PortadaHomeRadioCentro

Ecuador: junio 3, 2026

Ecuador Continental:

Ecuador Insular:

Facebook Twitter Youtube Instagram Spotify
Ecuador, junio 03, 2026
Ecuador Continental: 21:40
Ecuador Insular: 21:40

Ecuador, junio 03, 2026

Facebook Twitter Youtube Instagram Spotify

Caso Las Torres: fundamento para destituir al juez Walter Macías podría afectar sentencia por delincuencia organizada

Nacionales / /

El Universo .- Por el delito de obstrucción de la justicia la fiscal general, Diana Salazar, investiga al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y siete funcionarios más.   Dentro de la resolución para la destitución del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Walter Macías, decisión tomada con solo dos votos a favor dentro del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), se asegura que el magistrado incurrió en una infracción disciplinaria al “haber suscrito la providencia del 8 de febrero de 2023″ dentro del caso por delincuencia organizada conocido como Las Torres, “encontrándose suspendida la competencia (de Macías) para resolver”.   La infracción en la que se le atribuía responsabilidad a Macías está tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial. Esta norma señala que ante una infracción gravísima se le impondrá la sanción de destitución al servidor judicial que haya cometido la infracción disciplinaria de “vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia interna de los servidores de la Función Judicial”.   La destitución del cargo de juez nacional se resolvió, el 19 de agosto pasado, en una sesión extraordinaria en la que únicamente se pronunciaron con sus votos a favor de esa medida el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal del organismo Xavier Muñoz. Existe una inconsistencia respecto a los vocales que votaron en abstención. El CJ asegura que Maribel Barreno fue la única presente en la votación, mientras que Fausto Murillo dice que fueron tres los votos en abstención. Una denuncia de tipo administrativo interpuesta en marzo pasado por Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, sentenciado a siete años por delincuencia organizada e investigado por el delito de cohecho en el caso China CAMC, generó el expediente disciplinario que recomendó la destitución del magistrado que integraba la Sala Penal de la CNJ.   Macías fue el juez ponente en el Tribunal de Juzgamiento de una delincuencia organizada en la que la Fiscalía acusó como autores directos al excontralor subrogante Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. A Esteban Celi y otras ocho personas se las ubicó como colaboradoras de esta “organización criminal” que operó en instancias públicas, como la Contraloría General de Estado (CGE), la empresa pública Petroecuador y la secretaría de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno. Según la Fiscalía, el grupo estructurado se armó para cobrar sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos en instituciones públicas o desvanecer glosas en la CGE. En el caso Las Torres se buscaba obtener, a cambio de desvanecer una glosa y facilitar el pago de facturas, el 20 % de una factura de $ 20,3 millones que se debía pagar a la empresa privada Nolimit C. A. Por estos hechos ya existe un fallo de primera instancia. El excontralor Celi y Pablo Flores, al haber sido líderes de la agrupación, recibieron una pena de trece años y cuatro meses de cárcel; mientras que Esteban Celi y otras cinco personas fueron condenadas a siete años de cárcel cada una. Otros dos procesados, al haber sido funcionarios públicos, se les impuso la sentencia agravada de nueve años y cuatro meses, y a Martha Barrezueta, al ser cooperadora eficaz, se le definió la pena reducida de seis meses.   Más de dos meses les tomó al juez Macías y a los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa deliberar y dar a conocer la sentencia en el caso Las Torres. Esta audiencia de juicio se suspendió en diciembre de 2022 y se reinstaló para dar la resolución oral el 10 de febrero pasado.   En este punto las fechas empiezan a tener relevancia, en especial para las defensas de los procesados por delincuencia organizada, pues si en la resolución para destituir a Macías se habla de que él para el 8 de febrero pasado tenía suspendida su competencia en la causa, esa misma suspensión podría extrapolarse hasta el 10 de febrero siguiente, fecha en la que se reinstaló la audiencia y Walter Macías, como ponente del Tribunal, dio lectura al fallo unánime. Situaciones como estas que podrían usarse en una posible fase de apelación es lo que les hace pensar tanto a la Fiscalía General del Estado como al destituido juez Walter Macías que el objetivo de la sanción aupada por los votos a favor de Terán y Muñoz es finalmente lograr la impunidad dentro del caso Las Torres.   Al momento en este caso han presentado siete de los condenados los recursos horizontales de ampliación y aclaración a la sentencia notificada por escrito el 4 de julio pasado, luego que Macías recuperó la competencia al declararse violados sus derechos, vía acción de protección, y dejando sin efecto la suspensión de 90 días decidida por el CJ dentro del mismo expediente disciplinario. Aún no han sido respondidos los recursos de ampliación y aclaración.   Una vez que el Tribunal evalúe estos recursos, los sujetos procesales podrán en ese momento interponer el recurso vertical de apelación, el cual deberá ser conocido por un nuevo Tribunal, cuyos integrantes deberán ser sorteados.   Con los últimos hechos suscitados, varias defensas consultadas evalúan la posibilidad de usar esta resolución administrativa con la que se destituyó al juez Macías, para, en fase de apelación, pedir la nulidad de la sentencia de primer nivel.   Dentro del denominado caso Independencia Judicial, la fiscal general, Diana Salazar, estaría investigando una obstrucción de la justicia. Este delito, señaló la Fiscalía, se habría cometido en dos casos de connotación: Las Torres y Vocales, en el que el mismo Macías convocó a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de tráfico de influencias en el que son procesados los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno y el juez de Pichincha Vladimir Jhaya.   Salazar está a la espera de que se le defina una fecha en la que se dará una audiencia para formular cargos por obstrucción de la justicia contra Wilman Terán y otros siete funcionarios de la Judicatura. La causa

Caso Las Torres: fundamento para destituir al juez Walter Macías podría afectar sentencia por delincuencia organizada Leer más »

Abogados denuncian al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y al vocal Xavier Muñoz por falsificación y uso de documento falso

