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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
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Defensa de Carlos Pólit insiste en libertad bajo millonaria fianza

Nacionales /

Los abogados del excontralor ecuatoriano, Carlos Pólit, plantearon una nueva solicitud de libertad condicional ante la justicia de Florida, Estados Unidos. Pólit está en prisión desde el 23 de abril pasado, tras ser hallado culpable de 6 cargos de lavado de activos. En pocas semanas –el 4 de septiembre próximo- se dictaría su sentencia, que puede variar entre 10 y 100 años de prisión. Su defensa clama por libertad bajo fianza, tomando en cuenta que no tiene posibilidad de escapar, y que es una persona de la tercera edad. Pólit tiene nacionalidad ecuatoriana e italiana, y ese es otro argumento de los abogados, pues en ambos casos hay acuerdos de extradición. De volver a Ecuador, el excontralor afrontaría graves cargos por corrupción, pues está acusado de recibir millones de dólares a cambio de desvanecer glosas. Ese dinero, justamente, fue el que llevó a Estados Unidos, y que trató de “lavar” mediante compra y venta de bienes raíces. Como autor del delito de concusión, en la trama de sobornos de Odebrecht, debe cumplir 6 años de cárcel. Además, tiene otro proceso pendiente por el delito de asociación ilícita, que no puede seguir en ausencia del acusado. Los abogados insistieron ante la Corte del Distrito Sur de Florida, que acepte una fianza de 25 millones de dólares, para que esté al menos en arresto domiciliario hasta el 4 de septiembre, día en que se emitirá la sentencia. Esta enorme suma provendría de 14 bienes inmuebles situados en Florida, y 2 cuentas de retiro. Las casas fueron adquiridas gracias al dinero de los gigantescos sobornos, conseguidos durante su gestión como contralor. Sin embargo, el Departamento de Justicia se opone, pues cree que Pólit, apenas salga de prisión, buscará la forma de fugarse.

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Reconocido penalista predice sentencia de 20 o 30 años para Carlos Pólit en EE.UU.

Nacionales /

A mediados de julio se dictará en una Corte de Florida, Estados Unidos, la sentencia contra Carlos Pólit, quien fue hallado culpable de los 6 cargos de lavado de activos. Para el reconocido penalista, Ramiro García, si bien las penas son acumulables y podrían llegar a los 100 años de cárcel, lo más probable es que la condena final sea de entre 20 y 30 años. Tomando en cuenta su edad –el excontralor tiene 73 años- semejante sentencia equivaldría a cadena de por vida. Consultado por “Punto de Orden”, el jurista explicó que en Estados Unidos, la decisión se deja en manos de un jurado de 12 personas, procedentes de diversos estratos de la sociedad y ajenas a experiencia jurídica o política, quienes escuchan los alegatos de las partes, y simplemente declaran: “culpable” o “no culpable”. Es el juez quien, en base al veredicto, determina el fallo al final. En su opinión, y en vista que Pólit se negó a negociar con la Fiscalía para una condena menor y obligó a ir a juicio, es muy difícil que ahora consiga indulgencia. Salvo que acepte delatar a otros beneficiarios de sus delitos. Este proceso, apuntó García, sirvió para que Ecuador conozca no solo la corrupción del excontralor y del correísmo, sino de la forma en que otras figuras se beneficiaron de los sobornos, gracias a los testimonios de funcionarios de Odebrecht. La justicia ecuatoriana podría aprovechar el proceso, para utilizar dichas declaraciones juramentadas. Nueva Ley de Extradición En otro ámbito, el penalista estimó que, más que reformar las actuales normativas de extradición, conforme se aprobó en la Consulta Popular, sería más conveniente elaborar una nueva ley. García recordó que la Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos, y limita las causales para entregar a una persona a la justicia de otros países. Por tanto, sería más aconsejable crear un proyecto que establezca con claridad procedimientos, requisitos y límites. En especial, acotó, que se señalen los delitos que facultarían la extradición. Obviamente, no se incluirían infracciones políticas, ni faltas que podrían utilizarse como una forma de persecución.

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Otro exfuncionario de Odebrecht reconoce pago de sobornos a ex autoridades ecuatorianas

Nacionales /

El juicio contra el excontralor del Estado, Carlos Pólit, que se realiza en Florida Estados Unidos, tuvo un nuevo episodio. Pólit afronta 6 cargos de lavado de activos, obtenidos mediante actos de corrupción, y podría recibir hasta 100 años de cárcel. Geraldo de Souza, exfuncionario del área financiera de Odebrecht en Ecuador, rindió su testimonio, y ratificó lo señalado antes por José Conceição Santos, también ejecutivo de la empresa años atrás. Según de Souza, en sus archivos informáticos había una carpeta llamada “Miami”, en la cual guardaba documentos de los pagos a Carlos Pólit. “Miami” era el código asignado al excontralor, en el sistema de Odebrecht. También hubo sobornos para Alexis Mera, secretario de la Presidencia de la República. Su nombre clave era “Miranda”. En un pendrive, el entonces funcionario registraba los pagos realizados a Pólit, Mera y al exvicepresidente Jorge Glas, quien los recibía a través de su tío, Ricardo Rivera. Tal como dijo Conceição, Pólit recibió 12 millones de dólares, entre 2010 y 2016, por “eliminar” las glosas contra Odebrecht. El dinero era entregado en efectivo en la suite del exfuncionario, quien lo guardaba en una caja fuerte y en cartones de champagne. Gracias a esos pagos, la compañía obtuvo muchísimos contratos con el Estado, y a pesar de ciertas fallas en la construcción, nunca fue sancionada.

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Fiscalía de Miami alista alegatos contra ex contralor Carlos Pólit

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El reloj corre en contra para Carlos Pólit. El ex contralor ecuatoriano será procesado en Estados Unidos por lavado de activos. Se trata del dinero que recibió por concepto de sobornos, especialmente de Odebrecht, y que no pudo justificar. De acuerdo a lo establecido por la justicia estadounidense, el 8 de julio comenzará oficialmente el proceso penal, si bien, como paso previo, tanto la Fiscalía de Florida como la defensa deben presentar una serie de documentos. Uno de los puntos incluye la presentación de la lista de testigos, que declararán durante el proceso. De su lado, la parte acusadora expondrá cuentas bancarias, correos y empresas, que demostrarían la forma en que Pólit “lavaba” el dinero mal habido. De acuerdo con los procesos realizados en Ecuador, entre el 2010 y el 2016 Carlos Pólit supuestamente solicitó y recibió más de 10 millones de dólares por sobornos, de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de utilizar su cargo para favorecer a la empresa. Además, recibió un soborno de un empresario ecuatoriano en el 2015. Ese dinero lo invirtió en Florida, en bienes raíces. Si es declarado culpable, el ex contralor enfrentará hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero, y de conspiración para cometer lavado de dinero, y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas.  Es decir, podría enfrentar hasta 100 años de cárcel.

