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Ecuador: octubre 18, 2024

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Ecuador, octubre 18, 2024
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Conaie pide a Pachakutik expulsar a Cecilia Velasque tras filtración de audio y que se investigue a sus legisladores

Nacionales /

EL UNIVERSO .- Solicitaron también acciones inmediatas para separar del partido a los asambleístas Ricardo Vanegas y Gisela Molina por un dudoso vínculo con Guillermo Lasso.   La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó las declaraciones de Cecilia Velasque, subcoordinadora nacional de Pachakutik y actual candidata a la coordinación nacional de la agrupación política, luego de que se hiciera público un audio en el que se podría interpretar negociaciones con el gobierno de Guillermo Lasso y pidieron que sea separada del movimiento.   “No toleraremos que las luchas sociales históricas sean traicionadas por algunos dirigentes y peor que se negocie sobre la sangre de nuestros compañeros”, indicó el movimiento.   La Conaie explicó en su comunicado que para ellos en el audio “se escucha las declaraciones en las que se reconoce la negociación con el gobierno de Guillermo Lasso y sus ministros en pleno proceso de juicio político contra el presidente y en un momento tan crítico en el país”.   “Mantener negociaciones con un gobierno con el 90 % de rechazo popular, mafioso y corrupto es venderse al neoliberalismo, es negociar con la ineptitud frente a la inseguridad que ha permitido que tengamos más de 25 muertes violentas por día, es negociar con un gobierno corrupto con serios indicios de vinculación a las mafias el narcotráfico, sentarse a negociar con Lasso es traicionar de frente al pueblo ecuatoriano”, manifestó.   Además de la salida de Velasque, la Conaie pidió realizar las acciones inmediatas para separar de sus filas también a los asambleístas Ricardo Vanegas y Gisela Molina ya que afirman que “públicamente mantienen un dudoso vínculo para salvar a Lasso del juicio político”. Otro de sus pedidos es también que se investigue a los asambleístas de la bancada de PK sobre posibles negociaciones de acuerdos por cargos públicos con el Gobierno Nacional   En su comunicado, el movimiento hizo también un llamado a los pueblos, nacionalidades adherentes, simpatizantes, militancia y coordinadores provinciales de Pachakutik para que rechacen a Velasque como posible coordinadora nacional del partido.   Además instaron a que la Asamblea Nacional investigue las negociaciones realizadas en las últimas semanas en el quinto y séptimo piso del palacio legislativo y que se indaguen con las instituciones correspondientes todas las cuentas bancarias y patrimonio de todos los 137 asambleístas.

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Comandante de la Policía pide que la justicia, también cumpla su parte

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El comandante de la Policía Nacional, Gral. Fausto Salinas, destacó los resultados de las acciones que lleva adelante la institución, en su lucha contra la grave ola de inseguridad que vive el país. Salinas reconoció que nunca había presenciado semejante nivel de violencia, provocado por peligrosos grupos criminales ligados al narcotráfico. El oficial advirtió que la Policía los está enfrentando con decisión, y que ahora falta la otra mitad del trabajo: el que debería realizar la justicia. Salinas precisó que los operativos de las últimas semanas, han dado como resultado miles de detenidos, así como el decomiso de muchas armas, municiones y explosivos. Ahora resta esperar que los jueces obren con patriotismo y seriedad. Salinas atribuyó el avance del hampa, al crecimiento de la llamada “economía criminal”. Es decir, el aumento en los ingresos de los delincuentes, gracias al éxito de sus atracos y al tráfico de alcaloides. En ese aspecto, subrayó que a partir de mayo se pondrá en práctica un plan de mejoras en el entrenamiento táctico, paso muy importante, pues se requieren métodos avanzados para enfrentar a bandas tan complejas, peligrosas y organizadas. Un aspecto fundamental es detener el microtráfico, pues cada venta de droga fortalece económicamente a los grupos delictivos, que pueden comprar abogados, armas y protección. Asimismo, anotó que llegan para Guayaquil 800 nuevos policías, y a futuro otros 2.000. Dentro del plan nacional, el objetivo es tener a 30.000 gendarmes adicionales hasta el año 2025. El comandante indicó que, dentro de los planes operativos, se requieren reformas legales que faciliten las compras de la institución, un tema que bien podría resolver la Asamblea Nacional. Salinas hizo notar que, a la hora de realizar las compras, las trabas burocráticas retrasan considerablemente los procesos, especialmente en temas como los combustibles. De ahí que debe revisarse el marco legal, a fin de agilizar el accionar de la institución.

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Proponentes de juicio político son ineptos, según jurista Ramiro García

Nacionales, Política /

Es impresionante la ineptitud de los asambleístas, que impulsan el juicio político del presidente Guillermo Lasso. Así lo afirmó el penalista Ramiro García, en diálogo con “Punto de Orden”. García hizo notar que, si suman a los legisladores que respaldaron la interpelación y a todos sus asesores, tenemos a más de 100 personas. Y ni así fueron capaces de elaborar un proceso de la forma correcta. Con mayor razón cuando las pruebas son tan débiles. El jurista recordó que la Corte Constitucional, en su dictamen de admisibilidad, solo aceptó que se juzgue a Lasso por presunto peculado en los contratos de Flopec. Y ahora resulta que no hubo tales contratos, lo que significaría que no hay motivos para el juicio político. García también cuestionó a la defensa del mandatario, que en su momento debió mostrar ese detalle ante la Corte Constitucional, con lo cual el proceso se habría caído sin remedio. Más allá de los graves errores cometidos por los acusadores, el jurisconsulto reconoció que Lasso necesita de urgencia cambiar su hoja de ruta, y dar solución a los graves problemas sociales y económicos del país. El principal, dijo, es el de la inseguridad, al punto que muchas familias ya ni siquiera se atreven a salir de sus casas, por temor a ser blanco de la delincuencia. García no descarta como solución la muerte cruzada, pues eso le daría algo de tiempo al presidente, para trabajar de forma segura, sin el permanente acoso de una Asamblea Nacional en contra.