Nacionales / /

El Universo .- Únicamente con los votos a favor de Wilmán Terán y Xavier Muñoz se decidió en el pleno de la Judicatura la destitución del juez nacional Walter Macías. El panorama jurídico se complica para el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y para el vocal de ese organismo, Xavier Muñoz. La mañana de este jueves 31 de agosto los abogados en libre ejercicio Ramiro García y Ángel Orna presentaron en la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra Terán y Muñoz por falsificación y uso de documento falso.   Según García, la resolución de destitución del juez Walter Macías contiene hechos evidentemente falsos. Explica, se haría constar en dicha resolución que se ha tomado una votación de dos votos por la destitución y una abstención, es decir, que había tres asistentes, cuando de los videos recabados por Fiscalía y que se han hecho públicos, evidentemente estaban todos en la sesión: cinco asistentes, de los cuales dos votaron por la destitución y tres en abstención.   Para uno de los denunciantes esto quiere decir que se hace constar en la resolución hechos falsos para sustentar fácticamente una decisión ilegal.   Esta denuncia penal llega a pocos días de que la fiscal general, Diana Salazar, solicitó día y hora para formular cargos por el delito de obstrucción de la justicia contra Terán, Muñoz, los también vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, además de otros cuatro funcionarios del CJ.   La presunta obstrucción de la justicia investigada por la Fiscalía desde el 11 de mayo pasado estaría relacionada con los casos Las Torres, en el que fueron sentenciados por delincuencia organizada once personas, entre ellas, el excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban; y en el que por el tráfico de influencias son procesados los vocales Barreno y Juan José Morillo, además del juez Vladimir Jhaya. El pedido fue realizado formalmente a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el martes 29 de agosto último, una vez se habrían encontrado los suficientes elementos de convicción para que estas ocho personas sean procesadas por su posible participación en el delito de obstrucción a la justicia cometido aparentemente en estos dos casos de connotación nacional. El caso por sorteo habría recaído en manos del juez nacional Luis Rivera. “Consideramos que se ha incurrido en el delito de falsedad de documento público, porque se hacen constar hechos falsos en un documento público, en la resolución emitida por el pleno del CJ. Esta resolución debió haber sido suscrita por al menos tres vocales, de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) que obliga a que una decisión de destitución debe contar con la mayoría de los integrantes. En este caso, insisto, se hace constar como que solo asistieron tres, cuando asistieron cinco, dos de los cuales votaron por la destitución y tres en abstención”, insistió García.   La denuncia recibida personalmente por la fiscal Diana Salazar iría directamente en contra de los vocales que suscribieron la resolución de destitución, en específico, Wilman Terán y Xavier Muñoz, y Katherine L., subdirectora de Gestión de Procesos del CJ. La figura penal por la que se denuncia está definida en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la cual prevé penas de cárcel de cinco a siete años.   García reconoce que los integrantes del CJ siguen en funciones hasta que renuncien o hasta que sean destituidos por el órgano competente, en este caso, la Asamblea Nacional. Independientemente de aquello, él sostiene que la intención de la denuncia y de los denunciantes no es resolver un tema político a través de la vía penal, sino alertar del cometimiento de un delito.   “La vía penal no es la idónea para resolver problemas administrativos, ni políticos. Nosotros estamos totalmente fuera de esa lógica, lo que venimos es a denunciar un delito que se ha cometido y que desde nuestro punto de vista es evidente. Es inadmisible que se lo realice por parte de quienes se supone están dirigiendo la administración de justicia”, apuntó García, quien cree que lo que correspondía es que la Fiscalía haga una sola imputación por dos delitos en concurso, pues existe un concurso ideal de infracciones, es decir, los mismos hechos se pueden subsumir dentro de dos delitos diferentes.   El presidente Terán ha defendido en diferentes foros la decisión tomada y afirma que la destitución del juez Walter Macías, aplicando la mayoría calificada de tres miembros -con dos votos de tres-, no es la primera que se ha adoptado en este organismo. “Al instalar dicha sesión (el 19 de agosto pasado) se encontraban los cinco miembros del pleno (del CJ). Hubo un pedido de votación, existieron tres abstenciones y dos votos a favor. Hasta allí debía sentarse la razón, pero hubo una solicitud de reconsideración. Al hacerse la solicitud de reconsideración, esta tuvo apoyo de otro de los miembros. Se receptó votación y al momento de receptarla, dicen las reglas de las sesiones del CJ que en caso de ausentarse, siendo una sesión telemática, uno de sus miembros, tiene que esperarse 15 minutos y recurrir a mecanismos alternativos para consignar su voto. En ese momento no se conectaron, no estuvieron activos telemáticamente dos de los miembros. La norma que regula las sesiones establece que eso se registra como una ausencia”, explicó el titular de la Judicatura. El también vocal de la Judicatura Fausto Murillo refiere que en la destitución de Walter Macías no se observó el artículo 264, numeral 14, del COFJ, que dice que debe existir al menos tres votos conformes para proceder a la destitución de un servidor. “En mi concepto (la destitución) es ilegal, no se cumplió lo que dice esta norma. Además, se destituyó con dos votos positivos y tres abstenciones. Si reformaron el reglamento para darle validez al voto de abstención, quiere decir que fue mayoría la abstención y minoría los votos positivos”. 

Abogados denuncian al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y al vocal Xavier Muñoz por falsificación y uso de documento falso Leer más »

Fausto Murillo, vocal de la Judicatura, asegura que no renunciará a su cargo e indica que destitución del juez Walter Macías fue ilegal