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Ex vicepresidente Glas no se entregará voluntariamente a la justicia

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Tal como se esperaba, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, no se entregará a la justicia. Su abogado, Edison Loaiza, anunció que no aceptará el llamado de los jueces, para que cumpla el resto de su condena por los casos Odebrecht y Sobornos. Le restan alrededor de 2 años. Glas permanece como “invitado” en la Embajada de México. Oficialmente ya es prófugo, pues la jueza Melissa Muñoz, durante la audiencia realizada el jueves, negó su pedido de prelibertad, y dispuso que regrese a prisión. Muñoz se basa en la evaluación de Glas durante su condena, pues no cumplió los lineamientos necesarios para acceder a la prelibertad. El ex segundo mandatario salió de la cárcel, gracias a un recurso de Habeas Corpus otorgado por un juez de Santo Domingo. Chats telefónicos del fallecido narcotraficante Leandro Norero, y decodificados por la Fiscalía, establecieron que el magistrado, implicado en el Caso Metástasis, recibió 250.000 dólares por ese fallo.

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Jorge Glas deberá volver a prisión

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Se terminaron los días de libertad del ex vicepresidente de la República, Jorge Glas. Melisa Muñoz, jueza de la Corte Nacional, negó el pedido de prelibertad de Glas y dispuso que regrese a la cárcel, a fin de cumplir los 2 años que le restan de condena por sus sentencias de los casos Odebrecht y Sobornos. La defensa del ex vicepresidente había solicitado este beneficio, una vez que cumplió el tiempo mínimo tras las rejas. Glas fue liberado hace más de un año, gracias a unas medidas cautelares del juez de Santo Domingo, Emerson Curipallo, ahora investigado por el “Caso Metástasis”. Según las investigaciones, Curipallo recibió 250.000 dólares por su fallo. El ex vicepresidente participó en la audiencia desde la Embajada de México, en donde tramita una solicitud de asilo, ya que es requerido por la Fiscalía por otros casos de corrupción. En la diligencia, las autoridades penitenciarias pidieron que se revoquen las medidas cautelares, al argumentar que Glas obtuvo una calificación de 2,83 puntos sobre 10 en la carpeta para la prelibertad. Según señalaron, no cumplió algunos requisitos en el ámbito cultural, sicológico y deportivo, en las cárceles 4 de Quito y en la de Cotopaxi, donde estuvo recluido. Además, no se presentó semanalmente ante las autoridades penitenciarias de Guayaquil, como contemplaba su libertad. Por tales motivos, Muñoz dispuso que el ex segundo mandatario debe volver a prisión. Pero mientras permanezca en la Embajada, no podrán sacarlo a la fuerza, debido a las leyes diplomáticas.

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Resolución sobre la solicitud de prelibertad de Jorge Glas se alarga

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El Universo .- La audiencia para revisar si Glas cumple los requisitos inició el miércoles. El exmandatario intervino de forma virtual desde la Embajada de México. El exvicepresidente Jorge Glas deberá esperar para conocer si se le concede el beneficio penitenciario de prelibertad, que solicitó con el argumento de haber cumplido el 40 % de la condena de ocho años por la unificación de las sentencias de los casos Sobornos 2012-2016 y Odebrecht. La jueza Melisa Muñoz suspendió la audiencia que se llevó a cabo la tarde del miércoles 27 de diciembre, en la cual se analizó si el exmandatario cumple los requisitos necesarios para obtener la prelibertad, con base en informes elaborados por servidores de los dos centros donde estuvo recluido en diferentes momentos el exbinomio presidencial de Rafael Correa. En la audiencia intervinieron Édison Loaiza, abogado de la defensa técnica, funcionarios del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Cotopaxi, de la Cárcel 4 de Quito, y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). La jueza también permitió que hablara Jorge Glas, quien se conectó de manera telemática desde la Embajada de México, en Quito, donde se encuentra desde el 17 de diciembre en calidad de huésped. Los funcionarios públicos expusieron que durante el tiempo que estuvo preso Glas permaneció en el área de mínima seguridad. Que si bien el exmandatario registra un 63,02 % de la pena cumplida, no alcanzó el puntaje establecido de cumplimiento de actividades mientras estuvo en la cárcel de Cotopaxi, las cuales abarcan ejes de deporte, cultura, laboral, psicológico, educativo, social, y diagnóstico y evaluación. La calificación global fue de 2,83 sobre 5 puntos, porque lo que la conclusión fue un informe desfavorable. De acuerdo con esos reportes, en algunas áreas Glas registró calificaciones de 0 puntos porque no realizó ninguna actividad. Por ejemplo, se indicó que aunque se matriculó en una universidad ha distancia, para seguir una maestría, en un momento no cursaba ningún estudio; que no leyó ningún libro, ni realizó ejercicios físicos. Estas afirmaciones fueron rebatidas por Loaiza y Glas. El abogado dijo que existe una “contradicción muy marcada” porque ahora se dijo que el líder del correísmo tiene un informe global desfavorable, porque no realizó ciertas actividades, cuando en enero de este año la misma jueza Muñoz le concedió la unificación de penas porque había cumplido con los parámetros correspondientes de buena conducta, trabajo, entre otros. En tanto que Jorge Glas acusó a los funcionarios de haber mentido en la audiencia, porque durante el tiempo que estuvo encerrado en la cárcel de Cotopaxi obtuvo dos maestrías por estudios en línea, lo cual demuestra que sí estudió. Expresó que por tres años permaneció en área de transitoria, que nunca estuvo en mínima seguridad, como dijeron los funcionarios penitenciarios. Que en transitoria no se aplicaban los programas de los cuales ahora se indica que no tuvo actividades. Además, señaló que tuvo varias amenazas de muerte y enfrentó riesgo contra su vida. Por ello, y por su situación médica, dijo que no podía estar cerca de otros internos o realizar ejercicios en otros espacios del centro de rehabilitación. La jueza Melissa Muñoz decidió suspender la audiencia tras escuchar por más de dos horas a los funcionarios, a la defensa técnica y a Glas. La diligencia se retomará el jueves a las 15:00, en la Unidad de Garantías Penitenciarias, al norte de Quito. Muñoz solicitó a los representantes de la Cárcel 4 que presenten un informe sobre la seguridad que tuvo el exvicepresidente en prisión.

