta decisión, pues a su criterio el caso se cerró en el 2018. Tras la denuncia de que el tercer producto estaría desaparecido de los archivos, la Corte Constitucional (CC) ordenó al gobierno de Guillermo Lasso que este sea reconstruido por el perito Meza. Su decisión fue el resultado del trámite de una acción extraordinaria de protección que impulsó Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo. El informe reconstruido se entregó en julio pasado y los mismos jueces de la Corte observaron que el documento «constaba de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto en la que se encuentran las conclusiones no contiene la firma del perito Roberto Meza ni tampoco el sello». También notaron inconsistencias como que pese a que el «segundo producto concluyó que el crimen se relacionó con delincuencia organizada y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto Comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común» (sic). El organismo dispuso a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría

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Contraloría señala responsabilidades y emite una orden de reintegro por $ 23.000 por contrato para investigar el crimen de Jorge Gabela

El Universo .- El organismo notificó al perito Roberto Meza, quien analiza acciones para impugnar esta sanción. También se notificó a Jéssica Jaramillo. La Contraloría General del Estado confirmó una responsabilidad civil culposa y determinó una orden de reintegro por más de $ 23.000 por el contrato para investigar el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, que se suscribió en el 2013 en la administración del expresidente Rafael Correa. El 26 de octubre de 2023, la Contraloría notificó a Roberto Meza Niella, Jéssica Jaramillo y Jorge Pazmiño, los dos últimos como responsables subsidiarios, con una orden de reintegro por $ 23.400 que se destinaron para la contratación de una consultoría para investigar el crimen del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela en diciembre del 2011. En esencia, se emitió un título de crédito por $ 23.400 en contra de Meza, Jaramillo y Pazmiño, quienes aún pueden impugnar la resolución ante los tribunales contencioso administrativos. Este proceso surgió a raíz de que en el 2012, el exmandatario Rafael Correa creó, mediante decreto ejecutivo, un Comité Interinstitucional para investigar el asesinato de Gabela, que estaba presidido por el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con ese fin, esa cartera de Estado contrató, bajo la modalidad de consultoría por $ 78.000, al perito argentino Roberto Meza, para que elabore un informe pericial no judicial sobre la muerte de Gabela, quien denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv que hizo el Ministerio de Defensa en el 2008. Una madrugada de diciembre del 2011, sujetos ingresaron a su hogar y le dispararon, provocando su muerte. La viuda de Gabela, Patricia Ochoa, insistió a Correa para que investigue el crimen, porque advertía que el hecho estaba relacionado con las denuncias de posibles actos de corrupción en la compra de los Dhruv, de los que cuatro se accidentaron y tres permanecen en un hangar de la FAE. La justicia ordinaria determinó que se trató de un crimen por robo. Fue así que se contrató esta investigación que contemplaba la elaboración de tres productos: el primero, el cronograma de trabajo; el segundo pretendía establecer el móvil del crimen; y, si la hipótesis señalaba que se relacionaba con el crimen organizado, se avanzaría al tercer producto, para establecer los autores intelectuales. Sin embargo, en el 2015, la exministra de Justicia Leidy Zúñiga informó los resultados de la pericia hecha por Meza que apuntaban a un delito común y descartó la delincuencia organizada. Meza negó que ese informe haya sido de su auditoría. La Contraloría examinó este contrato desde el 2016 y según sus conclusiones, el tercer producto que presentó el perito habría desaparecido de los archivos públicos, pues «no se evidencia la documentación que sustenta la presentación del tercer producto». Según el organismo, el informe final (o tercer producto) en la parte de conclusiones no contiene la firma de responsabilidad del perito y ocasionó un perjuicio a la institución. Al conocer de esta resolución, Roberto Meza insistió en que en el 2018 este tema había sido cerrado, pues presentó los descargos pertinentes en su defensa en este examen especial. El perito vive en Brasil, por lo que encargó a su abogado en Ecuador para que responda a la Contraloría. «Todo se cumplió en tiempo y forma. Lo que hicieron con el informe (pericial) en el 2013, una vez que se entregó, no es nuestra responsabilidad, nuestra consultoría se realizó y cumplimos», expresó Meza. El experto ha señalado que lo que se informó en el gobierno de Rafael Correa no correspondía a su investigación y que al documento se le hicieron cambios. Por su parte, Jéssica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia y que administró el contrato, aseguró en junio pasado: El 30 de abril de 2019, la Contraloría notificó la «no confirmación de responsabilidad administrativa en el marco de los exámenes realizados por dicha entidad de control, en consecuencia, no tengo ninguna sanción en mi contra». Como parte de la investigación del crimen de Gabela, Meza reconstruyó el denominado tercer producto por disposición de la Corte Constitucional (CC) al tramitar una acción extraordinaria de protección que impulsó Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo. El informe se entregó en julio pasado y se ordenó su reconstrucción porque los mismos jueces observaron que el documento «constaba de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto en la que se encuentran las conclusiones no contiene la firma del perito Roberto Meza, ni tampoco el sello». También notaron inconsistencias como que, pese a que el «segundo producto concluyó que el crimen se trató de delincuencia organizada y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común». (sic) Ordenó a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría que inicien con las acciones legales e investiguen a los exservidores por un posible mal manejo de la información pública de este Comité. La Contraloría informó a la Corte que en el 2016 se hizo un examen especial a la contratación y ejecución del contrato que hizo el Ministerio de Justicia para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge Gabela Bueno. Un segundo examen se había hecho en el 2019 a la gestión documental del Ministerio con relación al manejo de la documentación del Comité Interinstitucional integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa en torno a la muerte de Gabela y de los productos del contrato entre Roberto Meza y esa cartera de Estado. De ello, identificó siete ‘sujetos de responsabilidad’. Entre ellos, el exministro de Justicia del gobierno de Correa Lenin Lara Rivadeneira. 

