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Ecuador: septiembre 20, 2024

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Ecuador, septiembre 20, 2024
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Recusación de la vocal Maribel Barreno obliga a que audiencia de formulación de cargos por tráfico de influencias no se realice en la Corte Nacional

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El Universo .– Dos vocales en funciones del Consejo de la Judicatura y un juez de Pichincha son contra quienes la Fiscalía formulará cargos por tráfico de influencias. Debido a una demanda de recusación presentada por la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno contra el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Walter Macías, este magistrado pierde la competencia en el caso mientras se resuelve la recusación. Ante esto, la diligencia de formulación de cargo no se instaló la mañana de este jueves 4 de mayo. Barreno junto con el también vocal de la Judicatura Juan José Morillo y el juez de la Corte Provincial de Pichincha Vladimir Jhayya fueron convocados a la audiencia en la que se esperaba que la fiscal general, Diana Salazar, formule cargos por tráfico de influencias. El caso parte de un audio filtrado en el que se escucharía al vocal Morillo, en presencia de Maribel Barreno, pidiendo el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución. Jhayya estaría implicado en el caso por supuestamente ser quien convocó a los funcionarios judiciales para la reunión. Antes de suspender la diligencia, el juez Macías indicó que momentos previos al ingreso a la sala fue notificado de la demanda de recusación y destacó lo rápido que se calificó el recurso que ahora está en manos del también juez nacional Felipe Córdova. Desde este momento, dijo, un juez debe subrogarlo para que la causa continúe y mientras se resuelve la demanda en su contra. Dolores Vintimilla, abogada de la vocal Barreno, refirió que la recusación la presentaron al existir una enemistad manifiesta “mutua”, la cual se ha evidenciado, dijo, en la falta de imparcialidad por parte del juzgador en el desarrollo de ciertas diligencias, como por ejemplo el testimonio anticipado receptado durante la etapa de investigación previa. La defensa de Barreno aclara que están usando todas las acciones que la ley faculta y de ninguna manera es por dilatar el proceso,. Menciona que lo único que quieren es que se investigue con objetividad y ser juzgados por un juez imparcial.“Del escrito de Maribel Barreno se demostró de forma taxativa la voluntad de comparecer con una abogada particular y nos negábamos a tener un defensor público. En razón de que era el primer señalamiento y que el día anterior al testimonio anticipado recién como abogado había conocido la causa y no tenía la documentación, solicitamos el diferimiento. De igual manera, ese mismo día se dio una alarma de bomba en el CJ lo que nos hizo físicamente imposible trasladarnos a realizar ese justificativo en la audiencia. Si es que el juez hubiera actuado de manera imparcial, habría diferido la diligencia”, señaló Vintimilla. La fiscal Salazar explicó que la formulación de cargos se sustentaría en los elementos encontrados en diez meses de investigación previa. El expediente contaría con el testimonio anticipado de una servidora judicial que avalaría el audio completo que estaría en manos de la Fiscalía. “Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”. Jesús López, abogado defensor del juez Jhayya, dice haber revisado exhaustivamente el expediente y no existe nada que revele que él tenga participación en el tráfico de influencias que se investiga. Que es inocente su cliente y que durante el tiempo de instrucción fiscal aportarán los elementos necesarios que ratifiquen esa no participación o vinculación en el ilícito que analiza la Fiscalía. “El testimonio anticipado que existe en el caso no se refiere en nada a mi representado, por lo que no da cuenta de alguna responsabilidad. (…) El testimonio anticipado lo rinde otra señora juez de la misma Corte Provincial (de Pichincha), pero no se refiere en nada a mi representado. (…) Él aparentemente estuvo en la reunión, pero estuvo conversando con otra persona de otros temas, por lo tanto él desconocía lo que se estaba conversando entre el señor (Juan José) Morillo y la otra persona que se encuentra investigada”, expresó López. Sobre el testimonio anticipado, Vintimilla señala que en el momento procesal oportuno demostrarán que está en contra de la verdad ese testimonio, ya que hay muchas contradicciones. “No estamos frente a un delito sexual, en el cual el testimonio anticipado cobra relevancia, este testimonio debería ser corroborado por las otras pruebas y no ha pasado eso en este caso. (…) Considero que este es un tema político que debería dejarse de lado y tratarse como un tema netamente penal bajo las mismas garantías constitucionales”, aclaró Vintimilla. No existe aún fecha ni para la audiencia en la que se debatirá la recusación contra el juez Macías, ni tampoco se conoce cuál será la nueva fecha para la formulación de cargos de los tres funcionarios judiciales o cuál será el juez o conjuez que retomará la causa hasta que se resuelva el tema de Macías. A la sala de audiencias en la Corte Nacional no llegó personalmente ninguno de los tres funcionarios investigados.

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Fiscalía allana oficinas de dos jueces de la Corte de Pichincha que declararon nulo un caso de presunta captación ilegal de dinero

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El Universo .- Los jueces son investigados por el supuesto delito de prevaricato. La tarde del miércoles 3 de mayo la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de los jueces Lady A. y Fabián F. de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, como parte de una investigación por el presunto delito de prevaricato. La Fiscalía informó a través de sus redes sociales que en el lugar se recaban varios indicios. La entidad compartió imágenes de la intervención en las oficinas de los magistrados. Según los datos preliminares, los jueces declararon la nulidad del caso Fortunario, en el cual estaban procesadas tres personas, así como la empresa Fortunario Activos Digitales, quienes eran judicializados por el presunto delito de captación ilegal de dinero. La Fiscalía expuso que la decisión de los juzgadores obligó la devolución de 7,6 millones de dólares. El caso Fortunario data de abril de 2022 cuando la Fiscalía y Policía ejecutaron cinco allanamientos en Quito en contra de la empresa Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda., de sus accionistas y representante legal. Aquel momento se inmovilizaron alrededor de 7 millones de dólares. De acuerdo con la investigación, se habría cometido el delito de captación ilegal de dinero, utilizando compañías que ofertaban servicios de inversión en plataformas financieras, como la Bolsa de Valores, Forex, acciones, criptomonedas, ofreciendo un rendimiento del 17 % mensual.

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Continúan versiones dentro de investigación previa por tráfico de influencias que involucraría a la asambleísta Mireya Pazmiño y a otras tres personas

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El Universo .- El 27 de abril pasado se abrió la fase preprocesal de investigación previa por el delito de tráfico de influencias, la cual tiene el carácter de reservada.   Acompañada de su abogado defensor es como ingresó, la mañana de este martes 2 de mayo, a la Fiscalía General, en Quito, la exsecretaria relatora de la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, Andrea Poveda Camacho, quien fue llamada a rendir versión dentro de una investigación previa abierta por el delito de tráfico de influencias.   La exfuncionaria legislativa fue convocada para hablar y responder preguntas de la Fiscalía sobre los hechos que se investigan de forma previa un tráfico de influencias que se habría cometido en la elaboración y aprobación de un informe sobre la situación de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), realizado en la Comisión de Régimen Económico, la cual está presidida por la asambleísta Mireya Pazmiño, una de las cinco personas sospechosas.   El 27 de abril pasado se abrió la fase preprocesal de investigación previa, la cual tiene el carácter de reservada. Dos días antes, el legislador independiente, Fernando Villavicencio, pidió a la Fiscalía inicie una investigación contra Pazmiño, contra el exasesor legislativo de Pazmiño, Mario Naranjo Borja, el hermano de éste, Wilson Naranjo Borja, Galo Garzón Játiva y Jaime Condoy Blacio. La exsecretaria de la comisión liderada por Pazmiño fue llamada a versionar días después de que confirmó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dentro del proceso de juicio político contra el primer mandatario ecuatoriano, que los asesores de la Comisión de Régimen Económico no elaboraron el “informe no vinculante sobre la situación actual de Flopec EP, sino que fue remitido por parte de Mario Naranjo mediante el correo institucional zimbra”.   La asambleísta separada del bloque de Pachakutik, Mireya Pazmiño, y tres asambleístas más acusan al presidente de la República Guillermo Lasso, dentro del juicio político que se lleva en la Asamblea Nacional contra él, del cometimiento de un peculado ocurrido en un contrato suscrito en 2018, con una adenda en 2020, entre Flopec EP y Amazonas Tanker. Poveda Camacho ingresó a la Fiscalía poco antes de las 09:00 de este 2 de mayo y salió cerca de las 13:00. Dentro de este caso, el viernes último, el denunciante, Fernando Villavicencio, asistió a la Fiscalía para rendir la versión a la que fue convocado luego de que se le notificó de que se abría una investigación previa ante su denuncia.   Al término de su versión, la exfuncionaria de la Comisión de Régimen Económico no profundizó sobre lo que dijo en su comparecencia. Lo que si aseguró es que ella realizó únicamente un trabajo técnico desde junio de 2021 hasta febrero de 2023 que estuvo en el cargo.   “Fiscalía está investigando, yo ya he entregado mi declaración, lo he manifestado también en la Comisión de Fiscalización en abril pasado, así que ya tienen los insumos de lo que a mi me consta como secretaria y de lo que yo daba fe como secretaria de la Comisión de Régimen Económico”, indicó Andrea Poveda Camacho.

