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Ecuador: julio 24, 2024

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Ecuador, julio 24, 2024
Ecuador Continental: 13:32
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Coca-Cola pierde un nuevo asalto de su multimillonaria batalla fiscal en Estados Unidos

El País .- La compañía recurrirá la sentencia adversa en un pleito cuyo impacto potencial supera los 14.000 millones de dólares La multinacional estadounidense Coca-Cola ha sufrido un serio revés en la multimillonaria batalla fiscal que afronta contra la agencia tributaria estadounidense (el IRS, por sus siglas en inglés). El Tribunal Fiscal de Estados Unidos ha dictado este miércoles un dictamen, publicado en su página web, en el que da la razón al fisco en un caso clave. Forma parte de una disputa en la que la compañía se juega más de 14.000 millones de dólares (13.100 millones de euros), según sus propias estimaciones, de los que tendrá que pagar unos 5.600 millones a corto plazo. Coca-Cola ha anunciado que recurrirá. El nuevo fallo es complementario de otro dictado en 2020. Ambos van referidos a los precios de transferencia o la forma en que Coca-Cola asignaba los beneficios a diferentes filiales. En opinión de las autoridades, Coca-Cola trasladaba resultados en exceso a jurisdicciones extranjeras para evitar hacer frente a unos impuestos estadounidenses más altos. El IRS rechazó esa ingeniería fiscal y efectuó ajustes en las declaraciones fiscales, que la compañía recurrió. El mismo juez que ha dictado el nuevo fallo le dio la razón a la agencia tributaria en su dictamen de 2020, de 244 páginas. En aquel momento, el Tribunal Fiscal se reservó el pronunciamiento sobre el efecto de las restricciones legales brasileñas al pago de cánones por parte del licenciatario de Coca-Cola en Brasil hasta después de que se aclarase un caso parecido sobre el conglomerado 3M, que se resolvió a principios de año. Ahora, el juez ha dictado su dictamen complementario sobre Brasil en que también da la razón al IRS y admite de forma íntegra el ajuste hecho por los inspectores a la declaración de impuestos de la empresa de los años 2007 a 2009. Después de emitido el nuevo fallo, Coca-Cola y la agencia tributaria disponen de tiempo para llegar a un acuerdo sobre el impacto fiscal de ambos dictámenes, tras lo cual el Tribunal Fiscal emitirá su resolución final sobre el caso. La empresa dispondrá entonces de 90 días para presentar un recurso ante el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito y pagar la deuda tributaria y los intereses correspondientes a los ejercicios 2007 a 2009. La reclamación inicial era de 3.300 millones de dólares más intereses por esos tres ejercicios. Coca-Cola ha revisado recientemente su estimación y en su último informe trimestral registrado ante la Comisión de valores y Bolsa calcula que el pago que deberá efectuarse en ese momento por los ejercicios de 2007 a 2009, ascendería aproximadamente a 5.600 millones de dólares, incluidos los intereses hasta el 29 de septiembre de 2023, más los intereses adicionales devengados hasta el momento del pago. Una parte o la totalidad de este importe se reembolsaría si la empresa ganara el recurso. Además, si se extrapola la nueva interpretación fiscal a los ejercicios posteriores, “la compañía estima que el pasivo potencial incremental de impuestos e intereses podría ser de aproximadamente 14.000 millones de dólares a 31 de diciembre de 2022″, una cifra que habría que actualizar con los intereses adicionales hasta el momento de los pagos. Y el nuevo criterio fiscal tendría un impacto permanente sobre sus cuentas. La compañía estima que el impacto de la aplicación continuada de esa metodología habría supuesto unos 1.200 millones de dólares más en los primeros nueve meses del año. Para ejercicios futuros supondría un aumento del tipo impositivo efectivo de aproximadamente un 3,5%, según su último informe trimestral. Es un impacto muy grande como para no pelearlo hasta el final, así que si el tribunal de apelaciones no le da la razón, lo más probable es que la compañía intentase llegar hasta el Supremo, como da entender el hecho de que alegue que el ajuste tributario es inconstitucional. “The Coca-Cola Company no está de acuerdo con las acciones del IRS y la última decisión del Tribunal Fiscal de Estados Unidos”, ha dicho la empresa en un comunicado. “Aunque no estamos de acuerdo con la interpretación del tribunal de los hechos y la ley en este caso, nos complace acercarnos a una resolución final del caso del Tribunal Fiscal para que podamos presentar una apelación, donde podemos hacer valer nuestras reclamaciones y defender enérgicamente la posición de la empresa. Esto incluye nuestra creencia de que es inconstitucional hacer frente a una responsabilidad fiscal retroactiva basada en el uso por parte del IRS de una metodología de cálculo que era diferente de la que se acordó y aprobó hace tiempo en las inspecciones durante más de una década”, añade. Curiosamente, en su defensa la compañía alegaba un viejo precedente de un caso de la multinacional Procter & Gamble en relación con los pagos por derechos de su filial española. El juez rechaza que ambos supuestos sean comparables y considera que Coca-Cola no ha aportado pruebas que sostengan sus argumentos. La multinacional estadounidense tuvo también problemas en España por los precios de transferencia y Hacienda levantó diversas actas a la compañía reclamando cantidades millonarias. La empresa pagó en 2013 más de 40 millones por sus discrepancias en el impuesto de sociedades.

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Dos miembros de la Armada fueron vinculados a caso de narcotráfico

El Universo .- Ascienden a diez los procesados en este caso que inició en julio, con la detención de seis personas en un operativo ejecutado en Guayaquil, Durán y Esmeraldas. Un juez de Guayaquil acogió el pedido de la Fiscalía y vinculó a cuatro personas más, entre ellas integrantes de la Armada del Ecuador, dentro de un caso por el presunto delito de delincuencia organizada con fines para el narcotráfico. Este caso se inició el pasado 26 de julio, con la detención de seis personas en un operativo realizado en Guayaquil, Daule y Esmeraldas. Con los cuatro involucrados, el caso reúne a diez sospechosos. Agentes detuvieron a sies personas e incautaron 68.000 dólares, celulares y documentación relativa al caso. Según la Fiscalía, los agentes habrían participado utilizando vehículos institucionales para el traslado de la droga en las diferentes rutas internas del país. El fiscal del caso en la audiencia de vinculación presentó varios elementos de convicción que corroboran la participación de los nuevos detenidos en este caso. Esto son los informes investigativos y de detención de los agentes, explotación y extracción de información de los equipos celulares de los aprehendidos, documentación relacionada con el caso. Además, pericias químicas que detallan las sustancias sujetas a fiscalización incautadas en operativos anteriores (cocaína). También, seguimientos y vigilancia de los ahora procesados y la cadena de custodia de los indicios encontrados en los operativos. Estas pruebas fueron acogidas por el juez y procedió a vincular al caso a los ciudadanos Steven V., Édison Z., Jonathan G. y Tyrone L. (los dos últimos integrantes de la Armada del Ecuador). Se dictó la prisión preventiva a los tres primeros y como medida cautelar a Tyrone L. se le impuso prohibición de salida del país y presentación periódica dos veces por semana ante la Fiscalía.

