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Ecuador: junio 3, 2026

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Ecuador, junio 03, 2026

Asamblea censuró a ex ministro Esteban Bernal

En una interpelación que generó muy poco interés nacional, la Asamblea censuró a Esteban Bernal, quien durante el gobierno de Guillermo Lasso fue ministro de Inclusión Económica y Social, entre el 2021 y el 2023. La moción de censura recibió el apoyo de 100 legisladores. Según los denunciantes, Bernal fue el responsable de excluir del Bono de Desarrollo Humano, a más de un centenar de personas en condición de vulnerabilidad. Es decir, “actuó con indolencia”. Como respuesta, el ex ministro explicó que las exclusiones se dan automáticamente, cuando la situación de los beneficiarios cambia, en virtud de los parámetros técnicos que los ubica por encima de la línea de pobreza. Las exposiciones de los denunciantes y de Bernal recibieron poca atención del pleno. Fueron evidentes las imágenes de las curules vacías, simplemente a la espera de la votación. La censura implica, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la prohibición para Bernal de volver a ocupar un cargo público en los próximos dos años. Tras el juicio político, unos cuantos asambleístas postearon en redes sociales imágenes de sus votos, pero fueron más las críticas que las alabanzas por dedicar tiempo a este proceso.

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La Asamblea ‘promete’ tramitar más de 100 leyes y siete juicios políticos en año y medio

Primicias .- La Asamblea Nacional presentó una agenda con al menos 120 proyectos de ley y tramitar siete juicios políticos para lo que resta del periodo, entre ellos el proceso contra la fiscal Diana Salazar. En medio de las ‘urgencias’ que debe tratar la Asamblea por los proyectos enviados por Daniel Noboa, el presidente del Legislativo, el sociacristiano Henry Kronfle, aprobó la agenda legislativa para este periodo, y con ‘ambiciosas’ promesas que incluyen 120 propuestas de ley en año y medio. Según Kronfle, la planificación contó con el aporte de los jefes de las bancadas y los presidentes de las comisiones permanentes. Estas son las principales leyes que aspira a tratar la Asamblea en su periodo: La mesa de Justicia propone tratar la reforma al Código de la Democracia; la Ley Orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP); una reforma a la normativa de la Función Legislativa, y el Proyecto de Ley Orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial. En materia de seguridad, se prevé analizar Ley Orgánica de Inteligencia, Ley para el Control del Espacio Aéreo Nacional, el Proyecto de Ley de Seguridad Digital, y hasta norma sobre Armas, Municiones y Explosivos, de Desarrollo Fronterizo (pendiente consulta prelegislativa). El avance del más de un centenar de propuestas será evaluado semestralmente y la Unidad Técnica Legislativa elaborará informes bimestrales sobre el desarrollo de los proyectos en las comisiones permanentes. Juicios a Salazar y Zapata Por su parte, la Comisión de Fiscalización aportó a la agenda Legislativa anunciando los juicios políticos que prevé tramitar hasta el final del periodo, en mayo de 2025. Los primeros de la lista debían ser los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) pero al estar próximas varios procesos de votación, el juicio político está en suspensos. Ahora se está tramitando el juicio al exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal y los siguientes en la lista de Fiscalización son los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo. Mientras que el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite se ubica cuarto en la línea de prelación de los juicios políticos y luego de él vendrá el proceso de fiscalización a Juan Zapata, exministro del Interior. En sexto lugar, está el juicio a la fiscal del Estado, Diana Salazar, que se procesaría a finales de este año o inicios de 2025 y concluirían con los exvocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Maribel Barreno y el vocal Xavier Muñoz.

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Caso Metástasis conecta a los actores de los casos Glas, Salcedo y Norero