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Fiscalía presenta una acción constitucional para evitar caducidad del caso Dhruv

Primicias .- La Fiscalía espera que se deje sin efecto la decisión del Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que consideró que el caso sobre la compra de los siete helicópteros Dhruv había caducado. La Fiscalía General del Estado informó el 23 de octubre de 2023, que presentó una acción extraordinaria de protección, en el proceso denominado helicópteros Dhruv. Lo anterior, “con la finalidad de que se revisen las acciones de las autoridades judiciales que vulneraron los derechos constitucionales”, dice el comunicado. Esto ocurre luego de que un Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia resolvió, el 10 de octubre de 2023, que el proceso por peculado en el caso de los helicópteros Dhruv caducó. Pero con esta acción extraordinaria de protección, la Fiscalía aspira a que se disponga la reparación integral de los derechos constitucionales vulnerados y que quede sin efecto el auto emitido en la diligencia realizada el 10 de octubre de 2023. Además, la Fiscalía espera que se disponga a la sala de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que convoque y se sustancie la audiencia de apelación. “La Fiscalía considera que esta acción dejará un claro precedente en la justicia ecuatoriana para que actúe con diligencia en beneficio de la sociedad”, finaliza el comunicado. ¿Por qué caducó el proceso? El 19 de junio de 2023, el juez Luis Rivera sobreseyó a los 18 procesados por peculado en el caso Dhruv. Según la normativa ecuatoriana, las partes procesales podían apelar esa decisión, pero la Corte Nacional (CNJ) tenía solo 60 días para resolver ese recurso. La Fiscalía, en efecto, presentó la apelación. Sin embargo, para la defensa de los procesados, la resolución excedió el tiempo, ya que desde el día del fallo hasta la audiencia de apelación, que se debía instalar el 10 de octubre de 2023, ya habían transcurrido más de 85 días. Un Tribunal de la Sala Penal de la CNJ, conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Byron Guillén, debía pronunciarse sobre la caducidad del proceso. Y, con un voto de mayoría, Rodríguez y Guillén resolvieron que el proceso caducó, por lo que dejaron en firme el auto de sobreseimiento a favor de los 18 procesados. En este caso, la Fiscalía intentaba demostrar que hubo perjuicio para el Estado en la compra de siete helicópteros Dhruv, durante el gobierno de Rafael Correa.

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Informe final pone en duda el arma con la que se mató al general Gabela

Primicias .- En informe final del perito Roberto Meza, sobre la muerte del general Jorge Gabela, también entregó detalles sobre los presuntos autores intelectuales del crimen. El informe final de la investigación del asesinato de Jorge Gabela, que Roberto Meza presentó el 11 de julio de 2023, no solo entregó detalles sobre los presuntos autores intelectuales del crimen.   Según ese documento, un general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) pagó al sicario que disparó a Gabela. El informe señala a Alonso Espinosa y Rodrigo Bohórquez como quienes tenían motivaciones para cometer ese delito.   Además, se apunta a alias ‘Francis’ como el presunto autor material del asesinato. Este sujeto, además, tenía dos identidades: Derly David Salazar Vargas y Francisco Israel Cruz Vargas.   Supuestamente, ‘Francis’ fue asesinado en Guayaquil, en 2012. Sin embargo, nueva información reveló que una de sus dos identidades consignó su voto en las elecciones presidenciales de 2021. Adicionalmente, el informe de Meza reveló detalles sobre la supuesta vinculación del arma con el que se cometió el crimen de Gabela con otro asesinato cometido en Guayaquil, a inicios de 2011, días después de la muerte del excomandante de la FAE. La pericia balística El 23 de marzo de 2011, en medio de la investigación del asesinato de Jorge Gabela, el fiscal René Astudillo solicitó al Jefe de Criminalística de Guayas un cotejamiento microscópico de las balas y vainas encontradas en las escenas de dos crímenes El funcionario buscaba comparar los restos balísticos que se extrajeron tanto del crimen de Gabela como el de Cristian Cuñez Peñafiel, un agente policial que fue asesinado en Guayaquil, en enero de 2011. El 9 de abril de 2011, finalmente, la Policía presentó el informe de esa pericia balística. Se determinó que de la correlación realizada en el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), se concluyó que la vaina que fue levantada en la casa de Gabela fue disparada por la misma arma que disparó las dos balas relacionadas con la muerte de Cristhian Cuñez. La misma coincidencia encontrada en las vainas, fue hallada en las balas de los crímenes de Gabela y de Cuñez. El caso Cuñez Cuñez fue asesinado el 12 de enero de 2011, en Guayaquil, Cuñez -junto al sargento Byron Mejía- pertenecían a la extinta Unidad de Delitos Mayores de la Policía Nacional. Ambos estaban investigando el asesinato de Christian Granizo, otro uniformado que fue asesinado dos días antes. Luego de salir del sepelio de Granizo; Cuñez y Mejía se transportaban un automóvil particular, vestidos de civil. Fueron interceptados por dos personas a bordo de una moto. Cuñez murió con un disparo en la cabeza y Mejía recibió un disparo en el hombro, que lo dejó herido. El crimen ocurrió en la calle Sedalana, en Guayaquil. Según los archivos judiciales de ese caso, en ese sector y a la hora del crimen, se movilizaba en un taxi una mujer identificada como la excuñada de Jaime Dennis Arias Tomalá, alias ‘Cojo’, quien fue uno de los sentenciados por el asesinato de Gabela. La mujer habría presenciado la huida de ‘Cojo’, luego de cometer el crimen de Cuñez. Incluso, la moto en la que ‘Cojo’ y otro individuo huían, estuvo a punto de chocar con el taxi en el que ella se movilizaba. Al identificar a su excuñado, la mujer llamó a la madre de alias ‘Cojo’. La Policía conoció acerca de esta alerta y realizó un allanamiento en la caja de ‘Cojo’, donde encontraron una granada. También se ubicó el arma con la que se mató a Cuñez. Esa arma, según un permiso de porte encontrado, era de propiedad de Julio Eduardo Salavarria, alias ‘Sianca’, otro de los sentenciados por el caso Gabela. Con la pericia balística se confirmó que ambos crímenes se cometieron con la misma arma. Seguimientos ilegales, sobornos y un testigo falso, lo que revela el informe del caso Gabela Las dudas Sin embargo, ahora ese cotejamiento está en duda. En el informe final, el perito Roberto Meza aclara que si bien el IBIS encontró coincidencias entre las vainas y balas de ambos crímenes, la responsabilidad final del cotejamiento era del identificador balístico. Pero, en este caso ese cotejamiento final no se hizo, por lo que el resultado está en duda. Este cuestionamiento no es el único que se ha hecho a la teoría de la Fiscalía con la que se sentenció a cinco personas. El resultado de esa pericia balística se utilizó en 2012 para sentenciar a alias ‘Cojo’ como el presunto autor material de la muerte de Gabela. Sin embargo, ante el polígrafo, él dijo que quien disparó el arma fue alias ‘Francis’. Otro de los cuestionamientos forma parte del informe final. Según las entrevistas hechas por Meza y su equipo, se conoció que ‘Francis’ era zurdo, lo que coincidía con el informe balístico del asesinato de Gabela.