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Caso Villavicencio: plan de recompensas genera información que podría servir para esclarecer el asesinato en el que se usaron sicarios

El Universo .- El candidato presidencial de la alianza Construye-Gente Buena Fernando Villavicencio fue asesinado al final de un mitin político en Quito. Pese a que la instrucción fiscal por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ya cerró y se está a la espera que se fije una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra seis procesados que serían parte de los autores materiales, las investigaciones para dar con los autores intelectuales avanzan y se nutren de varias fuentes, una de ellas, información que estaría llegando desde el plan de recompensas que dirige la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La semana pasada, días después de que el Gobierno presentó un plan de recompensas, el cual contaría con el apoyo financiero del Comando Sur de Estados Unidos, para combatir delitos relacionados con el crimen transnacional, el terrorismo y delitos contra la administración pública en Ecuador, el minstro del Interior, Juan Zapata, informaba que de las 32 llamadas ciudadana recibidas en el call centrer, a través de la línea telefónica 131, del sistema de recompensas, al menos 25 proporcionaron datos sobre el asesinato al estilo sicariato ocurrido el 9 de agosto pasado contra Villavicencio. Casi una semana después, la cifra se ubica en 31 llamadas y además se incorporan 31 correos electrónicos que contendrían aparentemente información relacionada con el caso Villavicencio. El call center opera de forma ininterrumpida y está a cargo de analistas de la Policía y las Fuerzas Armadas, quienes recibieron una capacitación de un año para calificar la autenticidad de la información que se entrega. La línea 131 es gratuita. Más allá de que las pistas que entrega la ciudadanía se hacen dentro de un proceso bajo reserva, que incluso cuenta con el registro de un código para quien llama y no de datos personales del denunciante, la información debe pasar rigurosos estándares de verificación antes de ser integrada a la investigación en curso. El 8 de octubre pasado, un día después del cierre de los 60 días de instrucción fiscal abierta para investigar el asesinato del periodista de 59 años, hecho ocurrido en Quito al final de un mitin político, la Fiscalía informaba de la recepción del testimonio anticipado de una persona que, bajo juramento, narró, entre otras cosas, detalles de los preparativos y montos ofrecidos por los supuestos autores intelectuales y señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen ocurrido dos semanas antes de la votación presidencial de primera vuelta. Con esa información, además de otros elementos obtenidos durante la instrucción fiscal que cerró, la Fiscalía informó que iniciará una investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. Es decir, la información que estaría ingresando mediante el call center del sistema de recompensas, luego de ser verificada su idoneidad, ingresaría a esta segunda parte de la investigación del crimen de quien además de candidato a la presidencia fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la cesada Asamblea Nacional. Un agente de inteligencia policial consultado explica que es vital que la información que ingresa por la vía del plan de recompensas o cualquier otra vía sea verificada a fondo para que así tenga la menor posibilidad de que no sea eficaz para la investigación, no haga perder el tiempo a los analistas y tampoco pueda ser una pista falsa que enrede la indagación El ministro Juan Zapata ha referido que cuando la información no es calificada, la llamada y lo que han dicho se desecha. Lo que ocurriría desde lo práctico dentro del sistema es calificar la fuente, la información y pasa a un segundo filtro, en el que se determinaría el monto a cancelar por la información. No se han detallado el valor de las recompensas, pero se ha aclarado que quien cuantificará el valor a entregar serán funcionarios del Comando Sur de Estados Unidos. Dentro del proceso penal por asesinato continúa ingresando información respecto a pericias dispuestas dentro de los 60 días de instrucción fiscal. Luego del fallecimiento de siete de los sospechosos en dos cárceles en que se encontraban, la causa continúa únicamente contra Laura C., Carlos A., Erick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch. y Óscar F. Por seguridad, los seis fueron trasladados a centros de privación de la libertad (CPL) ubicados en Quito y mantienen fuertes operativos de vigilancia dentro y fuera de estos centros. El miércoles último, Carlos A. desistió de su pedido de apelar la orden de prisión preventiva que se le dispuso el 8 de septiembre pasado, día en que fue vinculado al proceso por asesinato. Al ecuatoriano que estaría relacionado con el grupo delictivo Los Lobos, la Fiscalía lo involucra con la orden para ejecutar el asesinato del presidenciable, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono que mantenía cuando estaba en el CPL de Cotopaxi. Hace pocos días, a Carlos A. se le negó un habeas corpus que solicitaba para ser cambiado, por seguridad, a un CPL de Cotopaxi o Azuay, donde en mayoría están personas que integran la banda delictiva de la que supuestamente es parte.

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Caso Sinohydro: conjuez no da paso a solicitud del expresidente Lenín Moreno y se abre la posibilidad de una orden de prisión preventiva

El Universo .- Por temas de salud, la defensa del expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, solicitó que se les permita presentar en la CNJ por vía telemática. Pese a que el expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, fundamentaron su pedido para que por esta única ocasión, por cuestiones de salud, les permitan cumplir su presentación periódica por vía telemática y no de forma presencial en la Corte Nacional, el conjuez Bayardo Espinosa ratificó lo que decidió en su momento y dispuso que ambos cumplan con las “presentaciones en el lugar y en la forma que se ordenó en la audiencia de medidas cautelares de 5 junio de 2023 y auto de fecha 27 de junio de 2023″. Moreno y González debían cumplir cada cuatro meses su presentación periódica en la sede de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, mientras que las tres primeras presentaciones mensuales las debían hacer en la Embajada de Ecuador en Asunción, Paraguay. Estas medidas cautelares fueron dispuestas en una audiencia de cambio de medidas cautelares, dada a inicios de junio pasado, dentro del denominado caso Sinohydro, en el que se investiga el delito de cohecho. David Meza, abogado de Moreno y su esposa, Rocío González, presentó ante Espinosa documentación médica que confirmaba que el expresidente se encuentra convaleciente y en reposo de 20 días, desde el 29 de septiembre pasado, por un diagnóstico de “prostatitis aguda, hiperplasia prostática, infección urinaria y hematuria de origen a determinar”. Se explicó, además, que González es la única persona que cuida la salud de Moreno, quien tiene más de 65 años y el 80 % de discapacidad. Este cuadro médico, señala la solicitud, imposibilitaba que puedan viajar a Ecuador los dos procesados. ”De manera especial y por esta única razón solicito se nos permita realizar la presentación en forma telemática, dado que existen otros procesados a los que se ha permitido realizar presentaciones periódicas de esta manera ante la secretaría de la CNJ o si usted considera, señor juez, en la Embajada o sede diplomática ecuatoriana en la ciudad de Asunción, en Paraguay”. El 5 de junio pasado, Espinosa no acogió el pedido de prisión preventiva solicitado contra Moreno y González propuesto por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y en su lugar decidió que ambos se presenten los últimos diez días de cada mes en la delegación diplomática de Ecuador en Asunción, en Paraguay, y cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional en Quito. Al inicio de la instrucción fiscal, el exmandatario ecuatoriano y su pareja recibieron la medida cautelar de presentación periódica cada quince días en la Corte Nacional, en Quito. Ninguno de los dos cumplió con esa disposición legal, pues Moreno y su esposa vivían desde el 2022 en Paraguay, país en el que el expresidente ocupa un cargo ad honorem en la Organización de Estados Americanos (OEA). La Fiscalía investiga en este caso un cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, obra emblemática del correísmo. Aunque fueron investigadas 40 personas durante los 120 días de instrucción fiscal, la cual se cerró el 14 de julio pasado, la fiscal general, Diana Salazar, anunció que presentará un dictamen acusatorio solo contra 25 procesados. QUITO (02-03-2023).- En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se realizó la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro. El expresidente Lenín Moreno (en la pantalla) y la fiscal Diana Salazar. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda Para Salazar, los acusados habrían formado parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohydro con la adjudicación del contrato para construir Coca Codo Sinclair y por lo que a cambio habrían recibido $ 76 millones en coimas. Quienes están en la lista de acusados son el exmandatario Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y una cuñada. También el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatriz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño Herdoíza), Priscila Burneo y Xavier Macías Carmigniani, nieta y yerno de Conto Patiño, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal Sinohydro, entre quienes está el exembajador de China Cai Runguo. En la providencia de Espinosa se precisa que la sustitución, suspensión, revisión, revocatoria de medidas cautelares tiene un procedimiento regulado en los artículos 520 y 521 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que exige que el juzgador resuelva de “manera motivada, en audiencia oral, pública y contradictoria”, las solicitudes de sustitución, suspensión, revisión o revocatoria de medidas cautelares. El magistrado recuerda que en el escrito se solicita que por esta única ocasión se les permita realizar la presentación en forma telemática, sin considerar, anota, que las decisiones y resoluciones tomadas por el juez son de acatamiento obligatorio y no pueden ser modificadas al margen del procedimiento establecido en la normativa legal. “De ahí que la petición de cambiar la medida cautelar, aunque sea por una sola vez, se torna en improcedente e ilegal por atentar contra los principios procesales que rigen la materia penal”. Sin embargo, reconoce el conjuez Espinosa, en el caso debe analizarse el certificado médico expedido por el médico urólogo, que ha sido validado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual da fe de la imposibilidad física de la presentación en la Sala de lo Penal de la CNJ, desde el 29 de septiembre de 2023, y aclara que de modo alguno esta circunstancia puede constituir un sustento para modificar o revisar la medida dictada por el juez; pero, acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, este documento sí justifica el hecho de que Moreno y González no pudieron presentarse en la Corte Nacional en el mes de septiembre pasado, en razón de cumplirse los elementos que configuran el caso fortuito. Según su abogado defensor, Moreno y González han cumplido con normalidad estas primeras tres presentaciones en la Embajada de Ecuador en Paraguay. Pese a ello, este incumplimiento de medida