Primicias .- La investigación de la Fiscalía logró llegar, por primera vez, a funcionarios de alto nivel en la Justicia y el Ejecutivo. El caso logra impulsar la figura de Diana Salazar, que enfrentará un juicio político en la Asamblea. Los operativos e investigaciones del caso Metástasis consiguieron, por primera vez, relacionar al crimen organizado con funcionarios de alto nivel del Estado. Las indagaciones del caso han llegado a jueces, policías, fiscales y funcionarios del Ejecutivo. La revelación de este esquema, que conecta con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, llegó a funcionarios como Wilman Terán, exjuez de la Corte Nacional y actual presidente del Consejo de la Judicatura, y Pablo Ramírez, general de la Policía, exdirector de Antinarcóticos y exdirector nacional del Servicio de Atención a Privados de la Libertad. El caso explotó en un momento político complejo, pues la fiscal general, Diana Salazar, enfrentará un juicio político en la Asamblea, impulsado por el correísmo. Justamente horas antes de los operativos, la Comisión de Fiscalización logró archivar tres juicios políticos y apurar en algo el proceso contra Salazar. El juicio político se centra en una supuesta «selectividad» de Salazar al momento de actuar. Y justamente en esa misma línea, el correísmo cuestionó el caso Metástasis. De hecho, el expresidente Rafael Correa ya había adelantado que el operativo se ejecutaría, y dijo que este buscaba «obstruir» el concurso de renovación parcial de la Corte Nacional. Este concurso, organizado por la Judicatura, también ha sido muy polémico, y ha generado múltiples denuncias de irregularidades, que apuntan hacia Terán. Sentencias a la medida El caso Metástasis comprueba, sobre todo, la relación entre el narcotráfico, jueces, fiscales y el SNAI. Por lo tanto, comprueba la existencia de sentencias a la medida, en coordinación entre la justicia y el crimen organizado. Nueve jueces y exjueces están siendo procesados dentro de la causa. Ellos se han encargado de manejar casos o acciones de protección que ya recibían cuestionamientos desde hace meses. Los nueve han tramitado alguno de los casos de Norero en distintas instancias, pero también aparecen en los casos de Daniel Salcedo y del ex vicepresidente Jorge Glas. Norero y Glas además compartían el mismo abogado: Cristian Romero, que también está investigado en el caso Metástasis. Ronald Guerrero Cruz Ronald Guerrero trabajó como juez de Garantías Penales de Guayas, en la Unidad Judicial Norte número 2. Desde ese espacio, estuvo a cargo de dos casos relacionados con los detenidos en el caso Metástasis. Por ejemplo, Guerrero estuvo a cargo de uno de los casos en contra de Daniel Salcedo por la corrupción hospitalaria. El exjuez es quien decidió dictar sobreseimiento a favor de Abdalá Bucaram Pulley; su esposa, Gabriela Pazmiño, y su hermano Michell Bucaram Pulley. Guerrero además fue el juez del caso por lavado de activos contra Leandro Norero, y la Fiscalía lo denunció por haber cambiado la participación de autores a cómplices de la viuda y los hermanos. Además aprobó la devolución de los bienes de su cuñado, y lo declaró inocente, al igual que a su madre, Betty T. Adolfo Gaibor Gaibor Adolfo Richard Gaibor Gaibor fue juez de la Corte Provincial del Guayas hasta enero de 2023, cuando fue destituido por el Consejo de la Judicatura por error inexcusable, en un caso relacionado con la Corporación Financiera Nacional. Además, en manos de Gaibor recayó uno de los hábeas corpus presentados por Norero en julio de 2022. Aunque él, junto a otros dos jueces, inadmitieron la acción con el argumento de que no era de su competencia. El caso pasó a Cotopaxi, donde Norero estaba detenido. Gaibor también tuvo en sus manos la apelación a la prisión preventiva en contra de Norero y su hermano, la cual (junto con otros dos jueces) negó. Johan Marferán Medina Johan Marfetán es todavía juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Como tal, fue parte del tribunal en el que recayó la apelación presentada por Norero y sus hermanos. En este caso, una audiencia fue fijada para el 19 de julio de 2022. Pero esta no se pudo realizar justamente por la ausencia de Marfetán. Por esto, se nombró a otro juez en su reemplazo. Como parte del tribunal de apelación, también ratificó el sobreseimiento de Betty T., madre de Leandro Norero. Mafetán de hecho fue recusado de ese caso hace poco (octubre de 2023) y separado de la causa. Glenda Ortega Marcial La actual juez de la Unidad Multicompetente de Samborondón, Glenda Ortega, fue quien, en julio de 2022, cambió la prisión preventiva de Norero por una orden de prohibición de salida del país. Esto lo hizo dentro de un proceso por tráfico de armas, distinto al proceso por lavado de activos. Además, llevó el caso en contra de funcionarios de Inmobiliar que pretendían sacar de la casa de Norero algunos bienes. Santiago Zumba Santiago Zumba Santamaría es juez de la sala de lo Civil de la Corte Provincial de Cotopaxi. El magistrado se encargó de tramitar uno de los hábeas corpus interpuestos por la familia de Norero. Zumba aceptó parcialmente un hábeas corpus a favor de la hermana de Norero, Johanna Zambrano. Con su decisión, dispuso al SNAI que coordine controles médicos semanales con el argumento de que la mujer sufría hipertensión arterial, trastorno de glándula tiroides y un proceso inflamatorio a nivel del útero, y gastritis. Además, tramitó otro hábeas corpus junto con otros dos jueces, en el que la hermana de Norero argumentaba que tenía cáncer. José Luis Segovia José Luis Segovia también es juez de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, y junto a Zumba estuvo a cargo de otro hábeas corpus de la hermana de Norero, en el que argumentaba tener cáncer. En este caso, los magistrados dieron paso a que la valoración médica de Zambrano se realice de forma discrecional por un médico. Al final, se le retiró la orden de prisión preventiva. Emerson Curipallo Ulloa El juez Emerson Curipallo es juez de Garantías Penales de Santo Domingo. Él se ha encargado de una decena de casos relacionados con el narcotráfico, y fue también quien emitió la boleta de libertad a favor del ex vicepresidente Jorge Glas, en noviembre de 2022. Curipallo además ordenó la libertad de alias «Madrid» y de alias «Cuyuyuy», un mes antes de otorgar una medida cautelar a Glas. Estos dos hombres se encargaban de la seguridad

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Fiscalizamos, sí, pero también legislamos, afirma presidente de la Asamblea

