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Caso Sinohydro: situación médica hace que el expresidente Lenín Moreno y su esposa incumplan nuevamente medida cautelar

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El Universo .- Aunque fueron investigadas por el delito de cohecho 40 personas, la Fiscalía anunció que presentará un dictamen acusatorio solo contra 25 de los procesados. Cuestiones de salud terminaron impidiendo que el expresidente Lenín Moreno se presente físicamente en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el 10 de octubre pasado, como parte de la medida cautelar impuesta contra él dentro del proceso penal por el delito de cohecho, dentro del denominado caso Sinohydro. En esta causa la Fiscalía ha anunciado que acusará a 25 personas, mientras que emitió un dictamen abstentivo a favor de 15. David Meza, abogado de Moreno y su esposa, Rocío González, una semana antes ya había adelantado que el viaje a Quito, Ecuador, desde Asunción, Paraguay, dependía de una última evaluación médica. Justamente, el día que debía darse la presentación, esa defensa ingresó un documento haciendo saber de un cuadro médico relacionado con la próstata y vías urinarias del exmandatario, el cual le impedía hacer un viaje aéreo. En lugar de la presentación física, la defensa de Moreno solicitó que por esta ocasión, y por cuestiones de salud, la diligencia se realice por vía telemática. El planteamiento puesto en manos del conjuez de la Corte Nacional Bayardo Espinosa se lo hace debido a que dentro de las 25 personas que recibirán un dictamen acusatorio de la Fiscalía hay una procesada de la tercera edad que estaría presentándose vía Zoom. El 5 de junio pasado, el magistrado que está a cargo del caso Sinohydro no acogió el pedido de prisión preventiva solicitado contra Moreno y González propuesto por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y en su lugar decidió que ambos se presenten los primeros diez días de cada mes en la delegación diplomática de Ecuador en Asunción, en Paraguay, y cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito. El exmandatario ecuatoriano y su pareja inicialmente, el 5 de marzo pasado, recibieron la medida cautelar de presentación periódica cada quince días en la Corte Nacional, en Quito. Ninguno de los dos cumplió con esa disposición legal. Moreno y su esposa viven desde el 2022 en Paraguay, país en el que Moreno ocupa un cargo ad honorem en la Organización de Estados Americanos (OEA). Moreno y González han cumplido con normalidad estas primeras tres presentaciones en la Embajada de Ecuador en Paraguay, pero este incumplimiento abre la puerta a que la Fiscalía solicite una audiencia para revisar las medidas cautelares que pesan sobre ellos, es decir, podría pedir que se active la orden de prisión preventiva que en algún punto del proceso ya se ordenó. Meza reconoce que la consecuencia jurídica de la no presentación es que la Fiscalía solicite la prisión preventiva de ambos. Pese a ello, piensa que la información médica entregada deberá ser tomada en cuenta porque no es una condición que la están inventando en este momento, ya que es de conocimiento público no solo la discapacidad del 80 % de Lenín Moreno, sino otras circunstancias médicas y operativas para movilizarse. De darse un pedido de prisión preventiva para Moreno y su esposa, adelantó el abogado que ellos presentaron su oposición explicando las condiciones particulares del exmandatario. Aunque tiene claro que esa es una decisión que está en manos del conjuez Espinosa, Meza explica que más allá del tema político y mediático, de lo que se debe hablar es de la salud de un ser humano. La Fiscalía investigó en este caso un cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, obra emblemática del gobierno de Rafael Correa. Aunque fueron investigadas 40 personas durante los 120 días de instrucción fiscal, la cual se cerró el 14 de julio pasado, la fiscal general, Diana Salazar, anunció que presentará un dictamen acusatorio solo contra 25 procesados, quienes habrían formado parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohydro con la adjudicación del contrato para construir Coca Codo Sinclair y por lo que a cambio habrían recibido $ 76 millones en coimas. Quienes están en la lista de acusados son el exmandatario Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y una cuñada. También el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatriz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño Herdoíza), Priscila Burneo y Xavier Macías Carmigniani, nieta y yerno de Conto Patiño, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal Sinohydro, entre quienes está el exembajador de China Cai Runguo. Aún no se conoce cuál será la decisión del conjuez de la Corte Nacional o de la fiscal Diana Salazar ante la situación de Moreno y su esposa generada por un tema de salud

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La muerte de siete procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio generará la extinción de la acción penal en tres causas