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Caso Gabela: Aún está pendiente la investigación de qué ocurrió con el ‘tercer producto’ elaborado en el gobierno de Rafael Correa

El Universo .- Hasta el 18 de julio tendrían como plazo la Fiscalía y Contraloría para que informen sobre las ‘medidas y sanciones’ por el manejo de ese expediente forense. Luego que la Comisión de Coordinación y el perito argentino Roberto Meza Niella presentaron un tercer producto reconstruido de los hechos que rodearon el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, aún está pendiente determinar qué manejo tuvo ese mismo tercer producto que resultó de una primera investigación que llevó a cabo el extinto Comité Interinstitucional que funcionó en el gobierno de Rafael Correa. La reconstrucción de este tercer producto la ordenó la Corte Constitucional (CC) en febrero pasado, en el trámite de una acción extraordinaria de protección que la presentó la Defensoría del Pueblo y la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, en el 2018, tras no tener acceso a ese documento mediante una acción de acceso a la información pública.   La consecuencia de este suceso surge en el 2012, cuando el expresidente de la República Rafael Correa constituyó un Comité Interinstitucional que integró a varios ministerios de Estado para que investiguen el asesinato de Jorge Gabela, ocurrido en diciembre del 2010.   Ello, a propósito de que en el 2008, Jorge Gabela, excomandante de la FAE, denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv por $ 45 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para uso de la institución castrense. De esas siete aeronaves, cuatro se accidentaron y las tres que quedaron no están operativas.   Ese comité lo lideró el extinto Ministerio de Justicia que contrató, bajo la figura de consultoría, los servicios del perito Roberto Meza para que investigue el hecho. La adjudicación ascendió a $ 78.000.   En el 2015, la exministra de Justicia Lady Zúñiga divulgó los resultados de la investigación, señaló que el asesinato se habría relacionado con un delito común y descartó el crimen organizado en el marco de las denuncias del general Gabela. La contratación contemplaba un primer producto, que era un cronograma de trabajo; el segundo pretendía establecer si fue un delito común o la posible relación con el crimen organizado. Y un tercer informe avanzaría únicamente si, en el segundo producto, se concluía que la muerte no fue por delito común. Este último tercer producto debía señalar los presuntos autores intelectuales, el móvil del crimen y si fue consecuencia de las denuncias de Jorge Gabela sobre la compra de los helicópteros Dhruv.   Su viuda, Patricia Ochoa, denunció que no tuvo acceso al informe íntegro, pues los documentos que le entregó el Ministerio de Justicia no estaban completos, que no tenían firmas de autenticidad o sumillas y que tenían inconsistencias.   En el fallo de la Corte se recoge, por ejemplo, que hubo un primer producto, que tenía seis hojas sumilladas y la firma del perito; el segundo producto, que constaba de 43 fojas sumilladas y con la firma del perito y en este constaba: “Basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrarnos que el mismo seria (sic) consecuencia de la delincuencia organizada. Las dudas o variables de la investigación generadas al respecto serán nuevamente abordadas en la siguiente etapa y contrastadas posteriormente para poder arribar a conclusiones categóricas”.   Así se confirmó que hubo un tercer producto que, según conocieron los jueces, “consta de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto -en la que se encuentran las conclusiones- no contiene la firma del perito Roberto Meza, ni tampoco el sello”.   Los jueces notaron inconsistencias como que, pese a que el segundo producto concluyó que el crimen se trató de “delincuencia organizada” y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común” (sic).   Esta hipótesis llevó a la Corte a determinar que “las conclusiones entre ambos informes serían inconsistentes y la información proporcionada no puede ser catalogada como fidedigna, ya que no tiene aptitud para ser considerada original, creíble y veraz. Ergo, se vulneró el derecho de acceso a la información pública” y dispuso que ese tercer producto vuelva a hacerse.   La noche del 11 de julio de 2023, los miembros de la comisión, el académico Arturo Moscoso, la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz; y, el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, entregaron a Ochoa el informe que elaboró Meza y que develó la presunta participación de dos generales en servicio pasivo de la FAE en el crimen de Gabela.   Ochoa tiene un término de 20 días para hacer observaciones a este informe no judicial y Meza tendría otros 30 días para responderlas.   Pero aún queda pendiente la investigación de cuál fue el manejo de los documentos de este tercer informe. El presidente de la Comisión de Coordinación, Arturo Moscoso, exhortó a la Fiscalía General del Estado a investigar lo que sería la desaparición de ese documento que se elaboró hace diez años. “Deben responder por la desaparición de ese informe, por la que los ecuatorianos pagamos dinero y eso sí constituye peculado. Deben investigarse las responsabilidades por esta desaparición y la Fiscalía tiene una orden directa de la Corte que cumplir”, comentó Moscoso.   Por su parte, la comisionada Jeannine Cruz relató que en las gestiones para recuperar documentación que le permita al perito reconstruir este tercer informe vieron con sorpresa que los papeles provenían de los archivos de la ex Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y que les entregaron tres versiones del tercer producto.   “Cómo es posible que encontremos tres versiones del tercer producto. Una de ellas era una copia del primer y segundo producto; uno tenía más de 140 hojas. El segundo tenía 54 hojas y el tercero 92. Los tres productos cambiaban las conclusiones. En una primera versión, se mencionó que

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Tercer producto pericial sobre el asesinato de Jorge Gabela pasa a la observación de Patricia Ochoa

