El juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, rechazó la solicitud de revisión de medidas solicitada por 4 de los implicados en el llamado “Caso Purga”. Entre ellos está el exlegislador Pablo Muentes, actualmente detenido en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de mayor seguridad del país. A un quinto procesado sí le concedió libertad, con la condición de que se presente periódicamente ante la justicia, y no salga del país. De la Cadena acogió el planteamiento de la Fiscalía, y negó la revisión de las medidas cautelares contra los otros 4 inculpados. La Fiscalía, a través de su titular subrogante, Wilson Toainga, advirtió que los delitos son graves, y en caso de conceder medidas alternativas, existía el peligro de una fuga. La audiencia se desarrolló de forma virtual, y tras la respectiva deliberación, el magistrado emitió su fallo. Previamente escuchó los alegatos de la defensa de los procesos, incluyendo la del propio Muentes. El “Caso Plaga” trata sobre delincuencia organizada, e investiga una red de corrupción judicial, presumiblemente liderada por el exasambleísta, que vendía sorteos y sentencias a líderes criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero.

Se realizó en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de revisión de medidas, solicitada por el exlegislador Pablo Muentes y otros implicados, en el denominado “Caso Purga”. Los acusados piden que se levante la orden de prisión, o que, en su defecto, los cambien de cárcel. Muentes está detenido en “La Roca”, la prisión de mayor seguridad del país. Durante la diligencia, la defensa de los implicados presentó certificados médicos y otros documentos que, a su criterio, justifican otorgarles medidas sustitutivas, como presentación periódica ante la autoridad. Sin embargo, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, pidió al juez de la causa, Javier de la Cadena, que deseche las solicitudes de revisión de medidas, y que les ratifique la prisión preventiva. El “Caso Purga” investiga la conformación de una red de corrupción en la justicia, que vendía sorteos y sentencias a cabecillas criminales. De acuerdo a las evidencias, Muentes habría sido el cabecilla de la organización. Tras escuchar las argumentaciones de las partes, el magistrado suspendió la audiencia para deliberar, y señaló que en su momento determinará hora y fecha para la reinstalación, en la cual emitirá su fallo.

La Procuradoría General del Estado presentó una acusación particular contra el exlegislador Pablo Muentes y otros 10 procesados, del denominado “Caso Purga”. La acusación se basa en un artículo del Código Penal, que confiere al Estado la condición de víctima de la infracción penal. La demanda fue interpuesta en la Sala Especializada de lo Penal, Corrupción y Crimen Organizado. Aparte de Muentes, están acusados su esposa, Mónica Alvarado; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; los jueces Johann Marfetán, Henry Taylor, Nelson Ponce, Reinaldo Cevallos, Alberto Lino Tumbaco y Guillermo Valarezo; la ex procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Solano; y el empresario Fausto Alarcón, primo de Muentes. La Procuraduría basa su acción en el artículo 441, numeral 6, del Código Penal, que reconoce al Estado la condición de víctima de la infracción penal, por el “Caso Purga”. Por ello solicita el cumplimiento de medidas de satisfacción, y la reparación material que corresponda. De ser hallados culpables, los implicados tendrían que cubrir fuertes montos.