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Jueza penitenciaria declara ‘no ha lugar’ solicitud de prelibertad de Jorge Glas, mientras aún se mantiene pendiente formulación de cargos por peculado

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El Universo .-  Jorge Glas mantiene en firme una pena de seis años de prisión por asociación ilícita y otra de ocho años de cárcel por un cohecho atado al caso Sobornos. La jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha Soledad Manosalvas declaró “no ha lugar” por “improcedente” el pedido hecho por el exvicepresidente Jorga Glas para que se analice una solicitud de prelibertad a su favor. El planteamiento fue hecho el 1 de septiembre pasado y descartado cuatro días después. “No ha lugar lo requerido por ser improcedente al estado procesal de la presente causa. Una vez que el centro carcelario consigne a este despacho la documentación correspondiente conforme a las disposiciones establecidas (…) se atenderá lo que en derecho corresponda, por cuanto el peticionario y su defensa técnica ajuste sus actuaciones procesales de conformidad a las disposiciones emitidas en la presente causa y la normativa legal vigente, a fin de velar por la seguridad jurídica y el debido proceso”, señala la providencia emitida por Manosalvas. Desde el 28 de noviembre pasado Jorge Glas está fuera de la conocida como Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. De ese Centro de Privación de la Libertad (CPL) salió bajo “libertad provisional”, debido a medidas cautelares autónomas acogidas por el juez constitucional de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo. Glas mantenía dos penas en firme: seis años de prisión por una asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht y ocho años de cárcel por un cohecho atado al caso Sobornos 2012-2016. Como parte de la “libertad provisional” el ingeniero de profesión debía presentarse en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y tenía prohibido salir del país. La presentación periódica se reformó a mediados de abril pasado, debido a la situación de violencia e inseguridad que existe en la Penitenciaría del Litoral. En su lugar se le dispuso que Glas deje de presentarse una vez por semana en ese CPL y en su lugar lo haga ante un juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. A Jorge Glas ya se le ha determinado la pena única de las dos que tenía en firme en los casos Sobornos 2012-2016 y Odebrecht. Lo que le restaría por cumplir de los ocho años de pena única al binomio de Rafael Correa son poco más de dos años. La defensa de Glas ha estado a la espera de que se tramite su pedido de prelibertad, beneficio penitenciario al que podría acceder por el tiempo cumplido de la condena, pero también ha aprovechado para plantear un recurso de “rebaja de pena por ley más benigna”. En esa causa el juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil (Guayas), Manuel Lima, decidió inhibirse de conocer el recurso propuesto por Glas, el 5 de julio pasado. “Se logra determinar que la competencia para vigilar y controlar el cumplimiento de las penas de Jorge Glas se ha asegurado y ratificado en la causa radicada en Quito. En virtud de las consideraciones expuestas, (…) me inhibo de conocer la presente causa debiéndose remitir las constancias procesales a su juez natural de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Quito, dentro de la causa 17U01-2023-00020G”, refirió en su decisión el juez Lima. De otra parte, aún no se concreta la solicitud hecha por la fiscal general, Diana Salazar, a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que exista una audiencia en la que se formulará cargos por el delito de peculado contra Glas, como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, y los exfuncionarios públicos del correísmo Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. La fiscal general hizo el pedido formalmente el 1 de junio pasado, es decir, hace ya casi cinco meses, pero por dos ocasiones no se ha podido instalar la diligencia. El caso está en manos de Luis Rivera, juez de la CNJ que fue parte del Tribunal de Apelación que, en noviembre de 2022, declaró la nulidad en el denominado caso Singue, en el cual uno de los procesados por peculado era Glas, y quien, el 19 de junio pasado, sobreseyó a los 18 procesados por peculado en el conocido caso helicópteros Dhruv. Salazar hizo la solicitud, pues se habrían determinado hechos que configuraría un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016. “En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón la Fiscalía abrió una investigación previa”, recordó Salazar en un video colgado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía. En su explicación, la fiscal general recordó que el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el Gobierno de la época –el de Rafael Correa– conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Diana Salazar sostiene que este proyecto, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto. El último diferimiento en el caso por peculado se dio el 6 de septiembre pasado, debido a un “choque anafiláctico y una dermatitis atópica” que sufrió el abogado del exvicepresidente del correísmo. Ese hecho obligó a que el juez Rivera, para no vulnerar el derecho a que todo procesado tiene para mantener un abogado de confianza como su defensa, decida diferir la audiencia en la que se iba a formular cargos. En

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Caso Biscayne Capital: el empresario Roberto Cortés Ripalda se declara culpable en proceso en Estados Unidos