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Asambleísta Mireya Pazmiño es investigada en la Fiscalía por caso Flopec y se prepara una queja a nivel de la legislatura

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El Universo .– Actualmente, el informe motivado sobre el juicio político está en proceso de redacción que deberá concluirse hasta el 6 de mayo, según el cronograma La asambleísta por la provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño (separada del bloque Pachakutik), enfrenta dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado por fraude procesal y falsedad ideológica, y se prepara una queja en su contra a nivel de la Asamblea Nacional. Pazmiño, junto a otros cuatro legisladores, impulsó la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por supuesto delito de concusión y peculado, derivados de una investigación que realizó una comisión ocasional donde ella también fue integrante y se denominó “El Gran Padrino”, que tomaba como base audios filtrados de supuestos hechos de corrupción en las empresas públicas que supuestamente las lideraba Hernán Luque Lecaro, presidente del directorio de EMCO, y el cuñado del presidente, Danilo Carrera Druet. Una vez presentado el juicio político, la solicitud pasó a conocimiento de la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad. El fallo de los jueces delimitó la razón por la cual el primer mandatario podría ser enjuiciado, pues rechazó la causal de un supuesto delito de concusión, y centró su decisión en un posible delito de peculado en el contrato para el transporte de hidrocarburos suscrito por la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker. En la etapa de la práctica de la prueba del juicio político al presidente Lasso, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, Pazmiño, fue activa en el interrogatorio a los testigos que se presentaron. Pero, cuando ella pasó a ser testigo la situación de Pazmiño, se complicó. Pasó a ser fiscalizada por la defensa del primer mandatario por un informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico que preside respecto a la investigación al contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Ella, como presidenta de la mesa de Régimen Económico, inició un proceso de fiscalización a Flopec que concluyó con la presentación de un informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa pública con fecha 31 de octubre de 2022, que fue suscrito por cuatro asambleístas más: Johnny Terán (PSC), Ana Herrera, Blasco Luna y Jahiren Noriega (UNES). El informe aborda el tema central del juicio político que ella mismo formuló al primer mandatario. En el informe legislativo resalta la asociación entre Flopec y Amazonas Tanker, e inclusive habla de un crecimiento en las utilidades de la empresa pública por un buen manejo de la entidad. En cambio, en el juicio político admitido a trámite tras el dictamen de la Corte Constitucional habla de pérdidas y perjuicios al Estado de $ 6,1 millones por mantener el contrato con Amazonas Tanker, y que esa situación financiera de Flopec conocía el primer mandatario y no actuó. Denuncias en la Fiscalía Fraude procesal en el ámbito penal y falsedad ideológica en la falsificación de documentos relacionados al informe sobre el caso Flopec y Amazonas Tanker, son las causales que llevaron al legislador Fernando Villavicencio (IND) y a cuatro asambleístas del correísmo, a presentar denuncias ante la Fiscal del Estado, Diana Salazar. La petición de investigación fue calificada y empezaron las comparecencias. El legislador Villavicencio precisó que la indagación se realiza por haberse descubierto que el informe elaborado en la Comisión de Régimen Económico que preside Mireya Pazmiño, fue hecho por personas vinculadas a Amazonas Tanker. Y ese informe forma parte del proceso de juicio político al presidente de la República. La segunda denuncia fue presentada ante la Fiscalía por los asambleístas de UNES: Ana Herrera, Jahiren Noriega y Blasco Luna, frente al posible cometimiento de delitos en la elaboración del informe no vinculante sobre la situación de Flopec. En el escrito presentado alertan que llegó a su conocimiento una noticia criminis sobre el hecho de que el informe respecto a Flopec y Amazonas Tanker, fue elaborado por ciertos funcionarios públicos que posiblemente utilizaron su influencia y la de sus familiares para perpetrar una serie de presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción para beneficio propio o de terceros; “por lo que solicitamos se investigue las responsabilidades en torno a dicho documento, en especial al exasesor parlamentario Mario Naranjo y a su hermano Wilson Naranjo, supuesto lobbysta de empresas petroleras. Denuncia en la Asamblea En tanto, la legisladora nacional por Pachakutik, Patricia Sánchez, prepara el texto para presentar un pedido de investigación y sanción ante el Comité de Ética de la Asamblea contra su colega Pazmiño, por las irregularidades denunciadas en la Fiscalía General del Estado respecto al informe sobre la situación actual de empresa pública Flopec, y el desenvolvimiento de los últimos años. La denuncia en proceso recogerá la denuncia sobre la forma en que se elaboró el informe sobre el caso Flopec EP y Amazonas Tanker, pues se señala que el documento fue realizado por personas externas a la mesa de Régimen Económico, porque la presidenta no socializó el documento previo a su votación. Apoyaron el documento el voto de los asambleístas de las bancadas: UNES, PSC y Mireya Pazmiño. Sánchez espera que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), califique su pedido de investigación y remita el expediente al Comité de Ética para que se indague y se sancione.

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A dos vocales de la Judicatura y un juez de Pichincha la Fiscalía formulará cargos por tráfico de influencias, el próximo 4 de mayo

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El Universo.- La investigación previa por tráfico de influencias contra los tres funcionarios judiciales se abrió en Fiscalía el 15 de junio de 2022. El 4 de mayo próximo se formularán cargos contra los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Juan José Morillo y Maribel Barreno, y el juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhaya, por el delito de tráfico de influencias. La audiencia está convocada para las 10:00 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Los tres funcionarios judiciales eran parte de una investigación previa que se abrió hace diez meses, el 15 de junio de 2022. En la fase reservada se habrían analizado audios filtrados en los que el vocal Morillo, en presencia de Maribel Barreno, pide el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejos, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de sus destitución. Jhaya habría sido supuestamente quien convocó a los funcionarios judiciales para la reunión. A Morillo en los audios se le escucha usando el nombre del presidente Guillermo Lasso en su intención de influir en la decisión de un juez que llevaba la acción constitucional que solicitaba Llori. En un video publicado en la cuenta institucional de Twitter de la Fiscalía General del Estado, su titular habla de que la institución sigue trabajando sobre “casos contundentes” e inició la explicación de la causa denominada Vocales, por la que había pedido a la Corte Nacional día y hora para la formulación de cargos. “La acusación se sustentará en los elementos encontrados en estos diez meses de investigación y que ha contado con el testimonio anticipado de una servidora judicial. Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”, señaló Salazar. Desde la Fiscalía se ha insistido que se está haciendo un trabajo técnico-jurídico, apartado de cualquier contexto político. Diana Salazar califica de fundamental el que como sociedad se mire con detenimiento este caso, pues se está “hablando del máximo organismo de control de la justicia, por lo que estoy segura que sentaremos un precedente para que a futuro no se vuelvan a utilizar las instituciones del Estado para tomar el poder”. El vídeo produjo una reacción inmediata en la vocal Maribel Barreno, quien llegó a la Judicatura en 2019 representando a la Fiscalía General. Para la funcionaria judicial el “accionar informal” de la fiscal general le resulta “sorprendente” dentro de una investigación previa que tiene el carácter de reservada. Barreno mediante un comunicado público sostuvo que sus derechos y garantías establecidas en la Constitución, especialmente la presunción de inocencia, deben ser respetados; dejó sentada la contaminación  que ha provocado la Fiscalía en este caso al hacer mediático un procedimiento que genera un prejuicio en la ciudadanía y que puede afectar la imparcialidad de los juzgadores. “Jamás he abusado de mi cargo para influenciar sobre terceros en beneficio personal ni de otros, sino que por el contrario he impulsado y promovido proyectos técnicos y modernizadores para mejorar el sistema de justicia”, afirmó la vocal Barreno, al tiempo que adelantó que llevará adelante una defensa técnica y jurídica para desvirtuar todas las acusaciones que buscan afectar su buen nombre. En la Asamblea Nacional aún está pendiente que se retome la posibilidad de enjuiciar políticamente a Barreno y Morillo por el contenido y sentido de los audios filtrados. La idea de interpelar a estos funcionarios judiciales la lidera el Partido Social Cristano, bancada que también impulsó el juicio político que no alcanzó la destitución de cuatro vocales del CJ, institución que a ese momento estaba presidida por Fausto Murillo. La formulación de cargos se dará en medio de las acusaciones hechas por la Fiscalía contra la Judicatura de “intentar tomarse la institución” mediante la desiganción de 23 fiscales provinciales.