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Cinco de las doce pruebas presentadas por los solicitantes del juicio político al presidente Guillermo Lasso no observan el dictamen de Corte Constitucional

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EL UNIVERSO .- El 18 de abril la Comisión de Fiscalización se reunirá para conocer la respuesta del primer mandatario a la acusación en su contra.   Un primer barrido a las pruebas presentadas por los cuatro solicitantes del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, determina que cinco de los doce elementos probatorios y dos pedidos de comparecencias no están anunciados y no constan en la lista de pruebas que admitió la Corte Constitucional.   La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera reunirse el martes 18 de abril para conocer las respuestas del primer mandatario a la acusación que fue planteada por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID).   Según el dictamen de la Corte Constitucional, la acusación de los solicitantes se centra en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec con Amazonas Tankers, para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación, y en la que incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República.   Cuando la Corte Constitucional emitió su dictamen de admisibilidad del juicio, el 29 de marzo de 2023, estableció como hecho base del juicio lo concerniente a peculado, y se dejaron de lado las dos acusaciones sobre el supuesto delito de concusión y otros indicios que vulneren el principio de confianza.   En la página 52 de la solicitud de juicio de los cuatro legisladores en contra del primer mandatario se incluyen 20 anuncios de prueba y 36 pruebas testimoniales. El pasado 12 de abril, cuando Veloz y Pazmiño presentaron el anuncio de la prueba ante la Comisión de Fiscalización introdujeron cinco actos probatorios escritos y de audios que no constan ni coinciden con los incorporados en la solicitud de juicio del 16 de marzo.   Casos no anunciados El primer caso se refiere al numeral 3, y se trata de la incorporación de las bitácoras remitidas del Palacio de Carondelet, que contiene información desde el 25 de mayo de 2021, señalando que la reserva de esta documentación se levantó en sesión n.º 852 del pleno de la Asamblea Nacional, contenido en los anexos del Informe de la Comisión Ocasional Especializada por la Verdad y la Justicia en el caso denominado El Gran Padrino a fojas 1629 a 1911 y 1912 a 2321, correspondientes a las carpetas 8 y 9, respectivamente; información remitida por la Presidencia de la República.   El segundo caso está en el numeral 4, se refiere a los audios publicados en el medio digital La Posta, el 22 de noviembre de 2022, titulado “Café la Posta: 1 año de la explosión del radar de Montecristi. Argentina perdió y no hay culpables por el radar de Montecristi”. Este audio no consta entre los 20 anuncios de la prueba presentados por los proponentes.   El tercer caso tiene relación también con audios publicados en el medio digital La Posta, publicados el 17 de enero de 2023, titulados “El choreo de FLOPEC”. En la solicitud del juicio constan los audios del 16 de enero, no del 17 de enero.   Un cuarto caso se refiere a la incorporación del informe denominado El Gran Padrino, puntualmente las actas correspondientes a las sesiones 6 y 9 de la Comisión Ocasional Especializada por la Verdad y la Justicia, contenido en las fojas 71 a 103 y 141 a 191, respectivamente, correspondientes a la carpeta n.º TA33585. En esta prueba anunciada se incrementan actas.   El quinto caso, se trata de incorporar como prueba el examen especial con código alfanumérico DNA8-TVIPyA-0012-2021 de la Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del Estado, realizado a la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP Flopec . Esto no consta en las pruebas que se agregaron en la solicitud del 16 de marzo.   Comparecencias Referente a las comparecencias, los cuatro legisladores proponentes del juicio solicitan la incorporación de la prueba testimonial de dos personas que no fueron anunciadas como pruebas.   El primer caso se refiere a la comparecencia del señor Hugo Aguiar Lozano. El segundo es la comparecencia del vicealmirante Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec, este nombre solo consta en un oficio en la solicitud de juicio, pero no está dentro de la lista de las pruebas testimoniales.   Reacciones y consecuencias Édgar Neira Orellana, abogado del presidente de la República, recordó que las pruebas que los asambleístas proponentes del juicio pueden utilizar dentro del expediente de la acusación de juicio político son las que fueron señaladas por la Corte Constitucional en su dictamen. En descargo, el presidente de la República puede presentar todas las pruebas que requiera.   El abogado del acusado calificó como una burla que los acusadores pretendan incluir una prueba nueva o fuera de las anunciadas en la solicitud de juicio, como la incorporación de las bitácoras remitidas del Palacio de Carondelet, que contiene información desde el 25 de mayo de 2021.   En este proceso, advirtió Neira, no hay que perder de vista que los proponentes de las pruebas fuera de las que fueron anunciadas en la solicitud se hacen responsables “de incumplir un dictamen de la Corte Constitucional y el firmante de ese pedido de prueba empieza a incurrir en un incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional”.   Por ello, añadió, el presidente de la República activó ante la Corte Constitucional una solicitud para que se haga seguimiento a las disposiciones que constaban en el dictamen del 29 de marzo de 2023.   Neira insistió en que las bitácoras de Carondelet no tienen nada que ver con la acusación de supuesto peculado. Respecto a los audios que no son los mismos o no constan como prueba en la solicitud, el abogado del acusado consideró que a lo mejor los proponentes del juicio se equivocaron, pero esa equivocación puede traer consecuencias.   En torno

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Andrés Oppenheimer: Los asambleístas del correísmo quieren enjuiciar a Guillermo Lasso por peculado, sin una sentencia judicial, pero defienden a Rafel Correa que sí está sentenciado