La aprobación del juicio político a la fiscal general, Diana Salazar, sigue generando controversia. Pero el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, le baja el tono. Lo que hizo el Consejo de Administración Legislativa, dijo, es dar luz verde a la interpelación. ¿Cuándo sería? Falta mucho todavía, pues los juicios son evacuados de acuerdo al orden de presentación. Y no significa necesariamente que este, en particular, termine en censura. En diálogo con “Punto de Orden”, Kronfle explicó que, de acuerdo a las reformas al Código Orgánico, el CAL se limita a revisar los requisitos de todo juicio político. Y en el planteado contra Salazar se detectaron algunos errores, que después fueron subsanados. Por tanto, el proceso fue aprobado. De ahí pasa a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que debe recibir pruebas, testimonios y descargos de las partes involucradas. Entonces, y solo entonces, se determinaría fecha para la interpelación en el plano. Como hay varios en cola, podemos hablar de meses de espera. Comunicado Oficial en relación a los Juicios Políticos: pic.twitter.com/N5s8vbt4Jw — Henry Kronfle K. (@HenryKronfle) December 7, 2023   Kronfle precisó que las reformas al Código Orgánico, permiten que este tipo de temas se trate de forma mucho más equilibrada, pues solo el pleno, obviamente con mayoría, podría censurar y destituir a la fiscal. Y por cierto, el Partido Social Cristiano, al cual se pertenece, ya dejó en claro que no votará por una posible censura. El presidente de la Asamblea pidió recordar que es un juicio político –subrayando la palabra “político”-. Es decir, no se maneja con los mismos parámetros que un juicio civil o penal. Su esencia es diferente. El #CAL solo revisa los requisitos formales y admite a trámite las solicitudes de #JuicioPolítico. La calificación de requisitos por parte del #CAL, no constituye un pronunciamiento favorable o desfavorable sobre el fondo de los juicios presentados. #AsambleaEc2023 pic.twitter.com/x7iZgj6V7G — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 7, 2023   El tema es mucho más delicado por tratarse de la fiscal, acotó. La Asamblea no puede intervenir en la justicia, y tampoco exigir información que por ley se mantiene en reserva. El Consejo de la Judicatura, en la mira No se escapó a Kronfle el interés nacional, por el posible enjuiciamiento político al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; al vocal, Xavier Muñoz; y a la ex consejera, Maribel Barreno. Los 3 son blanco de numerosas denuncias, por las graves irregularidades detectadas en el concurso, para elección de nuevos jueces de la Corte Nacional. La interpelación todavía no es presentada oficialmente, señaló el titular del Parlamento. Además, la función legislativa no tiene la capacidad de interferir en la judicial. Sin embargo, lo que sí prometió es que exigirán respuestas frente a ese cuestionado concurso, y si se comprueban las anomalías, buscarán caminos para actuar. Estamos legislando Kronfle rebatió las críticas lanzadas a la Asamblea, por supuestamente dar prioridad a la fiscalización y no a la legislación. Como evidencia citó la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Privada y de otras normativas, que permitirán mejorar el combate a la delincuencia. También destacó la compilación de todas las reformas penales que quedaron pendientes, para ser tratadas en un solo bloque; la Ley de Equidad Salarial; y la Ley de Gestión de Riesgos, tan necesaria ante la cercanía del fenómeno de El Niño. Sin olvidar, por supuesto, el análisis del proyecto enviado por el presidente Noboa, destinado a la generación de empleo. En cuanto a la Ley de Extinción de Dominio, consideró necesario reformar varios de sus capítulos, pues dentro de un país con un sistema judicial corrupto, se volvería muy peligrosa. No hay una sola “alianza” En cuanto al pacto que rige en la Asamblea, entre la alianza gobiernista ADN, el PSC y el correísmo, quiso dejar en claro que no es tan rígido como dicen. Más bien señala que se manejan “mayorías móviles”. La prueba está en la designación de autoridades internas. La votación varió en cada una, fruto de entendimientos entre bancadas. Kronfle remarcó que la Revolución Ciudadana carece, por sí sola, de mayoría en las comisiones. De hecho, la distribución de cargos se realizó para que todos participen en todo. Una vez gestionada la reforma planteada por el gobierno, el PSC lanzará 3 importantes proyectos. Se trata de leyes destinadas a fomentar la agricultura, la ganadería y la pesca. Además, su bancada propondrá una ley que impida meter mano a los recursos del IESS, y otra normativa que automatice la transferencia de los recursos de los gobiernos seccionales. Finalmente, explicó los problemas que vive el Parlamento, a causa de los recortes presupuestarios. De los 55 millones que debían recibir este año, bajaron a 33, lo cual obliga a recortar personal y otras actividades. Entrevista completa:

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Daniel Noboa muestra su apoyo a Diana Salazar: «No vamos a votar nunca por el juicio a la fiscal»