Nacionales / /

El Universo .- La destitución de Walter Macías como juez penal de la Corte Nacional se resolvió únicamente con dos votos a favor del pleno del Consejo de la Judicatura. Ante los exhortos y pedidos generalizados para que todos los vocales del Consejo de la Judicatura “den un paso al costado” y permitan que otros asuman la dirección del órgano de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial, el vocal de la Judicatura Fausto Murillo asegura que esos llamados no lo alcanzan, porque él no está siendo investigado, no es procesado, ni tampoco existe en su contra un pedido para que se le realice una audiencia de formulación de cargos.   Murillo es claro en decir que no renunciará a su cargo y que él está sujeto a un juicio político en la Asamblea Nacional si se lo quiere separar de la vocalía a la que llegó propuesto en una terna de la Función Legislativa.   El vocal recordó que desde el 16 de febrero que ingresó Wilman Terán a la presidencia de la Judicatura él es parte de la minoría, pues se formó una mayoría integrada por el nuevo titular del CJ y los vocales Xavier Muñoz y Maribel Barreno. Esa mayoría habría manejado una agenda de gestión particularmente programada y pensada por esta misma.   Salazar, en la que Murillo habría dicho que no se prestaría para que violentando la Ley y la Constitución se afecte la estabilidad de la Fiscalía General del Estado. Otro de los puntos en los que tuvo diferencias habría sido la destitución del juez de la Corte Nacional Walter Macías, situación que se dio con solo los votos del presidente Terán y del vocal Muñoz.   “En la destitución de Walter Macías no se observó el artículo 264, numeral 14, del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que debe haber al menos tres votos conformes para proceder a la destitución de un servidor. En mi concepto (la destitución) es ilegal, no se cumplió lo que dice esta norma. Además, se destituyó con dos votos positivos y tres abstenciones. Si reformaron el reglamento para darle validez al voto de abstención, quiere decir que fue mayoría la abstención y minoría los votos positivos”, explicó Murillo en una entrevista con Teleamazonas. Pese a todo lo dicho, quien también fue por casi un año presidente temporal del CJ reconoce que no solo ha votado en contra, sino que en su momento ha apoyado lo que es institucional. Afirma que contarán con su apoyo si se quiere nombrar legal y transparentemente a fiscales, jueces y defensores, pero es claro en asegurar que no respaldará nada si se quiere destituir a un juez como lo han hecho o si se intenta suspender a una fiscal de la forma en la que se pretendió.   El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, ha defendido la destitución como juez de Walter Macías, señalando que al momento de la votación del 19 de agosto pasado estuvieron presentes tres vocales, mientras que dos se ausentaron. Según él, dos de los presentes, Terán y Muñoz, votaron a favor de la destitución y Barreno emitió una abstención.   Por otra parte, Terán negó que el vocal Muñoz haya intervenido en la sesión extraordinaria estando de vacaciones y defendió que él haya participado por vía telemática de la audiencia. Aparentemente el vocal en cuestión se encontraba en el exterior.   Murillo finalmente hizo un llamado a que no se siga afectando a la institución y que los integrantes del Consejo de la Judicatura pongan el interés de la institución, los intereses del país por sobre cualquier interés personal. (I)

Fausto Murillo, vocal de la Judicatura, asegura que no renunciará a su cargo e indica que destitución del juez Walter Macías fue ilegal Leer más »

“Mentiras correístas afectaron mi candidatura”, afirma Otto Sonneholzner

Nacionales, Política / /

El ex candidato presidencial, Otto Sonnenholzner, culpó a la “maquinaria correísta” del bajón que tuvo en las encuestas, y que finalmente le impidió estar en la segunda vuelta. En diálogo con “Punto de Orden”, explicó que gente vinculada a la Revolución Ciudadana recorrió ciertas zonas del país, casa por casa, para decir que “Sonnenholzner es yerno de (Abdalá) Bucaram”, algo totalmente falso, a fin de hacerle daño en las preferencias electorales. A esto se agrega que Luisa González, la aspirante correísta a la Presidencia, afirmó varias veces que Sonneholzner, cuando era vicepresidente, supuestamente recortó el presupuesto de seguridad en 3.000 millones de dólares. #FactElectoral | La candidata presidencial, @LuisaGonzalezEcinsiste en responsabilizar al exvicepresidente, Otto Sonnenholzner de un supuesto recorte presupuestario al sector de seguridad durante su gestión, pero eso es FALSO. Te explicamos la evidencia🧵⤵️ pic.twitter.com/UzLgGVfK4O — Lupa (@Lupa_Media) August 25, 2023 El ex postulante aclaró que eso, primero que nada, es falso. Segundo, las cifras no cuadran, pues todo el presupuesto anual de ese rubro era de 3.300 millones, lo cual significaría que dejó casi sin dinero a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Y tercero, aunque no menos importante, como vicepresidente no tenía autoridad para hacer algo así, que solo estaba en manos del entonces presidente Lenín Moreno. Sonnenholzner precisó que esta red de mentiras afectó su candidatura, y reconoció que, en su momento, no actuó con rapidez para dejarlas al descubierto, además de carecer de los recursos económicos necesarios, para difundir la verdad en los medios. Asimismo, hizo notar que la misma campaña de falsedades sufrió Jan Topic. Con tanta fuerza, que le arrebató 6 o 7 puntos en la carrera electoral. Todo eso, dijo, sumado al asesinato de Fernando Villavicencio, llevó a los votantes indecisos a repartirse entre Christian Zurita, en menor grado, y Daniel Noboa, la mayoría, provocando la sorpresa electoral que el país conoce. Sonnenholzner subrayó que toda elección es dinámica, y que una encuesta es solo una foto de ese momento, pero no una realidad a futuro. No habrá cercanía con el socialismo Al analizar la segunda vuelta electoral, el ex candidato anticipó que, bajo ningún concepto, dialogará o tendrá algún tipo de acercamiento con la Revolución Ciudadana, llegue o no llegue González a Carondelet. Con Daniel Noboa, en cambio, podría colaborar si llega a ganar la Presidencia, pero sin formar parte de su gobierno. Sonnenholzner indicó que su plan de gobierno está disponible, por si el aspirante de ADN desea utilizar alguna parte. Ello no representaría compromiso alguno, ni tiene el deseo de algún cargo. Hasta entonces, acotó, trabaja en la preparación de la agenda parlamentaria de su movimiento, que tiene hasta ahora por 8 elementos. Por lo pronto buscará acercamientos con asambleístas independientes, a fin de llegar a 14 y consolidar una bancada, lo cual le daría derecho a representación dentro del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Sin embargo, advirtió que no es dueño ni patrón del bloque, pues los representantes tienen su liderazgo propio, al cual respeta. En cuanto a la agenda, señaló como prioridades la amnistía para los policías y militares enjuiciados, por reprimir las protestas de octubre del 2019. En ese marco, consideró absurdo que se haya “perdonado” a los autores del caos y el vandalismo, y se procese a los uniformados que arriesgaron sus vidas en las calles, para tratar de mantener la paz en el país. Asimismo, Sonnenholzner anticipó que sus asambleístas defenderán a la ministra fiscal, Diana Salazar, a quien el correísmo pretende destituir, en su afán de conseguir la impunidad de sus líderes. El ex vicepresidente precisó que, si bien también ha sido perseguido injustamente por Salazar, luchará para evitar que le arrebaten sus funciones. Asimismo, en el evento de que el correísmo impulse una Asamblea Constituyente, trabajará para evitar los dos grandes objetivos que manifestado ese grupo: obtener la impunidad, y gestionar la reelección indefinida.