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EL UNIVERSO .- El periodista entrevistó al mandatario ecuatoriano para tratar la coyuntura política y de seguridad del país. En su reflexión sobre la entrevista que le realizó al presidente Guillermo Lasso -trasmitida la noche de este domingo, 16 de abril, por CNN en Español- el periodista Andrés Oppenheimer hizo un llamado a la coherencia a los legisladores de la bancada correísta sobre su posición de rechazo a la corrupción y a la vez la defensa a su líder, el expresidente Rafael Correa, sentenciado por cohecho pasivo agravado, dentro del caso Sobornos 2012-2016, a ocho años de cárcel. “Los legisladores opositores, del bloque del expresidente populista Rafael Correa, deben ser un poquito más coherentes porque cómo puede ser que quieran enjuiciar a Lasso por peculado, cuando todavía no hay una sentencia judicial en su contra y defiendan a Correa que fue juzgado, sentenciado y condenado por la justicia a ocho años de prisión por actos de corrupción masiva, incluyendo los sobornos de Odebrecht durante su gobierno”, arremetió.   El periodista dijo que por más que Correa afirme que es inocente pesa sobre él una sentencia.   “Entonces a qué juegan los asambleístas de Correa, en qué quedamos. Están en contra de la corrupción o a veces sí o a veces no”, afirmó.   No obstante, Oppenheimer subrayó que los legisladores están en su derecho de investigar al mandatario.   “Si lo quieren investigar a Lasso que lo hagan, pero entonces que no tengan la hipocresía de defender a Correa porque es una incongruencia total”, concluyó. En cuanto al juicio político, el periodista dijo que es la Asamblea Nacional la única que debe dirimir sobre si existen los motivos necesarios para llevar a juicio político al mandatario.   Sin embargo, reconoció que el panorama para el mandatario es difícil en el marco del juicio político, con miras a destituirlo, que se sigue en su contra por el presunto delito de peculado en la Asamblea Nacional.   El mandatario afirmó en el diálogo que actualmente no existen los 92 votos que se requieren para destituirlo del cargo y el periodista mencionó que si bien esto puede ser cierto, Lasso tampoco tiene los votos asegurados para evitar el juicio.   “Lasso tiene apenas unos 25 legisladores, entre propios y aliados, de los 137 legisladores de la Asamblea. Está por verse quien gana”, indicó.

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Guillermo Lasso afirma que no hay los votos suficientes para destituirlo en el juicio político en la Asamblea Nacional

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EL UNIVERSO .– El mandatario dice que, luego de defenderse en el pleno del Legislativo, tomará la decisión más adecuada para el país. No descarta que sea la ‘muerte cruzada’. En una entrevista con Andrés Oppenheimer -trasmitida la noche de este domingo, 16 de abril, por CNN en Español-, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró que la mayoría de ecuatorianos saben que con su salida del cargo no se van a solucionar los problemas del país y que en estos momentos no existen los 92 votos al interno de la Asamblea Nacional para destituirlo en el marco del juicio político que se sigue en su contra por el presunto delito de peculado. “No los tienen ahora (los votos)”, afirmó el presidente que la Presidencia de la República como institución y su Gobierno están bajo el ataque de una oposición que no quiere reconocer los logros conseguidos en los 22 meses de gestión.   “Quieren verme fuera porque soy incómodo para muchos de ellos, no para todos, por la lucha frontal de mi Gobierno contra el narcotráfico y también contra diferentes grupos acostumbrados a cooptar el Estado y llevar a cabo actos de corrupción”, señaló.   Lasso reiteró que el juicio político se deriva de dos contratos firmados tres años y siete meses antes de que sea electo como presidente y recalcó que durante su Gobierno lo que se hizo fue acoger las observaciones de la Contraloría General del Estado sobre los procesos contractuales y que han permitido que la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) crezca y gane $180′000.000.   La acusación contra Lasso se centra en que el mandatario habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec con Amazonas Tankers, para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación, y en la que incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente. Lasso no descarta invocar la muerte cruzada Consultado sobre la ‘muerte cruzada’ -la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones generales anticipadas invocando el artículo 148 de la Constitución- Lasso manifestó que es una facultad que tiene como presidente y que sigue estando vigente y no descartó estarla considerando al igual que todos los artículos de la Constitución.   “Este es el cuarto intento de destitución en 22 meses de Gobierno, no han podido en los tres anteriores y yo no he querido decretar la muerte cruzada porque la estabilidad es lo que nos permite bajar la inflación, crecimiento económico, generación de empleo”, apuntó.   Ante el juicio, subrayó que ha decidido ir a defenderse en la Asamblea Nacional y aseguró que el 75% de los ecuatorianos no quieren una crisis como la que ha planteado la oposición.   “Tengo que defenderme, defender mi honor. No he cometido peculado, se lo tengo que decir a todos los asambleístas en la Asamblea y luego de eso tomaré la decisión que considere más adecuada para el Ecuador porque tenemos que procurar la estabilidad”, indicó y agregó que “los ecuatorianos saben que con un cambio de presidente, no se van a resolver los problemas”, más allá de que en su Gobierno hayan “avanzado mucho”.   Lasso explicó que lo que sucede en Ecuador es un debate entre dos modelos.   “Uno populista y totalitario que los ecuatorianos ya lo conocemos de 2007 a 2017 (periodo de mandato de Rafael Correa) y un modelo que representa mi Gobierno, que es un modelo democrático, liberal y humanista y esto es lo que está pasando”, manifestó.

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Fernando Villavicencio expuso ante la Corte Constitucional ‘trabas y actos de mala fe’ de asambleístas que impiden avanzar en el juicio político contra Guillermo Lasso

