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Ecuador: julio 27, 2024

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Ecuador, julio 27, 2024
Ecuador Continental: 03:04
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Sanear empresas públicas, uno de los objetivos del gobierno de Lasso

El gobierno de Guillermo Lasso trabaja intensamente en “ordenar” la situación de las empresas públicas, que durante muchos años fueron manejadas de forma caótica. Así lo señaló Jorge Benavides, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), en diálogo con “Punto de Orden”. Un ejemplo, dijo, es Flopec, que solo en el primer semestre del presente año, generó utilidades por 160 millones de dólares, lo cual demuestra una administración eficiente. Estas cifras, agregó, confirman que el juicio político contra el presidente Lasso, planteado en la Asamblea Nacional, fue una “aberración jurídica”, sin causales. Manejo eficiente Benavides afirmó que, durante el presente gobierno, todas las empresas públicas se manejan de forma ordenada, con responsabilidades y tomando decisiones serias, que se basan en informes trimestrales. El funcionario precisó que uno de los principales problemas está en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), debido a 3 factores: los problemas causados por los contratos colectivos, los reclamos por fallas en la facturación, y la alta cartera vencida. En el caso de los contratos colectivos, anotó que CNEL, por su naturaleza, no debería tenerlos. Paralelamente, EMCO gestiona la liquidación de 3 empresas que dejaron de operar: Ferrocarriles del Ecuador, TAME y Correos. La idea es que su cierre no represente pérdidas para el Estado.

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El país recibirá unos USD 234 millones por exportación de crudo

Primicias .- Se trata de 3,6 millones de barriles de los crudos Oriente y Napo, que exportará Petroecuador durante el mes junio.   El Estado ecuatoriano espera recibir unos USD 234 millones por la venta en el mercado internacional de 3.600.000 barriles de crudo de la estatal Petroecuador, durante el mes junio de 2023.   Se trata de 2.520.000 barriles de crudo Oriente, adjudicados a Trafigura PTE. LTD., compañía que presentó un diferencial de USD -11.90 por barril, y 1.080.000 barriles de crudo Napo, a la compañía Shell Western Supply and Trading Limited, con un diferencial de USD -14.68 por barril.   Para estos procesos de exportación, la estatal petrolera invitó a 51 y 50 empresas calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, respectivamente. Cada una presentó dos ofertas.   En ambos procesos de licitación participaron los representantes de la Gerencia de Comercio Internacional, de la Procuraduría y de la Unidad de Prevención y Lavado de Activos de Petroecuador, así como un delegado de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y de la Agencia de Regulación y Control de Energía.   Además, Petroecuador adjudicó la exportación de 950.000 barriles de Fuel Oil No. 6 a la compañía Freepoint Commodities Singapore Pte. Ltd., quien presentó un diferencial de USD – 5.38 por barril.   El país recibirá aproximadamente USD 57 millones de ingresos por este proceso.  

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Guillermo Lasso decreta muerte cruzada y pide al CNE convocar a elecciones en un plazo de siete días

Primicias .- El presidente Guillermo Lasso dijo en cadena nacional que firmó la muerte cruzada porque “es la mejor decisión democrática para devolverle al pueblo el poder de decidir”. Este 17 de mayo, el presidente Guillermo Lasso confirmó en cadena nacional que firmó el decreto ejecutivo 741 con el que disuelve la Asamblea Nacional, y da paso a la muerte cruzada. “Para dar salida constitucional, he decidido aplicar la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea, por grave crisis política y conmoción interna”, dijo el Mandatario, en su mensaje. La medida llega un día después del inicio del juicio político contra el Mandatario, que se tramita en la Asamblea y por un supuesto peculado en la empresa pública Flopec. “Tengo que dar respuesta a la crisis política que tiene entrampado a Ecuador”. Guillermo Lasso, presidente de la República. Agregó que desde el inicio de su gestión, la Asamblea Nacional se ha obsesionado por acabar con su Gobierno. Y acusó al Legislativo de que su único proyecto político ha sido “la desestabilización de la democracia y el Estado”. En ese sentido, el Mandatario afirmó que la aplicación de la muerte cruzada le “devolverá al pueblo la capacidad de decidir” sobre su futuro. También, según Lasso, permitirá que el Gobierno realice cambios en la administración pública, los cuales, aseguró, fueron impedidos por el bloque legislativo. “A partir de hoy, el Gobierno expedirá una serie de decretos de ley que cumplan con el mandato expreso del pueblo”, expresó Lasso. Uno de estos, indicó el Mandatario, es la firma del decreto de Ley de Urgencia Económica, para reducir impuestos. ¿Qué dice el decreto? Según el artículo 1 del decreto 741, el decreto se justifica en la “grave conmoción interna” que vive Ecuador. Y en su artículo 2, se dispone que se notifique al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que en un plazo de siete días convoque a elecciones. Mientras que en el artículo 3, el Ejecutivo ordena notificar a la Asamblea sobre la terminación de sus funciones, y de los contratos del personal legislativo.