“Mentiras correístas afectaron mi candidatura”, afirma Otto Sonneholzner Leer más »

Fiscal Diana Salazar denuncia intentos de sacarla «para obtener impunidad»

Nacionales, Política / /

La ministra fiscal, Diana Salazar, denunció que está de nuevo en marcha un plan para sacarla de sus funciones, y de ese modo favorecer a ciertos políticos. El pretexto es, nuevamente, un supuesto «plagio» en su tesis doctoral, pese a que la Universidad Central ya afirmó que no hubo tal delito. Mediante su cuenta en la red social “X”, antes Twitter, invitó a los ecuatorianos decentes a revisar la existencia de organizaciones, “que se hacen eco de discursos de prófugos de la justicia y sus acólitos, que tienen un plan en marcha, cuyo fin es la impunidad y se podría pensar que a cualquier costo”. “¿Qué buscan? ¿Sacarme del camino a como dé lugar, para conseguir nulidades en casos con sentencias en firme, por las cuales están prófugos o procesados, ya sea por delitos de corrupción u otros, tan graves como son los de carácter sexual?”, se preguntó la fiscal, aunque sin mencionar nombres. Salazar lamentó que en una época electoral tan compleja, como la actual, “no dejemos pasar por alto todas estas campañas llenas de odio, cuyo trasfondo guarda evidentes intentos de encontrar impunidad”. La funcionaria advirtió que son “actos desesperados”, y afirmó que “no soy la primera a la que atacan de esta manera tan vehemente y vil. Ya hemos sido testigos de algunos terribles desenlaces”. Salazar consideró fundamental levantar la voz frente a tanta infamia: “no permitiré que se me use como parte de su campaña”.

Fiscal Diana Salazar denuncia intentos de sacarla «para obtener impunidad» Leer más »

Lenín Moreno y otros 24 procesados en el caso Sinohydro enfrentarán dictamen acusatorio por cohecho en una audiencia el próximo 26 de julio

Nacionales / /

El Universo .– La Fiscalía investigó a 40 personas por el delito de cohecho, pero decidió finalmente emitir un dictamen abstentivo que favoreció a quince personas.   A poco de cumplirse cinco meses de haberse iniciado el proceso penal por el delito de cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa que se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, el exbinomio presidencial de Rafael Correa, Lenín Moreno, enfrentará el miércoles 26 de julio próximo una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).   La convocatoria la hace el conjuez nacional Bayardo Espinosa solo días después de que la fiscal general Diana Salazar emitió un dictamen mixto en el que acusa a 25 procesados, entre ellos, el exmandatario Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, dos de sus hermanos (Edwin y Guillermo Moreno Garcés), una cuñada y otros; y se abstiene de acusar a otras quince personas que inicialmente fueron investigadas.   La Fiscalía también decidió acusar a varios amigos cercanos del exprimer mandatario Moreno: el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatríz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia, Manuel Patiño Herdoiza), empresarios como Xavier Macías Carmigniani, yerno de Conto Patiño, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal china Sinohydro, entre quienes está el exembajador de China, Cai Runguo. En estos cuatro meses de instrucción fiscal, la cual cerró el 14 de julio pasado, la Fiscalía investigó una red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 en Ecuador y otros países con paraísos fiscales, para hacerse de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quede con la construcción del proyecto emblema del correísmo: Coca Codo Sinclair.   En la lista de los sobreseídos están Jacqueline Viteri Cedeño, cuñada del expresidente y esposa del también procesado Edwin Moreno; la nieta de Conto Patiño, María Patiño; el exmiembro del directorio de las hidroeléctrica Coca Codo, Francisco Castelló; además de abogados y extrabajadores de los Patiño en empresas como Comercial Recorsa y Novatex. El empresario Juan Manuel Durini también es uno de los sobreseídos, aunque su esposa Priscila Burneo, vinculada el 14 de junio pasado al proceso junto a su abuela Beratríz Herdoíza, es parte de quienes recibirán un dictamen acusatorio. La megaobra realizada en el gobierno de Correa habría costado al país más de $ 2.000 millones. La misma se realizó con un crédito del Eximbank de China en momentos en que Lenín Moreno era vicepresidente de la República, Conto Patiño representaba comercialmente a la empresa China Sinohydro y Cai Runguo era el embajador de China en Ecuador.   La etapa de evaluación y preparatoria de juicio del denominado caso Sinohydro llega teniendo al ciudadano chino Wu Yu como el único de los procesados con orden de prisión preventiva. Todos los que mantienen un dictamen acusatorio están presentándose periódicamente en la Corte Nacional en Quito, en sedes provinciales del poder judicial o en embajadas y consulados que mantiene Ecuador en Paraguay, Estados Unidos y Panamá.   Por ejemplo, Lenín Moreno y Rocío Gonzalez están presentándose periódicamente los últimos diez días de cada mes en la embajada de Ecuador en Asunción del Paraguay. Esa presentación deberá mantenerse los primeros tres meses, es decir, hasta septiembre próximo, pues a finales de octubre lo deberán hacer de forma en la sede de la CNJ, en la capital ecuatoriana. Desde enero de 2022, el exprimer mandatario ecuatoriano ocupa un cargo “ad honorem” en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Paraguay.   Dentro de este mismo casso cumplen una medida similar, pero en otro país, Irina Moreno, Xavier Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño, entre otros.   Para las 08:30 del 26 de julio próximo está convocada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que se resolverá la situación legal de los 25 involucrados y se escuchará el sustento que tiene la Fiscalía para acusarlos de formar parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohydro con la adjudicación del contrato para construir Coca Codo Sinclair y por lo que a cambio habrían recibido $ 76 millones en sobornos. La diligencia se dará en el octavo piso de la Corte Nacional, al norte de la capital ecuatoriana.