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El Universo .- Por el asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio están aún siendo procesadas seis personas. Con la muerte de los colombianos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon R. y el ecuatoriano José M. en los procesos penales en los que eran investigados por delitos como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tráfico de drogas a gran escala y delincuencia organizada, se deberá declarar la extinción del ejercicio de la acción penal. Los siete fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil (seis extranjeros), y en el Centro de Privación de la Libertad de El Inca, en Quito (un ecuatoriano), entre el viernes 6 y el sábado siete de octubre pasados. Los asesinados eran parte de la instrucción fiscal que cerró el 7 de este mes, luego de cumplirse los 60 días de esta etapa abierta el 10 de agosto pasado, un día después de que fue asesinado al estilo sicariato el presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye. Villavicencio fue atacado pasadas las 18:30 del 9 de agosto último, en momentos que salía de un mitin político realizado en un coliseo ubicado en el norte de Quito. Los seis colombianos fueron parte del primer grupo de detenidos en este caso, mientras que José M. fue una de las siete detenciones producidas un mes después de iniciado el proceso que investiga a quienes participaron directa e indirectamente en el asesinato de Villavicencio. Concretado el fallecimiento de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon R. y José M., por el delito de asesinato, lo que resta es que los certificados de defunción sean ingresados en el proceso para que formalmente se concrete lo que en el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se define como extinción del ejercicio de la acción penal. Dentro de las cinco circunstancias que prevé el COIP para que se dé la extinción de la acción penal, en la número cuatro se especifica que el ejercicio de la acción penal se extinguirá por la muerte de la persona procesada. Entre otras de las circunstancias establecidas están la amnistía, la remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima, desistimiento o transacción, en los delitos que procede el ejercicio privado de la acción, una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos al proceso penal y la prescripción. La causa por asesinato continuará únicamente contra quienes siguen con vida, es decir, Laura C., Carlos A., Érick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch. y Óscar F., todos detenidos el 8 de septiembre pasado y vinculados horas después. Luego del asesinato, por seguridad, los seis restantes sospechosos fueron trasladados a CPL en Quito y mantienen fuertes operativos de vigilancia dentro y fuera de estos centros. El proceso penal que será afectado enteramente es el que se les abrió a Andrés M., Neider L., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. por el delito de tráfico de drogas a gran escala. Esta causa se abrió en paralelo al caso por el asesinato de Villavicencio, pues en los allanamientos realizados para detenerlos en Monjas, La Argelia, San Bartolo, La Ecuatoriana y Guamaní, ubicados en el sur de la capital, se encontró en su poder cierta cantidad de droga que ameritaba ser procesada bajo el artículo 220 numeral 1, literal d, del COIP: tráfico a gran escala. Una vez que se cerraron los 30 días de instrucción fiscal, el juez de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, tres días antes de que se conozca el asesinato de los seis extranjeros procesados, definió que el 8 de noviembre próximo debía instalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La diligencia ya no se dará y el proceso deberá archivarse al no existir persona alguna a la que haya que imputar un hecho delictivo. La causa que se quedará sin los procesados Camilo R., Adey G. y Jules C. es en la que se les iba a acusar, junto con Byron G. y Luis P., del delito de delincuencia organizada. La carátula de la causa penal se abrió el 19 de septiembre pasado, cuando los colombianos estaban cumpliendo la orden de prisión preventiva y eran procesados por asesinar a Villavicencio. Por pedido de la Fiscalía, la audiencia para la formulación de cargos en este último caso fue definida para el 23 de octubre próximo, a las 09:00. Tras la muerte de los tres colombianos, el procesamiento solo irá en contra de Byron G. y Luis P.

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Fiscalía solicita fecha para juzgar a tres jueces por prevaricato

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Primicias .- La fiscal Diana Salazar informó que se solicitó fecha y hora para formular cargos en contra de tres jueces de la Corte Provincial del Guayas, por su presunta participación en el delito de prevaricato. El objetivo es sentar un precedente. “El país ha sido testigo de cómo los jueces, abusando de sus competencias, aceptaban acciones de protección a delincuentes para dejarlos en libertad o reformar sentencias”, indicó la fiscal General, Diana Salazar. La Fiscalía solicitó fecha y hora para sustentar la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Provincial del Guayas: Lenín Zeta, Yessi M. y Roberto A. Se trata de magistrados que habrían incurrido en el delito de prevaricato en un caso de abuso de garantías jurisdiccionales por haber reformado ilegalmente una sentencia, según informó Salazar en un video institucional compartido en redes este 11 de octubre del 2023. Esta causa se deriva de la sentencia de la Corte Constitucional que señala que se desnaturalizó una acción de protección y dispuso remitir el expediente a la Fiscalía del Estado. Con fecha 7 de junio de 2023, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que dejó  claro que los jueces de garantías constitucionales podían ser procesados por prevaricar, recordó la fiscal. El 1 de septiembre pasado, la Fiscalía allanó los despachos de otros tres jueces de la Corte Provincial del Guayas, además de una vivienda. En ese caso, se trató de los magistrados de la Sala Penal, Pedro O., Reinaldo C. y Henry M.

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Corte Nacional determina la caducidad del caso Dhruv y ratifica sobreseimiento

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Primicias .- La Fiscalía intentaba demostrar que hubo perjuicio para el Estado en la compra de siete helicópteros Dhruv, durante el gobierno de Rafael Correa. El 19 de junio de 2023, el juez Luis Rivera sobreseyó a los 18 procesados por peculado en el caso Dhruv. Según la normativa ecuatoriana, las partes procesales podían apelar esa decisión, pero la Corte Nacional (CNJ) tenía solo 60 días para resolver ese recurso. La Fiscalía, en efecto, presentó la apelación. Sin embargo, para la defensa de los procesados, la resolución excedió el tiempo, ya que desde el día del fallo hasta la audiencia de apelación, que se debía instalar el 10 de octubre de 2023, ya habían transcurrido más de 85 días. El Ministerio Público, a través de la fiscal Diana Salazar, se opuso a esta caducidad. Según el argumento de la funcionaria, estos plazos no corren cuando se trata de la fundamentación de recursos. Por esta razón, antes de la instalación, un Tribunal de la Sala Penal de la CNJ debía pronunciarse sobre la supuesta caducidad del caso. Esta instancia la conforman los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Byron Guillén. Finalmente, y tras minutos de deliberación, con un voto de mayoría, Rodríguez y Guillén resolvieron que el proceso caducó, por lo que dejaron en firme el auto de sobreseimiento a favor de los 18 procesados. El caso Dhruv En este caso, la Fiscalía intentaba demostrar que hubo perjuicio para el Estado en la compra de siete helicópteros Dhruv, durante el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, en la audiencia intermedia, el juez Rivera resolvió que no hubo tal perjuicio e interrumpió la causa antes del juicio. En la lista de los 18 procesados están los exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce. Apenas conocida la decisión sobre la caducidad, a través de su cuenta de X, la Fiscalía mostró su descontento con ese fallo. Y anunció que presentará una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC). Ese será el último recurso, antes de que la causa se cierre definitivamente.