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Niegan cambio de prisión a sospechoso del crimen de Fernando Villavicencio

El Universo .- Una jueza de Pichincha rechazó el recursos de habeas corpus que interpuso Carlos A., quien habría coordinado el asesinato desde la cárcel. Una jueza de Pichincha negó este miércoles 18 de octubre el recurso de habeas corpus que interpuso el detenido Carlos A., procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio, con el que buscaba ser trasladado de la Cárcel 4, en Quito, al centro de rehabilitación de Cotopaxi o al de Turi (Azuay). El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que el pedido de la defensa fue rechazado una vez que la institución “demostró haber ejecutado todas las acciones tendiente a precautelar la integridad y la vida del beneficiario”. Con ello, la jueza concluyó que no se han vulnerado los derechos constitucionales del procesado, así que no dio paso al traslado de centro de rehabilitación. La audiencia inició el martes 17, de manera telemática. La defensa del sospechoso argumentó que el detenido temía por su vida dentro de la cárcel 4. La diligencia se suspendió, pero se retomó el miércoles. En entrevistas recientes, el coronel Fausto Cobo, director del SNAI, comentó que el interés del procesado habría sido reunirse con la banda de Los Lobos, a la que pertenecería. De acuerdo con las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, Carlos A. habría coordinado el asesinato al excandidato presidencial, mientras se encontraba recluido en la cárcel de El Inca, en la capital. En su teléfono celular se habrían hallado comunicaciones que apuntarían a su presunta participación en el crimen, el cual ocurrió el 9 de agosto.

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Por fraude procesal y alteración de evidencias procesan a dos aprehendidos en Palma Roja durante proceso electoral del domingo 15

El Universo .- El fiscal de caso indicó que Juan B. P., secretario de la mesa electoral, habría ingresado 14 papeletas en la urna, 13 de ellas en favor de una candidatura. Juan B. P. y Jorge A. A. son procesados por fraude electoral y alteración de evidencias y elementos de prueba, respectivamente. Los dos integraban una junta receptora del voto (JRV) instalada en la Unidad Educativa Básica Abdón Calderón, durante las elecciones presidenciales de este domingo 15 de octubre. Esto, en la parroquia rural Palma Roja, cantón Putumayo, en la Amazonía. La Fiscalía presentó cargos en audiencias por separado, aunque su aprehensión tuvo relación con los mismos hechos. En una de las diligencias, el fiscal a cargo de procesarlos dijo que Juan B. P., quien era secretario de la mesa electoral, habría ingresado 14 papeletas en la urna, 13 de ellas con el voto consignado a favor de una candidatura y la otra en blanco. De esto, dijo el fiscal, se percató la coordinadora del recinto electoral quien, a su vez, alertó a un militar asignado al lugar. El uniformado comunicó esta novedad a un policía, funcionario que al llegar a la mesa receptora del voto encontró las papeletas partidas por la mitad. El presidente de mesa, Jorge A. A., dijo que él las destruyó por disposición de una coordinadora del recinto electoral, quien le habría explicado que ese es el procedimiento que se sigue en esos casos. Por tal situación los dos fueron aprehendidos, pues habrían incurrido en el delito de alteración de evidencias y elementos de prueba. A Juan B.P. el juez le dispuso presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país. La instrucción fiscal en esta causa tiene un plazo de 30 días. En cuanto a Jorge A. A., su causa se resolverá a través de un procedimiento directo, con una instrucción fiscal de 20 días. La audiencia de juicio se llevará a cabo el 6 de noviembre, a las 11:00. El juez le dictó presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país. 

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Caso Sinohydro: situación médica hace que el expresidente Lenín Moreno y su esposa incumplan nuevamente medida cautelar

El Universo .- Aunque fueron investigadas por el delito de cohecho 40 personas, la Fiscalía anunció que presentará un dictamen acusatorio solo contra 25 de los procesados. Cuestiones de salud terminaron impidiendo que el expresidente Lenín Moreno se presente físicamente en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el 10 de octubre pasado, como parte de la medida cautelar impuesta contra él dentro del proceso penal por el delito de cohecho, dentro del denominado caso Sinohydro. En esta causa la Fiscalía ha anunciado que acusará a 25 personas, mientras que emitió un dictamen abstentivo a favor de 15. David Meza, abogado de Moreno y su esposa, Rocío González, una semana antes ya había adelantado que el viaje a Quito, Ecuador, desde Asunción, Paraguay, dependía de una última evaluación médica. Justamente, el día que debía darse la presentación, esa defensa ingresó un documento haciendo saber de un cuadro médico relacionado con la próstata y vías urinarias del exmandatario, el cual le impedía hacer un viaje aéreo. En lugar de la presentación física, la defensa de Moreno solicitó que por esta ocasión, y por cuestiones de salud, la diligencia se realice por vía telemática. El planteamiento puesto en manos del conjuez de la Corte Nacional Bayardo Espinosa se lo hace debido a que dentro de las 25 personas que recibirán un dictamen acusatorio de la Fiscalía hay una procesada de la tercera edad que estaría presentándose vía Zoom. El 5 de junio pasado, el magistrado que está a cargo del caso Sinohydro no acogió el pedido de prisión preventiva solicitado contra Moreno y González propuesto por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y en su lugar decidió que ambos se presenten los primeros diez días de cada mes en la delegación diplomática de Ecuador en Asunción, en Paraguay, y cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito. El exmandatario ecuatoriano y su pareja inicialmente, el 5 de marzo pasado, recibieron la medida cautelar de presentación periódica cada quince días en la Corte Nacional, en Quito. Ninguno de los dos cumplió con esa disposición legal. Moreno y su esposa viven desde el 2022 en Paraguay, país en el que Moreno ocupa un cargo ad honorem en la Organización de Estados Americanos (OEA). Moreno y González han cumplido con normalidad estas primeras tres presentaciones en la Embajada de Ecuador en Paraguay, pero este incumplimiento abre la puerta a que la Fiscalía solicite una audiencia para revisar las medidas cautelares que pesan sobre ellos, es decir, podría pedir que se active la orden de prisión preventiva que en algún punto del proceso ya se ordenó. Meza reconoce que la consecuencia jurídica de la no presentación es que la Fiscalía solicite la prisión preventiva de ambos. Pese a ello, piensa que la información médica entregada deberá ser tomada en cuenta porque no es una condición que la están inventando en este momento, ya que es de conocimiento público no solo la discapacidad del 80 % de Lenín Moreno, sino otras circunstancias médicas y operativas para movilizarse. De darse un pedido de prisión preventiva para Moreno y su esposa, adelantó el abogado que ellos presentaron su oposición explicando las condiciones particulares del exmandatario. Aunque tiene claro que esa es una decisión que está en manos del conjuez Espinosa, Meza explica que más allá del tema político y mediático, de lo que se debe hablar es de la salud de un ser humano. La Fiscalía investigó en este caso un cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, obra emblemática del gobierno de Rafael Correa. Aunque fueron investigadas 40 personas durante los 120 días de instrucción fiscal, la cual se cerró el 14 de julio pasado, la fiscal general, Diana Salazar, anunció que presentará un dictamen acusatorio solo contra 25 procesados, quienes habrían formado parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohydro con la adjudicación del contrato para construir Coca Codo Sinclair y por lo que a cambio habrían recibido $ 76 millones en coimas. Quienes están en la lista de acusados son el exmandatario Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y una cuñada. También el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatriz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño Herdoíza), Priscila Burneo y Xavier Macías Carmigniani, nieta y yerno de Conto Patiño, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal Sinohydro, entre quienes está el exembajador de China Cai Runguo. Aún no se conoce cuál será la decisión del conjuez de la Corte Nacional o de la fiscal Diana Salazar ante la situación de Moreno y su esposa generada por un tema de salud