Lenín Moreno y otros 24 procesados en el caso Sinohydro enfrentarán dictamen acusatorio por cohecho en una audiencia el próximo 26 de julio Leer más »

Fiscalía acusará solo al expresidente Lenín Moreno y a otras 24 personas como parte de la ‘red de corrupción’ que habría operado en caso Sinohydro

Nacionales / /

El Universo .– Un total de quince personas serían beneficiadas del dictamen abstentivo anunciado por la Fiscalía en un caso por cohecho que se inició el 5 de marzo pasado.   Luego de 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Sinohydro, la fiscal general, Diana Salazar, se decanta por mantener su acusación contra 25 de los 40 sospechosos investigados por el delito de cohecho supuestamente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa que se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. En esa lista quedan el expresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa, su hija, dos de sus hermanos, una cuñada y otros.   La tarde del lunes último, una vez cerrada la etapa de instrucción fiscal, Salazar dio a conocer al conjuez Bayardo Espinosa, de la Corte Nacional, su decisión de emitir un dictamen abstentivo a favor de quince personas. Solicitaba, además, que fije fecha y hora para, en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, fundamentar el dictamen acusatorio contra los restantes 25 implicados, entre quienes están varios amigos cercanos del ex primer mandatario Moreno: Conto Patiño, su esposa, cuatro hijos de estos, empresarios, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal china Sinohydro.   El cierre de los cuatro meses de instrucción fiscal, el 14 de julio pasado, se dio en medio de audiencias por pedidos de revisión y cambio de medida cautelar, de apelación a la prisión preventiva y otras diligencias judiciales. Ahora, para la Fiscalía, las 25 personas contra las que emitirá verbalmente un dictamen acusatorio son parte de la red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 para hacerse de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quede con la construcción del proyecto emblema del gobierno de Rafael Correa: Coca Codo Sinclair.   En la lista de los sobreseídos están Jacqueline Viteri Cedeño, cuñada del expresidente y esposa del también procesado Edwin Moreno; la nieta de Conto Patiño, María Patiño; el exmiembro del directorio de las hidroeléctrica Coca Codo, Francisco Castelló; además de abogados y extrabajadores de los Patiño en empresas como Comercial Recorsa y Novatex.   El empresario Juan Manuel Durini también es uno de los sobreseídos, aunque su esposa, Priscila Burneo, vinculada el 14 de junio pasado al proceso junto con su abuela Beatriz Herdoíza es parte de quienes recibirían un dictamen acusatorio. Felipe Rodríguez, abogado de Durini y Burneo, ha dejado claro que en la mayoría de las personas privadas investigadas la Fiscalía no ha podido demostrar que ellos, desde su posición, ayudaron en el cohecho que se analiza desde el 5 de marzo que se formularon cargos. La megaobra realizada en el gobierno de Correa habría costado al país más de $ 2.000 millones. Esta se realizó con un crédito del Eximbank de China en momentos en que Lenín Moreno era vicepresidente de la República y Cai Runguo era el embajador de China en Ecuador. Este último también es parte de las 25 personas a las que se les emitirá un dictamen acusatorio, en el que se incluirá el pedido de que sea llamado a juicio y en una audiencia de juzgamiento se defina su situación legal y de otras 24 personas. David Meza, abogado de Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, señaló que como defensa ha solicitado dentro de la instrucción fiscal pericias de contratación pública, de valoración de bienes muebles del expresidente y de procesos. También recordó que habrían solicitado una asistencia penal internacional para que el Reino de España certifique si Rocío González o Lenín Moreno tienen algún tipo de propiedad en ese país.   La teoría de la Fiscalía sostiene que para configurar el delito de cohecho a modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones, dineros que terminaron siendo repartidos desde las empresas de Conto Patiño entre los sospechosos a través de transferencias, el cobro de cheques, el uso de empresas de varios de los procesados y la compra de ciertos bienes muebles e inmuebles.   Como parte de las medidas cautelares ordenadas en el caso Sinohydro, Lenín Moreno y Rocío González deben presentarse una vez por mes en la Embajada de Ecuador en Asunción del Paraguay, país en el que se encuentran ambos desde enero de 2022. Moreno ocupa un cargo ad honórem en la Organización de Estados Americanos (OEA). En Paraguay tienen que presentarse los primeros tres meses y al cuarto deben hacerlo en la Corte Nacional, en Quito. De no cumplirse con esta disposición en octubre próximo, se les podría ordenar prisión preventiva.   El conjuez Espinosa será quien decida, una vez que escuche los argumentos de la Fiscalía y de las defensas de los acusados, si llama o no a juicio a quienes son señalados de ser autores del delito de cohecho. Si se define un auto de llamamiento a juicio a todos, estos deberán sustentar en una audiencia sus pruebas periciales, testimoniales y documentales que mantienen para defender cada una de las posiciones existentes en el juicio.   Aún no existe una fecha para la diligencia en cuya primera parte se analizarán si existen o no nulidades que afecten lo actuado hasta el momento dentro del proceso penal.

Fiscalía acusará solo al expresidente Lenín Moreno y a otras 24 personas como parte de la ‘red de corrupción’ que habría operado en caso Sinohydro Leer más »

La Fiscal sobre el caso Vocales de la Judicatura: No sé si la sociedad civil está comprendiendo lo que significa esto