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Fiscal Salazar denuncia por violencia política de género a esposa del exdefensor Carrión

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Primicias .- En su demanda, Salazar alega que las acciones de Patricia Schettini, esposa de exdefensor del Pueblo, le han causado sufrimiento y ‘humillaciones públicas que menoscaban sus derechos políticos’.   El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debe tramitar una denuncia por violencia política de género, que fue presentada por la fiscal General, Diana Salazar, en contra de Priscila Schettini y la abogada Angélica Porras, del colectivo Acción Jurídica Popular.   Pero la causa está pendiente, porque el juez a cargo Richard González Dávila se excusó de tramitarla, el pasado 27 de septiembre.   Según argumentó Dávila, junto a Schettini y Porras, en mayo de 2023, denunció a Salazar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por un supuesto plagio de su tesis de grado.   «Al estar subrogando al Juez principal Dr. Fernando Muñoz Benítez, y habérseme informado que la presente causa se encuentra para despacho, me corresponde presentar a través del presente auto la siguiente Excusa», señala Dávila en su providencia.   La fiscal Salazar aduce que las denunciadas han impulsado una campaña de descrédito en su contra, tras el escándalo de un supuesto plagio de su tesis, que fue desvirtuado por un comité de la Universidad Central del Ecuador.   «Las denunciadas han vulnerado mi derecho a vivir una vida libre de violencia, he sufrido diferentes actos intimidatorios y amenazas, me han sometido a humillaciones públicas que menoscaban mis derechos políticos, desacreditación de mi imagen pública», dice Salazar en su demanda. Añade que «los actos violentos, intimidatorios y amenazantes, afectan mi derecho a ejercer el cargo plenamente, en las mismas condiciones que ejercieron mis compañeros hombres. Me causa sufrimiento permanente, le causa sufrimiento a mi madre, mi hija, mi hermana, y a los demás miembros de mi familia». «Ha impactado, además, en forma negativa en mi salud integral que, de acuerdo con la OMS, es el estado de bienestar físico, emocional y social» Diana Salazar, fiscal general. Además, la Fiscal General junto a su madre, María Méndez, solicitó que se abra una investigación previa por el delito de odio contra el juez Richard González, Porras y Schettini, esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo que cumple una condena por violencia sexual. En su cuenta de la red social X, la abogada González consideró que hay una persecución política. Mientras que Schettini responsabilizó a Salazar y a la Policía por su integridad y la de su familia.

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Maribel Barreno solicita vacaciones a la Judicatura y busca eludir ‘inhabilidad’ establecida para seguir como vocal en caso por tráfico de influencias

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El Universo .- Prisión preventiva, inhabilidad para seguir en el cargo de vocal del CJ fueron las decisiones tomadas por el juez Walter Macías contra Maribel Barreno. En paralelo a que en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se evacuaba la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del denominado caso Vocales, en l a cual se terminó llamando a juicio por el delito de tráfico de influencias a quienes eran vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhayya, la tarde del miércoles 27 de septiembre último, Barreno ingresó un pedido para acceder a sus vacaciones por 30 días. El pedido está dirigido al presidente del CJ, Wilman Terán, al director general y al director nacional de Talento Humano de la Judicatura. Barreno basa su solicitud en el artículo 96 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala que los servidores de la Función Judicial para los que no aplica el goce de vacaciones durante el receso judicial tendrán 30 días de vacaciones anuales después de once meses de servicio continuo que, de forma excepcional, podrán ser acumuladas hasta por 60 días. Los 30 días con cargo a vacaciones, según el pedido, se iniciarían este jueves 28 de septiembre y culminarán el viernes 27 de octubre próximo. Luego de más de tres horas de deliberación el juez a cargo del caso, Walter Macías, a la 01:00 de este jueves 28 de septiembre, dio a conocer de forma oral su llamado a juicio a Barreno, Morillo y Jhayya, pues llegó a la determinación de que existen suficientes elementos que hacen presumir la participación de los tres procesados en el delito investigado y deben acudir ante un Tribunal de Juzgamiento para que se defina si son o no culpables del tráfico de influencias por el que les acusa la Fiscalía General del Estado. En el caso de Barreno, al llamado a juicio se le sumó un cambio de medida cautelar por el que al momento es buscada para ser detenida. De mantener una presentación periódica y prohibición de salida del país como medidas cautelares dentro de esta causa, desde la madrugada de este jueves Barreno tiene vigente una boleta de captura para que se cumpla con la orden de prisión preventiva que se le definió por constantemente en este caso realizar actos para entorpecer la administración de justicia y obstaculizar el normal desenvolvimiento del proceso penal. Quito. 27/09/2023. La audiencia del caso Vocales se realizó en la Corte Nacional de Justicia. La fiscal general, Diana Salazar, emitió un dictamen acusatorio contra los vocales del CJ Maribel Barreno y Juan José Morillo. Cortesía FGE/El Universo. Foto: El Universo Además de ello, Barreno, al igual que Morillo y Jhaya, al haber sido llamados a juicio, quedaron inhabilitados para seguir en el cargo y se suspendió la jurisdicción, en el caso del juez provincial. Morillo y Jhaya se diferencian de las medidas adoptadas contra Barreno, únicamente en que para ellos no se pidió una reforma de medidas cautelares, por lo que deberán seguir cumpliendo su presentación una vez por semana y tendrán prohibido salir del país. Abogados consultados creen que el pedido de vacaciones no procedería porque ya se determinó judicialmente un llamado a juicio que inhabilita a Barreno, así como también a Morillo y Jhayya, a seguir en el cargo como vocales y juez, respectivamente. Desde el Consejo de la Judicatura se ha dicho que por el momento no existe ningún pronunciamiento oficial sobre la situación de Maribel Barreno y Juan José Morillo y que la institución está a la espera de ser notificada oficialmente con la resolución del juez nacional Walter Macías. La fiscal general, Diana Salazar, explicó que una vez que esté ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio se oficie al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como entidad nominadora, y al director general del Consejo de la Judicatura para que se emita la resolución motivada con la remoción de los funcionarios que sean llamados a juicio en este proceso penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 77, numeral 3, y 122.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Indicó que en el caso de incumplimiento, se oficie al contralor general del Estado para que proceda conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el artículo 8 de su Reglamento General. En el mismo sentido, se pidió que se oficie al Ministerio del Trabajo para que se realice el registro de inhabilidad de cargo público, en cumplimiento de lo establecido en la norma vigente. De Maribel Barreno no se conoce su paradero, por lo que agentes de la Brigada de Capturadores de la Policía Judicial avanzan en su tarea investigativa para ubicar y detener a la procesada. La inhabilitada vocal de la Judicatura únicamente asistió vía telemática a la primera parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Ella no escuchó la decisión de validez procesal a la que llegó Macías y menos aún estuvo el momento en que el magistrado llamó a juicio a todos y ordenó contra ella prisión preventiva.