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EL UNIVEROS .– El legislador pidió al presidente de la Corte hacer seguimiento y control al dictamen de admisibilidad del proceso en contra del mandatario.   Alegando que su intención es contar con todas las pruebas que permitan fundamentar el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso al interno de la Asamblea Nacional, el legislador Fernando Villavicencio pidió el sábado, 15 de abril, al presidente de la Corte Constitucional (CC), Alí Lozada, que realice seguimiento y control al dictamen de admisibilidad que emitieron para dar paso al enjuiciamiento al mandatario por presunto delito de peculado. Villavicencio alegó que dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, la que preside, se están presentando obstáculos para el proceso al igual que de parte de los asambleístas solicitantes del juicio y denunció presuntos actos de mala fe.   “Señor juez, es evidente los obstáculos constantes de los asambleístas solicitantes y de los cinco legisladores de la comisión quienes quieren generar conflicto y desobediencia a mis disposiciones en mi calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político y a su dictamen que lo estamos cumpliendo a cabalidad”, subrayó en la misiva.   Entre los obstáculos que denunció el legislador están: La moción del 10 de abril del legislador Roberto Cuero, que fue aprobada por 5 votos, la que generó la resolución CEPFCP-2021-2023-031, para inadmitir las pruebas solicitadas por los asambleístas Ana Belén Cordero Cuesta y Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, por considerarse que no son útiles, conducentes o pertinentes. Villavicencio mencionó que esto ocurrió a pesar de ser pruebras “fundamentales para el análisis del tercer cargo admitido por la Corte, ya que hacen referencia a los hechos ocurridos en EP Flopec y que servirán para la elaboración del informe del juicio político que será sometido a votación por la Comisión de Fiscalización y Control Político”.   “Nuevamente se afirman los intereses de los cinco asambleístas que votaron a favor de la resolución para que este juicio político no se rija a lo dispuesto en el dictamen, sino que se fundamente a la conveniencia de ellos y de los partidos políticos que representan, a pesar de que sus decisiones y acciones sean contrarias a la ley y a los preceptos jurídicos”, apuntó. Este 14 de abril, la Comisión de Fiscalización se reunió para conocer nuevos pedidos de prueba dentro del juicio político al presidente, Guillermo Lasso, acusado de supuesto delito de peculado. Foto: Vicente Ordóñez Los cinco legisladores que han tomado esta postura, según Villavicencio, son: Comps Pascasio Córdova Díaz, Roberto Emilio Cuero Medina, María Gabriela Molina Menéndez, Pablo Bolívar Muentes Alarcón y Luis Bruno Segovia Mejía.   Otra “traba” según el legislador se registró el 11 de abril cuando, a través de un memorando, el asambleísta Comps Córdova Díaz dejó sentada una queja por incumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias del secretario relator de la Comisión de Fiscalización y Control Político.   ”Siendo inaudito que en la mitad de un juicio político se busque sancionar al secretario relator por considerar que no está realizando su trabajo, cuando todas las providencias, resoluciones y actuaciones las ha realizado apegado a la ley, con el único fin de ejercer presión y causar miedo en la tramitación del juicio”, recalcó Villavicencio.   En cuanto a las trabas de los asambleístas solicitantes, el legislador denuncia que los asambleístas Rebeca Viviana Veloz Ramírez, Pedro Aníbal Zapata Rumipamba, Mireya Katherine Pazmiño Arregui y Rodrigo Olmedo Fajardo Campoverde presentaron ante el secretario relator de la Comisión de Fiscalización un escrito con las pruebas singularizadas para el presunto delito de peculado conforme lo señalado en el dictamen de la Corte Constitucional, mediante el cual se aportaron 11 pruebas documentales, y explicó que de estas, dos no fueron aportadas inicialmente en el proceso, “por lo que no son conducentes con el proceso, al tratarse de hechos distintos a Flopec EP.   Asimismo, explicó que en el escrito se singularizan doce comparecencias para el delito de peculado aspirando agregar dos testimonios adicionales de Hugo Aguiar Lozano y Valm. Jhonny Estupiñan, esperando que la Comisión de Fiscalización no verifique esta información antes de proveer los escritos necesarios.   “Es vergonzoso pensar que los señores asambleístas pretenden inducir al error a la Comisión de Fiscalización y Control Político y a su autoridad, asumiendo que no se verificará la información plasmada en la solicitud inicial de juicio político a la presentada como singularización de la prueba”, indicó.   Villavicencio dice que en ambos casos “se puede evidenciar que los asambleístas solicitantes pretenden actuar de mala fe, al incorporar pruebas nuevas sin ser el momento procesal oportuno, siendo únicamente válidas las pruebas determinadas en la solicitud de juicio político inicial”, por lo que pidió a Lozada “verificar la actuación de los legisladores, que una vez más están buscando alterar el juicio político”.   El último incidente que denunció el asambleísta ante la Corte Constitucional es lo ocurrido en la sesión de la comisión del viernes 14 de abril, en la cual se resolvió por unanimidad aprobar todas las pruebas de oficio solicitadas por los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político, considerando que las pruebas de Villavicencio y Cordero que fueron inadmitidas el 10 de abril por no ser conducentes, útiles o pertinentes fueron solicitadas como pruebas de oficio por los mismos asambleístas que votaron a favor de la resolución de inadmisión. Las legisladoras Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Viviana Veloz (UNES), presentaron las pruebas de cargo dentro del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, a quienes acusan de supuesto peculado. Cortesía “Esto, sin duda expresa la mala fe de los cinco legisladores que están ejerciendo la oposición en las sesiones de la Comisión para poner trabas al proceso y no permitir que fluya de manera adecuada, sin considerar que también pretenden que no se cumplan las etapas procesales establecidas en la ley y que se reduzca el plazo para presentar pruebas de oficio, violando el derecho a la defensa de las partes”, apuntó.   El asambleísta manifestó que los cinco asambleístas ya

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“Solo presunto peculado”. Asambleísta Ana Belén Cordero advierte que no se aceptarán otros temas en juicio político a Lasso

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La Corte Constitucional podría destituir a los asambleístas, que durante el juicio político al presidente Guillermo Lasso, presenten acusaciones ajenas a la única aprobada: presunto peculado en contratos de Flopec. Así lo recordó la legisladora de CREO, Ana Belén Cordero, en diálogo con “Punto de Orden”. Cordero precisó que los acusadores que no acaten el dictamen de la Corte Constitucional, podrían caer en desacato, y por tanto perder sus curules. Ese podría ser el caso del social cristiano Luis Almeida, que amenazó con presentar una acusación sobre supuestas irregularidades en el manejo de bonos de deuda externa. Cordero lamentó la “ignorancia” de Almeida. La asambleísta, también vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, agregó que muchas de las pruebas presentadas por los proponentes de la interpelación, carecen de peso. Por ejemplo, conversaciones donde no se toca el tema Flopec, y enlaces a páginas web que no presentan pruebas del presunto delito. En cambio, habrá que escuchar a quienes fueron llamados a declarar. Hay 3 exgerentes de Flopec y el actual, el contralor del Estado, el ex procurador y los 9 miembros de la Comisión de Régimen Económico de la propia Asamblea, así como un asesor y un ex asesor de la parlamentaria Mireya Moscoso. Para Cordero, lo que hace la oposición es tratar de pescar a río revuelto, pues como no hubo peculado, carecen de argumentos. Inseguridad, preocupante En otro tema, la asambleísta mostró su preocupación por el nivel de inseguridad que existe en el país. A su criterio, hay bandas delictivas que aprovechan la crisis política, para realizar sus actividades criminales. Una opción para combatir este problema, dijo, es que la Fiscalía actúe de oficio en determinados delitos, tomando en cuenta que muchas veces las víctimas se niegan a denunciar, por temor a represalias.