Nacionales / /

La Hora .– Salazar habla sobre el caso de los vocales de la Judicatura acusados de tráfico de influencias y que siguen en sus cargos. Pueden ser llamados a declarar Iván Saquicaela, presidente de la Corte Nacional de Justicia y Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional.   La fiscal General del Estado, Diana Salazar, es una de las mujeres más peligrosas para un grupo de políticos y activistas ligados al correísmo. Estos intentan cumplir el designio del líder prófugo Rafael Correa de sacarla del cargo por que es supuestamente “corrupta” o “incompetente”. Sin embargo, la jugada que hay detrás es continuar en la búsqueda de impunidad, limpiando el camino de funcionarios que puedan sostener las condenas en la Justicia y abrir nuevas líneas de investigación de la era correísta. La Fiscal Salazar parece que está en el primer lugar de una lista de funcionarios a ser atacados.   No obstante, la Fiscal Salazar no ha bajado los brazos. En la última semana vinculó a Jorge Glas en el caso de malos manejos en la reconstrucción de Manabí y continuó con el caso de supuesto tráfico de influencias de dos de los vocales del Consejo de la Judicatura, máximo organismo administrativo de la Justicia.   Los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo tienen medidas cautelares para asegurar su presencia en el proceso penal. Es decir, son administradores de la Justicia procesados por delitos graves a la administración pública, en este caso en la propia Función Judicial.   Salazar recibe a LA HORA para conversar sobre ese tema, que tiene en vilo a la Justicia.   P. ¿Usted cree que el país está entendiendo lo que significa que haya pedido prisión para dos vocales de la Judicatura y que ahora tengan medidas cautelares?   Pero bastaría con remitirnos al expediente y ver lo que consta ahí. Es un audio en el que la Fiscalía basa su formulación de cargos, que tiene una duración de una hora, 11 minutos y 3 segundos. En este audio se dibuja la forma cómo se maneja la Justicia, con pedidos directos a los jueces para que fallen a favor de uno u otro caso. Hacen referencia también a los movimientos, a las ubicaciones, a que si conocen o no conocen un proceso. La forma cómo pretenden llegar a los jueces para que fallen en su beneficio. También nos da una mirada de los arreglos y las componentes políticos. Y esto viene de personas que deberían tener una absoluta imparcialidad y objetividad. No estoy diciendo que el Consejo de la Judicatura dicta sentencias, pero designa a las personas encargadas de ejecutar estas sentencias.   P. Usted pidió prisión preventiva para ellos. La Corte no dio paso a eso. ¿Qué es lo que usted piensa sobre esa decisión?   La Fiscalía motivó y fundamentó de conformidad con lo constitucional y lo legal. También adecuando a lo establecido en el artículo 534, sobre los requisitos de la prisión preventiva, y se expusieron los riesgos procesales. ¿Cuáles son? Lo que usted manifestó en su primera pregunta, que en el máximo órgano de control, administración, sanción de la Justicia están siendo procesados. ¿Pero, quién les está juzgando? Un conjuez que fue designado por ellos. ¿Quiénes podrían revisar o conformar un tribunal? Aquellos jueces que pueden ser sometidos a su evaluación… Mire lo que sucedió con el juez Walter Macías. El día en que se iba a instalar la primera audiencia, el primer señalamiento, fue notificado cuando estaba sentado ya en la sala de audiencias con una recusación. Como no lograron la recusación, el mismo día en que fue rechazada, fue notificado con una suspensión por una denuncia ingresada unos ocho días antes, en un caso de corrupción. Esto fue presentado por el hermano del ex Contralor General del Estado. Presentan una denuncia o queja en contra de dos jueces y solamente lo suspenden a uno. ¿A quién? Al que iba a conocer esta causa. Entonces, dígame usted, con qué imparcialidad, con qué tranquilidad el Juez iba a dictar una medida que es la que correspondía.   P. El testimonio anticipado de la alta funcionaria judicial es clave en el caso. Pero también están involucradas otras altas autoridades. Se menciona a Iván Saquicaela, presidente de la Corte Nacional de Justicia y Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional. ¿Ambos deberían responder?   Durante los 80 días que tenemos para la instrucción fiscal, vamos a llamar a todas las personas que han sido mencionadas. Porque no solamente aparecen el señor Saquicela o los señores Saquicela. También aparecen otros actores como jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y lo que debemos observar es que, dicho sea de paso, ya se cometió el delito en el momento en que le dijeron: necesitamos que usted falle a favor de esta causa… Ahí se configuró el delito.   P. ¿No hay duda del tráfico de influencias? Mire, el hecho de que no haya salido la sentencia favorable, no fue porque ellos llamaron al juez y le dijeron: falle como usted considere. Eso fue por el escándalo o por la filtración de estos audios, que se dio el 15 de junio. Porque de lo contrario iba a salir conforme al pedido de los vocales de la Judicatura. Incluso el Juez, a raíz de la filtración de estos audios, se excusó de la causa, se quiso separar de la causa. Pero no denunció en ese momento.   P. Claro, hay más jueces involucrados. Incluso la propia Jueza del testimonio anticipado.   Por supuesto. Ahora la Jueza se convierte en testigo porque sobre ella no ejerció influencia. ¿Por qué no ejerció influencia? Porque ella no conocía la causa; además ella grabó y está colaborando con la Fiscalía. Entregó voluntariamente la grabación original. En la audiencia pusieron en duda la originalidad de este audio. Pero ella le entregó al Presidente de la Corte, indicando que era como una especie de denuncia. Porque también hay que entender, no tenía confianza. ¿Cómo va a denunciar ante el Consejo de la

La Fiscal sobre el caso Vocales de la Judicatura: No sé si la sociedad civil está comprendiendo lo que significa esto Leer más »

CPCCS persiste en reclamos por su antigua sede

Nacionales, Política / /

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alembert Vera, insistió en sus pedidos al gobierno nacional para que les devuelva su sede, situada en el sector céntrico de Quito. El inmueble pertenecía al Banco Central, y mediante decretos emitidos en el 2010 y el 2012, por el entonces presidente Rafael Correa, fue entregado en comodato al CPCCS. Sin embargo, hace pocos días el actual mandatario, Guillermo Lasso, emitió nuevos decretos, que derogó a los anteriores. Vera reconoció que el Banco Central, en su momento, no hizo lo que debía hacer: declarar el bien en propiedad horizontal. De ello se aprovechó el gobierno, dijo, para, de un solo plumazo, despojar al Consejo de su sede. En su opinión, se trata de una retaliación de Lasso, y un deseo de agradar a la fiscal general, Diana Salazar, en su conflicto con el CPCCS, que la cuestionó por un supuesto plagio en su tesis profesional. El dignatario afirmó que hay una “ignorancia supina” al acusarlos, pues no tienen capacidad de destituir a Salazar, ni esa es su intención. Vera advirtió que los mayores afectados de la medida de Lasso son los empleados, pues perderían sus plazas al no existir sitio donde laborar. También denunció una permanente campaña de hostigamiento contra la institución. Como prueba mencionó la permanente presencia de la Policía fuera del edificio, e incluso fuera de los domicilios de los consejeros, así como las amenazas de allanamientos. El presidente del CPCCS aseguró que, al contrario de lo que denuncian, “no tiene una agenda correísta”, y más bien podría revelar las llamadas que recibían los anteriores integrantes desde Carondelet, con órdenes para quitar y poner autoridades. Vera recordó que tanto los colores como las frases de su campaña, fueron autorizados por el Consejo Nacional Electoral. Por tanto, mal hacen ahora al aseverar que fue electo por el correísmo.      

CPCCS persiste en reclamos por su antigua sede Leer más »

Caso Gabela: la Fiscalía recepta la versión del perito Roberto Meza

Nacionales / /

Ecuavisa .– Meza prepara un nuevo informe sobre el asesinato del excomandante de la FAE, ocurrido en 2010.   La Fiscalía General del Estado (FGE) recepta este martes 6 de junio la versión del perito forense Roberto Meza, encargado de elaborar un nuevo informe sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, ocurrido en 2010. La titular de la FGE, Diana Salazar, recibió este martes a Meza. En un comunicado, el organismo señaló que seis partes procesales han acudido a esta diligencia. De esta manera, la FGE cumple con lo dispuesto en febrero pasado por la Corte Constitucional, que ordenó a ese organismo y a la Contraloría General del Estado que investiguen y sancionen a los exfuncionarios responsables de la pérdida del denominado ‘Tercer Producto del Informe’, un documento en el que habrían estado los nombres de los autores intelectuales del asesinato del oficial.