Vistazo .- El presidente de la República, Daniel Noboa, volvió a mostrar su respaldo a la fiscal del Estado, Diana Salazar, y afirmó que su organización política en la Asamblea no apoyará el juicio político que plantea el correísmo. Noboa brindó su primera entrevista como mandatario, en la que abordó varios temas como el presunto acuerdo con la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en el Legislativo. “Impunidad, no. Para nadie. Ni de la derecha ni de la izquierda, para nadie. Ni exasambleístas ni ministros”, resaltó el presidente, quien negó que exista un pacto con las organizaciones políticas antes mencionadas. “La Asamblea es así, en unas cosas te pones de acuerdo, en otras no”, acotó Noboa. Por ejemplo, mencionó que ADN no respaldará el juicio político contra la fiscal Diana Salazar por supuesto incumplimiento de funciones. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ya calificó la solicitud de juicio político contra Salazar. Sin embargo, Noboa subrayó que “eso no significa que los mismos miembros del CAL o las bancadas que lo integran vayan a votar a favor”. “Nosotros no vamos a votar a favor nunca por el juicio de la fiscal, jamás. Como ADN y la banca del Gobierno, no vamos a votar por el juicio a la fiscal”, insistió el jefe de Estado. Sobre la ley urgente de eficiencia económica y generación de empleo, enviada por el Ejecutivo para la aprobación de la Asamblea, el presidente espera “que por el bien del país todos estén de acuerdo”. “Estamos con mucha claridad y con orden estableciendo mayor gobernabilidad de la que había en el pasado, hay diálogos abiertos”, finalizó Noboa, en una charla con el entrevistador Gonzalo Ruiz, a propósito de los 489 de Fundación de Quito. JUICIO POLÍTICO CONTRA FISCAL El pasado 27 de noviembre del 2023, la asambleísta Gissela Garzón, de la Revolución Ciudadana, envió al CAL el pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar por incumplimiento de funciones en el contexto del aumento de la delincuencia en el país. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que menciona que el proceso político contra Salazar carece de los fundamentos requeridos y que se lo plantea como un acto que busca impunidad. Agregó que no es la primera vez que la máxima autoridad de la Fiscalía recibe ataques por su trabajo, puesto que “en varias ocasiones han intentado posicionar discursos emitidos por sentenciados, sus familiares o partidarios, con el claro fin de ocultar las pruebas valoradas en los tribunales”. El Ministerio Público también recordó que las sentencias judiciales solo pueden ser analizadas en el campo penal. “En el eventual desarrollo de un juicio político, la Fiscal General del Estado sabrá mostrar las pruebas suficientes en su defensa”, decía la misiva.

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Ex presidente Rafael Correa denuncia “chantaje” de la fiscal por posible juicio político

La posible interpelación de la fiscal general, Diana Salazar, genera reacciones y cruces verbales. En la red social “X”, antes conocida como Twitter, el ex presidente Rafael Correa denunció que, supuestamente, hay amenazas de Salazar si es llevada a juicio político. Correa, quien tiene sentencia por corrupción, afirmó que la fiscal amenazó a su bancada con impulsar la prisión del ex vicepresidente, Jorge Glas, y de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, en caso de concretarse la interpelación. El ex mandatario se refirió a Salazar de forma despectiva, como “la 10/20”, y exhortó a sus legisladores a seguir promoviendo el juicio político. Por su parte, la fiscal, en la misma red, advirtió que el correísmo da el primer paso “en su desesperada búsqueda de impunidad y solo sobre el terreno político, ya que ni las mentiras ni los inventos les funcionaron. Y, de nuevo, no lo lograrán: mi compromiso sigue siendo con la justicia”. Salazar no mencionó el supuesto chantaje. El gobierno y el Partido Social Cristiano, aliados de la Revolución Ciudadana en la Asamblea, advirtieron repetidamente que no permitirán la impunidad, y que no aprobarán un posible juicio político contra la ministra fiscal.

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Bancada de Construye se queda con 26 legisladores tras separación de Paúl Aulla

Primicias  .- El asambleísta electo por Chimborazo, Paúl Aulla, fue desvinculado del movimiento Construye, que apoyó la candidatura del fallecido Fernando Villavicencio. La bancada legislativa de Construye, que originalmente obtuvo 29 escaños tras las elecciones de agosto, se queda con 26 integrantes, anunció el propio movimiento en un comunicado, este 10 de noviembre. Según Construye, que auspició la candidatura del presidenciable Fernando Villavicencio, se desvinculó de la bancada al legislador electo por Chimborazo, Paúl Aulla. Aulla había sido elegido en representación de Chimborazo, pero fue separado luego de reunirse con el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán. Tanto Terán como el vocal de la CJ, Xavier Muñoz, enfrentan un proceso por obstrucción de justicia en el Corte Nacional. Pero además, Construye tiene previsto presentar un pedido de juicio político contra Terán, una vez que instale la nueva Asamblea. «No vacilaremos al momento de tomar posición sobre lo que le planteamos al país junto con Fernando Villavicencio: La Patria o La Mafia», dijo la bancada en un mensaje de su cuenta de red social X. Antes de Aulla, Construye ya tuvo otras bajas con la separación de los legisladores de la denominada agrupación ‘Gente Buena’: Adriana García, John Polanco y María Fernanda Jiménez. Villavicencio, principal representante de Construye, fue asesinado en agosto de 2023 a la salida de un mitin político en Quito, en circunstancias que aún se indagan. Mientras que la actual Asamblea tiene previsto instalarse el próximo 17 de noviembre.