Nacionales /

El Universo .- El empresario guayaquileño fue presentado ante las autoridades de justica de Estados Unidos en marzo de 2022 y un año antes fue detenido en España. El empresario guayaquileño Roberto Cortés Ripalda se declaró culpable del delito de conspiración para cometer fraude electrónico. El proceso dado ante una Corte de Nueva York, Estados Unidos, es parte del caso Biscayne Capital, en el que se lo investigaba, junto con otras dos personas, de una supuesta millonaria piramidación y de lavado de activos. Según documentos judiciales, en 2005, Cortés Ripalda, de 56 años, de Key Biscayne, fundó la empresa de servicios financieros Biscayne Capital. Aproximadamente entre 2013 y 2018, Cortés y otros habrían orquestado un plan para defraudar a los clientes de Biscayne Capital a través de una serie de mentiras sobre cómo la empresa usaría los fondos de los clientes. Por ejemplo, Cortés y sus cómplices habrían dicho a sus clientes que sus inversiones financiarían el desarrollo de proyectos inmobiliarios, cuando en realidad, los implicados utilizaron el dinero para pagar a otros clientes de Biscayne Capital, cubrir gastos de Biscayne Capital y pagar ellos mismos millones de dólares. Las autoridades estadounidenses sostienen que Cortés y sus cómplices también invirtieron el dinero de los clientes sin su conocimiento y luego intentaron cubrir sus huellas proporcionando a los inversores estados de cuenta fraudulentos. El empresario guayaquileño fue presentado ante las autoridades de justicia estadounidenses en marzo de 2022 y un año antes fue detenido en España. Salió libre bajo fianza, fijada en medio millón de dólares, y se le retiraron sus pasaportes. Cortés Ripalda es procesado, junto con el ecuatoriano Ernesto Weisson Pazmiño y el uruguayo Fernando Haberer Bergson, por un supuesto perjuicio de $ 155 millones a los clientes que invirtieron en el fondo. Los fiscales estadounidenses consideran que el periodo de la estafa se dio entre agosto de 2013 y abril de 2018. Además, por Biscayne Capital y sus empresas relacionadas, como Madison Asset LLC y Sentinel Mandate & Escrow Ltd., pasaron dineros de sobornos de Petroecuador, Seguros Sucre S. A. y la constructora Odebrecht. En una comunicación de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cortés Ripalda se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Como parte de su declaración, él habría aceptado una sentencia de decomiso por la cantidad de $ 3.4 millones. Está previsto que Cortés sea sentenciado el 12 de enero de 2024 y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Se estima que un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.Gracias a los Papeles de Panamá, una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), de la que fue parte Diario EL UNIVERSO, se conoció en el año 2016 sobre los sobornos que se habían pagado en Petroecuador y parte de la ruta de esos fondos. Una pieza en ese andamiaje fue Frank Chatburn Ripalda, que trabajó con Biscayne Capital y era socio en algunas de las empresas del grupo. Él ya fue condenado en Miami. Chatburn participó en el registro de 43 compañías en distintas jurisdicciones con el estudio panameño Mossack Fonseca. Al menos diez de ellas estaban relacionadas con parientes de exautoridades, contratistas del Estado y exfuncionarios de Petroecuador, según un recuento realizado por este Diario. El monto de los sobornos sancionados en Miami supera los $ 28 millones. A su vez, Biscayne Capital consta en la base del ICIJ con al menos doce compañías, entre ellas, la panameña Melvin Overseas S. A., cuyo beneficiario final era Silvio Heller Albin, de la empresa Sumil, que representaba a los helicópteros Dhruv en Ecuador cuando se realizó la compra de las aeronaves por parte del Ministerio de Defensa. Otra compañía relacionada con Biscayne Capital era Sentinel Mandate & Escrow, que apareció en los documentos de respaldo de la confesión de Jose Conceição Santos, principal de Odebrecht en Ecuador. En 2017, Santos reveló las transferencias bancarias enviadas a esa empresa, que recibió $ 4,6 millones de un total de unos $ 50 millones de sobornos pagados por la constructora a funcionarios ecuatorianos. Posteriormente, en enero de 2022, se conoció que las pruebas en el caso Biscayne también incluían a Seguros Sucre S. A.

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Ex vicepresidente Glas acusa a María Paula Romo de ordenar que lo acosen en prisión

Nacionales, Política /

El ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, denunció que durante el tiempo que permaneció en prisión, sufrió permanentes amenazas contra su vida. Glas fue condenado a 8 años de cárcel por supuestamente recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de contrataciones con el Estado ecuatoriano. En total cumplió 5 años 4 meses, hasta salir en prelibertad. En diálogo con “Punto de Orden”, afirmó que en la cárcel de Cotopaxi, donde permaneció varios años, varios reclusos lo acosaron, rasgaron su ropa, le orinaron su puerta y le lanzaron fundas con excrementos. Además, su celda carecía de baño, y hasta los cordones de los zapatos le quitaron como medida de presión. Según Glas, los propios presos que le hicieron daño después le pidieron disculpas, y afirmaron que habían actuado así por órdenes de la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo. En total, dijo, sobrevivió a sobrevivió a 25 motines carcelarios, vivió de primera mano la locura de algunos internos, y durante dos años prácticamente no salía de su celda, por temor a que lo asesinen. Pedirá declaración de inocencia Glas precisó que ahora, con el fallo de un juez de Brasil, que declaró “nulas”, “manipuladas” y “adulteradas” las pruebas del llamado Caso Odebrecht, espera dejar sin efecto su condena, pues actualmente se encuentra en prelibertad, una vez cumplida más de la mitad de su pena. Según el ex segundo mandatario, con el fallo judicial brasileño se comprueba que fue víctima de una persecución política, pues nunca apareció en ningún video recibiendo o exigiendo coimas. También recordó que, cuando era vicepresidente, ordenó no pagar las planillas de Odebrecht por la construcción de la Central San Francisco, debido a fallas estructurales. Motivo por el cual, incluso, expulsó a la empresa del país. Glas lamentó que sus detractores inventaran absurdos, como que se hizo en prisión un trasplante de cabello. Lo que sí hizo, anotó, es estudiar y obtener dos maestrías. El ex vicepresidente insistió en que trabajó con honestidad, y que el gobierno de Rafael Correa consiguió la construcción de 10 centrales hidroeléctricas, miles de kilómetros de carreteras, puertos, aeropuertos y el cambio de la matriz productiva, algo de lo cual fue el principal artífice, al estar a cargo de los sectores estratégicos. Estado fallido Para Glas, Ecuador vive hoy un “estado fallido”, dominado por las mafias, culpa de los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. De ahí su confianza en el triunfo de su coidearia Luisa González, en las elecciones de este domingo, bajo el slogan “ya lo hicimos”, pues está seguro que un futuro gobierno de la Revolución Ciudadana conseguirá los cambios que el país clama. Para ello, está de acuerdo en utilizar la reserva monetaria internacional, actualmente en Suiza, para ejecutar proyectos de desarrollo. Glas confirmó que, en efecto, le propusieron al principio la candidatura presidencial, pero que no pudo aceptarla porque, a pesar de un fallo judicial, sus derechos políticos seguían suspendidos, y por tanto, había el riesgo de no ser calificada por el CNE. Sin embargo, señaló que no piensa en proyectos personales, sino en planes progresistas para Ecuador, e insistió que tanto él como muchos compañeros de la tendencia, han sido blanco de la persecución. Como prueba mencionó el más reciente caso planteado por la Fiscalía, que lo acusa de peculado por ciertas obras realizadas como parte de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto del 2016. Glas precisó que mal se lo puede cuestionar por esas obras, que formaron parte de la “reconstrucción y rehabilitación” de la provincia. La entrevista completa a continuación:

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Pedido de Jorge Glas para ‘rebaja de pena por ley más benigna’ deberá ser revisado por un juez de Garantías Penitenciarias de Quito

Nacionales /

El Universo .– El exvicepresidente Jorge Glas mantiene en firme dos sentencias por actos de corrupción ocurridos en su paso por la función pública. El juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil (Guayas), Manuel Lima, decidió inhibirse de conocer el recurso de “rebaja de pena por ley más benigna” presentado por el exvicepresidente Jorge Glas, el 5 de julio pasado. La decisión la tomó luego de que fue informado sobre sí a nombre del “sentenciado Jorge Glas Espinel existen causas de garantías penitenciarias sorteadas, así como su correspondiente estado”.   El juez de garantías penitenciarias para su resolución tomó en cuenta lo que se indica en el artículo dos de la resolución 01-2022 emitida por el pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que establece que el juzgador de garantías penitenciarias, o quien haga sus veces, que previno en el conocimiento de una causa respecto de los regímenes de rehabilitación social, será el competente para conocer todo el sistema de progresividad en la ejecución de la pena, incluidos los incidentes.   Además indica que si se presentare una nueva solicitud de cambio de régimen de rehabilitación social o de progresividad, el juez que conozca esta nueva solicitud deberá remitir al juez que previno en el conocimiento de la causa.   Lima explica que de la información recibida se desprende que existe una causa de garantías penitenciarias en la Unidad Judicial Especializada en Garantías Penitenciarias en el cantón Quito (Pichincha), la cual fue sorteada con anterioridad al pedido de “rebaja de pena por ley más benigna”, esto es el 10 de mayo de 2023.   “Se logra determinar que la competencia para vigilar y controlar el cumplimiento de las penas de Jorge David Glas Espinel se ha asegurado y ratificado en dicha causa radicada en Quito. En virtud de las consideraciones expuestas, (…) me inhibo de conocer la presente causa debiéndose remitir las constancias procesales a su juez natural de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la causa 17U01-2023-00020G”, refirió en su decisión el juez Lima. El caso al que hace referencia el juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil es en el que se resolvió el pedido de cómputo de la pena que estuvo en manos de la también jueza penitenciaria, pero de Quito, Soledad Manosalvas. Ella, luego de una audiencia, señaló que, al 30 de mayo de 2023, al exvicepresidente Jorge Glas le restaban por cumplir dos años, once meses y quince días de su pena única de ocho años de cárcel.   En esa misma resolución Manosalvas refirió que el líder del correísmo desde el 13 de diciembre de 2020 ya tenía vía libre para solicitar el beneficio penitenciario de prelibertad.   El nuevo recurso planteado por los abogados de Glas, Johanna Cercado y Cristhian Palacios, la “rebaja de pena por ley más benigna”, se da con base en el artículo 230, número 9, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). La norma referida habla de la “competencia de los jueces de garantías penitenciarias” y sostiene que en las localidades donde exista un centro de rehabilitación social habrá, al menos, un juez de garantías penitenciarias, anotando que los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria.   Entre las situaciones jurídicas que tendrán competencia los jueces penitenciarios está lo descrito en el numeral 9, del artículo 230, invocado, es decir, “conocer y resolver la situación jurídica de las personas privadas de la libertad cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna”. QUITO (26-01-2023).- En el Complejo Judicial Norte, de Quito, se instaló la audiencia para analizar el pedido de pena única hecho por la defensa de Jorge Glas. La jueza Melissa Muñoz presidió dicha audiencia. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda Desde el 28 de noviembre pasado Jorge Glas está fuera de la Cárcel 4, ubicada al norte de Quito. De ese Centro de Privación de la Libertad (CPL) salió bajo “libertad provisional”, gracias a medidas cautelares autónomas acogidas por el juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Émerson Curipallo. Glas mantenía dos penas en firme: seis años de prisión por una asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht y ocho años de cárcel por un cohecho atado al caso Sobornos 2012-2016.   Como parte de la “libertad provisional” el ingeniero de profesión debía presentarse en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y tenía prohibido salir del país. La presentación periódica se reformó a mediados de abril pasado, debido a la situación de violencia e inseguridad que existe en la Penitenciaría del Litoral. Se le dispuso que Glas deje de presentarse una vez por semana en ese CPL y en su lugar lo haga ante un juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil.   A finales de enero pasado, al tercer intento, Jorge Glas consiguió que una jueza de Garantías Penitenciarias le de paso a la unificación de penas. La jueza de Pichincha, Melissa Muñoz, decidió aceptar el pedido que hizo el líder del correísmo y ordenó que la pena única vigente sea la de ocho años de prisión. Básicamente lo que se decidió es que la pena mayor, la de ocho años de prisión del caso Sobornos, absorba a la pena menor, la de seis años del caso Odebrecht.   Un mes después de obtenida la pena única, la defensa del hombre fuerte de los Sectores Estratégicos del gobierno de Rafael Correa pidió se le realice el proceso de cómputo de la pena establecido en el artículo 667 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El 30 de mayo pasado se dio la audiencia respectiva y se confirmó que a Glas le restaban por cumplir poco más de dos años de la pena de ocho años impuesta en la unificación.   Jorge Glas está a la espera de que se le defina una fecha para la audiencia en la que la fiscal general Diana Salazar le formule cargos por el delito de peculado  a él y a los exfuncionarios del correísmo, Carlos Bernal, exsecretario

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Abogado del juez de Yaguachi insiste en que el fallo constitucional de Jhon Rodríguez no ha modificado las sentencias penales en firme contra Jorge Glas