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Mujer fue sentenciada por intentar vender a su hija de dos años en redes sociales

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El Universo .– Fue condenada a cinco años y cuatro meses de cárcel. Una mujer identificada como Diana A. O. fue condenada a 5 años y 4 meses de cárcel, por haber intentado vender a su hija de 2 años por $400, suceso que se registró en Chanduy, parroquia rural de Santa Elena.   Un Tribunal de Garantías Penales la declaró autora de trata de personas en grado de tentativa.   El fiscal Wagner Sellán dijo que la mujer anunció en redes sociales la venta de su hija. Esto se conoció el 24 de octubre de 2022, por la alerta que hizo una persona a la Policía Nacional, a través del ECU 911, detalla la Fiscalía General del Estado en un comunicado.   Al enterarse de esto, agentes policiales llegaron a la Terminal Terrestre de Santa Elena, lugar donde se había acordado la entrega y esperaron la presencia de la mujer. Al consultarle las razones que la motivaron a vender a su pequeña, indicó que no tenía la solvencia económica para mantener a la menor.   Entonces, la madre fue aprehendida y la infante rescatada y entregada a su abuela materna, quien indicó no conocer sobre las intenciones de la hoy sentenciada. Fiscalía indica que respaldó este relato con los testimonios de agentes investigadores y aprehensores, de peritos médicos y de trabajo social.   También se basó en los informes de los agentes de la Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), la pericia de reconocimiento del lugar de los hechos, la explotación de cámaras de video de la Terminal Terrestre, la extracción de información del teléfono celular de la ahora sentencia, entre otras pruebas.

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Judicatura y Fiscalía retoman proceso para la evaluación de agentes fiscales en Ecuador

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EL UNIVERSO .- Desde la semana pasada equipos de la Fiscalía y la Judicatura trabajan temas para viabilizar el nuevo proceso para evaluar a 812 fiscales.   Con la participación de delegaciones del Consejo de la Judicatura (CJ) y de la Fiscalía General del Estado es con lo que arrancó el nuevo proceso para la evaluación de 812 fiscales en Ecuador. El viernes último existió una reunión en la que se presentó el reglamento para dar inicio a una evaluación.   El 28 de marzo pasado, por unanimidad, el pleno del CJ resolvió derogar y revocar los actos normativos y administrativos del proceso de evaluación de desempeño y productividad de los agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales.   En la sesión ordinaria 036-2023, los integrantes de la Judicatura resolvieron además iniciar un nuevo proceso de evaluación. Se establecieron plazos para que las direcciones del CJ involucradas en el tema generen los insumos correspondientes. Ante esta decisión, la Fiscalía reconoció que es potestad del Consejo de la Judicatura evaluar a los agentes fiscales, pero aunque la institución aseguró que cumplirá las decisiones adoptadas por el órgano de gobierno, administración, disciplina y vigilancia de la Función Judicial, demandó “transparente y objetiva” en la ejecución del nuevo proceso de evaluación y su culminación.   En este momento el acuerdo es dar inicio al proceso de evaluación de 812 fiscales de todo el país, proceso que estaba pendiente desde 2019. Esta semana se continuará el proceso con el debate del reglamento e instructivo para su aprobación con ambas partes. La semana pasada, la Fiscalía General del Estado señaló que es necesario que se desarrolle un proceso previo que permita la recategorización de fiscales antes de que se realice desde el Consejo de la Judicatura el concurso interno de Oposición, Méritos e Impugnación Ciudadana y Control Social para la designación de fiscales provinciales.   En la cuenta de Twitter de la Judicatura que en la sesión extraordinaria 044-2023 el pleno del organismo aprobó la solicitud para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conforme la Veeduría Ciudadana que vigilará el concurso interno para la designación de fiscales provinciales.   “La solicitud de conformación de la veeduría será remitida al CPCCS por la Dirección General del CJ, pero no significa que se dé el inicio al concurso. Se trata de una acción previa para fortalecer la transparencia en este tipo de procesos”, aclaró la Judicatura.   Respecto al tema la Fiscalía emitió un pronunciamiento en el que señala que al conocer que en el concurso para fiscales provinciales únicamente se considerará a los fiscales de categoría 3 y se dejará de lado a los de las categorías 1 y 2, “estima prudente señalar que el proceso mencionado de recategorización es necesario para no vulnerar el principio de igualdad de los funcionarios, quienes han esperado esta opción de crecimiento laboral desde hace ocho años (2015)”.   La fiscal general, Diana Salazar, señaló que no permitirán que se repartan la Fiscalía General mediante este concurso para nombrar 23 fiscales provinciales y adelantó que defenderán la institución con las acciones constitucionales y legales que existen en el ordenamiento jurídico vigente.   “Habrá que preguntar al CJ cuál es la intención (del concurso). Recordemos que están (Wilman Terán) encabezando una acción de protección, indican que no tienen recursos para realizar (concursos), declaran nulidad en una evaluación de fiscales, pero ahora pretenden realizar concurso de fiscales provinciales. Entonces yo considero que todas las personas y sobre todo los funcionarios públicos debemos actuar con coherencia”, señaló la fiscal Salazar.   Justamente el martes último, Wilmán Terán, presidente del CJ y quien como ciudadano presentó una acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso para que se entregue los recursos suficientes para el trabajo de la Función Judicial, sostuvo en su cuenta personal de Twitter que para el “concurso de Méritos y Oposición de Banco de Elegibles, Carrera Fiscales y Fiscales Provinciales, se requiere un monto de $ 1,7 millones, aproximadamente”.   Desde la Fiscalía se sostiene que existiría un número importante de funcionarios de carrera que no podrían participar porque la evaluación de fiscales se suspendió. “La Fiscalía segura de que cada institución cumplirá con sus competencias en el marco de la ley, velará porque este proceso se realice de una manera adecuada, sin vulnerar los derechos de los funcionarios y, primordialmente, respetando el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos”, anotó la Fiscalía en un comunicado.

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El juicio penal contra Carlos Pólit en Estados Unidos se pospuso para octubre

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EL UNIVERSO .- El juzgamiento estaba previsto para mayo, pero el excontralor pidió un diferimiento para revisar información entregada por la Fiscalía ecuatoriana. La audiencia para juzgar al excontralor Carlos Pólit Faggioni en Estados Unidos se difirió para el 23 de octubre de 2023. Así lo fijó la jueza Kathleen M. Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida, en una providencia emitida la semana pasada.   Antes de esta resolución, el juicio estaba previsto para mayo. Los tres abogados de Pólit mocionaron el diferimiento argumentando que existe mucha información por revisar para preparar la defensa y que los fiscales estadounideneses no se oponían a esta propuesta.   QUITO. La expresidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira posesionó a Carlos Pólit en marzo de 2017, luego de un concurso que lo ratificó como contralor general del Estado. En Estados Unidos, el excontralor enfrenta seis cargos penales relacionados con sobornos de más de $ 10 millones provenientes de la constructora brasileña Odebrecht y con otras posibles coimas por un contrato de Seguros Sucre, empresa administrada por el Gobierno ecuatoriano.   En su escrito, los abogados señalan que dentro del juicio existen archivos digitales entregados por autoridades de Ecuador, Curazao, Panamá, Brasil, Perú, Portugal y Suiza, que alcanzan un peso de 2,6 terabytes. Esa es la misma cantidad que se reveló en los papeles de Panamá, la voluminosa filtración internacional sobre negocios en paraísos fiscales que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) hace siete años.   Los abogados de Pólit se refirieron a información entregada por la Fiscalía ecuatoriana, la cual ingresó recientemente al expediente judicial. Se trata de cinco gigas de archivos digitales obtenidos de 17 teléfonos celulares incautados dentro de procesos penales llevados a cabo en Ecuador. Además, la defensa del excontralor recordó a la jueza Williams que están pendientes de resolver otras tres peticiones suyas. En una, planteada en septiembre del año pasado, uno de los abogados solicitó que se retiren los cargos relacionados con lavado de dinero argumentando que ese delito estaría prescrito, pues según la ley estadounidense solo se pueden levantar cargos por acciones cometidas cinco años antes de la acusación, pero que los fiscales presentaron evidencias de pagos más antiguos.   El Departamento de Justicia se opuso a esta petición argumentando que los cargos no están prescritos, ya que no se debe contar el tiempo que les tomó a las fiscalías de otros países entregar información.   Pólit ocupó el cargo de contralor general entre 2007 y 2017. En Ecuador, tiene una sentencia a seis años de cárcel y al pago de $ 40,4 millones por sobornos provenientes de Odebrecht. Esta pena fue ratificada en tercera instancia y se encuentra en etapa de ejecución. Además, hay otro proceso penal por supuesta asociación ilícita, que está suspendido porque el excontralor no puede ser juzgado en ausencia por este delito.