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El periodo de Diana Salazar al frente de la Fiscalía termina en el 2025 y no podrá reelegirse

Ecuavisa .- El Cpccs deberá iniciar con el concurso para la selección de su sucesor en el 2024. El periodo de Diana Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado terminará en abril de 2025. Esto, siempre y cuando, el juicio político que el correísmo impulsa, no se concrete y no logre su destitución. En cualquiera de los escenarios, la institución deberá renovar a su máximo representante en abril de 2025, pues se cumple el plazo establecido en el artículo 196 de la Constitución de la República. Este determina que la Fiscal o el Fiscal General del Estado desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser reelegido. El concurso de selección empezará en el 2024 Para ella, y el actual Consejo, el objetivo es recuperar la institucionalidad y enfocarse en sus atribuciones: promover la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y elegir autoridades. ¿Quién podrá ser el nuevo Fiscal General?   Según lo establece la Constitución, la selección de la autoridad deberá realizarla una comisión ciudadana de selección. Esta será integrada por cinco delegados de las funciones del Estado y por cinco ciudadanos seleccionados por el Cpccs.   Para asumir el máximo cargo en la Fiscalía General del Estado, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. Tener título de tercer nivel en Derecho, legalmente reconocido en el país. Tener conocimientos en gestión administrativa. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de 10 años.   Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) señaló durante una entrevista en Contacto Directo, que los concursos pueden durar entre seis y ocho meses. Esto, luego de la experiencia con el concurso para seleccionar al nuevo Contralor General del Estado.   Para garantizar a la o el sucesor de Salazar, el Cpccs debería iniciar el proceso a mediados del 2024. Y así lo plantea la presidenta del organismo.   «No deben existir mayorías, minorías e intereses personales (dijo sobre la selección del Contralor) Hemos procedido de acuerdo al Reglamento y actuamos en favor de la gente y le hemos devuelto la confianza porque esta institución le ha quedado debiendo muchísimo en cuanto a los concursos de autoridades», sostuvo Bonifaz. Los participantes deberán superar cuatro fases: postulación, calificación de méritos, pruebas de oposición e impugnaciones. Una vez terminadas estas etapas, las autoridades certificarán a la o el mejor puntuado que liderará la Fiscalía.

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Daniel Noboa: «Necesitamos proteger a individuos» como Diana Salazar

Primicias .- El presidente electo, Daniel Noboa, se refirió a la posibilidad de que la nueva Asamblea prepare un juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. Luego de reclamos y acusaciones entre el PSC y Rafael Correa, por un posible juicio político a la fiscal Diana Salazar, el presidente electo, Daniel Noboa, dijo este 6 de enero que la agenda de su Gobierno no incluye apoyar este proceso. Según Noboa, quien se ha referido poco a la política interna de Ecuador desde que ganó el balotaje en octubre, señaló desde Washington que «hay algunos principios que son innegociables«. «Necesitamos proteger a individuos como ella (Salazar) que están trabajando duro en contra de organizaciones criminales que operan en el país», añadió Noboa, en declaraciones al portal Infobae, durante un conversatorio en Washington, organizado por ‘Inter-American Dialogue and Global Americans’. El propio expresidente Correa indicó en su cuenta de red social X que había ‘acordado’ con el PSC un eventual proceso contra Salazar, una vez instalada la nueva Asamblea Nacional. Pero si bien el asambleísta socialcristiano, Henry Kronfle, reconoció ‘conversaciones con el correísmo’, agregó que el juicio a la Fiscal no estaba entre los planes de fiscalización. Precisamente, sobre los diálogos de las bancadas legislativas, el mandatario electo no desmintió reuniones con la Revolución Ciudadana (RC). Aunque aseguró que hay líneas rojas que no aceptarán. «Tenemos que trabajar en conceptos y leyes que beneficien a la gente, no votar en contra de un grupo político o un partido político», expresó Noboa. Por otra parte, Noboa se mostró seguro de tener los votos suficientes, entre 80 o 90 voluntades legislativas, para aprobar leyes que propondrá en sus primeros días de Gobierno. «Estoy bastante seguro de eso. Pero en la política ecuatoriana es mágica, como Macondo. Cualquier cosa puede pasar hasta el último día», dijo el empresario de 35 años, quien tiene previsto asumir el 1 de diciembre. PRIMICIAS consultó al equipo de comunicación de Noboa sobre las declaraciones al portal digital, pero se indicó que no tienen información al respecto.