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La muerte de siete procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio generará la extinción de la acción penal en tres causas

El Universo .- Por el asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio están aún siendo procesadas seis personas. Con la muerte de los colombianos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon R. y el ecuatoriano José M. en los procesos penales en los que eran investigados por delitos como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tráfico de drogas a gran escala y delincuencia organizada, se deberá declarar la extinción del ejercicio de la acción penal. Los siete fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil (seis extranjeros), y en el Centro de Privación de la Libertad de El Inca, en Quito (un ecuatoriano), entre el viernes 6 y el sábado siete de octubre pasados. Los asesinados eran parte de la instrucción fiscal que cerró el 7 de este mes, luego de cumplirse los 60 días de esta etapa abierta el 10 de agosto pasado, un día después de que fue asesinado al estilo sicariato el presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye. Villavicencio fue atacado pasadas las 18:30 del 9 de agosto último, en momentos que salía de un mitin político realizado en un coliseo ubicado en el norte de Quito. Los seis colombianos fueron parte del primer grupo de detenidos en este caso, mientras que José M. fue una de las siete detenciones producidas un mes después de iniciado el proceso que investiga a quienes participaron directa e indirectamente en el asesinato de Villavicencio. Concretado el fallecimiento de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon R. y José M., por el delito de asesinato, lo que resta es que los certificados de defunción sean ingresados en el proceso para que formalmente se concrete lo que en el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se define como extinción del ejercicio de la acción penal. Dentro de las cinco circunstancias que prevé el COIP para que se dé la extinción de la acción penal, en la número cuatro se especifica que el ejercicio de la acción penal se extinguirá por la muerte de la persona procesada. Entre otras de las circunstancias establecidas están la amnistía, la remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima, desistimiento o transacción, en los delitos que procede el ejercicio privado de la acción, una vez que se cumpla de manera íntegra con los mecanismos alternativos de solución de conflictos al proceso penal y la prescripción. La causa por asesinato continuará únicamente contra quienes siguen con vida, es decir, Laura C., Carlos A., Érick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch. y Óscar F., todos detenidos el 8 de septiembre pasado y vinculados horas después. Luego del asesinato, por seguridad, los seis restantes sospechosos fueron trasladados a CPL en Quito y mantienen fuertes operativos de vigilancia dentro y fuera de estos centros. El proceso penal que será afectado enteramente es el que se les abrió a Andrés M., Neider L., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. por el delito de tráfico de drogas a gran escala. Esta causa se abrió en paralelo al caso por el asesinato de Villavicencio, pues en los allanamientos realizados para detenerlos en Monjas, La Argelia, San Bartolo, La Ecuatoriana y Guamaní, ubicados en el sur de la capital, se encontró en su poder cierta cantidad de droga que ameritaba ser procesada bajo el artículo 220 numeral 1, literal d, del COIP: tráfico a gran escala. Una vez que se cerraron los 30 días de instrucción fiscal, el juez de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, tres días antes de que se conozca el asesinato de los seis extranjeros procesados, definió que el 8 de noviembre próximo debía instalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La diligencia ya no se dará y el proceso deberá archivarse al no existir persona alguna a la que haya que imputar un hecho delictivo. La causa que se quedará sin los procesados Camilo R., Adey G. y Jules C. es en la que se les iba a acusar, junto con Byron G. y Luis P., del delito de delincuencia organizada. La carátula de la causa penal se abrió el 19 de septiembre pasado, cuando los colombianos estaban cumpliendo la orden de prisión preventiva y eran procesados por asesinar a Villavicencio. Por pedido de la Fiscalía, la audiencia para la formulación de cargos en este último caso fue definida para el 23 de octubre próximo, a las 09:00. Tras la muerte de los tres colombianos, el procesamiento solo irá en contra de Byron G. y Luis P.

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A cuatro meses del sobreseimiento de los 18 procesados por peculado en el caso Dhruv, un tribunal de la Corte Nacional convoca a audiencia de apelación

El Universo .- El 19 de junio pasado, el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, emitió un sobreseimiento que favoreció a 18 personas procesadas por el delito de peculado. El próximo martes 10 de octubre, desde las 10:00, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Byron Guillén, conocerán en audiencia la apelación interpuesta por la fiscal general Diana Salazar y la Procuraduría General del Estado contra el sobreseimiento decidido a favor de 18 personas acusadas de un peculado ocurrido en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv por parte del Estado ecuatoriano y la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India. La apelación por parte de Fiscalía se la hizo de forma oral y lo ratificó de manera escrita, de la misma manera que lo hizo la Procuraduría, después de la decisión adoptada por el juez nacional Luis Rivera, el 19 de junio pasado, durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Dhruv. Esta reinstalación demoró casi once meses en concretarse, pese a que lo único que restaba era conocer la decisión de Rivera de si llamaba o no a juicio. La fiscal Salazar no estuvo de acuerdo con la resolución y el mismo día de la audiencia anunció oralmente su apelación al auto de sobreseimiento. Dijo que existían los “suficientes elementos” para sustentar la acusación oficial de que en el caso existe el delito de peculado, así como la participación de todos quienes en su momento recibieron un dictamen acusatorio de Fiscalía. Pero Rivera tuvo un análisis distante al de la líder de la Fiscalía. Desde la perspectiva del juez nacional dentro de la audiencia no se evidenció que existen los elementos del tipo penal de peculado. “Las actuaciones -o si se quiere llamar conductas- no caen en la esfera de lo penal, por lo tanto no hay dolo. A lo cual se suma el siguiente elemento decidor que es el perjuicio económico, factor que en el presente caso tampoco se ha evidenciado”, explicó en su sentencia oral el juez nacional. El magistrado de la Corte Nacional resaltó en su decisión que la contratación de los siete helicópteros Dhruv se realizó por $45 millones, que las siete aeronaves fueron aseguradas y si bien hubo 4 aeronaves accidentadas, respecto de ellas la compañía de seguros canceló el Estado Ecuatoriano aproximadamente $ 53 millones. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) asesinado en diciembre de 2010 y quien fue uno de los principales opositores a la compra de los helicópteros Dhruv, denuncia que ha pasado el máximo de tiempo de 60 días que existente en la norma para resolver el recurso y podría ser archivado definitivamente el caso. Aparentemente ese sería el fundamento de los investigados para pedir que se deseche la apelación y se confirme el sobreseimiento inicial. “Con esa argucia dirán que el caso quedó ahí y no pasó nada. Es lamentable que esto nunca vaya a llegar a la verdad, principalmente por todas las personas que están de detrás, por todo lo que hay detrás del caso Gabela (investigación del asesianato del general Jorge Gabela). (…) Es duro saber cómo actúa la justicia. Yo no tengo confianza en la justicia y mucho menos ahora”, anotó Ochoa. Dos exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, hacen parte de la lista de sobreseídos y que en su momento fueron acusados de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en 2008 en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C.A. También fueron beneficiados con el sobreseimiento Juan Cortéz, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la FAE, Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez; el exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres Generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp), Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre, Francisco Torres. Durante estos cuatro meses que han pasado, las medidas cautelares dispuestas sobre los 18 investigados han ido desapareciendo una a una, pues fue orden del juez Rivera que se levanten todas las medidas cautelares de carácter real y personal que mantenían los ahora sobreseídos.