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El Universo .- La investigación previa nació en junio pasado, luego de acogerse medidas cautelares que le restituyeron los derechos políticos al exvicepresidente Jorge Glas. “En la versión va a referirse única y exclusivamente a sus actuaciones dentro de la medida cautelar que ha conocido. Todo lo demás que ha sido materia del escándalo y de lo mediático y que no es parte del proceso será aclarado ese día”.   Así se refirió Ricardo Vanegas, abogado del juez de la Unidad Multicompetente de Yaguachi, Jhon Rodríguez, respecto a la versión a la que su cliente ha sido convocado el próximo 6 de julio dentro de una investigación previa abierta contra el magistrado por el delito de prevaricato.   La etapa reservada de investigación nació el 9 de junio pasado, luego que Rodríguez, transformado en juez constitucional, acogió unas medidas cautelares a favor del exvicepresidente Jorge Glas y le restituyó sus derechos políticos. El llamado a versionar llegó una vez que se levantó la orden de detención con fines investigativos que pesaba contra él.   Vanegas insiste en que Rodríguez el 9 de junio pasado lo que hizo es aceptar una medida cautelar con la que se suspendieron los efectos de dos actos administrativos: uno de la Contraloría General del Estado (CGE) y otro relacionado con el Ministerio del Trabajo. El abogado aclara que en ningún momento se tomó una decisión respecto a las sentencias de los casos Odebrecht o Sobornos, las cuales fueron dictadas por dos distintas salas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). “El juez sobre eso no se pronunció y no fue contra ley expresa porque no suspende el cumplimiento de esas dos sentencias que fueron dictadas por la CNJ. (…) Cuando se dicta una sentencia en materia constitucional o en cualquier otra materia el juez específicamente dice déjese sin efecto el contenido de este acto y en esta sentencia en particular no dice, ni lo puede decir, déjese sin efecto lo que resolvió la Corte Nacional en esas dos sentencias, porque no lo podía hacer y no lo hizo. Ya el resto, lo que políticamente otras partes interesadas lo han querido manejar es otra cosa y eso no es materia del análisis de lo que nosotros estamos conociendo”, explicó Vanegas. El pedido de medidas cautelares que dio paso Rodríguez fue presentado por sus propios derechos como ciudadano Rodolfo Manuel Miranda Soriano. En el dictamen del juez se indica que se le restituyen los derechos políticos de participación a Glas “para que pueda participar en las elecciones anticipadas 2023, respetando sus derechos constitucionales de participación, de elegir y ser elegido, con interrelación a la progresividad del ejercicio de derechos, al debido proceso en el cumplimiento de las normas y derechos de las partes y derecho a la defensa; de igualdad y no discriminación; y proyecto de vida”.   Jhon Rodríguez Mindiola es juez de la Unidad Multicompetente del cantón Yaguachi, en Guayas. El 9 de junio emitió un dictamen que restituyó los derechos políticos al exvicepresidente Jorge Glas. Por esta decisión, la Fiscalía inició una investigación previa por el delito de prevaricato. Foto: cortesía. Para el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, el juez Rodríguez cometió el delito de prevaricato, ya que resolvió en contra de normas procesales expresas.   El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de prevaricato con una pena privativa de libertad de tres a cinco años para los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda.   Según Vanegas, cuando se inicia la indagación previa, en el expediente, al 9 de junio pasado, había 220 fojas, pero en la acción que inicia la Fiscalía en la provincia del Guayas hay cinco cuerpos, es decir, a su decir, se aumentaron tres cuerpos. Esos tres cuerpos más, dice, son las sentencias en el caso Odebrecht y en el caso Sobornos y lo que él le estaría preguntando a la Fiscalía es cómo se introdujeron estas sentencias a la indagación previa que no es parte de lo que conoció su representado.   Héctor Vanegas cree que en este caso la Fiscalía se apresuró en su actuación y sin antes haberles convocado a rendir una versión formalmente solicitó una orden de detención con fines investigativos. Ahora destaca que se esté permitiendo acudir a la versión por vía telemática, tal cual como lo ha dispuesto en sentencia la Corte Constitucional.   “Un juez cuando actúa, actúa dentro de la legalidad. Las medidas cautelares pueden ser revocadas si hay fundamentos para eso. Entiendo que el juez tiene la facultad si es que se le han presentado peticiones de revocatoria de correr traslado a las partes, previo a entrar a resolver en derecho. Hay que esperar que el juez se pronuncie sobre las peticiones de revocatoria si es que se han hecho”, concluyó Vanegas.   La Fiscalía señaló que abrió una investigación previa por el delito de prevaricato para continuar ejecutando diligencias con la finalidad de determinar responsabilidades en el hecho por el que se investiga a Jhon Rodríguez.   El exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra bajo una “libertad provisional”, mantiene dos sentencias en firme por delitos de corrupción ocurridos en su paso por la función pública: asociación ilícita que tiene que ver con la trama de corrupción de Odebrecht (seis años de pena de prisión) y cohecho pasivo agravado parte del caso Sobornos 2012-2016 (ocho años de cárcel de condena). Como parte de la unificación de penas, un juez penitenciario definió que únicamente debía cumplir la sanción de ocho años de reclusión.

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Dos nuevas investigaciones penales contra Jorge Glas podrían revertir la ‘libertad provisional’ que mantiene y la ‘prelibertad’ que busca