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Juicio político: Lasso tendrá tres horas para defenderse de las acusaciones

Primicias .- El Pleno de la Asamblea recibirá al presidente Guillermo Lasso para que se defienda de las acusaciones de peculado en su contra, por los negocios de la empresa pública Flopec.   El primer juicio político contra un presidente ecuatoriano en más de 40 años se iniciará este 16 de mayo de 2023. Guillermo Lasso deberá acudir a la Asamblea para presentar sus argumentos de defensa en contra de las acusaciones de peculado, con las que la oposición busca destituirlo.   Trámite del juicio político Será una jornada larga, que probablemente dure más de un día, pues en el debate pueden intervenir todos los asambleístas.   La sesión está convocada para las 10:00. Después del Himno Nacional, los asambleístas interpelantes, Viviana Veloz (UNES) y Esteban Torres (PSC), tendrán dos horas para la acusación, que debe llevarse sobre la base de las pruebas solicitadas y actuadas en la Comisión de Fiscalización. A continuación, Lasso tendrá hasta tres horas para sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional, sobre las acusaciones imputadas en su contra, igualmente sobre la base en de las pruebas solicitadas y actuadas.   Al final de esto, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Sólo hasta este punto, la sesión tendría ya unas siete horas de duración.   Finalizada la segunda intervención del Presidente, Lasso deberá retirarse del Pleno y empezará el debate en la Asamblea. Podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por un tiempo máximo de 10 minutos, sin derecho a réplica.   Cuando ya no haya más intervenciones, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, deberá cerrar el debate.   Según la ley, en el plazo de cinco días, Saquicela debe convocar a la sesión del Pleno para resolver el juicio político, ya sin debate, “con base en las pruebas de descargo”, según la Ley. Esta votación sería este sábado 20 de mayo.   Para la aprobación de la moción de censura, se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada, es decir, al menos 92 votos. La oposición confía en tenerlos, para remover a Lasso de su cargo tras este juicio político.   Las acusaciones del juicio político Dado que el informe de la Comisión de Fiscalización fue desechado por el Pleno, la acusación en el juicio político contra el Presidente se hará con base en la resolución aprobada el pasado 9 de mayo.   En dicha resolución, hay 12 páginas de considerandos que argumentan el llamado a juicio político contra el Presidente. En ellos se basarán Veloz y Torres durante su acusación.   Los argumentos son: Guillermo Lasso, mediante decreto Ejecutivo, dispuso que el presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) sea también el presidente de los directorios de todas las otras empresas públicas. Lasso nombró a Hernán Luque como presidente del directorio de EMCO. Luque estaría envuelto en casos de corrupción de acuerdo con varios audios filtrados por el medio digital La Posta. Entre los directorios que presidió Luque, está el de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). Flopec tenía desde 2020 un contrato con el pool Amazonas Tanker, que resultaba nocivo para la empresa pública según un informe de la Contraloría (que revisó el período del contrato correspondiente al gobierno de Lenín Moreno). Luque habría presionado a uno de los gerentes de Flopec, Jhonny Estupiñán, para que no dé por terminado este contrato a pesar de sus problemas. Estupiñán denunció esto en una carta enviada a la Presidencia, por lo que Lasso tenía conocimiento de este tema. Lasso era muy cercano a Luque, que visitó varias veces el Palacio de Carondelet. Por ello, resulta “inverosímil” que el Presidente no supiera de las actuaciones de Luque en la empresa pública Flopec. Lasso no denunció estas irregularidades a la Fiscalía. Flopec firmó un último adendo del contrato con Amazonas Tanker en octubre de 2022, ya en el Gobierno de Lasso.   Según la acusación, Lasso es culpable del “desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas con los que Flopec tenía relación contractual”, por lo tanto, de peculado. Aseguran que el Presidente “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec”.   La defensa del Presidente El presidente Lasso no ha hablado a detalle de las acusaciones de peculado en su contra hasta ahora. Su defensa ha estado a cargo del secretario jurídico, Juan Pablo Ortiz, y su abogado, Édgar Neira.   Ortiz y Neira se han enfocado en asegurar que no hay peculado por varias razones:   El informe de Contraloría sobre el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker analizó un periodo que no corresponde a su gobierno, en el que sí hubo pérdidas. En este Gobierno, la exgerenta Pilar Ferri puso una denuncia contra el exgerente Jaime Condoy por la firma del contrato con Amazonas Tanker Pool. Flopec renegoció los buques contratados bajo la modalidad de time charter para este contrato. Flopec ha logrado que el contrato sea beneficioso, y la evidencia son los balances de la empresa pública, que aseguran en 2022 hubo ganancias por más de USD 170 millones. Además apuntan a la Comisión de Régimen Económico, presidida asambleísta Mireya Pazmiño (ex Pachakutik, una de las proponentes del juicio político), que aprobó un informe que duce que el contrato con Amazonas Tanker es beneficioso. El Presidente nunca tuvo conocimiento de la carta enviada por Estupiñán, pues no toda comunicación a su nombre entregada a la Presidencia le es entregada directamente. El último adendo del contrato no es vinculante y no obliga a Flopec a seguir con el contrato.   Lasso sí acudirá El coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, aseguró que Lasso llegará a la Asamblea este martes entre las 12:30 y 13:00. El Presidente estará acompañado del vicepresidente, Alfredo Borrero, y al menos una parte de su Gabinete.   Flores contó que la sesión comenzará con la lectura de la resolución del Pleno, dado que no hay informe de la Comisión de Fiscalización. Después, se iniciaría la interpelación de Veloz y Torres.   El asambleísta hizo un llamado a Saquicela para evitar cualquier tipo de inconvenientes o agresiones en contra del Presidente en la sesión del Pleno.