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Pese al asesinato de Rubén Chérres, Fiscalía avanza en casos Encuentro y León de Troya; Diana Salazar asegura existirían elementos que ayudarían a sostener una ‘posible acusación’

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El Universo .- El asesinato de Rubén Chérres y de tres personas más ocurrieron el 31 de marzo pasado en una vivienda en Punta Blanca, provuincia de Santa Elena. “El hecho de que Rubén Chérres haya desaparecido ahora, no significa que desaparezcan los elementos con los que ya cuenta la Fiscalía para seguir avanzando en la investigación. Solamente ha desaparecido un presunto responsable, pero los hechos continúan y tenemos manera de llegar a la verdad”.   Lo dicho por la fiscal general Diana Salazar, este 4 de de abril, durante una comparecencia en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, terminó siendo la respuesta a interrogantes que se generaron tras el asesinato de Rubén Chérres y tres personas más, hechos ocurridos en una vivienda en Punta Blanca, provincia de Santa Elena, y conocidos la tarde del viernes 31 de marzo pasado.   Cuál sería el rumbo de las indagaciones abiertas en la Fiscalía bajo los nombres de caso Encuentro y caso León de Troya o si las causas penales que están en investigación previa se quedan sin piso con la muerte de Chérres, estaban entre las preguntas más comunes entre la gente.   Justamente, los siete asambleístas del bloque de la Revolución Ciudadana y los dos del Partido Social Cristiano que integran la Comisión de Participación buscaban no solo que la fiscal Diana Salazar, sino también que el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de la Policía Nacional, General, Fausto Salinas, informen respecto a las acciones ejecutadas sobre la orden de detención que pesaba en contra el hoy fallecido Chérres, así como den pormenores del asesinato. Ni Zapata, ni Salinas asistieron al llamado.   Aunque para correístas como la asambleísta Viviana Veloz, quien es una de las solicitantes del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, Chérres era un testigo clave dentro de los casos Encuentro y León de Troya, Salazar aclara que el hoy fallecido no era ningún “testigo clave” en el caso, sino era un sospechoso que podía haber avanzado, si las investigaciones lo ameritaban, a ser un procesado. Cherres, quien era amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, era uno de los directos investigados por supuestos actos de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico, caso denominado Encuentro, y también por presuntos vínculos con negocios relacionados con el narcotráfico y la mafia albanesa, caso llamado León de Troya. Como parte de la primera causa, desde el 21 de enero pasado el empresario Chérres mantenía una orden de detención. Según Salazar, las investigaciones siguen su marcha sin habérselas unificado, es decir, tanto el caso Encuentro como León de Troya son manejadas de forma autónoma por dos fiscales de los cuales no se reveló su nombre, pese a que así lo pidió una asambleísta de la Comisión de Participación Ciudadana. “Entendamos que estos son hechos graves y sensibles y tenemos que proteger la identidad de los fiscales que están conociendo cada una de las causas”, refirió.   Al no existir entre los sospechosos personas con fuero de Corte Nacional, ninguna de estas causas están en manos de Salazar. Fiscales de las unidades especializadas en Delincuencia Organizada (Unidot) y de Indagaciones Previas del despacho de la Fiscalía General llevan las investigaciones que el caso Encuentro inició mediante un parte policial remitido por la Unidad de Investigación de la Fiscalía General; y que el caso León de Troya arrancó por un parte de la Unidad Contra el Tráfico Interno (UCTI) de la Policía.   Según la Fiscalía, dentro del expediente del caso Encuentro se habrían realizado, desde enero hasta inicios de abril últimos, 487 requerimientos de información, 97 señalamientos de versiones -de las cuales se ha receptado 23-, seis incautaciones, doce allanamientos y se han solicitado cerca de 16 autorizaciones judiciales.   “Estas actuaciones investigativas evidencian el trabajo técnico, jurídico y responsable que ha venido desplegando la Fiscalía, cuyos resultados han permitido obtener 56 indicios generales respecto a la materialidad y presuntas responsabilidades. Es decir, estamos avanzando y vamos por buen camino. También se han recabado 54 indicios electrónicos, los mismos que están siendo sometidos a pericias informáticas. (…) No puedo informar los detalles, pero sí se puede indicar, sin poner en riesgo el avance de la investigación, que hemos encontrado elementos muy importantes que nos ayudarán a sostener una presunta acusación”, aseveró Salazar.   Como parte del caso León de Troya, informó la Fiscalía, el 27 de febrero se obtuvo la autorización judicial para continuar con la investigación previa y el 6 de marzo pasado se dio la delegación a la Unidad Especializada en Investigaciones de la Fiscalía General. En este tiempo se han emitido 55 impulsos en los cuales, entre otras cosas, se ha solicitado la lista de agentes y oficiales que fueron designados a esta investigación previa en el caso León de Troya y que participaron realizando los seguimientos y vigilancias, para que den cuenta a la Fiscalía de cuál fue su actuación.   Para esta misma investigación previa se habría solicitado al fiscal de la Sala de Interceptación Telefónica den acceso para que los nuevos agentes policiales de la ULCO designados puedan analizar 5.531 audios que forman parte de la investigación León de Troya.   Ni en lo referente a Encuentro o León de Troya la fiscal Diana Salazar ahondó en detalles. Indicó que al estar ambos casos en investigación previa, existe una prohibición legal que obliga a mantener la reserva en las actuaciones que se realizan.   La Fiscalía mantiene una tercera investigación abierta en relación a Rubén Chérres. Está última estaría encaminada a definir los responsables materiales e intelectuales de los cuatro asesinatos ocurridos en Santa Elena.   Ante la sensibilidad, la gravedad, la magnitud y trascendencia de los hechos que rodean el asesinato de Chérres la investigación previa de este caso fue desplazada a la ciudad de Quito. La etapa preprocesal será conocida e impulsada por uno de los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot). 

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Caso Sinohydro: el expresidente Lenín Moreno es parte del 30 % de los procesados por cohecho que han incumplido la presentación periódica dispuesta