El Universo .- Su abogado Ramiro Román no desestima que pueda solicitarse asistencia internacional si observan trabas en la investigación. Hay 20 días para pedir aclaraciones. Una vez que Patricia Ochoa, viuda del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, recibió el «tercer producto» pericial, ella en conjunto con su equipo de defensa técnica empezarán su revisión y determinar si se harán observaciones, sin descartar la posibilidad de solicitar la intervención de organismos internacionales para que avance la investigación. Ramiro Román, abogado defensor de Patricia Ochoa, contó que ahora que recibieron ese tercer producto, la primera tarea será revisarlo y analizar si se requerirán observaciones que podrán hacerlas en los próximos 20 días, o incluso, antes, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional (CC), que ordenó la reconstrucción de este documento.   Román resaltó la importancia de este reciente informe, porque da «más elementos para la investigación y vamos teniendo más elementos para seguir los recursos internos» en la Fiscalía General del Estado que indaga una posible ejecución extrajudicial del general Gabela. Aunque, no desestima que se solicite la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de llegar a observar que la justicia ecuatoriana no da respuestas. El jurista reconoce que deben agotarse los recursos judiciales en el Ecuador, pero cree que se puede solicitar una intervención internacional cuando se considere necesario. Como por ejemplo, después de lo que sucedió con la resolución del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera, que dictó sobreseimiento a 18 personas que fueron procesadas en el caso de peculado por la compra de los siete helicópteros Dhruv para uso de la FAE en el 2008.   «Es importante este tercer producto porque nos da más elementos para la investigación y vamos teniendo más elementos para seguir los recursos internos. Pero se puede pedir una intervención internacional cuando se considere necesario. Si en la Corte Nacional de Justicia se está empezando a hacer resoluciones como las del juez Luis Rivera en el caso Dhruv, los organismos internacionales deben intervenir para que se tomen los correctivos», opinó Román y recordó que hay jurisprudencia para Ecuador sobre procesos legales resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como con el caso Restrepo, Benavides, entre otros. La noche de este 11 de julio de 2023, la Comisión de Coordinación y el perito argentino Roberto Meza Niella entregaron a Patricia Ochoa el denominado tercer producto, que fue parte de una pericia elaborada entre el 2012 y 2013, que recogía varias hipótesis que rodearon el asesinato del general y excomandante de la FAE, Jorge Gabela Bueno, en diciembre del 2010. Gabela denunció la existencia de posibles anomalías en la compra de siete helicópteros Dhruv por $ 45 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) en el 2008, transacción que impulsó el Ministerio de Defensa en el gobierno de Rafael Correa. Ese documento, tercer producto, fue parte de una investigación no judicial que contrató en el 2012 el extinto Ministerio de Justicia que lideró un Comité Interinstitucional que creó Correa.   En 2015 se divulgaron los resultados de esa pericia, en la que la exministra de Justicia Lady Zúñiga informó que la muerte de Gabela se relacionaba con un delito común y se desestimó el crimen organizado.   Patricia Ochoa cuestionó que dicho informe contenía inconsistencias y solicitó la entrega del documento íntegro, sin éxito.   En el 2018, Ochoa y la Defensoría del Pueblo plantearon una acción de acceso a la información pública ante la justicia ordinaria que avanzó hasta la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección.   En febrero de 2023, los jueces de la Corte Constitucional fallaron a favor de Ochoa y ordenó al Gobierno nacional -de Guillermo Lasso- a que se conforme una Comisión de Coordinación que contacte al perito Roberto Meza y reconstruya ese tercer producto, al considerarse que desapareció de los archivos estatales.   En mayo pasado, Roberto Meza regresó al Ecuador para cumplir el fallo y entregó este 11 de julio y, en un acto público que se realizó en el Consejo de Comunicación en Quito, el tercer producto a Ochoa con la presencia de un notario y de la Comisión, que está integrada por Arturo Moscoso, catedrático y presidente; Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación; y Sebastián Palacios, ministro del Deporte. La Corte Constitucional otorgó un término de 20 días para que Ochoa y la Defensoría del Pueblo hagan las observaciones que consideren necesarias al documento elaborado por Meza y, este a su vez, tendrá otros 30 días para que las absuelva, según recoge la sentencia.   Ramiro Román detalló que a propósito de la estancia de su defendida, Patricia Ochoa en Quito (pues vive en Guayaquil), la invitará a reunirse y revisar el expediente para hacer las observaciones en los siguientes días.   Este último tercer producto aún se mantiene en reserva, pero de las principales conclusiones que Meza expuso el martes último, señaló que «existen suficientes indicios para ubicar al general (Rodrigo) Bohórquez y al general (Alonso) Espinosa con motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela Bueno».   También, que la muerte de Gabela «terminaría con las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv».   Sobre la relación de mandos en las instituciones, refirió que el «expresidente Correa, los exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, los miembros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la FAE, conocían la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv»; y, que «existió por parte de agentes de la FAE un sistematizado seguimiento al general Gabela desde el año 2008 hasta meses antes de su muerte e inclusive una amenaza evidenciada en la Asamblea Nacional».

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Para Pierina Correa, informe de perito Meza no involucra a su hermano en Caso Gabela

Para Pierina Correa, candidata a la Asamblea Nacional y hermana de Rafael Correa, el informe del perito Roberto Meza descarta responsabilidad del expresidente en el asesinato del general Jorge Gabela, ex comandante de la Fuerza Aérea. Consultada por los micrófonos de “Punto de Orden”, precisó que el reporte señala específicamente a dos ex oficiales, como presuntos autores intelectuales del crimen. Por tanto, dijo, el sistema de justicia debe actuar, siempre y cuando existan las evidencias que confirmen la responsabilidad. A criterio de la ex legisladora, ese mismo reporte de Meza considera que no hay indicios de culpabilidad, ni intelectual ni material, que apunten a su hermano, simplemente porque no tuvo nada que ver. Proyectos en salud y protección familiar Por otra parte, Pierina Correa anticipó que, de llegar nuevamente al Parlamento, continuará su trabajo en diversos ámbitos sociales. Especialmente en salud y protección familiar. Correa anotó que, durante su anterior periodo, en su calidad de presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, impulsó importantes reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. En total fueron 26 cambios, incluyendo una hoja de ruta para quienes retomen la tarea en la futura Asamblea Nacional. Adicionalmente, dijo, presentó 9 proyectos de leyes y reformas, incluyendo temas de salud mental comunitaria, Ley del Deporte, Deporte Paralímpico, etc. Asimismo, impulsó 11 normativas para seguridad.

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Fiscalía debe procesar a implicados en Caso Gabela, según periodista de investigación

La lectura del denominado “tercer producto”, del informe sobre el asesinato del ex comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, estableció que otros dos generales, Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinosa, serían los autores intelectuales del crimen. Bohórquez también fue comandante de la FAE, mientras que Espinosa lideró el Ala de Combate 22 de la institución. Para la periodista de investigación, María Belén Arroyo, el reporte del perito argentino Roberto Meza tiene dos conclusiones: la primera, la implicación de los citados oficiales en el homicidio; y la segunda, igual de importante, que las sospechas existían hace 10 años, cuando se elaboró el informe inicial. Por tanto, consideró que desde entonces, en el 2013, se escondieron las pistas, a sabiendas que conducirían al mismo resultado de hoy. Un elemento que hace presumir responsabilidad política del gobierno de entonces. Arroyo recordó que Gabela se volvió incómodo para altos oficiales, debido a su oposición a la compra de los 7 helicópteros hindúes DHRUV, por considerarlos de mala calidad. Incluso el 1 de abril del 2008 se reunió con el entonces presidente Rafael Correa, como consta en la bitácora del Palacio de Gobierno, para entregarle información sobre las deficiencias de las naves. Esos documentos nunca aparecieron. Lo que sí hubo, recordó, fue un permanente acoso contra Gabela, quien fue seguido por agentes de inteligencia militar, e incluso amenazado por el propio general Bohórquez, uno de los dos señalados. Arroyo lamentó que, a pesar de los percances sufridos por 4 de los helicópteros, y que causaron la muerte de 3 tripulantes, el dictamen judicial sobreseyó a los 18 participantes en la compra, al considerar que “no hubo perjuicio para el Estado”, toda vez que el seguro pagó el valor de las naves siniestradas. La periodista considera que, con este “tercer producto”, considerado “noticia del delito”, la Fiscalía puede actuar de oficio e iniciar una nueva investigación, incluyendo la posibilidad de “crimen de Estado”, pues quedó totalmente descartado que la muerte de Gabela fuera causada por “delincuencia común”. Arroyo recalcó que, al margen del crimen, hay indicios de otros delitos también graves, como falsedad procesal, adulteración de documentos públicos, etc.