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El secretario de Bolsonaro le acusa de consultar a la cúpula militar sobre un golpe tras perder las elecciones

El País .- El teniente coronel brasileño Mauro Cid, que durante cuatro años fue secretario particular de Jair Bolsonaro, ha declarado a la policía que, tras la derrota electoral, el aún presidente se reunió con la cúpula militar para consultarles sobre un posible golpe de Estado, según ha publicado este jueves el medio digital UOL. La información sostiene también que el entonces mandatario recibió de manos de un asesor un borrador de decreto golpista que esbozaba el camino para convocar nuevas elecciones y encarcelar a los adversarios políticos. Estas confesiones, que por ahora la policía no ha confirmado, serían parte del acuerdo de colaboración con la justicia alcanzado recientemente por el militar. Bolsonaro ha emitido una nota en la que repite su mantra de que siempre actuó “dentro de las cuatro líneas de la Constitución”, pero no se refiere a estas acusaciones concretas. La información de UOL sostiene que Cid le dijo a la policía que fue testigo tanto de la reunión con el asesor que entregó el decreto golpista como del encuentro con los jefes militares. Añade también que el comandante de la Armada fue el único entre los miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas presentes que expresó abiertamente su apoyo a las maniobras para impedir que gobernara el legítimo vencedor de las elecciones, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente Bolsonaro está inhabilitado para concurrir a las elecciones en los próximos ocho años, un fallo que ha apelado. La vista para analizar el recurso comienza este viernes. En paralelo, es investigado en una larga ristra de casos. En la investigación abierta por la intentona golpista del 8 de enero está señalado como supuesto instigador del ataque contra las sedes de los tres poderes protagonizado por miles de sus seguidores. Los primeros juicios, celebrados la semana pasada, acabaron en condenas de entre 17 y 14 años de prisión. El antiguo secretario particular es el flanco más débil del expresidente Bolsonaro. Convivió con él de manera cotidiana durante todo el mandato, era el hombre encargado de acompañarlo a todas horas y de llevarle el teléfono móvil. Cid aceptó firmar una delacão premiada —un polémico instrumento de colaboración con la justicia— después de pasar cuatro meses encarcelado acusado de falsificar las cartillas de vacunación de su familia y la del presidente Bolsonaro. Al día siguiente de que el juez aceptara el acuerdo de colaboración, Cid fue excarcelado. Obligado a usar una tobillera electrónica y otras restricciones, se ha instalado en una residencia de militares en Brasilia y sigue cobrando su salario de 5.000 euros mensuales. El militar estaba entre el puñado de colaboracores que acompañaron al expresidente durante la estancia de tres meses en Florida una vez concluido el mandato. Cid también está acusado de complicidad en los tejemanejes de su antiguo jefe para, primero, quedarse con unas joyas carísimas regaladas por la familia real de Arabia Saudí en una visita oficial y para, después, venderlas. Según el relato del secretario particular de Bolsonaro, este recibió un borrador de decreto para perpetrar una ruptura del orden constitucional en una reunión con su principal asesor en cuestiones internacionales, Felipe Martins, que acudió con un abogado constitucionalista y con un sacerdote.

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Sesión extraordinaria 156 del pleno de la Judicatura mostró la división en la que se desenvuelve el órgano de gobierno de la Función Judicial

El Universo .– El Consejo de la Judicatura está integrado por cinco miembros y es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. La transmisión o no de las sesiones del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) en las que se conozcan y resuelvan expedientes disciplinarios de jueces y funcionarios judiciales fue el tema que generó, la tarde del martes 19 de septiembre último, una discusión acalorada en el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Los cuatro vocales de la Judicatura fueron convocados por su presidente, Wilman Terán, para analizar varios expedientes disciplinarios. Terán inició la sesión dejando claro que es una potestad de ese pleno imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, amonestación escrita o multa a las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Inmediatamente, el titular de la Judicatura pedía que se le certifique en qué fecha se realizó la sesión número 019 del pleno del CJ en que se conoció el criterio jurídico respecto de las sesiones reservadas. La secretaria respondió que ese criterio fue conocido en la sesión 019-2023, que correspondió al 15 de febrero de 2023. La consulta iba dirigida a dejar claro que Terán no tenía nada que ver con la aprobación de que se suspenda la transmisión de una sesión cuando se tratan de temas disciplinarios, pues él fue posesionado en el cargo el 16 de enero pasado. “Esto implica cuando el pleno ya decidió la línea de la no transmisión de sesiones en el ámbito disciplinario”. Su siguiente paso fue pedir que se le certifique si el vocal Fausto Murillo había mocionado o apoyado mociones para que las sesiones del pleno del CJ no se transmitieran. La secretaria de inmediato respondió: son varias sesiones en las que el vocal Fausto Murillo ha mocionado que no se transmitan las sesiones del pleno del CJ, como las sesiones 025 y 027, decía. Para confirmar lo dicho, se reprodujeron dos audios en los que se escuchaba a Murillo. “Este pleno no debate ni debatirá en ningún momento ningún instrumento que oculte su accionar al pueblo ecuatoriano, que es nuestro primer mandante y fiscalizador”, señalaba Terán al finalizar el audio del vocal Murillo. Insistía en que el país debe conocer que ha existido una línea institucional permanente iniciada antes de su posesión como presidente del CJ para no transmitir las sesiones del pleno en el ámbito disciplinario. En ese contexto, Wilman Terán elevaba la disposición presidencial de que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en coordinación con las áreas técnicas pertinentes, en el término de 20 días presente los proyectos normativos que ajusten el funcionamiento del pleno del CJ a principios de transparencia, control social y cumplimiento de la norma ISO 37001, confidencialidad y reserva de información. Horas antes de esta sesión extraordinaria 156, en la mañana, Terán, con el fin de que se armonicen el Protocolo Especial para el Procedimiento General, Funcionamiento y Plan de Contingencia para las Transmisiones en Vivo de las Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) y el Protocolo sobre el Procedimiento para las Sesiones Declaradas como Confidenciales o Reservadas por parte del pleno del CJ, decidió devolver ambos documentos a las áreas técnicas respectivas. Murillo pidió la palabra para dejar constancia de que él se ha opuesto cuando han tratado de calificar sesiones reservadas o confidenciales. Aclaraba que lo que ha mocionado es que, en caso de expedientes disciplinarios, se suspenda la transmisión en vivo, precisamente por lo que recomienda el informe jurídico que fue la base para el 15 de febrero pasado adoptar esa posición como pleno, antes de que Terán entre en funciones, resaltaba. “Yo me he opuesto a que se califiquen como reservadas o confidenciales las sesiones. Esa es la verdad”. El expresidente temporal de la Judicatura aprovechaba para exigir que los informes técnicos de las áreas respectivas remitan con la debida anticipación, pues no puede ser, señalaba Murillo, que temas disciplinarios, que necesitan conocer con tiempo por el volumen de los expedientes, se envíen informes con dos horas de anticipación. “No hay suficiente tiempo para responsablemente formar un criterio y votar”, anotaba Murillo, manteniendo el criterio señalado el 19 de agosto pasado, cuando en una sesión extraordinaria en la que con los votos de Terán y el vocal Xavier Murillo se destituyó del cargo de juez de la Corte Nacional a Walter Macías. El magistrado volvió al cargo debido a una acción de protección que declaró que se le habían vulnerado derechos en su destitución. El vocal Muñoz iniciaba su intervención agradeciendo a Terán “en nombre del pueblo ecuatoriano por decir las cosas con valentía, contundencia, derecho y verdad”. Afirmaba que la institución estaba siendo atacada de forma orquestada por varios sectores, que el Gobierno de Guillermo Lasso le quiso meter la mano a la justicia cuando le pidió a él la renuncia y que los ataques de la Fiscalía contra la Judicatura solo demuestran que no persigue delitos, sino personas. También aprovechó el camino señalado por Terán para decir que no se puede ser “doble moral”, recordando que él fue vocal en la presidencia de Murillo, administración en la que, aseguró, se llamaba asimismo a sesiones extraordinarias y, a veces, cómo vocales no gozaban del tiempo necesario para analizar los expedientes. “¿Cómo nos vamos a olvidar de ese caso emblemático en que hubo una denuncia en la noche y al día siguiente se estaba suspendiendo al presidente de la CNJ, Iván Saquicela? Cuando pasó eso no hubo tanto escándalo. (…) Ahora nosotros hemos sido víctimas por cumplir con nuestra obligación” Murillo le respondía a Muñoz apuntando que el país entero sabe quiénes trabajan con dignidad, transparencia y tienen una hoja de vida sin tacha y no rabo de paja. Muñoz decía que no quería polemizar con su compañero de pleno, pero le indicaba que habría que meterse a la página web del Ministerio del Trabajo para confirmar si todo lo que decía era así. Terán, en cambio, refería que