Caso Gabela: la Fiscalía recepta la versión del perito Roberto Meza Leer más »

Ministro Cucalón analizará candidatura presidencial, pero para el 2025

Nacionales, Política / /

Para el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el presidente Guillermo Lasso tomó la decisión correcta al no postularse a la reelección. En diálogo con “Punto de Orden”, el premier consideró acertado que Lasso, se dedique por completo a la gestión de gobernar. A su criterio, con esto el mandatario envía un mensaje superior: ayudar y no dividir. Es decir, basta de buscar la fragmentación política. Cucalón también reconoció que su nombre fue mencionado, como posible aspirante a la Presidencia. Sin embargo, anticipó que no aceptará algún pedido en este sentido, pues su deseo es colaborar con el trabajo que realiza el jefe de Estado. Además, dijo, no desea “atomizar” más aún el sector de la tendencia de centro derecha, que ya cuenta con varios postulantes. De ahí que considera necesario un “ejercicio de racionalidad”, por encima de cualquier vanidad. Lo que no descarta es estudiar una candidatura suya, pero en las elecciones del 2025. El ministro aseguró que el actual gobierno solo tiene interés en la democracia, y no en el autoritarismo, la corrupción y la impunidad, que son la tónica del correísmo. Cucalón se mostró decepcionado de la clase política. Y como prueba mencionó la última Asamblea Nacional, disuelta por la “muerte cruzada”, y que sin dudas es la peor de la historia. Pese a lo cual, partidos y movimientos pretenden candidatizar a los mismos “cromos”, como los llamó. También hizo notar la desesperación de ciertos grupos, por “bajarse” a la fiscal general, Diana Salazar, a costa de acciones legales e inconstitucionales, refiriéndose a las maniobras del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana. Si bien no coincide del todo con sus ideas, dijo respetar y respaldar su trabajo, que tanto molesta a algunos actores políticos. En otro ámbito, el ministro de Gobierno fustigó la lentitud con que la Corte Constitucional, analiza los “decreto-ley” enviados por el Ejecutivo, pese a su enorme importancia. En su opinión, no cabe poner tantas trabas, y menos aún dudar del calificativo de “urgencia económica”, que es potestad del presidente. Cucalón recordó que el primero de estos decretos establece una reducción en los impuestos de la clase media. Es decir, un beneficio para un sector importante de la población. Por tanto, resulta extraño y lamentable que no reciba la atención que merece.

Ministro Cucalón analizará candidatura presidencial, pero para el 2025 Leer más »

Dos nuevas investigaciones penales contra Jorge Glas podrían revertir la ‘libertad provisional’ que mantiene y la ‘prelibertad’ que busca

Nacionales / /

El Universo .- El expresidente Jorge Glas ha sido sentenciado por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo agravado en los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016.   Hasta hace tres días para el exvicepresidente Jorge Glas en el tema procesal penal lo que le restaba era solicitar la prelibertad, pero en tan solo horas su futuro jurídico se complicó: la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fecha para formular cargos contra el líder correísta por supuestos actos de corrupción ocurridos en la obra Manta-Colisa, como parte de la reconstrucción de Manabí, y además reabrió la investigación previa en el denominado caso Singue, que incluye al excompañero de fórmula de Rafael Correa.   El 30 de mayo último, una jueza de Garantías Penales de Pichincha le confirmó a Glas que le restaban dos años, once meses y quince días para completar su pena única de ocho años de cárcel definida en enero pasado, una vez que le unificaron los seis años por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht y los ocho de prisión por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016.   Con la unificación y la confirmación del cómputo de la pena, al exvicepresidente lo que le restaba era solicitar el beneficio penitenciario de prelibertad, para que así oficialmente pueda cumplir lo que le resta de pena fuera de la cárcel, bajo ciertas medidas dispuestas para alcanzar su reinserción social.   Ahora la posibilidad de que se le conceda la prelibertad se complica con el anuncio hecho por la fiscal general, Diana Salazar, de que dentro de una investigación previa abierta se han desprendido hechos que configurarían un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado, por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de una obra vial construida con fondos de la Ley de Solidaridad creada luego del terremoto de 2016. Ante ello, Salazar pide a la Corte Nacional día y hora para que se dé una audiencia en la que formulará cargos contra Glas, el exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí Carlos Bernal y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. “En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad”, recordó la fiscal general en un video colgado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía.   Según la fiscal Salazar, el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el gobierno de Rafael Correa conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.       Para la titular de la Fiscalía, este proyecto, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario. Lo sospechoso, según Salazar, es que se tomó esta decisión sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.    Ante lo dicho por la fiscal Salazar, Rafael Correa, quien fue presidente de la República durante el terremoto de 2016 e inició el proceso de reconstrucción, respondió: “¡Ya es descarado! ¿Quién puede creer los “informes” de delincuentes como (Pablo) Celi? ¿Por qué no se llama a los otros miembros del Comité de la Reconstrucción, como Agustín Casanova, aliado de Lasso? ¿Salazar está en capacidad de decidir la prioridad en el gasto de reconstrucción? Ojalá los jueces actúen honestamente. Ya falta poco”.   El inicio de este proceso penal podría cambiar la “libertad provisional” de la que goza Glas desde el 28 de noviembre pasado, debido a medidas cautelares autónomas que le concedió un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Émerson Curipallo. Esta situación podría ser modificada si luego de la audiencia de formulación de cargos el juez a cargo de la causa relacionada con la reconstrucción de Manabí ordena como medida cautelar la prisión preventiva de Jorge Glas.   A la formulación de cargos anunciada por la Fiscalía, a Glas se le suma que fue notificado el 22 de mayo pasado de que la investigación previa en el denominado caso Singue se reabre. En total fueron notificadas en este caso trece personas, entre ellas nuevamente los exministros Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, además de Aníbal Cazar, César Guerra y Gustavo Donoso. Hace casi siete meses que de forma unánime un Tribunal de la Corte Nacional resolvió en el caso Singue, en el que se analizó el delito de peculado, declarar la nulidad procesal de todo lo actuado a partir de la solicitud de formulación de cargos hecha por la Fiscalía e ingresada en la CNJ el 12 de febrero de 2019.    En esa misma declaratoria de nulidad, el juez Luis Rivera, presidente de la Sala, dejó a salvo la potestad que asiste a la Fiscalía General de iniciar la acción penal pertinente, “sobre la base de los elementos de convicción distintos a aquel que ha sido declarado nulo y para este caso que hayan sido recabados en la fase preprocesal de investigación previa 47-2017″.   El efecto práctico de la nulidad fue dejar sin vigencia la sentencia de ocho años para Jorge Glas; los exministros Pástor y Pareja Yannuzzelli; César Guerra, gerente del Consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue; y de cuatro años para los exfuncionarios públicos Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos.   Glas, Pástor, Pareja Yannuzzelli y Guerra fueron sentenciados inicialmente como coautores; mientras que Cazar, Donoso y Burgos recibieron una pena de cuatro años de prisión como cómplices de un supuesto peculado cometido en la adjudicación del contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue,