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EL UNIVERSO .– Como parte de una red de corrupción la Fiscalía investiga a 37 personas, entre quienes están exfuncionarios púiblicos ecuatorianos y chinos.   El caso Sinohydro ingresa en su quinta semana de presentaciones periódicas de las 37 personas acusadas por el delito de cohecho y aún no se conoce formalmente cuántos de ellos no han cumplido las medidas cautelares dispuestas el 5 de marzo pasado. Un total de 90 días durará la etapa de instrucción fiscal en la causa en la que entre los procesados está el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, entre otros familiares del exmandatario.   Una vez el conjuez Bayardo Espinosa, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el 22 de marzo pasado, negó los recurso de revisión de la medida cautelar de presentación periódica solicitada por Moreno, González y otros seis investigados, la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional una certificación del cumplimiento de las medidas cautelares impuestas.   En una providencia del 28 de marzo pasado, desde la CNJ se dispone que secretaría certifique dicho pedido y una vez se anexe al expediente se señalará día y hora para la realización de la respectiva audiencia para la sustentación de la medida cautelar privativa de libertad.   Moreno, quien fue binomio presidencial de Rafael Correa y Jorge Glas, ya ha dicho que su situación médica y económica no le permiten ni a él ni a su pareja cumplir la medida de presentación periódica cada quince días en la secretaría de la Sala penal de la CNJ, en Quito. Ambos se encuentran en Asunción, Paraguay, desde enero de 2022, ya que Lenín Moreno ocupa un cargo “ad honorem” en la Organización de Estados Americanos (OEA).   “Yo no puedo asistir dos veces al mes, viaje de ida y vuelta de diez y doce horas, a más de lo que representa económicamente asistir (a Ecuador) de manera tan frecuente. (…) Los argumentos médicos me dicen que al corto plazo no puedo presentarme, con la frecuencia además que el juez exige, por lo menos en este momento no podría asistir”, sostuvo desde Paraguay el expresidente. Luego de que también se les negara la revisión de medida cautelar, deben finalmente cumplir la presentación periódica en la CNJ cada quince días Irina Moreno, hija del exmandatario y quien vive en Miami, Estados Unidos; el empresario Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño, quienes han informado que su lugar de residencia es Panamá. Inicialmente la primera presentación de estos procesados fue definida para el 20 de marzo pasado, cosa que no se cumplió porque estaba en trámite la audiencia de revisión de medidas.   El conjuez Luis Adrián Rojas, quien estuvo a cargo de la audiencia de formulación de cargos, advirtió en la lectura de la resolución con la que se abrió la instrucción fiscal que de incumplirse una sola de las medidas cautelares se procederá como establece la ley, es decir, “si se incumple la medida sustitutiva el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva”.   Las 37 personas son acusadas por la Fiscalía del delito de cohecho al ser parte de una red de corrupción que permitió, mediante sus acciones, que la empresa china Sinohydro se quede con el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. A modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones que, según la teoría definida por Salazar, fue repartida entre los sospechosos a través de transferencias y el cobro de cheques.   La presentación periódica cada quince días fue dispuesta para seis de los procesados, mientras que para 28 se les impuso la presentación periódica cada ocho días, la prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico. Para dos ciudadanos chinos no se definió medida cautelar alguna y solo contra el chino Wu Yu se ordenó la medida de prisión preventiva, medida que ya fue apelada y se está a la espera de que se realice la audiencia respectiva.   En lo que respecta a quienes deben cumplir su presentación periódica cada ocho días en la Corte Nacional al menos 24 de los 28 han cumplido las primeras tres presentaciones dentro del proceso. Del exembajador de China y exfuncionario de Sinohydro, Cai Runguo, Pablo Zatizabal y Mauricio Pérez de Anda en el Sistema Informático de Trámite Judicial (Satje) no se registran presentaciones.   De Francisco Castelló tampoco se registran sus presentaciones el 20 y el 27 de marzo pasado, pero en una última providencia se le concede el término de tres días para que haga llegar al juzgador los justificativos, en originales, de su no cumplimiento de sus presentaciones periódicas de esos días. En la providencia del conjuez Espinosa se señala que oportunamente se definirá día y hora para la realización de la audiencia que solicita Castelló.   De confirmar la Corte Nacional los nombres de quienes han incumplido cualquiera de las medidas impuestas, será tarea de la Fiscalía solicitar al conjuez a cargo del caso defina una fecha para revisar las medidas dispuestas para que estas sean cambiadas por la orden de prisión preventiva. El pedido y el análisis de un posible pedido de revisión deberá hacerse en una audiencia convocada específicamente para ese efecto.

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En mayo próximo se iniciará en Estados Unidos el juzgamiento del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit

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EL UNIVERSO .- El excontralor Carlos Pólit es investigado en Estados Unidos por ser parte de un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero.   Empieza la cuenta regresiva de los menos de dos meses que restan para que se realice en Estados Unidos el juicio contra el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit. Un Tribunal del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, señaló al 22 de mayo próximo como la fecha para dar inicio a la etapa de juzgamiento.   Pólit, quien fue contralor general del Ecuador entre el 2007 y el 2017, es acusado por la Fiscalía estadounidense por ser parte de un esquema para usar el sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero, promover y encubrir un esquema de sobornos ocurrido en Ecuador.   En total son seis los cargos de acusación que existen contra el excontralor en Miami, Estados Unidos: un cargo de conspiración para cometer lavado de activos, tres por encubrimiento de lavado de dinero y dos por participar en transacciones de propiedad privada derivada de actividades delictivas.   Según la normativa estadounidense, los dos primeros cargos dejan una pena máxima de 20 años de prisión cada uno, mientras que el tercero mantiene una pena máxima de diez años de cárcel.   Hace un año, en abril de 2022, se produjo la detención en Miami del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit bajo el supuesto de que era parte de un esquema de cohecho y lavado de dinero. Inicialmente la jueza de la Corte Federal de Miami Jacqueline Becerra impuso una fianza por $ 18 millones a Pólit, de 72 años, la cual quedó en $ 14 millones. Como medidas para garantizar que Carlos Pólit se presente ante el juzgado respectivo se le ordenó el uso de un grillete electrónico, arresto domiciliario, restricción de visitas y la entrega de su pasaporte y documentos de viaje.   En marzo de 2022, una vez se inició el procesamiento en Estados Unidos, se incorporó al expediente un documento en el que se refiere que Pólit ha considerado cuidadosamente los alegatos de la acusación, el número de acusados, el número de probables testigos y las complejidades legales de la acusación y la información adjunta a la presente.   Frente a ello, Pólit declaró estar consciente de que los jueces del Tribunal en Estados Unidos se basarán en la información suministrada en esta declaración para establecer sus calendarios y programar juicios penales bajo el mandato de la Ley de Juicio Rápido. En la acusación de la justicia estadounidense contra Pólit se señala que entre el 2010 y el 2016 el entonces funcionario habría solicitado sobornos por más de $ 10 millones a Odebrecht a cambio de utilizar su poder como contralor para influir en las acciones oficiales de la Contraloría General de Ecuador en favor de la brasileña y su negocios en Ecuador.   Carlos Pólit además sería indagado por supuestamente haber solicitado y recibido en 2015 un soborno de cerca de $ 500.000 de un empresario ecuatoriano por la ayuda para obtener ciertos contratos relacionados con la empresa estatal Seguros Sucre.   Respecto a la conspiración para cometer lavado de dinero en la acusación de Estados Unidos se explica que desde enero de 2010 hasta mayo de 2017, en el Distrito del Sur de Florida, y en otros lugares, Pólit, a sabiendas y voluntariamente, “conspiró” y estuvo de acuerdo con tres personas para cometer el delito a las que se las identifica como co-conspirador 1, 2 y 3 y otros.   Se asegura que con conocimiento Carlos Pólit realizó una transacción financiera que involucró el producto de una actividad ilícita específica; que a sabiendas de la ilegalidad del origen de los recursos intentó “transportar, transferir y transmitir” desde, a través y desde fuera de Estados Unidos con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica; y a sabiendas realizó o participó en una transacción monetaria por, a través de y para una institución financiera, que afecte el comercio interestatal en bienes derivados delictivos de un valor superior a $ 10.000 que se derivan de una actividad ilícita especificada.   El propósito de la conspiración habría sido que Pólit y el Co-conspirador 1 pretendían enriquecerse ilícitamente mediante el lavado de sobornos que el excontralor solicitó y recibió de los Co-conspiradores 2 y 3, entre otros, en cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, así como a través del compra de bienes inmuebles y otros activos en Miami y en otros lugares.   En cambio, los tres cargos por lavado de activos se habrían dado entre 2015 y 2016, en el Distrito Sur Florida y en otros lugares. Según Estados Unidos, Pólit llevó a cabo, apoyó, favoreció e intentó realizar una transacción financiera que involucró el producto de una actividad ilícita específica, a sabiendas de que los bienes involucrados representaban el producto de alguna forma de actividad ilícita, y de que la transacción era diseñado en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, fuente, propiedad y control del producto de la actividad ilícita especificada.   Finalmente, los dos cargos por participar en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas señalan que entre los años 2016 y 2017, Carlos Pólit participó de un ilícito a sabiendas de que ayudó, involucró y provocó que otros participaran en una transacción monetaria que afectó el comercio interestatal, a través de una institución financiera de valores superiores a los $ 10.000 de bienes derivados de una actividad ilícita.   Desde finales de 2020, en Ecuador contra Carlos Pólit existe una sentencia en firme y en proceso de ejecución de seis años de prisión y el pago de $ 40,4 millones, lo que correspondía al cuádruplo de lo que había recibido el entonces contralor de Odebrecht ( $ 10,1 millones) por dar paso a actos de corrupción en la Contraloría.   Ni la pena de cárcel, ni la económica han sido cumplidas, esto debido a que el excontralor se encontraba en Estados

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Nilsen Arias gastó al menos $ 600.000 en una casa en Quito con los sobornos de Petroecuador