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Perito Meza señala a generales Bohórquez y Espinosa como autores intelectuales del asesinato de Jorge Gabela

Los generales Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinosa, ex comandante de la Fuerza Aérea y ex comandante del Ala de Combate 22 de la institución, respectivamente, serían los autores intelectuales del asesinato del también general Jorge Gabela. Así lo señaló el perito argentino, Roberto Meza, al presentar el denominado “tercer producto” de su investigación, que descarta totalmente que el ataque, perpetrado la madrugada del 19 de diciembre del 2010 en una ciudadela de Samborondón, proviniera de delincuencia común. El reporte, de 73 páginas, fue entregado oficialmente ayer a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, ante la presencia de la comisión que conformó el gobierno, por disposición de la Corte Constitucional. Ochoa tiene 20 días para analizarlo y presentar cualquier inquietud, y de ahí el experto forense cuenta con 30 días para responder. En su larga exposición, Meza estableció los parámetros contemplados en su investigación, y que apuntan a Bohórquez y Espinosa como presuntos promotores del crimen. El móvil del asesinato, señaló, fue la oposición del general Gabela a la compra de los 7 helicópteros hindúes DHRUV. Más aún cuando acentuó sus denuncias, a raíz de los accidentes que sufrían las naves, debido a sus deficientes condiciones. Durante el acto, el perito mostró un video, en el cual Bohórquez parece amenazar a Gabela antes del asesinato. También expuso la orden que había para que agentes de inteligencia lo siguieran. Asesino material estaría vivo Meza explicó que el autor material del asesinato fue un sicario, identificado como Francisco Israel Cruz Vargas, alias “Francis”. En ese entonces surgió la tesis de que el pistolero fue realmente otro sujeto, llamado Derlys David Salazar Vargas, pero las investigaciones posteriores confirmaron que se trataba de la misma persona, que usaba dos identidades para ocultar sus actividades. En el año 2013, Alias “Francis” supuestamente fue asesinado a tiros en la ciudadela Sauces, norte de Guayaquil. Sin embargo, nuevas pistas revelan que el sujeto está vivo, al punto que en apariencia sufragó en las elecciones del 2021, y hasta estuvo involucrado en otros hechos ilícitos. Alias “Francis” le habría confesado a sus cómplices, que un general le pagó una fuerte suma por matar a Gabela, pero nunca dio nombres ni las motivaciones. “Nunca me dieron la cara” Por su parte, Patricia Ochoa, viuda del ex comandante de la FAE, agradeció las investigaciones de Meza, y lamentó que durante el gobierno de Rafael Correa pretendieran ocultar la conspiración, con la mentira de que fue un caso de “delincuencia común”. Ochoa recordó que cuando le presentaron el informe la primera vez, quien acudió fue la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga. En cambio, Correa no se atrevió a hacerlo, y más bien puso trabas. También fustigó la forma en que pretendieron ocultar la verdad, como lo demuestra la cantidad de informes falsos, mutilados y tergiversados que dejaron, para ocultar lo que se sospechaba: que el asesinato fue planeado por los responsables de la compra de los helicópteros DHRUV.

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Viuda del general Gabela ya sabe quiénes ordenaron asesinar a su esposo

Patricia Ochoa, esposa del ex comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Gabela, y quien fue asesinado en el año 2010, afirma ya saber quiénes ordenaron el crimen. Consultada por los micrófonos de “Punto de Orden”, Ochoa explicó que en el año 2018 se reunió con el perito argentino, Roberto Meza, quien tuvo el encargado de investigar el caso. En ese encuentro, dijo, Meza le reveló con total claridad los nombres de los autores intelectuales de la muerte de su esposo. Sin embargo, por ahora no puede dar esos nombres, debido a que carece de las evidencias respectivas, y además porque debe respetar la conclusión del nuevo informe que elabora el experto. Ochoa está convencida que Meza, en su “tercer producto”, dará esos nombres, y al fin el país conocerá la verdad. Es por ello, anotó, que ciertos personajes “están preocupadísimos”, porque les falló el plan de decir que Gabela fue asesinado por delincuencia común. Tanto así, que cuando la nueva comisión, creada por este gobierno, pidió el reporte original, aparecieron varios documentos forjados, sin firma de responsabilidad, con diferentes cantidades de páginas, pero con una conclusión similar: delincuencia común. Además, advirtió que desde entonces han tratado de intimidarla. Sin embargo, se mantendrá firme hasta que el caso sea aclarado, pues está segura que a su esposo lo mataron por denunciar las irregularidades, en la compra de los helicópteros DHRUV. Dictamen es absurdo Sobre este punto, expresó su extrañeza por el fallo del juez Luis Rivera, que absolvió a todos los implicados en la compra irregular de las aeronaves hindúes. Ochoa explicó que el argumento del magistrado, de que “Ecuador no perdió plata”, es sospechosamente similar al del ex presidente Rafael Correa. Y claro que lo es, agregó, pues Rivera fue abogado investigador de la Secretaría de Transparencia de Gestión, que durante el gobierno correísta fue parte de la comisión que investigó el asesinato de su esposo. Ochoa afirmó que el peculado es notorio, pues el Estado recibió naves de mala calidad, sin certificaciones universales, y que, durante las inspecciones técnicas, mostraron ser viejas, inclusive con pernos rotos. Además, más allá del dinero invertido y supuestamente recuperado, dan a entender que no tienen valor los ecuatorianos que murieron en los percances sufridos por los DHRUV.   Entrevista

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Esposa del General Gabela advierte que decisión del Caso Dhruv “sentó un precedente nefasto para los funcionarios públicos”