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Alembert Vera aclara: nunca planificó destituir a jueces constitucionales

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El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, cree que hay una campaña injustificada en su contra, y en contra de quienes conforman la mayoría dentro del pleno. En diálogo con “Punto de Orden”, aclaró en primer lugar que no integra ninguna “liga azul”, como se denominó a los candidatos impulsados por el correísmo, en las elecciones de febrero pasado. Sí, apareció con los colores de la Revolución Ciudadana, pero fueron a título personal, dijo. Tanto así, agregó Vera, que el Tribunal Contencioso Electoral les dio la razón, y desechó la demanda en su contra. No quieren destituir a nadie Alembert Vera afirmó que nunca ha planteado la destitución de los jueces de la Corte Constitucional, que ahora, más bien, podrían despedirlo a él y a otros consejeros. La “veeduría ciudadana”, ordenada por un juez de Manabí, y causante del conflicto, no tenía ese fin, aclaró. Mucho menos el CPCCS pretendía destituir a la fiscal, Diana Salazar, como ella denunció. Lo que hubo fue una investigación, por un presunto plagio en su tesis doctoral y en artículos científicos. Vera lamentó que la fiscal, durante la reciente audiencia telemática de la CC, prácticamente exigiera que los destituyan, algo que considera irrespetuoso. El dignatario mencionó que, ante el fallo de un juez –el de Manabí- no tenía otra opción que obedecer. Y por ello ordenó implementar la “veeduría ciudadana”. Lo que sí reconoce es haber dicho sobre el tema, que era necesaria para analizar las “atrocidades del trujillato”, en referencia a la gestión del CPCCS transitorio, conformado tras la consulta popular del 2018, y presidido por Julio César Trujillo. Vera aceptó que existía animadversión hacia Trujillo, al punto que con su padre, Gutemberg Vera, escribió un libro sobre las supuestas irregularidades que cometió dentro del citado organismo. También refutó los duros términos emitidos en su contra por el ex presidente de la CC, Hernán Salgado, que lo llamó, entre otro términos, “sinvergüenza y cobarde”, y que “debía lavarse la boca” antes de citar al Dr. Trujillo. Vera señaló que Salgado “está senil”, y lamentó que ciertos sectores “lo carguen como muñeco, de un lado a otro”, exclusivamente para vociferar en su contra. Más bien, acotó, Salgado y los demás jueces debieron excusarse de tratar su caso, porque fueron directamente beneficiados de la actuación del CPCCS transitorio. Vera indicó que, efectivamente, fue abogado del ex presidente Rafael Correa, “y lo volvería a ser, si así lo considera”. Pero nadie menciona que también fue defensor en su momento de León Febres Cordero, así como de clubes deportivos.

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Vocal del CPCCS exhorta a CC a destituir a Alembert Vera y otros 3 consejeros

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La Corte Constitucional debe destituir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, y a los demás vocales que integraron la mayoría. Así se pronunció Mishelle Calvache, también integrante del organismo, en diálogo con “Del Día a la Noche”. Calvache precisó que el lunes, durante la audiencia telemática de la CC, tuvo la oportunidad de presentar argumentos y elementos de convicción, que demostraron las graves irregularidades cometidas por Vera y sus aliados dentro del CPCCS. Su exposición, agregó, ayudó a corroborar que esa mayoría fue la que impulsó la “veeduría ciudadana”, que pretendía evaluar la actuación de los jueces constitucionales, pese a que existe una sentencia que expresamente lo prohíbe. La misma mayoría, anotó la consejera, intentó arrebatar el cargo de la fiscal general, Diana Salazar. Adicionalmente, recordó que cuando la CC solicitó detalles de la actuación del CPCCS, en torno a la “veeduría ciudadana”, se envió un informe adulterado, al cual se aumentó un numeral completo, no debatido por el pleno, para tratar de evadir responsabilidades. El informe original tenía 70 páginas, y el enviado 72, con texto no analizado ni votado por el organismo. A su criterio, son evidentes los intereses políticos de los 4 integrantes del pleno, identificados como “la liga azul”, que apoyó el correísmo en las elecciones del pasado mes de febrero. Por tanto, corresponde a la CC destituirlos.