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EL UNIVERSO .- El actual dueño de esa vivienda es Ítalo Cedeño, exgerente general de la estatal petrolera. La compró en 2019 por un valor mucho menor.   No es una mansión. Es una casa de dos pisos, con 327 metros cuadrados de construcción, dentro de un modesto conjunto residencial de Tumbaco, en el valle oriental de Quito. No tiene piscina, sino apenas un patio. Viéndola desde fuera cuesta creer que Nilsen Arias Sandoval, el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, haya gastado más de $ 600.000 en esa vivienda.   “No es una casa presumida, ostentosa, pero tiene acabados costosos”. Así la describe Damián Encalada Armas, quien remodeló el inmueble hace nueve años, en el 2014. La vivienda conserva la fachada de las demás en el conjunto, pero por dentro, cuenta el arquitecto, casi todos los materiales son importados: mármol de Carrara, granito Palomino, lámparas Swarovski… Un lujo.   La mayoría de los fondos para la adquisición y la remodelación de esa casa salieron de una cuenta bancaria a nombre de la offshore panameña Administraciones Carey del Sur S. A., cuya propietaria era Patricia Romero Espinosa, esposa de Nilsen Arias. Ahí ingresaron sobornos que agilizaron negocios con Petroecuador, según las investigaciones judiciales.   Las transacciones de esa cuenta, abierta en el Credicorp Bank de Panamá, constan en una asistencia penal que la Fiscalía panameña envió a Ecuador. EL UNIVERSO analizó esas operaciones, las comparó con otros documentos financieros y judiciales, y las contrastó con varios testimonios. Así dio con la suma que Arias ocupó en esa vivienda.   En 2019, él vendió la propiedad a Ítalo Cedeño Cedeño, quien llegó a ser gerente general de Petroecuador en 2022. Este manifestó a EL UNIVERSO que pagó $ 330.000 por esa casa, una diferencia considerable con lo que Arias gastó en ella. La cuenta de Administraciones Carey del Sur estuvo activa entre agosto de 2013 y abril de 2017. En todo ese tiempo ingresaron $ 5,7 millones. La mayoría provino de una offshore de Antonio Peré Ycaza, quien se declaró culpable en Estados Unidos de lavar los sobornos dirigidos a funcionarios de Petroecuador.   Las fiscalías de Ecuador y Estados Unidos coinciden en que Antonio Peré canalizó coimas a favor de Nilsen Arias provenientes de las comercializadoras de crudo Gunvor, Vitol y Trafigura, así como de la empresa Sargeant Marine Inc.   Las investigaciones estadounidenses apuntan a que Arias también recibió coimas de otras empresas. La acusación es por un total de $ 17,7 millones de sobornos, de lo cual Arias ya se declaró culpable. Él trabajó en Petroecuador entre 2010 y 2017, en el gobierno de Rafael Correa. Ahora está colaborando con las autoridades de ese país y, por esa razón, él y sus abogados han rechazado dar declaraciones públicas.   La remodelación completa El arquitecto Damián Encalada accedió a conversar con EL UNIVERSO en una cafetería. Estaba preocupado. La Fiscalía lo contactó la semana anterior y le solicitó que justifique todos los pagos que recibió de Administraciones Carey del Sur en un informe que tiene que presentar en los próximos días. Como han pasado tantos años, le inquietaba que le falte algún respaldo.   Los documentos bancarios provenientes de Panamá muestran que recibió un poco más de $ 443.000, en 26 transferencias realizadas entre marzo de 2014 y octubre de 2016.   Hasta él se sorprendió de la suma. Sostuvo que ese monto no reflejaba el costo de los trabajos en la casa, aunque dijo que no recordaba el valor final. Contó que tuvo que devolver unos $ 50.000 a Arias y que esos pagos también cubrieron otros dos trabajos, arreglos de una suite en el hotel Sheraton de Quito y planos para la vivienda de un familiar. Calculó ambos trabajos en alrededor de $ 12.000.   Descontando estas sumas, Encalada habría recibido unos $ 380.000 para la remodelación de la casa. Además, en la cuenta de Administraciones Carey del Sur hay pagos, en esa época, a favor de una vidriería y una mueblería nacionales por unos $ 42.000 adicionales. Estos números muestran que la remodelación superó con facilidad los $ 400.000. Y a esto hay que añadir el costo de la compra del inmueble.   Encalada conoció la vivienda a inicios de 2014. Recordó que Arias lo contactó por recomendación de alguien cuyo nombre evitó dar. La propuesta era que haga los planos para la remodelación, un trabajo simple, pero conforme avanzaron los diálogos terminó rehaciendo los planos originales de la casa y levantando en tercera dimensión la propuesta del nuevo diseño. En medio de la emoción, Arias le propuso que se hiciera cargo de toda la obra.   “Yo nunca pregunté en qué trabajaba él porque como arquitectos es muy incómodo indagar en cosas personales”, afirmó Encalada.   Contó que el proyecto era conservador al principio, pero fueron apareciendo más y más requerimientos. A Arias lo vio muy poco, pues la mayoría del tiempo pasaba en el exterior cumpliendo con su trabajo. Encalada se entendía con la esposa. “Patricia se encargaba de todos los pagos”, mencionó.   Al final, decidieron hacer una remodelación integral. Se quedaron solo con la estructura principal de la construcción: las losas, las columnas y la quinta parte de las paredes. Prácticamente, lo único que se conservó fue la fachada, que no se podía cambiar debido a las normas del conjunto. Casa que Nilsen Arias Sandoval, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, vendió a Ítalo Cedeño Cedeño en 2019. Foto: Cortesía. Foto: El Universo Entre los documentos judiciales hay un contrato entre Encalada y Administraciones Carey del Sur por $ 59.100. El arquitecto aseguró que ese era el presupuesto inicial y que, por eso, se firmó el documento.   Sin embargo, las fechas no concuerdan, pues la remodelación empezó en marzo de 2014 y el acuerdo está fechado ocho meses después, el 14 de noviembre. Además, el monto coincide con una transferencia que él recibió tres días antes, el 11, desde la empresa panameña.   Encalada contó que el banco le solicitó una justificación de los pagos recibidos desde Panamá y que él los sustentó con ese contrato. Nunca más lo cuestionaron, aseveró.   Un cheque para la suegra de Arias Encalada

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Policía identificó a persona que envió pendrives explosivos a periodistas

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EL COMERCIO .- El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó este 21 de marzo del 2023 que la Policía Nacional ya cuenta con información sobre la persona que envió los pendrives explosivos a periodistas en Guayaquil y Quito. Tras la detonación de uno de esos pendrives, en el caso del periodista de Ecuavisa Lenin Artieda, el 20 de marzo, y la constatación de los otros atentados, la Fiscalía abrió una investigación por el delito de terrorismo.   “Se tiene identificada a la persona que envía. Es el mismo remitente. Como está en investigación previa, no me quiero adelantar más, pero hay una línea investigativa”, expresó Zapata en Teleamazonas. Lo dijo con base a información proporcionada por el general Freddy Sarzosa, de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).   Lo que las autoridades conocen sobre los atentados con pendrives explosivos hasta este 21 de marzo es que los cinco sobres, que contenían los pendrives, salieron desde una empresa de mensajería en Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. Tres con dirección a Guayaquil y dos hacia Quito.   “De lo que podemos determinar, empiezan las activaciones desde el miércoles (15 de marzo). Muchos periodistas estaban de vacaciones, como es el caso de Artieda, que llega y abre el sobre”, manifestó Zapata acerca de este tema de los pendrives explosivos.   Puntualizó que, según los técnicos de la Policía, “es la misma composición, la misma estructura, el mismo pendrive, lo cual significa que tenían el mismo objetivo. De acuerdo a las pericias, se presume que es realizado por la misma persona”.   Todos los USB tenían en su interior una cápsula detonante de los pendrives explosivos que, a su vez, tienen el mismo sistema de detonación. Por eso la Policía presume que fueron instalados por la misma persona. El Ministro evitó dar más detalles por la investigación en curso, pero hay que llegar a las motivaciones de los atentados, refirió.   Periodistas continúan con sus labores Zapata reiteró que en el caso de Artieda solo se activó la mitad de la carga explosiva de la cápsula en el pendrive que insertó en una computadora. “Por la manipulación, la carga de energía no fue la suficiente para activar al 100%”.   Milton Pérez, quien entrevistó al Ministro, es uno de los periodistas que recibió el pendrive. La manipulación del USB influyó en que no se active la cápsula y explote. Lo mismo ocurrió en el caso del periodista de radio Democracia, Miguel Rivadeneira. Su coordinador de entrevistas insertó el pendrive en una computadora, pero no hubo explosión.   “Tengo que agradecer a la coordinadora del noticiero, que fue la que recibió el sobre y lo sacudió, aparentemente. Parece que ahí lo desactivó”, pronunció Pérez durante la entrevista esta mañana.   “Seguimos haciendo periodismo”, fue la frase que expresó Artieda al finalizar el espacio de entrevistas que conduce en Ecuavisa. Rivadeneira también continuó hoy con sus entrevistas.   Compras de equipamiento policial USD 110 millones de dólares se han destinado para la construcción de 100 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y seis Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC). La UPC de Atacames y Machala ya están en construcción.   El Ministerio cuenta con un cronograma establecido para estas entregas, 35 UPC se entregarán hasta junio, hasta diciembre se entregarán el 100% y las UVC se entregarán en marzo del 2024, indicó Zapata.   Se están repotenciando 1 500 vehículos que han estado parados por años. En cuanto al equipamiento policial, hay un cronograma proyectado hasta abril.   Se espera receptar municiones desde Estados Unidos a finales de abril, que serán plan de la capacitación a 60 mil policías.