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“Reanudar” juicio político contra Lasso es jurídicamente imposible, advierte ministro Cucalón

La intención de ciertos ex asambleístas, de “reanudar” el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, en caso de resultar electos el 20 de agosto, no tiene asidero legal. Así lo advirtió el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en diálogo con “Punto de Orden”. El premier lamentó que estos ex parlamentarios, a quienes calificó como “de mucho fanatismo pero de pocas luces”, no entiendan que jurídicamente no procede su intención, ya que la interpelación iniciada meses atrás quedó cerrada, en el momento que Lasso decretó la “muerte cruzada” y disolvió la Asamblea Nacional. Cucalón subrayó que los promotores del juicio político, que al parecer viven en un “multiverso”, es decir, en un universo alternativo, no recuerdan que en el momento de la “muerte cruzada”, el 19 de mayo, el tema estaba en debate, no en votación. Y que, al ser una cámara renovada, todo vuelve a cero. Además, hizo notar que, en el evento que lo intenten, apenas contarían con 10 días. Sin embargo, y en vista de la calidad política de los interpelantes, no le extrañaría que lo intenten. El ministro lamentó la furia, odio y rabia que impera en los “titiriteros” de la política, acostumbrados a apretar un botón y con ello tumbar un gobierno. Y más aún cuando desde el primer día del régimen de Lasso, su intención fue derrocarlo. En ese sentido, advirtió que, así como quieren “jugar a la política”, quienes están en el gobierno harán otro tanto, acogiendo su derecho a la defensa. ¿Y las denuncias? Para conocer sus verdaderas intenciones, dijo, basta percatarse que, desde que fue disuelta la Asamblea, ni siquiera una sola vez han acudido a la Fiscalía a presentar denuncias sobre el caso Flopec, que era la única causal aceptada para el juicio político. Esta realidad, que es presenciada por todo el país, demuestra que nunca hubo peculado, y que todo fue una excusa para destituir al presidente. Decreto por El Niño En otro ámbito, el ministro confirmó que el jefe de Estado alista un nuevo decreto-ley, con miras a afrontar los estragos que provoque el fenómeno de El Niño. Este documento sería enviado a la Corte Constitucional a más tardar en 15 días, y contempla, entre otros puntos, la posibilidad de incautar y utilizar la maquinaria pesada, incautada durante operativos contra la minería ilegal. Asimismo, el decreto establecerá dinámicas de cooperación con gobiernos seccionales, ajustes de presupuesto, etc. Apoyo extranjero para seguridad En materia de seguridad, Cucalón confirmó que Estados Unidos y otros países están brindando aporte a nuestras Fuerzas Armadas, en su lucha contra la inseguridad. Entre esa ayuda mencionó fusiles israelíes de última generación, tecnología, helicópteros y además 4,5 millones de municiones, que ya están en el país. Cucalón precisó que el narcotráfico es el principal factor de la violencia en Ecuador. No es delincuencia común, y por tanto no puede ser combatido de forma común, anotó. Prueba de ello es que, durante el presente régimen, los carteles de la droga han perdido 20.000 millones de dólares, gracias a las incautaciones en puertos y fronteras. Hablamos de 225 toneladas de alcaloide, decomisadas por año. El ministro subrayó que, de acuerdo a las mediciones, el 89% de las muertes violentas en Ecuador son resultado de “ajustes de cuentas” entre bandas, y que muchos de esos crímenes ocurren justamente después de algún decomiso. En cuanto a la Policía, precisó que durante el actual gobierno han ingresado 10.000 nuevos agentes, y que se esperan 5.000 adicionales hasta el 30 de noviembre. Su deseo es que el próximo gobierno incorpore otros 15.000 durante su mandato, de modo que la institución cuente con suficientes elementos en su lucha contra el crimen. No se suspenderá telefonía celular Por otra parte, el premier confirmó que no se suspenderá el servicio de telefonía celular en el país, como denuncian algunas personas en redes sociales. Cucalón dijo que, si bien la negociación del nuevo contrato se encuentra detenida, él puede garantizar que el servicio se mantendrá. La decisión de paralizar la renovación, dijo, buscar mejorar las condiciones, en especial para los usuarios. Hay muchos aspectos técnicos, como cobertura, inversiones y montos, que deben ser resueltos, y este gobierno lo hará, a pesar de que algunos candidatos se sientan con “derecho” de pedir, o incluso de exigir, que deje la decisión final para el futuro presidente. Finalmente, Cucalón ratificó que acompañará a Lasso en el viaje de la próxima semana a Bruselas, Bélgica, para asistir a la cumbre que reunirá a mandatarios de la Unión Europea (UE), y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El presidente aprovechará la ocasión, dijo, para gestionar ante la UE la exención de visa para los ecuatorianos, un tema que ya lleva 6 años, y que al parecer va por buen camino. La entrevista completa, a continuación:

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“Querían tomarse el poder para exonerar a Correa”, afirmó presidente Lasso en CNN