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Christian Zurita: el ‘gran reto’ en la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio es descubrir a los autores intelectuales

El Universo .- Un total de trece personas son hasta el momento porcesadas penalmente por el asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Transcurridos 40 días de los 60 definidos para la instrucción fiscal abierta por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, su amigo y también periodista Christian Zurita reconoce que el “gran reto” de la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado es descubrir a los autores intelectuales de un sicariato que se concretó la noche del 9 de agosto pasado, en el norte de Quito. “Lo que nosotros hemos observado es que hay cuatro niveles, cuatro jerarquías en lo que significa la planificación material del crimen. Si esa complejidad evidencia el gran complot para acabar con Fernando Villavicencio, pensemos que no va a ser sencillo descubrir a los autores intelectuales, que es el gran reto de la investigación. Lo material está prácticamente descubierto, está hecho. Ahora el gran reto es ver cómo las autoridades identifican quiénes estuvieron detrás”, sostuvo Zurita, quien reemplazó en la papeleta presidencial a Fernando Villavicencio en las elecciones del 20 de agosto pasado. Desde el 8 de septiembre pasado, siete personas se sumaron a la lista de procesados por el asesinato al estilo sicariato cometido contra el presidenciable de la alianza Construye-Gente Buena, al término de un mitin político realizado en un coliseo del norte de Quito. Laura C., Carlos A., Erick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch., José M. y Óscar F. fueron vinculados al proceso, por el que ya estaban detenidos los ciudadanos colombianos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. Se entendería que estas trece personas conformarían claramente los cuatro niveles identificados en lo material de los que habla Zurita: “Hay cuatro jerarquías establecidas solo en el complot material. Eso genera un enorme espacio, un divorcio entre lo que significa quiénes lo hicieron y quiénes ordenaron. Ahí se encuentra el gran reto de la investigación”. De a poco, la investigación de Fiscalía ha ido dando las relaciones delictivas previas al crimen que aparentemente existieron entre los procesados e incluso con Jhojan David Castillo López, colombiano hoy fallecido a quien se lo ubica como el sicario que disparó y dio fin a la vida de Villavicencio. Pese a ello, Patricio Carrillo, asambleísta electo por el movimiento Construye y cercano a Villavicencio, insiste en la necesidad de que la Fiscalía, la administración de justicia, los peritos, los investigadores entreguen ya, al menos, unas hipótesis o teorías del caso. “La motivación (del asesinato) es absolutamente clara: es una motivación político-criminal. Por consiguiente, debería haber mayor transparencia”, anotó el general en servicio pasivo. Otro de los temas en los que tiene reparos Carrillo tiene que ver con que la Policía no ha entregado hasta el momento un informe interno que señale sobre qué documentos se planificó no solamente el día que ocurrió el magnicidio de Villavicencio, sino cómo se planificó la seguridad para todos los candidatos presidenciales. El legislador electo cree que se cometieron errores, los cuales no solo podrían ser negligencias, sino —anota— “omisiones dolosas de carácter penal”. En su momento, el ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que ya está listo un informe con la evaluación general de la orden de servicio que se ejecutó ese 9 de agosto por parte del personal definido para la seguridad de Villavicencio, aclarando que este no es un informe investigativo, pues este, tomando en cuenta los tiempos del cuerpo legal vigente para estos casos, podría demorar hasta 60 días el hacerlo. Aunque ya estaría listo el informe con la evaluación general de la orden de servicio, Zapata es claro en decir que primero debe hablar con la fiscal del caso antes de hacerlo público, pues no es la pretensión del Ministerio del Interior ni de la Policía entorpecer las indagaciones. De estas declaraciones han pasado casi dos semanas y hasta el momento no se conoce si se dará a conocer el informe que existe, y de ser así, cuándo. “La Policía es transparente. (…) No tenemos que esconder nada. Sin embargo, este informe también aclara muchas dudas de gente que genera conclusiones y conceptos que no son los correctos”, refirió Zapata días antes de cumplirse el primer mes del crimen de Fernando Villavicencio.

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Vocal de la Judicatura Xavier Muñoz rinde versión en causa abierta por obstrucción de la justicia y asegura que la Fiscalía persigue a persona en lugar de delitos