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Lasso plantea ley para proteger a los niños hasta los seis años

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PRIMICIAS .- En conjunto con la sociedad civil, el presidente Guillermo Lasso presentó el anteproyecto de ley para la protección de la primera infancia.   El lanzamiento de la iniciativa legislativa se realizó en el Centro de Desarrollo Infantil Ungûi, en Quito. El presidente Lasso lideró el evento junto a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social.   Esta propuesta se enfoca en garantizar la inversión de los recursos necesarios para las niñas y los niños, de entre cero y seis años.   “Este proyecto está por encima de cualquier diferencia política. Hablamos de los niños, hablamos del futuro. Es hora de que la Asamblea se juegue por los niños del Ecuador”. Guillermo Lasso, Presidente de la República Según la Presidencia de la República, este anteproyecto fue construido de forma conjunta con la sociedad civil. Su objetivo es delinear políticas públicas para la protección a largo plazo de los niños con recursos sostenibles.    

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FUT anticipa movilización masiva contra el Gobierno el Día del Trabajador

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EL COMERCIO .- El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) confirmó este 11 de abril que preparan una movilización nacional para el próximo 1 de mayo, que se conmemora el Día Internacional del Trabajador. Señalan que la solución a los problemas en el país es la salida de Guillermo Lasso y su Gobierno. “El decreto sobre el libre porte de armas implica que el Estado se deshace y entrega en responsabilidad del pueblo, que no tiene para comprar medicinas, alimentos, educación, el cuidado de la vida”, pronunció Marcela Arellano, presidenta del FUT, en una rueda de prensa.   Dijo que en esa “guerra” el pueblo estará en peores condiciones. “Por eso salimos a un 1 de mayo por la seguridad, el trabajo y la vida. Será un 1 de mayo masivo”, anticipó la dirigente.   El sector obrero utiliza esa fecha a nivel mundial para protagonizar una jornada de reivindicaciones de los derechos laborales.   En Quito, la concentración de los sindicalistas será a partir de las 08:30 en los exteriores de la Caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El recorrido inicial proyectado es tomar la avenida 10 de agosto, seguir por la Guayaquil y avanzar hasta la Plaza de San Francisco, según mencionó el vicepresidente del FUT, José Villavicencio. En las provincias, cada filial sindical decidirá sus horarios y puntos de concentración, así como la ruta a seguir.   Salida de Guillermo Lasso como solución El FUT plantea la necesidad de diseñar una política pública que implique una concertación nacional. Un nuevo diálogo con el actual Gobierno de Lasso no es posible, dijo Arellano, al cuestionar que este se levantó de la mesa donde se discutían las reformas laborales.   Los dirigentes no tienen confianza en el Ejecutivo. Por ello, buscarán dialogar “con los actores del mundo del trabajo para plantear una política pública que implique combatir la delincuencia”.   Pero para eso “es necesario contar con poderes públicos que aseguren el cuidado de la vida, por eso estamos demandando la salida de Lasso”, destacó Arellano.   Explicó que la salida del actual Mandatario permitirá generar esa concertación nacional, de lo contrario las organizaciones sindicales crearán una hoja de ruta para exigir al Estado y demás instituciones públicas la protección de la vida.   “En este momento, el Estado no está protegiendo la vida de la gente. Está protegiendo instituciones. Es necesario cambiar esta política pública”, sostuvo.   Critican al Fernando Villavicencio Para el vicepresidente del FUT, el Gobierno es sordo a las necesidades de la sociedad, mientras que los legisladores en la Asamblea Nacional se dedican a facturar y “eso es inaceptable”. Cree que el Legislativo debe fiscalizar sin considerar “favores personales ni políticos”. En ese contexto, criticó a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. “Se está convirtiendo en juez y está defendiendo a su amo, que es el presidente Lasso”, agregó sobre la sustanciación del juicio político que se encuentra en manos de esa mesa legislativa.   Si se demuestra que el Mandatario está involucrado en temas de corrupción, tiene que dar un paso al costado, esa es la exigencia, reiteró el dirigente.   Anteriormente, el ministro de Gobierno aseguró que renunciar no está en los planes del Jefe de Estado, pero podría dejar Carondelet si con el juicio político se concreta la destitución. Entonces, por sucesión, asumiría el cargo Alfredo Borrero. Por el momento, el FUT no plantea la renuncia del Segundo Mandatario.   “El Ejecutivo y el legislativo no deben jugar con la ira del pueblo ecuatoriano, que tenemos el derecho a la resistencia”, advirtió la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas.

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Abogado de Guillermo Lasso habla de ‘violaciones’ al procedimiento del juicio político