La Hora .- Esperan que el informe del perito Roberto Meza se convierta en un material importante para la investigación de la Fiscalía en el caso de Jorge Gabela.   La decisión de sobreseimiento para los involucrados en la adquisición de los helicópteros Dhruv, generó reacciones encontradas en la sociedad ecuatoriana. Para Patricia Ochoa, esposa del asesinado excomandante de la Fuerza Aérea de Ecuador, general Jorge Gabela, el dictamen del juez José Rivera sienta un precedente “nefasto” para que los funcionarios públicos realicen operaciones con fondos públicos sin responder por ello.   Aunque la Fiscalía General del Estado ya apeló, no son pocas las voces de alerta que se han levantado ante este fallo judicial que pone en duda el balance de la justicia en el país.   Ochoa sostuvo que durante el desarrollo del caso se pudo evidenciar que “el juez Rivera no era tan igual para ejercer la ley ante todos”. Además, recordó que su esposo fue amenazado desde el mismo momento que se comenzó a hablar de la operación de compra de las aeronaves y destaca que siempre fue crítico con la compra de esos helicópteros por no cumplir con las disposiciones necesarias para su operación en Ecuador.   Respuesta penosa La comisionada Jeannine Cruz, integrante de la Comisión Especial que coordina las actuaciones del perito Roberto Meza para la reconstrucción del tercer informe sobre el caso Gabela, indicó que la decisión tomada por la Justicia es “penosa”.   Cruz, quien hace unas semanas denunció que recibió amenazas por su accionar dentro de la Comisión, precisó que la operación de compra de los helicópteros Dhruv tiene dos investigaciones abiertas, la primera sobre el peculado de los fondos públicos y la segunda sobre la presunta relación que podría existir con el asesinato del general Gabela.   “Lo que acaba de contestar la Justicia realmente es penoso, porque tenemos claro que la adquisición del año 2009 de los siete helicópteros Dhruv por más de 50 millones que le costó al Estado ecuatoriano. Se cayó la primera aeronave en el 2010, luego en el 2014, 2015, 2016; cuatro helicópteros, los demás están fuera de servicio. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Por qué no hicieron caso a la adquisición de estos helicópteros? Porque evidentemente no tenían las características técnicas para que el Estado invirtiera en esa chatarra”, apuntó.   Solo se midió lo económico Para Ochoa, la acción de la Justicia solo ha revisado el alcance económico y el perjuicio a las finanzas del Estado. “Creo que aquí solo se enfocaron en que el Estado no había perdido un centavo, pero no se enfocan en que los helicópteros se recibieron en malas condiciones” apuntó.   A su juicio, la FAE no recibió lo que había solicitado. “No tenían certificaciones para volar y, definitivamente, si no se entrega tal cual se pidió. Tiene que haber alguna sanción porque el proceso de contratación pública es claro”.   Sobre este punto, Jeannine Cruz consideró que “no nos satisface en este caso la decisión tomada por la Justicia, porque le está dando la espalda a las familias de los soldados que murieron en esos helicópteros”.   Más allá de que Seguros Sucre haya cubierto las indemnizaciones a las familias de los oficiales fallecidos en uso de esas aeronaves, para Cruz queda claro que no se ha hecho justicia en este caso.   “Elevo una crítica, porque la Justicia tiene una agenda partidista o una agenda política, no hay independencia, lamentablemente en la Justicia de nuestro país, hay jueces puestos por cierto sector político, que obedecen a ese sector político. Entonces, sí ha sido lamentablemente negativa esta sentencia”, remarcó.   Balance de Meza Sobre la información brindada por el perito Roberto Meza y la Comisión especial de la Presidencia, la viuda de Gabela detalló que le sorprendió escuchar la existencia de tres informes sin firma, ni sumillas del perito dentro de la documentación enviada por las instituciones del Estado. “Nos llamó la atención la información que de la misma Secretaría de Transparencia y Gestión le llegó a la comisión tres informes del Perito Meza, sin firmas ni sumillas, que hablaban de delito común”.   Recordó que “en 2018, en el Ministerio de Justicia, encontré seis o siete informes del perito, de 25 hojas, 35, 45, que decían delito común, y un oficio adjunto donde la subsecretaria del Ministerio de Justicia, la señora Nadia Ruíz, enviaba a todos los ministros de los Ministerios que conformaron el comité institucional, para pedirles que siguieran haciendo observaciones al caso de Gabela. Estamos hablando de septiembre de 2014, ya el Perito Meza no estaba en el Ecuador”.   Ochoa precisó que los documentos que ella pudo observar tenían el membrete de la firma de Roberto Meza, pero no contaban ni con la firma, ni las sumillas, hecho que le pareció extraño y al consultar le dijeron que era un «avance del informe».   «Creo que a veces pretenden que todos los seres humanos somos ilusos, que no nos damos cuenta de detalles”, lamentó Ochoa.   Informe será un aporte para la Fiscalía La viuda del General Gabela espera que la reconstrucción del informe se convierta en un apoyo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado.   “Creo que es algo interesante, que va a apoyar de alguna manera a la Fiscalía”, apuntó.   Expuso sus dudas ante el accionar de los integrantes del Gobierno del expresidente Rafael Correa ante lo que pueda señalar el informe del perito Meza. “Pareciera que tuvieran mucho miedo, no sé si esconden algo más, pero pareciera que tienen miedo por la reacción que han tenido”, dijo.   Por su parte, Cruz considera que la politización del caso Gabela es consecuencia de un sector que busca ocultar la verdad. “La sentencia de la Corte Constitucional viene realizándose desde el año 2018, la Comisión se conforma antes de que decreten muerte cruzada en el mes de abril. Nosotros no sabíamos el escenario político”, precisó.   Jeannine Cruz dejó claro, “nosotros no utilizamos el drama humano, ni el dolor humano como una campaña política. Hablamos del asesinato de un ser humano, que ellos tengan esas prácticas, no significa que todos

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Perito de “Caso Gabela” advierte que no aceptaron presiones