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Judicatura notificó a la Fiscalía para que pague más de $ 1 millón por reparaciones económicas

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El Universo .- La Fiscalía General del Estado (FGE) alertó de que fue notificada por el Consejo de la Judicatura (CJ) con disposiciones jurisdiccionales que determina que la institución debe pagar alrededor de $ 1,3 millones por concepto de reparaciones económicas.   El Ministerio Público dio a conocer la novedad la noche del viernes 22 de septiembre mediante un comunicado. Explicó que las notificaciones de la Judicatura llegaron en menos de tres semanas e incluyen “multas compulsivas y la aplicación de medidas coercitivas”, las cuales fueron emitidas por jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón Portoviejo (Manabí).   “Es necesario precisar que, en los procesos judiciales en los cuales se han emitido estas providencias, la Fiscalía General del Estado no ha sido parte procesal, pues dichas reparaciones se generaron por acciones u omisiones del mismo Consejo de la Judicatura, en procesos disciplinarios a través de los cuales se destituyó a agentes fiscales”, apuntó la entidad que dirige la fiscal general, Diana Salazar.   Asimismo, precisó que el presupuesto que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas “no incluye rubros para cubrir este tipo de obligaciones”. La Fiscalía señaló que únicamente el Ministerio de Economía puede aprobar un incremento de recursos para cancelar los valores que notificó el Consejo de la Judicatura. Si no se aprueba el aumento presupuestario “se podría perjudicar, incluso, a recursos que están destinados al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos”, advirtió el Ministerio Público e indicó que se activarán acciones legales “en salvaguarda de los intereses institucionales”. Hasta el momento no existe un pronunciamiento público del Consejo de la Judicatura sobre el tema. El aviso de la Fiscalía se dio el mismo día que debía desarrollarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso denominado Vocales, en el cual se investiga por presunto tráfico de influencias a los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo y al juez de Pichincha Vladimir Jhaya. Sin embargo, la diligencia no se instaló, por cuarta ocasión, debido a que los abogados de Barreno no se presentaron argumentando calamidad médica, diligencia jurisdiccional y nueva defensa. La nueva fecha para la audiencia se fijó para el miércoles 27 de septiembre, a las 08:30.

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Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, se suma a la alerta sobre la activación de una campaña para menoscabar la imagen de autoridades

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El Universo .- El presidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas son dos de los 20 procesados sentenciados por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. A la alerta sobre la activación de una campaña que tiene como objetivo menoscabar la imagen de la fiscal general, Diana Salazar, se suma el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. La respuesta del titular del máximo órgano de justicia ordinaria del país llega ante la reciente publicación del medio argentino Página 12. Saquicela destaca que días atrás la Fiscalía General del Estado, por medio de un comunicado, ya había advertido de una campaña de desprestigio “a través del montaje de audios y videos creados utilizando inteligencia artificial”. El titular de la CNJ sostiene que ha empezado una campaña de desprestigio que busca la impunidad y sacarlos a él y Diana Salazar del cargo, al no haberlo permitido en la aplicación del derecho. “No es coincidencia que el supuesto audio sea mencionado justo cuando el juez nacional Walter Macías convocó a audiencia a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) por el presunto delito de tráfico de influencias, y cuando estamos a días de elegir al nuevo presidente de la República. Por lo demás, las actuaciones de Iván Saquicela y los demás jueces que conocieron el caso Sobornos fueron ratificadas en segunda instancia y casación, y ahí constan las razones fácticas, probatorias y jurídicas de la resolución de condena”, sostuvo Saquicela. La nota del medio argentino habla de la existencia de un audio en el que supuestamente Saquicela consideraba que el expresidente Rafael Correa, uno de los sentenciados por el delito de cohecho pasivo agravado, era inocente, pero —afirma Página 12— cuando llegó a la presidencia de la CNJ decidió determinar su culpabilidad. También refiere una serie de irregularidades ocurridas durante la investigación y el juzgamiento con el fin de inculpar a Correa y dejarlo fuera de las elecciones presidenciales del 2021. En ese contexto, Iván Saquicela aclara que formó parte del tribunal que condenó a Rafael Correa cuando era juez de la Sala Penal de la Corte Nacional, y su designación como presidente de ese organismo se dio por votación del pleno. “Fiscalía ha tenido acceso a información que da cuenta de esos burdos intentos de desprestigio, con los que ciertos sectores buscan —desesperada y nuevamente— obtener impunidad en los casos que lleva la máxima autoridad de esta institución”, refería la Fiscalía General en un comunicado en el que rechazaba las acciones. De momento, dentro del caso Sobornos se lleva adelante la fase de ejecución, la cual está en manos de un tribunal de la CNJ presidido por el juez Walter Macías, magistrado que hace poco fue reintegrado a su cargo por una acción de protección que dejó sin efecto la destitución decidida con solo los votos a favor del presidente del CJ, Wilman Terán, y del vocal Xavier Muñoz.

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Corte Constitucional debe destituir a “sinvergüenza” de Alembert Vera, según jurista Hernán Salgado