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EL COMERCIO .- Edgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso, dijo este 11 de abril de 2023 que en la sustanciación del juicio político se irrespetan las reglas básicas del debido proceso. Advirtió que observará la existencia de violaciones al procedimiento y que incumplir el dictamen de la Corte Constitucional (CC) traería consecuencias. “Nosotros no consideramos que las cartas están echadas porque apelamos a esa sensibilidad patriótica y cívica de los comisionados y asambleístas”, expresó en radio Sucesos respecto a la faculta fiscalizadora del Legislativo.   Neira espera que esa facultad “se ejerza con el mínimo de rigurosidad, de seriedad y de apego a la norma jurídica”, al ser el enjuiciamiento del Primer Mandatario “un tema delicado”. Manifestó que esa es la línea de defensa técnica que se mantendrá frente a la sustanciación del juicio político.   Sin embargo, hizo una aclaración. “Estaremos atentos a las infracciones, a los excesos o a las violaciones del procedimiento, si es que estas continúan produciéndose”.   Los principales argumentos que maneja Neira es la inexistencia del delito de peculado, por el que se acusa a Lasso, y la falta de responsabilidad política.   Neira acudió el 10 de abril a la Comisión de Fiscalización. Esa mesa aprobó la actuación de 68 pruebas de oficio en la sustanciación de la solicitud de juicio, 60 de ellas de tipo documental y ocho comparecencias.   Tras esa sesión, Neira concluye que “parecería que en el ánimo de los asambleístas no está el respetar el dictamen de la Corte Constitucional”. Por lo que insistirá en la presentación de las solicitudes probatorias dentro de los plazos legales, es decir los 10 días. Ese tiempo que culmina el próximo 16 de abril.   Abogado habla del dictamen de la CC El abogado de Lasso exigirá que la clase política cumpla con la legalidad “más allá de los afectos y desafectos políticos”. La Corte Constitucional en su dictamen de admisibilidad permitió el enjuiciamiento a Lasso solo por el delito de peculado. El máximo órgano desechó dos acusaciones por concusión.   Neira puntualizó que, si los asambleístas se apartan del dictamen de la CC, eso traerá consecuencias jurídicas. “La CC deberá dar seguimiento al cumplimiento de ese dictamen y tomará las decisiones que correspondan, respecto del comportamiento de esos legisladores”.   La Corte puede actuar de oficio para hacer cumplir sus dictámenes, también tiene la facultad de decidir a partir de las peticiones que formulen los asambleístas o el Presidente de la República, comentó Neira.   El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ya envió el 7 de abril un oficio al presidente de la CC. Solicitó que “realice el seguimiento a la ejecución del dictamen de admisibilidad parcial del juicio político por un presunto peculado en contra de Lasso”.   Frente a esa petición lo que cabe, según Neira, es esperar una respuesta de la CC o que el organismo esté atento al comportamiento de los legisladores.   Consecuencias por incumplimiento Neira evitó profundizar en las consecuencias jurídicas para los proponentes del juicio político por incumplimiento del dictamen.   Pero comparó el caso con el desenlace que tuvieron los siete exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpcccs). La Corte destituyó a todos por incumplir con un dictamen sobre la designación del nuevo titular del Consejo de la Judicatura.   El jurista, además, sostiene que hay un error de parte de la CC al mencionar que la Contraloría en su informe “habría recomendado la terminación del contrato”, de transporte de crudo entre Amazonas Tankers y la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).   Aseguró que el Gobierno tiene elementos probatorios para demostrar que la Contraloría en ningún momento recomendó la terminación de ese contrato, sino que sugirió que se negocien nuevas condiciones para evitar perjuicios económicos al Estado.

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Juicio político, con graves fallas y sin pruebas, según asambleísta Ricardo Vanegas

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El asambleísta de Pachakútik, Ricardo Vanegas, insistió en las graves fallas del juicio político, montado por la oposición contra el presidente Guillermo Lasso. A juicio de Vanegas, un proceso de este nivel debería ser manejado de forma responsable. Sin embargo, hasta ahora no se presentan pruebas contundentes, que demuestren la presunta culpabilidad del mandatario en peculado. El legislador recordó que la interpelación debe demostrar responsabilidad del encausado. Pero hasta ahora solo existen pruebas deficientes. Además, una vez que la Corte Constitucional prohibió a los acusadores mencionar el término “confianza”, los argumentos perdieron peso. Vanegas advirtió que los 24 asambleístas de Pachakútik, no forman parte de la alianza correísta-social cristiana, y que tomarán la decisión en base a las evidencias que se muestren durante el juicio político. Desde ya, dijo, está demostrado que a dicha mayoría solo le importa el fin, y no los medios, al punto que ni siquiera con ayuda pueden demostrar que el presidente Lasso, cometió peculado en los contratos de Flopec. El parlamentario precisó que si los acusadores violan el dictamen de la Corte Constitucional, se exponen a que, en caso de censura, dicho organismo deje sin efecto la destitución, e incluso los destituya por desacato.

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UNES y PSC bloquean pedidos de prueba solicitadas sobre el histórico de la suscripción de contratos entre Flopec y Amazonas Tanker para el transporte de crudo

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EL UNIVERSO .- El plazo para presentar las pruebas de cargo y de descargo vencen el 16 de abril próximo según certificó el secretario de la Comisión de Fiscalización Los correístas y socialcristianos más el voto del asambleista Bruno Segovia (ex Pachakutik), bloquearon 19 pedidos de prueba solicitados por Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero, presidente y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización que procesa el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, acusado de presunto peculado.   La sesión que se instaló a las 16:05, estuvo crispada por continuas insinuaciones e ironías entre los legisladores miembros de la mesa que pugnaban en el proceso de calificación de las pruebas y comparecencias que se mostrarán en el proceso de juicio.   Al momento el juicio se encuentra en la etapa de presentación y solicitudes de pruebas cuyo plazo vence el próximo 16 de abril. La acusación contra del primer mandatario, según el dictamen de la Corte Constitucional, se centra “en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros quienes incidían en la contratación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República”.   A la sesión de la Comisión de Fiscalización convocada para el lunes 10 de abril, únicamente asistió el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, de manera presencial; los demás se conectaron de manera virtual que provocó varios desfases en el momento de argumentar mociones y defender posturas.   También estuvo presente Edgar Neira Orellana, el abogado del presidente de la República en esta etapa de presentación de pruebas de descargo y contestación a las acusaciones planteadas en contra del primer mandatario. Lo primero que trató la comisión fue una moción que presentó el socialcristiano, Pablo Muentes, para dejar sin efecto las providencias 057 y 058 emitidas por el presidente de la Comisión de Fiscalización respecto a la notificación del juicio y la solicitud a los proponentes del juicio para que singularicen las pruebas. El voto del asambleís Villavicencio y Bruno Segovia, fueron clave para impedir que el pedido del PSC pase.   Posterior a ello, el legislador Roberto Cuero, mocionó que no se acoja la petición del abogado Edgar Neira, que observó al menos 40 pedidos de pruebas presentadas por los legisladores: Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdova, relacionadas al caso de peculado.   Neira, que estuvo conectado a la sesión, afirmó que todos los pedidos se fundamentan en el derecho constitucional de defensa de quien es el.   Explicó que el escrito presentado no tiene el ánimo de obstaculizar el trabajo investigativo de los asambleístas que han pedido la práctica de pruebas. Dijo que las observaciones realizadas a los pedidos de los legisladores son para que en el momento de la ejecución de los pedidos de prueba no haya confusión y mejor se precise las solicitudes de pruebas y que la mesa tenga todos los elementos de juicio que le permita convencer del informe que será presentado al pleno de la Asamblea.   El asambleísta, Bruno Segovia, señaló que no puede condicionar los pedidos de prueba solicitados por los asambleístas y que el presidente a través de su abogado puede también solicitar pruebas o presentarse, pero que no se puede aceptar el planteado del acusado que calificó que están incompletos las solicitudes de información.   Roberto Cuero (UNES), dijo que más allá de los pedidos de la defensa, los juicios políticos están normados en la ley, que se respetará el debido proceso y el derecho a la defensa, pero que no puede el abogado del Presidente incidir en lo que deben o no solicitar los asammbleístas.   Tampoco se dio paso al pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que se singularice las pruebas. Los delegados de UNES, PSC y el asambleísta, Bruno Segovia, votaron en contra del pedido de la defensa del acusado.   El asambleísta, Fernando Villavicencio, advirtió que habrá complicaciones en el proceso de juicio político, porque habrá un calendario de comparecencias de 36 personas que constan en el registro de la petición del juicio político, pero no se tiene los motivos con los que se debe solicitar la presencia de los funcionarios y ex funcionarios, y tampoco se sabe cuántos los 36 comparecientes corresponden a la causa de peculado.   Negación de pruebas Una tercera moción la presentó el asambleísta Roberto Cuero para calificar las pruebas presentadas por los legisladores Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero. En la propuesta se dejó fueron 12 de las 19 peticiones de pruebas, y se negó tres comparecencias solicitadas por Villavicencio. En cambio, se negó todo lo solicitado por Cordero. Cuero dijo que las pruebas solicitadas por Cordero y Villavicencio son impertinentes y además se refieren a años anteriores, cuando el peculado se cometió durante el periodo presidencial de Guillermo Lasso.   El presidente de la mesa de Fiscalización advirtió que la moción de Cuero vulnera el derecho de los legisladores de fiscalizar y conocer quién y quiénes estarán detrás de los contratos de transporte de crudo.   Además rechazó que se haya bloqueado el pedido de comparecencia del Procurador General del Estado que constituye una pieza clave para determinar si hubo o no el delito de peculado.