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“El peculado solo existe en la imaginación de algunos asambleístas”, afirma penalista Pablo Encalada

Para el reconocido penalista Pablo Encalada, el supuesto peculado cometido por el presidente Guillermo Lasso, y por el cual le iniciaron un juicio político, no existe, “más allá de la imaginación de algunos asambleístas”. En diálogo con “Punto de Orden”, Encalada opinó que, tras revisar exhaustivamente el caso, no ha podido encontrar el presunto delito. Tanto es así, dijo, que durante la sesión parlamentaria del martes pasado, para definir la continuidad de la interpelación, algunos legisladores votaron a favor, pero advirtiendo que solo para que el mandatario rinda cuentas. De ahí que, en su opinión, difícilmente la oposición reunirá los 92 votos necesarios para la censura y destitución de Lasso. El jurista recordó que el peculado, uno de los delitos más graves del Código Penal, consiste en el abuso doloso de recursos públicos, en beneficio propio o de terceras personas. Un ejemplo es el sobreprecio en la contratación. Sin embargo, a su criterio no se ha podido demostrar que el presidente cometiera peculado, que es de tipo penal, y debe demostrar forzosamente voluntad. Encalada se preguntó de dónde sacan ciertos asambleístas la idea, de que el mandatario cometió peculado. Y más aún porque el contrato en cuestión, entre Flopec y Amazonas Tankers, fue firmado en el gobierno anterior. También cuestionó que los impulsadores del juicio político, aleguen que “no necesitan demostrar el peculado”. ¿Con que grado de convencimiento podemos llegar a este acto?, dijo. No pueden actuar simplemente “porque les da la gana”. El jurisconsulto advirtió que, al ser un juicio político, debe demostrarse, al menos, un grado de responsabilidad, lo cual no ocurre en este caso. Simplemente existe un “parece que hubo peculado”.

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No se probó peculado en Flopec, pero se debió investigar “Gran Padrino”, según periodista