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El reconocido jurista, Hernán Salgado, es tajante: la Corte Constitucional debe destituir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera. La causa: haber promovido la supuesta “veeduría”, para evaluar el trabajo de los jueces de la CC, cuando un fallo establece específicamente que ello está prohibido. Para Salgado, ex presidente de la Corte, Vera “es un sinvergüenza, hipócrita y cínico”, ya que ampara esa “veeduría” en una acción de protección dictada por un juez de Manabí, supuestamente solicitada por otra persona, cuando es evidente que fue él quien la impulsó. Ahora, que se ve entre la espada y la pared debido a su abuso, trata de culpar a mandos medios del CPCCS, y esgrime que, al ser un funcionario de elección popular, no puede ser destituido. Salgado advirtió que esa condición no le da patente de corso para romper la ley, e insistió que la Corte Constitucional debe actuar con energía y dejarlo fuera de su cargo. Historial correísta El jurisconsulto recordó que, hace más de 11 años, tanto Alembert Vera como su padre, Gutemberg, fueron los abogados del entonces presidente Rafael Correa, cuando planteó un juicio por injurias contra Diario “El Universo”, por 80 millones de dólares. La “indemnización” finalmente fue establecida por el juez Juan Paredes en 43 millones, pero Correa desistió de cobrarla y “perdonó” a Emilio Palacio, cuya columna originó el proceso legal. Dentro de este caso, dijo, los Vera se hicieron conocidos como “Chucky Seven”. Era el nombre de un sistema operativo pirata de computadora que usaba su estudio jurídico, y que quedó en evidencia cuando, mediante una memoria flash, le dieron la sentencia redactada al juez que llevaba la causa, para que a su vez la dicte como propia. En aquel momento, “El Universo” acudió a instancias internacionales para rechazar la sentencia, algo que el correato no acató. Curioso, agregó Salgado, pues ahora Vera amenaza, en caso de ser destituido, recurrir a esos mismos organismos que antes menospreció. Para el jurisconsulto, es un caso de cinismo sin parangón, tomando en cuenta que son los mismos que no respetaron la libertad de prensa durante el régimen correísta. También se mostró indignado por los ataques contra el fallecido Julio César Trujillo, quien presidió el CPCCS transitorio, por la forma en que desmontó los organismos de control de entonces, tomados por gente afín a Correa. Salgado advirtió que Trujillo fue un hombre de bien, decente y honrado, y que lo considera uno de los mejores que ha tenido el Ecuador. Para el jurisconsulto, lo que pretenden Vera y los demás correístas es salvar la imagen de su líder, tomarse la justicia y evitar que el ex presidente tenga que cumplir las sentencias dictadas por actos de corrupción. Queda demostrado, anotó, con los feroces ataques contra la fiscal general, Diana Salazar, a quien de forma “miserable” acusaron de plagiar su tesis de grado. Particularmente la considera una persona competente a carta cabal, incapaz de hacer algo así. Finalmente, Hernán Salgado exhortó a los Vera a aclarar cuánto les pagan por su “trabajo” en favor de Correa.

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Fiscalía denuncia montajes con inteligencia artificial contra Diana Salazar

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Primicias .- La Fiscalía General del Estado denunció este 19 de septiembre de 2023 una supuesta campaña de descrédito contra la titular de este organismo, Diana Salazar, que incluye montajes con inteligencia artificial. “La Fiscalía ha tenido acceso a información que da cuenta de esos burdos intentos de desprestigio, con los que ciertos sectores buscan -desesperada y nuevamente- obtener impunidad en los casos que lleva la máxima autoridad de esta institución”, señaló un comunicado. El organismo alertó que, “a través del montaje de audios y videos creados utilizando inteligencia artificial”, se ha activado “una malintencionada campaña que tiene como objetivo menoscabar la imagen” de la funcionaria. En principio, la inteligencia artificial se usa con frecuencia para crear recomendaciones personalizadas para los consumidores, basadas, por ejemplo, en sus búsquedas y compras previas o en otros comportamientos en línea. Eso hace, por ejemplo, que en Youtube y otras redes sociales los usuarios reciban con frecuencia recomendaciones de productos con base en sus preferencias o búsquedas.  

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Vocal de la Judicatura Xavier Muñoz rinde versión en causa abierta por obstrucción de la justicia y asegura que la Fiscalía persigue a persona en lugar de delitos