El Universo .- Por el delito de obstrucción de la justicia la Fiscalía ha pedido una audiencia para formular cargos contra ocho funcionarios del Consejo de la Judicatura. Pese a que aún la Fiscalía General del Estado está a la espera de que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, le señale la fecha en la que se dará la audiencia para formular cargos por el delito de obstrucción de la justicia contra ocho miembros del Consejo de la Judicatura (CJ), la institución sigue con el análisis del caso y llamó a rendir versión, la tarde de este lunes 18 de septiembre, al vocal de la Judicatura, Xavier Muñoz, uno de los señalados dentro de la causa.   El pedido para formular cargos lo hizo formalmente a la Corte Nacional, el martes 29 de agosto último, la fiscal general Diana Salazar, una vez dijo haber encontrado los suficientes elementos para presumir que los vocales de la Judicatura, Muñoz y Maribel Barreno, el presidente del CJ, Wilman Terán, y otros cinco funcionarios de ese organismo tienen algún tipo de participación en el delito analizado desde hace poco más de tres meses.   Muñoz dijo que había ido a rendir de forma libre y voluntaria su versión ante una nueva indagación de una Fiscalía que, resaltó, jamás ha perseguido delitos, sino se ha dedicado a perseguir personas. Acusó a la fiscal Salazar de usar la institución para perseguir políticamente. Criticó que en casos de corrupción ocurridos en el Gobierno de Guillermo Lasso no existe la misma celeridad para investigar y abrir indagaciones previas con resultados.   “Sin embargo, a nosotros como vocales del CJ, por ejercer nuestra potestad constitucional de cualquiera que sea disciplinarlo y sancionar con suspensión y posteriormente con destitución, ahora resulta que nos abre ella (la fiscal general) una indagación previa por el supuesto delito de obstrucción a la justicia. Parece que hay que enviarla nuevamente a estudiar derecho penal y derecho penal procesal, porque los presupuestos fácticos no se cumplen”, refirió Muñoz, luego de su comparecencia.   El integrante del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial que será procesado explicó que los vocales del CJ toman la decisión, basados en todo un procedimiento donde se respetan todos los derechos del investigado, en este caso, afirmó, los derechos del reintegrado juez de la CNJ, Walter Macías. “Para que yo suspenda y destituye a un juez de cualquier instancia yo necesito todos los informes motivados de áreas técnicas y esos informes, en el caso de Walter Macías, nos dijeron a nosotros los vocales que teníamos que suspenderlo y que constitucionalmente procedía, porque es una potestad constitucional de los vocales del CJ”.   Con solo los votos del vocal Muñoz y del presidente Terán, el pleno del CJ primero suspendió y luego destituyó al juez de la Sala Penal de la CNJ, Walter Macías. Esta última decisión, el pasado 14 de septiembre, la jueza de Pichincha, Martha Vimos, la dejó sin efecto, púes para ella ha sido evidente que en el caso existió la vulneración de derechos, entre ellos, al principio de participación ciudadana, el debido proceso, a la seguridad jurídica y a la falta de motivación.   En una sesión extraordinaria dada el 19 de agosto pasado y con solo los votos a favor de Terán y Muñoz se separó del cargo a Macías, a quien se le responsabilizaba de supuestamente haber incurrido en una infracción disciplinaria, al haber suscrito la providencia del 8 de febrero de 2023, encontrándose suspendida la competencia para resolver dentro del caso Las Torres. Xavier Muñoz recordó que él ha presentado en la Fiscalía una denuncia contra Diana Salazar, ya que desde su perspectiva la conducta de la funcionaria si se adecuaría al delito de obstrucción de la justicia. Dentro de ese proceso, indicó, hace quince días habría solicitado al fiscal general subrogante, Wilson Toainga, que realice la formulación de cargos respectiva contra su superior.   Sobre las acusaciones de que durante la sesión extraordinaria en la que se cesó en funciones al juez Macías, él estaba en estado etílico, Xavier Muñoz dijo que no era cierto y que en esos días tenía un problema en su dentadura y mantenía anestesia. Dijo que todo es parte de una campaña de persecución contra él.   El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, ha mostrado su preocupación por la actitud que mantienen los integrantes de la Judicatura, tanto por el juez Walter  Macías, como por todos los jueces de la CNJ y del país.   “No es la primera vez que el CJ actúa de una manera tal que ha sido seriamente cuestionado en su proceder, en cuanto a la arbitrariedad o ilegalidad, como es el caso del juez Walter Macías. Nos preocupa que en definitiva a través de este tipo de conductas se pueda afectar a los jueces de la CNJ. Mañana podemos ser suspendidos cualquiera de nosotros o cualquier juez del país. Nadie quita el régimen disciplinario como atribución del CJ, pero es necesario hacerlo con absoluta seriedad. El CJ es un órgano técnico y no es un órgano político”, anotó Saquicela.

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La fiscal Diana Salazar es notificada con medidas de protección por una supuesta ‘violencia’ contra Maribel Barreno, vocal de la Judicatura

El Universo .- La vocal de la Judicatura Maribel Barreno es investigada por la Fiscalía General por los delitos de tráfico de influencias y obstrucción de la justicia. La Fiscalía General del Estado (FGE) rechaza la decisión adoptada, el viernes último, por la teniente política de la parroquia de Nayón (Quito), Nancy Ruiz, de otorgar medidas administrativas de protección inmediata a favor de la vocal del Consejo de Judicatura (CJ) Maribel Barreno y en contra de la fiscal general, Diana Salazar. El objetivo de la medida de protección es supuestamente detener o prevenir la violencia contra la funcionaria de la Judicatura.   La notificación a Salazar fue hecha la tarde del viernes último y se transforma en un capítulo más de los hechos que se han generado desde el 28 de abril pasado, cuando la fiscal general anunció que formulará cargos por el delito de tráfico de influencias contra los vocales del CJ Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhaya. Barreno, Morillo y Jhaya son parte de una investigación previa abierta el 15 de junio de 2022, ante audios filtrados en los que el vocal Morillo, en presencia de la vocal Barreno, pide apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejos, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para así salvarla de sus destitución. El caso ha sido ubicado como Vocales.   En el documento firmado por Ruiz, se prohíbe al “agresor” (Diana Salazar), por sí o por terceros, generar acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se encuentra en situación de violencia (Maribel Barreno) o de cualquier integrante de su familia. También se dispone la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos de alerta en la vivienda de la mujer víctima de la violencia. QUITO (01-09-2023).- Wilman Terán (segundo desde la derecha), presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), junto a los vocales, Maribel Barreno (d) y Xavier Muñoz, durante la aprobación de la Política de Género sobre la Administración de Justicia especializada en violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, en el Complejo Judicial Norte Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas. Desde la Fiscalía se califica de ilegal la resolución de la teniente política de Nayón y ha asegurado que el ejercicio de las atribuciones que ostenta el ente persecutor oficial del Estado, como el procedimiento de notificación de inicio de una investigación previa, que por mandato legal le corresponde cumplir, de ninguna forma se subsume en algún tipo de violencia de género, pues claramente este concepto no engloba el ámbito del ejercicio de las funciones y competencias constitucionales que posee la Fiscalía. Además del caso Vocales, Barreno, proceso en el que se está a la espera de que se defina en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que la Fiscalía fundamentará su dictamen, la integrante del pleno del CJ ha sido notificada del inicio de una investigación por el delito de obstrucción de la justicia. En esta causa ya Salazar ha pedido a la CNJ fecha y hora para formular cargos contra Barreno, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, el también vocal Xavier Muñoz y otros cinco funcionarios de ese organismo.   En el proceso por tráfico de influencias Barreno ha tratado de dejar fuera de caso al juez nacional Walter Macías. Primero lo recusó ante una supuesta enemistad manifiesta del magistrado contra la vocal y luego presentó una queja administrativa ante una presunta negligencia manifiesta del juez Macías. Ninguna de las acciones han prosperado en el interior de la CNJ, pues en el primer caso un juez de la Corte Nacional desestimó la recusación, mientras que con 17 votos a favor en el pleno de la CNJ no se aprobó el informe que recomendaba se declare la manifiesta negligencia.   La Fiscalía anunció que al no estar sustentada en derecho la resolución de Ruiz, la institución solicitará al órgano jurisdiccional la respectiva revocatoria. De lo que se conoce, Ruiz ya fue retirada del cargo de teniente político de la parroquia de Nayón.   Abogados consultados, quienes prefirieron no ser nombrados, señalaron que es evidente el afán de la vocal Barreno por apartar a la fiscal general de los casos en los que se le investiga. Fundamentan su posición en la serie de actos que se han dado en el caso Vocales, en el que incluso el juez Macías fue destituido con solo los votos de dos de los integrantes del pleno del CJ, Wilman Terán y Xavier Muñoz.   El jueves último, una jueza constitucional restituyó al cargo de juez de la Corte Nacional a Walter Macías, dejando sin efecto la decisión tomada el 19 de agosto pasado en una sesión extraordinaria.