Para el periodista de investigación, Christian Zurita, la Asamblea Nacional aún no puede probar el supuesto peculado, del cual acusa al presidente Guillermo Lasso. En diálogo con nuestro espacio “Punto de Orden”, Zurita no descartó un posible perjuicio al Estado, en la administración de las empresas públicas. Sin embargo, a su criterio no existen argumentos que vinculen a Lasso, como señalan los promotores del juicio político. El periodista estimó que, en un caso de esta magnitud, lo ideal sería realizar una investigación a fondo, real e imparcial. Un trabajo que tomaría, según sus cálculos, al menos un año. Según Zurita, la oposición logró articular la interpelación, gracias a la escasa capacidad de maniobra política del gobierno, provocada por una baja aceptación popular, y errores permanentes en su gestión. Al margen de la falta de evidencia que demuestre su culpabilidad, el presidente Lasso sufre una derrota, ya que se está imponiendo un discurso mentiroso y manipulable, sobre un supuesto peculado que no se ha comprobado. El comunicador considera que el gobierno, desde el primer momento, tenía argumentos para realizar una poderosa narrativa, que dejaría en evidencia las mentiras de los asambleístas de oposición. Sin embargo, nunca implementó la estrategia adecuada. Para Zurita, el caso “Gran Padrino”, al que considera gravísimo, debió ser el motivo central del juicio político. Pero las deficiencias y contradicciones de los proponentes del proceso, a la hora de presentar los argumentos, causaron que la Corte Constitucional solo de luz verde al presunto peculado, que carece de toda prueba.

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“Hay opositores que solo predican la barbarie”, advierte ministro de Gobierno

Para el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso está muerto. En diálogo con nuestro noticiero “Punto de Orden”, Cucalón precisó que, en lo que va de la interpelación, los asambleístas acusadores no han podido demostrar en lo absoluto el supuesto peculado. Un punto fundamental que el pueblo debe saber. Una vez esclarecido que el mandatario no perpetró el supuesto delito, dijo, el siguiente paso es que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional elabore el informe respectivo, que señale la falta de pruebas. Sin embargo, Cucalón recordó que ese informe no será vinculante, a pesar que los interpelantes no aportaron pruebas, y que lo poco que “balbucearon” solo sirvió para corroborar varias mentiras: que no hubo nuevo contrato entre Flopec y Amazonas Tankers en el año 2022, y que la Contraloría se equivocó al mencionarlo, ya que no existe. Además de que jamás estableció responsabilidades penales. En su opinión, una vez desvanecida cualquier presunta responsabilidad jurídica, es el turno de hacer lo mismo con las responsabilidades políticas, puesto que en este proceso los asambleístas actúan de forma subjetiva, de acuerdo a su conveniencia, hasta el punto de convertirse en jueces. Incluso llegan al punto, anotó, de decir que “no tienen que probar el delito”, cuando eso es la base de todo debido proceso. Cucalón tiene la esperanza que muchos legisladores de oposición, al percatarse de las verdaderas intenciones de sus partidos, votarán por la estabilidad, seguridad y economía del país, y no por intereses políticos. El premier advirtió que los votos “se cuentan después, no antes”, y reiteró que el presidente Lasso acudirá en su momento a la Asamblea, a defender su buen nombre. Cucalón también lamentó que la intención de ciertos políticos, sea exclusivamente tumbar al jefe de Estado, sin motivo alguno. Ya lo demostraron en junio del año pasado, cuando intentaron destituir a Lasso en la Asamblea. El ministro precisó que en aquel entonces, varios parlamentarios fueron amenazados, e incluso agredidos, por no votar por la destitución, como ordenaron los jefe de sus bloques, que se creen dueños de los partidos y movimientos. Para Cucalón, ciertos “dirigentes” en especial los indígenas, no deben ser llamados “radicales”, como ellos quieren. Lo que hacen realmente es predicar la barbarie, tratando de implementar a la fuerza un “comunismo indoamericano”, sin consultar al resto de la población, y sin tomar en cuenta que solo representan a una parte pequeña del país. El ministro advirtió que esos “líderes” querían implementar un nuevo levantamiento en las calles, pero se dieron cuenta que la gran mayoría de ecuatorianos está hasta la coronilla de sus intentonas golpistas, porque su deseo es de paz, trabajo y progreso. Cucalón dejó en claro que no permitirán que se atropellen principios y procesos, y a cualquier acción política de la Asamblea, tendrán una respuesta política. El secretario de Estado afirmó además que triunfarán en la interpelación, y que de ahí implementarán reformas legales y cambios, a fin de llevar al país por el rumbo que necesita. Entre estas reformas, destacó el proyecto de urgencia económica, que se enviará a la Asamblea Nacional, para modificar la actual deducción de gastos, que rige en el pago del Impuesto a la Renta. Asimismo, y junto al sistema judicial y la Fiscalía, trabajan en el proyecto destinado a reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Un tema que es de enorme importancia para todos los ecuatorianos. Finalmente, en materia de seguridad, destacó la incorporación de dos héroes de la Guerra del Cenepa, en el equipo de gobierno. Son los generales en retiro Paco Moncayo y Wagner Bravo, el primero como asesor, y el segundo como Secretario de Seguridad Pública Ambos, dijo Cucalón, son un enorme aporte de experiencia y compromiso, pues conocen y valoran lo que pueden y deben hacer las Fuerzas Armadas, para combatir el crimen organizado. Es decir, su nuevo papel, una vez que quedó atrás el peligro de un nuevo conflicto internacional. La reforma constitucional para que las @FFAAECUADOR apoyen a la @PoliciaEcuador en la seguridad interna es el nuevo contrato social que necesitan los ecuatorianos para enfrentar al enemigo mortal que es el crimen organizado. pic.twitter.com/sauYiuHDS2 — Henry Cucalon (@henrycucalon) April 27, 2023 El ministro indicó que ambos laboran en asesoramiento, y no como figuras operativas. A su juicio, los resultados ya empiezan a surgir. Por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas volvió la calma, precisamente gracias a los operativos militares. La entrevista completa, a continuación:

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Jurista Joan Egred advierte que no existen pruebas sobre supuesto peculado en Flopec

Más voces suman su rechazo al juicio político, que sigue la Asamblea Nacional al presidente Guillermo Lasso. En diálogo con “Punto de Orden”, el analista jurídico Joan Paul Egred hizo notar que, al menos hasta ahora, los interpelantes no presentan una sola prueba o testimonio, que demuestren el supuesto peculado del mandatario en el contrato de Flopec con Amazonas Tankers. Ni siquiera ha querido comparecer el ex gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, ni existen elementos contundentes, como podrían ser una investigación fiscal, una formulación de cargos o una audiencia de llamamiento a juicio. Ni siquiera, anotó, hay un pronunciamiento acusatorio de la Contraloría. Egred precisó que, conforme avanza el juicio político, se pierden los poquísimos elementos que se esgrimieron para tratar de justificar la acusación, sin mencionar que se citaron artículos de ley derogados, y que los interpelantes pretenden incluir acusaciones no aprobadas por la Corte Constitucional. Como resultado, el jurista precisó que cada vez hay menos voluntades a favor de una eventual censura de Lasso, debido a la irresponsabilidad con que se ha manejado el caso. Egred reconoció que un juicio político se maneja de forma diferente a un juicio penal, pues forma parte de la atribución política del Parlamento, de realizar un control a las autoridades. Sin embargo, se mantiene la necesidad básica de demostrar, de forma real y palpable, el supuesto delito, que en este caso sería peculado. El analista advirtió que los acusadores no pueden asumir lo que no existe, y lamentó que caigan en errores de bulto, debido a su desconocimiento de las leyes.

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Asamblea no ha podido demostrar peculado al presidente, advierte subsecretario jurídico de la Presidencia

La primera semana del juicio político al presidente Guillermo Lasso, simplemente confirma que la acusación de presunto peculado es improcedente. Así lo señaló el subsecretario jurídico de la Presidencia, Jorge Benavides, en diálogo con “Punto de Orden”. A su criterio, las comparecencias de funcionarios y ex funcionarios en la Asamblea Nacional, solo confirman que no existe delito, y por tanto, no se puede atribuir una responsabilidad política, peor penal, al mandatario. Benavides recordó que en marzo del 2022, al conocerse las recomendaciones de la Contraloría sobre el contrato con Flopec, se acogieron todos los puntos. Y como resultado de las acciones del actual gobierno, dicha empresa registra importantes ganancias. El jurista advirtió que al no existir una causal válida, no hay responsabilidad, algo que esperan demostrar, una vez más, en el Parlamento. El funcionario hizo notar que el presidente, no participa en la firma de contratos con Flopec, pues esa tarea corresponde a los directivos de la compañía. Por tanto, mal se lo puede acusar de algo que no le compete, y peor aún, que ni siquiera representa un delito. Benavides lamentó que los opositores, en su afán de pretender la caída de Lasso, quieren “estirar” la causal, es decir el presunto peculado, y después afirmen que “no es necesario demostrarlo”. Finalmente, advirtió que el jefe de Estado tiene la plena facultad de dictar la “muerte cruzada” en cualquier momento, debido a los permanentes obstáculos que plantea la Asamblea contra su plan de gobierno.  