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El Universo .- Por el delito de obstrucción de la justicia la Fiscalía ha pedido una audiencia para formular cargos contra ocho funcionarios del Consejo de la Judicatura. Pese a que aún la Fiscalía General del Estado está a la espera de que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, le señale la fecha en la que se dará la audiencia para formular cargos por el delito de obstrucción de la justicia contra ocho miembros del Consejo de la Judicatura (CJ), la institución sigue con el análisis del caso y llamó a rendir versión, la tarde de este lunes 18 de septiembre, al vocal de la Judicatura, Xavier Muñoz, uno de los señalados dentro de la causa.   El pedido para formular cargos lo hizo formalmente a la Corte Nacional, el martes 29 de agosto último, la fiscal general Diana Salazar, una vez dijo haber encontrado los suficientes elementos para presumir que los vocales de la Judicatura, Muñoz y Maribel Barreno, el presidente del CJ, Wilman Terán, y otros cinco funcionarios de ese organismo tienen algún tipo de participación en el delito analizado desde hace poco más de tres meses.   Muñoz dijo que había ido a rendir de forma libre y voluntaria su versión ante una nueva indagación de una Fiscalía que, resaltó, jamás ha perseguido delitos, sino se ha dedicado a perseguir personas. Acusó a la fiscal Salazar de usar la institución para perseguir políticamente. Criticó que en casos de corrupción ocurridos en el Gobierno de Guillermo Lasso no existe la misma celeridad para investigar y abrir indagaciones previas con resultados.   “Sin embargo, a nosotros como vocales del CJ, por ejercer nuestra potestad constitucional de cualquiera que sea disciplinarlo y sancionar con suspensión y posteriormente con destitución, ahora resulta que nos abre ella (la fiscal general) una indagación previa por el supuesto delito de obstrucción a la justicia. Parece que hay que enviarla nuevamente a estudiar derecho penal y derecho penal procesal, porque los presupuestos fácticos no se cumplen”, refirió Muñoz, luego de su comparecencia.   El integrante del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial que será procesado explicó que los vocales del CJ toman la decisión, basados en todo un procedimiento donde se respetan todos los derechos del investigado, en este caso, afirmó, los derechos del reintegrado juez de la CNJ, Walter Macías. “Para que yo suspenda y destituye a un juez de cualquier instancia yo necesito todos los informes motivados de áreas técnicas y esos informes, en el caso de Walter Macías, nos dijeron a nosotros los vocales que teníamos que suspenderlo y que constitucionalmente procedía, porque es una potestad constitucional de los vocales del CJ”.   Con solo los votos del vocal Muñoz y del presidente Terán, el pleno del CJ primero suspendió y luego destituyó al juez de la Sala Penal de la CNJ, Walter Macías. Esta última decisión, el pasado 14 de septiembre, la jueza de Pichincha, Martha Vimos, la dejó sin efecto, púes para ella ha sido evidente que en el caso existió la vulneración de derechos, entre ellos, al principio de participación ciudadana, el debido proceso, a la seguridad jurídica y a la falta de motivación.   En una sesión extraordinaria dada el 19 de agosto pasado y con solo los votos a favor de Terán y Muñoz se separó del cargo a Macías, a quien se le responsabilizaba de supuestamente haber incurrido en una infracción disciplinaria, al haber suscrito la providencia del 8 de febrero de 2023, encontrándose suspendida la competencia para resolver dentro del caso Las Torres. Xavier Muñoz recordó que él ha presentado en la Fiscalía una denuncia contra Diana Salazar, ya que desde su perspectiva la conducta de la funcionaria si se adecuaría al delito de obstrucción de la justicia. Dentro de ese proceso, indicó, hace quince días habría solicitado al fiscal general subrogante, Wilson Toainga, que realice la formulación de cargos respectiva contra su superior.   Sobre las acusaciones de que durante la sesión extraordinaria en la que se cesó en funciones al juez Macías, él estaba en estado etílico, Xavier Muñoz dijo que no era cierto y que en esos días tenía un problema en su dentadura y mantenía anestesia. Dijo que todo es parte de una campaña de persecución contra él.   El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, ha mostrado su preocupación por la actitud que mantienen los integrantes de la Judicatura, tanto por el juez Walter  Macías, como por todos los jueces de la CNJ y del país.   “No es la primera vez que el CJ actúa de una manera tal que ha sido seriamente cuestionado en su proceder, en cuanto a la arbitrariedad o ilegalidad, como es el caso del juez Walter Macías. Nos preocupa que en definitiva a través de este tipo de conductas se pueda afectar a los jueces de la CNJ. Mañana podemos ser suspendidos cualquiera de nosotros o cualquier juez del país. Nadie quita el régimen disciplinario como atribución del CJ, pero es necesario hacerlo con absoluta seriedad. El CJ es un órgano técnico y no es un órgano político”, anotó Saquicela.

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La fiscal Diana Salazar es notificada con medidas de protección por una supuesta ‘violencia’ contra Maribel Barreno, vocal de la Judicatura

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El Universo .- La vocal de la Judicatura Maribel Barreno es investigada por la Fiscalía General por los delitos de tráfico de influencias y obstrucción de la justicia. La Fiscalía General del Estado (FGE) rechaza la decisión adoptada, el viernes último, por la teniente política de la parroquia de Nayón (Quito), Nancy Ruiz, de otorgar medidas administrativas de protección inmediata a favor de la vocal del Consejo de Judicatura (CJ) Maribel Barreno y en contra de la fiscal general, Diana Salazar. El objetivo de la medida de protección es supuestamente detener o prevenir la violencia contra la funcionaria de la Judicatura.   La notificación a Salazar fue hecha la tarde del viernes último y se transforma en un capítulo más de los hechos que se han generado desde el 28 de abril pasado, cuando la fiscal general anunció que formulará cargos por el delito de tráfico de influencias contra los vocales del CJ Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhaya. Barreno, Morillo y Jhaya son parte de una investigación previa abierta el 15 de junio de 2022, ante audios filtrados en los que el vocal Morillo, en presencia de la vocal Barreno, pide apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejos, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para así salvarla de sus destitución. El caso ha sido ubicado como Vocales.   En el documento firmado por Ruiz, se prohíbe al “agresor” (Diana Salazar), por sí o por terceros, generar acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se encuentra en situación de violencia (Maribel Barreno) o de cualquier integrante de su familia. También se dispone la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos de alerta en la vivienda de la mujer víctima de la violencia. QUITO (01-09-2023).- Wilman Terán (segundo desde la derecha), presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), junto a los vocales, Maribel Barreno (d) y Xavier Muñoz, durante la aprobación de la Política de Género sobre la Administración de Justicia especializada en violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, en el Complejo Judicial Norte Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas. Desde la Fiscalía se califica de ilegal la resolución de la teniente política de Nayón y ha asegurado que el ejercicio de las atribuciones que ostenta el ente persecutor oficial del Estado, como el procedimiento de notificación de inicio de una investigación previa, que por mandato legal le corresponde cumplir, de ninguna forma se subsume en algún tipo de violencia de género, pues claramente este concepto no engloba el ámbito del ejercicio de las funciones y competencias constitucionales que posee la Fiscalía. Además del caso Vocales, Barreno, proceso en el que se está a la espera de que se defina en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que la Fiscalía fundamentará su dictamen, la integrante del pleno del CJ ha sido notificada del inicio de una investigación por el delito de obstrucción de la justicia. En esta causa ya Salazar ha pedido a la CNJ fecha y hora para formular cargos contra Barreno, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, el también vocal Xavier Muñoz y otros cinco funcionarios de ese organismo.   En el proceso por tráfico de influencias Barreno ha tratado de dejar fuera de caso al juez nacional Walter Macías. Primero lo recusó ante una supuesta enemistad manifiesta del magistrado contra la vocal y luego presentó una queja administrativa ante una presunta negligencia manifiesta del juez Macías. Ninguna de las acciones han prosperado en el interior de la CNJ, pues en el primer caso un juez de la Corte Nacional desestimó la recusación, mientras que con 17 votos a favor en el pleno de la CNJ no se aprobó el informe que recomendaba se declare la manifiesta negligencia.   La Fiscalía anunció que al no estar sustentada en derecho la resolución de Ruiz, la institución solicitará al órgano jurisdiccional la respectiva revocatoria. De lo que se conoce, Ruiz ya fue retirada del cargo de teniente político de la parroquia de Nayón.   Abogados consultados, quienes prefirieron no ser nombrados, señalaron que es evidente el afán de la vocal Barreno por apartar a la fiscal general de los casos en los que se le investiga. Fundamentan su posición en la serie de actos que se han dado en el caso Vocales, en el que incluso el juez Macías fue destituido con solo los votos de dos de los integrantes del pleno del CJ, Wilman Terán y Xavier Muñoz.   El jueves último, una jueza constitucional restituyó al cargo de juez de la Corte Nacional a Walter Macías, dejando sin efecto la decisión tomada el 19 de agosto pasado en una sesión extraordinaria.