Dos nuevas investigaciones penales contra Jorge Glas podrían revertir la ‘libertad provisional’ que mantiene y la ‘prelibertad’ que busca Leer más »

Tribunal de Ejecución definirá la reparación económica que deben pagar al Estado Daniel Mendoza y otros siete condenados por corrupción

Nacionales / /

El Universo .- De los 19 procesados que existían en la causa hospital de Pedernales, ocho ya tienen sentencia y seis han sido sobreseídos.   Pese a que el exasambleísta Daniel Mendoza y el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob) René Tamayo, ambos sentenciados por una delincuencia organizada ocurrida en el manejo de recursos del Estado destinados como anticipo para la construcción del hospital de Pedernales, salen de la cárcel o piden que se levante el arresto domiciliario por el cumplimiento de la pena, aún están a la espera de conocer cuál es el monto individualizado de reparación integral que les corresponde.   El 12 de noviembre de 2020 un Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ordenó en este caso el pago de una reparación integral de $ 8 millones, valor que se debería dividir entre los ocho sentenciados. Desde marzo de 2023 el fallo por delincuencia organizada está en firme, pues un Tribunal presidido por el juez nacional Byron Guillén negó los pedidos de casación hechos por Mendoza y Tamayo.   En la resolución del Tribunal de Juicio en la que se ordenó el pago solidario de una reparación integral de $ 8 millones, el juez Marco Rodríguez, presidente de esa sala penal, aclaró que el pago se deberá dar de conformidad con los grados de participación (autor o cómplice), lo cual se deberá ventilar en la fase de ejecución, anotó.   Una vez en firme la sentencia por delincuencia organizada, desde el 15 de mayo pasado avocó conocimiento el Tribunal de Ejecución de la causa. Esta fase se iniciará cuando se individualice y notifique lo que debe cancelar cada sentenciado.   Durante la casación, las defensas de Mendoza y Tamayo aseguraron que existía una contravención expresa de la norma en lo que tiene que ver con la garantía de la motivación en cuanto a la reparación integral definida en $ 8 millones. Para la abogada del exasambleísta, existía una insuficiente motivación, mientras que para la defensa del exfuncionario del Secob, había una inexistencia de motivación. El Tribunal de Casación descartó el argumento explicando que los jueces de segunda instancia señalaron los hechos que sirvieron para determinar el monto de reparación y aclaró los motivos por los que concluye que el monto de $ 8 millones es lo que se debe pagar.   “De ahí que al encontrarse una argumentación jurídica respecto a la reparación integral no puede asegurarse que la motivación es inexistente. (…) Existe una respuesta jurídica que aunque no es coincidente con la pretensión de los recurrentes aborda el argumento planteado, lo que permite establecer que se cumple con el parámetro de suficiencia normativa y fáctica de la motivación. Al verificarse que esta alegación contiene una contestación mínima por parte del Tribunal de Apelación se desacredita la alegación de motivación inexistente o insuficiente, por lo que, en consecuencia, se declara improcedente la alegación de falta de motivación”, señaló el Tribunal de Casación.   Desde el 30 de mayo último, Daniel Mendoza, exasambleísta por Manabí por el entonces movimiento Alianza, dejó la Cárcel 4, ubicada en Quito, donde cumplía su pena por delincuencia organizada. El hecho se produjo horas después de que la jueza de Garantías Penitenciarias Soledad Manosalvas le concedió el beneficio penitenciario de régimen semiabierto que solicitó el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) por pedido de Mendoza.   Bajo este nuevo régimen penitenciario deberá permanecer el exlegislador hasta el 5 de agosto de 2024, fecha en la que cumpliría el 100 % de la pena de 50 meses que se le confirmó en tres instancias en la Corte Nacional. Mendoza completó en prisión el 71,55 % de la pena, aunque para acceder al régimen semiabierto, según la norma vigente, debía completar por lo menos el 60 % de la pena de cárcel impuesta.   La jueza Manosalvas dispuso que el exlegislador cumpla presentaciones periódicas una vez por semana, mínimo cinco horas, en la Unidad de Reinserción Social o a su vez el Centro de Privación de la Libertad de Portoviejo, que se debe presentar una vez por mes ante la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias de Portoviejo, la prohibición de salida del país, el uso del grillete y continuar recibiendo tratamiento psicológico.   En cambio, el exdirector del Secob René Tamayo, desde inicios de mayo está solicitando que se le levante la medida cautelar de arresto domiciliario que pesa en su contra, pues asegura haber ya cumplido la pena de 34 meses impuesta en sentencia dictada en noviembre de 2020 y que se encuentra ejecutoriada por el ministerio de la ley desde el 24 de marzo de 2023.   La respuesta del juez de la Corte Nacional que recibió el pedido fue trasladar la solicitud a un juez de garantías penitenciarias que es quien tiene la potestad legal de conocer ese tipo de pedidos.   De los 19 procesados que existían en esta causa, ocho ya tienen sentencia, seis han sido sobreseídos y cinco, entre los que están el exasambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero y el exsubdirector técnico del Secob Jorge Jalil, fueron llamados a juicio. De estos cinco, dos fueron sentenciados como coautores y uno fue sobreseído, mientras que Azuero y Jalil aún se mantienen como prófugos.

Tribunal de Ejecución definirá la reparación económica que deben pagar al Estado Daniel Mendoza y otros siete condenados por corrupción Leer más »

Scroll al inicio