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“Johnny Estupiñán miente en caso Flopec”, afirma ex gerente Oswaldo Rosero

El ex gerente general de Flopec, Oswaldo Rosero, desmintió las declaraciones de Johnny Estupiñán, también ex gerente de la empresa, sobre el contrato con Amazonas Tankers, que dio lugar al juicio político al presidente Guillermo Lasso, por supuesto peculado. En diálogo con “Punto de Orden”, Rosero explicó que la carta enviada por Estupiñán al mandatario, en la cual señala que fue destituido por terminar dicho contrato, contiene argumentos falsos. La verdadera razón de la destitución, dijo, es que el entonces gerente no presentó los estados financieros de Flopec, como era su obligación, y además porque no asistía a las sesiones del directorio. También es falso, anotó Rosero, que en julio del 2022 se firmó un nuevo contrato. Lo que hubo fue una renovación automática, contemplada en el primer acuerdo. Estupiñán planteó una acción de protección a fines de marzo del año pasado, pues afirmó que se vulneraron sus derechos, y consiguió regresar al cargo por poco tiempo. Rosero precisó que el contrato de Flopec con Tankers, firmado durante el gobierno de Lenin Moreno, recibió observaciones de la Contraloría. Pero eran de tipo civil y administrativo, y tenían que ver con el valor que se cobraba por flete a las intermediarias, y el castigo que recibía nuestro petróleo. Asimismo, hizo notar que cuando salió Estupiñán e ingresó él, la facturación aumentó notablemente, lo que revela que hubo un mejor manejo de las finanzas de la compañía estatal.

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Juicio político: por informe anterior, Pazmiño pasa de acusadora a acusada

Expreso .– La proponente del juicio político a Lasso tiene dos discursos sobre Amazonas Tanker. Su apoyo a este contrato tendría consecuencias políticas   Su propio informe la deja en evidencia. Uno de los momentos con mayor tensión en el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, ha sido la confrontación de la asambleísta y proponente del proceso, Mireya Pazmiño, con sus posturas del pasado. El 21 de abril, en una sesión más de la fase de comparecencias del juicio político, Pazmiño fue interrogada por Édgar Neira, abogado del presidente, sobre un informe suscrito por la comisión que ella preside, la de Régimen Económico, donde se defendía lo que ahora critica e, incluso, se le imputa a Guillermo Lasso. La presidencia de la comisión fue impugnada a Fernando Villavicencio. Ahora lidera Ana Belén Cordero.ARCHIVO El documento, aunque explícitamente no recomienda la continuación de los contratos entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker, según el legislador Fernando Villavicencio, sí es una aprobación velada de los integrantes de la comisión, y de Pazmiño, que podría tener consecuencias. “Podrían estar incurriendo en delitos por el fondo y la forma del tema. De fondo, por haber hecho conclusiones y recomendaciones que van más allá de los alcances de una comisión. De forma, por el hecho que dicho informe no fue hecho por funcionarios de la Asamblea”, dice. Incurren delitos por el fondo y la forma. De fondo por hacer cosas que están más allá de la competencia de la comisión y, de forma, porque el informe no fue hecho por ellos. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización En ese sentido, Ana Belén Cordero, también integrante de la mesa de Fiscalización, señala que Pazmiño y el resto de asambleístas de la Comisión de Régimen Económico habrían violado la Constitución. “El artículo 127, numeral 2, dice que los asambleístas no podrán ofrecer tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional”, explicó. Le recuerdo a la asambleísta Pazmiño que recomendar que se mantenga un contrato de una empresa pública, claramente implica captar recursos del Estado y eso es un delito. Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización Sin embargo, en declaraciones para EXPRESO, la legisladora Pazmiño señala que en ningún momento dicho documento recomienda que Flopec continúe o no con Amazonas Tanker. “Se pide que se envíe al presidente y se revise cada uno de los acuerdos comerciales que tiene Flopec”, destaca la asambleísta. Asimismo, ante la amenaza de Villavicencio, la legisladora hace hincapié en que no teme que se busque utilizar este argumento en su contra y que, según ella, lo que buscan es deslegitimar a Johnny Estupiñán, vicealmirante en servicio pasivo y gerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) hasta inicios de marzo de 2022. Señalar que podría haber tráfico de influencias u otro tipo de delitos es una línea muy fina. Se necesitarían más elementos de juicio como para llegar a esa conclusión. José de la Gasca, jurista y exsecretario Anticorrupción En realidad, según explica Pablo Encalada, penalista, el comportamiento de la Comisión de Régimen Económico, y por ende de la legisladora Mireya Pazmiño, no tendría consecuencias penales, pero sí políticas. “No hay delito. En la Constitución hay prohibición de gestión de cargos públicos o contratos y, por ello, tendrían responsabilidad política”, sostiene Encalada. Además, José de la Gasca, penalista y exsecretario Anticorrupción, señala que las prohibiciones de los legisladores mencionadas por la asambleísta oficialista Ana Belén Cordero no guardarían relación con los hechos expuestos. “Esa es una línea muy fina como para hablar de presunto tráfico de influencias, etc. Se necesitarían más elementos de juicio para llegar a esa conclusión”, explica. En el informe de la mesa de Régimen Económico, se defendía la gestión de Flopec con Amazonas Tanker.ARCHIVO. Sin embargo, al igual que Encalada, De la Gasca sí considera que el comportamiento de la asambleísta Pazmiño sí podría activar un llamado de atención en el ámbito político. “Esto debe contradecir algún código de ética dentro de la Asamblea Nacional. Es una vergüenza nacional e internacional que el juicio político esté basado en cosas que la propia proponente ha pedido que se mantengan”, continúa el jurista. Pese a las consideraciones hechas por los juristas, el asambleísta Fernando Villavicencio señala que el accionar de Pazmiño y el resto de la mesa de Régimen Económico, por lo menos, deberían estar bajo el análisis de las autoridades de control. Del mismo modo, Cordero destaca que la intromisión de Pazmiño es evidente y que se habría atribuido una competencia que solo radicaba en la empresa pública Flopec.