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Sobornos en Petroecuador: $ 5,7 millones ingresaron a una cuenta ‘offshore’ ligada a Nilsen Arias Sandoval

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EL UNIVERSO .- La mayoría de dinero provino de una compañía de Antonio Peré Ycaza, quien confesó en EE. UU. que canalizó coimas para funcionarios públicos ecuatorianos. En la empresa panameña Administraciones Carey del Sur S. A. se guardaron secretos por casi una década. Su nombre apareció en las investigaciones judiciales que rastrean los sobornos de Petroecuador. Las acciones de esta compañía pasaron en 2013 a manos de Patricia Romero Espinosa, esposa del entonces gerente de Comercio Internacional de la estatal petrolera, Nilsen Arias Sandoval. Patricia Romero usó la empresa para abrir una cuenta en el Credicorp Bank de Panamá. Las transacciones que ahí se realizaron ya están en manos de la Fiscalía ecuatoriana por una asistencia penal remitida por Panamá en enero de este año.   Estos documentos muestran que la cuenta estuvo activa entre agosto de 2013 y abril de 2017, poco antes de que Nilsen Arias dejara su cargo en Petroecuador. Un análisis de EL UNIVERSO encontró que en todo ese tiempo ingresaron $ 5,7 millones a esa cuenta.   La mayoría de ese monto provino de una offshore de propiedad de Antonio Peré Ycaza,quien se declaró culpable en Estados Unidos de lavar los sobornos dirigidos a funcionarios de Petroecuador. Además ingresó dinero desde otra offshore relacionada con el propio Nilsen Arias. Entre los remitentes también están un ciudadano y una empresa domiciliados en China.   Las transacciones también muestran que en la cuenta de Administraciones Carey del Sur no quedó nada de fondos y que la mayor beneficiaria fue Patricia Romero. Arias ya se declaró culpable en Estados Unidos por haber recibido sobornos para facilitar negocios con Petroecuador. La acusación de los fiscales estadounidenses menciona coimas por alrededor de $ 17,7 millones. Mientras que, en Ecuador, la Fiscalía está procesando a Arias y otras 16 personas también por presuntos pagos ilegales.   Antonio Peré canalizó los pagos Los documentos bancarios apuntan a Antonio Peré. Su offshore panameña, Energy Intelligence & Consulting Corp.,aparece como remitente de $ 1,94 millones a favor de Administraciones Carey del Sur. Sin embargo, el monto transferido por esa empresa podría ser mayor. Entre esos papeles hay pagos por $ 1,24 millones adicionales de un remitente no identificado que registró el mismo banco y el mismo concepto que Energy Intelligence usó en varias de sus transacciones.   Una transferencia de Energy Intelligence concuerda también con una que describió el agente federal de Estados Unidos Mario Tariche durante una declaración judicial que realizó contra Nilsen Arias en agosto de 2021, ante la Corte del Distrito Este de Nueva York.} En su testimonio, el agente describió la ruta de los sobornos y puso como ejemplo varias transferencias que provenían de intermediarios petroleros a favor de una offshore panameña, que luego enviaba el dinero a un familiar cercano de Arias. No identificó a los actores. Entre esas operaciones, el agente citó una por $ 295.550 realizada el 13 de enero de 2017. Esta encaja con un pago que aparece en los documentos bancarios de Administraciones Carey del Sur, transferencia que fue emitida por Energy Intelligence. En la asistencia penal de Panamá también existe un contrato entre Administraciones Carey del Sur y Energy Intelligence. El acuerdo estipula que la primera brindaría servicios de consultoría en el área petrolera y que cobraría mínimo $ 25.000 por cada estudio, por un plazo indefinido. Irónicamente, las partes incluyeron una cláusula anticorrupción. En el documento se nombra a Santiago Estrella León, un colaborador de Antonio Peré, como representante de Energy Intelligence, pero su firma no consta en el papel.   A la cuenta de Administraciones Carey del Sur también ingresó un poco más de medio millón de dólares desde otra offshore que está ligada a Nilsen Arias. Se trata de Weland Trading Inc., que estuvo domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Documentos de esta sociedad aparecieron en los Pandora Papers, la filtración de negocios en paraísos fiscales publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los pagos de Weland Trading provinieron de una cuenta en el EBNA Bank N. V., de Curazao.   En los documentos judiciales también existe un contrato en inglés entre Administraciones Carey del Sur y Weland Trading, fechado en octubre de 2013.   EL UNIVERSO reveló el año pasado que Weland Trading también recibió dinero de otra empresa de Antonio Peré.   En los documentos bancarios también llaman la atención transferencias de dos personas domiciliadas en China: el ciudadano identificado como Kwok Yan y la empresa C K Global Sourcing Co. Ltd., por casi $ 170.000. Estos pagos se realizaron en 2014 y provinieron del Hang Seng Bank, de Hong Kong.   Hay tres transacciones por un total de $ 1,32 millones sobre las que no se pudo identificar el remitente.   La mayoría del dinero se transfirió a Patricia Romero Espinosa Patricia Romero adquirió Administraciones Carey del Sur al estudio jurídico panameño Sucre, Arias & Reyes. La empresa fue constituida en 2011 y sus acciones fueron transferidas a Romero el 24 abril de 2013. Ella hizo todas las diligencias para que su nombre quedara oculto bajo el manto de los paraísos fiscales. Como directores de la compañía quedaron designados empleados del propio bufete, para que sean sus nombres los que aparezcan en el Registro Público de Panamá. Facsímil de las acciones de Administraciones Carey del Sur, a nombre de Patricia Romero Espinosa, esposa de Nilsen Arias Sandoval, que constan en el expediente judicial del caso Petroecuador. Cuatro días después del traspaso de acciones, Administraciones Carey del Sur suscribió un contrato laboral con Patricia Romero para que esta fuera su “asesora externa en el área geográfica”. El sueldo se fijó en $ 15.000 mensuales. Ese monto resultó una minucia en comparación con los pagos que ella sacó a su nombre.   Los documentos bancarios muestran que cerca de $ 2,8 millones fueron dirigidos a Romero. Recibió ese monto a través de 85 transferencias enviadas a cuentas abiertas en Ecuador, Panamá, Estados Unidos y Portugal.   También hubo pagos por casi $ 940.000 al estudio jurídico portugués Edge International Lawyers, que antes se llamaba Neville de Rougemont & Associados. EL UNIVERSO consultó a esa firma sobre estas transacciones, pero no tuvo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

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Expresidente Lenín Moreno y su esposa plantean ‘habeas corpus preventivo’ ante medida cautelar en caso Sinohydro; la diligencia se difirió para este viernes