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Vinculada al proceso penal por el asesinato de Fernando Villavicencio era vigilada por la Policía por su relación con el tráfico de drogas, armas y robos

El Universo .- El candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado al estilo sicariato el 9 de agosto pasado, en momentos en que él dejaba un mitin político. Los seguimientos de los que era objeto Laura C. o alias Laura desde enero último, como parte de una investigación por el delito de delincuencia organizada, ubican un carro y una motocicleta que eran usados por la hoy sospechosa en las cercanías del coliseo donde fue asesinado al estilo sicariato el candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto pasado.   Desde el viernes 8 de septiembre pasado, Laura C., Carlos A., Erick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch., José M. y Óscar F. fueron vinculados al proceso penal que investiga el ataque criminal en el que fue asesinado el presidenciable y periodista de 59 años, en momentos en que este salía de un coliseo del norte de Quito al finalizar un mitin político.   Alias Laura es identificada por la Policía como la líder de un grupo delictivo que operaba en el sur de Quito, en los distritos Eloy Alfaro y Quitumbe, y en el valle de los Chillos, en el suroriente de la capital. Mediante la intervención de teléfonos de varios integrantes de la estructura y seguimientos a Laura C. y sus escoltas se llegó a la conclusión de que esta organización comercializaba marihuana y pasta base de cocaína, sustancias que eran abastecidas supuestamente por el grupo delictivo Los Lobos.   Dentro de las pericias a videos de vigilancia dentro del caso Villavicencio se definió que el martes 8 de agosto pasado, un día antes del asesinato, un vehículo marca Kia, modelo Sportage, de color blanco, que había estado rerportado como robado, recorrió lo que sería la escena del crimen entre las 23:03 y las 23:23.   Los seguimientos previos en el caso por delincuencia organizada señalaban que el Kia blanco observado era el mismo vehículo en el que Laura C. se movilizaba horas antes del sicariato de Villavicencio, escoltada por dos motocicletas: una tipo ninja de color negro sin placas y otra de color blanco con placas ABO-88J. Esta última moto fue encontrada abandonada a pocos metros del lugar donde ocurrió el asesinato, justo junto a una panadería. Desde el 2 de septiembre pasado, Laura C. se mantiene con orden de prisión preventiva dentro de un proceso penal por el delito de delincuencia organizada en el que son investigadas nueve personas. Comunicaciones interceptadas dejarían ver que alias Laura, la líder de una “organización delictiva aliada a Los Lobos”, era quien “emitía las disposiciones para ejecutar actividades ilícitas, como distribución y expendio de sustancias ilícitas, robo, adquisición de armas de fuego, entre otras”. Quito 8 de septiembre 2023. Homenaje al presidenciable y periodista Fernando Villavicencio en la Unión Nacional de Periodistas a un mes de su asesinato al estilo sicariato. API / DANIEL MOLINEROS Foto: API Como parte de la formulación de cargos del expediente por delincuencia organizada contra Laura C. y otros se indicó que dentro de las comunicaciones interceptadas no solo se habla del delito de sustancias sujetas a fiscalización, sino también de “una participación con el evento del 9 de agosto de 2023, en relación con la muerte del candidato Fernando Villavicencio”.   El 9 de agosto pasado, poco más de tres horas antes del asesinato de Villavicencio, Erick R. y el colombiano Víctor F. fueron detenidos por policías en el sector de Sangolquí, cantón Rumiñahui. Ambas personas son parte de los trece procesados por el crimen del candidato presidencial de la alianza Gente Buena-Construye.   Agentes policiales que realizaban un operativo antidelincuencial observaron que un vehículo Kia de color blanco, el cual era escoltado por dos motos —una de color rojo y otra de color blanco con negro—, trataba de evadir el control. Luego de una persecución se pudo detener el Kia blanco, el cual estaba siendo conducido por Erick R. Ahí se comprobó que las placas del vehículo no correspondían al chasis y estaba reportado como robado. Ese era el mismo vehículo que horas antes había sido usado por alias Laura en sus recorridos.   Siguiendo con la persecución, en otro sector del valle de los Chillos se detuvo a una de las motos que iban escoltando al Kia blanco. El vehículo, también reportado como robado, estaba siendo conducido por el colombiano Víctor F. A ambos se les formularon cargos por el delito de receptación de artículos robados y se les ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplen en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, lugar en el que fueron notificados de la orden de detención en el caso Villavicencio, el pasado 8 de septiembre.   Laura C., Erick R., Víctor F. y los otros cuatro procesados guardan prisión preventiva, al igual que los seis iniciales sospechosos, los ciudadanos colombianos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. El 8 de octubre próximo concluirían los 60 días de instrucción fiscal fijados dentro de este caso.

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Caso Vocales: se difiere nuevamente la audiencia en la que Fiscalía presentará su dictamen contra dos vocales de la Judicatura acusados de tráfico de influencias

El Universo .- Los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez Vladimir Jhaya podrían enfrentar penas que van de tres a cinco años de cárcel. Nuevamente se difiere la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio definida en el denominado caso Vocales, proceso penal en el que por el delito de tráfico de influencias son investigados los actuales vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhayya. La diligencia debía darse este jueves 7 de septiembre, pero quedó para el lunes 11 de septiembre a partir de las 08:45 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).   En esta ocasión la audiencia fue diferida por pedido del juez de Pichincha Vladimir Jhayya, pues sus abogados habrían tenido un viaje a Galápagos por temas profesionales, el cual fue planificado antes de la convocatoria hecha por la jueza nacional Mercedes Caicedo, que está a cargo del despacho de Wallter Macías, magistrado que fue destituido con solo los votos del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del vocal de ese organismo Xavier Muñoz.   Macías antes de ser destituido, el 19 de agosto pasado, dispuso que la audiencia en la que se analiza si existen vicios que noten lo actuado por la Fiscalía y se escuche el dictamen fiscal contra los procesados, se dé el 25 de agosto último. Esta diligencia no pudo instalarse y se difirió estando en manos de la jueza Caicedo. La investigación de este caso arrancó el 15 de junio de 2022, luego de conocerse el contenido de un audio filtrado en el que se escucharía la voz del vocal Morillo, quien en presencia de la vocal Barreno pedía aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución. Jhayya, quien antecedió a Osejo en la presidencia de la Corte de Pichincha, estaría siendo implicado en el caso por supuestamente haber convocado a los funcionarios judiciales a la reunión. Dentro del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía estaría la jueza de Pichincha que rindió su testimonio anticipado a mediados de marzo pasado en este caso. Ella sostiene que presenció la conversación y asegura haber grabado la misma debido a que no se sentía ni cómoda ni segura de lo que se iba a dar en una cita a la que fue convocada por su “jerárquico superior”: Morillo, en ese momento presidente del CJ encargado. Aparentemente la cita en la que estuvieron Morillo, Barreno, Jhayya y otros se dio a inicios de junio de 2022, en una oficina ubicada en un edifico que estaba junto a la Corte de Pichincha, en el norte de Quito, pero no tenía nada que ver con la Función Judicial. Del expediente en este caso no solo sería parte el testimonio anticipado de la servidora judicial, sino también el audio completo de la conversación que se habría dado. Ambos, además de otros ubicados en estos 90 días de instrucción fiscal, serían parte de los elementos de convicción que la Fiscalía usará en su dictamen. “Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”, señaló la fiscal general, Diana Salazar. La testigo protegida asegura que los funcionarios de la Judicatura que estuvieron en la reunión “prevaliéndose de sus cargos”, dado que eran el presidente del CJ encargado y la vocal, “estaban ejerciendo influencia en el juez y en nosotros para que se logre sacar un fallo favorable para ellos políticamente”. Por situaciones relacionadas al testigo protegido y su testimonio, la vocal Barreno presentó una denuncia de tipo administrativo contra Walter Macías ante una supuesta “falta grave” del juez en el trámite del proceso penal por tráfico de influencias. Respecto a ese trámite el pleno de la Corte Nacional ha pospuesto por dos ocasiones el tratamiento de un informe de declaración previa de error inexcusable elaborado por el también juez penal Byron Guillén. El informe que entregue Guillén debería contener la recomendación de si Macías incurrió o no en el error inexcusable denunciado, hecho que habilitaría al Consejo de la Judicatura a decidir si se tramita su destitución en esta causa. Para aprobar un informe a favor de la declaratoria jurisdiccional de error inexcusable, la propuesta debe alcanzar al menos 12 de los 21 votos del pleno de la Corte Nacional. Macías sostiene que la denuncia disciplinaria se dio respecto al pedido de diferimiento de un testimonio en el conocido caso Vocales. “No había una razón jurídica y jurisdiccionalmente se indicó por qué no debía aceptarse ese diferimiento. Esa es una molestia que tiene una de las partes procesales”, explicó. A los dos vocales de la Judicatura y al juez de Pichincha se les procesará por un delito en el que pueden recibir una pena que va de tres a cinco años de cárcel.

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