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Interpelantes deben demostrar que hubo peculado, advierte asambleísta Pedro Velasco

El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, carece de toda argumentación lógica y jurídica. Así se pronunció el asambleísta Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Fiscalización, en diálogo con “Punto de Orden”. Velasco lamentó que los impulsadores de la interpelación, digan ahora “que no deben probar que existió peculado”, cuando en su dictamen de admisibilidad, la Corte Constitucional precisamente aprobó ese único supuesto delito, con la necesidad de demostrar que existió. El legislador recordó que, de acuerdo al Código Penal, peculado es apropiarse de bienes del Estado. Y es imprescindible demostrarlo para una eventual censura y destitución del presidente, pues de lo contrario se violarían todas las garantías jurídicas del país. Sin embargo, Velasco reconoció que en la Asamblea mandan los votos, y no el respeto al derecho. Asimismo, lamentó que Johnny Estupiñán, ex gerente de Flopec, se excusara de rendir su testimonio en el Parlamento, pues sus declaraciones son fundamentales para establecer lo que ocurrió. En su opinión, el argumento de la oposición, de que “es un juicio político y no jurídico”, es absurdo, pues se trata de un proceso que no puede estar aislado de la Constitución y las leyes. También precisó que no se pueden esgrimir acusaciones sin sustento alguno, como está sucediendo en el juicio político. A su criterio, las declaraciones de los funcionarios de la Contraloría General del Estado, confirman que no existió el supuesto peculado. Para empezar, el contrato cuestionado corresponde al gobierno de Lenin Moreno, y no al de Lasso. Y además, las observaciones, que son estrictamente administrativas y no penales, desvinculan de culpabilidad a las autoridades actuales.

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Proponentes de juicio político son ineptos, según jurista Ramiro García

Es impresionante la ineptitud de los asambleístas, que impulsan el juicio político del presidente Guillermo Lasso. Así lo afirmó el penalista Ramiro García, en diálogo con “Punto de Orden”. García hizo notar que, si suman a los legisladores que respaldaron la interpelación y a todos sus asesores, tenemos a más de 100 personas. Y ni así fueron capaces de elaborar un proceso de la forma correcta. Con mayor razón cuando las pruebas son tan débiles. El jurista recordó que la Corte Constitucional, en su dictamen de admisibilidad, solo aceptó que se juzgue a Lasso por presunto peculado en los contratos de Flopec. Y ahora resulta que no hubo tales contratos, lo que significaría que no hay motivos para el juicio político. García también cuestionó a la defensa del mandatario, que en su momento debió mostrar ese detalle ante la Corte Constitucional, con lo cual el proceso se habría caído sin remedio. Más allá de los graves errores cometidos por los acusadores, el jurisconsulto reconoció que Lasso necesita de urgencia cambiar su hoja de ruta, y dar solución a los graves problemas sociales y económicos del país. El principal, dijo, es el de la inseguridad, al punto que muchas familias ya ni siquiera se atreven a salir de sus casas, por temor a ser blanco de la delincuencia. García no descarta como solución la muerte cruzada, pues eso le daría algo de tiempo al presidente, para trabajar de forma segura, sin el permanente acoso de una Asamblea Nacional en contra.