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El Universo .- El expresidente Jorge Glas ha sido sentenciado por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo agravado en los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016.   Hasta hace tres días para el exvicepresidente Jorge Glas en el tema procesal penal lo que le restaba era solicitar la prelibertad, pero en tan solo horas su futuro jurídico se complicó: la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fecha para formular cargos contra el líder correísta por supuestos actos de corrupción ocurridos en la obra Manta-Colisa, como parte de la reconstrucción de Manabí, y además reabrió la investigación previa en el denominado caso Singue, que incluye al excompañero de fórmula de Rafael Correa.   El 30 de mayo último, una jueza de Garantías Penales de Pichincha le confirmó a Glas que le restaban dos años, once meses y quince días para completar su pena única de ocho años de cárcel definida en enero pasado, una vez que le unificaron los seis años por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht y los ocho de prisión por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016.   Con la unificación y la confirmación del cómputo de la pena, al exvicepresidente lo que le restaba era solicitar el beneficio penitenciario de prelibertad, para que así oficialmente pueda cumplir lo que le resta de pena fuera de la cárcel, bajo ciertas medidas dispuestas para alcanzar su reinserción social.   Ahora la posibilidad de que se le conceda la prelibertad se complica con el anuncio hecho por la fiscal general, Diana Salazar, de que dentro de una investigación previa abierta se han desprendido hechos que configurarían un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado, por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de una obra vial construida con fondos de la Ley de Solidaridad creada luego del terremoto de 2016. Ante ello, Salazar pide a la Corte Nacional día y hora para que se dé una audiencia en la que formulará cargos contra Glas, el exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí Carlos Bernal y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. “En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad”, recordó la fiscal general en un video colgado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía.   Según la fiscal Salazar, el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el gobierno de Rafael Correa conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.       Para la titular de la Fiscalía, este proyecto, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario. Lo sospechoso, según Salazar, es que se tomó esta decisión sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.    Ante lo dicho por la fiscal Salazar, Rafael Correa, quien fue presidente de la República durante el terremoto de 2016 e inició el proceso de reconstrucción, respondió: “¡Ya es descarado! ¿Quién puede creer los “informes” de delincuentes como (Pablo) Celi? ¿Por qué no se llama a los otros miembros del Comité de la Reconstrucción, como Agustín Casanova, aliado de Lasso? ¿Salazar está en capacidad de decidir la prioridad en el gasto de reconstrucción? Ojalá los jueces actúen honestamente. Ya falta poco”.   El inicio de este proceso penal podría cambiar la “libertad provisional” de la que goza Glas desde el 28 de noviembre pasado, debido a medidas cautelares autónomas que le concedió un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Émerson Curipallo. Esta situación podría ser modificada si luego de la audiencia de formulación de cargos el juez a cargo de la causa relacionada con la reconstrucción de Manabí ordena como medida cautelar la prisión preventiva de Jorge Glas.   A la formulación de cargos anunciada por la Fiscalía, a Glas se le suma que fue notificado el 22 de mayo pasado de que la investigación previa en el denominado caso Singue se reabre. En total fueron notificadas en este caso trece personas, entre ellas nuevamente los exministros Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, además de Aníbal Cazar, César Guerra y Gustavo Donoso. Hace casi siete meses que de forma unánime un Tribunal de la Corte Nacional resolvió en el caso Singue, en el que se analizó el delito de peculado, declarar la nulidad procesal de todo lo actuado a partir de la solicitud de formulación de cargos hecha por la Fiscalía e ingresada en la CNJ el 12 de febrero de 2019.    En esa misma declaratoria de nulidad, el juez Luis Rivera, presidente de la Sala, dejó a salvo la potestad que asiste a la Fiscalía General de iniciar la acción penal pertinente, “sobre la base de los elementos de convicción distintos a aquel que ha sido declarado nulo y para este caso que hayan sido recabados en la fase preprocesal de investigación previa 47-2017″.   El efecto práctico de la nulidad fue dejar sin vigencia la sentencia de ocho años para Jorge Glas; los exministros Pástor y Pareja Yannuzzelli; César Guerra, gerente del Consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue; y de cuatro años para los exfuncionarios públicos Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos.   Glas, Pástor, Pareja Yannuzzelli y Guerra fueron sentenciados inicialmente como coautores; mientras que Cazar, Donoso y Burgos recibieron una pena de cuatro años de prisión como cómplices de un supuesto peculado cometido en la adjudicación del contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue,

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La Fiscalía de Perú solicita 35 años de cárcel para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el ‘caso Odebrecht’

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El País .- El economista está acusado de lavado de activos y de conformar una trama corrupta para cobrar 12 millones de dólares de la constructora brasileña En un país como Perú, donde la mayoría de mandatarios tienen el sino fatídico de acabar tras los barrotes, en su momento Pedro Pablo Kuczynski intentó utilizar su trayectoria laboral como una garantía de su honorabilidad. “Han destruido la reputación de un hombre que ha trabajado 60 años (…) Esto realmente me hace llorar en mi corazón”, dijo en abril de 2019 en una audiencia donde estaba por dictarse una solicitud de 36 meses de prisión preventiva en su contra. El economista había renunciado un año atrás a la Presidencia de la República, pero era investigado desde el 2017 por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Según la tesis fiscal, PPK, como se le conoce coloquialmente, favoreció a la constructora brasileña Odebrecht y a sus empresas asociadas con la concesión de diversas obras a cambio de millonarios sobornos que cobró mediante consultorías y asesorías, cuando era ministro de Economía y Finanzas durante el mandato de Alejandro Toledo entre el 2001 y 2006. Finalmente, a PPK se le dictó arresto domiciliario, medida que cumplió hasta julio de 2022, cuando el poder judicial lo modificó por comparecencia con restricciones. En todos estos años, a medida que el caso avanzaba, PPK era noticia por su estado de salud. En el 2019 se le colocó un marcapasos por una insuficiencia cardiaca. Al año siguiente fue trasladado a una clínica por una sinusitis crónica y en 2022 fue internado por un cuadro de neumonía. En su momento, su hija, Alexandra Kuczynski, imploró humanidad a la justicia peruana, alegando que un hombre enfermo, de más de 80 años, no podía darse a la fuga. “No podrá sobrevivir a una prisión. Sería una sentencia de muerte”, señaló. Este viernes la Fiscalía del Equipo Especial de caso Lava Jato en el Perú ha solicitado una pena de 35 años de cárcel para el exlíder de la agrupación política Peruanos Por el Kambio por lavado de activos con el agravante de haber conformado una presunta organización criminal que habría recibido más de 12 millones de dólares de Odebrecht. En la acusación fiscal se ha incluido al empresario chileno y socio de PPK Gerardo Sepúlveda para quien también se pide 35 años. Para la secretaria y mano derecha de PPK, Gloria Kisic se ha solicitado 23 años mientras que para su chofer José Luis Bernaola, 11 años y seis meses. Julio Midolo, abogado del economista que gobernó el Perú entre el 2016 y el primer trimestre del 2018, declaró que su representado ha tomado la noticia con calma y que está seguro que saldrá bien librado. “El señor Pedro Pablo Kuczynski está enterado de la información. Está bastante tranquilo y confía en que vamos a demostrar al final de todo esto su total inocencia. La línea de defensa es la misma que hemos planteado desde el inicio (…) No tienen ninguna prueba que determine lavado de activos”, indicó Midolo. Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, aseguró haber aportado dinero a la campaña presidencial de PPK en el 2011. Hecho que el exmandatario ha negado en reiteradas oportunidades. Por otro lado, en 2021 fue denunciado constitucionalmente por haber indultado en el 2017 al expresidente Alberto Fujimori, pero el caso se archivó. Lo último que se supo de PPK fue en febrero pasado, cuando dio su opinión acerca de las protestas que afrontó el actual gobierno. “Todo este caos ha destrozado la mayoría de los partidos políticos en el Perú (…) debe haber una explicación para que parezcamos un país civilizado, no un país de matanzas”, dijo otra vez sin perder la honorabilidad.