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Ex vicepresidente Otto Sonnenholzner trabaja en nueva coalición política de centro

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El ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, advirtió que destituir al actual presidente Guillermo Lasso, no resolverá los graves problemas del país, como afirma la oposición. En diálogo con “Punto de Orden”, Sonnenholzner recordó que la Constitución establece 4 mecanismos legales, para conseguir la salida de un mandatario. Sin embargo, al margen de las causales exhibidas, advirtió que la situación del Ecuador “no se resolverá destituyendo presidentes”. El ex vicepresidente advirtió que los bloques de oposición de la Asamblea, quieren sacar a Lasso a toda costa, “pero no han definido qué le conviene más a cada fuerza política. No veo a ninguno pensando realmente en el país. No los veo proponiendo nada para superar esta crisis”. Sonnenholzner reconoció que el jefe de Estado tiene actualmente un bajo nivel de aceptación popular. Sin embargo, eso nunca fue causal para destituirlo. Y menos aún argumentar su derrota en la Consulta Popular de febrero, pues años atrás, los presidentes Febres Cordero y Durán Ballén perdieron consultas, y no por ello intentaron cortar su mandato. Lo que sí precisó que es al gobierno le falta empatía con los problemas de la gente, pues está más preocupado de responder los insultos de la oposición, que de implementar, por ejemplo, estrategias efectivas contra la inseguridad. Coalición política Por otra parte, el ex segundo mandatario confirmó que trabaja en la creación de una nueva coalición política, que podría participar en futuras elecciones. Sin embargo, anotó que no necesariamente sería candidato, aunque sí trabajaría en el impulso de esas fuerzas. Más bien dijo que su intención es elaborar planes que se puedan ejecutar en beneficio del país, y que solo el tiempo señalará quiénes deben encabezar las postulaciones. Esta alianza, considerada de centro, está en marcha, y más adelante dará detalles de su conformación. Inseguridad debe ser combatida Sonnenholzner consideró que la inseguridad es el principal problema que deben afrontar, y que para ello es indispensable ofrecer un real apoyo político a la fuerza pública. Una forma sería establecer que habrá indulto presidencial, al agente que, en legítima necesidad, utilice la fuerza para detener a un delincuente. En este ámbito, lamentó que la Asamblea Nacional, que aprobó una amnistía para los responsables del caos y la destrucción de Quito, durante el paro del 2019, se olvidara de los 200 policías encausados por repeler las protestas. En su opinión, urge una intervención integral de las prisiones, ya que actualmente rebasaron la capacidad de control del Estado, con bandas criminales armadas dirigiendo la violencia, incluso tras las rejas.

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Presidente Lasso afrontará el juicio sin muerte cruzada, anticipa ministro de Gobierno

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El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, confirmó que el presidente Guillermo Lasso afrontará el juicio político, planteado por la Asamblea Nacional, por un supuesto peculado en contratos de la empresa pública Flopec. En diálogo con nuestro espacio “Punto de Orden”, Cucalón recordó que la interpelación no tiene fundamentos, ni pies ni cabeza, y lamentó que la Corte Constitucional, al dar luz verde al proceso, no revisó el informe de la Contraloría, que solo hizo recomendaciones técnicas, y nunca estableció perjuicios para el Estado. El premier precisó que el juicio solo podrá tratar esta acusación, pues la misma Corte Constitucional lo señaló de esa manera. Algo difícil de entender para ciertos legisladores, dijo, “acostumbrados a balbuceos y decir lo que les da la gana”. Cucalón mencionó que la comisión especial de la Asamblea, que analizó el llamado “Caso Encuentro”, nunca mencionó las supuestas irregularidades en Flopec, un tema que surgió después, cuando los proponentes se dieron cuenta de que no tenían de qué acusar al presidente. Es decir, una mayoría de legisladores aprobó el enjuiciamiento, pero sin tener razones para ello. El premier dejó en claro que Lasso se defenderá en la interpelación, y demostrará que no hubo tales anomalías en Flopec, y sobre todo, que los contratos corresponden a una época en que no llegaba todavía al poder. Cucalón lamentó que ciertos politiqueros solo tengan en mente sacar al mandatario, pero sin argumentos reales. En cambio, el gobierno busca la forma de detener la escalada de inseguridad, de dotar de bienestar a los ecuatorianos, y de atender las necesidades del país. Como prueba, mencionó el importante aumento presupuestario a la Policía y a las Fuerzas Armadas. Dinero que permite adquirir vehículos, armas, municiones y otros equipos. Asimismo, negó ser “el hombre del maletín”, como afirma su ex coideario social cristiano, Alfredo Serrano. En su opinión, las expresiones de Serrano no merecen ni siquiera respuesta. El ministro anotó que quienes integran el PSC, conocen cuál ha sido su accionar, y por tanto, acusarlo de querer comprar votos es absurdo. Finalmente, dejó entrever que el presidente Lasso no recurrirá a la “muerte cruzada”, algo que califica como “atajo fácil”. Cucalón indicó que esos “Nostradamus de tercera categoría”, que vaticinaban el fin del gobierno a corto plazo, ven ahora que este se mantiene firme.