“El juicio político era un macabro plan, para tomarse el control de las instituciones del Estado”. Así lo señaló el presidente de la República, Guillermo Lasso, en entrevista con Ana María Cañizares, de la cadena de noticias CNN en Español. Lasso explicó que, ante semejante amenaza, optó por aplicar el artículo 148 de la Constitución, que le otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional, por grave crisis política y conmoción interna. El mandatario anotó que el objetivo del Parlamento, era “producir impunidad y visibilizar el retorno de un presidente, que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia, y que no quiere cumplir con la pena establecida de ocho años”. “Venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado”, agregó. Lasso negó que la “muerte cruzada” tuviera como fin, escapar del juicio político. Más aún porque nunca cometió el supuesto peculado, y porque pretendían destituirlo en base a un contrato suscrito durante el anterior gobierno, entre Flopec y Amazonas Tankers. El presidente lamentó que la belicosidad de la oposición, llegara al extremo de acusarlo de un delito que no existe en el Código Penal ecuatoriano, que es “peculado por omisión”. Como resultado, tomó la decisión de disolver un Parlamento de tan baja calidad, que no rebasaba el 4%. “Es una Asamblea que cayó en desprestigio, y censurada y cuestionada por la mayoría de la sociedad ecuatoriana”, anotó. Reduce su mandato El mandatario explicó que, al firmar el decreto, “he voluntariamente reducido mi programa de Gobierno, mi plan de gobierno, de dos años más, a probablemente cuatro o cinco meses, que dure todo el proceso hasta elegir un nuevo presidente, unos nuevos asambleístas, que van a durar exclusivamente lo que le resta a mi periodo de gobierno”. Lasso no precisó si se lanzará a la reelección, aunque dicha idea ronda dentro del Palacio de Carondelet.

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Asamblea ha violado la ley en el juicio político, según César Rohón

Para el ex parlamentario César Rohón, la actuación de la Asamblea Nacional, dentro del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, está cargada de ilegalidad. Lo más grave, según Rohón, es que llama al mandatario en base a una simple resolución, sin informe sustentado, lo cual viola la ley y la Constitución de la República. Por si fuera poco, el Parlamento eligió a sus autoridades internas el domingo pasado, y por ley, la siguiente sesión debía destinarse a la conformación de las comisiones permanentes. Sin embargo, se saltan ese paso, que no era posible, y pasan a la interpelación. Para el ex asambleísta, es evidente que el juicio político es un “toma y daca, una moneda de cambio”, en la cual se negocian las comisiones y demás prebendas, a cambio de votar por la destitución de Lasso. Rohón considera lamentable que los legisladores, llamados a defender la ley y constitución, la violenten de la forma más descarada. En su opinión, la oposición está presionando por garantizar los votos que permitan la censura del presidente, como actuaron en julio del año pasado, cuando intentaron cesarlo por “conmoción interna”, durante el paro indígena. Es por ello que el ex legislador, considera necesario dictar la “muerte cruzada”, pues si bien el juicio político es una herramienta constitucional, se violentaron todos los procesos. Pésima gestión de la Asamblea Rohón indicó que la actual Asamblea opera a espaldas del pueblo. Durante su gestión no ha construido nada, no ha realizado reformas políticas de importancia, y no ha servido a los intereses del país. Pese a la grave situación nacional, dijo, no lucha contra la pobreza ni la delincuencia, y más bien tiene como único objetivo tumbar al gobierno, alimentando la inestabilidad. Incluso, agregó, se podría dar el caso que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, apenas constate que tiene la mayoría necesaria, suspenda los debates para pasar a la votación, violentando, de nuevo, las leyes. También lamentó que la Corte Constitucional, teniendo las atribuciones, no hiciera seguimiento a su dictamen de admisibilidad, que fue manipulado por la Asamblea. Rohón advirtió que si Lasso es destituido, la Corte será cómplice de una violación constitucional. De ahí que, a su criterio, el jefe de Estado debe emitir el decreto de la “Muerte Cruzada”, antes que le jueguen sucio en el Parlamento.

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Ricardo Noboa exhorta a Corte Constitucional a detener juicio político

La Corte Constitucional debería reunirse, y revocar el dictamen de admisibilidad del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Así se pronunció el ex candidato presidencial y ex legislador, Ricardo Noboa, entrevistado por los micrófonos de “Punto de Orden”. Noboa precisó que, así como jueces de otros estratos tienen la facultad de revocar sus decisiones, si reconocen que cometieron un error, los jueces constitucionales deberían hacer otro tanto, y detener un proceso plagado de errores. El simple hecho de quedar demostrado, dijo, que el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers no fue firmado en el actual gobierno, y por tanto no existió el presunto peculado que denuncia la Asamblea, debería ser argumento suficiente para que la Corte Constitucional rectifique, y retire su permiso a la interpelación. Noboa anotó que para ello se requiere tan solo un “meca culpa”, dejar de lado el orgullo, y reconocer un error. Asimismo, consideró que la Corte tampoco debería intervenir en el evento que el presidente dice la “muerte cruzada”, pues no caben controles sobre sus facultades, y más aún cuando están claramente señaladas por la Constitución. El analista advirtió que, difícilmente, una nueva Asamblea será peor que la actual. El único problema de la “muerte cruzada” sería la permanente amenaza de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, quien tiene un permanente afán de desestabilización. CPCCS no sirve Por otra parte, el analista advirtió que, salvo sorpresa gigantesca, no espera nada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que nombró a Alembert Vera como su nuevo presidente. A su criterio, el CPCCS debió ser eliminada, no es útil, y solo sirve para fines de una línea política autocrática, que busca la manipulación para controlar todas las funciones del Estado. Para Noboa, dicho organismo debió desaparecer, pues si el correísmo llega al poder, lo usará para nombrar autoridades de control y volver a los abusos del pasado.

