El Universo .-La Fiscalía busca formular cargos por el delito de tráfico de influencias contra dos vocales del Consejo de la Judicatura y un juez de Pichincha. Por no haberse justificado en audiencia la causal de recusación de enemistad manifiesta, el juez nacional Felipe Córdova declaró sin lugar la demanda planteada por la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno, contra el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías. La decisión fue adoptada la tarde del miércoles último, luego de una diligencia de más de tres horas y una suspensión para deliberar de casi cuatro horas. Córdova resolvió que la defensa de Barreno no pudo justificar lo prevista en el artículo 572, numeral ocho, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esto es tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los sujetos procesales. Rechazó todos los elementos de prueba presentados por la accionante, debido a que no eran conducentes, ni pertinentes. También rechazó el pedido de la defensa de Macías, respecto a que sean multados los abogados de la vocal del CJ por intentar retardar el avance de la formulación de cargos por tráfico de influencias contra Barreno, el vocal de la Judicatura Juan José Morllo y el juez de Pichincha Vladimir Jhaya. Tanto José García como Dolores Vintimilla, abogados de Barreno, argumentaron que existía una “enemistad manifiesta” desde el juez Macías hacia la vocal por la participación de esta última en sanciones administrativas que tenían que ver con familiares del magistrado que es parte de la Sala Penal de la CNJ. Según la accionante, todos estos hechos fueron los “generadores de odio” desde Macías hacia Barreno. Incluso se presentó una denuncia administrativa que la vocal de la Judicatura presentó contra el juez por la falta de respuesta oportuna que ha dado a los pedidos que ha realizado dentro de la fase de investigación previa del caso por tráfico de influencias. La demanda no solo provocó que Macías pierda la competencia en el caso, mientras se resolvía la recusación, sino que impidió que se instale, el 4 de mayo pasado, la audiencia de formulación de cargos solicitada por la fiscal general Diana Salazar en contra de Barreno, Morillo y Jhaya. La decisión de Córdova habilita al juez nacional Macías a retomar el caso y empezar definiendo una nueva fecha para la diligencia por tráfico de influencias. La defensa de Walter Macías aclaró que no existe enemistad de ningún tipo desde su cliente hacia la vocal Barreno. El hecho del que se acusa, independiente de aquella afirmación, aseguraron que los accionantes no presentaron ni un solo elemento que evidencie y relacione directamente a Macías con una acción que denote la enemistad arguida. La investigación de tipo penal en este caso partió de un audio filtrado en el que se escucharía al vocal Morillo, en presencia de Barreno, pidiendo el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de sus destitución. Jhaya estaría implicado en el caso por supuestamente ser quien convocó a los funcionarios judiciales para la reunión. La fiscal Salazar ha explicado que la formulación de cargos se sustentaría en los elementos encontrados en diez meses de investigación previa. El expediente contaría con el testimonio anticipado de una servidora judicial que avalaría el audio completo que estaría en manos de la Fiscalía. “Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”. Las posiciones de los involucrados Juan José Morillo ha puesto en duda la autenticidad de la grabación y cree que lo que ha existido es la presentación de un audio fragmentado y descontextualizado. Según este vocal, el audio filtrado le genera desconfianza en cuanto a su originalidad e integralidad, pues asegura que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no se ha comunicado con él en ningún momento, como se escucha en el audio en cuestión. “No hay garantía de que ese audio corresponda a lo dicho en la reunión de trabajo. Sin un peritaje en audio, esto puede ser una manipulación dolosa de expresiones que no puedo reconocer como mías”, apuntó. Quito. 01/05/2023. Hace pocos días los vocales Maribel Barreno (c) y Juan José Morillo (d) estuvieron presentes en la inauguración de la Cámara Gesell en el Complejo Judicial del cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha. Cortesía CJ/El Universo.   Foto: El Universo En cambio, de su parte la vocal Barreno ha señalado que acudió a la reunión agendada con anterioridad para atender requerimientos de carácter administrativo, como la celebración del bicentenario de la Función Judicial. Pese a ello la vocal refirió que cuando se empezó a hablar sobre acciones de protección ella salió a una cita médica. “Una vez que ingresamos a tratar esta temática por un tema de carácter personal tuve que abandonar dicha reunión de trabajo”. Jesús López, abogado del juez Jhaya, sostiene que en el expediente no existe nada que revele que su defendido tenga participación en el tráfico de influencias que se investiga. Que es inocente su cliente y que durante el tiempo de instrucción fiscal aportarán los elementos necesarios que ratifiquen esa no participación o vinculación en el ilícito que analiza la Fiscalía. “El testimonio anticipado que existe en el caso no se refiere en nada a mi representado, por lo que no da cuenta de alguna responsabilidad. (…) El testimonio anticipado lo rinde otra señora juez de la misma Corte Provincial (de Pichincha), pero no se refiere en nada a mi representado. (…) Él aparentemente estuvo en la reunión, pero estuvo conversando con otra persona de otros temas, por lo tanto él desconocía lo que se estaba conversando entre el señor (Juan José) Morillo y la otra persona que se encuentra investigada”, expresó.