Roberto Meza, el perito argentino encargado de establecer a los autores intelectuales y móviles del asesinato del general Jorge Gabela, ex comandante de la Fuerza Aérea, analizó el avance de su trabajo. En diálogo con “Punto de Orden”, el experto destacó las grandes diferencias entre su primer periodo de trabajo, en el 2013, y el actual. Entre lo más importante, anotó que muchos de los documentos hallados en la Secretaría de la Mujer, antiguamente Ministerio de Justicia, fueron adulterados, y no corresponden a su labor original. Es decir, intentaron cambiar la verdad. Meza señaló que hace 10 años, cuando fue contratado por primera vez, recibió muchas presiones. Incluso a él y a su equipo les quitaron sus computadoras, que eran personales, tras concluir el informe. Pero esta ocasión reconoció que laboran con mucha más tranquilidad, sin voces que les “sugieran” quitar o poner nombres o hechos. Gabela fue asesinado a fines del año 2010, al pie de su casa, situada en la Avenida Samborondón. El gobierno de Rafael Correa, entonces en el poder, afirmó que fue un caso de delincuencia común, pero la familia de la víctima sostiene que se trató de una venganza, por las denuncias que lanzó contra la compra de los helicópteros hindúes DHRUV. De acuerdo al contrato, Meza y su equipo deben entregar 6 copias del “tercer producto”, que señalará con total claridad a los autores intelectuales del crimen, y los móviles que tuvieron. Uno de estos reportes será para Patricia Ochoa, la viuda del oficial fallecido. También recibirán copias la Corte Constitucional, la Defensoría Pública y, obviamente, la comisión que lleva el caso. El perito precisó que, solo entonces, a dichas personas e instituciones, corresponderá tomar las acciones legales que consideren necesarias. Sin embargo, recordó que el peritaje no es vinculante, y que el juez que asuma el proceso determinará, de acuerdo a su criterio, si utiliza o no las conclusiones del reporte. También advirtió que su labor está totalmente desvinculada de intereses electorales. Su única misión, manifestó, es trabajar con total libertad e independencia, en honor a la verdad y a la justicia.

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Jeannine Cruz, miembro de la comisión del caso Gabela, recibió una amenaza de muerte

El Universo .- La amenaza llegó el mismo día que se suspendió la audiencia del caso Dhruv.   Un ramo de flores con un sobre que contenía un mensaje amenazante llegó a las instalaciones del Consejo de Comunicación, la tarde de este viernes. El arreglo floral estuvo dirigido a Jeannine Cruz, presidenta de la institución e integrante de la comisión que reconstruirá el informe sobre el asesinato del general Jorge Gabela. “Jeannine Cruz. El próximo detalle será en tu funeral. Buen día”. Es la frase con la que se buscó intimidar a la funcionaria. El paquete fue dejado por un sujeto que llevaba puesto un casco de motociclista.   Inmediatamente, se tomó contacto con la Policía Nacional y al poco tiempo llegaron a las oficinas varios agentes para recabar información, indicó una fuente del Consejo.   Cruz acudió en la noche a la Fiscalía para formalizar la denuncia por la amenaza de muerte en su contra.   En declaraciones a medios de comunicación, la funcionaria rechazó el mensaje intimidatorio e hizo referencia del caso Gabela. “El caso Gabela no es un caso fácil, son 13 años (del asesinato del general) y obviamente se tendrá que determinar a los responsables. Lo único que puedo decir es que no tenemos miedo. Nos queda seguir en este caso con los procesos que corresponden”, dijo.   Este viernes debía reinstalarse la audiencia por el caso de los helicópteros Dhruv, para conocer si serían llamados a juicio los 18 acusados del delito de peculado en la compra de las naves. Sin embargo, la diligencia se suspendió porque la fiscal general, Diana Salazar, enfermó.   La familia de Gabela relaciona el asesinato con la denuncia que hizo el general sobre presuntas irregularidades en la adquisición de los siete helicópteros, que se efectuó en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa. Jeannine Cruz dijo que “coincidencialmente” el mismo día que se suspende la audiencia llegó el ramo de flores “a nombre del general Jorge Gabela”.   “Esto es una dedicatoria de intimidación”, señaló Cruz, e indicó que en la investigación del caso Gabela “la justicia le debe al Estado” y es un tema del que está pendiente la comisión.

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Perito Meza llegó a Ecuador y se reunirá hoy con la Comisión Coordinadora del caso Gabela

La Hora .- Este lunes 15 de mayo de 2023 se ofrecerá una rueda de prensa para dar detalles sobre la contratación del perito Roberto Meza y los alcances de la investigación. El perito argentino Roberto Meza llegó al Ecuador con su equipo para iniciar la reconstrucción del llamado “tercer producto” del asesinato del excomandante de las Fuerzas Aérea Ecuatoriana, general Jorge Gabela. Recordó que a diferencia del informe anterior, en el que contaron con la documentación entregada por el Estado e información recabada por su equipo, en esta oportunidad no estaría previsto el levantamiento de información. “La sentencia de la Corte habla de rehacer, de reconstrucción, no es de investigación, porque allí ya es la Fiscalía la que está haciendo eso en este momento”, apuntó. El perito confirmó además el compromiso de las autoridades para brindar protección a todos los miembros de su equipo de investigación mientras permanezcan en el país. Recursos y detalles La Comisión Coordinadora del caso Gabela adelantó la semana pasada a LA HORA que luego de firmado el contrato con el perito Roberto Meza se darían todos los detalles de la contratación. Para este 15 de mayo fue convocada una rueda de prensa en la que se espera aclaren importantes detalles sobre la contratación del perito, entre los que destacan el valor de la reconstrucción del “tercer producto” y el origen de los fondos que tuvo que destinar el Gobierno Nacional para asumir el pago. El jueves 10 de mayo de 2023, el presidente de la Comisión Coordinadora, Arturo Moscoso, envió a la Corte Constitucional un documento detallando cada una de las actividades emprendidas por la instancia para hacer cumplir la sentencia 2366-18-EP/23 del 09 de febrero del 2023, en el que se solicitó una prórroga de 60 días para que el perito pueda concluir la reconstrucción del informe. En la sentencia, la Corte resolvió reconocer que el Estado ecuatoriano vulneró los derechos de la familia Gabela al negar el acceso a la información a través de la sentencia del 1 de agosto del 2018 por parte de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Dentro de las medidas de reparación a la familia Gabela, la Corte Constitucional ordenó la creación de una comisión encargada de solicitar al perito Roberto Meza la entrega de un nuevo ejemplar del “tercer producto”, en un plazo de tres meses, para ser entregado de forma pública a la familia Gabela y a la Fiscalía General del Estado, período que finaliza el 17 de mayo. (ILS) Datos del caso Gabela El general Jorge Gabela fue asesinado en su residencia en Guayaquil el 29 de diciembre del 2010. Semanas antes, el oficial de la Aviación Ecuatoriana había señalado sus críticas a la adquisición de siete helicópteros Dhruv durante el gobierno del presidente Rafael Correa. Cuatro de ellos sufrieron siniestros y los otros tres quedaron en desuso. En el año 2013 se contrataron los servicios del perito forense argentino Roberto Meza, quien tendría que realizar la investigación y entregar tres productos al Estado para esclarecer la muerte de Gabela. El primer producto estaría dedicado a la metodología de la investigación y el segundo daría con el móvil del asesinato del general Gabela. El “tercer producto» debía señalar a los presuntos responsables del asesinato. Este fue entregado al Comité Interinstitucional que investigaba el caso. La entrega se realizó el 8 de julio de 2013 al presidente de esa instancia, Lenín Lara, quien admitió haberlo recibido, pero este se habría “perdido” cuando estaba en custodia de la secretaría.