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Jorge Glas debe pagar USD 14,1 millones por el caso Odebrecht

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Primicias .- Un Tribunal determinó, el 21 de abril de 2023, el monto que deben pagar al Estado cada uno de los ocho sentenciados del caso Odebrecht. Después de cinco años de que se dictara la sentencia del caso Odebrecht y cuando ninguno de los ocho sentenciados está en prisión, finalmente, el Tribunal de Ejecución de Pena individualizó el monto que cada condenado debe pagar como reparación integral a favor del Estado. El 23 de enero de 2018, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) impuso a los sentenciados por asociación ilícita la obligación de reparar integralmente al Estado con USD 33,4 millones. Más de cinco años después, los jueces establecieron el plazo de cinco días -desde el 21 de abril de 2023- para que los sentenciados cancelen esa suma. El pago lo deberán realizar con un depósito en efectivo en la Cuenta Corriente Única del Banco Central del Ecuador, cuyo titular es el Ministerio de Economía. Mientras que los comprobantes de pago deberán ser presentados ante el Consejo de la Judicatura. “A los sentenciados se previene que, en caso de incumplimiento de este mandamiento de ejecución, se procederá a la ejecución forzosa”, se lee en la providencia. Lo que significa que, ante el incumplimiento, se procederá al embargo de bienes y retención de cuentas. El caso Odebrecht Este caso fue el capítulo ecuatoriano del escándalo de corrupción que envolvió a la constructora brasileña Odebrecht y empezó en 2014. Luego de que la empresa alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se reveló que Odebrecht no solo operó en su país, sino que pagó USD 788 millones en sobornos en América Latina y África. En el caso ecuatoriano, los documentos del país norteamericano revelaron que, entre 2007 y 2016, Odebrecht pagó USD 33,5 millones a funcionarios de gobierno, a manera de sobornos, para beneficiarse de contratos. Un poco más de cinco años después de la sentencia, ninguno de los ocho sentenciados siguen detenidos. Seis se acogieron a beneficios penitenciarios y garantías constitucionales. El último en ser liberado fue el exvicepresidente Jorge Glas, quien salió de la Cárcel 4 de Quito en noviembre de 2022, a causa de una medida cautelar. Mientras que Édgar Arias y Ricardo Rivera, tío de Glas, murieron durante la pandemia del Covid-19.

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Violencia existente en la Penitenciaría del Litoral hace que juez ordene que Jorge Glas cumpla presentanciones semanales en Unidad Judicial de Guayaquil

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EL UNIVERSO .- El 28 de noviembre pasado el exvicepresidente Jorge Glas dejó la conocida como Cárcel 4, en Quito, y cumple la medida de presentación semanal en Guayaquil.   Debido a la situación de violencia e inseguridad que existe en el Centro de Privación de Libertad (CPL) conocido como la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil, el juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Émerson Curipallo, que concedió la “libertad provisional” al exvicepresidente Jorge Glas, al aceptar medidas cautelares autonomías, dispone que él deje de presentarse una vez por semana en la Penitenciaria y en su lugar lo haga ante un juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil.   Curipallo explica que en virtud de la situación actual de las cárceles del Ecuador, específicamente en la Penitenciaria del Litoral de Guayaquil, él otorga temporalmente que Jorge Glas se presente ante la autoridad judicial penitenciaria determinada. La decisión fue notificada a las partes procesales el lunes 17 de abril último.   El viernes 14 de abril último se reportaron hechos de violencia en varios pabellones de la Penitenciaria. El producto de estos enfrentamientos entre bandas al interior del CPl fue de doce reos asesinados. Pese a que personal del Snai, de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantienen controlada la situación de seguridad, aún se han registrado en los últimos días ciertos actos de violencia que no han generado hasta el momento muertos o heridos.   Hasta ayer lunes, Glas, líder correísta que tiene dos sentencias en firme por actos de corrupción, ha cumplido 20 presentaciones. El 28 de noviembre pasado el exvicepresidente de Rafael Correa dejó la conocida como Cárcel 4, al norte de Quito. De ese CPL salió bajo “libertad provisional”, debido a medidas cautelares autónomas acogidas por Curipallo, transformado en juez constitucional. La medida cautelar fue presentada por Christian Palacios Zambrano a favor del exsegundo mandatario.   A finales de enero pasado, la jueza de Pichincha, Melissa Muñoz, decidió aceptar el pedido de unificación de penas que hizo Glas. Dispuso como pena única la de ocho años de cárcel impuesta por el delito de cohecho pasivo agravado, parte del caso Sobornos 2012-2016. El pedido fue fundamentado por Palacios Zambrano, quien dejó de ser el solicitante de medidas cautelares a favor de Glas en Santo Domingo de los Tsáchilas y pasó a ser su abogado en la causa de Quito. La resolución de la jueza Muñoz confirmó que la pena de ocho años de cárcel por el delito de cohecho pasivo agravado absorba a la pena de seis años de prisión por el delito de asociación ilícita relacionado a la trama de corrupción implantada en Ecuador por la empresa brasileña Odebrecht.   Un mes después de que Glas consiguiera la unificación de penas, la defensa del líder correísta pidió a un juez de Garantías Penitenciarias del Guayas que realice el proceso de cómputo de la pena, establecido el en artículo 667 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proceso impulsado por Christian Palacios Zambrano, abogado de Glas, está en manos del juez de Guayaquil Francisco González y aún no existe una resolución respecto al pedido.   Como parte de otro proceso constitucional, llevado en el cantón Balsas (El Oro), a través del cual el exvicepresidente Glas recuperó su pensión vitalicia, gracias a la acción de un tercero (Juan Antonio Romero), el Ministerio de Economía y Finanzas se sumó a la Procuraduría General del Estado en la apelación a este fallo. Al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez Eleuterio Aguillar, ambas instancias públicas piden que esa resolución sea revisada por un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. Aún no existe una fecha definida para que se de la audiencia de apelación.

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