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Decenas de personas se concentran en el parque El Arbolito en apoyo a Guillermo Lasso

El Comercio .- Decenas de personas se congregan desde las 6:30 de este 16 de mayo del 2023 en el parque El Arbolito, centro de Quito, en apoyo al presidente Guillermo Lasso quien enfrenta hoy el proceso de juicio político. Varios de los ciudadanos llegaron en buses y comenzaron a concentrarse en este emblemático parque de Quito. Otros llegaron con banderas del movimiento Creo, del cual forma parte Lasso.   En el medio del parque se colocó una pantalla gigante para seguir el juicio político.   Debido a la concentración de personas la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indica que en las calles aledañas hay tráfico lento. Hay cierre viales en: Av. 6 de Diciembre y Tarqui Av. 12 de Octubre y Juan Montalvo Calle Yaguachi y Gran Colombia Asimismo los ingresos a la calle Juan Montalvo y Yaguachi; y av. 12 de Octubre y Juan Montalvo se encuentran vallados al tránsito vehicular. Estas calles dan ingreso a la Asamblea Nacional. En el transcurso del día se prevé que otro grupo de personas afines a la Conaie y otras organizaciones sociales también lleguen al parque El Arbolito para manifestarse en contra de Lasso. El presidente Lasso enfrenta desde las 10:00 de este martes un juicio político que puede terminar en su censura y destitución. Se prevé que el Mandatario llegue a la Asamblea entre las 11:00 y 12:00 para defenderse de las acusasiones. A su llegada, las inmediaciones del Parlamento quedarán custodiadas por los militares. En la víspera se conoció que Lasso ya tiene listo el decreto de la muerte cruzada y que su activación dependerá de él.

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Asambleísta Vanegas, en contra de la «muerte cruzada»

Para el asambleísta Ricardo Vanegas, los 96 votos alcanzados por Virgilio Saquicela, para ser reelecto como presidente del Parlamento, difícilmente se repetirán durante el juicio político del presidente Guillermo Lasso. Vanegas recordó que cada elección es diferente, y que no es lo mismo la repartición de dignidades, que la censura de un jefe de Estado. Al legislador le llamó la atención que Yeseña Guamaní, a quien la alianza correísta-social cristiana destituyó como vicepresidenta del Parlamento tiempo atrás, se uniera a esa misma mayoría para recibir un puesto en el CAL. Eso demuestra, dijo, que muchos legisladores están más preocupados de obtener viajes, oficinas y comisiones, que de la real situación del país. En el caso del juicio político, para Vanegas está claro que a la oposición no le importa si Lasso es culpable o no, pues practica la teoría de que “el fin justifica los medios”. Y más aún cuando el supuesto peculado, del cual se acusa al presidente, no tiene prueba alguna. Asimismo, anticipó que, durante la interpelación, difícilmente alguno de los parlamentarios que pida la palabra, intentará aportar jurídica o constitucionalmente al debate. A su criterio, será una pérdida de tiempo. También hizo notar que el social cristiano Esteban Torres, quien primero dijo que “no se podía hacer cargo de los desastres”, refiriéndose al mal manejo del juicio político, ahora es uno de los interpelantes. Una muestra más de que el correísmo se “tragó” al PSC. Muerte cruzada no es conveniente Vanegas no está a favor de una eventual “muerte cruzada”. A su juicio, el presidente tiene el deber de fortalecer la democracia, y esa medida no ayudaría. El legislador comentó que solo hay dos posibles escenarios: la censura y destitución de Lasso, y su absolución. En caso de salir victorioso el mandatario, la oposición sufriría una grave pérdida, pues ya no tendría más caminos para quitarlo del poder. De ahí que exhortó al mandatario a enfrentar a los acusadores, y demostrarles, una vez más, que no ha cometido peculado.

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El martes 16 de mayo arranca el juicio político al presidente Lasso

Primicias .- El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para dar inicio al proceso en contra del Primer Mandatario. Los pasos del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, avanzan. El 14 de mayo, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para dar inicio al proceso en contra del Primer Mandatario. El Pleno se reunirá en la sede del poder legislativo, a las 10:00. El orden del día solamente tiene dos puntos. Primero, el Himno Nacional. Y, segundo, el inicio del juicio político. La convocatoria se realizó antes de la sesión del 14 de mayo, en que la Asamblea Nacional renueva sus autoridades. Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker, y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado. El proceso del juicio El día del juicio, los asambleístas interpelantes tendrán dos horas para la acusación, que debe llevarse sobre la base de las pruebas solicitadas y actuadas en la Comisión de Fiscalización. A continuación, Lasso tendrá hasta tres horas para sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional, sobre las acusaciones imputadas en su contra, igualmente sobre la base en de las pruebas solicitadas y actuadas. Al final de esto, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención del Presidente, deberá retirarse del Pleno y empezará el debate en la Asamblea. Podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por un tiempo máximo de 10 minutos, sin derecho a réplica. Por esta razón, Saquicela espera que el juicio político dure más de un día. En el plazo de cinco días de concluido el debate, Saquicela debe convocar a la sesión del Pleno a fin para resolver el juicio político, ya sin debate, con base en las pruebas de descargo. Para la aprobación de la moción de censura, se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada, es decir, al menos 92 votos.

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