El Universo .– Dos vocales en funciones del Consejo de la Judicatura y un juez de Pichincha son contra quienes la Fiscalía formulará cargos por tráfico de influencias. Debido a una demanda de recusación presentada por la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno contra el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Walter Macías, este magistrado pierde la competencia en el caso mientras se resuelve la recusación. Ante esto, la diligencia de formulación de cargo no se instaló la mañana de este jueves 4 de mayo. Barreno junto con el también vocal de la Judicatura Juan José Morillo y el juez de la Corte Provincial de Pichincha Vladimir Jhayya fueron convocados a la audiencia en la que se esperaba que la fiscal general, Diana Salazar, formule cargos por tráfico de influencias. El caso parte de un audio filtrado en el que se escucharía al vocal Morillo, en presencia de Maribel Barreno, pidiendo el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución. Jhayya estaría implicado en el caso por supuestamente ser quien convocó a los funcionarios judiciales para la reunión. Antes de suspender la diligencia, el juez Macías indicó que momentos previos al ingreso a la sala fue notificado de la demanda de recusación y destacó lo rápido que se calificó el recurso que ahora está en manos del también juez nacional Felipe Córdova. Desde este momento, dijo, un juez debe subrogarlo para que la causa continúe y mientras se resuelve la demanda en su contra. Dolores Vintimilla, abogada de la vocal Barreno, refirió que la recusación la presentaron al existir una enemistad manifiesta “mutua”, la cual se ha evidenciado, dijo, en la falta de imparcialidad por parte del juzgador en el desarrollo de ciertas diligencias, como por ejemplo el testimonio anticipado receptado durante la etapa de investigación previa. La defensa de Barreno aclara que están usando todas las acciones que la ley faculta y de ninguna manera es por dilatar el proceso,. Menciona que lo único que quieren es que se investigue con objetividad y ser juzgados por un juez imparcial.“Del escrito de Maribel Barreno se demostró de forma taxativa la voluntad de comparecer con una abogada particular y nos negábamos a tener un defensor público. En razón de que era el primer señalamiento y que el día anterior al testimonio anticipado recién como abogado había conocido la causa y no tenía la documentación, solicitamos el diferimiento. De igual manera, ese mismo día se dio una alarma de bomba en el CJ lo que nos hizo físicamente imposible trasladarnos a realizar ese justificativo en la audiencia. Si es que el juez hubiera actuado de manera imparcial, habría diferido la diligencia”, señaló Vintimilla. La fiscal Salazar explicó que la formulación de cargos se sustentaría en los elementos encontrados en diez meses de investigación previa. El expediente contaría con el testimonio anticipado de una servidora judicial que avalaría el audio completo que estaría en manos de la Fiscalía. “Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”. Jesús López, abogado defensor del juez Jhayya, dice haber revisado exhaustivamente el expediente y no existe nada que revele que él tenga participación en el tráfico de influencias que se investiga. Que es inocente su cliente y que durante el tiempo de instrucción fiscal aportarán los elementos necesarios que ratifiquen esa no participación o vinculación en el ilícito que analiza la Fiscalía. “El testimonio anticipado que existe en el caso no se refiere en nada a mi representado, por lo que no da cuenta de alguna responsabilidad. (…) El testimonio anticipado lo rinde otra señora juez de la misma Corte Provincial (de Pichincha), pero no se refiere en nada a mi representado. (…) Él aparentemente estuvo en la reunión, pero estuvo conversando con otra persona de otros temas, por lo tanto él desconocía lo que se estaba conversando entre el señor (Juan José) Morillo y la otra persona que se encuentra investigada”, expresó López. Sobre el testimonio anticipado, Vintimilla señala que en el momento procesal oportuno demostrarán que está en contra de la verdad ese testimonio, ya que hay muchas contradicciones. “No estamos frente a un delito sexual, en el cual el testimonio anticipado cobra relevancia, este testimonio debería ser corroborado por las otras pruebas y no ha pasado eso en este caso. (…) Considero que este es un tema político que debería dejarse de lado y tratarse como un tema netamente penal bajo las mismas garantías constitucionales”, aclaró Vintimilla. No existe aún fecha ni para la audiencia en la que se debatirá la recusación contra el juez Macías, ni tampoco se conoce cuál será la nueva fecha para la formulación de cargos de los tres funcionarios judiciales o cuál será el juez o conjuez que retomará la causa hasta que se resuelva el tema de Macías. A la sala de audiencias en la Corte Nacional no llegó personalmente ninguno de los tres funcionarios investigados.