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Comisión de Fiscalización entra a calificar casi un centenar de pedidos de pruebas dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso

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EL UNIVERSO.- La sesión de la mesa está convocada para este lunes 10 de abril a partir de las 16:00 y todos sus integrantes tienen solicitudes de prueba y comparecencias A partir de las 16:00 de este lunes 10 de abril, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera conocer y calificar al menos un centenar de solicitudes de práctica de prueba de los asambleístas y presidente de la República, Guillermo Lasso, dentro del juicio político por supuesto peculado en los contratos petroleros entre Flopec y Amazon Tanker Pool.   Tras la notificación del inicio de sustentación de la solicitud del juicio político, realizada el pasado 6 de abril, el proceso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, así como de solicitudes de comparecencias de funcionarios, exfuncionarios y testigos que se usarán durante la etapa de actuación de la prueba. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, señaló que ante la casi orfandad de pruebas de los acusadores, será la mesa quien determine las pruebas de oficio que se practicarán y defina los nombres de los funcionarios y exfuncionarios públicos que deberán comparecer a partir de la próxima semana, cuando arranque la etapa de actuación de prueba para verificar la existencia o no del delito de peculado, que es la única acusación que enfrenta el primer mandatario.   La mesa de Fiscalización y Control Político también conocerá la carta presentada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, donde exige a los proponentes del juicio que delimiten las pruebas relacionadas con el tercer cargo de la acusación que la Corte Constitucional fijó como materia de este juicio. Con ello, según señaló el primer mandatario, podrá conocer los hechos específicos y pruebas del expediente que sustentarán la acusación, antes de la presentación de sus descargos.   El presidente Guillermo Lasso, en esta etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, estará representado por Édgar Neira Orellana, quien será la persona encargada de presentar los escritos, solicitudes de práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencia y ejerza su defensa.   Pedidos de pruebas En la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, del pasado 3 de abril, los integrantes de la mesa anunciaron que presentarán pedidos de pruebas en el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Foto: El Universo Entre los tres delegados del bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES) ante la mesa de Fiscalización: María Gabriela Molina, Roberto Cuero y Comps Córdova, presentaron 37 pedidos de práctica de prueba relacionados con el valor de renta de buques por parte de Flopec a través de Amazonas Tanker, de los años 2021 y 2022.   En el escrito, el legislador Cuero indica que las pruebas de oficio solicitadas son pertinentes, conducentes y útiles por cuanto se evidenciará y se demostrará que en el manejo del transporte de crudo existió perjuicio al Estado para beneficio de terceros, constituyendo con ello el tipo penal de peculado, que es la causal por la cual se sustancia este enjuiciamiento político.   También piden listado de los gerentes generales de Flopec; los destinos de los buques del Pool Amazonas Tanker durante los últimos cinco años; precios diarios del WTI desde enero de 2022; fórmulas de cálculo para la venta de petróleo para Petrochina y para aquellos que no pertenecen a esa compañía.   Del Ejecutivo solicitan el listado de los ministros de Energía, de los secretarios de Presidencia, de secretario jurídico de la Presidencia, presidentes de EMCO, especificando nombre, fechas de inicio y fin de gestión de cada uno de ellos a partir de diciembre del año 2020.   Solicitan a Flopec los informes de la gerencia general y de la gerencia comercial relacionados con la renegociación de los contratos de Amazon Tankers; porcentajes de ocupación con la fórmula de cálculo de los buques asignados a Amazon Tanker, para demostrar los perjuicios causados al Estado.   La legisladora Molina pide los nombres de los asesores de nómina y externos la gerencia general de Flopec, desde el año 2021 hasta la presente fecha; además, solicita la estrategia comercial de EP Flopec para la negociación de los contratos a tiempo y los contratos por viaje, tipo de contrato utilizado desde febrero de 2020 hasta la actualidad, Igualmente pide información sobre las cargas aportadas por Amazonas Tanker desde el 2021; los documentos de asociación y creación de Amazonas Tanker, con las adendas que existan; los estados financieros y liquidación de gastos y utilidades generados durante el 2021 y 2022; precios cobrados por el Pool, del transporte del petróleo por viaje desde Esmeraldas a los diferentes destinos durante los años 2021 y 2022; y también requiere el informe de Flopec donde se indique si existieron directrices para la terminación unilateral de los contratos suscritos con Amazonas Tanker.   Comps Córdova pidió que se remita el Estado de Resultados de Amazonas Tanker y Estado de Resultados por buque de Amazonas Tanker de los años 2021 y 2022.   También solicitó que Flopec remita el examen especial de la Contraloría General del Estado relacionado con el acuerdo comercial Amazonas Tanker, para demostrar que de forma deliberada se permitió que se siga causando perjuicios al Estado.   El socialcristiano Pablo Muentes plantea que se pida a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea una copia certificada del documento denominado “Informe no vinculante sobre la situación actual de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana-EP Flopec”, conocido, debatido y aprobado en la sesión número 134 de la comisión del 31 de octubre de 2022.   Que se pida a la Comisión de Régimen Económico una copia certificada del acta de la sesión 103-CRETREC-2022 del jueves 11 de agosto de 2022, y copia de audios y video, debido que en esta sesión compareció el gerente general subrogante de la EP Flopec, Oswaldo Rosero Quirós.   A la Empresa Pública Flopec solicita una copia certificada de los balances auditados de los años 2020, 2021, 2022; así como una copia certificada de los

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