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EL UNIVERSO .- Fiscalía acusa a 37 personas por cohecho dentro del caso Sinohydro. Exfuncionarios públicos ecuatorianos y chinos y empresarios están entre los procesados.   Por pedido de la defensa del expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, se difirió para este viernes 17 de marzo, a las 09:00, la audiencia en la que se tratará el habeas corpus preventivo planteado por ambos procesados dentro del caso Sinohydro. La diligencia inicialmente estaba convocada para las 09:00 de este jueves 16 de marzo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), pero se difirió minutos antes de que se instale.   Tanto Moreno como González recibieron, el 5 de marzo pasado, la medida cautelar de presentación periódica cada quince días ante la Sala Penal de la Corte Nacional en la causa que investiga a 37 personas por el delito de cohecho. Luis Adrián Rojas fue el conjuez que dictó la medida y por ello él deberá asistir a la audiencia o presentar su informe correspondiente, con la documentación que justifique la medida cautelar impuesta en contra de los dos accionantes.   El habeas corpus preventivo es una acción que permite evitar o prevenir el hecho de que una persona pueda ser privada arbitraria, ilegal e ilegítimamente de la libertad. La acción de tipo constitucional llega días después de que David Meza, defensa de Moreno y su esposa, ingresó formalmente a la CNJ el pedido para que se revise la medida cautelar de presentación periódica cada quince días. Lo que se busca con la revisión es que el juez Rojas pueda cambiar la presentación periódica definida en Quito, en la Corte Nacional, por una presentación periódica en la Embajada de Ecuador en Asunción del Paraguay, país en el que se encuentran los dos procesados desde enero de 2022.   Rojas se refirió a este tema en una providencia resaltando que tanto Moreno como González solicitan que “por razones humanitarias y condición de vulnerabilidad” se convoque a una audiencia de revisión de medidas cautelares. En ese documento el conjuez indicó que “con relación a lo solicitado, oportunamente y acorde al calendario de audiencia que maneja y/o dispone la Sala de lo Penal -de ser pertinente- se convocará a la audiencia respectiva, hasta tanto los sujetos procesales deberán estar a lo dispuesto en la resolución oral del 05 de marzo de 2023″. QUITO (01-03-2023).- Luis Rojas es el conjuez nacional que se hizo cargo de la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo Si no se revisa esta medida cautelar o se niega el habeas corpus solicitado, Moreno y su esposa deberán cumplir el lunes próximo con la primera presentación en el caso Sinohydro.   Un Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional estará a cargo del habeas corpus preventivo. Lo integrarán María Gabriela Mier, conjueza nacional que actúa en reemplazo de la jueza Katerine Muñoz, y los jueces nacionales María Consuelo Heredia y Alejandro Arteaga.   A la audiencia fue convocado Bayardo Espinosa Brito, conjuez nacional que está encargado del despacho del conjuez Luis Adrián Rojas. Espinosa Brito asumirá de este modo la competencia respecto de la sustanciación del proceso por cohecho y además deberá acudir a la audiencia o presentar informe correspondiente.   En este caso son procesadas 37 personas, a quienes la Fiscalía acusa de ser parte de una red de corrupción que permitió, mediante sus acciones, que la empresa china Sinohydro se quede con el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. A modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones que, según la teoría definida por Salazar, fue repartida entre los sospechosos a través de transferencias y el cobro de cheques.   Meza en su momento señaló que con las dos historias clínicas anexadas al pedido de revisión se pretende demostrar que su cliente ha tenido infecciones complejas que han sido tratadas médicamente e incluso mantuvo un cuadro que casi le llevó al coma. “Traerlo al Ecuador cada quince días es inhumano y materialmente y económicamente imposible porque no viaja solo, viaja con su esposa, enfermera y la persona que lo cuida. (…) No sé cuál era la necesidad de dar una disposición de presentarse cada quince días si sabemos que no la va a poder cumplir”, anotó. 

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La exministra María de los Ángeles Duarte al dejar la residencia de la Embajada de Argentina ‘rompió’ el asilo diplomático; internacionalistas creen que podría generarse un ‘impasse diplomático’

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EL UNIVERSO .- María de los Ángeles Duarte fue condenada por el delito de cohecho como coautora. Además de los ocho años de cárcel se le condenó a pagar $ 778.000. El haber abandonado la exministra de Transporte y Obras Públicas del correísmo, María de los Ángeles Duarte, la residencia de la Embajada de Argentina, en Quito, significaría una “tácita ruptura” del asilo diplomático que otorgó Argentina en diciembre del año pasado, ante la solicitud de la exfuncionaria pública que mantiene una sentencia en firme de ocho años carcel por el delito de coehcho, parte del caso Sobornos 2012-2016. Así lo entiende el profesor universitario y exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Estarellas. Según él, al momento que “escapó” Duarte de la residencia del embajador de Argentina en Ecuador, ella abandonó el proceso de asilo, el cual está definido como una protección y ante ello se toman medidas. Estarellas recuerda que el proceso normal, lo cual está señalado en las convenciones de asilo, es que si alguien va a abandonar el asilo, la persona tiene que firmar un acuerdo en el que se indique al embajador que se va a renunciar al mismo. “Aquí hay una serie de incoherencias que deberán ser resueltas en los próximos días. (…)  Ella ya rompió el asilo en el momento en que escapó. (…) Con Argentina María de los Ángeles Duarte rompió el asilo escapando, si es que escapó, le ayudaron o lo que sea. Ahora no sería raro que ella aparezca en Argentina pero ya no como asilada diplomática”, anotó Estarellas. El lunes último, el canciller argentino Santiago Cafiero se comunicó con el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, para informarle que Duarte y su hijo menor de nacionalidad argentina ya no se encontraban en su delegación diplomática. Ambos ingresaron en la embajada de Argentina en la capital ecuatoriana el 12 de agosto de 2020 y fueron acogidos como “huéspedes por razones humanitarias”. Cafiero en su comunicado al canciller Holguín explica que “más allá del estatus otorgado y la voluntad del gobierno argentino de mantener la condición de asilada diplomática que la señora Duarte Pesántes se ha ausentado por decisión propia y sin que haya mediado indicación alguna a las autoridades de le embajada en la República del Ecuador”. Pese a que desde Argentina se sostiene que la salida de Duarte, su hijo y su perro se habría dado entre el sábado y el domingo úiltimo, la Policía en Ecuador tiene la teoría de que esa salida se dio el viernes en la noche, al interior de un vehículo diplomático, al cual ninguno de los dos controles policiales establecidos en esa sede diplomática podían realizar una revisión de quienes entran o salen abordo de los mismos. El director de investigaciones de la Policía Nacional, general Fausto Olivo, en una entrevista en Ecuavisa la mañana de este martes dijo que se está investigando la fecha, la hora y la forma en la que se produjo la salida de la exministra. No se descarta que este inmiscuido un vehículo diplomático. El oficial resaltó que ya habrían sido activados el Bloque de Busqueda de la Policía, Migración, … Lo que es cierto es que la Policía ya notificó a la Corte Nacional de Justicia y a la Fiscalía General para que se adopten los trámites necesarios para que sea traída al país Duarte y sobre ella se originen las investigaciones del caso a nivel local. Tentativamente se cree que la exfuncionaria del periodo presidencial de Rafael Correa, también condenado en el caso Sobornos, estaría en Venezuela, país en el que se encuentran los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, ambos con proceso judiciales pendientes en Ecuador. El exsubsecretario de Relaciones Exteriores Estarellas piensa que Duarte puede aparecer en Nicaragua, Venezuela o México, país en el que están varios exfuncionarios del correísmo, y en esos países le podría otorgar otro tipo de asilo, que sería un asilo territorial, más conocido con el nombre de refugio. El internacionalista Mauricio Gándara cree que en este caso lo que pudo haber existido es un “escape” de María de los Ángeles Duarte con la anuencia de funcionarios de la Embajada de Argentina en Ecuador. “No se puede creer que la señora Duarte pudo haber escapado, como se dice desde la Embajada de Argentina, sin el conocimiento del personal, de los funcionarios, de los empleados. Esa es una versión  que se va tormando más inaceptable. (…) Este asunto es muy grave”. Tanto Gándara como Estarellas sostienen que es imperante el que diplomáticamente Argentina dé una explicación de lo que sucedió, pues cómo una persona que se encontraba asilado, que tiene un llamado a juicio y tiene sentencia firme, de repente desaparece. Para Gándara, si se comprueba que existió algún tipo de colaboración de la Embajada de Argentina en Ecuador en la salida de Duarte, lo que amerita, aclara, es la expulsión del embajador o al menos la declaratoria de persona non grata del actual embajador argentino en nuetro país. “Puede generarse un impasse diplomático, porque se estaría engañado al Ecuador”. Por su parte, Estarellas refiere que no solo se debería investigar la participación en este caso de cualquier funcionario de la embajada de Argentina en Quito, sino también a los agentes policiales que debieron haber estado en los exteriores de la residencia del embajador argentino. “En toda casa de Embajador existen policías y más aún cuando en ese lugar hay una persona asilada. ¿Qué hizo la Policía si ella salió por la puerta?”. 

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