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Comisión especial del Caso Gabela espera que el Gobierno concluya contratación del perito Meza esta semana

La Hora .- Los integrantes de la Comisión estudian la posibilidad de solicitar la extensión del plazo para dar cumplimiento a la sentencia. El 17 de mayo se cumple el plazo otorgado por la Corte Constitucional (CC) para que el Gobierno, en un acto público, entregue el ‘tercer producto’ del caso que investiga la muerte del general Jorge Gabela, a su viuda y familiares. A 14 días para cumplirse el plazo, la Comisión Especial encargada de coordinar las acciones con el perito argentino, Roberto Meza, se encuentra a la espera de que el Gobierno concluya el procedimiento necesario para la contratación y pago correspondiente de sus servicios. Arturo Moscoso, integrante de la Comisión, informó a LA HORA que “el Gobierno ya tomó la decisión sobre el origen de los recursos y la partida que será utilizada para el pago del perito”. Explicó que a pesar de existir una orden de la CC deben cumplirse los pasos necesarios para la contratación de Meza y su equipo de trabajo. Acotó que la disposición de la CC facilita el proceso, pero del mismo modo deben cumplirse los pasos establecidos en las normas. “Va a ser un poco más rápido, pero siempre hay que cumplir todos los pasos para que no haya un problema con Contraloría”, indicó. El proceso Arturo Moscoso puntualizó que el proceso de contratación ya se encuentra avanzado y espera que se concrete esta misma semana. “El problema es que en todo proceso de desembolso de fondos por parte del Gobierno, el Estado requiere un proceso de contratación. Entonces, hay que hacer este proceso, que ya está iniciado”, recalcó. Indicó que luego de este procedimiento, el perito deberá trasladarse con su equipo al país y podrán conocer de cuánto tiempo se dispondría para tratar de cumplir con los plazos establecidos en la sentencia No. 2366-18-EP/23 emitida por la CC el pasado 9 de febrero de 2023. En esta sentencia, la Corte aceptó la vulneración de los derechos de la viuda del general Gabela y sus familiares por parte de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y ordenó una serie de medidas para la reparación por parte del Gobierno nacional. Respuesta estatal La Comisión Especial del Caso Gabela luego de ser designada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el 14 de marzo de 2023, envió comunicaciones a todos los organismos del Estado para que entregarán toda la información relativa al caso. Al ser consultado sobre el tiempo que necesitará Meza para realizar la reconstrucción del “tercer producto”, Moscoso indicó que “eso va a depender del tiempo en que finalice la contratación y de la evaluación del material que ya hemos recabado”. Moscoso explicó que de esta manera el perito ya tendrá la información a su disposición cuando llegue al país, “él (Meza) en base al análisis que haga de la documentación que se le entregue, nos dirá cuánto se va demorar”. Sobre la respuesta de las instituciones al pedido de la Comisión Especial, Moscoso precisó que han recibido del Ejecutivo y que todas las instituciones han enviado la información correspondiente. Agregó que la Comisión también solicitó información a la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General del Estado, entes que no están obligados por la sentencia de la CC. “No hemos tenido respuesta, pero esperemos que haya buena fe y colaboración”, dijo. (ILS) Fiscalía debe acelerar la investigación La viuda del general Jorge Gabela, Patricia Ochoa, conversó con LA HORA tras finalizar una comparecencia con la Fiscalía General del Estado indicando que es importante que se acelere el proceso investigativo. Ochoa señaló que “es la Fiscalía quien en realidad tiene que acelerar la investigación”. Precisó que hasta el momento la Comisión Especial no se ha puesto en contacto con la familia y no tienen conocimiento sobre los avances en este sentido. Al momento, solo tienen información a través de lo que vienen publicando los medios de comunicación. “Según las publicaciones, la Comisión ya tiene toda la documentación para que (Roberto) Meza haga su informe”, comentó Ochoa, quien espera que el resultado de la investigación de Meza “sirva como un material más para que la Fiscalía investigue”. La viuda de Gabela y su familia siempre han objetado la teoria de que Gabela fue asesinado por la delincuencia común y han relacionó su asesinato con las denuncias que el general hizo con relación a la compra de siete helicópteros Dhruv por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los productos de la investigación Luego de la muerte del general Jorge Gabela, el Gobierno contrató al perito argentino Roberto Meza para que entregará una investigación constaba de tres productos. El primero fue sobre el plan de trabajo El segundo sobre el móvil del asesinato. El tercer producto debía referirse a los presuntos autores intelectuales del crimen. La elaboración de estos productos se financió con recursos públicos, pero hasta la fecha no ha sido posible acceder a la documentación del Tercer Producto. El Tercer Producto se perdió en manos del Comité Interinstitucional conformado por funcionarios del correísmo.

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Comisión de Caso Gabela tiene como tarea apoyar trabajo de perito

Comenzó el trabajo de la comisión creada por el presidente Lasso, para determinar las móviles del asesinato del ex comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Gabela. Arturo Moscoso, integrante de la comisión, recordó que su principal labor será colaborar con el perito argentino, Roberto Meza, a fin de que pueda “reconstruir” el llamado “tercer producto”, que precisamente señala a los posibles autores intelectuales del crimen. El producto en cuestión fue entregado años atrás al gobierno de Rafael Correa, pero desapareció. Moscoso reconoció que el plazo dado, de apenas dos meses, es apretado para la tarea encomendada, pero aspira a que habrá éxito. El trabajo consistirá en brindar a Meza, todo el apoyo documental, logístico y económico, para que reconstruya el producto señalado, pues la Corte Constitucional, por pedido de la familia de Gabela, lo estableció de ese modo. La familia Gabela sospecha que el ex comandante no fue asesinado por delincuencia común, sino a causa de sus denuncias contra la compra de helicópteros hindúes Druv, que resultaron fatales para el país. La investigación fue reabierta en el 2018, pero no puede avanzar precisamente por la misteriosa desaparición del informe. Felizmente, explicó Moscoso, Meza está dispuesto a colaborar, y aunque no guardó copia del documento, recuerda muchos detalles que podrían ser parte del nuevo documento.

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