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Caso Vocales: se difiere nuevamente la audiencia en la que Fiscalía presentará su dictamen contra dos vocales de la Judicatura acusados de tráfico de influencias

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El Universo .- Los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez Vladimir Jhaya podrían enfrentar penas que van de tres a cinco años de cárcel. Nuevamente se difiere la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio definida en el denominado caso Vocales, proceso penal en el que por el delito de tráfico de influencias son investigados los actuales vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhayya. La diligencia debía darse este jueves 7 de septiembre, pero quedó para el lunes 11 de septiembre a partir de las 08:45 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).   En esta ocasión la audiencia fue diferida por pedido del juez de Pichincha Vladimir Jhayya, pues sus abogados habrían tenido un viaje a Galápagos por temas profesionales, el cual fue planificado antes de la convocatoria hecha por la jueza nacional Mercedes Caicedo, que está a cargo del despacho de Wallter Macías, magistrado que fue destituido con solo los votos del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del vocal de ese organismo Xavier Muñoz.   Macías antes de ser destituido, el 19 de agosto pasado, dispuso que la audiencia en la que se analiza si existen vicios que noten lo actuado por la Fiscalía y se escuche el dictamen fiscal contra los procesados, se dé el 25 de agosto último. Esta diligencia no pudo instalarse y se difirió estando en manos de la jueza Caicedo. La investigación de este caso arrancó el 15 de junio de 2022, luego de conocerse el contenido de un audio filtrado en el que se escucharía la voz del vocal Morillo, quien en presencia de la vocal Barreno pedía aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución. Jhayya, quien antecedió a Osejo en la presidencia de la Corte de Pichincha, estaría siendo implicado en el caso por supuestamente haber convocado a los funcionarios judiciales a la reunión. Dentro del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía estaría la jueza de Pichincha que rindió su testimonio anticipado a mediados de marzo pasado en este caso. Ella sostiene que presenció la conversación y asegura haber grabado la misma debido a que no se sentía ni cómoda ni segura de lo que se iba a dar en una cita a la que fue convocada por su “jerárquico superior”: Morillo, en ese momento presidente del CJ encargado. Aparentemente la cita en la que estuvieron Morillo, Barreno, Jhayya y otros se dio a inicios de junio de 2022, en una oficina ubicada en un edifico que estaba junto a la Corte de Pichincha, en el norte de Quito, pero no tenía nada que ver con la Función Judicial. Del expediente en este caso no solo sería parte el testimonio anticipado de la servidora judicial, sino también el audio completo de la conversación que se habría dado. Ambos, además de otros ubicados en estos 90 días de instrucción fiscal, serían parte de los elementos de convicción que la Fiscalía usará en su dictamen. “Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”, señaló la fiscal general, Diana Salazar. La testigo protegida asegura que los funcionarios de la Judicatura que estuvieron en la reunión “prevaliéndose de sus cargos”, dado que eran el presidente del CJ encargado y la vocal, “estaban ejerciendo influencia en el juez y en nosotros para que se logre sacar un fallo favorable para ellos políticamente”. Por situaciones relacionadas al testigo protegido y su testimonio, la vocal Barreno presentó una denuncia de tipo administrativo contra Walter Macías ante una supuesta “falta grave” del juez en el trámite del proceso penal por tráfico de influencias. Respecto a ese trámite el pleno de la Corte Nacional ha pospuesto por dos ocasiones el tratamiento de un informe de declaración previa de error inexcusable elaborado por el también juez penal Byron Guillén. El informe que entregue Guillén debería contener la recomendación de si Macías incurrió o no en el error inexcusable denunciado, hecho que habilitaría al Consejo de la Judicatura a decidir si se tramita su destitución en esta causa. Para aprobar un informe a favor de la declaratoria jurisdiccional de error inexcusable, la propuesta debe alcanzar al menos 12 de los 21 votos del pleno de la Corte Nacional. Macías sostiene que la denuncia disciplinaria se dio respecto al pedido de diferimiento de un testimonio en el conocido caso Vocales. “No había una razón jurídica y jurisdiccionalmente se indicó por qué no debía aceptarse ese diferimiento. Esa es una molestia que tiene una de las partes procesales”, explicó. A los dos vocales de la Judicatura y al juez de Pichincha se les procesará por un delito en el que pueden recibir una pena que va de tres a cinco años de cárcel.

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