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Fiscalía llama a rendir versión a exgerentes de Flopec, en medio de proceso de juicio político contra presidente Lasso

Vistazo .– La Fiscalía convocó el pasado lunes 10 de abril a diez implicados en la investigación por presunto delito de peculado en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), para que rindan su versión.   Entre las personas llamadas a comparecer entre el 14 y 18 de abril, en el edificio matriz de la Fiscalía General del Estado, en Quito, se hallan los exgerentes de la estatal petrolera Jaime Condoy, Pilar Ferri y Johnny Estupiñán.   Carlos Varela Núñez, funcionario de la Contraloría, y la legisladora Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional y una de las acusadoras del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, también fueron convocados.   En paralelo, el fiscal Santiago Requelme, quien está a la cabeza de la investigación, solicitó a Flopec que suministre más información con respecto a un acuerdo comercial suscrito a finales del 2018 entre la naviera y Dragun USA LLP para el traslado de barriles de Petrochina.   Mediante otro contrato firmado entre ambos entes en el 2020, se creó Amazonas Tankers Pool, al que Ferri se refirió un año después tras interponer una denuncia en contra de Jaime Condoy Blacio, otro titular de la estatal petrolera, por supuestas irregularidades en las contrataciones de buques para transporte de crudo.   Lasso, quien ya designó al abogado Édgar Neira como su defensa para el enfrentamiento judicial, está siendo juzgado con base a dichos contratos, que a pesar de haber sido tramitados antes de su llegada a la Presidencia, devinieron en irregularidades que pudo haber impedido, según alega la Asamblea Nacional, tras haber sido advertido, las cuales representaron pérdidas económicas para el Estado.

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Juicio político, con graves fallas y sin pruebas, según asambleísta Ricardo Vanegas

El asambleísta de Pachakútik, Ricardo Vanegas, insistió en las graves fallas del juicio político, montado por la oposición contra el presidente Guillermo Lasso. A juicio de Vanegas, un proceso de este nivel debería ser manejado de forma responsable. Sin embargo, hasta ahora no se presentan pruebas contundentes, que demuestren la presunta culpabilidad del mandatario en peculado. El legislador recordó que la interpelación debe demostrar responsabilidad del encausado. Pero hasta ahora solo existen pruebas deficientes. Además, una vez que la Corte Constitucional prohibió a los acusadores mencionar el término “confianza”, los argumentos perdieron peso. Vanegas advirtió que los 24 asambleístas de Pachakútik, no forman parte de la alianza correísta-social cristiana, y que tomarán la decisión en base a las evidencias que se muestren durante el juicio político. Desde ya, dijo, está demostrado que a dicha mayoría solo le importa el fin, y no los medios, al punto que ni siquiera con ayuda pueden demostrar que el presidente Lasso, cometió peculado en los contratos de Flopec. El parlamentario precisó que si los acusadores violan el dictamen de la Corte Constitucional, se exponen a que, en caso de censura, dicho organismo deje sin efecto la destitución, e incluso los destituya por desacato.

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Ex directivo de Flopec aclara motivos de destitución de gerente Valm. Johnny Estupiñán

El vicealmirante Johnny Estupiñán fue removido como gerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec, por no participar en las reuniones del directorio y no brindar los estados financieros. Así lo precisó Oswaldo Rosero, también ex gerente de la compañía pública, ante los micrófonos de “Punto de Orden”. Rosero explicó que el directorio de Flopec removió a Estupiñán, por no cumplir sus funciones. Sin embargo, el ex funcionario intentó alegar que lo habían despedido por terminar un contrato que era oneroso para el Estado, que era un “negociado de Hernán Luque”, y llegó al extremo de acusar de complicidad al presidente Guillermo Lasso. Según Rosero, Estupiñán falta a la verdad, pues la documentación revela que, por orden de la Contraloría, la empresa mantuvo el contrato mencionado, y que el entonces gerente tuvo que aceptarlo. Tanto así, que hasta ahora no presenta documentos que respalden las supuestas irregularidades, dijo. Lo que sí quedó demostrado, agregó, es que no iba a las sesiones. Según Rosero, Flopec es actualmente la empresa más rica del país. En el año 2022 reportó 1.000 millones de dólares en facturación, y utilidades por 180 millones. Las cifras más altas de sus 50 años de vida. El siguiente paso, subrayó finalmente, será rehacer las asociaciones. Es decir, las alianzas con otras compañías, pues generarán mayores ganancias para todos.

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